Document - Amnesty International News March 1997

Amnistía Internacional


Boletín Internacional - Marzo de 1997 - Noticias






COLOMBIA

La larga búsqueda de la justicia



''La solidaridad internacional me ha dado valor y coraje...

La solidaridad es el arma de los indefensos.''


El 18 de noviembre de 1996, la VIII Brigada del ejército colombiano entregó los restos mortales de Luis Fernando Lalinde Lalinde a su madre. Al darle sepultura en Medellín a la mañana siguiente, se anunciaba para Fabiola Lalinde Lalinde y el resto de la familia el fin de una pesadilla de doce años.

En 1984, Luis Fernando Lalinde, estudiante de sociología de 26 años de edad y miembro del Partido Comunista, había sido detenido por una patrulla del ejército cuando se disponía a subir a un autobús del municipio de Jardín. Según los testigos, los soldados lo golpearon y ataron antes de llevárselo en un camión del ejército. Un mes después, el comandante de la VIII Brigada comunicó a Fabiola Lalinde que desconocía el paradero de su hijo pero le indicó que el día de su "desaparición" había resultado muerto un guerrillero conocido como "Jacinto", al parecer cuando trataba de darse a la fuga.

Fabiola Lalinde había criado a sus cuatro hijos sola, con el fruto de su trabajo. Nunca se había enfrentado a las autoridades, y menos aún a un funcionario del gobierno o del ejército. Sin embargo, cuando decidió dedicar todas sus fuerzas a encontrar a su hijo "desaparecido", tropezó con un laberinto oficial de obstrucción, engaño y mentiras. Con las pruebas que fue obteniendo laboriosamente, incluyendo declaraciones de testigos, llegó a la conclusión de que el ejército había torturado y matado a su hijo.

Su lucha por demostrar lo ocurrido la llevó a conocer a otras víctimas de la violencia política y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que asuelan Colombia. Se unió a organizaciones de apoyo a las familias de detenidos y "desaparecidos", obtuvo la asistencia de abogados de derechos humanos simpatizantes y siguió llamando a todas las puertas en el afán de encontrar el cuerpo de su hijo y conseguir que se llevara a los culpables ante la justicia.

En septiembre de 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió una resolución en la que hallaba al Estado colombiano responsable de la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde. Al mes siguiente, la Comisión emitió una resolución más categórica, responsabilizando al gobierno de su ejecución extrajudicial. Era la primera vez que la Comisión Interamericana condenaba públicamente al gobierno de Colombia por tales delitos.

Poco después de la primera resolución, una patrulla del ejército detuvo a Fabiola Lalinde en su domicilio después de "encontrar" un paquete de cocaína en un armario; la retuvieron 15 días en la cárcel. Posteriormente se estableció que el paquete había sido colocado allí. Los agentes de las fuerzas de seguridad continuaron hostigándola y amenazándola por "subversiva y terrorista".

Fabiola Lalinde obtuvo apoyo tanto en Colombia como en otros países. En 1992 escribió a AI -que adoptó el caso de su hijo en 1987- expresando que la solidaridad internacional había sido «sin lugar a dudas, el motor que ha movido mi existencia durante estos difíciles años de incertidumbre y de impotencia. Me ha dado valor y coraje... La solidaridad es el arma de los indefensos».

Los restos mortales de "Jacinto" se exhumaron finalmente en 1992, después de años de presión organizada. A pesar de que Fabiola Lalinde tenía la certeza de que se trataba de Luis Fernando, tuvo que esperar cuatro años más a que un análisis de ADN lo confirmara y le entregaran el cadáver de su hijo.

En una carta dirigida recientemente al Grupo 197 de AI en Alemania, escribió: «Todo en este proceso de estos 12 años ha sido muy doloroso pero también muy bello, por toda esa solidaridad de personas como ustedes que ni siquiera me conocen y me han dado ánimo, apoyo y fuerzas para llegar hasta el final».

En Colombia, donde tantos "desaparecidos" siguen enterrados en fosas anónimas, Fabiola Lalinde ha logrado algo excepcional. Pero incluso después de 12 años, su lucha por la justicia no ha hecho más que empezar: el caso nunca se ha investigado debidamente y los responsables del secuestro, tortura y asesinato de Luis Fernando Lalinde no han comparecido ante los tribunales. «Ya no se trata sólo de mi hijo, sino de todos los desaparecidos.»

Pie de foto: Las madres de los "desaparecidos" celebran una vigilia en Colombia.

© Julio Etchart/REPORTAGE



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Medio siglo de vida: hora de actuar


La Comisión de Derechos Humanos, máximo órgano de la ONU para la vigilancia de los derechos humanos, se reunirá en Ginebra del 10 de marzo al 18 de abril. En 1997, la Comisión celebra su 50º aniversario, ocasión que AI le pide aproveche para consolidar el trabajo realizado y estudiar la forma de responder efectivamente a los retos que se plantean para los derechos humanos en las décadas por venir. AI pide asimismo a la Comisión que actúe en particular en el caso de cinco países donde se observa un cuadro de violaciones persistentes, graves y sistemáticas de los derechos humanos: Argelia, Colombia, Indonesia y Timor Oriental, Nigeria y Turquía.

A lo largo de 50 años, se ha desarrollado una extensa serie de mecanismos y un vasto acervo de instrumentos normativos de derechos humanos que brindan a la Comisión la posibilidad de tomar medidas enérgicas para proteger los derechos humanos. Aun así, esta posibilidad permanece en gran medida sin concretarse: se dan graves deficiencias en el área de la aplicación, y los Estados a menudo se niegan a dar cumplimiento a decisiones de la Comisión o a las recomendaciones de sus mecanismos.

