Document - Weekly Update Service 49/92


Índice AI: NWS 11/49/92/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido



A:Encargados de Prensa


DE:Prensa y publicaciones


FECHA:10 de diciembre de 1992




SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 49/92


Este servicio de actualización semanal contiene puntos externos sobre la India (2), Tailandia, Siria y Venezuela.



INICIATIVAS DE PRENSA


Bosnia-Herzegovina - 21 de enero


La Sección suiza, junto con el SI, está organizando un acto de medios de comunicación en Ginebra como conclusión a la campaña de envío de cartas en favor de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia. Esperamos contar con unas 25.000 cartas de todo el mundo, que se utilizarán como oportunidad fotográfica visual que debería atraer a las emisoras de televisión. El SI invitará a los medios de comunicación internacionales, incluidas las agencias de prensa, la radio y la televisión; les animamos a que inviten a cualquiera de sus medios de comunicación que pueda estar interesado en asistir. Les enviaremos más información en cuanto se ultimen los detalles; mientras tanto, si tienen alguna duda rogamos se pongan en contacto con Daniel Bolomey, de la Sección suiza.



COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES


Australia - 27 de enero


Comunicado de prensa que acompañará a un documento sobre las muertes y los malos tratos de aborígenes bajo custodia.



COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS


Brasil - aún no se ha fijado la fecha(Información Nueva)


En un servicio de actualización semanal se publicará un punto que acompañará a un documento sobre las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de Brasil. Confiamos en que esté disponible en Brasil para coincidir con un concierto de derechos humanos que está previsto que se celebre allí; sin embargo, el concierto ha sido aplazado, y aún no sabemos cuándo se celebrará. Haremos cuanto podamos para asegurarnos de que las Secciones tienen el documento a tiempo.


* Cuba - 14 de diciembre *(Información Nueva)


ROGAMOS TOMEN NOTA de que la fecha de publicación del punto sobre Cuba (Índice AI: AMR 25/WU 01/92) incluido en el Servicio de Actualización Semanal NWS 11/48/92/s se ha cambiado al 17 de diciembre. Esto garantizará que el documento que lo acompaña estará traducido y llegará a las Secciones a tiempo.


Corea del Sur - 15 de diciembre(Información Nueva)


Se ha enviado una carta abierta a todos los candidatos de las elecciones presidenciales de Corea del Sur, previstas para el 18 de diciembre. La oficina de prensa del SI ha enviado a las Secciones esta carta en una nota urgente para los encargados de prensa. No tiene fecha concreta de publicación, pero el SI la enviará las emisoras de radio interesadas en Asia el día 15 de diciembre.


Racismo y malos tratos en Europa - 10 de febrero(Información Nueva)


Comunicado de prensa que acompañará a un artículo de la sección Enfoque y a una acción de campaña sobre los malos tratos relacionados con el racismo en Europa. Ha habido cierta confusión respecto a la fecha: se ha confirmado que será el 10 de febrero.


2. ASA 20/WU 08/92 EXTERNO

10 de diciembre de 1992



INDIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL SIENTE PREOCUPACIÓN POR LOS HOMICIDIOS A MANOS DE LA POLICÍA TRAS LA DEMOLICIÓN DE UNA MEZQUITA EN AYODHYA



Amnistía Internacional envió un telegrama al primer ministro Narasimha Rao el 9 de diciembre para manifestar su preocupación por los homicidios producidos tras la reciente destrucción de la mezquita de Babri Masjid en Ayodhya, localidad de Uttar Pradesh, el 6 de diciembre.


Se sabe que más de 600 personas han resultado muertas en la violencia desatada en el país desde el domingo. A Amnistía Internacional le preocupa el número de muertes producidas a consecuencia de los disparos de la policía contra los manifestantes y los que participaban en los disturbios. Esto sucedió en Bombay, donde al menos 40 personas resultaron muertas, algunas, según informes, por los disparos indiscriminados de la policía. La mayoría de las víctimas pertenecían a la comunidad musulmana.


Amnistía Internacional ha instado al gobierno a extremar las precauciones para evitar que en el futuro se vuelvan a producir muertes y para garantizar que las fuerzas de seguridad reciben instrucciones de no utilizar una fuerza mortífera excepto como último recurso, cuando se enfrenten a una situación en la que su vida peligre, y sólo tras haber hecho las debidas advertencias. Amnistía Internacional ha pedido también al gobierno que esclarezca la naturaleza de los cargos y las pruebas contra el dirigente de la oposición, L.K. Advani (que ha dimitido), contra Murli Manohar Joshi, dirigente del BJP, y contra otros miembros de este partido detenidos el 8 de diciembre de 1992.


