Document - Amnesty International News, April 1995. Vol. 25, No.4.

Amnistía Internacional: Boletín, abril de 1995

Noticias




IRAQ

La traición de los líderes kurdos


AI ha acusado a la administración del Kurdistán iraquí y a los partidos políticos kurdos de cometer abusos graves y generalizados contra su propio pueblo durante los últimos tres años: homicidios ilegales y deliberados, ejecuciones tras “juicios” sumarios, penas de muerte, torturas y malos tratos, y detención de presuntos opositores políticos, entre ellos posibles presos de conciencia.

En un estudio profundo* de la situación de los derechos humanos en el Kurdistán iraquí, publicado el 28 de febrero de 1995, AI señala: «Durante años, el pueblo kurdo ha visto sus derechos humanos pisoteados por el gobierno iraquí y, ahora que los pisotean también sus propios líderes políticos, se siente profundamente traicionado al constatar que las promesas de sus dirigentes no han sido más que palabras huecas.»

En octubre de 1991, seis meses después del levantamiento masivo en Iraq, las fuerzas del gobierno se retiraron de la mayoría de las zonas del Kurdistán iraquí, que desde entonces han estado bajo el control de las fuerzas de oposición kurdas. Inicialmente, se tomaron una serie de medidas positivas para mejorar la protección de los derechos humanos en la región, pero la situación fue deteriorándose con la intensificación de la crisis política local, desencadenada, en parte, por no haber llegado los dos partidos políticos principales —el Partido Democrático de Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK)— a un acuerdo sobre el reparto de poder.

El estudio de AI se basa en investigaciones realizadas durante los últimos tres años, incluyendo cinco visitas de investigación a la región. Las pruebas se recogieron en entrevistas realizadas con decenas de detenidos y ex detenidos, familiares y amigos de víctimas de violaciones de derechos humanos, personas torturadas, testigos presenciales, y activistas de derechos humanos. El documento incluye pruebas médicas que refrendan las acusaciones de tortura. La organización también mantuvo conversaciones con líderes políticos y funcionarios de la administración kurda.

AI atribuye la responsabilidad de la mayoría de los abusos al PDK y la UPK, que detentan el poder en la región. Las fuerzas que actúan bajo su mando han torturado a personas detenidas en secreto, y han asesinado impunemente a opositores políticos y otras personas. Similares abusos se atribuyen al Movimiento Islámico del Kurdistán Iraquí, la tercera fuerza política de la región.

Tanto el PDK como la UPK han obstruido las investigaciones de una vasta gama de abusos. Varios jueces han sido asesinados, y otros han recibido amenazas de muerte. Nadie ha sido juzgado por los delitos mencionados en el informe de AI.

Durante los encuentros armados que se multiplicaron entre los partidos políticos kurdos en diciembre de 1993 y mayo de 1994 y en el periodo subsiguiente, hubo muchas denuncias de tortura de detenidos y asesinato de combatientes bajo custodia. También se detuvo y torturó a civiles por su afiliación política.

Por su parte, la administración kurda ha sido responsable de la tortura de detenidos comunes y políticos por la policía civil y las fuerzas de seguridad internas. Desde marzo de 1992, se han impuesto al menos 34 condenas de muerte, y se ha ampliado el alcance de la pena capital a dos delitos más.

Amnistía Internacional insta a los líderes políticos kurdos a que acaben con los abusos y garanticen que se enjuicia a los responsables. La organización también exhorta a los partidos políticos a que abandonen la práctica de la detención secreta y disuelvan sus "escuadrones de la muerte".


[nota pie de página:]* De próxima edición en español.


[pie de foto pág. 1:]La lucha diaria de los refugiados kurdos para sobrevivir en las montañas de la frontera turca, 1991. Los kurdos han sido víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos a manos del gobierno iraquí. Hasta sus propios líderes los han traicionado, rompiendo repetidas veces la promesa de respetar sus derechos.

© B. Barbey/Magnum



INDIA

Un caso de tortura llega a juicio después de 17 años de espera


El juicio que Archana Guha ha aguardado durante 17 años dio comienzo por fin en febrero de este año, tras acusarse de agresión a dos agentes de la policía de Calcuta.

En julio de 1974, a los 33 años, Archana Guha, directora de un colegio de Calcuta, fue detenida en lugar de su hermano, a quien la policía sospechaba vinculado con el grupo armado izquierdista conocido como “los Naxalitas”.

Durante los tres años que pasó detenida sin cargos ni juicio la golpearon repetidamente, la quemaron con cigarrillos y la amenazaron con violarla. Las torturas le causaron parálisis de las piernas, y en mayo de 1977 salió de la cárcel en una silla de ruedas. El tratamiento médico intensivo que recibió en Dinamarca le permitió volver a caminar.

