Document - Tunisia: releases welcome but harassment and intimidation must stop

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 30/017/2006 (Público)

Servicio de Noticias 292/06

13 de noviembre de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE300172006

Túnez: Satisfacción por las excarcelaciones, pero el acoso y la intimidación deben cesar

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la reciente excarcelación de más de 50 presos políticos que llevaban largo tiempo encarcelados en Túnez, si bien continúa preocupada por el encarcelamiento prolongado de otras personas y el hostigamiento generalizado de disidentes y opositores al gobierno. La organización ha pedido a las autoridades tunecinas que muestren mayor respeto por los derechos humanos.

Unos 54 presos políticos fueron puestos en libertad el 5 de noviembre para celebrar el decimonoveno aniversario de la llegada al poder del presidente Zine El 'Abidine Ben Ali, el 7 de noviembre de 1987. Todos ellos llevaban más de 14 años encarcelados por pertenecer a la organización islamista prohibida Ennahda, después de haber sido juzgados sin las debidas garantías por los tribunales militares de Bouchoucha y Bab Saadoun en 1992. Varios fueron condenados a cadena perpetua, entre ellos Mohammed Akrout, Habib Louze y Abdallah Massaoudi. Todos han quedado en libertad condicional. Los ex presos que quebranten las condiciones impuestas para su libertad pueden volver a ser detenidos y obligados a cumplir el resto de la pena por decisión del ministro de Justicia, sin un proceso judicial previo, o ser sometidos a arresto domiciliario por un plazo equivalente.

Al menos un centenar de presos pertenecientes a la organización Ennahdaque también fueron condenados en juicios injustos celebrados a comienzos de la década de los noventa no han sido liberados, sino que continúan privados de libertad en diversas cárceles de Túnez. Los informes recibidos indican que algunos no están bien de salud y necesitan asistencia médica urgente después de haber sido torturados cuando estaban en prisión preventiva y sometidos durante muchos años a duras condiciones penitenciarias, incluidas largas temporadas en régimen de aislamiento. Entre estos están Ahmed Bouazizi, Ridha Boukadi y Sahbi Atig. Además, las autoridades tunecinas mantienen privadas de libertad a unas 400 personas en aplicación de la ley antiterrorista de 2003, presuntamente por intentar ir a combatir a Irak.

A pesar de estas excarcelaciones, las fuerzas de seguridad tunecinas continúan acosando y tratando de intimidar a abogados, defensores locales de los derechos humanos y otros activistas de derechos humanos, así como a los familiares de presos y ex presos políticos, y siguen estableciendo duras restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión y de asociación. La abogada de derechos humanos Saida Akremi, perteneciente a la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos, está sometida a vigilancia constante por parte de agentes de seguridad que a menudo interrogan a sus clientes y les sugieren que se busquen otro abogado. El 25 de octubre, los informes recibidos indican que un agente de policía vestido de civil siguió a una cliente de Said Akremi cuando ésta abandonó el despacho de la letrada, y la aterrorizó arrebatándole a su hijo de tres años cuando ella se resistió a enseñarle su documento de identidad en la estación de autobuses de Barcelona, en el centro de Túnez. El individuo intentó escapar, pero devolvió al niño cuando la madre, Samah Jendoubi, salió corriendo tras él gritando y pidiendo ayuda. Posteriormente, Samah perdió al hijo que esperaba, parece ser que a causa del estrés que le había producido esta agresión.

En otro caso reciente, Samia Abbou, esposa del preso de conciencia Mohammed Abbou, y dos de sus hijos, de 10 y 13 años, fueron amenazados por agentes armados de la policía que habían aparcado a las puertas de su domicilio el 25 de octubre. Mientras un grupo de agentes presenciaba la escena, otros dos abordaron a Samia Abbou y a sus hijos montados en motocicletas en un intento aparente de intimidarlos y asustarlos. El 24 de octubre, la esposa y dos hijos del preso político

Hatim Zarrouk, y Sabiha Tayyachi, viuda del ex preso político Hachemi Mekki, fueron asaltados en el exterior de sus viviendas: los golpearon y arrastraron y después los llevaron en un vehículo policial sin matrícula hasta una comisaría situada en el distrito de Sidi El Bechir, en Túnez, donde estuvieron detenidos y fueron interrogados durante varias horas.

Durante el mes pasado, agentes de seguridad también han sometido a la oficina del Consejo Nacional para las Libertades en Túnez, destacada organización no gubernamental a la que se deniega el permiso oficial, a fuertes medidas de vigilancia, al parecer con la intención de impedir o disuadir del acceso a ex presos políticos y familiares de presos. Los informes indican que algunas personas que lograron visitar la sede de esta organización fueron detenidas posteriormente, conducidas a comisarías de policía cercanas y obligadas a firmar declaraciones en las que se comprometían a no visitar de nuevo sus oficinas.

Según la información recibida, agentes de seguridad han rodeado la casa de Moncef Marzouki –dirigente del Congreso para la República, partido político de oposición prohibido–, quien regresó a Túnez en octubre de 2006 tras cinco años de exilio voluntario en Francia, con el propósito de impedir o disuadir a la gente de que lo visite. Los informes indican asimismo que ha sido acusado de incitación y desobediencia civil, delitos punibles hasta con tres años de cárcel, por instar a la población tunecina a celebrar protestas pacíficas para exigir mayor respeto de sus derechos en una entrevista para la cadena de televisión Al Yazira el 14 de octubre.

Las autoridades tunecinas han incrementado, además, el hostigamiento de mujeres que visten el hiyab (pañuelo islámico) tras las declaraciones de los ministros de Asuntos Exteriores e Interior y del secretario general del partido político dirigente, la Agrupación Constitucional Democrática, en contra del aumento del uso del hiyab por parte de mujeres y niñas así como de la barba y la qamis(camisa hasta la rodilla) por parte de los hombres, y en favor del cumplimiento estricto del Decreto 108 de 1985 del Ministerio de Educación, que prohíbe a las mujeres llevar el hiyab en centros educativos y cuando trabajen en puestos públicos. Según la información recibida, se ha ordenado a mujeres que se retiraran el pañuelo de la cabeza para poder acceder a escuelas, universidades o lugares de trabajo, y a otras las han obligado a quitárselo en la calle. Parece ser que a algunas mujeres las llevan a comisarías de policía y las obligan a firmar el compromiso de no volver a usar el pañuelo. Amnistía Internacional considera que las personas tienen derecho a decidir si se ponen o no un pañuelo en la cabeza o cualquier otro símbolo religioso, en consonancia con su derecho a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional solicita al gobierno de Túnez que respete las obligaciones contraídas por el país en virtud tanto del derecho interno como de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, y que ponga fin a las duras restricciones que se siguen aplicando para impedir el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Asimismo, la organización pide al gobierno del presidente Ben Ali que acabe con el acoso y los intentos de intimidación a defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, y que garantice la destitución y el procesamiento de todo funcionario responsable de abusos contra los derechos de estas personas.********