Document - The Wire, March 2007. Vol. 37, No. 2

Índice AI: NWS 21/002/2007


Llamada internacional

(extracto de The Wire)

Marzo de 2007



China

Juicio injusto


Mao Hengfeng fue condenada en diciembre de 2006 a dos años y medio de prisión por romper dos lámparas de mesa. Había sido detenida el 30 de junio de 2006 y acusada de "destrucción intencionada de bienes".


En un principio la policía la detuvo en mayo de 2006 y fue acusada de "violar las condiciones de vigilancia domiciliaria". Posteriormente se la recluyó en régimen de "detención blanda" en una pensión situada en el distrito de Yangpu de Shanghai, donde la policía la golpeó y se la obligó a compartir un espacio reducido con otros seis hombres y mujeres enviados para vigilarla. Mao Hengfeng rompió las lámparas de la pensión mientras protestaba por el trato que estaba recibiendo.


El juicio de Mao Hengfeng duró apenas 30 minutos y el tribunal sólo tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por la policía. Sus abogados informaron de que durante la investigación fueron objeto de hostigamiento y amenazas a fin de impedir que llevasen a cabo su labor.


Durante más de ocho meses se mantuvo a Mao Hengfeng en régimen de incomunicación y gracias a las actuaciones de su abogado su familia se ha enterado ahora de los malos tratos que ha sufrido, si bien aún no se le ha permitido visitarla.


Mao Hengfeng lleva desde1988 elevando peticiones a las autoridades sobre cuestiones relacionadas con la vivienda y la planificación familiar. A Mao Hengfeng se la ha detenido con anterioridad muchas veces y ha informado de que ha sufrido torturas y otros tratos abusivos. Se le han impuesto varias penas de "reeducación por el trabajo" y en diversas ocasiones se la ha internado por la fuerza en instituciones psiquiátricas. Véase Llamada Internacional de marzo de 2005.


Amnistía Internacional considera a Mao Hengfeng una presa de conciencia y cree que los cargos que se le imputan en la actualidad son un pretexto para castigarla por sus continuas actividades de protesta. Su juicio fue manifiestamente injusto y su pena desproporcionada en relación con el delito por el que se la condenó.


Envíen cartas pidiendo la liberación inmediata e incondicional de la presa de conciencia Mao Hengfeng.


Envíen sus llamamientos al primer ministro: Prime Minister Wen Jiabao Zongli, Guowuyuan, 9 Xihuangchenggenbeijie, Beijingshi 100032, China. Fax: +86 10 65292345 (a través del Ministerio de Comunicación).

Correo electrónico: gazette@mail.gov.cn

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro


[Foto: Mao Hengfeng © Particular]


ESTADOS UNIDOS

Denegación de visados temporales a esposas cubanas


A Adriana Pérez y a Olga Salanueva, ambas ciudadanas cubanas, se les han denegado los visados temporales que les permitirían visitar a sus esposos en la cárcel. Gerardo Hernández (esposo de Adriana Pérez) y René González (esposo de Olga Salanueva) están cumpliendo largas penas en prisiones federales de los Estados Unidos tras haber sido declarados culpables en 2001 de actuar como agentes no registrados del gobierno cubano.


Amnistía Internacional considera que denegarles a estas mujeres los visados para visitar a sus esposos resulta innecesariamente punitivo y es contrario a las normas internacionales sobre trato humano a las personas detenidas y presas y a la obligación de los Estados de proteger la vida familiar.


Entre 2002 y 2005 el gobierno denegó las solicitudes de visados temporales presentadas por estas dos mujeres por diferentes motivos relacionados con el terrorismo, el espionaje y cuestiones relativas a la seguridad nacional. Nunca se han presentado cargos contra ninguna de ellas en relación con tales afirmaciones y sus esposos no han sido acusados formalmente de terrorismo ni se los ha condenado por este cargo. Ambos se encuentran recluidos en las secciones de "población general" de las prisiones en las que se encuentran, lo que hace pensar que las autoridades no les consideran un riesgo para la seguridad nacional.


A Adriana Pérez no se le ha permitido visitar a su esposo desde su detención en 1998. Su última solicitud de un visado temporal, presentada en octubre de 2005, fue denegada alegando que podría intentar permanecer en los Estados Unidos una vez que finalizase su periodo autorizado de estancia.


Olga Salanueva lleva sin ver a su marido desde la víspera de su juicio, que tuvo lugar en el año 2000. Durante los casi dos años que duró el proceso residió de forma legal en los Estados Unidos, pero se la expulsó cuando su marido se negó a aceptar un acuerdo entre el fiscal y la defensa a cambio de que se permitiese a su familia permanecer en los Estados Unidos. Su última solicitud de un visado fue denegada alegando que no tenía derecho a entrar en los Estados Unidos dado que se la había expulsado previamente.


Envíen cartas pidiendo al gobierno estadounidense que conceda visados temporales a las esposas de René González y de Gerardo Hernández y, en caso de que no encuentren indicios razonables que justifiquen el que se les denieguen los visados, les permitan visitar a sus esposos en los Estados Unidos.


Envíen sus llamamientos al director de la Oficina de Asuntos Cubanos: Director Stephen G. McFarland, Office of Cuban Affairs, US Department of State, 2201 C Street NW, Washington, DC 20520, Estados Unidos.

Tratamiento: Dear Mr McFarland / Señor McFarland


Zimbabwe

Detenciones frecuentes en grupo de mujeres


Desde febrero de 2003 la policía de Zimbabue viene deteniendo de forma reiterada a las activistas de la organización Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (Women of Zimbabwe Arise, WOZA) cuando se manifiestan pacíficamente contra el deterioro de la situación social, económica y de los derechos humanos que vive el país.


En mayo de 2006, tras una manifestación pacífica que tuvo lugar en la ciudad de Bulawayo para protestar contra el incremento de las tasas de matrícula escolares, se detuvo a más de 100 activistas de WOZA y a aproximadamente 70 escolares. Se acusó al colectivo de "actos que pueden causar la alteración del orden público". Dos de las dirigentes de WOZA fueron al parecer objeto de amenazas por parte de un agente superior de la policía.


El trato dispensado a WOZA pone de relieve la creciente intolerancia de las autoridades ante las manifestaciones públicas pacíficas en las que se critican las políticas gubernamentales. También pone de manifiesto el uso malintencionado de la ley, concretamente de la combinación de la Ley de Orden Público y Seguridad y de la Ley de Delitos Diversos, a fin de permitir la detención y reclusión arbitraria y de facilitar la comisión de diversas violaciones de los derechos humanos por parte de la policía.


El 31 de marzo de 2005, el día de las elecciones parlamentarias, la policía detuvo a unas 260 mujeres, algunas de las cuales llevaban a sus bebés consigo, cuando WOZA trataba de celebrar una vigilia de oración pacífica después de las elecciones en la capital, Harare. Véase el número de mayo de 2005 de The Wire.


Las activistas detenidas, entre las que se encontraban madres con sus bebés, pasaron la noche en un patio a la intemperie. Según los informes recibidos, los policías les dijeron que si se declaraban culpables de delitos menores, con arreglo a la Ley de Delitos Diversos, podían pagar una multa y quedar en libertad. Sin embargo, si no pagaban la multa, permanecerían detenidas durante todo el fin de semana y serían acusadas en virtud de la Ley de Orden Público y Seguridad. Todas las mujeres, muchas de las cuales eran mayores, estaban lesionadas o llevaban a sus bebés consigo, accedieron a pagar las multas. Una vez más se utilizó la Ley de Delitos Diversos para obtener "admisiones" de culpabilidad y para regularizar la detención y la reclusión arbitraria.


Envíen cartas instando a las autoridades a que respeten los derechos de la membresía de WOZA a ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Soliciten que se ponga fin a la intimidación y detención arbitraria de defensores de los derechos humanos.


Envíen sus llamamientos al director general de la Policía: Police Commissioner Augustine Chihuri, Zimbabwe Republic Police, Police Headquarters, PO Box 8807, Causeway, Harare, Zimbabue. Fax +263 4 253 212.

Tratamiento: Dear Police Commissioner / Señor Director General


[Foto: WOZA © WOZA]


Irán

Riesgo de ejecución de una menor


Delara Darabi, de 20 años, podría ser ejecutada de forma inminente por un asesinato que tuvo lugar cuando tenía 17 años. Según los informes, es la segunda vez que se la condena a muerte, tras ser sometida a un nuevo juicio. Según estos mismos informes, en enero de 2007 intentó suicidarse mientras se encontraba en prisión


La Sección 10 del Tribunal General de la ciudad de Rasht, en el norte del país, condenó en un principio a muerte a Delara Darabi. Posteriormente, el Tribunal Supremo encontró "deficiencias" en el proceso y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. Sin embargo, tras dos sesiones judiciales celebradas en enero y junio de 2006, la Sección 107 del Tribunal General de Rasht la condenó por segunda vez a muerte. Según los informes, el Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2007 la condena a muerte, por lo que podría ser ejecutada en cualquier momento.


Según la información disponible, Delara Darabi y un joven de 19 años llamado Amir Hossein irrumpieron en casa de una pariente anciana de Delara Darabi para robar. Al parecer, Amir Hossein mató a la mujer durante el robo. Delara Darabi confesó al principio el asesinato, pero posteriormente se retractó de su confesión. Afirma que Amir Hossein le pidió que admitiera la responsabilidad del asesinato a fin de que no lo ejecutaran a él, pues creía que, siendo ella menor de 18 años, no podía ser condenada a muerte.


Pueden encontrar más información sobre la pena de muerte en Irán en el artículo Irán: La anulación de la condena de muerte de una mujer por un delito cometido cuando era menor (Índice AI: MDE 13/002/2007).


Envíen cartas instando a las autoridades a que conmuten sin dilación la pena de muerte impuesta a Delara Darabi. Recuerden a las autoridades sus compromisos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que "No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad".


Envíen sus llamamientos al Líder de la República Islámica de Irán: Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader, Shoahada Street, Qom, Irán.

Correo electrónico: info@leader.ir e istiftaa@wilayah.org

Tratamiento: Your Excellency/ Excelencia********



Page 3 of 3

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE