Document - Amnesty International News Service 54/95

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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 54/95

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A:ENCARGADOS DE PRENSAÍNDICE AI: NWS 11/54/95/s

DE:OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO

FECHA:15 DE MARZO DE 1995


ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - SRI LANKA (este artículo se envía a los medios de comunicación de Sri Lanka a través del equipo de investigación); PAQUISTAN (este artículo se envía a los medios de comunicación de Asia); TOGO (este artículo se envía a los medios de comunicación africanos, mayoritariamente francófnos).



INTERNO


NOTA - DELEGACION A CHECHENIA


Recordamos a los encargados de prensa de las Secciones que se pongan en contacto con Sonia Bermejo, del SI, si quieren invitar a algún corresponsal de Moscú a la sesión de información del viernes 17 de marzo. Ella transmitirá los datos al equipo que está en Moscú, el cual se pondrá en contacto personalmente con los periodistas. No envíen invitaciones directamente, ya que se tratará con seguridad de una pequeña sesión informativa de prensa, y de no una conferencia de prensa como tal.



PARA SU INFORMACION


La carta enviada por Amnistía Internacional al director de The Sunday Times en relación con el artículo «Amnesty pays school bills of top staff» fue publicada el 12 de marzo.



COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES


Campaña de Mujeres - 7 de marzo - VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 12/95, 34/95, 37/95, 42/95 y 44/95


Brasil - 27 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 29/95


Ruanda - 6 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95


Siria - 11 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 32/95



COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS


Camboya - 14 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95


ACONTECIMIENTOS Y DELEGACIONES


NOTA: Los datos incluidos a continuación son sólo para su información, y es posible que no se lleve a cabo ningún trabajo de medios de comunicación sobre ellos. Por ello, les rogamos que no les den ninguna publicidad mientras el SI no les comunique nada nuevo al respecto.


DELEGACIÓN A BURUNDI 13 - 27 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95


DELEGACIÓN A KENIA 16 de marzo - 2 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95




NOTA DE EDAI: Todos los anuncios de envíos se refieren al inglés. Para los envíos de documentos traducidos, remítanse a nuestra lista de Correo Semanal.

Servicio de Noticias 54/95/s


INDICE AI: ASA 33/WU 05/95/s

15 de marzo de 1995


PAQUISTAN: ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA PONER FIN A LA OLEADA DE HOMICIDIOS EN KARACHI


La invitación del gobierno de Paquistán a que la policía se emplee «implacablemente» para reprimir la violencia puede interpretarse como una señal de que se tolerarán violaciones de derechos humanos ─en forma por ejemplo de torturas y malos tratos─, ha dicho Amnistía Internacional.


Benazir Buto, primera ministra de Paquistán, ha autorizado a la policía a emplearse «implacablemente» en Karachi siempre que sea necesario para controlar la escalada de violencia por motivos étnicos, religiosos y políticos, después de meses sin haber adoptado el gobierno medidas eficaces.


En una reunión celebrada el 11 de marzo, se amenazó a funcionarios de los gobiernos locales con destituirlos si no lograban restablecer en breve la ley y el orden. Desde entonces, más de 300 presuntos miembros de grupos armados han sido arrestados.


«La policía paquistaní recurre en ocasiones a torturas y a malos tratos para extraer información y confesiones, por lo que cabe temer que los detenidos estén expuestos a abusos contra sus derechos humanos», ha dicho Amnistía Internacional.


La organización de derechos humanos pide al gobierno que instruya al personal encargado de hacer cumplir la ley para que observe las garantías nacionales relacionadas con la detención, así como la prohibición de infligir torturas plasmada en la Constitución de Paquistán y en normas internacionales de derechos humanos.


Más de 300 personas han muerto en lo que va de año en tiroteos contra víctimas concretas en Karachi. El año pasado, más de 800 personas murieron en esa ciudad víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios perpetrados por grupos armados y de ejecuciones extrajudiciales llevadas a efecto por personal encargado de hacer cumplir la ley.


Miembros de grupos políticos y religiosos y de grupos étnicos minoritarios están expuestos a homicidio deliberado y arbitrario; los periodistas afrontan el mismo riesgo. Según informes, la policía permaneció impasible en incidentes ocurridos recientemente mientras grupos armados cometían con impunidad abusos contra los derechos humanos.


Amnistía Internacional pide una vez más al Gobierno de Paquistán que tome medidas eficaces para proteger la vida de los miembros de todos los grupos, ya sean étnicos, religiosos o políticos, que presumiblemente corren algún riesgo.


La organización de derechos humanos pide asimismo a todos los grupos armados enfrentados en Karachi que pongan fin a los homicidios deliberados y arbitrarios.


Información general


El 25 de febrero, unos 22 fieles chiítas fueron abatidos a tiros en los ataques perpetrados contra dos mezquitas en Karachi. Un líder de la organización chiíta Tehrik-i-Jafaria Pakistan murió como consecuencia de los disparos que le fueron asestados en Lahore el 7 de marzo. En los días siguientes, mataron a tiros a varios miembros de la mayoría sunita previamente identificados como tales. El 10 de marzo, 12 personas, entre las que había cinco niños, murieron al explotar una bomba en una mezquita chiíta en Malir, Karachi.


Al parecer, grupos políticos armados capturaron a varias personas a las que torturaron antes de darles muerte. El 22 de febrero, por ejemplo, un cuerpo acribillado a balazos fue arrojado de un coche en Nazimabad, Karachi. Médicos del hospital Abbasi Shaheed dijeron que la víctima había sido gravemente torturada antes de morir. El mismo día, se halló otro cadáver acribillado a balazos con las manos y los pies atados y el cuerpo cubierto de marcas de tortura.


El 8 de marzo, dos empleados del consulado de Estados Unidos murieron en Karachi al disparar los agresores contra su coche. Activistas armados de partidos sectarios saquearon y prendieron fuego a las oficinas en Karachi de los diarios The Nation y Nawa-i-Waqt. Varios periodistas fueron apaleados el 25 de febrero. Según informes, la policía no hizo nada por ayudar a los periodistas ni por capturar a los agresores de los empleados del consulado de Estados Unidos.


La Asociación de la Prensa de Paquistán, en una resolución del 28 de febrero, afirmaba: «El edificio del Nawa-i-Waqt ardió durante más de tres horas mientras las autoridades y fuerzas de seguridad locales no hacían nada por proteger de terroristas armados e incendiarios los edificios, el equipo, los archivos ni a los trabajadores del periódico . [...] Muchos sectores del mundo de la prensa opinan que la dureza de este atentado responde a la postura independiente que el periódico ha adoptado desde su editorial y en sus incisivos ataques contra diversas políticas gubernamentales».


El gobierno ha condenado el atentado contra las oficinas del periódico. Un agente de la policía fue privado temporalmente de su cargo a raíz del homicidio de los empleados del consulado de Estados Unidos. No obstante, pocos homicidios y ataques han sido adecuadamente investigados y muy pocos delincuentes han sido acusados y arrestados.



Servicio de Noticias 54/95


INDICE AI: ASA 37/WU 02/95

15 de marzo de 1995


SRI LANKA: AMNISTIA INTERNACIONAL PIDE QUE SE APLIQUE LA PRIVACION TEMPORAL DE FUNCIONES A LOS PRESUNTOS AUTORES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS


Amnistía Internacional pide al gobierno de Sri Lanka que proteja a los testigos que declaran ante las comisiones recientemente creadas para investigar homicidios políticos y «desapariciones» cometidos en el país en el pasado.


«Debe impedirse que los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos interfieran en las investigaciones que las comisiones llevan actualmente a cabo», ha dicho Amnistía Internacional. «Los testigos no deben temer violencia, intimidación ni represalias».


La organización envió la semana pasada cartas al presidente y al ministro de Estado para la Defensa instándoles a aplicar un mecanismo que permita a las comisiones garantizar con eficacia que, durante las investigaciones, los presuntos responsables son privados temporalmente de sus funciones.


Tres comisiones presidenciales de investigación se han creado este año para investigar «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales registradas desde el 1 de enero de 1988. A cada comisión le ha sido asignada un área geográfica del país; en la actualidad, están empezando a recopilar pruebas entre los familiares de personas «desaparecidas» y los testigos presenciales de las áreas correspondientes.


La Comisión Presidencial de Investigación sobre el Traslado Involuntario de Personas en las provincias central, noroccidental, norcentral y Uva empezó el lunes 13 de marzo a reunir pruebas en la ciudad de Kandy.


En varias de las muchas denuncias de «desapariciones» registradas en la región de Kandy en el período 1988-1989, según los informes de que dispone Amnistía Internacional, testigos presenciales y familiares mencionan a la Unidad Antisubversiva de la policía de Kandy como responsable de los arrestos y subsiguientes «desapariciones».


«Por lo que ha podido saber nuestra organización, varios miembros de esta unidad siguen actuando en la región y nos preocupa que puedan estar en condiciones de interferir en las investigaciones o de amenazar a testigos y familiares», ha dicho Amnistía Internacional.


Esta preocupación concreta se ve incluso acrecentada respecto a la región nororiental, donde no sólo se trata de miembros de la policía, sino también del ejército, de la Guardia Interior Local y de diversos grupos armados.


Tanto la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, de las Naciones Unidas, disponen que los sospechosos de haber cometido esas violaciones graves de derechos humanos deben ser privados temporalmente de cualquier función pública y de cualquier puesto de control o de poder, ya sea directo o indirecto, mientras dura la investigación.


Los instrumentos mencionados disponen asimismo que deben tomarse medidas para proteger a todas las partes implicadas en la investigación, a saber, el demandante, los asesores jurídicos y los testigos, así como a los encargados de llevar a cabo la investigación, de malos tratos, violencia, amenazas de violencia o cualquier otra forma de intimidación o represalia.



Servicio de Noticias 54/95/s


INDICE AI: AFR 57/WU 01/95/s

15 de marzo de 1995


TOGO: AMNISTIA INTERNACIONAL EXPRESA SU PRECUPACION POR LAS GARANTIAS DE DERECHOS HUMANOS


Dos representantes de Amnistía Internacional se encuentran en Togo del 9 al 16 de marzo de 1995 para asistir al 17º período ordinario de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Los delegados son Nicholas Howen, director del Programa de Asuntos Jurídicos y Relación con Organizaciones Internacionales de Amnistía Internacional, y Anita Vasisht, miembro del Equipo Jurídico.


Durante su estancia en Lomé, los delegados de Amnistía Internacional tienen previsto reunirse con Edem KODJO, primer ministro togolés, y con Kangni Gabriel AKAKPOVIE, ministro togolés de Justicia, para comentarles los aspectos de la situación de los derechos humanos que preocupan actualmente a Amnistía Internacional, como son el problema de la impunidad y el hecho de que el gobierno no haya investigado violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.


Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción ante la excarcelación de varios presos ─algunos de los cuales eran considerados presos de conciencia─ en virtud de una ley de amnistía general aprobada en diciembre de 1994 por el gobierno togolés. Sin embargo, preocupa a la organización que las disposiciones de dicha ley impiden, por otra parte, la investigación adecuada de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y el esclarecimiento de la verdad sobre la autoría de los hechos.


Preocupa asimismo a Amnistía Internacional que, aunque los casos de violaciones de derechos humanos parecen haber disminuido últimamente en Togo, ese país aún carece de medidas eficaces que garanticen el respeto por los derechos humanos y la protección de los mismos en el futuro.


Ante la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Togo en el pasado, Amnistía Internacional insta al gobierno togolés a que dé muestras de su compromiso con la protección de esos derechos impidiendo que cualquier presunto autor de violaciones de los mismos quede libre de persecución. La organización pide además al gobierno togolés que disponga la investigación inmediata, rigurosa e independiente de todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos y que procese sin excepción a los sospechosos de haberlas cometido, para acabar con el predominio de la impunidad.


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