Document - Amnesty International News Service 45/95

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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 45/95

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A:ENCARGADOS DE PRENSAÍNDICE AI: NWS 11/45/95/s

DE:OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO

FECHA:2 DE MARZO DE 1995


ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - COREA DEL SUR (este artículo se enviará a los medios de comunicación surcoreanos y la Sección británica probablemente lo enviará a medios de comunicación británicos seleccionados); SAMOA OCCIDENTAL (este artículo es de especial interés para las Secciones neozelandesa y australiana)


INTERNO: Punto 12; Declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (para su información: este artículo se ha enviado a gobiernos, etc).


NOTA: El presidente Kim de Corea del Sur va a visitar los siguientes países: Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Bélgica y la República Checa. Esto brindará a las respectivas Secciones la oportunidad de utilizar durante su visita el comunicado de prensa que se adjunta.


COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES


Campaña de mujeres - 7 de marzo - VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 12/95, 34/95, 37/95, 42/95 y 44/95


Brasil - 27 de marzo - VÉASE SERVICIOS DE NOTICIAS 29/95


Ruanda - 6 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95


Siria - 11 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS

32/95


COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS


CAMBOYA - 14 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95


ACTOS Y VISITAS


Nota: La información que ofrecemos seguidamente es sólo para su información. Todavía no se sabe si habrá trabajo con los medios de comunicación o no. Les rogamos que no divulguen nada hasta nuevo aviso del SI.


VISITA A KENIA 16 de marzo - 2 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95


VISITA A BURUNDI 27 de febrero - 14 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95


NOTA DE EDAI: Todos los anuncios de envíos se refieren al inglés. Para los envíos de documentos traducidos, remítanse a nuestra lista del correo semanal.

ÍNDICE AI: ASA 25/WU 02/95Servicio de Noticias 45/95

2 DE MARZO DE 1995


corea del sur: Amnistía Internacional pone los derechos humanos en el programa de reuniones del presidente surcoreano con dirigentes europeos




Mientras el presidente surcoreano Kim Young sam inicia hoy un viaje en el que se reunirá con los gobernante de seis países europeos, Amnistía Internacional está intentando que los derechos humanos aparezcan en el programa.


«Aunque el presidente Kim Young sam prometió una nueva era de libertad y democracia al acceder al poder en febrero de 1993, las reformas en favor de los derechos humanos se han pasado por alto en gran medida», ha dicho Amnistía Internacional. «Decenas de presos de conciencia continúan encarcelados y en los últimos 12 meses se han producido nuevas detenciones».


La Ley de Seguridad Nacional cada vez se utiliza más para encarcelar a las personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Mientras que el gobierno surcoreano alega que esta ley es necesaria para proteger la seguridad del Estado, a causa de la tensión en la península coreana, muchas de sus disposiciones vulneran las normas de derechos humanos.


Durante 1994, decenas de personas fueron detenidas y encarceladas como presos de conciencia al amparo de la Ley de Seguridad Nacional. Muchas de estas personas fueron acusadas de pertenecer a grupos que presuntamente eran pro-norcoreanos, de difundir material izquierdista o de expresar su condolencia por la muerte del presidente norcoreano Kim Il Sung. A fines de año, había unos 500 presos políticos en Corea del Sur, casi el doble que el año anterior.


Uno de estos casos es del Ahn Jae ku, de 62 años y profesor de matemáticas. Fue detenido en junio de 1994 y condenado a cadena perpetua por sus actividades «anti-Estado», que en realidad sólo consistieron en ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Con anterioridad ya había pasado casi un década encarcelado. Su futuro es incierto.


Decenas de presos más, condenados a cadena perpetua por gobiernos anteriores, continúan encarcelados con pocas esperanzas de ser liberados. Fueron condenados en juicios que no reunieron los requisitos establecidos por las normas internacionales. Entre ellos están Kim Song man y Hwang Tae kwon, detenidos en 1985 y condenados por «espionaje», y Yu Chong sik, que lleva en prisión 19 años y cuya salud es precaria.


