Document - Amnesty International News, February 1995. Vol.25, No.2.

Amnistía Internacional: Boletín, febrero de 1995

Noticias






[pie de foto:]Los padres de Yasser al-Zayyan lloran sobre el cadáver de su hijo. El joven palestino de 17 años resultó muerto cuando los soldados israelíes abrieron fuego contra los manifestantes que asaltaron un puesto de control israelí en la Franja de Gaza.

© Popperfoto



ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS

Los derechos humanos entre la espada y la pared


Los derechos humanos se enfrentan a una nueva crisis en Israel y los Territorios Ocupados, y están amenazados en las zonas sometidas a la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), según la delegación de AI que visitó la zona a finales del pasado año.

Las autoridades militares israelíes han utilizado una serie de atentados cometidos en octubre –incluyendo el secuestro de un soldado israelí por simpatizantes del grupo Hamas y el atentado suicida con bomba contra un autobús en Tel Aviv, en el que murieron 22 personas, como justificación para aumentar la represión.

El 19 de octubre, el primer ministro Isaac Rabin pidió leyes que permitieran endurecer el interrogatorio de sospechosos; al día siguiente, el ministro de Justicia declaró que ya había excepciones que permitían que los interrogadores actuaran “con eficacia” en determinados casos. En noviembre, afirmó que se había decidido “contribuir a reforzar las fuerzas para combatir la ola de terror...”

El gobierno israelí ha detenido a cientos de presuntos miembros de organizaciones islámicas, como Hamas y Yijad Islámica, y AI teme que el uso sancionado de un “aumento de la presión física” durante sus interrogatorios resulte en un mayor número de incidentes de malos tratos y tortura bajo custodia.

El estudiante Ahmed Said denunció que, tras su detención en octubre, lo privaron de sueño durante varios días, a veces con las manos atadas a las piernas, otras obligándolo a permanecer de pie hasta 20 horas seguidas. Sus interrogadores, que querían saber el paradero del activista de Hamas que presuntamente fabricó las bombas empleadas en los últimos atentados suicidas, le dijeron que si no cooperaba podían “dejarse ya de miramientos”.

Los palestinos sometidos a reclusión administrativa siguen privados de la posibilidad de defenderse ya que las autoridades israelíes suelen clasificar como secretas las pruebas de cargo. Decenas de estos reclusos han sido condenados por tribunales militares, en juicios en los que a menudo la única prueba de cargo son confesiones que podrían haberse obtenido bajo coacción.

Los soldados israelíes siguen dando muerte a civiles palestinos de forma ilegal, conculcando las directrices internacionales sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego.


LOS ABUSOS DE LA ANP

En la Franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha detenido a cientos de presuntos simpatizantes de grupos islámicos, como Hamas y Yijad Islámica. Detenidos arbitrariamente sin orden judicial, los afectados pasaron días, algunos hasta dos meses, en comisarías de policía sin acceso a abogados ni jueces.

Bajo las ”rdenes Militares israelíes, los palestinos podían permanecer hasta 18 días sin comparecer ante un juez; ahora, la legislación palestina sólo permite 48 horas. Sin embargo, Mustafá Sawwaf, director del diario al-Nahar (El Día), detenido el 13 de octubre en el curso de una redada que afectó a unos 200 islamistas en Gaza, estuvo 46 días recluido sin ver a su abogado ni a ninguna autoridad judicial.

Las fuerzas de seguridad palestinas también han cometido homicidios ilegales; en noviembre, por ejemplo, al tratar de disolver una manifestación islámica en Gaza, la policía abrió fuego contra los que arrojaban piedras, matando a 13 personas e hiriendo a unas 100, entre ellos muchos periodistas. La ANP creó una comisión judicial para investigar las muertes; AI ha solicitado que su informe se haga público.




AFGANISTÁN

La comunidad internacional guarda silencio ante el asesinato de civiles


Los delegados de AI regresaron en diciembre de los campamentos de refugiados afganos en Paquistán con escalofriantes informes de matanzas, detenciones arbitrarias y torturas realizadas por los grupos políticos armados en Afganistán.

Las facciones en lucha dentro del propio gobierno y los “señores de la guerra” de las provincias vagamente asociados a estas facciones ignoran los llamamientos internacionales por un alto el fuego. La comunidad internacional, que tan contundentemente ha denunciado las violaciones de derechos humanos de la población civil en otras partes del mundo, permanece prácticamente en silencio ante la catástrofe de Afganistán. Los Estados musulmanes que apoyan a una u otra facción tampoco han hecho nada para parar la matanza y la tortura.

La estructura política civil de Afganistán casi ha desaparecido y los grupos políticos armados actúan con total impunidad. El sistema judicial oficial está paralizado; según informes, en algunas zonas, los tribunales islámicos imparten una justicia sumaria que incluye flagelaciones y ejecuciones públicas.

Sólo en la capital, Kabul, han perdido la vida unas 15.000 personas desde 1992. Cientos de miles se han convertido en desplazados y miles más han “desaparecido”. La ciudad sufre continuos bombardeos y el pasado año padeció durante varios meses un virtual bloqueo de alimentos por las fuerzas leales al primer ministro Gulbuddin Hekmatyar, líder de una de las facciones.

Los grupos armados de cualquier facción política asaltan las viviendas de civiles, matando a los hombres que encuentran en ellas, confiscando propiedades y violando a mujeres y niños. Nahid, una muchacha de 16 años, se arrojó desde el balcón de un 5º piso para que no la violaran los muyajidines armados que habían irrumpido en su apartamento.

Todas las facciones poseen centros de detención particulares, donde se recluye a personas sólo por su opinión política, su religión o su origen étnico. Según declaraciones de ex detenidos, los golpeaban con culatas de fusiles, los mantenían durante días atados a cadáveres y los obligaban a comer lo que según sus captores era carne humana.

Los más afortunados han logrado, mediante sobornos, cruzar la frontera con Paquistán, y malviven en campamentos de refugiados, donde siguen recibiendo amenazas.



[pie de foto:]Un imán condena a muerte a dos hombres acusados de asesinato.



ESTADOS UNIDOS

AI testifica sobre las condiciones en el Pabellón "H"


En enero, AI prestó declaración en Dallas, Texas, ante la Asociación Correccional Norteamericana (ACA), una agencia privada que decide criterios normativos y administra la acreditación de establecimientos penitenciarios en Estados Unidos y Canadá. La ACA iba a considerar la reacreditación de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. El año pasado, al recibir el Informe 1994 de AI, que condenaba las condiciones del Pabellón "H" de esta penitenciaría como «crueles, inhumanas y degradantes» (véase Boletín, agosto 1994), la ACA había tomado la decisión sin precedentes de suspender la reacreditación hasta que se examinaran las condiciones en este centro.

A pesar de admitir que algunas de las condiciones violaban las Reglas Mínimas de la ONU así como sus propias normas, la ACA decidió esta vez conceder la acreditación. El Pabellón "H" confina a los reclusos (incluso a los condenados a muerte) en celdas subterráneas, sin ventanas, de 23 a 24 horas diarias, por periodos indefinidos, sin trabajo ni entrenamiento alguno.

Este mes, el nuevo Tribunal Constitucional de Sudáfrica comienza a estudiar la legalidad de la pena de muerte en la vista de las apelaciones de Themba Makwanyane y Mvuso Mchunu contra su condena a muerte. Los argumentos contra la pena capital se basarán en que infringe la prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes garantizada por la nueva Constitución. El fallo afectará a unos 450 presos condenados a muerte que aguardan ejecución en Sudáfrica.



NOTICIAS BREVES


Este mes, el nuevo Tribunal Constitucional de Sudáfrica comienza a estudiar la legalidad de la pena de muerte en la vista de las apelaciones de Themba Makwanyane y Mvuso Mchunu contra su condena a muerte. Los argumentos contra la pena capital se basarán en que infringe la prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes garantizada por la nueva Constitución. El fallo afectará a unos 450 presos condenados a muerte que aguardan ejecución en Sudáfrica.


Un vendedor de computadoras se ha convertido en el primer extranjero condenado a muerte en Filipinas desde la reinstauración de la pena capital a principios del pasado año. Hideshi Suzuki, de Japón, fue declarado culpable de narcotráfico y condenado el 7 de diciembre. AI se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia y teme que las actuaciones judiciales hayan podido verse afectadas por el hecho de que Suzuki no habla ni lee inglés.


En Brasil, un testigo clave del asesinato de ocho niños de la calle en 1993, que ha pasado a conocerse como la matanza de Candelária, resultó herido en un atentado en Río de Janeiro, pese a estar bajo la protección estatal. Cuando recuperó el conocimiento, Wagner dos Santos declaró a las autoridades que sus agresores eran policías vestidos de civil que dijeron que le disparaban por haber identificado a sus compañeros. AI ha pedido un programa efectivo de protección de testigos en Brasil.


El desprecio de las autoridades nigerianas por el Estado de derecho se ha hecho aún más patente en los últimos meses, en que nuevos decretos atan totalmente las manos de los tribunales en la defensa de los derechos humanos fundamentales. Uno de los decretos elimina la protección más fundamental frente a la detención arbitraria: el derecho de hábeas corpus. El decreto impide que los tribunales ordenen la comparecencia de los detenidos e impugnen las detenciones que practiquen las fuerzas armadas.


En diciembre, las fuerzas de seguridad de Bahrein dieron muerte a tiros a por lo menos cuatro manifestantes. Éstos protestaban contra las detenciones relacionadas con una petición al Emir para que reinstaurara el Parlamento (suspendido desde 1975). Detenciones en masa, incomunicaciones y torturas se han producido en vasta escala. AI ha pedido que se investiguen los homicidios de forma independiente; que se permita el acceso de los detenidos a abogados; y que se elabore una lista de todas las personas actualmente detenidas.





[pie de foto:]Madres y abuelas de los “detenidos-desaparecidos” protestan en Buenos Aires.


ARGENTINA

Perduran los fantasmas de la "guerra sucia"


Pese a los llamamientos del gobierno para que se perdonen y olviden los crímenes contra los derechos humanos cometidos en el pasado, los fantasmas de la guerra sucia se niegan a descansar en Argentina.Más de 9.000 personas “desaparecieron” entre 1975 y 1983.

Pruebas de las técnicas represivas empleadas por el régimen militar continúan saliendo a la luz. En octubre, por primera vez de forma oficial, un capitán de la Armada reconoció públicamente que ésta había torturado a presos durante sus operaciones antisubversivas. El capitán Antonio Pernías declaró que la Armada había empleado la tortura como “herramienta” durante los interrogatorios de presos.

Otro oficial de la Armada, el capitán Juan Carlos Rolón, manifestó que los “grupos de tarea” que participaron en las operaciones clandestinas de la guerra sucia eran parte integrante de las operaciones de la Armada.

Los dos oficiales siguen en activo, aunque el comité del Senado ante el que hicieron estas declaraciones denegó luego el visto bueno para su ascenso.

El presidente Carlos Menem, criticando la decisión del Senado, afirmó que era mejor olvidar el pasado, y declaró que era gracias a las fuerzas armadas que se había logrado la victoria en la guerra sucia que, había llevado al país «al borde de la disolución».

Las organizaciones argentinas de derechos humanos criticaron con dureza estas declaraciones y acusaron al presidente de perdonar los crímenes cometidos por la junta militar.

En noviembre, un juez condenó a dos ex comandantes en jefe de la Armada, Emilio Massera y Armando Lambruschini, a pagar un millón de dólares cada uno como indemnización por “daños materiales y morales” al único superviviente de una familia de cinco que “desapareció” durante la guerra sucia. E l Estado argentino fue condenado a pagar otro millón.

Ésta es la mayor indemnización que se haya concedido en un caso de “desaparición” y la primera sentencia que declara a ex oficiales del ejército responsables directos de los abusos cometidos por sus fuerzas. Al igual que otros miembros de la Junta, a Massera y a Lambruschini los encarcelaron al restaurarse la democracia. Lambruschini cumplió cinco años de una condena de ocho, y Massera fue perdonado por el presidente Menem.

El juez, comentando su decisión, alegó que se basaba en el principio del “derecho a la vida”. El juez resolvió que, dado que los dos ex almirantes habían ejercido los poderes máximos de la autoridad pública –y decidido efectivamente sobre la vida o la muerte del pueblo argentino–, el Estado debía asumir cierta responsabilidad por los abusos que cometieron. El gobierno ha recurrido la sentencia.

En agosto del año pasado surgieron nuevas pruebas sobre la suerte de cientos de niños “desaparecidos”. Ese mes, el general Cristiano Nicolaides, ex comandante en jefe del Ejército, declaró ante un tribunal que durante los años de gobierno militar, el ejército mantuvo expedientes de niños “desaparecidos” y registros escritos sobre los centros clandestinos de detención. El paradero de la mayoría de los niños “desaparecidos” bajo custodia durante esos años, muchos de los cuales probablemente viven aún, se desconoce.

Cerca de 150 nacieron en centros de detención clandestinos o en hospitales militares y fueron separados de sus madres. Algunos fueron adoptados de buena fe, pero otros se entregaron ilegalmente a militares.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, organización fundada en 1977 por las abuelas de los “desaparecidos”, han contribuido a la localización de más de 55 de estos niños. Algunos han sido devueltos a sus familias naturales.




SIERRA LEONA

El conflicto se extiende y mueren cientos de civiles


Cientos de civiles perdieron la vida o resultaron heridos el pasado año en ataques contra ciudades y pueblos o en las principales carreteras de Sierra Leona, en un conflicto que se extendió por todo el país. Miles quedaron desplazados.

Aunque el gobierno declaró responsables a las fuerzas rebeldes, cada vez hay más pruebas de que los ataques contra civiles y contra tropas gubernamentales son obra de soldados descontentos, algunos de ellos desertores. Según los testigos, algunos atacantes vestían uniformes completos del ejército y algunos “rebeldes” capturados o muertos tenían tarjetas de identidad militares.

El gobierno militar reconoció la existencia de “indisciplina” en el ejército y el gran número de soldados “descontrolados” en las zonas de conflicto. Doce soldados, entre ellos uno de 77 años de edad, fueron ejecutados en noviembre después de que un consejo de guerra los condenara, entre otras cosas, por colaboración con fuerzas rebeldes, robo con violencia y asesinato.

El conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y el grupo de oposición Frente Unido Revolucionario comenzó en 1991 y continuó pese al golpe militar que derrocó al gobierno en abril de 1992. Ambas partes han cometido graves violaciones de derechos humanos como tortura y asesinato de oponentes y civiles capturados.

Las tropas gubernamentales habían ganado de nuevo el control de la mayoría de las áreas rebeldes a finales de 1993, pero el combate se intensificó el año pasado y se extendió a nuevas zonas. Decenas murieron en ataques en los alrededores de Bo y Kenema a finales de diciembre.

Amnistía Internacional: Boletín, febrero de 1995

Llamada Internacional



TURQUÍA


Hayriye Gündüz fue golpeada con brutalidad por los gendarmes que la custodiaban en el Tribunal de Seguridad nº 3 de Estambul el 10 de octubre de 1994.

Hayriye aguardaba juicio, junto con otros 11 presos, por pertenencia a la organización armada ilegal Devrimci Sol (Izquierda Revolucionaria). Los presos, que estaban esposados y que ya habían sido sometidos a un registro, se negaron a someterse a otro antes de entrar en la sala, ante lo cual los gendarmes los agredieron con porras.

La agresión se produjo en presencia de tres abogados, que declararon que los gendarmes gritaron: “Saquen a los abogados, vamos a matar a éstos”. La policía de servicio en el tribunal echó a los abogados del lugar.

Los presos fueron golpeados en el corredor del tribunal durante unos ocho minutos; después los arrastraron a un patio, donde policías vestidos de civil y miembros de la Fuerza Móvil (escuadrón antidisturbios) les propinaron puntapiés y más golpes con porras.

Un certificado médico emitido el 20 de octubre por el Instituto Médico Forense estatal confirmó las lesiones de Hayriye Gündüz, incluyendo dos heridas que requirieron sutura.

Las personas detenidas o condenadas en virtud de la Ley contra el Terror son frecuentemente maltratadas cuando se encuentran a disposición de la policía o de los gendarmes.


POR FAVOR ESCRIBAN A: Mehmet Mogultay, Justice Minister, Icisleri Bakanligi, 06644 Ankara, Turquía, pidiendo una investigación exhaustiva e imparcial del caso. Mencionen que el incremento de ataques por gendarmes y policías sólo podrá pararse si las denuncias de malos tratos se investigan con prontitud y se castiga a los culpables.




TÚNEZ


Adel Selmi, académico tunecino residente en Francia, fue detenido el 10 de junio de 1994 en el aeropuerto de Túnez, durante una visita a su familia, y permaneció detenido ilegalmente en régimen de incomunicación 17 días, durante los cuales lo torturaron.

En julio lo juzgaron y condenaron. Es un preso de conciencia.

Adel Selmi fue acusado de delitos que incluían pertenencia a una organización no autorizada, participación en una manifestación no autorizada y colecta de fondos no autorizada. Selmi declaró ante el tribunal que durante el tiempo que estuvo detenido lo habían suspendido en posiciones retorcidas y le habían sumergido la cabeza en agua. Pese a que mostró al tribunal señales en las muñecas y tobillos, los jueces no ordenaron una investigación sobre estas denuncias de tortura.

Adel Selmi había realizado una confesión bajo custodia, de la que se retractó durante el juicio, afirmando que había firmado la declaración bajo coacción. El tribunal aceptó su confesión forzada como prueba y lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión.

Adel Selmi residía en Francia desde 1990 y cursaba estudios de doctorado en la École des Hautes Études de Sciences Sociales de París. Que se sepa, no ha recurrido nunca a la violencia ni propugnado su uso. Está recluido en la Prisión “9 avril”, de Túnez.

Varios tunecinos residentes en Francia han sido recientemente encarcelados durante sus visitas a Túnez en aplicación de una nueva ley que permite el procesamiento de tunecinos por actos cometidos en otro país y tipificados como delitos en la legislación tunecina, aun cuando no fueran punibles en el país en el que se realizaron.


POR FAVOR ENVÍEN LLAMAMIENTOS pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Adel Selmi, al Ministro de Justicia: M. Sadok Chaâbane, Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, Boulevard Bab Benat, Tunis, Túnez.




CAMERÚN


Che John Njiyang, un funcionario de Camerún, y su esposa, Mary Lum Njiyang, fueron detenidos el 1 de marzo de 1994, tras protestar ante la policía por la detención de un líder sindical. Los agentes golpearon a la pareja con la culata de una pistola, causando numerosos hematomas.

A Che John Njiyang lo desnudaron y lo arrastraron hasta una comisaría de policía, donde su esposa y él permanecieron detenidos cuatro días. Cuando Simon Nkwenti, otro líder sindical, acudió a preguntar por ellos fue detenido a su vez y golpeado hasta que perdió el conocimiento.

No se trata de casos aislados: la tortura y los malos tratos son habituales en Camerún. Unos estudiantes detenidos en enero de 1994 fueron golpeados brutalmente en una comisaría de policía de las afueras de Yaoundé, la capital. Un representante de la Procuraduría General que visitó una comisaría de policía de Yaoundé en octubre de 1994, acabó detenido, desnudo y golpeado. Seis policías fueron posteriormente detenidos. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida en otros casos de tortura, ni siquiera cuando ha causado la muerte de la víctima.

El maltrato de detenidos fue reconocido públicamente en julio de 1994 en un seminario para agentes de orden público. Unos meses antes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había deplorado los numerosos casos de tortura en el país.


POR FAVOR ESCRIBAN pidiendo garantías contra la tortura y los malos tratos y exigiendo que se juzgue a los torturadores, a: M. Paul Biya, Président de la République, Palais de l’Unité, Yaoundé, Camerún; y a M. Jean Fochivé, Secrétaire d’État à la Sécurité intérieure, Sûreté nationale, Yaoundé, Camerún.