La eficacia de la Comisión se ha visto socavada una y otra vez por el énfasis dado a la adopción de decisiones por consenso. Es frecuente que las resoluciones encaminadas a poner fin a violaciones de derechos humanos se aprueben sólo cuando cuentan con la venia de todos los Estados presentes, que incluyen, a veces, al mismo Estado culpable. De este modo, un número minoritario de Estados puede bloquear o diluir una propuesta a fin de proteger sus intereses económicos, políticos y de seguridad, y no es raro que los Estados de la misma agrupación regional actúen para protegerse mutuamente so pretexto de la solidaridad regional.

El texto de la propuesta de Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, por ejemplo, se ha venido debatiendo desde 1985. Esta Declaración puntualizaría cuáles son los derechos que se deben garantizar a los defensores de los derechos humanos

–muchos de los cuales arriesgan su libertad y hasta su vida para proteger los derechos de los demás– a fin de que puedan desempeñar su tarea libremente. El Grupo de Trabajo encargado de redactar el texto de la Declaración no logró mayores avances durante el periodo de sesiones de 1996; al igual que en años anteriores, unos pocos Estados abusaron del concepto de consenso para bloquear el reconocimiento de derechos que son indispensables para la defensa y promoción de los derechos humanos. En particular, ha causado consternación que no se hayan reconocido a los defensores algunos de los derechos y libertades que hacen posible la defensa de los derechos humanos y que ya se han garantizado a todas las personas, como los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. De no concluirse la redacción durante este periodo de sesiones, AI pedirá a la Comisión que nombre un relator especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos y le encargue realizar investigaciones sobre la situación de los defensores, con el propósito específico de asistir al Grupo de Trabajo en la resolución de los problemas pendientes.

Es responsabilidad de la Comisión hacer rendir cuentas a los Estados que han violado normas de derechos humanos reconocidas universalmente. Toda acción propuesta debe conformarse a estas normas, y las decisiones consensuales son deseables siempre y cuando refuercen la rendición de cuentas por parte de los Estados. Los partidarios de la adopción de decisiones por consenso sostienen que los Estados tendrán mejor disposición para aplicar las medidas propuestas por la Comisión cuando hayan formado parte del proceso decisorio que las dictó. Dado que este argumento no se ha confirmado en la práctica, AI exhorta a la Comisión a que establezca un medio para evaluar la puesta en práctica por los Estados de las recomendaciones formuladas por la Comisión y sus mecanismos, y a que esté preparada para adoptar un método diferente cuando los Estados no presten su cooperación.

Resulta difícil entender por qué la Comisión no actúa de forma eficaz contra los gobiernos que coartan los derechos humanos. Si continúa aprobando por consenso resoluciones blandas, si se abstiene de actuar con prontitud y decisión cuando los derechos humanos se ven amenazados, si no toma medidas que aseguren que los Estados llevan a la práctica sus recomendaciones, el órgano supremo de derechos humanos de la ONU corre el riesgo de convertirse en superfluo. Es hora de que la Comisión demuestre que sus debates y resoluciones sí importan, que sí pueden ejercer una influencia decisiva en el acontecer del mundo.



LLAMADA INTERNACIONAL: ACTUALIZACIÓN


Aleksandr Nikitin, capitán de la marina retirado cuyo caso publicamos en el Boletín de enero, recobró la libertad el pasado 14 de diciembre, a la espera de juicio. No se han retirado los cargos que se le imputan. Para futuros llamamientos debe tenerse en cuenta que se lo detuvo únicamente por expresar pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, y pedirse que la libertad sea incondicional y que se le retiren todos los cargos.




NOTICIAS BREVES


t AI acogió con satisfacción la puesta en libertad incondicional de tres presos de conciencia de Nigeria, en noviembre de 1996: el jefe Gani Fawehinmi, Femi Falana y Femi Aborisade. Son destacados activistas de derechos humanos que llevaban casi un año detenidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Sin embargo, AI teme que su excarcelación -coincidente con la visita al país del grupo de acción ministerial de la Commonwealth- haya sido tan arbitraria como su detención. Durante las últimas semanas se han registrado más detenciones, incluida la de otros tres activistas democráticos y de derechos humanos: el jefe Olabiyi Durojaiye, el Dr. Frederick Fasheun y el jefe Olu Falae.



t El pasado 13 de diciembre, Koigi wa Wamwere, destacado activista de derechos humanos y preso de conciencia de Kenia, fue puesto en libertad condicional para recibir tratamiento médico. Sus dos coacusados quedaron libres el 13 de enero de este año por la misma razón. Koigi wa Wamwere manifestó recientement a AI que los tres siguen con vida porque «el esfuerzo de AI y otros nos salvó del cadalso». AI ha venido haciendo campaña en favor de estos tres presos de conciencia desde su detención en noviembre de 1993, y continúa pidiendo que se retire toda condición a su libertad.



t AI acogió con satisfacción la puesta en libertad, el pasado diciembre, de cuatro presos de conciencia de Túnez, pero ha expresado su preocupación por que la excarcelación haya sido condicional. Mohamed Najb Hosni, abogado y defensor de los derechos humanos, y Mohamed Hedi Sassi, miembro del Partido Comunista de los Trabajadores Tunecinos (PCTT), que no está legalizado, fueron detenidos en 1994 y torturados (véase Índice de AI: MDE 30/46/96/s). Mohamed Mouadda, dirigente del Movimiento de Demócratas Socialistas (MDS), en la oposición, y Khemais Chammari, activista de derechos humanos y ex representante del MDS, habían recibido sendas condenas de 11 y 5 años de cárcel (véase Índice de AI: MDE 30/50/96/s).



t AI criticó el incremento de las ejecuciones en Irán: en 1995 se registraron 50, frente a no menos de 110 en 1996. Muchas siguieron a juicios al parecer sin garantías que conculcaron el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es Estado Parte.





REINO UNIDO

Pie de foto: Karamjit Singh Chahal queda en libertad.

© Fairley's of Luton


Solicitantes de asilo: libres al fin


Karamjit Singh Chahal recobró la libertad en noviembre de 1996 después de permanecer detenido seis años y medio en el Reino Unido. En diciembre, después de 20 meses, se puso fin a la detención de Raghbir Singh. Los dos permanecían detenidos por razones de "seguridad nacional", pendientes de que los deportaran a la India, y se los puso en libertad tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un documento presentado a este Tribunal, AI exponía el peligro de tortura u otras violaciones de derechos humanos a que se exponía Chahal de regresar a la India, y calificaba su detención de ilegal.

El gobierno británico había argumentado que los dos detenidos representaban una grave amenaza para la seguridad nacional, y que por ello los deportaría incluso si se los llegaba a calificar de refugiados conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, de 1951. En el caso Chahal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantuvo que: la prohibición de la tortura es uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas; el principio de no devolución tiene la máxima importancia; y las actividades de la persona en cuestión, con independencia de si son indeseables o peligrosas, no pueden ser una consideración pertinente. Después de la puesta en libertad de Chahal, AI escribió al gobierno británico acogiendo positivamente la decisión del Tribunal Europeo y pidiendo al gobierno que revisara todos los casos similares, incluyendo el de Raghbir Singh. Éste recobró la libertad cerca de dos semanas después, y su abogado envió el siguiente mensaje a la organización: «Raghbir me ha pedido que les agradezca personalmente el continuo apoyo que le han brindado, y les exprese que, a pesar de que tuvo -como imaginarán- momentos muy bajos, no perdió nunca la esperanza gracias al apoyo incesante de AI y otros. Y todo el tiempo supo que, debido a que fuera había gente haciendo campaña en su favor, un día se probaría su inocencia y recobraría la libertad».



LIBIA

Ocho ejecuciones tras juicios secretos


El 2 de enero ejecutaron en Libia a seis oficiales del ejército y dos civiles después de que el Tribunal Militar Supremo confirmara las condenas a muerte anunciadas a finales de 1995. Eran ocho entre las decenas de personas detenidas a raíz de la rebelión que al parecer iniciaron, en octubre de 1993, algunas unidades del ejército en los alrededores de la ciudad de Misrata. Desde entonces, habían permanecido en régimen de incomunicación en un lugar desconocido, aislados de sus familias y del mundo exterior.

Los coroneles Miftah Qarrum al-Wirfalli y Mostafa Abu al-Qassim Mas'ud al-Kikli, el teniente coronel Sa'ad Saleh Farag, los comandantes Khalil Salam Mohammad al-Jidiq, Mostafa Ihbayal al-Firjani y Ramadhan al-'Ayhuri, y los civiles Dr. Sa'ad Misbah al-'Amin al-Zubaydi y Sulayman Ghayth Miftah fueron acusados por cargos de "facilitar secretos de defensa a Estados extranjeros" y de pertenecer a "una organización proscrita vinculada a agentes de gobiernos extranjeros", es decir, el Frente Nacional para la Salvación de Libia (NFSL), el principal grupo opositor, en el exilio.

A principios de marzo de 1994, tres de ellos "confesaron" por televisión que hacían espionaje para EE UU, y declararon que los habían captado miembros del NFSL. Se cree que previamente los habían torturado. Tanto el espionaje como la pertenencia a un grupo de oposición se castigan en Libia con la pena de muerte.

Según parece, a finales de 1995 los acusados habían ido a juicio no una sino dos veces. Tras el primer juicio, un tribunal militar inferior había dictado penas de cárcel, pero las autoridades habrían solicitado una revisión en base a que las penas eran poco severas. A finales de diciembre de 1995, se celebró otro juicio ante un tribunal militar, que al parecer dictó 11 condenas a muerte. Los dos juicios fueron a puerta cerrada.

El veredicto del Tribunal Supremo Militar que confirmó las condenas a muerte fue al parecer dictado y filmado un mes antes de que se anunciara por televisión en el país, el pasado 1 de enero.

AI ha solicitado en numerosas ocasiones información sobre el estatus legal y el paradero de los detenidos, y ha enviado llamamientos urgentes después de recibir informes de que se los había torturado y, posteriormente, condenado a muerte. A finales de enero seguía sin recibirse respuesta alguna de las autoridades libias.


AMNISTÍA INTERNACIONAL

Boletín Internacional - Enfoque - Marzo de 1997




LOS GRANDES LAGOS DE ÁFRICA

Siguen necesitando protección


Los refugiados y los desplazados internos cara a la repatriación y la devolución forzada


Durante octubre y noviembre de 1996, la atención de buena parte del mundo se concentró en la tragedia humanitaria que se desencadenaba en el este de Zaire. El polvorín de las tensiones latentes en la zona estalló en una guerra sin cuartel, y se cometieron violaciones de derechos humanos masivas. Más de un millón de refugiados de Ruanda y Burundi, y varios cientos de miles de zaireños desplazados internamente, quedaron atrapados entre dos fuegos y se convirtieron en blanco deliberado y arbitrario de las partes en conflicto. Mientras los Estados debatían, sin decidirse, planes para una fuerza interventora bajo mando canadiense, millares de personas perdían la vida.

Finalmente, los refugiados y desplazados se vieron obligados a huir. Cientos de miles se dirigieron de regreso a Ruanda, unos 60.000 a Burundi, decenas de miles de burundeses y zaireños a Tanzania, y un número incalculable al interior de Zaire. La comunidad internacional se felicitó de haber alentado a los refugiados a retornar a Ruanda, y miró hacia otro lado. Animada por los acontecimientos de Zaire, Tanzania, que albergaba a cerca de un millón de refugiados, tomó medidas para obligar a cientos de miles de ruandeses a volver a su patria. Nuevamente, la comunidad internacional --incluida la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)-- apoyó este movimiento.

Los hechos de estos meses se vieron teñidos de una escandalosa indiferencia hacia los derechos, la dignidad y la seguridad de los refugiados. La región ha visto surgir una tendencia alarmante en términos de protección a los refugiados, y la crisis dista mucho de haber concluido. Quedan en África central cantidades enormes de refugiados y desplazados internos, que siguen enfrentándose a la posibilidad de la devolución forzada o a la engañosa opción de regresar a su país aguijados por el grave peligro que corren en los países que los recibieron. Es probable, además, que el conflicto armado y los abusos contra los derechos humanos, especialmente en Burundi y el este de Zaire, den lugar a más movimientos de refugiados y situaciones de desplazamiento.


TANZANIA: RETORNO OBLIGADO

«... se cuenta con que todos los refugiados ruandeses en Tanzania regresen a su patria antes del 31 de diciembre de 1996.»

Estas palabras, incluidas en una declaración del gobierno de Tanzania a principios de diciembre y aprobada y firmada por el ACNUR, han echado una cruda luz sobre la fragilidad de la protección que la comunidad internacional brinda a los refugiados. Antes de cumplirse un mes de su publicación, habían regresado a Ruanda la mayoría de refugiados ruandeses, que sobrepasaban el medio millón.

Inicialmente, decenas de miles de refugiados abandonaron los campamentos e intentaron adentrarse en Tanzania, con la esperanza de llegar a países vecinos. Las fuerzas de seguridad tanzanas los interceptaron y los desviaron hacia la frontera ruandesa. Se han recibido informes que hablan del uso excesivo de la fuerza y de refugiados sometidos a malos tratos y violación sexual, y se ha dicho que las tropas del ejército ruandés se hallaban presentes en los campamentos y sus inmediaciones al tiempo que todo esto ocurría.

Según parece, algunos de los refugiados que se negaron a regresar fueron aprehendidos e internados en un campo de detención. Unos pocos miles consiguieron amparo temporal cruzando la frontera con Uganda, pero también en este país se les ha advertido que no se permitirá su permanencia. Otros fueron rechazados por las autoridades de Kenia.

Las condiciones en Ruanda, ¿ofrecían verdadera seguridad? ¿Regresaron los refugiados voluntariamente? Estas cuestiones elementales deberían haber informado cualquier decisión de repatriar a los refugiados, pero fueron ignoradas o tratadas con ligereza en la precipitación para cumplir con un calendario arbitrario. Suscita serias dudas sobre la integridad del sistema de protección de los refugiados el que descuidos tan pasmosos hayan sido siquiera posibles; sin mencionar el que hayan sido legitimados por el ACNUR, y aceptados tan fácilmente por la comunidad internacional. ¿Seguimos dispuestos a proteger a los refugiados o nos inclinamos por el retorno a toda costa, anteponiendo las consideraciones políticas y económicas a las de seguridad y derechos humanos?


ZAIRE Y BURUNDI: EXPULSIÓN Y RETORNO EN MEDIO DE LA VIOLENCIA

Tanzania no es el único capítulo de esta historia. En el segundo semestre de 1996, un elevado número de refugiados ruandeses fueron obligados a regresar desde Burundi y Zaire. Entre ellos se contaron al menos 75.000 refugiados que abandonaron Burundi en julio y agosto tras convertirse en blanco de amenazas y violencia por parte de las fuerzas de seguridad burundesas, y unos 700.000 que salieron de Zaire entre noviembre y diciembre. Cerca de un total de 1,3 millones de personas retornaron a Ruanda en 1996, un 20 por ciento de aumento en la densidad de la población de este país; hoy hay regiones de Ruanda en que el número de refugiados es mayor que el del resto de la población. Las repercusiones de esta situación podrían ser sumamente graves para una nación que aún está tratando de cicatrizar las heridas del reciente genocidio y apuntalar una sociedad desgarrada por la guerra civil.

Cuando estalló el combate al este de Zaire, millares de refugiados burundeses se vieron también obligados a abandonar la zona. Según los informes, fueron atacados por el ejército y grupos armados zaireños que trataban de hacerlos regresar y que incluso los entregaron al ejército de Burundi al cruzar la frontera. Al parecer, las tropas burundesas dieron muerte a más de 500 de los que regresaban; otros han "desaparecido".


