Document - Morocco – Western Sahara: Release or fairly retry Marrakesh protesters over soaring prices

AMNISTÍA INTERNACIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL DECLARACIÓN PÚBLICA Índice AI: MDE 29/007/2013

5 de julio de 2013 Marruecos y Sáhara Occidental: Los manifestantes contra la subida desmesurada de precios en Marrakech deben quedar en libertad o ser juzgados de nuevo, esta vez con garantías El fallo que confirma las condenas impuestas a seis hombres acusados tras protestar por la desmesurada subida de los precios de suministros básicos en un barrio obrero de Marrakech incrementa la preocupación por el respeto del derecho de estas personas a tener un juicio justo, ha dicho Amnistía Internacional. El Tribunal de Apelación de Marrakech confirmó la condena a un año de cárcel de Mohamed Belkache y Abdelmajid Ben Biche, mientras que redujo las condenas de Hichem Noukhayli y Younes El Ichouchi de 18 a 10 meses, así como las de Hassan Akouchad y Hassan Aboudayf, de un año a 15 meses. Los hombres habían sido procesados por “participación en concentración armada”, “agresión a funcionarios públicos” y “daños a bienes públicos”.

A Amnistía Internacional le preocupa que a estos hombres, así como a otras 12 personas –dos de ellas menores de edad– condenadas por los mismos cargos tras la misma manifestación, se les haya privado de su derecho a un juicio justo, vulnerando su derecho a la defensa y basándose para condenarlos en “confesiones” que, según denunciaron, fueron conseguidas mediante tortura y otros malos tratos. Detenidos tras una manifestación A lo largo del pasado año, los habitantes del barrio de Sidi Youssef Ben Ali, en Marrakech, se movilizaron contra la desmesurada subida de la factura del agua y la electricidad. Meses de protestas pacíficas contra la empresa suministradora culminaron en una manifestación para el 28 de diciembre de 2012, que, según los informes, se tornó violenta: los manifestantes lanzaron piedras y las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua, y se registraron heridos en ambos bandos. En respuesta a la manifestación, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una oleada de detenciones en el barrio de Sidi Youssef Ben Ali. Se presentaron cargos contra doce personas detenidas el día de la manifestación: Mohamed Farqad, Abdelmajid Nouader, Mohamed Laabraki, Mohamed Reda El Moussouli, Abdessamad Chramo, Omar Ouakhanni, Miloud Siyati, Abderrahim Noukadi, Tarik Hanfali, Tarik Taghzite, Azzedine Haloui e Imad Bakouch. Otras seis personas fueron detenidas y acusadas el 6 de enero de 2013, tras ser convocadas para interrogarlas: Hichem Noukhayli, Mohamed Belkache, Younes El Ichouchi, Hassan Akouchad, Abdelmajid Ben Bich y Hassan Aboudayf.

Según indicaron los medios de comunicación, la mayoría de los manifestantes que lanzaron piedras eran jóvenes. Sin embargo, los acusados y posteriormente condenados por “participación en concentración armada”, “agresión a funcionarios públicos” y “daños a bienes públicos” eran mayoritariamente hombres de entre 40 y 60 años, casados y con hijos.

Según sus familias, la mayoría de los acusados habían participado pacíficamente en la manifestación, mientras que los restantes sólo vivían en la zona o habían participado en manifestaciones anteriores. Dieciséis de ellos fueron declarados culpables y condenados inicialmente a penas de prisión que oscilaban entre un año y dos años y medio. Los dos

restantes, Azzedine Haloui e Imad Bakouch, ambos menores, fueron condenados a dos meses de cárcel y finalmente quedaron en libertad a primera hora del 4 de enero de 2013. Preocupación por la falta de garantías en los juicios Para Amnistía Internacional es motivo de preocupación que las sentencias condenatorias se hayan basado en “confesiones” que, según los acusados, la policía consiguió mediante tortura y malos tratos u otros medios coercitivos. Estas “confesiones” parecen haber sido decisivas a la hora de condenar a los acusados, ya que, según los informes, la fiscalía no presentó ninguna otra prueba incriminatoria. Los familiares de los acusados dijeron a Amnistía Internacional que a algunos les vendaron los ojos, les hicieron arrodillarse y los golpearon en la cabeza durante los interrogatorios, mientras que a otros les impidieron dormir hasta que firmaron “confesiones” sin leerlas. Según los informes, en otros casos les ordenaron firmar las confesiones sin permitirles leerlas como condición para ponerlos en libertad. Las leyes de Marruecos y el derecho internacional no conceden validez legal alguna a las “confesiones” forzadas, que por consiguiente no son admisibles en un juicio. El artículo 293 del Código de Procedimiento Penal de Marruecos, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ambos ratificados por Marruecos, prohíben el uso de pruebas conseguidas mediante coacción, tortura y otros malos tratos.

Los motivos de preocupación de Amnistía Internacional se incrementan dado que al menos en dos de los casos, los de Omar Ouakhanni y Miloud Siyati, sus empleadores estaban dispuestos a testificar que no estaban en la manifestación, sino en su puesto de trabajo. Sin embargo, el juez no les permitió prestar testimonio en el tribunal, violando el derecho de los acusados a llamar y contrainterrogar a testigos, garantizado por el artículo 14 del PIDCP. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Marruecos que pongan en libertad a las personas condenadas o las vuelvan a juzgar en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, y que investiguen las denuncias de coacción, tortura y otros malos tratos para conseguir las “confesiones”. La organización pide además a las autoridades de Marruecos que se aseguren de que los menores son juzgados exclusivamente en tribunales que se ajusten a las normas de justicia de menores, como dispone el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

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