Document - Libya: Two possible prisoners of conscience sentenced to death

18 de febrero de 2002

Índice AI: MDE 19/001/2002/s

Servicio de Noticias 029/02


Libia: Condenados a muerte dos posibles presos de conciencia


Amnistía Internacional ha manifestado hoy su inquietud ante la imposición de la pena capital a dos posibles presos de conciencia, Abdullah Ahmed Izzedin y Salem Abu Hanak, anunciada el sábado 16 de febrero de 2002. En un juicio que no contó con las debidas garantías procesales se impusieron a otras muchas personas penas que oscilaban desde los 10 años de reclusión a la cadena perpetua.


«Estas condenas emanan de un juicio injusto que constituye una farsa. Hacemos un llamamiento a las autoridades de Libia para que suspendan las penas de muerte impuestas a Abdullah Ahmed Izzedin y Salem Abu Hanak», ha anunciado hoy la organización. Y ha añadido: «Solicitamos asimismo a las autoridades libias que reconsideren la situación de todos los encausados en este juicio y que pongan en libertad a todas aquellas personas condenadas únicamente por ejercer su derecho a expresar libremente sus convicciones sin recurrir a la violencia».

Salem Abu Hanak, nacido en 1956 y padre de cinco hijos, es jefe del departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Qar Younes, en Benghazi. Fue detenido el 5 de junio de 1998. Dos días más tarde se detuvo a Abdullah Ahmed Izzedin, nacido en 1950, padre de cuatro hijos, y profesor en la Facultad de Ingeniería de Trípoli. Ambos formaban parte del grupo de 152 profesionales y estudiantes detenidos en el mes de junio de 1998 y posteriormente, bajo la sospecha de ofrecer apoyo al proscrito Grupo Islámico Libio (Al Jama'a al Islamiya al Libiya), conocido también como Hermandad Musulmana (Al Ikhwan al Muslimin),o ser simpatizante de esta formación. No se tienen noticias de que el Grupo Islámico Libio haya recurrido a la violencia o propugnado su uso.


Desde su detención, los encausados permanecieron recluidos en régimen de incomunicación sin que se conociera su paradero. Durante más de dos años, se les privó del derecho a disponer de asistencia letrada y recibir visitas de su familia. No se hizo público ningún informe sobre una investigación de las denuncias de torturas que formularon algunos de los acusados.


También conocido como «el caso de la Hermandad Musulmana», el juicio de este caso se inició en marzo del 2001, sin que se cumplieran las garantías procesales establecidas en las normas internacionales, incluido el derecho del demandante a elegir a su abogado. Todas las vistas de los casos juzgados por el Tribunal Popularse celebraron a puerta cerrada en un recinto militar situado en las afueras de Trípoli. A los abogados designados por las familias no se les permitió acceder a los expedientes del caso ni entrevistarse con sus defendidos. En la segunda sesión de este juicio, celebrada el 29 de abril del 2001, se negó a los abogados la entrada en el juzgado y el juez designó a empleados adscritos a la Oficina Popular de Abogados (Maktab al Muhama al Sha'biyya). También ese día fue la primera vez que se permitió a los encausados entrevistarse brevemente con sus familiares. Posteriormente, hasta diciembre del 2001 se les negó la autorización para recibir visitas en la cárcel de Abu Salim, en Trípoli. En dos ocasiones, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades libias autorización para observar este juicio, sin que le fuera otorgada en ninguno de los casos.


Información general


Al parecer, los encausados fueron acusados en virtud de las disposiciones establecidas por los artículos 2 y 3 de la Ley 71 de 1972, y el artículo 206 del Código Penal. La Ley 71 determina las actividades de los partidos de tal forma que en la definición se abarcan todos los tipos de actividad ejercida por un grupo cuya ideología política sea opuesta a los principios de la Revolución del 1 de septiembre de 1969 (Al Fatih). El artículo 3 de la Ley 71 y el artículo 206 del Código Penal establecen que se castigará con la «ejecución» a todos aquellos que promuevan «el establecimiento de cualquier agrupación, organización, o asociación proscrita por la ley», o que pertenezcan o presten su apoyo a tales organizaciones.


En repetidas ocasiones, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades libias para que introduzcan con carácter urgente medidas legislativas y prácticas a fin de hacer que la ley libia y la práctica de los derechos humanos en este país respeten los tratados internacionales de derechos humanos de los que Libia es Estado Parte.


En diciembre del 2001 la Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas, presidida por Saif al Islam Gaddafi, hijo del coronel Gaddafi, anunció la puesta en libertad de 177 presos. Esta iniciativa sucedió a la liberación de decenas de presos políticos en agosto y septiembre del 2001.


Con todo, actualmente permanecen recluidos centenares de presos políticos, entre los que se encuentran presos de conciencia, en muchos casos sin cargos ni juicio. Entre los reclusos hay cinco presos de conciencia que llevan en prisión desde abril de 1973: Muhammad ‘Ali al Akrami, Al 'Ajili Muhammad 'Abd al Rahman al Azhari, Muhammad 'Ali al Qajiji, Salih 'Omar al Qasbi y Muhammad al Sadiq al Tarhuni. Fueron condenados a cadena perpetua por tribunales que infringían las garantías procesales establecidas en las normas internacionales por su pertenencia al Partido de Liberación Islámica.

\FIN

Documento público


****************************************

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en: < http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en: <http://www.edai.org/centro>.


Page 2 of 2

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE