Document - The Syrian Arab Republic: A crisis that demands action by the Human Rights Council

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA


Índice AI: MDE 24/018/2011

Fecha: Jueves, 28 de abril de 2011



SIRIA: UNA CRISIS QUE EXIGE LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS


Amnistía Internacional ha presentado la siguiente declaración sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria al 16º periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.


El gobierno de Siria lleva seis semanas reprimiendo violentamente las manifestaciones en favor de la democracia que están teniendo lugar por todo el país. Estos hechos vienen precedidos de una prolongada historia de represión caracterizada por la detención arbitraria, reclusión y encarcelamiento de críticos del gobierno y defensores de reformas y de los derechos de la minoría kurda, así como por la tortura y otros malos tratos a detenidos y presos de forma generalizada y sistemática, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Todas estas violaciones de derechos humanos se están cometiendo impunemente.


Amnistía Internacional ha recibido hasta la fecha los nombres de más de 450 personas a las que, según los informes disponibles, las fuerzas gubernamentales sirias han dado muerte desde que comenzaron las protestas a mediados de marzo. Centenares de personas han resultado heridas y cientos más han sido detenidas; muchas se encuentran en régimen de incomunicación en lugares no revelados y corren el peligro de ser torturadas o sometidas a otros malos tratos. Amnistía Internacional ha recibido desgarradores testimonios de primera mano sobre torturas y otros malos tratos infligidos a personas, menores de edad incluidas, que llevan detenidas desde hace semanas, como severas palizas con palos, culatas de fusil y cables, aplicación de descargas eléctricas y agresiones sexuales.


De acuerdo con la información proporcionada por testigos presenciales y otras personas, muchos de los muertos y heridos lo han sido por disparos de las fuerzas de seguridad, entre ellas efectivos del ejército y fuerzas paramilitares, que han utilizado munición real contra las multitudes de manifestantes y los participantes en procesiones funerarias por personas a las que las fuerzas del gobierno habían dado muerte. También ha habido francotiradores que han disparado y matado a personas en las calles y en sus casas, siendo objetivo especial de los disparos personal médico y cualquier otra persona que prestase ayuda a los heridos.


Hasta la fecha, los momentos de mayor intensidad represora se registraron entre el 22 y el 24 de abril. Durante las protestas del “Gran Viernes” convocadas para el 22 de abril murieron más de 120 personas, algunas como resultado del bombardeo con tanques por parte del ejército de zonas residenciales en la localidad meridional de Dera’a. El recurso a la artillería contra zonas residenciales civiles indica que el gobierno de Siria puede estar decidido a aplastar las protestas populares utilizando cualquier medio, independientemente de su legalidad y conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.


Hasta un tercio de los homicidios se han perpetrado en Dera’a, donde se produjeron las primeras muertes el 18 de marzo de 2011. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los residentes que protestaban contra la detención y reclusión de jóvenes que presuntamente habían escrito en las paredes grafitis de carácter político. Cuatro manifestantes resultaron muertos y en los dos días siguientes murieron al menos otros dos. El ejército y agentes de seguridad con ropas de civil mataron como mínimo a siete personas más al irrumpir posteriormente en la mezquita de ‘Omari, en la que decenas de personas realizaban una sentada de protesta. Entre los muertos había un médico y dos mujeres que se ocupaban de suministrar agua a las personas que protestaban.


Las fuerzas de seguridad también han matado a otras personas en más de una decena de ciudades y pueblos, como Izra’, as-Sanamayn, Latakia, Banias, Homs, Hama y Damasco.


El gobierno sirio y la agencia oficial siria de noticias SANA han atribuido los homicidios a bandas armadas “terroristas” y “fundamentalistas” que, según afirman, han atacado tanto a las fuerzas de seguridad como a los manifestantes. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos en que se han producido muertes ha habido pruebas claras de que fueron perpetradas por las propias fuerzas de seguridad del gobierno presentes en el lugar de los hechos y a las que se vio disparar contra manifestantes y participantes en procesiones funerarias. En algunos casos se ha visto a hombres armados sin identificar disparando en las calles y las inmediaciones de zonas urbanas como Latakia, Dera’a y Banias, pero su forma de actuar y moverse sugieren que actuaban en colaboración con las fuerzas de seguridad del gobierno. Por su parte, el gobierno afirma que han resultado muertos al menos 26 miembros de las fuerzas de seguridad, pero Amnistía Internacional no ha podido verificar esta información de forma independiente, como tampoco ha podido determinar las circunstancias en que se produjeron esas muertes, si es que ocurrieron. Amnistía Internacional tampoco ha podido verificar hasta la fecha los informes según los cuales algunos soldados han sido ejecutados sumariamente por orden de sus mandos al negarse a abrir fuego contra los manifestantes.


Amnistía Internacional ha informado a las autoridades sirias de su deseo de visitar con carácter de urgencia el país a fin de investigar sobre el terreno presuntas violaciones de los derechos humanos pero, hasta la fecha, no ha recibido respuesta. Las autoridades sirias limitan estrictamente el acceso a la información y a la libertad de expresión, lo que dificulta extremadamente las investigaciones independientes y la verificación de las violaciones de derechos humanos.


Esta imposibilidad de acceder de forma independiente a Siria para investigar los homicidios, incluidos los de miembros de las fuerzas de seguridad, subraya la necesidad de que la ONU actúe. El 31 de marzo de 2011, según la agencia oficial siria de noticias SANA, el presidente Bashar al Assad ordenó la constitución de un comité para “emprender investigaciones inmediatas sobre todos los incidentes que se han cobrado la vida de civiles y personal militar en Dera’a y Latakia”. Sin embargo, puesto que a lo largo de los años y de forma reiterada las autoridades sirias no han llevado a cabo investigaciones independientes ni exhaustivas sobre numerosos casos de violación de los derechos humanos, y dado el limitado alcance de la anunciada investigación, agregado al hecho de que las autoridades sirias están culpando de la violencia a “bandas armadas”, Amnistía Internacional considera muy poco probable que la investigación que se ha anunciado, u otras similares que las autoridades sirias pudieran establecer, sean lo suficientemente independientes, objetivas, exhaustivas y sólidas como para cumplir las normas internacionales sobre la materia.


La enorme cantidad de detenciones de que ha ido acompañada la violenta represión, la mayoría de las cuales parecen haberse practicado de forma arbitraria, también contrasta con las declaraciones formuladas por las autoridades. A pesar de que el pasado 15 de abril el presidente sirio, Bashar al Assad, se comprometió por segunda vez a poner en libertad a todas las personas que hubieran sido detenidas en el contexto de las manifestaciones, salvo a las que estuvieran acusadas de crímenes “contra la nación y los ciudadanos”, se cree que hay todavía privados de libertad centenares de manifestantes que corren peligro de ser objeto de torturas u otros malos tratos. De hecho, se están recibiendo ya nuevos informes sobre actos de tortura y otros malos tratos, prácticas entre las que, según informes, figuran las palizas con palos y cables, las descargas eléctricas y los abusos sexuales. Varias ONG sirias han denunciado que, durante las recientes manifestaciones, al menos 1.700 personas podrían haber sido detenidas; hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha podido verificar esa cifra.


Amnistía Internacional insta al Consejo de Derechos Humanos a que exija a las autoridades sirias que:


Pongan fin a la represión de manifestantes pacíficos, y en especial a los homicidios ilegítimos y al uso excesivo de la fuerza, a las detenciones y reclusiones arbitrarias y a la tortura y otros malos tratos;

Adopten las medidas necesarias para garantizar la plena rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas en las últimas semanas, y las que siguen produciéndose, entre otras mediante la realización de investigaciones independientes e imparciales y el procesamiento de quienes hayan sido responsables de los homicidios ilegítimos, de las torturas y otras violaciones de derechos humanos, en juicios justos en los que no se recurra a la pena de muerte;

Cursen las oportunas invitaciones a los procedimientos especiales pertinentes de la ONU, y faciliten su visita, con el fin de que lleven a cabo, o presten asistencia, en investigaciones directas sobre los centenares de homicidios de manifestantes y otras graves violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar, sobre el uso excesivo de la fuerza y sobre los informes de ejecuciones extrajudiciales de miembros de las fuerzas de seguridad y de otras personas, las detenciones arbitrarias generalizadas, las torturas, y los estrictos controles sobre la libertad de expresión y circulación;

Soliciten la visita urgente de representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos;

Resuelvan mantener en revisión permanente la situación de los derechos humanos en Siria y establezcan los oportunos mecanismos para ello, como el de informar regularmente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU;

Amnistía Internacional insta asimismo al Consejo de Derechos Humanos a que:

Transmita el informe del 16º periodo extraordinario de sesiones sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria a la Asamblea General con antelación a las elecciones para el Consejo de Derechos Humanos previstas para el 20 de mayo de 2011.


Amnistía Internacional desea dejar constancia de que en Bahréin y Yemen existen situaciones de violación de los derechos humanos de gravedad comparable, por lo que la organización insta al Consejo de Derechos Humanos a reunirse sin demora en sesión extraordinaria para abordarlas.

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