La mezquita de Babri Masjid, edificada en el siglo XVI, ha sido destruida por unas revueltas hindúes, pero el gobierno indio ha asegurado que la reconstruirá; esta mezquita se alzaba en un lugar de Ayodhya donde, según se dice, nació el dios hindú Ram. Ayodhya se encuentra en Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India, gobernado por el partido de oposición Bharatiya Janata (BJP); este partido fue declarado ilegal por el gobierno central de Nueva Delhi cuando se negó a cumplir su compromiso de acatar la decisión del Tribunal Supremo que prohibía la construcción de un templo hindú en ese mismo lugar.


El BJP, que respaldaba la campaña iniciada hace tres años en favor de la construcción de un templo hindú, y el movimiento de renacimiento hindú Vishwa Hindu Parishad (VHP), que organizaba esa campaña, se habían comprometido ante el gobierno a que, el domingo 6 de diciembre, sólo participarían en unos rituales ceremoniales y no permitirían la destrucción de la mezquita y la edificación de un templo hindú en su lugar. Sin embargo, según los informes, cuando la multitud hindú irrumpió en la mezquita y la demolió, la Policía Armada Provincial se retiró tranquilamente y dejó el lugar totalmente indefenso.


3. ASA 20/WU 09/92 EXTERNO

10 de diciembre de 1992



INDIA: NUEVAS DENUNCIAS DE VIOLACIÓN POR PARTE DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO EN JAMMU Y CACHEMIRA



Amnistía Internacional ha instado al gobierno indio a llevar a cabo una investigación judicial exhaustiva sobre las denuncias de violación de al menos nueve mujeres -entre ellas una niña de 11 años- por soldados del ejército el 10 y 11 de octubre.


Según los informes, estas mujeres fueron violadas durante una operación de registro llevada a cabo por una unidad de la fuerza 22 de granaderos del ejército en la aldea de Chak Saidapora, a 4 kilómetros de Shopian, distrito de Pulwana, estado de Jammu y Cachemira. Hay pruebas fidedignas procedentes de diversas fuentes, entre ellas exámenes médicos llevados a cabo unas horas después del registro, que indican que al menos seis y posiblemente nueve mujeres fueron violadas por varios de los soldados de la unidad, compuesta, al parecer, por entre dos y tres docenas de soldados.


Una declaración oficial efectuada por las autoridades militares a Amnistía Internacional durante su reciente visita a Nueva Delhi confirma que el ejército llevó a cabo el registro en busca de un presunto militante. Según esa declaración, los familiares varones del sospechoso estuvieron presentes durante el registro, que no duró más de una hora y 35 minutos; los registros de las distintas casas fueron efectuados por los mismos tres soldados, por lo que, según las autoridades militares, "resulta inconcebible que cuatro hombres puedan haber participado en la violación de nueve mujeres en diferentes casas". El ejército afirma que dos de las mujeres implicadas son esposas de conocidos militantes y que sus declaraciones son parte de "una campaña de descrédito muy bien orquestada para dar una imagen maligna de las fuerzas de seguridad". No obstante, algunos altos funcionarios del gobierno admitieron que el ataque violó las normas que prohíben al ejército entrar en las aldeas durante las horas de oscuridad.


Amnistía Internacional ha recibido los testimonios de varias mujeres que afirman haber sido violadas o haber presenciado las violaciones. Una declaró: "Llegaron por la noche y se llevaron a mi marido. Dos se quedaron aparte, no registraron, pero me violaron. Uno me quitó la ropa. Eran soldados del ejército." Otra mujer, que afirma que dos de sus nueras fueron violadas en su presencia, dijo a un periodista, "Vinieron cuatro hombres del ejército. Tenían órdenes de registrar [dijeron]. Hicieron salir a mi padre y a mi hermano. Tenemos órdenes [de violarte], dijeron. [Yo dije]: Dispárenme, pero no me violen."


Según los informes, a primeras horas de la tarde de ese mismo día, 11 de octubre, un policía local de la comisaría de Shopian llevó a ocho mujeres de la aldea al hospital de sub-distrito de Shopian, y siete de ellas fueron examinadas inmediatamente por una doctora. Otras dos mujeres, en principio reticentes a ser examinadas, se sometieron también a un examen médico el 14 de octubre. Según los miembros de un grupo de libertades civiles que visitaron la región el 28 de octubre, la doctora que llevó a cabo el examen halló señales positivas de relaciones por la fuerza en seis de las mujeres, entre ellas una anciana de 60 años y una niña de 11 llamada Ziatoon y cuyo cuerpo mostraba también abrasiones y magulladuras. Las pruebas de microscopio de los tres casos restantes fueron negativas, pero los cuerpos de estas tres mujeres mostraban abrasiones y magulladuras que sugieren que ellas también fueron violadas.


Según los informes, estas nueve mujeres declararon bajo juramento ante el equipo de libertades civiles que visitaba la zona que los soldados las habían violado. También declararon que el 13 de octubre, por la mañana, unos oficiales del ejército habían acudido a la aldea para investigar y habían tomado nota de sus declaraciones; sin embargo, más tarde, ese mismo día, otro grupo de oficiales de menor graduación llegó y las amenazó para que retiraran sus declaraciones.


En vista de la gravedad de las denuncias y de las contradicciones entre la versión que da el ejército de lo sucedido y los testimonios proporcionados por las presuntas víctimas, Amnistía Internacional considera que debe llevarse a cabo cuanto antes una investigación judicial sobre estas denuncias; los resultados de esta investigación deben hacerse públicos, sin excepción, y deben tomarse todas las medidas necesarias para proteger a los testigos durante la investigación. Si se descubre que las denuncias tienen fundamento, los responsables deberán comparecer ante los tribunales, a ser posible ante tribunales ordinarios, y las víctimas deberán recibir una indemnización completa e inmediata.


4. ASA 39/WU 04/92 EXTERNO

10 de diciembre de 1992



TAILANDIA: UN OPOSITOR AL GOBIERNO TAILANDÉS CORRE PELIGRO DE SER DETENIDO



Amnistía Internacional escribió al rey Bhumibol Adulyadej el 8 de diciembre manifestando su preocupación porque el profesor Sulak Sivaraksa corre grave peligro de ser detenido y recluido como preso de conciencia cuando regrese voluntariamente a Tailandia, el 14 de diciembre. La organización ha pedido al gobierno tailandés que garantice que el profesor Sulak Sivaraksa no será detenido como preso de conciencia a su regreso al país, y que garantice que estará siempre a salvo de los malos tratos.


En septiembre de 1991, se informó que las autoridades militares tailandesas habían emitido una orden de detención contra el profesor Sulak Sivaraksa por unos comentarios realizados por éste sobre la monarquía y el ejército el 22 de agosto de 1991. Tras la emisión de la orden, que incluía los cargos de "lesa majestad", el profesor se ocultó y, posteriormente, abandonó Tailandia. Amnistía Internacional considera que, si se le detiene por esos cargos, el profesor Sulak Sivaraksa será un preso de conciencia, y la organización tendrá que pedir su libertad inmediata e incondicional.


Según los informes, la orden de detención contra Sulak Sivaraksa se basa en unos comentarios hechos por éste el 22 de agosto de 1991, durante una charla en la Universidad de Thammasaat. En ella, el profesor dijo que el pueblo de Tailandia debía "aceptar que el rey, el príncipe coronado y las princesas no son más que personas normales", y que creía que el rey estaba "abierto a las críticas honestas". Amnistía Internacional considera que el detenerle por sus comentarios sobre la monarquía sería una violación de su derecho a la libertad de opinión y de expresión. La organización, por tanto, insta a que no sea detenido por este motivo.


El profesor Sulak Sivaraksa habló también de cómo el general Suchinda y el general Sunthorn habían visitado Birmania para hablar con los dirigentes de la junta militar de este país inmediatamente antes de llevar a cabo un golpe de Estado militar en Tailandia el 23 de febrero de 1991; en ese golpe fue derrocado el gobierno civil designado por elección. El profesor Sulak preguntó: "¿Fueron a Birmania a aprender cómo llevar a cabo el golpe?". También denunció que el gobierno birmano y el tailandés "están trabajando juntos en la explotación forestal, la pesca y el comercio de armas".


Amnistía Internacional insta a que, si el profesor Sulak Sivaraksa va a ser acusado de "difamación", reciba un juicio justo en el que pueda ser declarado inocente -si se juzga que sus comentarios son ciertos o que constituyen un simple comentario hecho de buena fe sobre cuestiones susceptibles de ser criticadas públicamente- tal como estipula la ley tailandesa. Amnistía Internacional insta también a que el profesor Sulak disponga de todas las garantías respecto a su integridad física en caso de ser detenido.


5. MDE 24/WU 05/92 EXTERNO

10 de diciembre de 1992



SIRIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL VISITA SIRIA



Dos delegados de Amnistía Internacional están realizando una visita de unos diez días a Siria para asistir como observadores a unos juicios ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado de Damasco. Los acusados en estos juicios son presos políticos que llevan largo tiempo detenidos, muchos de los cuales son presos de conciencia adoptados por Amnistía Internacional. Durante su visita, los delegados no estarán autorizados para efectuar ninguna declaración pública y, a su regreso, presentarán un informe al Secretario General de Amnistía Internacional.


6. AMR 53/WU 04/92 EXTERNO

9 de diciembre de 1992



VENEZUELA: AMNISTÍA INTERNACIONAL SIENTE PREOCUPACIÓN POR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS TRAS EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO



Amnistía Internacional siente honda preocupación por los informes sobre los homicidios de unas cuantas personas en circunstancias que sugieren que pueden haber sido ejecutadas extrajudicialmente por miembros de las fuerzas de seguridad tras el intento de golpe de Estado del 27 de noviembre. La organización siente además preocupación por la seguridad de centenares de personas detenidas como sospechosas de haber participado en la rebelión.


El 27 de noviembre, varios miembros de las fuerzas armadas de Venezuela intentaron derrocar al gobierno civil designado por elección de Carlos Andrés Pérez, por segunda vez en lo que va de año. El intento de golpe fue controlado por las fuerzas leales ese mismo día y, según los informes, durante esas horas se produjeron varios enfrentamientos armados y el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, fue bombardeado por aviones rebeldes. Al menos 20 soldados murieron en los enfrentamientos y, según los informes, al menos 130 civiles resultaron muertos sólo en Caracas. Un número aún no determinado de civiles murió a consecuencia del fuego cruzado entre las tropas rebeldes y las fuerzas leales, o a consecuencia de los bombardeos aéreos.


En la prisión de Caracas Retén de Catia, al menos 63 presos resultaron muertos a manos de agentes de la Policía Metropolitana (PM) y la Guardia Nacional (GN). Según los informes, la policía atacó la prisión el 27 de noviembre para controlar una fuga que, según las autoridades, había sido organizada en relación con la rebelión militar. Según los informes, muchos de los reclusos fueron víctima de ejecuciones extrajudiciales. Esto parece haber sido confirmado por el informe forense, que afirmaba que se habían encontrado heridas de bala por la espalda en muchos de los cadáveres.


El 27 de noviembre, el presidente de Venezuela anunció el toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, así como la suspensión de una serie de garantías constitucionales, entre ellas el derecho a no ser detenido excepto con una orden judicial o in flagrante delicto. Al menos 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad que se creía que habían participado en el golpe, entre ellos algunos de sus dirigentes, fueron detenidos. Multitud de civiles, entre ellos estudiantes, profesores de universidad y dirigentes comunitarios, fueron detenidos también en decenas de ataques. Según los informes, la mayoría de los civiles detenidos permanecen recluidos en manos de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DSIP), mientras que los miembros de las fuerzas de seguridad están bajo custodia de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).


El 29 de noviembre, el gobierno anunció que todos los detenidos en relación con la rebelión serían juzgados sumariamente ante tribunales militares. Según los informes, los detenidos han permanecido en régimen de incomunicación. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de los detenidos, y también por la posible falta de independencia y objetividad de los juicios sumarios a que van a ser sometidos.


El 3 de diciembre, Amnistía Internacional escribió al presidente Carlos Andrés Pérez para manifestarle su inquietud por las violaciones de derechos humanos de que se han recibido informes tras el intento de golpe de Estado. La organización ha pedido al gobierno de Venezuela que adopte una serie de medidas urgentes para evitar futuros abusos a manos de las fuerzas de seguridad, y que haga comparecer ante los tribunales a los responsables de los abusos ya cometidos. También ha pedido al gobierno que garantice que la suspensión de las garantías constitucionales no llevará a nuevas violaciones de derechos humanos -incluida la tortura a los detenidos- y que el derecho de hábeas corpus de los detenidos será respetado.


Amnistía Internacional ha pedido además al gobierno que garantice que los representantes de la Fiscalía General de la República, encargados de proteger los derechos de los detenidos y los reclusos, tendrán acceso sin restricciones a todos los detenidos, tanto los civiles como los miembros de las fuerzas armadas. La organización ha pedido también a las autoridades que adopten medidas efectivas para garantizar un examen forense adecuado de todos los fallecidos, incluidos los que resultaron muertos en Retén de Catia. La organización ha declarado que en ninguna circunstancia deben deshacerse de los cadáveres antes de su autopsia e identificación, y ha recomendado que se utilicen unidades móviles de refrigeración para evitar la descomposición de los cuerpos a consecuencia de la saturación de los depósitos de cadáveres.

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