NORMAS INTERNACIONALES

La comunidad internacional se apresuró a calificar de voluntario el retorno de los refugiados ruandeses. Este punto es de suma importancia, ya que la repatriación voluntaria ayuda a asegurar el respeto por los derechos y la dignidad de los refugiados y a posibilitar su reintegración a la sociedad.

El derecho internacional hace hincapié en el papel vital que desempeña la repatriación voluntaria en la protección de los refugiados. El ACNUR ha subrayado recientemente que «el principio del regreso voluntario es la piedra angular de la protección internacional con respecto al retorno de refugiados», en el que una "decisión con pleno conocimiento" y "libre elección" son de vital inportancia.

En la repatriación de los refugiados ruandeses desde Burundi, Zaire y Tanzania no figura ninguno de estos dos elementos. Es patente que los grupos extremistas aliados al ex gobierno y ejército ruandés ejercieron la coacción y el terror sobre muchos de los refugiados para obligarlos a permanecer en los campos. Pero los países de asilo y la comunidad internacional poco hicieron para detener esta intimidación; de haberlo hecho, habría sido posible determinar si los refugiados tuvieron o no la oportunidad de tomar una decisión bien informada.

Cuando les llegó el momento de regresar, la repatriación fue la única opción que se les presentaba: la elección no tuvo nada de libre. En Burundi, se pusieron en marcha para escapar de la persecución a manos del ejército burundés; en Zaire fue la única manera de sobrevivir los horribles ataques contra los campos y el peligro de morir de hambre; en Tanzania, el ejército se aseguró de que los refugiados se dirigían a la frontera y a ninguna otra parte.

Ya que no fue voluntaria, ¿fue al menos segura esta repatriación? Éste es el principal factor para la protección de los refugiados. La conclusión de que las condiciones en el país de origen se han vuelto suficientemente seguras para justificar el regreso debe basarse en la verificación de que se han producido transformacioens efectivas y duraderas de la situación de los derechos humanos. Cuando ello ocurre, la condición de refugiado deja de existir.

AI ha seguido con atención los esfuerzos e iniciativas del gobierno ruandés para mejorar la protección de los derechos humanos en el país. La tarea es abrumadora, y el gobierno ha hecho algunas promesas alentadoras, pero continúan registrándose graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo "desapariciones" y homicidios deliberados y arbitrarios. Por otra parte, la población penitenciaria ha llegado a 92.000, y una cantidad considerable de refugiados que han regresado de Burundi, Tanzania y Zaire han sido detenidos. Las condiciones carcelarias son infrahumanas, hasta el punto de no tiener ni espacio para acostarse.

Es posible que muchos de los detenidos hayan estado involucrados en el genocidio, pero también se cree que muchos otros son inocentes, como ha reconocido el gobierno. El sistema judicial de Ruanda, hoy en ruinas, no ha podido tramitar el número abultado de casos. Los juicios por genocidio han tardado dos años y medio en iniciarse y, aunque su comienzo representa un paso positivo, se abrigan graves dudas sobre la imparcialidad de las actuaciones. Es crucial que se apliquen las debidas garantías, dado que el castigo prescriptivo para las personas que sean declaradas culpables de planear y supervisar el genocidio será la muerte. En uno de los primeros casos tramitados, se impusieron dos condenas de muerte tras juicios que duraron apenas cuatro horas y en los que los encausados no disfrutaron de representación letrada.

En términos más generales, se anticipa que las necesidades elementales de la población que regresa a Ruanda serán difíciles de satisfacer. El Programa Alimentario Mundial habla de un «suministro de alimentos frágil e inestable». El ACNUR ve con inquietud que «las autoridades locales no tienen la capacidad de enfrentarse a todos los problemas que se están planteando: detenciones, orden público, ocupación e viviendas y de tierras, problemas sanitarios, registro y distribución de ayuda». Parece que en varias comunidades ya se observan tensiones preocupantes, y crece la posibilidad de estallidos de violencia.


PELIGRO E INSEGURIDAD PARA LOS QUE SE QUEDAN

Si la preocupación internacional se ha esfumado, la tragedia dista mucho de haber llegado a su fin. En todos los países de la región quedan elevados números de refugiados y desplazados internos. Nadie sabe con certeza cuántos. Lo que sí resulta claro es que muchos se han guarecido en regiones aisladas y remotas, fuera del alcance de la mayoría de las agencias de ayuda humanitaria, y siguen en peligro.


TANZANIA

A finales de enero había en Tanzania unos 230.000 refugiados hutus de Burundi, y todos los días llegaban más. Muchos eran refugiados desde hacía años, y entre 60.000 y 70.000 habían abandonado Burundi en noviembre y diciembre de 1996, cuando estalló la lucha armada en el este de ese país. Otros llegaron huyendo del conflicto en el este de Zaire en noviembre de 1996. También se escaparon a Tanzania unos 43.000 zaireños. Miles más de burundeses y zaireños llegaron entre enero y febrero de este año.

A finales de enero, el gobierno tanzano seguía permitiendo la permanencia de la mayoría de los refugiados, pero llegaban alarmantes informes sobre la devolución forzada de grupos de burundeses y sobre detenciones de refugiados zaireños y burundeses que habían abandonado los campos de Kigoma, lo que alimentaba el temor de que las autoridades tanzanas también impusieran una fecha límite para el retorno de burundeses y zaireños. Dada la situación explosiva reinante en Burundi y el este de Zaire, las consecuencias de una devolución forzada serían desastrosas.

