Document - Weekly Update Service 21/92 (includes addition)



Índice AI: NWS 11/21/92/s.AD

Distr: SC/PO

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido


A:ENCARGADOS DE PRENSA


DE:PRENSA Y PUBLICACIONES


FECHA:2 DE JUNIO DE 1992


ADICIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 21/92


Esta adición al Servicio de Actualización semanal incluye puntos sobre Ruanda, Etiopía y Eritrea, y Paquistán.


1. AFR 47/WU 01/92

4 de junio de 1992


INTERNO


El SI enviará este punto junto con el informe a los medios de comunicación internacionales especializados y a los corresponsales de los medios de comunicación interesados en Africa destinados en el Reino Unido.

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EXTERNO


RUANDA: LLAMAMIENTO DE AMNISTÍA iNTERNACIONAL PARA QUE SE PONGA FIN A LA PERSECUCIÓN GENERALIZADA DE LA POBLACIÓN TUTSI


Amnistía Internacional ha pedido al nuevo gobierno de unidad nacional de Ruanda que ponga fin a la persecución generalizada de la minoría tutsi del país.


En un documento publicado esta semana, Ruanda: Persecution of tutsi minority and repression of goverment critics, 1990-1992, Amnistía Internacional afirma que más de un millar de tutsi han sido ejecutados extrajudicialmente desde 1990 y que decenas más han "desaparecido" o han sido torturados mientras estaban detenidos sin haber sido juzgados. A pesar de ello, los responsables de esas violaciones han podido actuar con impunidad.


La mayoría de las violaciones se produjeron tras una invasión armada del norte de Ruanda protagonizada en octubre de 1990 por exiliados ruandeses, la mayoría de ellos tutsi, pertenecientes al Frente Patriótico Ruandés (FPR). El FPR cometió graves abusos, entre ellos homicidios arbitrarios y deliberados de prisioneros y civiles, y recibieron una violenta respuesta de las fuerzas de seguridad del gobierno, integradas fundamentalmente por hutu, grupo étnico mayoritario en el país. Las fuerzas de seguridad, a menudo apoyadas por civiles hutu armados, atacaron a tutsi sospechosos de apoyar a los rebeldes o de simpatizar con ellos. Según informes, los soldados gubernamentales y sus simpatizantes hutu mataron en octubre de 1990 a varios centenares de tutsi en la región de Mutara, en el noroeste, y a más de 500 a principios de 1991, también en el noroeste. Más de 8.000 personas, la mayoría de ellas tutsi, estaban detenidas sin juicio. Entre ellas se encontraban presos se conciencia. Algunas fueron torturadas y maltratadas y decenas más "desaparecieron".


Amnistía Internacional dijo que prácticamente todos los detenidos habían sido puestos en libertad a finales de febrero de 1992 en virtud de una amnistía decretada en diciembre de 1991 y que sólo unos cuantos fueron procesados y condenados. Había recibido con satisfacción estas excarcelaciones, pero dijo que el nuevo gobierno debía tomar medidas inmediatas para evitar nuevas violaciones de derechos humanos. "No es suficiente que el gobierno ponga en libertad a los presos", afirmó la organización, "deben tomarse medidas para que las fuerzas de seguridad rindan cuentas de sus actos y para poner fin a la impunidad que las ha permitido violar los derechos humanos durante años. Tememos que el gobierno esté usando la amnistía de diciembre de 1991 para justificar el no emprender una investigación y no llevar a los responsables ante los tribunales."


Amnistía Internacional dijo que los últimos informes sobre matanzas de aldeanos tutsi fueron los recibidos en marzo, cuando al menos 150 tutsi murieron en Kanzenze y otros distritos al sur de la capital, Kigali.


"Parece ser que los perpetradores eran bandas de hutu armados, pero existen preocupantes informes según los cuales las fuerzas de seguridad pudieron haber participado en las matanzas o al menos adoptado una actitud pasiva ante ellas hasta que no hubo una fuerte protesta", ha afirmado Amnistía Internacional. "Pedimos que se emprenda una investigación completa y que el gobierno afirme su compromiso con los derechos humanos llevando ante la justicia a los soldados y oficiales responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de derechos humanos."


Amnistía Internacional ha pedido también que se ponga fin al encarcelamiento y a otras formas de represión contra los opositores al gobierno. Varias decenas de hutu y de periodistas han sido objeto de violaciones de derechos humanos por haber ejercido su derecho a las libertades de expresión y asociación.

2. AFR 25/WU 01/92

2 de junio de 1992


INTERNO


El documento Etiopía y Eritrea: el orden del día de los derechos humanos, Índice AI: AFR 25/09/91/s, de noviembre de 1991, pude obtenerse ahora en los idiomas amárico, tigrinya (para Eritrea, especialmente) y oromo.

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EXTERNO


ETIOPÍA: EXHUMACIÓN DE CADÁVERES DE VÍCTIMAS DE "DESAPARICIONES" Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES


Los cadáveres de millares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el anterior gobierno de Mengistu, derrocado hace un año, han sido exhumados recientemente en Etiopía. Entre los cadáveres recuperados hasta ahora se encuentran los de cuatro víctimas de "desapariciones" cuyos casos habían sido adoptados por Amnistía Internacional: fueron exhumados junto con otros 30 aproximadamente de un cementerio clandestino, una casa de campo expropiada cerca de Addis Abeba usada para detenciones secretas y homicidios durante el gobierno de Mengistu. Los cuatro -el reverendo Gudina Tumsa, jefe de la Iglesia Evangélica Etíope de Mekane Jesús, Abuna Theopilos, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope, Kassa Wolde-Mariam, ex ministro de Agricultura y presidente de la universidad de Addis Abeba, y Haile Fide, ex presidente del Comité Central de Me'isone, habían "desaparecido" en julio de 1979. El reverendo Gudina Tumsa había sido duramente torturado y antes de matarle le rompieron las articulaciones.


Entre los cadáveres exhumados también se encontraba el del ex emperador Haile Selassie, asesinado en 1975, cuyo cuerpo fue enterrado bajo la oficina del presidente Mengistu; también los de las millares de víctimas de la campaña oficial del "Terror Rojo" que tuvo lugar en todo el país de 1977 a 1987, y los de 60 oficiales y ex oficiales que fueron ejecutados sumariamente en noviembre de 1974 y enterrados en una fosa común en la Prisión Central de Addis Abeba. En algunas localidades se han erigido monumentos en honor de las víctimas del "Terror Rojo".


No obstante, un año después del derrocamiento del presidente Mengistu Haile-Mariam en mayo de 1991, aún no se han emprendido juicios contra los responsables de las torturas y de los homicidios, ni en Etiopía ni en Eritrea. Parece ser la Fiscalía Especial para procesar a ex oficiales, cuya creación fue anunciada en Addis Abeba en febrero de 1992, aún no ha empezado a funcionar. Continúan las investigaciones llevadas a cabo por los "comités del Terror Rojo", las denuncias públicas, las destituciones y detenciones de ex oficiales, a consecuencia de lo cual el número de detenidos en Etiopía por presuntas violaciones de derechos humanos supera los 2.000.

3. ASA 33/WU 03/92

2 de junio de 1992


PAQUISTÁN: PREOCUPACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL POR LOS INFORMES SOBRE EL DIPLOMÁTICO INDIO DETENIDO Y TORTURADO POR MILITARES


El 29 de mayo, Amnistía Internacional expresó su preocupación al gobierno de Paquistán por los informes según los cuales Rajesh Mittal, diplomático indio, había sido detenido y torturado el día 24 de mayo en Islamabad, al parecer por miembros de los servicios de inteligencia militar.


Según informes publicados en la prensa internacional, Rajesh Mittal fue secuestrado el 24 de mayo por la mañana y permaneció detenido varias horas durante las cuales le vendaron los ojos, le golpearon y le aplicaron descargas eléctricas. Cuando regresó a la Alta Comisión India tenía, según informes, grandes hinchazones en la cabeza y el rostro, hematomas en el cuerpo y marcas en las muñecas y en los tobillos, porque, al parecer, había estado atado. Según informes, sufría grandes dolores, no podía andar y hablaba con mucha dificultad. Dijo que sus secuestradores le habían amenazado también con someter a malos tratos a sus padres y a sus hijos.


Amnistía Internacional hizo notar al gobierno de Paquistán que la prohibición de la tortura es una norma fundamental de la legislación internacional incluida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". En ninguna circunstancia se pude violar este artículo.


Amnistía Internacional instó al gobierno de Paquistán a que iniciara una investigación independiente e imparcial sobre este caso de presuntas torturas y que hiciera públicas sus averiguaciones lo antes posible. La organización instó al gobierno a que garantizara que los responsables de las torturas sufridas por Rajesh Mittal fueran llevadas ante los tribunales.


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