En Corea del Sur se encuentran recluidos dos de los presos de conciencia que más tiempo llevan cumpliendo condena del mundo, Kim Sun myung y Ahn Hak sop llevan recluidos más de 40 años prácticamente incomunicados del exterior. Las autoridades no aceptaran liberarlos bajo fianza por su negativa a firmar una declaración de «conversión» por la que renuncian a sus creencias comunistas.


Las personas detenidas al amparo de la Ley de Seguridad Nacional pueden estar detenidos hasta 50 días sin cargos. Es habitual que la policía o la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional, el principal organismo de inteligencia de Corea del Sur, les prive de sueño durante los interrogatorios. Algunos son golpeados, amenazados y coaccionados para que firmen una «confesión».


Los poderes excesivos de investigación de la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional en los casos que afectan a la seguridad nacional ha provocado una situación de abusos inquietante. En octubre de 1994, un ex informante de la Agencia admitió en público que había colaborado en la fabricación de cargos de «espionaje» contra Kim Sam sok, preso de conciencia de 28 años, que en la actualidad está cumpliendo una pena de prisión de cuatro años al amparo de la Ley de Seguridad Nacional


La preocupación por la pena de muerte también ha aumentado en 1994, debido a la ejecución en octubre de 15 personas en un solo día. Aproximadamente otras 50 personas continúan condenadas a la pena capital por asesinato.


Con ocasión de la visita del presidente Kim Young sam a Europa, Amnistía Internacional ha renovado sus llamamientos a los dirigentes de los gobiernos europeos para que planteen estas preocupaciones respecto a Corea del Sur en sus reuniones con sus colegas surcoreanos.


ÍNDICE AI: ASA 45/WU 01/95Servicio de Noticias 45/95

2 DE MARZO DE 1995



SAMOA OCCIDENTAL: LOS CARGOS DE SEDICIÓN CONTRA DOS DIRIGENTES POLÍTICOS DEBEN RETIRARSE


Amnistía Internacional ha dicho hoy que los cargos de sedición contra dos dirigentes políticos que participaron en una manifestación política constituye una denegación fundamental de la libertad de expresión y de asociación.


La organización cree que si el gobierno de Samoa Occidental no puede acusar a estos dos hombres de un delito tipificado en el Código Penal, se deben retirar los cargos actuales.


Para Amnistía Internacional «ningún gobierno debe aprobar leyes que criminalicen la libertad de expresión y lleven al encarcelamiento de presos de conciencia».


Faamatuainu Tala Mailel es ex parlamentario y presidente de Tamua and Pule, el grupo político tradicional de jefes principales. Él y otro miembro del grupo, Toalepailalii Toesuluslu, fueron acusados en relación con una manifestación pacífica contra los impuestos que tuvo lugar en marzo del año pasado.


Algunos de los cargos contra los dos hombres son muy vagos. Están acusados de «pronunciar palabras sediciosas con la intención de provocar el descontento con el gobierno de Samoa Occidental» y de «publicar una declaración de prensa que contenía injurias sediciosas para provocar el descontento». Estas acusaciones implican un máximo de dos años de cárcel.


Según los informes, la policía local ha negado que los cargos se presentaran como una advertencia contra las personas que pretendían participar en otra marcha de protesta, pero Amnistía Internacional teme que los cargos se han presentado por motivos políticos. La organización considera que las leyes bajo las cuales se ha juzgado a los dos hombres pueden vulnerar las normas internacionales de derechos humanos.


La Constitución de Samoa Occidental y el derecho humanitario internacional garantizan la libertad de asociación y de expresión. En febrero, Amnistía Internacional escribió al gobierno de Samoa Occidental para expresarle su preocupación por el caso de estos dos hombres. El gobierno ha negado que se hayan violado los derechos humanos de estos dos hombres y dijo que ellos habían vulnerado la ley.

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

51º Periodo de Sesiones

Tema 12 del Programa



Fecha: Febrero de 1995





LAS EXCUSAS DE LOS GOBIERNOS ANTE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Y EL DEBER DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ACTUAR






Señor Presidente:


Enfrentados a pruebas sustanciales de violaciones a los derechos humanos, los gobiernos contraatacan a menudo con toda una gama de excusas para oscurecer o negar la brutalidad del trato a que someten a sus ciudadanos. Con harta frecuencia, los miembros de esta Comisión aceptan estas excusas sin más, especialmente cuando su silencio favorece presuntos intereses económicos y estratégicos de sus propios países.


Es un mito que el narcotráfico haya sido la causa principal de la violencia política en COLOMBIA. La mayoría de los homicidios políticos son obra del ejército y de sus aliados paramilitares. El pasado año, más de 1.000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Al menos otras 100 "desaparecieron" mientras se hallaban en detención. Cientos de presos sufrieron torturas. El gobierno del presidente Ernesto Samper ha reconocido la gravedad de la crisis de derechos humanos, ha abierto las puertas a los expertos de la ONU y de Amnistía Internacional, y ha anunciado un programa de derechos humanos. Sin embargo, los compromisos públicos no reducirán el número de personas ejecutadas extrajudicialmente, "desaparecidas" o torturadas hasta que el gobierno ataque la impunidad de que goza el ejército.


Amnistía Internacional pide una acción enérgica de la Comisión. Este alto nivel de atención es esencial para asegurar que el gobierno cumpla sus promesas de reforma. El gobierno debe poner en práctica las recomendaciones de los relatores temáticos que visitaron el país el pasado año e invitarles a regresar este año para comprobar los avances.


En INDONESIA, el gobierno rechaza las críticas a su actuación en el ámbito de los derechos humanos alegando motivaciones políticas o injerencia en sus asuntos internos. Aunque la visita a Timor Oriental del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias fue una medida bien recibida, es inquietante que el gobierno haya rechazado su informe y sus recomendaciones por «desequilibradas y no fundadas en hechos». Mientras tanto continúan produciéndose en Timor Oriental graves violaciones de derechos humanos, como son las ejecuciones extrajudiciales. Estas violaciones dan crédito a las conclusiones del Relator Especial y subrayan la urgente necesidad de que se cumplan sus recomendaciones. El gobierno no ha comenzado siquiera a cumplir más que una de las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura tras su visita de 1991 a Timor Oriental.


Las violaciones graves de derechos humanos en todo el archipiélago, incluyendo Timor Oriental, Aceh, Irian Jaya y Java, constituyen una parte constante de la respuesta oficial de Indonesia a la oposición política y una forma de eliminar presuntos obstáculos al desarrollo económico. La cumbre de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico celebrada el pasado mes de noviembre en Yakarta fue uno de los últimos pretextos para la represión. Ésta se tradujo, entre otras cosas, en un ataque contra la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Críticos del gobierno, activistas sindicales y otros, sufrieron detenciones arbitrarias, algunos fueron víctimas de torturas y malos tratos y otros fueron condenados tras juicios sin las debidas garantías. Amnistía Internacional considera que la Comisión tiene el deber de abordar la ya larga constante de violaciones graves de derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental.



Señor Presidente:


La violencia política representa uno de los desafíos más serios para los derechos humanos y el derecho humanitario a nivel internacional. Amnistía Internacional no tiene postura en lo que respecta a la legitimidad del recurso a la violencia con fines políticos. A los gobiernos les resulta difícil a veces aceptar que las organizaciones no gubernamentales no condenen a sus opositores tachándolos de "terroristas", pero nuestro empleo de la expresión neutra "grupo armado de oposición" tampoco confiere legitimidad alguna. Sin embargo, sí condenamos claramente y actuamos contra los abusos del derecho humanitario que cometen los grupos armados de oposición.


En situaciones de conflicto armado interno, tanto los gobiernos como sus oponentes han de respetar las obligaciones legalmente vinculantes que establece el derecho humanitario internacional. Además de esto, los gobiernos --que son quienes las han adoptado--, están obligados a cumplir las leyes internacionales de derechos humanos. Sobre los gobiernos pesa la prohibición de suspender determinados derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas, incluso en situaciones de emergencia que amenacen la vida de la nación. La violencia de los grupos de oposición nunca puede justificar la abdicación de estos principios fundamentales. Los abusos que cometen tales grupos no deben utilizarse jamás para distraer la atención de las violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos, y menos aún para justificarlas. Son los gobiernos quienes han de responder ante esta Comisión del incumplimiento de los compromisos más fundamentales que han contraído en virtud del derecho internacional.


En ARGELIA, decenas de miles de personas han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad y de los grupos armados de oposición islámicos en los últimos tres años. Aunque las autoridades han asegurado que las víctimas de las fuerzas de seguridad murieron en enfrentamientos armados, la realidad es que muchas fueron ejecutadas extrajudicialmente. [No se ha abierto ninguna investigación pública o independiente de un caso de tortura, ejecución extrajudicial o "desaparición" a manos de las fuerzas de seguridad argelinas desde 1991]. Aunque se han anunciado recientemente reformas legislativas, es necesario recordar que toda modificación ha de cumplir las normas internacionales de derechos humanos.


Los miembros de la Comisión no pueden seguir aceptando las afirmaciones del gobierno de Argelia en el sentido de que sus fuerzas no han cometido violaciones de derechos humanos y de que sólo la oposición armada es culpable de homicidios y otros ataques contra civiles. Los grupos armados de oposición islámicos han cometido reiterados y deliberados ataques contra civiles que han producido una terrible pérdida de vidas humanas. Sin embargo, esta violencia no puede justificar el recurso por parte de las fuerzas de seguridad a la tortura, a las ejecuciones extrajudiciales y a las "desapariciones". Amnistía Internacional cree que las visitas de los relatores especiales sobre la cuestión de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias serían muy oportunas. Sus recomendaciones podrían contribuir a que las autoridades tomen medidas paliativas urgentes y prácticas.


En la INDIA, las violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad en el estado de Jammu y Cachemira han alcanzado proporciones alarmantes, con informes de más de 700 personas fallecidas bajo custodia desde que estalló el actual conflicto, a finales de 1989. El gobierno, en su última respuesta a Amnistía Internacional, ha vuelto a negar su responsabilidad en la mayor parte de estas muertes declarando que la mayoría de las víctimas «perdió la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad». Sin embargo, el gobierno no ha facilitado los resultados de una sola investigación exhaustiva, pronta e imparcial

--como exigen las normas de la ONU--, que respalden esta conclusión. [Los informes médicos y policiales, y el testimonio de los supervivientes, demuestran que en muchos casos estas muertes fueron consecuencia de torturas.] Amnistía Internacional ha condenado los numerosos abusos cometidos por los grupos armados de oposición, pero estos abusos no pueden justificar la inactividad del gobierno a la hora de poner fin a las graves violaciones que, con virtual impunidad, perpetran sus fuerzas de seguridad. Las propias respuestas del gobierno muestran que ninguno de los autores ha sido entregado hasta ahora a la justicia.


Esta Comisión debería atajar la aguda politización del debate de derechos humanos sobre Jammu y Cachemira y asegurar que el gobierno de la India, que ha prometido transparencia, cumple tal promesa invitando a los relatores especiales sobre la cuestión de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a que visiten Jammu y Cachemira, y permitiendo el acceso de las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo a Amnistía Internacional.


Amnistía Internacional es plenamente consciente de las violaciones del derecho humanitario que cometen los grupos armados de oposición en TURQUÍA, pero el gobierno no puede utilizar éstas para ocultar sus propias violaciones del derecho internacional. Las ejecuciones extrajudiciales y "desapariciones" de civiles no emergieron hasta 1991. No cabe tomar su posterior y alarmante aumento como una lamentable consecuencia de las operaciones contrainsurgentes. La Comisión no ha alzado ni un ápice su voz para hablar de Turquía. ¿Cómo puede permanecer pasiva después de que el Comité de la ONU contra la Tortura declarase públicamente hace ya más de un año: «... no puede negarse la existencia de torturas sistemáticas en Turquía»?




Señor Presidente:


La credibilidad del sistema de derechos humanos de la ONU se verá gravemente dañada si la Comisión sigue aceptando las excusas de los gobiernos de Argelia, Colombia, Indonesia y Timor Oriental, de la India respecto a Jammu y Cachemira, y de Turquía. Los gobiernos que desde la Comisión examinan a sus homólogos, mostrándose dispuestos a aceptar que también ellos pueden ser examinados y actuando con rapidez ante las violaciones de derechos humanos, pueden cambiar la situación. Pero un silencio clamoroso envía un mensaje aún más contundente a los gobiernos: el de que pueden pisotear los derechos humanos de sus pueblos, pues el mundo se limitará a observar.

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