ARABIA SAUDITA


Anmar al-Nas’ari, cuyo caso apareció en el Boletín de agosto de 1994, recuperó la libertad en diciembre. Nuestro agradecimiento a todos los que enviaron llamamientos en su favor.

Amnistía Internacional: Boletín, febrero de 1995

Enfoque





[pie de foto:]Flagelación: una práctica corriente en Sudán. Este hombre recibió 20 azotes por beber alcohol. ©Magnum



Vivir con miedo


Poco antes del amanecer del 30 de junio de 1989, efectivos del ejército sudanés al mando del general de brigada Omar Hassan Ahmad al-Bashir cerraron el aeropuerto de Jartum, la capital de Sudán, se apoderaron del palacio presidencial y del cuartel general del ejército y levantaron barricadas callejeras en toda la ciudad.

En unas pocas horas, los militares detuvieron a las principales figuras políticas, declararon el estado de excepción, suspendieron la Constitución, proscribieron los partidos políticos y los sindicatos, clausuraron la prensa independiente y prohibieron todas las asociaciones laicas. Los nuevos líderes anunciaron la formación de un Consejo de Mando de la Revolución de Salvación Nacional, para regir los destinos del país.

Llegaron así a su fin tres años de democracia pluralista en Sudán, el país más grande de África y uno de los más pobres del mundo, tres años durante los cuales el país había estado amargamente dividido. Las libertades políticas no habían sufrido mucho en la región norte, pero en el sur y en otras zonas de encarnizada lucha entre el gobierno y la oposición armada –el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS)– se habían cometido graves abusos.

El ascenso al poder de los militares marcó el comienzo de una nueva era de abusos de una magnitud sin precedentes, perpetrados por un gobierno que no se siente obligado a rendir cuentas de sus actos.

Los militares se han embarcado en una reforma de las instituciones sociales para conformarlas a su interpretación de la fe musulmana. La represión se ha convertido en el método de control social; hoy hay miles de presos políticos, muchos de ellos presos de conciencia; la tortura es una práctica generalizada y, a veces, fatal; el encarcelamiento político se produce tras juicios sin garantías, y las ejecuciones de presos, tanto políticos como comunes, se cuentan por decenas.

Desde la promulgación en 1991 de un nuevo Código Penal basado en la interpretación gubernamental de la Sharía (ley islámica), centenares de delincuentes comunes han sido flagelados, y un número desconocido de personas han sido sometidas a la amputación judicial de pies y manos.

Los dos bandos en conflicto han derramado sangre inocente. Las fuerzas de seguridad han lanzado ataques deliberados contra civiles, matándolos o expulsándolos de sus tierras y saqueando y destruyendo sus medios de subsistencia. Millares de personas han sido ejecutadas extrajudicialmente o han “desaparecido”.

Los dos facciones del EPLS, la facción “central” y la facción “unida” –que en septiembre de 1994 pasó a llamarse Ejército de Independencia del Sur de Sudán–, han atacado y dado muerte deliberadamente a civiles, iniciando un ciclo de violencia y represalias al enemistar a unas comunidades con otras. Ninguna de las dos facciones parece capaz de controlar a sus tropas.

El precio de la guerra en términos de sufrimiento ha sido inmenso, ya que todas las partes han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos y de los principios humanitarios que rigen los conflictos armados. Los ataques deliberados contra civiles por parte de las fuerzas gubernamentales y rebeldes han tenido consecuencias catastróficas en las zonas de conflicto.

La guerra ha mermado la capacidad de supervivencia de la población. Los servicios de salud se han interrumpido casi por completo, quedando expuestos los campesinos a epidemias que, en algunas zonas, habrían dado cuenta de más de la mitad de la población.

El gobierno militar ha tratado de desviar las críticas en materia de derechos humanos acusando a quienes las formulan de oponerse o insultar al Islam. Este mensaje, destinado a ganar el apoyo público, explota las creencias y los valores de la mayoría musulmana del país, así como de los musulmanes del extranjero.

Dos tercios de los 26 millones de habitantes de Sudán son musulmanes, pero existe en el país una extraordinaria diversidad religiosa y étnica. Se hablan unas 400 lenguas. El árabe es el idioma común de la mayoría, tanto en el norte como en el sur, y también constituye la lengua materna de muchos en el norte. La mayoría de éstos son musulmanes, y muchos se declaran de origen étnico árabe.

La región meridional posee mayor diversidad religiosa y étnica que la septentrional. Los grupos más importantes son el dinka y el núer, pero hay muchos otros. La mayoría de los sureños educados profesan el Cristianismo; algunos son musulmanes; y las zonas rurales poseen sus propias tradiciones religiosas.


[pies de foto:]Una anciana de Kordofán. ©Panos


La cámara de ejecuciones de la Prisión de Kóber. El método más común es el ahorcamiento. ©Mark Stucci


Un hombre del Nilo. ©Jean-Pierre Ribière



"A los opositores políticos los golpean, los ponen en libertad, los vuelven a encarcelar... Los detienen sin acusación, sin juicio, en cárceles civiles, en centros de detención secretos, en dependencias oficiales de seguridad..."


