Document - Palestinian non-member state observer recognition at the UN: Questions and answers

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Índice AI: MDE 21/005/2012

12 de diciembre de 2012

Reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la condición de Palestina como Estado, pues se trata de una cuestión política ajena a su misión en tanto que organización de derechos humanos. Sin embargo, el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU tiene implicaciones importantes en asuntos de derechos humanos de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE PALESTINA COMO ESTADO

El 29 de noviembre de 2012, los líderes de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) lograron que se reconociera a Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. La votación de la Asamblea General de la ONU en Nueva York se saldó con 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra. A partir de ahora, Palestina podrá adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y a otros tratados de derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

A pesar del reconocimiento de Palestina como Estado, el gobierno palestino sigue ejerciendo un control efectivo limitado sobre el territorio que reclama.

Amnistía Internacional insta al gobierno palestino a que se adhiera sin demora a todos los tratados pertinentes (Amnistía Internacional, La nueva condición de Palestina en la ONU debe abrir la puerta a la justicia, 30 de noviembre de 2012, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/nueva-condicion-palestina-onu-justicia-2012-11-30).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P.1 ¿Cuál es la posición de Amnistía Internacional sobre el reconocimiento de Palestina como Estado en la ONU?

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la resolución del conflicto israelo-palestino, sobre si Palestina debe ser un Estado y qué fronteras debe tener, ni sobre el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de la ONU. En tanto que organización de derechos humanos, la preocupación de Amnistía Internacional es que toda resolución, iniciativa o acuerdo respete plenamente los derechos humanos de la población palestina e israelí, incluido el acceso a la justicia, la verdad y las reparaciones.

P.2 ¿Afecta el reconocimiento de Palestina como Estado a las normas jurídicas aplicables en los Territorios Palestinos Ocupados, o a las obligaciones de Israel en tanto que potencia ocupante?

El derecho internacional humanitario –en particular el IV Convenio de Ginebra y el Reglamento de la Haya– es de aplicación a toda situación de ocupación beligerante, con independencia de si el territorio en cuestión goza de reconocimiento como Estado. La cuestión clave es si la potencia extranjera ejerce un “control efectivo” y gobernanza sobre la población local. Ni el reconocimiento de Palestina por varios Estados ni ninguna resolución del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU cambiarán el control efectivo que Israel mantiene sobre la población palestina de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y de la Franja de Gaza, que conforman los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).

En Cisjordania, Israel ejerce pleno control civil y militar sobre el espacio aéreo, los pasos fronterizos y el 60 por ciento de la zona terrestre (designada “Zona C” en virtud de los Acuerdos de Oslo). Tanto tribunales militares como el Tribunal Superior de Justicia de Israel (HCJ 2056/04, Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel) han determinado que la totalidad del territorio, incluidas las limitadas zonas designadas “Zonas A” en virtud de los Acuerdos de Oslo, está bajo ocupación. En Gaza, Israel ejerce un control directo sobre el espacio aéreo, las aguas territoriales, todos los pasos fronterizos terrestres excepto uno, y el perímetro de la Franja de Gaza. Israel controla la entrada y salida de personas y mercancías en ambas partes de los Territorios Palestinos Ocupados, que según el Acuerdo de Oslo y el derecho internacional humanitario se consideran una misma unidad territorial. Además, Israel controla el censo de población palestina y se ha negado a actualizarlo o a tramitar solicitudes de reunificación familiar desde 2000, lo que implica que decenas de miles de palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza sean considerados residentes ilegales por las autoridades israelíes y vivan con miedo constante a la expulsión.

Por todos estos motivos, Israel sigue siendo la potencia ocupante tanto en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, como en la Franja de Gaza. El hecho de que la ONU reconozca o mejore el estatuto de Palestina no modifica las obligaciones que incumben a Israel como potencia ocupante, entre ellas la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población palestina y proteger a la población civil.

Las acciones de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados continuarán sujetas a las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado, tal como han afirmado en repetidas ocasiones los órganos de vigilancia de los tratados, así como a las obligaciones previstas en las normas consuetudinarias del derecho internacional de los derechos humanos. Entre los tratados ratificados por Israel están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Como se explica infra, la declaración de Palestina como Estado podría afectar también a las normas aplicables a la Autoridad Palestina.