La expulsión de dos grupos de refugiados burundeses --se cree que 174 personas-- del campo de Kitale, a principios de enero, ya ha dado lugar a una tragedia. Todos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad burundesas. Los 48 refugiados que integraban el primer grupo fueron expulsados de Tanzania alrededor del 5 de enero y los condujeron al campamento militar de Muyinga, en Burundi, donde los torturaron y asesinaron. El segundo grupo, de 126 refugiados, fue expulsado el 10 de enero y, salvo cuatro personas que habrían escapado, todos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad burundesas en la guarnición fronteriza de Kobero. Según informes, éstas alejaron de la escena a un funcionario del ACNUR antes de dar comienzo a los fusilamientos. Las autoridades de Burundi han manifestado que se ha detenido a seis o siete soldados en relación con estas muertes, a todas luces ejecuciones sumarias.

Pese a que el gobierno de Tanzania ha dado garantías de que se permitirá la estancia de los refugiados burundeses y zaireños, el ministro de Interior tanzano manifestó el 12 de enero que todos los refugiados burundeses debían registrarse en campos de refugiados antes del 18 de enero, y exhortó a los burundeses a considerar seriamente la posibilidad de regresar a su país, pues el peligro podía no ser tan grave como les habían hecho creer. AI temió que tales declaraciones fueran el preludio de planes para repatriar a un mayor número o a la totalidad de los refugiados burundeses. También se abrió el registro en los campos de los refugiados zaireños, lo que despertó inquietudes sobre el posible retorno al este de Zaire, donde la situación es peligrosa y muy inestable.

Para finales de 1996 era prácticamente completo el retorno de los refugiados ruandeses que habían estado internados en los campos de Tanzania. Pero se creía que todavía había miles de refugiados escondidos en el territorio de Tanzania, y las autoridades los buscaban. El ACNUR indicó que el 1º de enero quedaban 50.000 ruandeses en Tanzania.


ZAIRE

A principios de 1997, bastante más de un cuarto de millón de refugiados ruandeses y burundeses (el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, calcula que eran 270.000, y el ACNUR los estima en 330.000) permanecían en el este de Zaire, donde recibían escasa ayuda humanitaria. Muchos estaban enfermos o heridos, y en uno de los campos morían, al parecer, hasta 15 personas por día. Quedaba sin aclararse el paradero de muchos otros.

Mientras tanto, en el este de Zaire arreciaba el combate. El ACNUR observó que el conflicto dificultaba la asistencia a muchos de los refugiados, ya que para abrir corredores que llegaran a ellos era preciso atravesar una zona de guerra. Los campos de refugiados en Shabunda, Tingi-Tingi y Amisi están situados entre dos fuerzas enemigas, lo que hace temer que, una vez más, los refugiados queden atrapados entre dos fuegos y se conviertan en blanco de la violencia. Con el actual recrudecimiento del combate, decenas de miles han abandonado ya Shabunda y Tingi-Tingi, y aumenta la preocupación sobre la seguridad de los refugiados de Amisi.

A finales de diciembre, en vista de las condiciones de peligro y violencia, tanto el CICR como Médicos sin Fronteras retiraron de la zona al personal extranjero, y el ACNUR suspendió temporalmente sus actividades en las cercanías de Goma. El 15 de enero, el PAM suspendió los vuelos de ayuda humanitaria al este de Zaire cuando un avión que llevaba alimentos fue rodeado por grupos de refugiados y por las fuerzas militares zaireñas. Los funcionarios del PAM reconocieron que la suspensión resultaría catastrófica para los refugiados, ya que más de la mitad de los envíos de provisiones les llegaban por vía aérea. Ese día, el gobierno de Zaire anunció una suspensión de todos los vuelos a la zona por tres días. Con la creciente inseguridad en la región, todo el personal de asistencia internacional abandonó Amisi el 15 de enero y Tingi-Tingi, a comienzos de febrero.

En enero, el ACNUR hizo públicos sus temores sobre la seguridad de los refugiados que permanecían en Zaire: uno de los campos parecía estar bajo el control de extremistas hutus, por lo que los refugiados no tendrían libertad de elección sobre el regreso a Ruanda. El ACNUR exhortó a que se tomaran medidas para separar a los refugiados de los "intimidadores".

También causa consternación que se haya pasado por alto la situación de las personas desplazadas internamente en la región este de Zaire. Ya antes de que estallara el conflicto armado en octubre de 1996, más de 300.000 zaireños habían sido desplazados por la violencia y los abusos contra los derechos humanos en la región de Kivu Norte. No cabe duda de que esa cifra ha sufrido un incremento espectacular y que, indefectiblemente, de lanzarse una contraofensiva o recrudecerse el combate entre facciones, ha de crecer otra vez.


OTROS ESTADOS VECINOS

El 30 de septiembre de 1996, 392 burundeses fueron expulsados por la fuerza de Ruanda a la provincia de Cibitoke, en el noroeste de Burundi, donde son comunes los asesinatos por las fuerzas de seguridad y grupos de oposición armados. A mediados de 1996, hasta 4.000 burundeses habían huido a Ruanda tras matanzas en Cibitoke. A comienzos de 1997, se supo que las autoridades ruandesas se proponían cerrar un campo de refugiados y repatriar a 1.500, en la mayoría de los casos por la fuerza. Tras la protesta del ACNUR el gobierno aceptó reconsiderar su decisión, pero a finales de enero no había indicios claros de que las autoridades fueran a permitir su permanencia en Ruanda.