En diciembre de 1978, un juez municipal ordenó que se enjuiciara ante un tribunal de primera instancia, por varios cargos penales, a cinco agentes de la policía. El oficial superior —que posteriormente fue ascendido— hizo uso de todos los recursos legales para evitar que el caso fuera llevado a juicio. Desde entonces, tres de los agentes han muerto, uno se ha retirado, y otro sigue en activo.

En 1988, el Tribunal Superior de Calcuta archivó el caso en razón de que había caducado el plazo legal para someter el caso a los tribunales. Archana Guha aún no había tenido oportunidad de prestar declaración y apeló, con éxito, contra esta decisión.

En febrero de 1994, el Tribunal Supremo manifestó su preocupación por el retraso y ordenó a los tribunales que iniciaran los procedimientos. Finalmente, en diciembre de 1994, un juez municipal de Calcuta impuso cargos de agresión contra dos agentes de la policía, y dio comienzo el juicio. Los dos agentes —uno de ellos ex subjefe de la policía municipal— rechazaron los cargos de violencia. El juicio continúa, pero Archana Guha aún no ha prestado declaración.

AI ve con gran inquietud los esfuerzos de la policía por impedir que los presuntos torturadores respondan de sus actos ante la justicia, y sigue observando atentamente el proceso.

(Para más detalles del historial del caso, véase Índice de AI: ASA 20/08/94.)


[pie de foto pág. 2:]Archana Guha se recuperándose en Copenhague.



SUDÁFRICA

Crece el temor de violencia política en Kuazulú-Natal


Mientras Sudáfrica se prepara para las elecciones de octubre, se teme que la provincia de Kuazulú-Natal experimente una escalada de violencia que pueda hacer tambalear la fase final de la transición al gobierno democrático. En enero de este año se registraron al menos 120 homicidios políticos en la provincia.

La provincia de Kuazulú-Natal, cuyo gobierno y poder legislativo están controlados por el Partido Inkatha por la Libertad (PIL), está inmersa en violencia política desde las elecciones de abril de 1994. Las fuerzas de seguridad de la zona han sido acusadas repetidamente de cometer violaciones de derechos humanos por motivos políticos.

Un problema clave es la falta de una fuerza de seguridad imparcial, aceptada por el grueso de la población. El proceso de integración de la policía de la ex “patria” de Kuazulú al Servicio de Policía de Sudáfrica (SPS) —la policía nacional— es tan lento que aquélla continúa actuando en forma autónoma, comandada incluso por oficiales sospechosos de haber participado en asesinatos de miembros del Congreso Nacional Africano (ANC) y otros presuntos oponentes del PIL. Ciertas unidades de la División de Estabilidad Interna del SPS también han participado en actos de violencia contra miembros del ANC, y algunos miembros del ejército —la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (FNDS)— han participado en violaciones de derechos humanos contra simpatizantes del PIL. Las propuestas de reforma de la estructura y las funciones de los órganos de gobierno locales han agravado las tensiones en la provincia.

Un ejemplo de la falta de un sistema efectivo de mantenimiento del orden es el de Gcilima, localidad pro ANC del litoral sur, en la que el 27 de octubre de 1994 perdieron la vida 15 personas cuando unos 100 hombres fuertemente armados atacaron sus hogares. La policía había recibido aviso varios días antes de que el ataque era inminente, pero no tomó medida alguna para proteger a los residentes. El 20 de enero de este año, el Tribunal Supremo de Durban puso en libertad bajo fianza a cuatro miembros del PIL acusados de los asesinatos.

En otro incidente, ocurrido en enero en la localidad de Loskop, en la región central, 10 simpatizantes del PIL fueron sometidos a torturas por miembros de la FNDS que los habían detenido por posesión ilegal de armas de fuego. Las víctimas han presentado denuncia oficial.



Noticias breves


Gregorio Ordóñez, portavoz del Partido Popular en el País Vasco y miembro de la red de AI contra la pena de muerte, fue abatido a tiros en San Sebastián en enero por un pistolero encapuchado. El grupo armado vasco ETA se atribuyó la autoría de esta muerte. Gregorio Ordóñez había cumplido una labor inestimable promoviendo la abolición de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar español. Tres proyectos abolicionistas están a estudio del parlamento español. AI condena sin excepción los abusos, como los homicidios deliberados y arbitrarios, de los grupos políticos armados.


AI ha reiterado sus llamamientos a las autoridades de la República Federal de Yugoslavia y a los líderes políticos y militares serbios de Bosnia para que enjuicien a los secuestradores de 38 ciudadanos serbios y montenegrinos en 1992 y 1993. En octubre de 1992, 17 musulmanes fueron secuestrados de un autobús en territorio bosnio bajo control serbio. Cinco meses después, un militar yugoslavo retirado y 20 musulmanes fueron secuestrados en un tren cuando éste cruzó brevemente territorio bosnio controlado por las fuerzas serbias de Bosnia. No se conoce la suerte de ninguna de las víctimas.


