Document - Human Rights Organizations demand the Lebanese authorities to put an end to Security Agencies’ violations against foreigners

AMNISTÍA INTERNACIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONALDECLARACIÓN PÚBLICA CONJUNTA ��Índice: MDE 18/001/2012

18 de octubre de 2012

Las organizaciones de derechos humanos reclaman a las autoridades libanesas que pongan fin a los abusos contra extranjeros cometidos por las fuerzas de seguridad

Las prácticas ilegales y racistas contra refugiados o trabajadores extranjeros en Líbano están proliferando. El último ejemplo de ello tuvo lugar la noche del 7 de octubre, cuando miembros del ejército libanés asaltaron los hogares de 70 trabajadores de origen sirio, egipcio y sudanés en Beirut en respuesta a la denuncia formulada por algunos residentes contra ellos por “acosar a las niñas y molestar al vecindario”. Durante la operación, los trabajadores fueron golpeados.

La violación de los derechos de las personas y los abusos contra su integridad física es completamente inaceptable, tanto si los responsables son nacionales o extranjeros. Las víctimas de estos ataques tienen derecho a presentar recurso ante la autoridad pública competente para detener la agresión y que se procese a los autores. Sin embargo, actuar al margen del Estado de derecho o mostrar una reacción exagerada es inaceptable, tanto si los implicados son nacionales como si son extranjeros. El uso de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad es inadmisible salvo que exista la necesidad excepcional de hacerlo, como en situaciones de resistencia violenta o ataques a las fuerzas de seguridad o contra la seguridad pública que no sea posible detener sin recurrir a la fuerza, y siempre en grado proporcional a los actos o al peligro que entraña la situación. A Amnistía Internacional le preocupa que el episodio pueda derivarse del hecho de que los “acusados” son extranjeros que sufren desprecio, marginación y falta de protección.

Definitivamente, lo que ha sucedido debe ser considerado una violación de derechos humanos, ya que implica los siguientes abusos:

I. Presentar una denuncia contra determinadas personas que puedan haber molestado al vecindario no significa que todos los miembros del grupo al que pertenecen los acusados merezcan un castigo, ni tampoco cualquier trabajador extranjero que pudiera estar presente en la zona en el momento del asalto. La manera en que se llevó a cabo la operación transmite la impresión de xenofobia, incluido el contenido de la declaración publicada por la Dirección de Orientación del ejército libanés, que hacía hincapié en “la continuación de los registros y las investigaciones en zonas sospechosas de albergar a trabajadores de diversas nacionalidades que abusan de los ciudadanos y violan su intimidad”.

II. La autoridad competente para investigar presuntos delitos es la “policía judicial”, debidamente sometida a la autoridad y supervisión del poder judicial. La policía judicial puede, en circunstancias excepcionales y apremiantes, pedir el apoyo del ejército libanés; pero no vemos en los hechos descritos ningún elemento político o de seguridad que justifique la intervención del ejército.

III. El hecho de que las fuerzas de seguridad tengan el deber de impedir “los abusos contra los ciudadanos y la violación de su intimidad” no las faculta para castigar a los autores; de hacerlo así, estas fuerzas estarían actuando como si se hubiera juzgado o dictado sentencia definitiva contra los autores y ellos fueran los encargados de aplicar el castigo; pero solamente el poder judicial tiene la prerrogativa de dictar sentencia y hacer cumplir el castigo. Este sólo debe actuar tras la conclusión de una investigación pericial profesional y una sentencia judicial dictada como corresponde en nombre del pueblo libanés.

IV. Las dos declaraciones publicadas por la Dirección de Orientación del ejército libanés indican que existe un grave problema con dos vertientes: la primera sería la violación de la delegación de poderes y puesta en marcha de operaciones militares y de seguridad sin remitirse a la legislación ni a las autoridades políticas y judiciales competentes; ciertamente se trata de una práctica muy grave que sólo se observa en regímenes totalitarios, donde no existe Estado de derecho. La otra vertiente sería la actitud xenófoba que impregna todas las declaraciones, incluidas las emitidas el 11 de octubre, en las que el ejército libanés hacía un llamamiento a “todas las personas que sufren abusos de cualquier tipo a ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad y el ejército para que puedan actuar con rapidez y cortar de raíz estos abusos” e insistía en que proseguiría con sus operaciones de seguridad para responder a “los intereses de los ciudadanos”, despreciando con ello la función de la fiscalía.

Las organizaciones abajo firmantes denuncian tales abusos contra la seguridad y la libertad de las personas y reclaman que las autoridades ejecutivas encargadas de la supervisión de las fuerzas de seguridad y el ejército libaneses cumplan con su obligación de proporcionar protección a los ciudadanos nacionales y extranjeros por igual frente a cualquier agresión.

Reclamamos asimismo que el poder judicial intervenga para poner fin a estas prácticas, emprenda sin demora una investigación sobre los hechos del 7 de octubre y sancione a todos los autores de violaciones de derechos humanos con independencia de las fuerzas a las que pertenezcan, ya sean de seguridad o militares. Pedimos asimismo a todas las autoridades que respeten y hagan respetar la Constitución libanesa y las obligaciones de Líbano en virtud de las normas internacionales, así como su legislación interna –en concreto la relativa a la seguridad e integridad de la persona, al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, al derecho a ejercer todos los derechos y obligaciones sin discriminación por causa del color de piel, el origen racial o étnico, la ideología política o cualquier otra consideración al respecto. Por último, solicitamos que se respeten los principios de rendición de cuentas y separación de poderes, así como los proclamados en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Firmado (organizaciones):

Nahwa al-Muwatiniya

Anti-Racism Movement in Lebanon

Lebanese Observatory for the Rights of Workers and Employees

Legal Agenda

Human Rights Watch

Amnesty International

Frontiers Ruwad Advocacy

The Foundation for Human and Humanitarian Rights Lebanon (FHHR/L)

Nasawiya

Alkarama Foundation

Kafa (Enough) violence and exploitation

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