La sociedad civil corre peligro en Sudán. Esta situación obedece, en parte, al empeño oficial en aplastar la oposición política. Las autoridades han creado tenebrosas organizaciones de seguridad. La gente vive con miedo de que la denuncien. El debate político abierto ha cesado.

La legislación del estado de excepción prohíbe la oposición política, las huelgas y las reuniones políticas no autorizadas, y faculta a las autoridades a detener a cualquier persona o a limitar su libertad de movimiento sin necesidad de orden judicial. Aun en el caso de que se levantase el estado de excepción, la práctica de la detención sin cargos ni juicio ha quedado consolidada mediante la Ley de Seguridad Nacional, que confiere vastos poderes a los servicios de seguridad.

Desde 1989 han llegado al conocimiento de AI los nombres de unos 1.500 detenidos políticos recluidos en distintos periodos, principalmente en Jartum. Muchos de ellos fueron presos de conciencia. Éstos representan sólo una pequeña proporción del total de personas detenidas en todo el país.

La experiencia de Yousif Hussein es típica del duro trato infligido a muchos. Miembro destacado del Partido Comunista de Sudán, Yousif Hussein estuvo detenido sin cargos ni juicio desde enero de 1990 hasta abril de 1992, recobrando su libertad cuando su hermano pagó una suma en metálico como fianza. En junio de 1993, al morir su hermano, lo volvieron a detener de inmediato y sigue recluido sin cargos.

A los presuntos opositores políticos los golpean repetidamente, los ponen en libertad, los vuelven a encarcelar. Los detienen sin acusación formal, sin juicio, en cárceles civiles, en centros de detención secretos –conocidos como “casas fantasma”–, y en dependencias oficiales de seguridad como la jefatura de inteligencia de Jartum.

Después del golpe de Estado, la independencia del Poder Judicial se vio vulnerada por reformas constitucionales y por la creación de un sistema de tribunales paralelos bajo control militar, con procedimientos sumarios e injustos. El gobierno también ha reemplazado el cuerpo judicial con simpatizantes ideológicos, medida que, al ofrecerle una judicatura subordinada y servil, le ahorra el recurso constante a los tribunales militares.

Al mismo tiempo, el gobierno ha promulgado nuevas leyes y ha dictado otras medidas para asegurarse de que el control de los sindicatos, los medios de comunicación y las universidades quede en manos de sus simpatizantes.

El control oficial de los gremios ha permitido la detención e intimidación sistemática de activistas de la oposición. En 1992, por ejemplo, consiguió que sólo se presentasen a las elecciones sindicales conocidos simpatizantes del gobierno. Más de 50 sindicalistas fueron detenidos por protestar contra los procedimientos electorales.

Inmediatamente después del golpe de 1989, los militares clausuraron todos los periódicos, excepto las publicaciones de las fuerzas armadas, y detuvieron a varios periodistas. Desde entonces, los periodistas que han formulado críticas –aun aquellos que simpatizan con la ideología del gobierno–, han sufrido hostigamientos continuos.


LA "SALVACIÓN NACIONAL"

El gobierno militar de Sudán ha prometido una revolución de “Salvación Nacional”. El nuevo Código Penal basado en la ley islámica es uno de sus pilares. El Código Penal prevé penas crueles, inhumanas y degradantes como la flagelación, la amputación y la lapidación, y permite que se mutile o asesine a los presos como castigo por sus delitos.

El castigo por fabricar o consumir bebidas alcohólicas o usar ropa “indecente” consiste en 40 azotes, y la prostitución se pena con 100 azotes.

Cientos de hombres y mujeres han sido flagelados desde la introducción del Código Penal. También se han ejecutado penas de amputación, en la mayoría de los casos por hurto.

Varios delitos son punibles con la pena de muerte, entre ellos la participación en la guerra contra el Estado, la apostasía, el homicidio y la violación fuera del matrimonio. Se ha impuesto la pena capital a personas acusadas de malversación de fondos, contrabando de divisas, tráfico de narcóticos y otros delitos penales.

El gobierno ha empleado la pena de muerte para castigar a sus opositores. En abril de 1990, 28 militares fueron ejecutados tras ser declarados culpables de conspirar contra el gobierno.

Las disposiciones del Código Penal basadas en la ley islámica aún no se aplican en el sur del país. Muchas personas que no profesan la fe musulmana, oriundas del sur pero residentes o desplazadas en el norte, se sienten culturalmente discriminadas por un Código Penal derivado del Islam.


DECENIOS DE GUERRA

En abril de 1993, los efectivos de las Fuerzas Populares de Defensa (FPD) realizaron una redada en la localidad de Pankuel, en Bahr al-Ghazal. Los residentes se enteraron de que llegaban las tropas y se ocultaron en el monte, pero los invasores lograron capturar a 23 personas a quienes dieron muerte.

Akot Piny Acuar, que sobrevivió a la matanza, declaró después: «Las FPD los ataron espalda con espalda. Les ataron los brazos por detrás a la altura de los codos y les ataron las piernas a la altura de los tobillos y de las rodillas. Después les cortaron la garganta. El jefe Majok Majok oyó que estaban matando a la gente y vino del monte para tratar de detenerlos. Le pegaron un tiro en la cabeza y le sacaron las entrañas».

Esta historia se ha repetido innumerables veces en el curso del conflicto que ha devastado Sudán.

La guerra civil, que se remonta a 1956, ha durado casi 30 años. La fase actual del combate, que se libra entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes que controlan gran parte del sur, comenzó en 1983.

Es una guerra cruenta y despiadada en la que han perecido más de un millón de civiles. Es una guerra que ha generado millones de refugiados, y ha obligado a más de cinco millones de personas a depender de la ayuda humanitaria porque sus hogares, sus tierras, sus cosechas y su ganado han sido destruidos deliberadamente.

Una de las tácticas claves de la estrategia gubernamental ha sido el empleo de milicias para asistir al ejército regular. Desde 1984, sucesivos gobiernos han reclutado milicias que no han pasado de ser una turba indisciplinada, armada por el gobierno, que vive del saqueo. En 1989 el gobierno formalizó las milicias en las Fuerzas Populares de Defensa.

Las FDP han violado los derechos humanos impunemente, y han perseguido nuevos objetivos: destruir las comunidades rivales, hacerse con tierras y ganar influencia local, esclavizar a la población como mano de obra y a las mujeres jóvenes como “esposas” y concubinas.

Las fuerzas del gobierno han hecho gala de una brutalidad espeluznante, asesinando impunemente a prisioneros y a civiles indefensos. Los soldados no tienen incentivo alguno para respetar los derechos humanos: no se sabe de un solo miembro de las fuerzas de seguridad que haya sido castigado por violarlos.

A finales de 1991, las divisiones políticas internas en el movimiento rebelde permitieron que las fuerzas del gobierno comenzasen a ganar territorio en el sur, y el avance ha continuado. A principios de 1992, las fuerzas oficiales reconquistaron varias localidades sureñas. La facción “central” del EPLS respondió estrechando el sitio de Juba, la principal ciudad del sur, que había estado a punto de caer en sus manos a mediados de 1992. En junio y julio de 1992, las fuerzas del EPLS lograron penetrar en Juba en dos ocasiones, pero fueron rechazadas. Una vez recobrado el control de la ciudad, el ejército dio muerte a soldados del EPLS prisioneros, a civiles y a presuntos desertores de sus filas. Cientos de personas fueron detenidas y posteriormente “desaparecieron”, y se cree que, en su gran mayoría, fueron asesinadas.

Los asesinatos y las “desapariciones” en Juba revisten un significado especial, dado que no ocurrieron en una guarnición inaccesible o en una zona rural aislada, sino en presencia de numerosos testigos. Estas prácticas son indicativas del comportamiento de los militares en lugares más remotos, donde es aun menor la probabilidad de que se haga rendir cuentas de sus delitos a los que violan los derechos humanos.

Pese a los intentos de mediación de la comunidad internacional, la guerra continúa. Y los civiles indefensos siguen siendo uno de los blancos principales.


UN "NUEVO SUDÁN"

El EPLS propugna la formación de un “Nuevo Sudán”, pero desde su fundación en 1983 bajo el liderazgo del ex coronel del ejército John Garang de Mabior, el grupo ha violado los derechos humanos cínicamente y sin miramientos: ha encarcelado, torturado y ejecutado a sus disidentes, y comparte con el gobierno la responsabilidad de la destrucción masiva de comunidades rurales enteras.

En agosto de 1991, el EPLS se escindió en dos facciones rivales –divididas cada vez más según dos grupos étnicos–, cada una de las cuales se considera representativa del movimiento. La facción “central” está dominada por el grupo dinka, y la “unida” (inicialmente conocida como “Nasir”), encabezada por Riek Machar Teny-Dhurgon, pertenece al grupo núer. En septiembre de 1994, la facción unida cambió de nombre y pasó a llamarse Ejército de Independencia del Sur de Sudán (EISS).

Las dos facciones, que controlan la mayor parte de la zona rural del sur de Sudán y parte de las montañas Nuba, combaten entre sí y contra el gobierno. A finales de 1991, las fuerzas “Nasir” atacaron pueblos del grupo étnico dinka y colonias ganaderas controladas por la facción “central”, cobrándose la vida de más de 2.000 civiles indefensos y obligando a huir a 200.000 personas. En 1992, la facción “Nasir” atacó pueblos dinkas en Bahr al-Ghazal, con un saldo de decenas de muertos.

En 1992, y nuevamente en abril y mayo de 1993, la facción “central” asesinó a campesinos núer en el Alto Nilo. Centenares de civiles indefensos fueron asesinados y decenas de miles quedaron desplazados.

Ninguna de las dos facciones del EPLS ha investigado exhaustivamente las denuncias de violaciones de derechos humanos. Ninguna ha tomado medidas disciplinarias contra sus propios infractores. La administración de justicia, aplicada al antojo de los comandantes locales, es rudimentaria: los tribunales del EPLS no son ni independientes ni imparciales, y no se dispone de oportunidades adecuadas para apelar contra las sentencias, ni siquiera en el caso de la pena de muerte.


MUJERES EN PELIGRO

Las mujeres sudanesas han sufrido abusos a manos del gobierno y de las dos facciones del EPLS: las han detenido sin cargos ni juicio y las han azotado, violado, asesinado y vendido como esclavas domésticas; y representan una parte desproporcionada de la población desplazada y refugiada.

Cuando no siguen las directrices oficiales sobre vestimenta “decente”, las espera la flagelación. En Omdurman, una mujer recibió una multa y una pena de 35 azotes a finales de 1991 por usar pantalones. Posteriormente declaró:

«La furia me hizo hervir la sangre, y por eso no reaccioné bien. Tomé el látigo y lo retorcí. Entonces dos o tres policías me agarraron y me ataron las manos a la espalda. Me dieron 40 azotes... Yo le dirigí una mirada envenenada. Él se dio cuenta y me azotó cinco veces más.»

Muchos de los peores abusos contra la mujer se han perpetrado en las zonas bélicas del sur y en las montañas Nuba. Las tropas oficiales han ejecutado extrajudicialmente a miles de mujeres en sus ataques a las poblaciones. En las montañas Nuba, la política del gobierno militar ha sido desalojar pueblos enteros por la fuerza y reasentar a sus residentes en los llamados “pueblos de paz” controlados por el ejército y las Fuerzas Populares de Defensa. Esta práctica ha dado lugar a ejecuciones extrajudiciales, violaciones de mujeres y secuestros de mujeres y niños.

También se han recibido informes sobre violaciones de mujeres detenidas por los militares. Pero pocas mujeres están dispuestas a relatar sus experiencias debido al estigma social que crea la violación.

Las mujeres también se han visto atrapadas en la lucha entre las dos facciones del EPLS. En marzo de 1993, tropas de origen étnico dinka, de la facción “central” del EPLS, atacaron el pueblo de Pagau, en el Alto Nilo, colocaron en fila a 32 mujeres y las fusilaron disparándoles a la cabeza. El único delito de las víctimas era ser de etnia núer, lo que las volvía sospechosas de apoyar la facción “unida” del EPLS. En Paiyoi, una zona de asentamientos dispersos al noreste de Ayod, se informa que 36 mujeres fueron quemadas vivas.


LAS SEMILLAS DEL FUTURO

Durante los últimos cinco años, la comunidad internacional ha condenado repetidamente los graves abusos perpetrados por el gobierno de Sudán y por ambas facciones del EPLS. La Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU han aprobado resoluciones sobre esta cuestión. La ONU ha nombrado relatores y ha despachado enviados especiales. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han publicado numerosos informes.

El gobierno no es insensible frente a la presión internacional, y necesita captar el apoyo popular dentro del país. Hasta ahora, esto simplemente lo ha llevado a tomar medidas destinadas a velar la magnitud de la represión.

Algunas de estas medidas han afectado las características del cuadro de violaciones de derechos humanos. Hoy la mayoría de los detenidos no permanecen privados de libertad más que unos meses, si bien es cierto que, a veces, los vuelven a detener poco después de excarcelarlos. La restricción del movimiento de los presuntos opositores políticos se realiza ahora obligándolos a presentarse a diario ante las autoridades, en lugar de detenerlos formalmente.

Sin embargo, la presión mundial parece haberse detenido ante un invisible muro diplomático.

El nombramiento en 1993 de un relator especial de las Naciones Unidas para Sudán representó un paso importante, pero su labor y sus recomendaciones no han recibido seguimiento, ni mediante resoluciones de la ONU ni mediante la acción internacional. El gobierno se niega a cooperar con él.

Para labrar un futuro sólido para los derechos humanos en todo el país, es fundamental que se ponga término a la guerra. El cese de las hostilidades, especialmente mediante un acuerdo que garantice la protección de los derechos humanos, podría reducir la frecuencia de algunos de los abusos más graves.

No obstante, la cuestión de los derechos humanos en Sudán se extiende mucho más allá de los límites de la guerra. Hasta en las zonas menos afectadas por las actividades bélicas continúan cometiéndose graves abusos. Nunca se ha necesitado tanto realizar una vigilancia intensa, preferiblemente a cargo de un equipo de observadores civiles de la ONU. Para que Sudán tenga un verdadero futuro, debe implantarse en todas partes del país un verdadero respeto por los derechos humanos.


USTED PUEDE AYUDAR

Escriba al gobierno de Sudán y a las dos facciones del EPLS para que pongan fin a los abusos:

Lieutenant-General Omar Hassan Ahmad al-Bashir, President, People’s Palace, PO Box 281, Jartum, Sudán;

Dr. John Garang de Mabior, SPLA, Mainstream, c/o PO Box 39892, Nairobi, Kenia;

Dr. Riek Machar Teny Dhurgon, SPLA United (SSIA), c/o PO Box 30770, Nairobi, Kenia.


[pies de foto:]Pescadores dinkas en Apeth, Bahr al-Ghazal, en el sur de Sudán. ©David Stewart-Smith/Katz


Mezquita de Farouq, Jartum. ©Hutchinson

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE