Document - The Wire, April 2006. Vol. 36, No.3.

Índice AI: NWS 21/003/2006



Llamada Internacional

(extracto de The Wire)

Abril de 2006


Reino Unido

Detenidos en Guantánamo abandonados

Benyam Mohammed al-Habashi lleva desde septiembre de 2004 recluido en Guantánamo, Cuba, bajo custodia estadounidense, sin que haya tenido la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención ni, menos aún, comparecer ante un tribunal que determine su inocencia o culpabilidad.


Benyam Mohammed al-Habashi, solicitante de asilo etíope a quien en 1994 se le concedió la residencia temporal en el Reino Unido, fue detenido por funcionarios de inmigración paquistaníes en el aeropuerto de Karachi en abril de 2002, cuando se disponía a regresar al Reino Unido. Tres meses después fue entregado a funcionarios de Estados Unidos y trasladado en avión a Marruecos, en donde permaneció recluido en régimen de incomunicación y, según sus palabras, fue torturado sistemáticamente a instancias de las autoridades estadounidenses.


En enero de 2004 fue trasladado en avión a Afganistán y después lo llevaron a la "Prisión Oscura" de Kabul, donde según su testimonio lo torturaron. Benyam Mohammed al-Habashi afirma que también fue interrogado por funcionarios estadounidenses. En mayo de ese año lo llevaron a la base aérea de Bagram, bajo mando estadounidense, en Afganistán, y posteriormente fue trasladado a Guantánamo.


El gobierno británico elevó protestas a favor de ciudadanos del Reino Unido, que posteriormente quedaron en libertad y regresaron a su país. Sin embargo, se ha negado a presentar una queja formal a favor de Benyam al-Habashi y de al menos otras siete personas residentes en el Reino Unido.


El 16 de febrero de 2006, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales falló que existía una causa razonable para la revisión judicial de la negativa del gobierno británico a pedir a las autoridades estadounidenses la excarcelación de Jamil al-Banna, Bisher al-Rawi y Omar Deghayes, residentes en el Reino Unido. A mediados de marzo estaba pendiente una revisión judicial plena de la negativa del gobierno británico.


Los residentes en el Reino Unido que siguen consumiéndose en Guantánamo continúan con su larga espera para obtener la valiosa ayuda de las autoridades británicas.


Escribe instando al gobierno británico a que pida el regreso de todos los residentes en el Reino Unido que permanecen recluidos en Guantánamo, a menos que sean acusados sin demora de un delito común reconocible y juzgados con las debidas garantías. El gobierno también debe pedir a las autoridades de Estados Unidos que ofrezcan una reparación adecuada a todas las personas que han sufrido abusos bajo custodia estadounidense en Guantánamo y en otros lugares.


Envía los llamamientos a: Prime Minister Tony Blair, 10 Downing Street, London SW1A 2AA, Reino Unido. Fax: + 44 207 925 0918.




Myanmar

Defensor y defensora de los derechos humanos encarcelados por intentar obtener resarcimiento


Su Su Nway y el abogado U Aye Myint fueron encarcelados en octubre de 2005 por denunciar los abusos cometidos por las autoridades locales, como el trabajo forzoso y la confiscación de tierras. AI considera que ambos son presos de conciencia.


En abril de 2004, funcionarios locales ordenaron ilegalmente a Su Su Nway y a otras personas de su localidad, cercana a Yangón, la capital de Myanmar, que trabajasen sin remuneración en el proyecto de construcción de una carretera.


En enero de 2005, en una causa judicial que marcó un hito, finalizó con éxito el proceso entablado por Su Su Nway y sus vecinos y vecinas contra las autoridades locales por haberles obligado a trabajar sin percibir un salario. Según los informes, tras ganar el caso, funcionarios de la localidad la amenazaron y hostigaron. Nueve meses después fue condenada a 18 meses de cárcel debido a la demanda por difamación que los nuevos responsables de la administración local presentaron contra ella alegando que los había insultado.


AI considera que el encarcelamiento de Su Su Nway se debe a que ganó el proceso entablado contra funcionarios de su localidad.


El abogado U Aye Myint fue condenado a siete años de cárcel, al parecer por ayudar a agricultores a denunciar ante las autoridades y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que funcionarios locales habían confiscado sus tierras. Fue detenido en septiembre de 2005 y acusado de infringir la legislación sobre seguridad. Esta era la segunda ocasión en la que lo encarcelaban en relación con sus intentos de ponerse en contacto con la OIT.


Su Su Nway y U Aye Myint han sufrido problemas de salud durante su reclusión.


Escribe pidiendo la excarcelación inmediata e incondicional de Su Su Nway y U Aye Myint, encarcelados en relación con su legítima defensa de los derechos humanos. Pide a las autoridades que garanticen que reciben el tratamiento médico adecuado.


Envía los llamamientos a: Senior General Than Shwe, Chairman of the State Peace and Development Council, c/o Ministry of Defence, Ahlanpya Phaya Street, Yangon, Myanmar.



México

En peligro la vida de un defensor de los derechos humanos


"Cuídense y cuiden a Martín, porque ya está contratada una persona que va sobre su cabeza."(Advertencia a la familia de Martín Barrios por parte de un amigo. Al parecer, la información procedía de una fuente vinculada a la industria textil.)


El defensor de los derechos humanos Martín Barrios Hernández ha recibido la advertencia de que su vida corre peligro si continúa defendiendo a los trabajadores de las "maquilas" (plantas de montaje) del sector textil en el estado de Puebla y difundiendo sus malas condiciones de trabajo. Su familia y otros miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán pueden correr también peligro.


Martín Barrios fue detenido y acusado en diciembre de 2005, cuando el propietario de una planta textil local denunció que había intentado chantajearlo. Martín Barrios es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, que en los últimos meses ha apoyado a los trabajadores de la planta textil Calidad de Confecciones en su campaña para conseguir el reconocimiento de sus derechos. Al parecer, su detención constituyó un intento de impedirle que siga realizando su labor legítima de defensa de los derechos humanos.


Tras retirar el denunciante las acusaciones en su contra, Martín Barrios quedó en libertad en enero de 2006, y manifestó que nunca había pedido que se retiraran las acusaciones porque era inocente y que nada lo disuadiría de seguir realizando su trabajo.


Martín Barrios ya había sido amenazado y hostigado debido a sus actividades de defensa de los derechos humanos. En diciembre de 2003 sufrió una brutal agresión delante de su casa, pero todavía no se ha procesado a nadie por este ataque. Según los informes, a sus amigos y familiares les han comunicado que una persona vinculada a la industria de las plantas textiles ha recibido dinero para matarlo si continúa con su labor.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades mexicanas que tomen medidas para garantizar la seguridad de Martín Barrios, su familia y otros miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.


Escribe pidiendo a las autoridades que tomen medidas para garantizar la seguridad de Martín Barrios Hernández, su familia y los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, conforme a sus deseos.


Envía los llamamientos a: Lic. Mario Marín Torres, Gobernador del Estado de Puebla, 14 Oriente, Nº 1006, Colonia El Alto, Puebla, México. Fax: + 52 222 213 8805. Correo-e: gobernador@puebla.gob.mx



Arabia Saudí

Temor de ejecución


Tres ciudadanos de Sri Lanka corren peligro de ser ejecutados de forma inminente en Arabia Saudí, según los informes. Sus casos se han remitido al jefe de Estado de Arabia Saudí, el rey Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud, para que decida si va a conceder el indulto o ratificar la sentencia. Si el rey ratifica las sentencias, las ejecuciones podrían tener lugar en cualquier momento.


Según los informes, D.D. Ranjith de Silva, E.J. Victor Corea y Sanath Pushpakumara fueron detenidos en marzo de 2004 en la capital saudí, Riad, y condenados a muerte en relación con una serie de robos a mano armada. Los informes indican que las condenas fueron confirmadas en marzo de 2005. En la actualidad se encuentran recluidos en la prisión de Al Ha’ir, en Riad.


AI no dispone de información detallada sobre sus juicios, y desconoce si contaron con representación letrada. Sin embargo, la organización siente preocupación porque en Arabia Saudí es frecuente que los acusados no dispongan de abogado defensor, ni siquiera en los juicios por delitos punibles con la muerte. Además, en algunos casos de los que AI ha tenido conocimiento, al parecer los acusados no fueron informados de la evolución de los procedimientos judiciales iniciados contra ellos.




Escribe al rey Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud instándole a que conmute las penas de muerte.


Envía los llamamientos a: His Majesty King Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud, The Custodian of the Two Holy Shrines, Office of His Majesty the King, Royal Court, Riyadh, Arabia Saudí.


Actualización de casos anteriores


Bahamas


El 8 de marzo, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona falló que la pena de muerte preceptiva por asesinato en las Bahamas es inconstitucional. El fallo implica que las 28 personas pendientes de ejecución en el país serán objeto ahora de juicios individuales para imponer nuevas condenas (aunque otra decisión judicial que limita la cantidad de tiempo que una persona puede estar en espera de ejecución hace que, de hecho, ninguna de las 28 personas vaya a ser ejecutada).



Estados Unidos


El 27 de febrero, un juez de Pensilvania, en una resolución sobre el caso de George Banks, falló que éste sufre una enfermedad mental y no debe ser ejecutado. Según información publicada en la prensa, el juez manifestó: "Banks no puede hacer elecciones racionales debido a su grave enfermedad mental, no puede comprender racionalmente lo que supone su condena a muerte, su pronóstico indica que no tiene cura y no alcanzará un nivel de mejoría aceptable". Los fiscales del estado han declarado que recurrirán el fallo.


En un segundo caso, la Corte Suprema de Carolina del Sur ha resuelto recientemente que Mar-Reece Aldean Hughes no tiene capacidad mental para renunciar a su derecho a presentar recursos (para "ofrecerse voluntario" para ser ejecutado) y ordenó que se celebre un nuevo proceso judicial.


Véanse The Wire, marzo de 2006, y USA: The execution of mentally ill offenders(AMR 51/003/2006).


Maldivas


Los presos de conciencia Ahmad Ibrahim Didi y Naushad Waheed fueron excarcelados el 22 de febrero, tras pasar cuatro años en prisión. Ahmad Ibrahim Didi fue condenado a cadena perpetua en 2002 por participar en la elaboración de Sandhaanu, una revista que se difundía a través del correo electrónico. La revista contenía artículos en los que se criticaba al gobierno y contaba con un gran número de lectores. Naushad Waheed, artista y caricaturista, fue detenido ese mismo año tras ponerse en contacto con AI y participar en debates en los que se criticaba al gobierno.


Véase la Llamada Internacionalde enero de 2003.


China


La defensora de los derechos humanos Mao Hengfeng quedó en libertad el 8 de febrero, tras permanecer bajo custodia. Había sido detenida junto con su hija en Pekín el 24 de enero. Agentes de policía las trasladaron a Shangai, donde liberaron a su hija. Mao Hengfeng permaneció recluida en la habitación de un hotel durante 16 días. Al principio del periodo de detención fue insultada, pero no fue objeto de torturas.


Véase la actualización de casos de la Llamada internacionalde marzo de 2005.



Cuba


Un total de 72 presos y presas de conciencia siguen encarcelados en Cuba. La mayoría fueron detenidos en marzo y abril de 2003 y en julio de 2005.


Las personas detenidas en 2003 fueron condenadas a penas de prisión que oscilaron entre 26 meses y 28 años. Las detenciones de 2005, que afectaron a 50 personas, se centraron en participantes en manifestaciones pacíficas y en actos conmemorativos. De ellas, 14 personas continúan detenidas sin juicio. AI considera que cuatro de estos detenidos son presos de conciencia: René Gómez Manzano, Oscar Mario González Pérez, Emilio Leiva Pérez y Julio César López Rodríguez.


Entre 2004 y 2005, el gobierno dejó en libertad a un total de 22 presos, fundamentalmente por razones médicas. Sin embargo, las personas que siguen encarceladas están mal de salud, y las excarceladas han sufrido hostigamiento, amenazas y restricciones para viajar.


Véase la Llamada Internacionalde abril de 2004 y las actualizaciones de casos de julio y septiembre de 2004.


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