Document - Tunisia: Charges against former presidential adviser by military prosecutor flout human rights

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AMNISTÍA INTERNACIONAL �Declaración pública��24 de agosto de 2012 �Índice: MDE 30/007/2012

�Túnez: Los cargos presentados por un fiscal militar contra un ex consejero presidencial violan los derechos humanos��Amnistía Internacional ha pedido que se retiren los cargos presentados por un fiscal militar contra el ex consejero presidencial Ayoub Massoudi, acusado de criticar al ejército, pues la organización considera que violan claramente su derecho a la libertad de expresión. ��Amnistía Internacional también ha pedido que se levante de inmediato la prohibición de viajar a Massoudi, que el juez de instrucción mantuvo cuando éste compareció ante él ayer. ��Ayoub Massoudi está acusado de manchar la reputación del ejército, en aplicación del artículo 91 del Código de Justicia Militar, y de difamar a un funcionario público, en aplicación del artículo 128 del Código Penal, por criticar públicamente la extradición a Libia en junio de Al-Baghdadi al-Mahmoudi, ex primer ministro de ese país. Massoudi afirmó que el presidente de Túnez no había sido adecuadamente informado de la extradición por el jefe de las fuerzas armadas y ministro de Defensa de Túnez. ��Amnistía Internacional condenó la extradición, que dejaba al ex primer ministro libio expuesto a sufrir graves violaciones de derechos humanos, y que el propio presidente tunecino Moncef Marzouki dijo no haber autorizado tal como disponen las leyes tunecinas. ��La extradición de Al-Baghdadi al-Mahmoudi a Libia suscitó graves motivos de preocupación respecto a su conformidad con las obligaciones de Túnez en virtud de la Convención sobre la Tortura de la ONU, y con el procedimiento de extradición que establecen las leyes tunecinas. Sin embargo, el ex consejero presidencial Ayoub Massoudi está ahora acusado por plantear estas mismas preocupaciones. ��El derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Túnez es Estado Parte, incluye el derecho a criticar públicamente a funcionarios e instituciones. Según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano que vigila el cumplimiento del Pacto, las figuras públicas y las instituciones deben tolerar un mayor nivel de críticas que el público en general. Consecuentemente, las leyes penales o de otro tipo que proporcionen protección especial contra las críticas a los funcionarios públicos no son coherentes con el respeto a la libertad de expresión. ��Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Túnez que ajusten las leyes tunecinas a sus obligaciones internacionales y se aseguren de que los ciudadanos de Túnez pueden expresar sus críticas a las autoridades sin temor a sufrir hostigamientos ni represalias. ��Además, el hecho de que haya sido acusado por un tribunal militar también va en detrimento del derecho de Ayoub Massoudi a un juicio justo. Las normas internacionales de derechos humanos establecen claramente que los civiles no pueden ser procesados por tribunales militares. Aunque el Código de Justicia Militar de Túnez se reformó en julio de 2011, en esta reforma no se limitó la jurisdicción de los tribunales militares a los delitos de carácter puramente militar cometidos por personal militar.��En su comparecencia de ayer ante el juez de instrucción, la defensa de Massoudi cuestionó la independencia del tribunal militar frente al ejército y señaló alarmada que la declaración del jefe de las fuerzas armadas incluida en el expediente del caso no había sido hecha bajo juramento, infringiendo con ello el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal. ��La próxima comparecencia de Ayoub Massoudi ante el juez de instrucción será el 30 de agosto. La primera noticia de Massoudi tuvo de su prohibición de viajar fue a través de los agentes de aduanas y policía del aeropuerto el 16 de agosto, ya que pensaba viajar al extranjero. No le notificaron los cargos y la prohibición hasta el 18 de agosto. ��Amnistía Internacional siempre ha criticado el uso en Túnez de juicios militares contra civiles acusados de delitos relacionados con la seguridad bajo el régimen de Ben Alí. �

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