En Uganda, 3.000 refugiados ruandeses escapados de Tanzania se enfrentan con un futuro incierto. Las autoridades ugandesas han anunciado su intención de devolverlos a Ruanda o Tanzania. En Uganda ya residen otros 10.000 refugiados ruandeses que buscaron amparo allí en 1994 y 1995. Desde que estalló el conflicto armado en el este de Zaire, han llegado al oeste de Uganda miles de refugiados zaireños.

Cierto número de ruandeses que intentaron cruzar de Tanzania a Kenia fueron interceptados en la frontera; puede que otros hayan logrado entrar en el país, hacia Mombasa. En 1994 numerosos refugiados ruandeses llegaron a Kenia, donde las autoridades los han hostigado, deteniéndolos por periodos breves y amenazándolos con expulsión. También se sabe que se ha cobijado en Kenia cierto número de ruandeses sospechosos de haber desempeñado un papel importante en el genocidio; pero las autoridades kenianas no han hecho nada para investigar su participación, llevarlos ante la justicia o entregarlos al Tribunal Penal Internacional para Ruanda.


UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN

Un cálculo prudente, pues, arrojaría una cifra de medio millón, tal vez hasta 750.000 refugiados en la región procedentes de Ruanda, Burundi y Zaire. Un número similar podría haber quedado desplazado dentro de su propio país. La crisis humanitaria dista mucho de haber terminado.

¿Qué se puede hacer para que reciban la protección que necesitan y no sean abandonados con tan vergonzosa precipitación por sus países de asilo y la comunidad internacional?

* Hay que poner fin a las repatriaciones forzadas;

* Hay que esforzarse por localizar a los refugiados o desplazados que permanezcan ocultos en Zaire y Tanzania, para protegerlos de la violencia y los abusos y para que reciban adecuada asistencia humanitaria;

* Debe investigarse a los refugiados sospechosos de actividades delictivas y violencia y, de ser apropiado, retirarlos de los campos, acusarlos formalmente y someterlos a juicios imparciales y sin pena de muerte;

* Los países de asilo y el ACNUR deben comprometerse a que, hasta que el regreso no sea seguro, los refugiados sólo serán repatriados cuando realmente lo deseen;

* Cuando se juzgue posible un retorno seguro, los países de asilo, con la ayuda del ACNUR y la comunidad internacional, deben establecer procedimientos justos para abordar la cuestión de las personas que no estén dispuestas a regresar;

* Los Estados que alberguen una densa población de personas refugiadas o desplazadas deben poder satisfacer sus necesidades básicas y de protección;

* La comunidad internacional debe velar por que dichos Estados reciban apoyo económico y logístico;

* Todas las partes del conflicto en el este de Zaire deben observar los principios del derecho humanitario.


En el mundo de hoy hay por lo menos 15 millones de refugiados, y otros 20 millones de personas desplazadas internamente, todos ellos resultado de la inacción de un gobierno a la hora de proteger los derechos humanos.


Los refugiados tienen derecho a la protección internacional. Su temor a la persecución, la discriminación o las violaciones de derechos humanos debería garantizarles asilo. Pero los gobiernos, de más en más, se desentienden de sus obligaciones.


En respuesta a la crisis mundial de refugiados, AI emprende este mes una campaña en favor de sus derechos humanos, que están siendo amenazados, socavados o ignorados por gobiernos de todo el mundo. La campaña tiene tres objetivos principales:


* Impedir las violaciones de derechos humanos, para que nadie tenga que abandonar su hogar en busca de seguridad.


* Asegurar que se permite a los que huyen de abusos llegar a un lugar seguro, que se los protege efectivamente de la devolución forzada y que se les garantizan los principios mínimos de trato humanitario mientras están desplazados.


* Ejercer presión para que los derechos humanos sean una prioridad al considerar las cuestiones relativas a los refugiados, como los programas para el regreso a la patria, las transformaciones de la ley y la práctica internacionales en materia de refugiados, y la necesidad de protección de las personas desplazadas dentro de su propio país.


Pies de foto:

Del 15 al 19 de noviembre de 1996, cerca de medio millón de refugiados ruandeses regresaron de Zaire. A los pocos días les siguieron decenas de miles más.

© Rex Features/SIPA/T.Haley


Después de más de dos años en el exilio, los refugiados ruandeses tuvieron que abandonar Zaire debido a la espiral de violencia y los abusos brutales cometidos por todas las partes en conflicto.

Campos de refugiados en Zaire, 1996.

El campo de refugiados de Benaco, en Tanzania, antes de la expulsión masiva de diciembre de 1996.


Los ruandeses regresan. Gisenyi, Ruanda, noviembre de 1996.


AMNISTÍA INTERNACIONAL

Boletín Internacional - Llamada Internacional - Marzo de 1997


EGIPTO

Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez, de 18 años de edad, salió de compras del domicilio familiar en el distrito al-Marg de El Cairo la mañana del 18 de agosto de 1996. Al no regresar al cabo de unas horas, su familia averiguó por los vecinos que un grupo de agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad del Estado (SSI) habían detenido esa mañana en la zona a varios sospechosos de ser activistas islámicos. AI teme que Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez estuviera entre ellos.

Desde su "desaparición", los continuos esfuerzos de su familia por localizarla han resultado infructuosos. Al parecer otros detenidos en dependencias del SSI en El Cairo la habían visto y, en enero, les informaron que se encontraba en el ala femenina de la prisión al-Qanater al-Khairiya, en las afueras de El Cairo. El día 15, cuando trataron de visitarla, los hicieron esperar durante horas para después indicarles, sin explicación alguna, que no se encontraba allí, y les ordenaron abandonar el lugar de inmediato.

AI escribió al gobierno de Egipto el pasado 11 de diciembre pidiendo información sobre el paradero de Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez, pero a finales de enero aún no había recibido respuesta. Las personas detenidas en secreto están especialmente expuestas a que se las torture, por lo que AI teme que Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez haya sido torturada o maltratada después de su "desaparición", y permanece preocupada por su seguridad mientras sigue detenida.


+ Por favor expresen su preocupación por la "desaparición" de Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez y por su seguridad, y pidan al gobierno que haga público su paradero y, de no acusarla formalmente por un delito penal reconocido, la ponga en libertad de inmediato y sin condiciones. Pidan asimismo una investigación pública e imparcial de la "desaparición". Escriban a: H.E. General Hassan Mohammad al-Alfy/ Minister of the Interior/ Ministry of the Interior/ Al-Sheikh Rihan Street/ Bab al-Louk/ El Cairo/ Egipto. Télex: 21361 MOICM UN.

Pie de foto:Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez



TURQUÍA


El 28 de noviembre de 1996, hacia las 11 de la mañana, varios hombres con armas y radios --al parecer agentes de policía vestidos de civil-- allanaron el domicilio de Fahriye Mordeniz, de 55 años de edad, en Diyarbakir, y se la llevaron. Una hora antes, los mismos hombres habían detenido a su esposo, Mahmut Mordeniz, de 58 años de edad, mientras comerciaba en ganado en el concurrido mercado local. Cuando lo arrastraban del lugar, alguien preguntó a dónde lo llevaban. «Lo llevamos a que haga una declaración». Nadie ha vuelto a ver a la pareja.

Cuando la familia se presentó a una comisaría de policía de las cercanías, les comunicaron que la detención había estado a cargo de la "División Antiterrorista". Las peticiones elevadas después a los tribunales, fiscales y comisarías no recibieron más respuesta que el silencio o la negación de que se hubiera detenido a Fahriye y Mahmut Mordeniz. El temor impide prestar declaración a los numerosos testigos de la aprehensión. Un residente de Diyarbakir que había hecho averiguaciones sobre el caso de un familiar "desaparecido" corrió la misma suerte que su pariente, y se supo de al menos 11 "desapariciones" en la provincia de Diyarbakir a finales de noviembre de 1996.

La pareja tiene 10 hijos. Meses antes de que "desapareciera", Fahriye Mordeniz había sido detenida en Estambul, adonde se había trasladado para reunirse con uno de sus 11 hijos, que reside en el extranjero. La policía de Estambul sometió a los dos a interrogatorio, pero los puso en libertad poco después. A Mahmut Mordeniz nunca lo habían detenido antes.


+ Por favor escriban al primer ministro preguntando por el paradero de Fahriye y Mahmut Mordeniz y por las medidas tomadas para investigar su "desaparición": Mr. Mecmettin Erbakan/ Office of the Prime Minister/ Basbakanlik/ 06573 Ankara/ Turquía. Facsímil: +90 312 417 0476.



GUATEMALA


La antrópola Myrna Mack Chang murió apuñalada por un oficial del ejército en Ciudad de Guatemala el 11 de septiembre de 1990. Hasta ese momento estaba realizando estudios pioneros de las consecuencias del conflicto armado en el desplazamiento de poblaciones de zonas rurales.

En febrero de 1993, el ex sargento Noel de Jesús Beteta fue hallado culpable de la muerte y condenado a 25 años de cárcel. Al año siguiente, los tribunales iniciaron actuaciones judiciales contra tres militares de alta graduación, que fueron detenidos y puestos en libertad condicional después de que los acusaran de ordenar y planear el asesinato.

El 18 de diciembre de 1996, el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Reconciliación Nacional. Tras las críticas de organizaciones nacionales e internacionales sobre la imprecisión de la redacción y la posibilidad que dejaba abierta de que se diera una amnistía general a los agentes de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos, se introdujeron modificaciones para evitar que la exención de responsabilidad se aplicara a casos de desaparición forzada, tortura y genocidio, o casos en que no había una relación "racional y objetiva" entre la violación de derechos humanos y actos de contrainsurgencia. La falta de referencia específica a las ejecuciones extrajudiciales puede prestarse a la interpretación de que los responsables de estos delitos podrán disfrutar de inmunidad procesal.

En enero de 1997, los tres oficiales del ejército acusados de planear y ordenar la muerte de Myrna Mack solicitaron la amnistía acogiéndose a la Ley de Reconciliación Nacional. El caso de Myrna Mack será el primero en juzgarse desde que se aprobara esta ley, y podría sentar precedente para centenares de casos pendientes de violaciones de derechos humanos en Guatemala.


+ Por favor expresen preocupación por que no llegue a conocerse toda la verdad sobre la muerte de Myrna Mack si se concede impunidad a los responsables en aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional; pidan que se juzgue a todos los responsables de esta muerte y se compense a la familia de la víctima. Escriban al: Excmo. Sr. D. Álvaro Arzú Irigoyen/ Presidente de Guatemala/ Palacio Nacional/ 6 Calle y 7 Avenida/Zona 1/Ciudad de Guatemala/ Guatemala.


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