En noviembre y diciembre de 1994, una delegación de AI visitó Camboya para investigar la situación de los derechos humanos y reunirse con altos funcionarios del gobierno. AI publicó un informe de la visita en marzo, describiendo el deterioro de la situación de los derechos humanos desde la llegada al poder del actual gobierno en septiembre de 1993. Véase el próximo número del Boletín.



ECUADOR/PERÚ

Atacan a periodistas en el conflicto Ecuador-Perú


Varios periodistas que cubrían el conflicto armado entre Ecuador y Perú estallado en enero de este año —en relación con una antigua disputa territorial— han visto violados sus derechos por las fuerzas armadas de ambos países.

El 7 de febrero de 1995, en Quito, los periodistas peruanos José Mariño Lanyi y Carlos Mauriola Martínez fueron atacados frente a la Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones. Ocho hombres los agredieron con puños y palos. Según parece, desde su llegada a la capital ecuatoriana, éstos y otros periodistas peruanos acreditados ante las autoridades habían sido sometidos a una vigilancia constante. José Mariño había recibido una carta anónima con amenazas y ya se había encarado con dos de los agresores anteriormente, los cuales le habían mostrado tarjetas de identidad militares.

Cinco días después, los periodistas ecuatorianos Ramiro Cueva y Pablo Reyes fueron detenidos en un control militar vecino a Puerto Pizarro, en el departamento peruano de Tumbes. A continuación los transfirieron a la custodia de la infantería de marina peruana quien, al parecer, los torturó. Según los informes, los esposaron y los sepultaron en arena hasta el cuello, y después los metieron en fundas de plástico diciéndoles que les iban a dar «un paseo por el mar». Les vendaron los ojos y los llevaron a una celda, donde los flagelaron. Finalmente, antes de ponerlos en libertad les apretaron el cañón de la pistola contra la sien, al parecer para obligarlos a confesar que trabajaban para el servicio de inteligencia ecuatoriano.

AI ha escrito a los gobiernos de ambos países solicitando una investigación pública e independiente de los incidentes y el enjuiciamiento de los responsables. Subrayando su absoluta imparcialidad en el conflicto, AI los exhortaba al pleno respeto de los derechos humanos y de los principios humanitarios internacionales para la protección de civiles y de militares fuera de combate.


[pie de fotos pág. 8:]Arriba: Un soldado ecuatoriano aguarda su partida al frente. © Claudia Daut/Reuters

Abajo: Soldados peruanos transportan los féretros de víctimas del conflicto. © Domingo Garibaldi/Reuters



BAHREIN

Las fuerzas de seguridad matan a manifestantes


Amnistía Internacional ve con gran preocupación el deterioro de la situación de los derechos humanos en Bahrein tras los disturbios generalizados de finales de año. Entre diciembre de 1994 y febrero de 1995, al menos cinco manifestantes, entre ellos Hani ‘Abbas Khamis y Hani Ahmed al-Wasti, fueron abatidos a tiros por miembros de las fuerzas de seguridad. En enero dos más —uno de ellos identificado como Hussain Qambar— murieron como resultado de torturas. Se registraron detenciones masivas y numerosas deportaciones. Parece ser que muchos detenidos, incluido el jeque ‘Ali Salman, imán de la mezquita de al-Khawaja, fueron torturados.

Las manifestaciones protestaban contra una serie de detenciones practicadas en relación con una petición al emir de Bahrein para que restituyera el Parlamento, suspendido en 1975. Se estima que cientos de personas, algunas posibles presos de conciencia, permanecen detenidas e incomunicadas en aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.

El 4 de enero, AI pidió que se hiciera una investigación independiente de las circunstancias de estos asesinatos y que se permitiera a los detenidos elegir a sus abogados. La organización también solicitó al gobierno que autorizase una visita de investigación de AI, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna. AI no ha recibido autorización para enviar representantes a Bahrein desde 1987.


Amnistía Internacional: Boletín, abril de 1995

Llamada




CHAD


Mahamat Koty Yacoub, detenido en julio de 1994 por miembros de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS, policía secreta) y la Guardia Republicana, fue sometido a torturas y malos tratos mientras se hallaba bajo custodia.

Durante un examen médico practicado tras su exarcelación —debida a una amnistía presidencial en diciembre de 1994—, se constató que sufría una parálisis parcial de la mano derecha. Aún son visibles las cicatrices de las heridas que le infligieron.

Mahamat Koty Yacoub permaneció 45 días detenido e incomunicado por la ANS. Se informa que lo golpearon hasta hacerle perder el conocimiento. Sólo le desataban las manos cada tres o cuatro días, durante unos minutos, para comer.

Mahamat Koty Yacoub parece haber sido detenido sólo por ser hermano de Abbas Koty, ex presidente del Consejo Nacional de Rectificación (CNR), grupo armado de oposición. Mahamat fue acusado de trabajar para el CNR. A su hermano, que había renunciado a la violencia en el marco de un acuerdo con el gobierno en agosto de 1993, lo ejecutó extrajudicialmente la Guardia Republicana dos meses después.


+POR FAVOR ESCRIBAN al: Coronel Idriss Déby/ Presidente de la República/ Presidencia de la República/ N’Djamena/ Chad, pidiendo que se obligue al ANS y a la GR a observar las normas internacionales para el trato de presos, y que se someta a juicio a los sospechosos de violar los derechos de los reclusos.



¡LIBRE!

Gunay Aslan, escritor y periodista turco de TV, que fue objeto de una Llamada Internacional en agosto de 1994, recobró la libertad el 1º de enero. El 22 de febrero llamó a AI: «Lo primero que quería hacer era darle las gracias a Amnistía. Transmitan a todos mi agradecimiento por lo que hicieron por mí. Fui consciente de su apoyo mientras estuve en la cárcel. Recibí muchas cartas, y copias de las cartas que se habían enviado a las autoridades. Me mantuvo alta la moral.» Gunay Aslan había sido detenido en octubre de 1993 y condenado por “propaganda separatista” en virtud de la Ley contra el Terror por su libro 33 balas - La Historia de luto.



COREA DEL SUR


Kim Sam-sok, de 28 años, pacifista y activista antinuclear, cumple una condena de cuatro años en la cárcel de Taejon, en Corea del Sur, impuesta en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

Kim Sam-sok fue detenido en septiembre de 1993 y condenado en febrero de 1994 por divulgar “secretos de Estado” y ponerse en contacto en Japón con un grupo presuntamente simpatizante de Corea del Norte. AI lo adoptó como preso de conciencia por considerar que los cargos no tenían fundamento.

Posteriormente se ha afirmado que la condena de Kim Sam-sok se basó en pruebas falsas suministradas por la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional (APSN), el servicio de inteligencia surcoreano. En octubre de 1994, un ex funcionario de la APSN afirmó que allí se había enterado de que se planeaba fraguar un caso contra Kim Sam-sok y su hermana, Kim Un-ju. Ésta fue detenida al mismo tiempo que su hermano por motivos similares, pero la pusieron en libertad en febrero de 1994.

Kim Sam-sok declaró que miembros de la APSN lo golpearon, lo desnudaron y lo agredieron sexualmente mientras lo interrogaban. Está recluido en una celda sin luz natural, y lo presionan de manera constante para que "se convierta” (renuncie a su —presunta o real— ideología comunista).


+POR FAVOR ESCRIBAN al: Presidente Kim Young-sam/ The Blue House/ 1 Sejong-no/ Chongno-gu/Seúl/ República de Corea, pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Kim Sam-sok, y solicitando una investigación independiente de la presunta falsificación de pruebas contra los dos hermanos por la APSN.



MÉXICO


El obispo Samuel Ruiz y otros miembros del clero católico del estado mexicano de Chiapas vienen enfrentándose al parecer con creciente intimidación y hostigamiento, incluyendo amenazas de muerte y agresiones físicas, por promover y proteger los derechos de la población indígena del estado. Su labor, de varios decenios, ha tropezado con la frecuente oposición de los terratenientes y las autoridades locales.

El obispo Ruiz, de la localidad de San Cristóbal de las Casas, ha desempeñado un papel fundamental en las recientes negociaciones de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —la oposición armada— y el gobierno mexicano. En febrero, cientos de terratenientes y personas que no eran de origen indígena se manifestaron contra el obispo Ruiz, arrojando piedras y profiriendo insultos y amenazas. El prelado ya había sido amenazado de muerte en 1994.

Otra víctima de amenazas y hostigamiento fue el padre Javier Ruiz Velazco, a quien, al parecer, interrumpieron miembros de la Policía Judicial Federal (PJF) mientras decía misa, para interrogarlo sobre su presunta vinculación con grupos de oposición armados.

El seminarista José Alberto Paniagua Mijangos también ha sido hostigado. Al parecer le han advertido que le ocurrirán “desgracias” si no cesa su labor pastoral, y lo han seguido en un automóvil sin marcas presuntos miembros de la PJF.


+POR FAVOR ESCRIBAN expresando preocupación por la seguridad del obispo Samuel Ruiz, el padre Javier Ruiz Velazco, el seminarista Alberto Paniagua Mijangos y otros miembros de la iglesia católica de Chiapas, y exhorten a las autoridades a que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estas personas y para asegurar que los responsables de las amenazas comparecen ante la justicia. Escriban al: Excmo. Sr. Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León/Presidente de la República/Palacio Nacional/06067 México D.F./México; o al Lic. Esteban Moctezuma Barragán/Secretario de Gobernación/Secretaría de Gobernación/Bucareli 99, 1er. piso/ Col. Juárez/06699 México D.F./ México.


Amnistía Internacional: Boletín, abril de 1995

Enfoque



Asalto al sindicalismo


El 27 de septiembre de 1994, los trabajadores de una fábrica textil en Kafr al-Dawar, Egipto, comenzaron un paro de brazos caídos. Protestaban contra ciertas modificaciones impuestas por la patronal a las condiciones laborales. Según los informes, los obreros se manifestaron pacíficamente y sin causar desorden alguno.

A primeras horas de la mañana del domingo 2 de octubre, llegó a oídos de las familias de los trabajadores que las fuerzas de seguridad habían tomado la fábrica por asalto. El rumor resultó infundado, pero numerosas familias se congregaron, expectantes, en un puente cercano al edificio. Según parece, las fuerzas de seguridad dispararon al aire para disolver la reunión y, a continuación, hicieron fuego contra los presentes. Varias personas resultaron heridas.

Más tarde esa misma mañana, los familiares llevaron alimentos a los huelguistas, pero las fuerzas de seguridad no les permitieron entrar en la fábrica y, al parecer, se apoderaron de la comida y la arrojaron a un canal cercano. Los familiares protestaron, se trabaron en algunas escaramuzas, y apedrearon a las tropas. Éstas respondieron con una redada de la zona, disparando balas de caucho y gas lacrimógeno de forma indiscriminada. Mohammad ’Izzat Foda, de nueve años de edad, resultó muerto.

Según los informes, las fuerzas de seguridad penetraron entonces en la fábrica, golpearon a los ocupantes y, al salir, dispararon de nuevo balas de caucho contra la multitud. ’Abd al-’Hamid Shayboub, de 32 años, Mohammad Mahrous, de 38, y ’Abd al-Qadir ’Abd al-Mun’im, de 28, resultaron muertos, y hubo decenas de personas heridas; nueve de ellas corrían el riesgo de perder la vista.

Más tarde, la mayoría de las reivindicaciones obreras fueron aceptadas por la patronal, y los trabajadores pusieron fin al paro. Los sucesos del día se habían saldado con cuatro personas muertas y decenas heridas. Al menos 70 personas fueron detenidas, y permanecieron varias semanas recluidas para luego ser puestas en libertad bajo fianza.

Éste es el precio de tratar de regir las relaciones laborales mediante la fuerza. Y no se trata de un caso aislado: es corriente que se persiga a los sindicalistas por defender los derechos de sus compañeros de trabajo. Quienes se organizan contra la explotación y tratan de obtener salarios y condiciones decentes representan a menudo la única fuerza que se interpone entre los trabajadores y la rapacidad de los patrones —a quienes muchas veces respaldan las autoridades—. Pero cuando los trabajadores deciden actuar para reivindicar sus derechos, los poderosos los ven como una amenaza, y sus actividades pueden depararles la pérdida del empleo, de la libertad, y hasta de la vida.


RESPONSABILIDAD

Las organizaciones internacionales como AI deben asumir la responsabilidad colectiva de defender a los sindicalistas de todas partes del mundo contra las violaciones de derechos humanos. Cuando a los dirigentes sindicales se los encarcela ilegalmente, se los tortura, se los hace “desaparecer” o se los asesina, tenemos la obligación de hacer oir nuestra voz. Debemos generar presión sobre los gobiernos para que defiendan, en lugar de atacar, a quienes se asocian para defender sus legítimos derechos sociales y económicos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo de las Naciones Unidas que trata de hacer cumplir ciertas condiciones laborales mínimas en todo el mundo y defiende los derechos sindicales fundamentales. La OIT ha elaborado dos Convenios que, de ser ratificados y aplicados, protegerían a trabajadores y sindicalistas: el Nº 87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y el Nº 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

Este año, como cada año, AI denuncia casos de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas (véanse págs. siguientes), y pide a sus miembros que pasen a la acción para defenderlos.


[Pie de foto página 3:]Febrero de 1994: Unos 300 trabajadores se manifiestan en las calles de Surakarta, en la isla de Java, para exigir salarios más altos. En los últimos 3 años, Indonesia ha sido testigo de una creciente inestabilidad en el sector industrial. Decenas de sindicalistas han sido detenidos.

© Popperfoto/Reuters


CHINA

La implacable persecución de que los hacen objeto las autoridades no ha maniatado a los activistas sindicales chinos. En 1994 se creó la Liga para la Protección de los Derechos de los Trabajadores (LPDT), una organización independiente que defiende los derechos sindicales. Los fundadores de la Liga se proponían, entre otras cosas, establecer una red de información nacional para promover la protección de los derechos sindicales y oficiar de mediadores populares en conflictos laborales. Pero en marzo de 1994, pocos días antes de registrar oficialmente la organización, varios de sus fundadores fueron detenidos en secreto por la policía.

Yuan Hongbing, catedrático de Derecho en la Universidad de Pekín y uno de los principales propulsores de la Liga, fue detenido en secreto el 2 de marzo. Zhou Guoqiang, abogado y fundador de la Liga, fue detenido al día siguiente; y Liu Nianchun, otro fundador de la Liga, fue aprehendido en mayo y pasó cuatro meses privado de libertad, sin cargos. En septiembre de 1994, Zhou Guoqiang fue condenado a tres años de “reeducación mediante el trabajo”, forma de detención administrativa que se impone sin acusación formal. A principios de 1995, Yuan Hongbing seguía detenido.

Zhang Lin, activista sindical y miembro destacado de la Liga en la provincia de Anhui, fue detenido en mayo de 1994 y condenado en septiembre a tres años de “reeducación mediante el trabajo”. En una carta enviada a escondidas, Zhang Lin refirió que un guardia le había asestado puñetazos y puntapiés, y que le habían aplicado descargas eléctricas. Parece que le han negado tratamiento médico pese a no gozar de buena salud.

Wang Zhongqiu, co-fundador de la Liga y estudiante de posgrado en la Facultad de Derecho de Pekín, fue detenido a finales de mayo de 1994. Según algunas fuentes, en octubre lo pusieron en libertad bajo palabra y pasó a la clandestinidad. Se desconoce su paradero actual.

Xiao Biguang, también iniciador de la Liga, fue detenido en abril de 1994 en aplicación del procedimiento conocido como “albergue e investigación” —forma de detención por vía administrativa— debido a sus “actividades ilegales”. Según su esposa, en el momento de la detención su salud estaba quebrantada. No le han permitido recibir visitas de sus familiares.

Liu Huanwen fue aprehendido en julio de 1994, presuntamente debido a sus vínculos con disidentes que realizaban actividades sindicales ilegales. En agosto lo condenaron, sin juzgarlo, a dos años de “reeducación mediante el trabajo”, por “gamberrismo”.

AI considera que todos estos presos han sido encarcelados únicamente por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y asociación.


COLOMBIA

Las fuerzas paramilitares colombianas fueron creadas y entrenadas por las fuerzas armadas del país. Hasta el día de hoy continúan actuando impunemente, pese a que su fundamento legal cesó en 1989. En julio de 1994, un grupo paramilitar que firmaba como COLSINGUE —“Colombia sin Guerrilla”— distribuyó un comunicado declarando la guerra contra «los miembros, políticos y combatientes de grupos subversivos del país», y manifestando que, de igual modo que los guerrilleros no respetaban a sus opositores no combatientes, «tampoco nosotros respetaremos sus cuadros políticos y sindicales».

El 10 de octubre de 1994, Hernando Cuadros, dirigente de la Unión Sindical de Obreros (sindicato de los trabajadores del petróleo) en Tibú, fue secuestrado en su domicilio y asesinado. Al mismo tiempo, se registraron intentos fallidos de secuestro contra otros miembros del mismo sindicato. Se cree que el asesinato de Hernando Cuadros fue perpetrado por grupos paramilitares que colaboraban con las fuerzas armadas en la región.

El 17 de noviembre de 1994, Rodrigo Flórez, trabajador de la construcción y activista sindical y político, fue asesinado por pistoleros que abrieron fuego contra las sedes centrales de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. Tras las amenazas recibidas por ambos partidos, el edificio había estado protegido por una guardia policial, pero el 30 de octubre ésta les fue retirada sin explicación alguna.

AI ha pedido al gobierno colombiano que proteja la vida de los sindicalistas y tome medidas inmediatas para disolver a los grupos paramilitares.


SUDÁFRICA

Bheki Ntuli, presidente del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) y presidente del Congreso Nacional Africano (ANC) en la zona litoral norte de Kuazulú-Natal, es uno de los sindicalistas a los que se ha intentado asesinar en esta provincia.

Su vida ha estado amenazada desde agosto de 1992, cuando pistoleros vinculados a la policía de la "patria" de Kuazulú atacaron su domicilio, en el “barrio negro” de Eskihawine. Aunque la nueva constitución de Sudáfrica ha eliminado las “patrias”, la fuerza policial de Kuazulú siguió operando como entidad independiente desde las elecciones del pasado abril hasta febrero de este año.

Bheki Ntuli se ha visto obligado a pasar a la clandestinidad. También han sufrido atentados otros miembros de su familia. El 19 de enero de este año, su madre, Grace Ntuli, fue asesinada en un ataque contra el kraal (hogar ancestral) de la familia en la zona de Mtubatuba. Thulani Mbatha, de 18 años, que se había cobijado en la casa, también perdió la vida. J.J. Ntuli, hermano de Bheki y presidente del ANC en Mtubatuba, resultó gravemente herido en el asalto, que tuvo lugar cinco días después de que los dos hermanos participaran en una reunión por la paz en Mtubatuba. Algunos asistentes a la reunión afirmaron que, mientras hacía uso de la palabra, J.J. Ntuli fue interrumpido por un grupo de agitadores, al parecer simpatizantes del Partido Inkatha por la Libertad, quienes lo amenazaron de muerte. Ni el subsecretario provincial de Seguridad ni las autoridades policiales presentes trataron de intervenir.

El Servicio de Policía de Sudáfrica detuvo a un sospechoso en relación con estos incidentes pero, posteriormente, lo pusieron en libertad bajo fianza.

Desde las elecciones de abril de 1994, el primer sufragio universal, un grupo de jóvenes fuertemente armados, que se identifican con el Partido Inkatha por la Libertad, ha intentado ahuyentar de la zona de Mtubatuba a cualquier presunto simpatizante del ANC. Se ha dicho que estos hombres han venido actuando con el respaldo de ciertos miembros de la policía de Kuamsane, que sigue bajo el control de la policía de la ex “patria” de Kuazulú.

El hogar de la familia Ntuli ya había sido asaltado en otra ocasión, la noche del 21 de diciembre de 1994, cuando unas doce casas de Mtubatuba fueron incendiadas o dañadas. El ataque tuvo lugar poco después de una reunión local durante la cual algunos oradores amenazaron a los simpatizantes del ANC y a cualquiera que les diese refugio. Los miembros de la policía de la ex “patria” de Kuazulú presentes en la reunión no tomaron medida alguna contra las personas que dirigieron las amenazas. El 21 de diciembre, los pistoleros rodearon el domicilio de los Ntuli y abrieron fuego. J.J. Ntuli intentó defender su hogar disparando a su vez con un arma de fuego debidamente registrada. Cuando se marcharon los agresores, miembros de la policía de Kuazulú y de la Unidad de Estabilidad Interna de la policía con base en Mtubatuba penetraron en la casa, confiscaron armas de fuego debidamente registradas y detuvieron a J.J. Ntuli y a cuatro compañeros. La policía los llevó a la comisaría de policía de Kuamsane donde, al parecer, fueron agredidos por miembros de la policía de Kuazulú que los llamaron “hijos de Mandela”, y acusados oficialmente de posesión ilegal de armas y munición. J.J. Ntuli fue acusado, además, de intento de homicidio. Cuando quedaron en libertad bajo fianza, la policía se negó a devolverles sus armas.

AI teme por la seguridad de la familia Ntuli y de otros habitantes de la zona de Mtubatuba que continúan expuestos a los ataques impunes de pistoleros.


ANTIGUA YUGOSLAVIA

Desde noviembre de 1994, más de 170 ex funcionarios de la policía, todos de origen étnico albanés, han sido detenidos en la provincia de Kosovo. Unos 130 siguen detenidos bajo sospecha de establecer una fuerza policial paralela con el propósito de lograr, por medio de la fuerza, la secesión de Kosovo de la República Federal de Yugoslavia. Sus abogados han denunciado repetidamente que estos hombres han sido torturados después de su detención y que se ha menoscabado su derecho de defensa.

El 27 de octubre de 1994, Bilall Idrizi, afiliado al Sindicato Independiente de Funcionarios de la Policía de la Provincia de Kosovo y destacado miembro de ese sindicato en Pristina, fue parado en la calle por tres agentes de la seguridad del Estado. Lo llevaron a un edificio, donde lo interrogaron sobre los motivos de su dimisión de la policía, de su afiliación al sindicato, y sobre sus actividades sindicales. Después, sus interrogadores lo golpearon y, al parecer, lo torturaron con electricidad.

Bilall Idrizi fue obligado a firmar una declaración dictada por sus interrogadores en la que "confesaba" haber hecho preparativos para asesinar al Dr. Ibrahim Rugova, líder de la minoría étnica albanesa de Kosovo, y recogido información para el servicio secreto de Albania.

Sus interrogadores le anunciaron que lo iban a matar, le vendaron los ojos y lo llevaron en automóvil a un campo, donde lo sometieron a un simulacro de ejecución. Cuando, finalmente, consiguió regresar a Pristina, Bilall Idrizi presentó denuncia contra seis policías, identificando a tres de ellos.

A finales de diciembre de 1994 se supo que Bilall Idrizi había abandonado el país junto con su esposa, hijos y hermano. Parece que en un mes la policía había ido tres veces a su casa en busca tanto de él como de su hermano Gazmend —miembro del mismo sindicato—, y había amenazado a la madre.



[Textos superimpuestos, páginas centrales:]

«Todos estos presos han sido encarcelados únicamente por ejercitar pacíficamente su derecho fundamental a la libertad de expresión y asociación.»

«Los interrogadores de Bilall Idrizi le anunciaron que lo iban a matar, le vendaron los ojos y lo sometieron a un simulacro de ejecución.»


[Pie de foto pág 4:]La policía golpea a un manifestante de la minoría étnica albanesa en Pristina, capital de Kosovo, durante las protestas contra el cierre de escuelas y de la universidad en octubre de 1992.

© Associated Press


[Pie de foto pág. 5:]Algunos de los 16 trabajadores de la compañía estatal de telecomunicaciones Telecom, que permanecieron 6 meses detenidos bajo la legislación antiterrorista colombiana por su participación en una huelga en 1992.



¿Desea ayudarles?


EGIPTO

Escriba a: S.E. Muhammad Hosni Mubarak, Presidente de la República Árabe de Egipto, Palacio ‘Abedine, El Cairo, Egipto. Pida que se investigue la muerte de las cuatro personas asesinadas en Kafr al-Dawar; que se hagan públicos los resultados; y que se castigue a los perpetradores. Pida también que garanticen los derechos de huelga y asociación pacífica.


CHINA

Escriba a: Premier Li Peng, Guowuyuan (State Council), 9 Xihuangchenggenbeijie, Beijingshi 10032, República Popular de China, o a la embajada de China en su país. Exprese preocupación por la detención arbitraria de los presos mencionados en este Enfoque, y pida a las autoridades que los pongan en libertad de inmediato e incondicionalmente.


COLOMBIA

Escriba a: Excmo. Sr. Ernesto Samper Pizano, Presidente de la República, Palacio de Nariño, Santa Fé de Bogotá, Colombia. Solicite una investigación inmediata y exhaustiva de todos los casos de presuntos homicidios y atentados políticos, amenazas u hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad o de grupos paramilitares, y pida que se hagan públicos los resultados, se castigue a los responsables, se proteja la vida de los dirigentes sindicales y se disuelvan las fuerzas paramilitares.


SUDÁFRICA

A fin de divulgar estas cuestiones, y como medio de expresar inquietud por la situación en Sudáfrica, rogamos entregue copias de este artículo a sus representantes parlamentarios y a los representantes del gobierno de Sudáfrica en su país.


ANTIGUA YUGOSLAVIA

Escriba a: Zoran Sokolovic, Ministar unutrasnjih poslova Republike Srbije, Kneza Milosa 101, 11000 Belgrado, Yugoslavia. Exprese preocupación por la detención y tortura a manos de la policía de Kosovo de Bilall Idrizi y otros miembros del Sindicato Independiente de Funcionarios de la Policía de la Provincia de Kosovo.




Los casos de 1994, un año después


En Turquía, Münir Ceylan fue puesto en libertad el 29 de enero de 1995. Presidente de la Unión de Trabajadores del Petróleo en Batman, ciudad del sudeste de Turquía, había sido detenido por oponerse públicamente a los homicidios políticos en la región. Las fuerzas de seguridad están involucradas en muchos de ellos. Münir Ceylan, declarado culpable de “inducir a la enemistad y el odio”, fue condenado a 20 meses de cárcel, pena que había comenzado a cumplir en junio de 1994.


Cuando presentamos el caso de Liu Jingsheng en el Enfoque sobre sindicalistas el año pasado, estaba recluido en espera de juicio, acusado de “organizar y dirigir un grupo contrarrevolucionario” y de “realizar propaganda e instigación contrarrevolucionarias”. En diciembre de 1994 lo condenaron a 15 años de cárcel. Es un preso de conciencia. Liu Jingsheng fue uno de los fundadores del Comité Preparatorio de la Unión de Sindicatos Libres de China, y también propugna activamente la democracia.


En Indonesia continúa la lucha para lograr que los asesinos de Marsinah comparezcan ante la justicia. Esta obrera de 25 años fue secuestrada, violada brutalmente y asesinada tras participar en una huelga en la fábrica donde trabajaba. Nueve civiles fueron condenados a penas de hasta 17 años de cárcel por su asesinato, y un oficial del ejército recibió una pena de nueve meses por no dar parte del delito a sus superiores. Sin embargo, graves irregularidades en los juicios civiles —incluyendo el uso de la tortura para arrancar confesiones—, hacen dudar de su imparcialidad, y las autoridades militares a quienes se cree responsables del asesinato siguen sin castigo. En diciembre de 1994, cuando el Tribunal Superior de Java Oriental anuló la declaración de culpabilidad contra Judi Susanto, el principal sospechoso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que la policía reanudase la investigación del caso de Marsinah.


No se dispone de más información sobre el asesinato, en Chad, del conocido sindicalista M’Bailao Mianbe.


Tampoco se han recibido noticias de Abdelhaq Rouissi, activista de la Unión Marroquí del Trabajo, “desaparecido” hace 30 años de su domicilio de Casablanca.


En Colombia, las fuerzas de seguridad han continuado hostigando y amenazando de muerte a Wilson Monsalvo Navarro.


Las autoridades brasileñas han comunicado a AI que tres personas han sido acusadas como resultado de la investigación sobre el asesinato de Arnaldo Delcidio Ferreira en 1993. Sin embargo, ninguno de ellos, hasta la fecha, ha sido detenido o sometido a juicio.


[Pies de fotos pág. 6:]Münir Ceylan, Turquía

Marsinah, Indonesia

Liu Jinsheng, China

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