Document - Syria: Amna al-'Allush, allegedly tortured in the presence of a judge and senior local official

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: MDE 24/006/2005 (Público)

Servicio de Noticias 023/05

31 de enero de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE240062005

Siria: Amna al-'Allush, presuntamente torturada en presencia de un juez y dos autoridades locales

Las autoridades sirias tienen la obligación de investigar todas las denuncias de tortura formuladas en el caso de Amna al-'Allush, condenada a 12 años de cárcel por el cargo de asesinato tras un juicio injusto que se basó en una “confesión” obtenida, según informes, mediante tortura.

“Amna al-'Allush fue torturada por orden y en presencia de dos funcionarios de la policía local y un juez, según el testimonio prestado por testigos —ha explicado Arlette Laduguie, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional—. Es imprescindible que se tomen en cuenta estos testimonios durante el nuevo juicio al que va a ser sometida, y que los responsables sean procesados con independencia de su rango y condición.”

Por otra parte, las autoridades deben garantizar que en el nuevo juicio no se admiten “confesiones” obtenidas mediante tortura, como sucede actualmente. En este nuevo proceso debería tomarse en consideración el testimonio de varios testigos que afirman haber visto cómo torturaban a la acusada.

“Al menos dos policías y un auxiliar judicial contaron al Tribunal Penal de Raqqa que habían visto cómo torturaban a Amna al-'Allush y la obligaban a “confesar” cuando era interrogada por el cargo de asesinato en el palacio de justicia de Ma’dan, la noche del 16 al 17 de marzo de 2002. Según los testigos, llegó al edificio escoltada por el jefe de la policía local y el alcalde de la localidad. También dijeron haber visto a la policía descargando rollos de cable y cubiertas de rueda del vehículo policial, que posteriormente iban a ser utilizados como instrumentos de tortura contra ella.

Los testigos afirmaron que Amna al-'Allush había sido interrogada en presencia de dos funcionarios de la policía local y un juez. Según uno de los testigos, un auxiliar judicial a quien llamaron para que levantara acta del interrogatorio, obligaron a Amna al-'Allush a cambiarse el vestido suelto que llevaba por unos pantalones de campaña. Al parecer se tomó esta medida para evitar que algunas partes de su cuerpo quedaran expuestas cuando le colocaran las cubiertas como preparación para la tortura.

De acuerdo con el testimonio de este auxiliar judicial, Amna al-'Allush siguió negando los cargos y proclamando su inocencia cuando el juez la interrogó. A continuación le colocaron las cubiertas de caucho y el jefe de la comisaría de policía empezó a golpearla una y otra vez con un cable doblado en tres partes mientras el juez y el alcalde de la localidad observaban la escena; después abandonaron la sala.

El testigo aseguró haber oído cómo el jefe de policía amenazaba a la acusada con estas palabras: “Dios es misericordioso y la noche es larga”. Al cabo de un rato, el juez regresó a la sala de interrogatorio y le preguntó al policía que la estaba torturando: “¿Ha confesado?” y el policía contestó: “No”. El juez volvió a abandonar la sala. Los llantos y gritos de Amna al-'Allush podían escucharse en su despacho, situado a menos de cinco metros y cuya puerta estaba abierta. El policía continuó con la paliza aunque ella seguía negando las acusaciones. Después la soltaron y se la llevaron; apenas podía caminar como consecuencia de los fuertes golpes recibidos. A la mañana siguiente un policía la llevó ante el juez y le comunicó que había confesado.

A pesar del relato de los testigos, el Tribunal Penal de Raqqa hizo caso omiso de las denuncias de tortura y dictó sentencia contra Amna al-'Allush el 13 de abril de 2004, condenándola a 12 años de cárcel. El 16 de agosto, el Tribunal de Casación anuló el fallo por defectos de forma y ordenó la celebración de un nuevo juicio, que continuará el martes 1 de febrero. El juez que al parecer estuvo presente durante la sesión de tortura será interrogado por los abogados en esa fecha.

Para solicitar la apertura de una investigación sobre la presunta participación del juez en la tortura de Amna al-'Allush, el abogado de la acusada envió un memorándum al presidente de Siria, Bashar al Assad, que es también presidente del Consejo Judicial y, por lo tanto, la única persona facultada para autorizar el procesamiento de un juez. Hasta la fecha no ha obtenido respuesta a este memorándum.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades sirias que lleven a cabo sin demora una investigación independiente e imparcial sobre estas denuncias y aparten de sus funciones a todo funcionario público presuntamente implicado en las torturas hasta que se conozcan las conclusiones de dicha investigación y se tomen las medidas disciplinarias o judiciales correspondientes. Los presuntos autores de actos de tortura deben ser procesados con independencia de su rango o condición.

Información complementaria

Amnistía Internacional ha reunido indicios de que las fuerzas de seguridad sirias aplican la tortura por sistema a los detenidos por motivos políticos. También es habitual que se torture a los presuntos autores de delitos comunes. La tortura se viene practicando en Siria desde hace años con absoluta impunidad, y las salvaguardias jurídicas que prohíben y penalizan su uso se ignoran por sistema. Rara vez se investigan los casos de muerte bajo custodia presuntamente causada por tortura, y son muy pocos los torturadores que comparecen ante un tribunal.

Las “confesiones” obtenidas mediante tortura no son admisibles como prueba en ningún proceso judicial, salvo si es contra la persona acusada de haber torturado; así lo establece el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que Siria es Estado Parte. Además, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal sirios prohíben expresamente recurrir a la presión física para obtener confesiones. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura ha recomendado que “[c]uando el acusado formule durante el juicio acusaciones de tortura u otros malos tratos, la carga de la prueba debería recaer en el ministerio público, a fin de demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que la confesión no se obtuvo con medios ilícitos, incluida la tortura y malos tratos análogos”.