Document - UAE: Unfair Trial, Unjust Sentences. 69 Government Critics, Including 2 Human Rights Lawyers, Face Prison Terms

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL DECLARACIÓN PÚBLICA CONJUNTA Índice AI: MDE 25/007/2013 3 de julio de 2013 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Juicio sin garantías, condenas injustas Prisión para 69 personas críticas con el gobierno, entre ellas dos abogados de derechos humanos

(Beirut, 3 de julio de 2013) – La sentencia condenatoria dictada el 2 de julio de 2013 en Emiratos Árabes Unidos (EAU) contra 69 de los acusados en el procesamiento colectivo de 94 personas críticas con el gobierno es el resultado de un juicio sin garantías fundamentales, ha manifestado hoy una coalición de grupos de derechos humanos. La sentencia viola probablemente el derecho a la libertad de asociación de muchos de los acusados.

Incluso antes de empezar, el juicio se caracterizó por violaciones de las normas sobre juicios justos como negación de asistencia letrada durante la prisión preventiva en régimen de incomunicación y presunta tortura. No se puede apelar contra la sentencia, pues la ha dictado la máxima instancia judicial del país. Dadas las violaciones del debido proceso cometidas, los acusados deben ser juzgados de nuevo, han manifestado los grupos de derechos humanos. Debe dejarse en libertad a todas las personas declaradas culpables sin más razón que haber ejercido su derecho a la libertad de asociación y de expresión, y deben retirarse los cargos contra ellas.

“La sentencia condenatoria del 69 personas críticas con el gobierno es una muestra del empeoramiento del historial de EAU en materia de derechos humanos y de sus graves abusos del derecho al debido proceso –ha señalado Joe Stork, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch–. Esta sentencia injusta y los esfuerzos de EAU por acallar las críticas deberían alertar a los aliados internacionales del país.”

Las autoridades no han revelado aún los detalles exactos de la sentencia, pero a los acusados se les imputaban delitos como asociación con un grupo que pretendía derrocar el sistema político del país, en aplicación del artículo 180 del Código Penal. Muchas de las personas condenadas son miembros de un grupo local, Asociación para la Reforma y la Orientación Social (Al Islah), que lleva años entablando debates políticos pacíficos y propugna una mayor observancia de los preceptos islámicos.

Durante el juicio, los fiscales dijeron tener pruebas de que los acusados habían establecido una organización paralela, Dawat al Islah, de metas e ideología distintas. Sin embargo, fuentes locales han contado a los grupos de derechos humanos que la acusación se debía a las convicciones manifiestas de los acusados, su pertenencia a Al Islah y la relación de este grupo con la Hermandad Musulmana.

El Tribunal Supremo Federal de Abu Dabi condenó a 56 personas, entre ellas los destacados abogados de derechos humanos Mohammed al-Roken y Mohammed al-Mansoori, a 10 años de prisión.

Otras 8 fueron condenadas in absentia a 15 años, y 5 acusados más, a 7. El Tribunal absolvió a 25 de los acusados, incluidas las 13 mujeres que había entre ellos. La coalición de derechos humanos está formada por Alkarama, Amnistía Internacional, la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos del Golfo y Human Rights Watch. El hecho de que muchos de los acusados estuvieran recluidos en régimen de incomunicación durante su prisión preventiva y de que se les negara asistencia letrada durante ese periodo constituye una violación del derecho a un juicio justo, ha afirmado la coalición. Además, las autoridades no investigaron denuncias creíbles según las cuales las declaraciones de los acusados utilizadas como prueba en el juicio se obtuvieron mediante

tortura. Las sesiones del juicio comenzaron el 4 de marzo, y no se permitió la asistencia a ellas de observadores independientes ni de los medios de comunicación internacionales.

El menos 64 de los detenidos estuvieron recluidos en lugares no revelados por periodos de hasta un año antes del juicio. Muchos no tuvieron acceso a asistencia letrada hasta finales de febrero. Cuando se reunieron por fin con sus abogados, fue en presencia de un representante del fiscal de Seguridad del Estado, que podía oír las conversaciones, lo que constituye un incumplimiento del requisito de confidencialidad de las conversaciones entre los abogados y sus clientes, recogido en el derecho internacional.

En la primera sesión el juicio, algunos de los acusados dijeron al juez que habían sufrido graves malos tratos durante sus largos meses bajo custodia. Denunciaron reclusión en régimen de asilamiento por largos periodos, problemas para dormir por la iluminación fluorescente permanente, calefacción insuficiente y uso de capuchas cuando los sacaban de la celda – incluso para ir al retrete o para interrogarlos–. Dijeron que los guardias de la prisión los habían insultado reiteradamente.

Unas personas presentes en la sala el 4 de marzo han dicho a Human Rights Watch que el juez ordenó entonces realizarles un examen médico. Pero afirman que no se practicó tal examen.

“Este lamentable juicio no hace más que poner de manifiesto las deficiencias fundamentales del sistema de justicia de EAU y sacar a la luz la creciente intolerancia de las autoridades con las voces críticas”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. El 27 de junio, Alkarama, Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron denuncias creíbles de tortura formuladas por los acusados en cartas manuscritas sacadas clandestinamente de la cárcel. En las cartas describían tortura sistemática, coincidente con otras denuncias de tortura en centros de Seguridad del Estado del EAU. “Me golpearon en todo el cuerpo con un tubo de plástico –explicaba un detenido–. Me ataron a una silla y amenazaron con aplicarme electrocución si no hablaba. Me insultaron y me humillaron.”

Antes de que diera comienzo el juicio el 4 de marzo, las autoridades de seguridad denegaron la entrada en EAU a Ahmed Nashmi al-Dhafeeri, observador internacional enviado por Amnistía Internacional, y a Noemie Crottaz, representante de la organización de derechos humanos radicada en Ginebra Alkarama. Se permitió la entrada al país a varios observadores internacionales, pero las autoridades les impidieron el acceso al juicio pese a que habían cumplido los procedimientos estipulados y presentado la documentación necesaria.

Dirigiéndose al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 7 de junio, durante el examen periódico del historial del país en materia de derechos humanos, conocido como examen periódico universal, los representes ministeriales de EAU aseguraron que el país estaba haciendo todo lo posible para encontrar un equilibrio entre proteger a la sociedad y garantizar las libertades fundamentales.

El gobierno de EAU debe cumplir su palabra y cooperar con los órganos de derechos humanos de la ONU cursando con urgencia una invitación a los expertos de derechos humanos para que examinen todos los aspectos de este caso, ha manifestado la coalición de grupos de derechos humanos. En particular, deben examinar las denuncias de tortura de los acusados.

El gobierno debe también dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas relacionadas con este caso y a toda otra condenada anteriormente sin más razón que haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y asociación.

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