Document - Tunisia: One year on, no accountability for repressed protest

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL�DECLARACIÓN PÚBLICA

Fecha: 9 de abril de 2013 �Índice AI: MDE 30/004/2013

Túnez: Un año después, nadie ha rendido cuentas por la represión

Las autoridades tunecinas todavía no han llevado ante la justicia a quienes agredieron e hirieron a manifestantes y periodistas durante una protesta celebrada en Túnez hace un año, lo que pone de relieve la ausencia de avances en la reforma de las fuerzas de seguridad y del sector de la justicia en Túnez, y contrasta con la declaración realizada hoy por el primer ministro Ali Laarayedh de que el expediente del 9 de abril de 2012 está “cerrado”.

9 de abril de 2012

El 9 de abril de 2012, miles de personas salieron a la calle en Túnez en solidaridad con quienes habían perdido la vida o resultado heridos durante la rebelión de 2011. Los manifestantes desafiaron una prohibición reciente del gobierno de celebrar manifestaciones en la avenida Habib Bourguiba, en el centro de la capital.

Se recibieron informes según los cuales las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva e innecesaria para dispersar la protesta: dispararon gas lacrimógeno y persiguieron a manifestantes y periodistas por las calles laterales y los golpearon, causando decenas de heridos. Al parecer, unos hombres vestidos de civil agredieron a manifestantes y a trabajadores de la prensa ante los ojos de la policía, según dijeron víctimas y testigos a Amnistía Internacional.

La Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) presentó una denuncia contra el entonces ministro del Interior, Ali Laarayedh, y las fuerzas de seguridad en nombre de decenas de víctimas. Además, se formularon denuncias individuales, aunque también hubo víctimas que se negaron a recurrir al sistema de justicia, alegando su falta de confianza en las instituciones públicas.

Ausencia de investigaciones y de enjuiciamientos

Amnistía Internacional pidió a las autoridades tunecinas en aquel momento que anularan la prohibición y abrieran investigaciones sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza por las fuerzas de seguridad, así como sobre las agresiones a manifestantes y periodistas a manos de hombres vestidos de civil.

La prohibición de realizar protestas fue anulada tras los enfrentamientos, pero un año después, las investigaciones sobre los actos violentos están estancadas, mientras las denuncias contra presuntos perpetradores presentadas ante la fiscalía han hecho pocos avances, y no se han practicado detenciones ni celebrado vistas hasta ahora. Algunos denunciantes han expresado su preocupación por el papel de la policía judicial, responsable de investigar las denuncias.

Mientras tanto, el ministro del Interior no ha hecho públicas las conclusiones de su propia investigación, que presentó a puerta cerrada ante una comisión parlamentaria el 27 de septiembre de 2012.

Una comisión parlamentaria ineficaz

Tras la indignación pública que suscitó la represión, las autoridades crearon una comisión de investigación de 22 miembros, encuadrada en la Asamblea Nacional Constituyente, para investigar la violencia del 9 de abril de 2012, conocida posteriormente como Comisión 9 de Abril.

Un año después de los sucesos, la Comisión aún no ha hecho pública ninguna conclusión ni recomendación. Algunos de sus miembros han dicho a Amnistía Internacional que en las más de 20 sesiones celebradas, sólo se han oído dos testimonios de víctimas y de la sociedad civil, además de las conclusiones inéditas del Ministerio del Interior.

El presidente de la Comisión, Zied Ladhari, ha explicado que los miembros de este órgano están abrumados por las tareas de redacción de la Constitución y las responsabilidades parlamentarias, lo que deja pocas ocasiones para reunirse. Añadió que la Comisión 9 de Abril era la primera comisión parlamentaria de investigación de la historia de Túnez, por lo que carecía tanto de experiencia como de un marco legal adecuado.

Con el paso de los meses, la ineficacia de la Comisión fue quedando más patente. Esta ineficacia estaba legalmente afianzada, pues la Comisión se había creado en aplicación de los reglamentos de la Asamblea Nacional Constituyente, que no prevén ninguna facultad legal para obligar a los funcionarios a declarar o a entregar documentos.

Pronto hubo dimisiones: Nejib Hosni, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, dimitió de la Comisión el 5 de diciembre de 2012, alegando su “inutilidad”. Otros diez miembros, incluido su vicepresidente, Noomane Fehri, dimitieron el 5 de abril de 2013, como protesta por la ineficacia de la Comisión. Los miembros dimisionarios citaron la ausencia de un marco legal que permitiera unas facultades de investigación adecuadas, así como la falta de cooperación del Ministerio del Interior.

Mientras la Comisión parlamentaria luchaba con sus problemas, otra comisión de investigación creada por el gobierno y no prevista en la ley, ésta integrada por activistas de la sociedad civil que investigaban los sucesos ocurridos en noviembre de 2012 en Siliana, pudo entrevistar a las víctimas y publicó sus conclusiones y recomendaciones en la mitad de tiempo, pues dio a conocer su informe en marzo de 2013.

Los restantes miembros de la Comisión 9 de Abril están actualmente reactivando un proyecto de ley para aumentar el poder de las comisiones parlamentarias de investigación. Se están realizando preparativos para proponer una ley que incluiría poderes para citar bajo apercibimiento a sospechosos y testigos. Mientras este proyecto legislativo reforzaría los poderes de investigación de futuras comisiones, también debería garantizar que los testigos recibieran una protección adecuada cuando sus testimonios puedan poner su vida en peligro.

Garantizar la rendición de cuentas

A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades tunecinas no investiguen sin dilación y de forma exhaustiva, imparcial y transparente las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza.

Aunque el proyecto de ley actualmente en curso para reforzar los poderes de investigación de las comisiones parlamentarias de investigación es loable, estas comisiones deberían complementar, y no sustituir, las investigaciones judiciales y los enjuiciamientos de las personas responsables de violaciones de derechos humanos.

Ya es hora de que las autoridades tunecinas manifiesten su voluntad política de hacer que las fuerzas de seguridad rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que siguen cometiendo. Las autoridades deben emprender con carácter urgente una reforma seria del poder judicial y de las fuerzas de seguridad, las instituciones que deberían proteger los derechos humanos de los ciudadanos de Túnez.

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