Document - Jordan: ‘Investigation’ into attacks on demonstrators in Jordan must be transparent

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA



Índice AI: MDE 16/001/2011


1 de abril de 2011


La “investigación” de las agresiones contra manifestantes en Jordania debe ser transparente


Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades jordanas que aborden la preocupación suscitada por los informes que hablan de la implicación de las fuerzas de seguridad en los ataques contra las personas que participaron en manifestaciones en favor de la reforma en Ammán la semana pasada.


En una carta enviada hoy al primer ministro jordano, Marouf Bakhit, Amnistía Internacional ha pedido detalles sobre la investigación que, según los informes, se está llevando a cabo sobre los actos de violencia que ocurrieron en la capital los días 24 y 25 de marzo, en los que una persona murió en circunstancias sospechosas y decenas más resultaron heridas.


A la organización le preocupa que apenas se hayan proporcionado detalles a la opinión pública sobre el tipo de investigación que se está realizando ni sobre su alcance. Dados los informes de fuentes fiables recibidos por Amnistía Internacional, según los cuales las fuerzas de seguridad jordanas no sólo no intervinieron mientras los manifestantes partidarios del gobierno atacaban a los que pedían reformas, sino que podrían haber facilitado tales ataques, e incluso participado en ellos, está claro que es necesario llevar a cabo sin demora una investigación minuciosa, independiente e imparcial.


Según estos informes, la noche del 24 de marzo partidarios del gobierno arrojaron piedras a manifestantes que pedían reformas concentrados en la plaza Gamal Abdul Naser, mientras las fuerzas de seguridad observaban la escena sin intervenir. La tarde siguiente se produjeron más episodios de violencia cuando individuos partidarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad atacaron a manifestantes reformistas con piedras, palos y porras.


Un testigo, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a sufrir represalias de las fuerzas de seguridad, dijo a Amnistía Internacional:

La policía no hizo nada para evitar la violencia contra los manifestantes. Los agresores eran matones pagados para ese fin y agentes de policía. Los agentes golpeaban a la gente con porras y le disparaban con cañones de agua. Los que salían huyendo de la plaza caían en manos de los matones, que los golpeaban. Yo salí bien librado comparado con otros. Un policía me dio un puñetazo en la nariz y me golpeó en la pierna con un palo [...] Los manifestantes [partidarios de la reforma] eran pacíficos, pero los trataron violentamente. Todo el tiempo entonaban ‘selmiyeh, selmiyeh [paz, paz]’. Recogieron las piedras y con ellas formaron un mapa de Jordania. Muchas de las piedras estaban cubiertas de sangre”.


Otro testigo, con el que Amnistía Internacional tiene contacto desde hace largo tiempo y que también prefirió que no se diera su nombre, relató:

[...] la primera noche resultaron heridas [por las piedras] unas 50 personas [...] Al segundo día vimos salir de los automóviles policiales a matones armados con palos y navajas. Después, los agentes de la policía junto con los de la gendarmería [darak] cercaron a los manifestantes por delante y los matones los cercaron por detrás, y todos nos golpearon. Posteriormente abrieron un pequeño espacio para que los manifestantes escaparan y siguieron persiguiéndolos y golpeándolos [...] Los matones quemaron las tiendas de los manifestantes y destrozaron un vehículo que se había utilizado como escenario”.


Un tercer testigo, también conocido de Amnistía Internacional desde hace tiempo, que tampoco desea que se dé su nombre, dijo a la organización que aproximadamente a las 5 de la tarde del 25 de marzo

[...] la gendarmería llegó, bloqueó la zona y rodeó totalmente a los manifestantes, mientras los matones les arrojaban piedras, empujándolos hacia una pequeña zona bajo el puente. Allí esperaron órdenes. Cuando éstas llegaron, se abrieron las puertas del infierno y comenzaron a atacar de forma violenta y brutal. Los manifestantes, entre los que había mujeres y niños, fueron agredidos por diferentes fuerzas de seguridad: gendarmes, agentes de seguridad pública, agentes de la policía preventiva, agentes vestidos de civil y otros. La gendarmería dispersó a los manifestantes haciendo un uso excesivo de la fuerza, con cañones de agua y porras, mientras que los otros agentes de las fuerzas de seguridad y los matones les pegaban con palos y les daban patadas, puñetazos y golpes en todas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza” .


El manifestante que murió el 25 de marzo era Khayri Said Jamil, de unos 55 años de edad. Según informan los medios de comunicación, el jefe del equipo de forenses que le hizo la autopsia afirmó que no había indicios de brutalidad ni de golpes, sino que murió de un ataque al corazón. Sin embargo, dos personas que vieron su cadáver dijeron a Amnistía Internacional que había claras señales de que Khayri Said Jamil había sido brutalmente golpeado. Una de estas personas dijo: “Tenía los dientes rotos y hematomas y heridas en la cabeza, los oídos, las piernas y los genitales”. La autopsia oficial, según las mismas informaciones de los medios de comunicación, afirma que no existían tales lesiones.


Estas informaciones arrojan dudas sobre la veracidad de la versión oficial de los sucesos y en particular sobre la forma en que se produjo la víctima mortal, y ponen de manifiesto la necesidad de que cualquier investigación sea rigurosamente independiente. Amnistía Internacional ha pedido información sobre quiénes están realizando la investigación, cuál es su ámbito y alcance, con qué facultades cuentan, y cuándo y ante quién deberán presentar los resultados. Además, la organización insta a que se faculte a las autoridades que realizan la investigación para que puedan obligar a los funcionarios y a otras personas presuntamente implicadas en actos ilícitos a comparecer ante ellas y testificar, y dar a conocer públicamente sus resultados. Toda persona que se determine que haya cometido, haya ordenado o no haya impedido –dentro de los límites razonables– cualquier violación de derechos humanos debe ser puesta a disposición judicial.


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