P. 3 El reconocimiento de Palestina como Estado, ¿le permite ratificar convenios y tratados internacionales de derechos humanos, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)?

Los requisitos sobre la condición de Estado para ser parte en convenios y tratados de derechos humanos varían de un tratado a otro. Algunos tratados permiten a todos los Estados convertirse en Estados Partes, como es el caso del Estatuto de Roma de la CPI. En otros, es necesario ser miembro de la ONU, recibir una invitación de la Asamblea General de la ONU o ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racial no requieren la pertenencia a la ONU para su ratificación, pues también están abiertos a los miembros de cualquiera de sus órganos especializados (Palestina ya es Estado miembro de la UNESCO), a todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y a cualquier Estado invitado a convertirse en Estado Parte por la Asamblea General. La adhesión a los tratados formalizaría las obligaciones de derechos humanos de Palestina y la sometería a la vigilancia y a la revisión periódica de los órganos pertinentes creados en virtud de los tratados. Al igual que cualquier otro Estado, Palestina también está sujeta al derecho internacional consuetudinario de los derechos humanos, incluso aunque no haya ratificado tratados de derechos humanos.

El Estatuto de Roma está abierto a la adhesión de todos los Estados, y no es requisito ser miembro de la ONU. Un Estado, las Islas Cook, que ni siquiera tiene la condición de observador no miembro de la ONU, es parte en el Estatuto de Roma desde 2008 sin que ningún país haya presentado objeciones al respecto. Al obtener el estatuto de Estado observador no miembro de la ONU, Palestina gana impulso para reivindicar su condición de Estado y, por tanto, se convierte en un candidato con más posibilidades de ser parte en el Estatuto de Roma.

P. 4 ¿De qué modo afecta el reconocimiento de Palestina como Estado observador a los esfuerzos para exigir rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur de Israel, y qué pide Amnistía Internacional a este respecto?

Amnistía Internacional recabó indicios de que tanto las fuerzas israelíes como grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra durante el conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur de Israel (véase Amnistía Internacional, Operación “Plomo Fundido”: 22 días de muerte y destrucción, julio de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE15/015/2009/es), y la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza coincidió con esta valoración en su informe de 2009 (Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza, doc. ONU A/HRC/12/48, 25 de septiembre de 2009, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm). Tras evaluar las investigaciones de ámbito nacional realizadas por las dos partes, Amnistía Internacional concluyó que ni el gobierno israelí ni la administración de facto de Hamás habían llevado a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e independientes conformes con el derecho internacional, y que no habían procesado a las personas con presunta responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional (Amnesty International’s assessment of Israeli and Palestinian investigations into the Gaza conflict, 27 de septiembre de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/022/2010/en; y Evaluación actualizada de las investigaciones israelíes y palestinas sobre el conflicto de Gaza, realizada por Amnistía Internacional, Índice MDE 15/018/2011, 18 de marzo de 2011, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE15/018/2011/es).

Todo Estado que invoque la jurisdicción universal puede investigar crímenes de derecho internacional y, si hay suficientes pruebas admisibles, enjuiciarlos, incluso aunque no exista ningún vínculo entre el Estado y el hecho en cuestión. A estos efectos, que el sospechoso sea o no nacional de un determinado Estado es irrelevante. Amnistía Internacional pide a todos los Estados que ejerzan la jurisdicción universal sobre crímenes de derecho internacional, como los documentados en el conflicto de Gaza de 2008-2009, tal como recomienda también el Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza en los párrafos 1402 y 1646 a 1654. Los Estados deben investigar y, si se encuentran suficientes pruebas admisibles, procesar ante sus tribunales nacionales a los sospechosos de responsabilidad penal por los crímenes de derecho internacional cometidos antes, durante y después del conflicto, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los presuntos autores.

Amnistía Internacional también ha exhortado a la fiscal de la Corte Penal Internacional a que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares que determine la validez de la declaración hecha en enero de 2009 por la Autoridad Palestina con arreglo al artículo 12.3 del Estatuto de Roma, por la cual acepta la jurisdicción de la Corte sobre crímenes “cometidos en el territorio de Palestina desde el 1 de julio de 2002” (Amnistía Internacional, La CPI debe decidir sobre la investigación del conflicto de Gaza, 27 de septiembre de 2010, http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/cpi-decidir-investigacion-conflicto-gaza-2010-09-27). Esta declaración abarcaría, en principio, todos los crímenes cometidos en Gaza y el sur de Israel documentados en el informe de la Misión de Investigación de la ONU.

La Fiscalía de la CPI recibió varias peticiones sobre si la declaración de la Autoridad Palestina reunía los requisitos establecidos en el Estatuto y emprendió un examen preliminar de los crímenes cometidos durante el conflicto de Gaza. El 3 de abril de 2012, la Fiscalía concluyó que no podía proseguir con la investigación ni el enjuiciamiento de estos delitos a menos que los órganos pertinentes de la ONU (en particular, el secretario general y la Asamblea General) o la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de la CPI (compuesta por 121 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma) decidiesen que Palestina cumple los requisitos de Estado en el sentido de la disposición con arreglo a la cual la Autoridad Palestina había presentado la declaración (Amnesty International’s response to the ICC Office of the Prosecutor’s statement that it cannot investigate crimes committed during the Gaza conflict, Índice MDE 15/018/2012, 4 de abril de 2012, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/018/2012/en). Ahora se cumple este requisito (Amnistía Internacional, La nueva condición de Palestina en la ONU debe abrir la puerta a la justicia, 30 de noviembre de 2012, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/nueva-condicion-palestina-onu-justicia-2012-11-30).

Otra posibilidad es que Palestina presente una nueva declaración en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma, una vez que ya ha obtenido la condición de Estado observador no miembro de la ONU, para que la CPI reconsidere la posibilidad de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto de Gaza de 2008-2009. En el caso de que la Sala de Cuestiones Preliminares no acepte la declaración de Palestina –decisión que estaría sujeta a apelación–, la jurisdicción de la CPI podría activarse si el Consejo de Seguridad remitiese la situación a la fiscal, o, de convertirse Palestina en Estado Parte en el Estatuto de Roma, si Palestina o cualquier otro Estado Parte remitiesen la situación a la fiscal o la propia fiscal iniciase una investigación de oficio.

Amnistía Internacional sigue pidiendo a la Asamblea General de la ONU que reconsidere el informe de la Misión de Investigación de la ONU. La Asamblea General debería enviar el informe al Consejo de Seguridad junto con la recomendación de remitir la situación de Gaza a la fiscal de la CPI, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.b del Estatuto de Roma (Amnistía Internacional, Open letter to UN Secretary-General regarding follow-up to the Report of the UN Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, Índice MDE 15/034/2011, 16 de septiembre de 2011, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/034/2011/en; Open letter to Baroness Ashton regarding follow-up to the Report of the UN Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, Índice MDE 15/035/2011, 16 de septiembre de 2011, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/035/2011/en; y La ONU debe rechazar las peticiones israelíes de retirar el informe Goldstone, 7 de abril de 2011, http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/ONU-debe-rechazar-peticiones-Israel-retirar-informe-Goldstone-2011-04-07).

P. 5 ¿Qué piensan de la presión que se ejerció sobre varios diplomáticos palestinos antes de la votación para que no iniciaran mecanismos de rendición de cuentas en el caso de que se reconociese a Palestina como Estado?

Amnistía Internacional siente preocupación por las informaciones según las cuales varios Estados, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos, presionaron a diplomáticos palestinos antes de la votación de la Asamblea General de la ONU para que renunciaran a los mecanismos de rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional. Amnistía Internacional se opone a tales intentos destinados a impedir que los palestinos se adhieran al Estatuto de Roma de la CPI, pues contravienen el principio fundamental de que la justicia debe ser accesible para todas las personas, con independencia de la nacionalidad o de la afiliación política, y tienen por objeto socavar la integridad de la CPI. Estas iniciativas parecen estar concebidas para afianzar la impunidad de los crímenes de derecho internacional, en particular los cometidos durante el conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur de Israel, al impedir tanto a las víctimas palestinas como a las israelíes acceder a la justicia a través de la CPI.

P. 6 ¿De qué modo afecta el reconocimiento de Palestina como Estado observador a los esfuerzos para exigir rendición de cuentas por las manifiestas violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto de noviembre de 2012 en Gaza y el sur de Israel, y qué pide Amnistía Internacional a este respecto?

Amnistía Internacional ha pedido a Israel y a Hamás que emprendan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes y eficaces de las manifiestas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas respectivamente por las fuerzas armadas israelíes y por grupos armados palestinos. Sin embargo, Israel tiene un historial deficiente de rendición de cuentas por violaciones cometidas por sus propias fuerzas, mientras que Hamás no ha emprendido ningún esfuerzo de rendir cuentas. La nueva posición de Palestina en la ONU y su potencial adhesión al Estatuto de Roma podrían ser vitales para impulsar mecanismos de rendición de cuentas en el futuro. Para respaldar este proceso, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que envíe a Gaza e Israel observadores expertos con capacidad para investigar violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Hasta que hayan tenido lugar tales investigaciones y se haya llevado ante la justicia a los responsables, el Consejo de Seguridad debe imponer un embargo de armas a todas las partes en el conflicto. A la espera de dicho embargo, todos los Estados deben suspender inmediatamente las transferencias de armas, municiones y equipo relacionado a Israel, a la administración de facto de Hamás y a los grupos armados palestinos de Gaza (Amnistía Internacional, Conflicto Israel/Gaza: La ONU debe imponer un embargo de armas y enviar inmediatamente observadores internacionales, 19 de noviembre de 2012, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/israel-gaza-onu-imponer-embargo-armas-observacion-intl-2012-11-19).

P. 7 ¿De qué modo afecta el reconocimiento de Palestina como Estado a los esfuerzos para exigir rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, los abusos y los crímenes de derecho internacional cometidos por la Autoridad Palestina y la administración de facto de Hamás en Gaza?

La adhesión de Palestina a tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial reforzarían las iniciativas dirigidas a exigir rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos que se siguen cometiendo. Entre tales violaciones están las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos a detenidos, el incumplimiento de las decisiones judiciales (incluso las relativas a la puesta en libertad de detenidos), el uso excesivo o innecesario de la fuerza contra manifestantes y otras restricciones arbitrarias de la libertad de expresión y asociación. Al ser Estado Parte en tratados internacionales de derechos humanos, Palestina estaría sujeta a la vigilancia periódica de los órganos de la ONU creados en virtud de los tratados y tendría la obligación de tomar las medidas necesarias para impedir que las instancias de gobierno y sus fuerzas de seguridad cometiesen violaciones de derechos humanos.

En Gaza, la administración de facto de Hamás comete regularmente abusos graves similares a los que comete la Autoridad Palestina en Cisjordania. Además, desde que obtuvieron el control de Gaza en junio de 2007, las autoridades de Hamás son responsables de haber ejecutado a personas tras juicios injustos ante tribunales civiles y militares, de no haber procesado a miembros de grupos armados con presunta responsabilidad penal en ejecuciones sumarias y de no haber impedido que grupos armados palestinos lanzasen cohetes indiscriminadamente contra el sur de Israel, lo que constituye un crimen de guerra. Menos obvios son los efectos de la condición de Palestina como Estado en los esfuerzos para hacer rendir cuentas a las autoridades de Hamás por estos abusos. En Gaza, la administración de facto de Hamás ejerce muchas funciones de Estado, entre ellas la administración de la justicia, y posiblemente debería estar sujeta a las obligaciones de derecho internacional contraídas por el Estado de Palestina. En cualquier caso, Hamás seguiría teniendo las obligaciones previstas en el derecho internacional humanitario. La Autoridad Palestina también debe asumir cierta responsabilidad por las acciones que emprenden grupos armados y actores no estatales desde su territorio, aunque depende del grado de control y de los medios de actuación de que dispone.

Lo que está claro es que, si Palestina se convirtiese en parte en el Estatuto de Roma de la CPI o si se activase la jurisdicción de la CPI por alguno de los medios mencionados supra, mejorarían enormemente las perspectivas de obligar a asumir la responsabilidad penal individual por crímenes de derecho internacional cometidos u ordenados por miembros de Hamás y otros grupos armados palestinos, pues la CPI puede investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional cometidos tanto por actores estatales como no estatales.

Amnistía Internacional insta a Palestina a que se convierta en parte en todos los tratados pertinentes de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

P. 8 ¿Qué implicaciones tiene la condición de Estado de Palestina en la situación de los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO)?

El reconocimiento de Palestina como Estado no afecta a la condición de Israel en tanto que potencia ocupante en Cisjordania y la Franja de Gaza, al igual que no afecta a la situación de los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. El establecimiento y la conservación de asentamientos civiles en territorio ocupado vulneran el derecho internacional humanitario, concretamente el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante trasladar a su propia población civil al territorio ocupado, y el artículo 55 del Reglamento de La Haya, que prohíbe a la potencia ocupante cambiar el carácter y la naturaleza de la propiedad del Estado, salvo por necesidades de seguridad o en beneficio de la población local. Conforme al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la CPI, el “traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa” se considera un crimen de guerra “cuando se comet[a] como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes”.

La política de asentamientos de Israel es además intrínsecamente discriminatoria y da lugar a violaciones continuas del derecho de la población palestina de la Cisjordania ocupada a una vivienda adecuada, a la salud, al agua y a un nivel de vida adecuado. También es causa directa del desalojo forzoso de comunidades vulnerables.

En respuesta al reconocimiento de Palestina como Estado observador de la ONU, el gobierno israelí anunció que aceleraría la construcción de asentamientos más allá de la expansión que ya está en curso en Jerusalén Oriental y en otras partes de Cisjordania. No sólo son ilegales los asentamientos con arreglo al derecho internacional y causan violaciones de multitud de derechos humanos de los palestinos, sino que también suponen restricciones arbitrarias a la libertad de circulación de la población palestina. Los controles de seguridad militares, las vías de circunvalación con acceso prioritario para los colonos y las zonas vedadas alrededor de los asentamientos restringen el movimiento de los palestinos en Cisjordania de formas que no son únicamente respuestas a amenazas de seguridad ni son proporcionadas en duración e impacto a ninguno de tales peligros. El régimen de restricciones a la circulación que se ha impuesto en relación con los asentamientos constituye un castigo colectivo a la población de Cisjordania. Las recientes declaraciones de Israel sobre la expansión de los asentamientos hacen temer que se intensificarán estas medidas.

Amnistía Internacional sigue instando a Israel a que interrumpa de inmediato la expansión de los asentamientos en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, como primer paso hacia la retirada de los asentamientos israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados. Para más información acerca de la posición de Amnistía Internacional sobre los asentamientos y el derecho internacional, véase: Amnistía Internacional, Israel y los Territorios Ocupados: La cuestión de los asentamientos debe abordarse de acuerdo con el derecho internacional, Índice: MDE 15/085/2003, 7 de septiembre de 2003, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE15/085/2003/es.

P. 9 ¿Cómo quedan redefinidas las relaciones entre Israel y Palestina conforme al derecho internacional tras el reconocimiento de la condición de Estado de Palestina?

Israel fue uno de los nueve países, junto con Estados Unidos, Canadá, República Checa, Panamá y cuatro naciones insulares del Pacífico, que votaron en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU por la que se concedía a Palestina la condición de Estado observador no miembro.

Además de anunciar la construcción de nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania, el gobierno israelí ha suspendido la transferencia de los ingresos fiscales recaudados en nombre de la Autoridad Palestina, según han informado diversos medios de comunicación.

Las restricciones que impone Israel a la circulación de bienes y personas ya han estrangulado la economía palestina y han obligado a muchos palestinos a depender de la ayuda humanitaria. Amnistía Internacional ha instado a Israel en repetidas ocasiones a levantar por completo el bloqueo sobre Gaza, que impone un castigo colectivo a los más de 1,4 millones de palestinos vulnerando claramente el derecho internacional. La organización teme que retener fondos o recursos agrave la situación humanitaria.

Israel, en tanto que potencia ocupante, no debe imponer castigos colectivos y es responsable del bienestar de la población del territorio ocupado.

P. 10 ¿Afecta el reconocimiento de Palestina como Estado a la representación internacional de los refugiados palestinos o de su derecho de retorno?

La cuestión de quién representa al pueblo palestino y sus derechos en el ámbito internacional es algo que tienen que decidir los propios palestinos.

Los derechos de los refugiados palestinos respecto a su vida cotidiana, ya sean derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y culturales, deben ser respetados por los Estados en cuyas jurisdicciones residen. Estos derechos están consagrados en el derecho internacional y no se ven afectados por el reconocimiento (o falta de reconocimiento) del Estado palestino. Del mismo modo, el derecho de retorno está previsto para cada refugiado palestino individualmente y no puede ponerse en entredicho por ningún cambio en el estatuto de Palestina ante la ONU ni por el reconocimiento (o falta de reconocimiento) de Palestina como Estado. Este derecho no sólo se aplica a quienes fueron directamente expulsados y a sus familias directas, sino a aquellos descendientes que han mantenido lazos estrechos y duraderos. Para consultar la declaración de política de Amnistía Internacional sobre el derecho de retorno de los palestinos, véase Israel y los Territorios Ocupados/Autoridad Palestina: El derecho de retorno. El caso de los palestinos, Índice: MDE 15/013/2001, 29 de marzo de 2001, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/013/2001/en.

P. 11 ¿Qué implicaciones tiene el reconocimiento de Palestina como Estado en la condición de los presos palestinos recluidos por Israel?

Un mayor reconocimiento internacional de Palestina como Estado podría permitirle ratificar los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. En 1989, la Organización para la Liberación de Palestina presentó una carta de adhesión a los Convenios de Ginebra en nombre del Estado de Palestina. El Consejo Federal Suizo, que es la entidad a la que se notifican las ratificaciones o adhesiones a los Convenios, declaró que no estaba en posición de decidir si la carta era un instrumento válido de adhesión “debido a la incertidumbre en el seno de la comunidad internacional sobre la existencia o no de un Estado de Palestina”. El nuevo estatuto de Palestina en la ONU puede ser suficiente para resolver esta incertidumbre a ojos del Consejo Federal Suizo.

El III Convenio de Ginebra regula el trato debido a los prisioneros de guerra durante conflictos armados y en situaciones de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante. Si Palestina se convierte en Alta Parte Contratante en el III Convenio de Ginebra, Israel podría estar obligado a conceder la condición de prisionero de guerra a los combatientes palestinos que formaban parte de las fuerzas armadas regulares, o a miembros de otras milicias o movimientos organizados de resistencia, siempre que cumpliesen ciertas condiciones. Estas condiciones, enumeradas en el artículo 4.2 del Convenio, establecen que, para ser considerados prisioneros de guerra, los combatientes deben distinguirse de la población civil portando un signo distintivo fijo reconocible a distancia y llevando las armas a la vista, y deben dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra.

La condición de prisioneros de guerra otorgaría varias salvaguardias de las que no disfrutan actualmente los presos palestinos recluidos por Israel por presunta participación en ataques armados o pertenencia a grupos armados. Por ejemplo, al ser combatientes legales, no podrían ser procesados por ataques contra soldados y objetivos militares que cumpliesen las normas del derecho internacional humanitario, pero sí podrían estar recluidos como prisioneros de guerra hasta que cesasen las hostilidades activas. Sin embargo, este estatuto no impediría que fuesen juzgados por ataques contra civiles o por otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Actualmente, los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados detenidos por Israel por presunta implicación en el lanzamiento o la planificación de ataques son tratados como civiles que han participado directamente en las hostilidades y juzgados en tribunales militares israelíes o recluidos en régimen de detención administrativa, lo que permite recluirlos sin cargos ni juicio durante periodos de hasta seis meses, renovables indefinidamente.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE