Document - Israel and the Occupied Territories: Broken lives - a year of intifada

Amnistía Internacional

ISRAEL, LOS TERRITORIOS OCUPADOS

Y LA AUTORIDAD PALESTINA


VIDAS TRUNCADAS: UN AÑO DE INTIFADA





Jan Yunis, Franja de Gaza, abril del 2001: Un muro habla, un muchacho palestino juega.

© Reuters/Popperfoto


























Índice AI: MDE 15/083/2001/s







SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


ÍNDICE



Capítulo 1: Introducción 1

Los antecedentes históricos y las normas internacionales 3

El proceso de paz 4

La sociedad civil y la vigilancia de los derechos humanos 5

La acción internacional 6

El trabajo de Amnistía Internacional 8


Capítulo 2: Homicidios cometidos por israelíes 10

Manifestaciones 11

Controles de carretera 18

Zonas «de acceso prohibido» 19

Ataques a zonas residenciales 20

Ejecuciones extrajudiciales 22

Homicidios cometidos por colonos 26


Capítulo 3: Homicidios cometidos por palestinos 28

Hamas y YihadIslámica 29

Fatah y Tanzim 30

Homicidios cometidos por particulares 31

Pena de muerte 31

Ejecuciones extrajudiciales 32


Capítulo 4:

Detenciones, tortura y juicios injustos de los que es responsable Israel 34

Detenciones 34

Detención en régimen de incomunicación 37

Defensores de los derechos humanos y otras personas 38

Objetores de conciencia 39

Detención administrativa 40

Tortura y malos tratos 41

Juicios injustos 42


Capítulo 5:

Detenciones, tortura y juicios injustos de los que es responsable

la Autoridad Palestina 44

Detenciones 44

Tortura 45

Tribunales de Seguridad del Estado 46


Capítulo 6: Castigos colectivos 47

Clausuras 47

Ataques contra el personal médico y obstáculos a la asistencia médica 52

Toques de queda 53

Demoliciones de casas 54


Capítulo 7: Recomendaciones de Amnistía Internacional 60

A Israel, la Autoridad Palestina y los grupos armados 60

A la comunidad internacional 62



Capítulo 1: Introducción

Un palestino arroja piedras delante de un jeep, 21 de septiembre de 2001.

© Reuters/Osama Silwani

La Intifada(Levantamiento o Alzamiento) de Al Aqsa comenzó el 29 de septiembre del 2000. Israel ha utilizado medios letales para reprimir las manifestaciones palestinas, a menudo violentas. Hasta la fecha, septiembre del 2001, sus fuerzas de seguridad han matado ya a más de 570 palestinos, en la gran mayoría de los casos ilegítimamente, pues eran situaciones en las que no corría peligro ninguna vida. Asimismo, más de 150 israelíes, entre ellos 115 civiles, han muerto a manos de particulares o de grupos armados palestinos. Entre las víctimas ha habido muchos niños: más de 150 palestinos y 30 israelíes. Millares de personas más han resultado heridas, y muchas han quedado lisiadas para toda la vida.


Las autoridades israelíes han respondido a la Intifaday a los homicidios de civiles israelíes matando a los palestinos en las manifestaciones, en puestos de control y en las fronteras, y bombardeando zonas residenciales y comisarías de policía. En respuesta a los ataques contra asentamientos israelíes, sus fuerzas han bombardeado ciudades palestinas, dejando inhabitables millares de viviendas. Han aislado del mundo exterior casi todas las ciudades y pueblos palestinos, instalando puestos de control militar o levantando barreras físicas de tierra, metal o bloques de cemento. Han declarado el toque de queda en pueblos y barrios palestinos, y sus habitantes han estado días, semanas e incluso meses sin poder salir de casa ni ir a trabajar. En nombre de la seguridad, han demolido centenares de viviendas palestinas y han prohibido a los palestinos viajar por determinadas carreteras de los Territorios Ocupados. Toda la población palestina de estas zonas, de más de tres millones de personas, ha sido castigada colectivamente.


La violencia forma parte de la vida cotidiana. Los colonos israelíes han matado y atacado a palestinos con casi total impunidad. Los palestinos han disparado deliberadamente contra automóviles con matrícula israelí en las carreteras de los Territorios Ocupados y han colocado bombas en centros comerciales y restaurantes. Los israelíes tienen miedo cuando están en calles o en cafeterías llenas de gente o cuando viajan por las carreteras de los Territorios Ocupados. Los palestinos tienen miedo en sus casas y en la calle y tanto si van a pie como si viajan en automóvil, especialmente en los puestos de control, donde sin razón aparente pueden morir a causa de los disparos de soldados nerviosos, imprudentes o descuidados. Ningún homicidio cometido en los Territorios Ocupados se investiga debidamente, por lo que las denuncias y contradenuncias se apilan.


Los palestinos van sumiéndose cada vez más en la pobreza debido a la política de clausuras y se hallan cada vez más traumatizados a causa de los homicidios y la destrucción. Son muy pocos los que piensan que tienen algún futuro y muy pocos también los que miran más allá del día siguiente, pues se concentran en la posibilidad de seguir vivos.


Muchos ministerios y departamentos de la Autoridad Palestina se han visto gravemente perjudicados, ya que el personal no pueden ir a trabajar ni cumplir sus funciones. Israel ha bombardeado las oficinas de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina, y a veces ésta ni siquiera tiene dinero para pagar a los funcionarios, y mucho menos para ayudar a la población.


La presencia de observadores internacionales con funciones de investigación y vigilancia de los derechos humanos podría contribuir a aliviar este miedo. Podrían situarse en los puestos de control y proporcionar protección vigilando la actuación de las fuerzas de seguridad. Podrían garantizar el paso de las ambulancias y los enfermos, y ocuparse de que los pueblos y ciudades siguieran abiertos, con lo que se restablecería parcialmente la normalidad en la vida de los habitantes de los Territorios Ocupados. Podrían patrullar por las carreteras, y su presencia ofrecería protección a los civiles que viajaran por ellas.


Los observadores internacionales de los derechos humanos podrían investigar las denuncias y contradenuncias en cada caso en que se produzcan muertos o heridos, determinar la verdad y recomendar medidas para reducir la pérdida de vidas. La falta de investigaciones adecuadas y la desconfianza entre palestinos e israelíes hacen imposible ya la cooperación en la investigación de las causas de las muertes. No hay modo de impugnar la información falsa —por ejemplo, si la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) declara que los palestinos a los que ha matado estaban colocando bombas o disparando armas de fuego—, pues no puede verificarse. En unos casos quizá sea cierto, pero en otros podría ser falso. Algunos palestinos han atribuido a la FDI o a colonos israelíes muertes debidas aparentemente a disparos accidentales, accidentes de tráfico o causas naturales(1). Los observadores de los derechos humanos podrían ayudar a determinar la verdadera causa de cada homicidio.


A pesar del creciente número de víctimas palestinas e israelíes, Israel continúa rechazando toda presencia internacional. La comunidad internacional, por su parte, ha hecho declaraciones cada vez más rotundas, pero no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el respeto a las normas de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Los derechos humanos no parecen figurar entre las prioridades internacionales.


La paz sólo puede ser permanente y duradera si está basada en los derechos humanos. En los últimos doce meses se ha visto más claramente que nunca que la búsqueda de paz y seguridad es infructuosa si se sacrifican en ellas tales derechos. Quienes ocupan cargos de autoridad deben reconocer que el derecho a la vida y a la integridad física y mental, a no ser víctima de detención arbitraria, a la libertad de circulación y de expresión y a estar libre del temor y de la miseria es un derecho inalienable tanto de los israelíes como de los palestinos. Los derechos humanos de un individuo no pueden estar fundados en la pérdida de los derechos de otro. Cuando no se respetan los derechos fundamentales de las personas se da pábulo al odio y se perpetúan los abusos.


Los antecedentes históricos y las normas internacionales


Durante el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, las autoridades británicas gobernaron Palestina en virtud de un mandato de la Sociedad de Naciones. El 14 de mayo de 1948 acabó el mandato británico y se proclamó el Estado de Israel. Tras las protestas árabes contra el plan de partición de las Naciones Unidas (ONU) estalló una guerra entre árabes e israelíes en la que resultaron victoriosos los segundos. Más de 600.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de Israel y se convirtieron en refugiados.


Quedaron fuera de Israel dos partes de los territorios palestinos que habían estado bajo el mandato británico: la Franja de Gaza, que quedó bajo administración egipcia, y la zona oriental adyacente al río Jordán, que el Reino Hachemí de Jordania se anexionó en 1950 y se llamó Cisjordania. Las hostilidades entre Israel y Egipto, Siria y Jordania de junio de 1967 concluyeron con la ocupación israelí de Cisjordania (incluida Jerusalén Oriental) y la Franja de Gaza, así como de los Altos del Golán sirios (que Israel se anexionó en 1980), y de la península del Sinaí, que posteriormente fue devuelta a Egipto.


De acuerdo con su Mandato, Amnistía Internacional no adopta ninguna postura sobre este tipo de cuestiones políticas. Por consiguiente, no toma postura sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos ni sobre el derecho de los palestinos a tomar las armas como respuesta a ello. No obstante, el hecho de que la situación existente en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y en la Franja de Gaza sea de ocupación es fundamental para comprender la continua resistencia de los palestinos a lo largo de 35 años y para determinar qué normas de derechos humanos Israel debe aplicar en este caso.


Las normas que debe cumplir una potencia ocupante se hallan enunciadas en el Convenio IV de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, que fue aprobado en 1949 y en el que Israel es Alta Parte Contratante. Los palestinos residentes en los Territorios Ocupados tienen derecho a la protección de este convenio y son «personas protegidas». El inacabado proceso de paz no ha modificado la condición de los Territorios Ocupados a este respecto.


En virtud del Convenio IV de Ginebra, los palestinos no pueden ser víctimas de homicidio, tortura o malos tratos, ni sufrir tratos humillantes o degradantes. No pueden ser expulsados. Sus bienes no pueden ser objeto de destrucciones salvo que éstas sean «absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas». Los castigos colectivos y las represalias contra ellos están prohibidos. La potencia ocupante no puede deportarlos ni trasladar a parte de su propia población al territorio que ocupa. En el artículo 147 se especifican las siguientes «infracciones graves» del Convenio:


[...] el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario.


De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, las «infracciones graves» de los Convenios de Ginebra constituyen crímenes de guerra.


Israel ha manifestado que no considera los Convenios de Ginebra derecho aplicable a Cisjordania y la Franja de Gaza, pero ha reiterado que respetará en la práctica las «disposiciones humanitarias», si bien no ha especificado claramente qué disposiciones considera «humanitarias». El Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU han mantenido constantemente que el Convenio IV es plenamente aplicable a los Territorios Ocupados y que los palestinos son una población protegida en su virtud.


Israel tiene asimismo la obligación de proteger los derechos humanos consagrados en importantes tratados de la ONU que ha ratificado, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este tratado, que Israel tiene que respetar por haber contraído de motu propio la obligación solemne de hacerlo, contiene varios artículos que no se pueden suspender ni siquiera «en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación» (artículo 4.1). Entre ellos figuran el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.


Otros tratados internacionales ratificados por Israel son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.


Otras normas de derechos humanos vinculantes para los Estados miembros de la ONU y que guardan particular relación con el trato que dispensa el gobierno israelí a los palestinos son el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Código de Conducta), los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Principios Básicos), el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (Conjunto de Principios) y los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.


La Autoridad Palestina no es miembro de la ONU y no ha ratificado estos tratados. Sin embargo, el presidente Arafat manifestó a delegados de Amnistía Internacional en 1993, poco después de la firma del primer Acuerdo de Oslo (véase infra), que cumpliría los tratados internacionales de derechos humanos. Por consiguiente, Amnistía Internacional considera que dichos tratados son también vinculantes para la Autoridad Palestina.


Asimismo, es una norma fundamental del derecho consuetudinario internacional que los civiles y los bienes civiles no deben ser nunca el objetivo de un ataque. Esta norma es aplicable en todas las circunstancias, incluso en medio de un conflicto armado en gran escala. Debido a su carácter consuetudinario, es vinculante para todas las partes, es decir, no sólo para Israel y la Autoridad Palestina, sino también para los grupos armados palestinos y los particulares israelíes y palestinos.


El proceso de paz


El actual proceso de paz comenzó en 1991. En una Declaración de Principios (el «Acuerdo de Oslo») firmada en 1993 por Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) se previó un periodo intermedio de cinco años durante el cual el gobierno militar de los territorios palestinos ocupados por Israel traspasaría algunas competencias en partes de Cisjordania y la Franja de Gaza a una autoridad palestina autónoma elegida democráticamente. La negociación de un acuerdo permanente que pusiera fin a la ocupación militar comenzaría en 1996 y concluiría en mayo de 1999.


La Declaración de Principios aplazó específicamente el debate sobre Jerusalén, los asentamientos (es decir, las colonias israelíes fundadas en los Territorios Ocupados), las fronteras y los refugiados (de 1948 en adelante) hasta las conversaciones sobre la condición permanente. Hasta ahora no se ha llegado a ninguna conclusión en esas conversaciones.


En el Acuerdo Provisional (llamado a menudo «Acuerdo II de Oslo») de 1995 se definieron las intrincadas «zonas» de Cisjordania sobre las que la Autoridad Palestina tendría jurisdicción en el periodo intermedio, así como las competencias que se le cederían. En marzo de 1996, tras celebrarse las debidas elecciones, se inauguró el Consejo Legislativo de la Autoridad Palestina.


En el Acuerdo II de Oslo se previó la retirada o «repliegue» gradual del ejército israelí y la transferencia de las competencias civiles y de seguridad a la Autoridad Palestina. En Cisjordania se delimitaron desde el punto de vista de las competencias tres zonas: la A, en la que la Autoridad Palestina se encarga de los asuntos civiles y de la seguridad interna, mientras que Israel se ocupa de la seguridad externa; la B, donde la Autoridad Palestina es responsable de los asuntos civiles e Israel de toda la seguridad, y la C, donde Israel se ocupa de toda la seguridad y también de los asuntos civiles.


Los límites de la Zona A se trazaron de manera que quedaran incluidos en ella algunos centros importantes de población palestina, mientras que la mayoría de los lugares sin una población palestina considerable quedaron dentro de la Zona C. Tras la aplicación en 1998 de la primera parte del Memorándum de Wye River, la Autoridad Palestina asumió lo que se conoce como «control total» de la pequeña extensión que constituye la Zona A, donde vive el 98 por ciento de la población palestina de Cisjordania. Israel retuvo el control total de la Zona C, que ocupa casi dos terceras partes del territorio pero tiene sólo el 2 por ciento de la población palestina.


Como la cuestión de Jerusalén no se consideró en el Acuerdo II de Oslo, la situación de Jerusalén Oriental continúa siendo la de 1967, es decir, una zona anexionada formalmente al Estado de Israel, sujeta a la legislación israelí y considerada parte del municipio de Jerusalén. Los palestinos que viven allí son considerados por los israelíes «residentes permanentes» de Jerusalén (privilegio que se puede revocar) y se rigen por la legislación israelí. La comunidad internacional considera todavía Jerusalén Oriental parte de los Territorios Ocupados.


La sociedad civil y la vigilancia de los derechos humanos


Para las organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos, la Intifadaha hecho que la tarea de documentar violaciones de derechos humanos resulte más difícil, ya que viajar de un lugar a otro se ha vuelto cada vez más complicado, si no imposible. A pesar de las dificultades, sin embargo, han continuado en primera línea, tratando de hacer su trabajo. Hoy día, cuando hombres armados disparan contra un automóvil por el color de la placa de la matrícula o la identidad étnica de sus ocupantes, no hay medio seguro de transporte. Un vehículo israelí con la matrícula amarilla puede convertirse en blanco de los francotiradores de Fatahen una carretera de circunvalación, y un automóvil de la Autoridad Palestina con placas de matrícula verdes o blancas no sólo puede ser atacado por colonos israelíes sino que, además, se encontrará prohibido el paso en ciertos controles de carretera. Los trabajadores de las organizaciones de derechos humanos no pueden desplazarse fácilmente de un lugar a otro, por lo que es posible que en las zonas periféricas no se vigilen los abusos contra los derechos humanos.

Los grupos palestinos de derechos humanos —como Addameer,Al Haq, Mandela, el Centro Palestino de Derechos Humanos, el Grupo Palestino de Supervisión de los Derechos Humanos, la Sociedad Palestina para la Protección de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, y la Comisión Palestina Independiente por los Derechos Humanos, entre otros— han expuesto violaciones de derechos humanos en numerosos informes. Los grupos de derechos humanos israelíes y palestino-israelíes —como Adala, la Asociación Árabe por los Derechos Humanos, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, B'Tselem, Hamoked, el Comité Conjunto contra las Demoliciones de Viviendas, Physicians for Human Rights, el Comité Público contra la Tortura en Israel y Rabinos por los Derechos Humanos— han publicado informes y llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Israel casos de particulares o grupos que han sufrido violaciones de derechos humanos. Muchos otros grupos, demasiado numerosos para mencionarlos, han emprendido actividades y dedicado tiempo y energía a la defensa de los derechos humanos.


Octubre del 2000: El Dr. Stephen Males (izq.), delegado de Amnistía Internacional y especialista en operaciones de mantenimiento del orden público en situaciones delicadas, y Muhammad Zeidan, de la Asociación Árabe por los Derechos Humanos, examinan pruebas periciales desde una azotea donde tiradores de la policía israelí dispararon contra manifestantes palestinos en Nazaret. © AI

Dentro de Israel se han formado movimientos nuevos, comoTa'ayush(Coexistencia), que es una alianza de ciudadanos palestinos y judíos de Israel, y Machsom Watch(«Vigilancia de los Puestos de Control»), que envía a israelíes a observar los puestos de control de la FDI. También han renacido otros, como Gush Shalomy Yesh Gvul.Los grupos que apoyan a los objetores de conciencia son especialmente activos. Nueve organizaciones de mujeres trabajan juntas en la Coalición de Mujeres para la Paz, que forma parte a su vez de una coalición de alrededor de 16 organizaciones judías, palestinas y drusas israelíes.


La sociedad civil palestina ha realizado varios intentos fallidos de convertir las protestas contra la ocupación israelí en manifestaciones pacíficas. Por nutrida que haya sido la asistencia a las marchas y reuniones, no ha bastado para detener la espiral de violencia.


La acción internacional


En los últimos doce meses habido numerosas investigaciones —de la ONU, la Comisión Mitchell (véase infra) y diversas organizaciones internacionales y locales de derechos humanos— sobre la situación en Israel y los Territorios Ocupados, y el consenso manifiesto en las conclusiones y recomendaciones de los informes resultantes ha sido notable. Lo que ha faltado ha sido voluntad de poner en práctica esas recomendaciones.


Del 17 al 19 de octubre del 2000, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebró su quinto periodo extraordinario de sesiones. En la resolución final se pidió que se estableciera una comisión de investigación, que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitara los Territorios Ocupados y que siete relatores especial de la ONU hicieran una vista a la zona.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó los Territorios Ocupados e Israel en noviembre del 2000, y el 29 de noviembre se hizo público un informe sobre la visita(2). La comisión de investigación se estableció en diciembre y visitó los Territorios Ocupados; el gobierno israelí rehusó entrevistarse con ella, pero facilitó la obtención de un visado a uno de sus miembros(3). El relator especial sobre los Territorios Ocupados elaboró tres informes tras sus visitas a la región.


En diciembre del 2000 y en marzo del 2001, la Autoridad Palestina presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU resoluciones de apoyo al envío de observadores internacionales. En diciembre una solicitud de observadores militares y policiales recibió ocho votos en el Consejo de Seguridad (faltó uno para la mayoría), y en marzo del 2001 Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad favorable al envío de observadores de la ONU.


La cuestión de Israel fue examinada también por otros mecanismos de la ONU, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos en su 57º periodo de sesiones, el Comité contra la Tortura y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.


Con objeto de poner fin a la violencia en los Territorios Ocupados, los días 16 y 17 de octubre del 2000 el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak, y el presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, asistieron en Sharm el Sheik, Egipto, a una cumbre en la que participaron también representantes de Estados Unidos. Una de las medidas adoptadas fue la formación de un comité encargado de investigar los sucesos ocurridos durante las semanas anteriores y de buscar el modo de impedir su repetición.


Dicho comité quedó presidido por George G. Mitchell, que fuera senador y líder de la mayoría en el Senado estadounidense.(4) Su informe (llamado habitualmente «Informe Mitchell») fue presentado a los participantes en la cumbre el 30 de abril y se hizo público el 20 de mayo del 2001. La Autoridad Palestina lo aceptó inmediatamente, y posteriormente lo hizo Israel, que puso objeciones al hecho de que el comité apoyara la paralización de los asentamientos como medida tendente a crear confianza.


Entre otras recomendaciones, en el Informe Mitchell se pedía a Israel que adoptara e hiciera cumplir directrices y procedimientos que fomentaran el uso de medios no letales contra manifestantes inermes, reiniciara las investigaciones sobre las muertes de palestinos resultantes de acciones de la FDI y adoptara tácticas de control de muchedumbres que redujeran al mínimo el riesgo de muertos y heridos, entre ellas la retirada de las balas de goma del uso general. En el informe se pedía también a las autoridades israelíes que eliminaran los controles de carreteras y garantizaran que las fuerzas de seguridad y los colonos no destruían las viviendas palestinas, y que adoptaran e hicieran cumplir directrices y procedimientos con el fin de garantizar que en toda respuesta a disparos procedentes de zonas de población palestina se reducían al mínimo los riesgos para la vida y los bienes de los civiles palestinos.


En el informe se pedía a la Autoridad Palestina que impidiera el atrincheramiento de hombres armados en zonas de población palestina para disparar contra zonas de población israelí y contra posiciones de la FDI, que tomara todas las medidas necesarias para establecer una cadena de mando clara e indiscutible para el personal armado bajo su autoridad y que hiciera cumplir normas efectivas de conducta y rendición de cuentas tanto en el seno de los cuerpos uniformados como entre la policía y los líderes políticos civiles a cuyas órdenes está.


El Comité Mitchell comentó que, para ser eficaz, una fuerza internacional de protección necesitaba el apoyo de ambas partes. Asimismo, mencionó la posibilidad de recurrir, con la aprobación de ambas partes, al personal de la misión internacional temporal en Hebrón(5) para abordar otras desavenencias.


En su llamamiento a poner fin a la violencia, los autores del informe Mitchell dijeron:


Durante nuestra última visita a la región nos entrevistamos con familias de víctimas palestinas e israelíes. Estos relatos individuales eran estremecedores y muy tristes. Las familias israelíes y palestinas utilizan prácticamente las mismas palabras para describir su dolor [...] Cuando vemos los cuerpos destrozados de los niños sabemos que es hora de que los adultos hagan cesar la violencia.


El trabajo de Amnistía Internacional


Amnistía Internacional envió nueve delegaciones a Israel y los Territorios Ocupados, incluidas las zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina, en los 12 meses siguientes al comienzo de la Intifadade septiembre del 2000. Las visitas de investigación contaron con expertos en tácticas policiales antidisturbios, armas y derecho internacional. La organización publicó tres informes sustanciales.(6)


Además de formular recomendaciones para poner fin a los homicidios, Amnistía Internacional pidió que se estableciera una comisión de investigación de la ONU y, posteriormente, que se enviaran observadores internacionales con funciones de vigilancia de los derechos humanos. Los delegados de la organización discutieron sus motivos de preocupación con autoridades israelíes, incluidos la FDI y los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, así como con la Autoridad Palestina y con líderes de Hamasy Fatah. En marzo del 2001, una delegación encabezada por el entonces secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, presentó un programa para la paz en el que se instaba a la sociedad civil israelí y palestina a considerar los derechos humanos que deben formar la base de todo acuerdo de paz futuro.


Amnistía Internacional es una organización de afiliados, con más de un millón de miembros en más de 140 países y territorios. Estas personas han escrito cartas y emprendido acciones en todo el mundo para conseguir que el gobierno y los servicios de seguridad israelíes respeten las normas internacionales de derechos humanos. Han instado a las autoridades israelíes a utilizar medios letales sólo en caso de peligro inminente para la vida, a poner fin a los asesinatos estatales y a investigar todos los homicidios. Han pedido a los grupos armados palestinos que pongan fin a los homicidios deliberados de civiles. En todo el mundo, los miembros de Amnistía Internacional han participado en manifestaciones y en concentraciones silenciosas organizadas en respuesta a los acontecimientos de Israel y los Territorios Ocupados. Han pegado carteles o leído en la calle el nombre de todas las víctimas, palestinas e israelíes, para pedir el fin de los homicidios. Han captado apoyos en embajadas y en el gobierno de sus respectivos países.


Amnistía Internacional ha instado también a todos los gobiernos, en particular al de Estados Unidos, a que cumplan la obligación que les impone el derecho internacional de no suministrar armas que puedan ser utilizadas para cometer graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. En la inmensa mayoría de los casos de personas que han muerto o han resultado heridas en Israel y en los Territorios Ocupados por causas injustificadas, los responsables han sido miembros de la FDI que han utilizado una fuerza excesiva. En particular, la FDI ha utilizado helicópteros suministrados por Estados Unidos en ataques punitivos con cohetes en circunstancias que no entrañaban un riesgo inminente para la vida. Asimismo, Israel ha utilizado helicópteros de combate para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y lanzar ataques en los que se han producido homicidios de civiles, incluidos niños. Muchos de sus helicópteros y repuestos militares se los han suministrado Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Al parecer, estos suministros continúan. Las armas pequeñas que utilizan los palestinos parecer habérselas proporcionado clandestinamente traficantes de armas israelíes, jordanos y egipcios.

El presente informe tiene por objeto contrastar los sucesos ocurridos en un año de Intifadacon las normas universales de derechos humanos que tanto gobiernos como ciudadanos ordinarios deben utilizar para valorar sus acciones. La mayoría de los ejemplos de violaciones de derechos humanos expuestos en él han sido investigados por Amnistía Internacional; en algunos casos la investigación ha corrido a cargo de otros. Amnistía Internacional rinde tributo a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones israelíes, palestinas e internacionales de derechos humanos que, a pesar de las dificultades, han continuado promoviendo activamente tales derechos. Esas personas y organizaciones han investigado homicidios y otras violaciones de derechos humanos que deben investigar las autoridades. Han sido ellas las que han estado en los puestos de control y junto a las viviendas amenazadas por los bombardeos, en lugar de los observadores de los derechos humanos que la comunidad internacional no ha enviado. Han ayudado a reconstruir viviendas demolidas y apartado montones de tierra o rellenado las zanjas que mantienen aislados pueblos y ciudades. Son muchas las personas que continúan defendiendo los derechos humanos universales de todo individuo, palestino o israelí, y que se esfuerzan por encontrar soluciones.


Todos los Estados tienen la obligación de actuar; ningún país debe mantenerse al margen y dejar que continúen aumentando los homicidios. En particular los 189 Estados que se han comprometido a «respetar y a hacer respetar» el Convenio IV de Ginebra tienen la obligación concreta de garantizar que se cumplen estas disposiciones.


Capítulo 2: Homicidios cometidos por israelíes



Los primeros homicidios de palestinos cometidos durante la Intifadafueron de manifestantes o transeúntes. Muchas de las manifestaciones fueron violentas. Se arrojaron piedras a las fuerzas israelíes, a veces con hondas, y en Gaza y Cisjordania, se lanzaron cócteles Molotov en algunas manifestaciones. La policía, la Guardia de Fronteras, las fuerzas especiales y el ejército israelíes respondieron con medios potencialmente letales: balas metálicas recubiertas de goma y munición real. En algunos de los disturbios que estallaron en la Franja de Gaza y en Cisjordania, los palestinos utilizaron armas de fuego, y tras los primeros días, hubo tiroteos entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinos armados. No obstante, según ha podido documentar Amnistía Internacional, durante el primer mes de la Intifadaalrededor del 80 por ciento de las víctimas murieron en manifestaciones, en circunstancias en que la vida de los miembros de los servicios de seguridad no corría peligro.


Posteriormente los homicidios comenzaron a producirse de otra manera. Los disparos con armas pequeñas efectuados por los palestinos contra los puestos de la FDI y los asentamientos provocaron una respuesta cada vez más intensa de la FDI, con el consiguiente aumento del número de palestinos muertos en bombardeos de zonas residenciales. A partir de noviembre del 2000, la FDI aplicó una política cada vez más manifiesta de ejecución extrajudicial de individuos sospechosos de planear ataques contra israelíes. A partir de enero del 2001 pasó cada vez más a la ofensiva, invadiendo zonas palestinas (incluidas algunas bajo «control total» de la Autoridad Palestina), bombardeando y demoliendo viviendas y arrasando huertos y cultivos. En febrero del 2001, Ariel Sharon fue elegido primer ministro y sustituyó a Ehud Barak en el cargo.


El número de palestinos muertos en manifestaciones se ha reducido considerablemente durante los últimos nueve meses, pero ha aumentado el de palestinos muertos en bombardeos o como resultado de la política de creación de zonas «prohibidas» a lo largo de las intrincadas fronteras que separan las áreas palestinas de las que se encuentra bajo control del gobierno israelí. Según cálculos de Amnistía Internacional, en agosto del 2001 alrededor de la mitad de las víctimas fueron o bien activistas ejecutados extrajudicialmente por Israel o simples transeúntes que se encontraban cerca de las personas a las que las autoridades israelíes querían matar. Es posible que algunos palestinos fueran víctimas de sus propias bombas. En septiembre del 2001, al menos la mitad de los palestinos muertos (70 como mínimo, entre ellos unos siete niños) perdieron, al parecer, la vida en bombardeos de zonas residenciales efectuados como represalia o durante incursiones de los tanques israelíes en las zonas palestinas. Al día siguiente a los atentados del 11 de septiembre de Estados Unidos, los soldados y los tanques israelíes entraron en Jenin], zona bajo el control de la Autoridad Palestina, y mataron al menos a diez palestinos, incluidas dos mujeres. Sin investigaciones es imposible saber cuántas de las víctimas iban armadas.



Muhammad Jamal al-Dura


El 30 de septiembre del 2000, segundo día de la Intifada, Jamal al-Dura y su hijo Muhammad, de 12 años, salieron de compras. Al regresar después a su casa, situada en el campo de refugiados de Al Bureij, pasaron por Netzarim Junction, cruce donde en ese momento había enfrentamientos entre la FDI y palestinos, pero que era el único camino de regreso. Al intensificarse los disparos, buscaron protección detrás de un barril. La situación se describe en una declaración jurada tomada por el Centro Palestino de Derechos Humanos a Talal Abu Rahma, un cámara de la cadena de televisión France 2.




De repente oí el grito de un niño. Entonces enfoqué con la cámara al niño Muhammad Jamal al-Dura, a quien habían disparado en la pierna derecha. Su padre intentaba calmarlo y protegerlo cubriéndolo con las manos y el cuerpo. A veces, el padre de Jamal levantaba las manos pidiendo ayuda [...] Pasé alrededor de 27 minutos fotografiando el suceso, que duró 45 minutos. Después, una ambulancia trasladó a padre e hijo al hospital, pero me quedé allí durante 30 ó 40 minutos. No podía salir de la zona, porque disparaban a todos los que estábamos en ella, incluso a mí, y corríamos peligro.


Al principio los disparos procedían de distintas partes, israelíes y palestinas. No duraron más de cinco minutos. Luego comprendí que disparaban hacia donde estaban el niño Muhammad y su padre desde la dirección contraria a ellos. Eran disparos intensos e intermitentes, dirigidos contra los dos y contra los dos puestos de las Fuerzas Palestinas de Seguridad Nacional. Desde los puestos palestinos no disparaban; los disparos procedentes de allí habían cesado al cabo de los cinco primeros minutos y entonces el niño y su padre no estaban heridos. Los heridos y los muertos se produjeron durante los 45 minutos siguientes.


Muhammad murió y su padre resultó herido de gravedad. El conductor de la primera ambulancia que llegó al lugar, Bassem al-Bilbaysi, murió en el cruce a causa de los disparos israelíes cuando intentaba rescatar al padre y al hijo.


Jamal al Dura y su hijo Muhammad se protegen de los disparos. © France 2

Al principio, la FDI manifestó que Muhammad al-Dura había muerto a causa de los disparos palestinos. Sin embargo, el 3 de octubre del 2000 el jefe del Estado Mayor de la FDI dijo que ésta había realizado una investigación según la cual los disparos parecían haber sido efectuados por soldados israelíes desde el puesto de Netzarim. El 10 de octubre visitaron el lugar de los hechos los delegados de Amnistía Internacional, incluido el Dr. Stephen Males, ex oficial de policía especialista en tácticas policiales de mantenimiento del orden público en situaciones delicadas. Para entonces, la FDI había demolido ya los edificios junto a los que Muhammad al-Dura y su padre habían buscado protección, por lo que las pruebas periciales se habían perdido. Las fotografías realizadas por periodistas antes de la destrucción de los edificios revelaban una serie de agujeros de bala en la pared exactamente alrededor del lugar donde padre e hijo se habían refugiado, lo que indicaba que habían disparado contra los dos desde el puesto israelí situado enfrente de ellos. El 11 de octubre, el portavoz de la FDI en Jerusalén mostró a los delegados de Amnistía Internacional unos mapas que pretendían demostrar que Muhammad al-Dura había resultado muerto en un fuego cruzado.



Manifestaciones


En una manifestación o en un disturbio en que se arrojen piedras, incluso si se arrojan con hondas, o se lancen cócteles Molotov, una fuerza de policía bien entrenada deber ser capaz de contener y calmar a los manifestantes sin pérdidas de vidas. Las normas internacionales para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley especifican claramente cómo deben actuar éstos: tienen que respetar y preservar la vida y reducir al mínimo el riesgo de lesión o daño (véase el recuadro). Las fuerzas de seguridad israelíes han infringido constantemente las normas internacionales, así como sus propias reglas de intervención.


Normas internacionales


En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Código de Conducta). Entre tales derechos figura el derecho a la vida.


Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 3 del Código de Conducta. En el comentario de este artículo se aclara que el uso de armas se considera una medida extrema y que «deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños».


Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves [...] y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos [...] sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

Principio 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Principios Básicos).


Detención de un palestino en Jerusalén, finales del 2000.

© Mahfouz Abu Turk

Los delegados de Amnistía Internacional, incluido el experto en actuación policial, estudiaron las manifestaciones y disturbios de los primeros días de la Intifada. Vieron que los enfrentamientos se habían producido en «zonas simbólicas» —lugares donde se habían confiscado tierras, situados cerca de puestos de control y en el camino de asentamientos israelíes—, y que, para controlar las manifestaciones violentas, se habían utilizado tácticas militares, más que métodos de mantenimiento del orden dirigidos a proteger la vida humana. Las fuerzas de seguridad israelíes habían pasado rápidamente de los métodos de control no letales a los letales. Habían infringido sus propias normas para la participación en combates — que sólo permitían el uso de armas fuego en caso de peligro inminente para la vida y únicamente dirigidas contra el lugar de procedencia de los disparos—, y habían utilizado al azar medios potencialmente letales en una extensa zona. Las armas empleadas, balas metálicas recubiertas de goma y munición real, no eran adecuadas para el mantenimiento del orden público en manifestaciones. En numerosas ocasiones se había puesto obstáculos a la labor del personal de primeros auxilios y de las ambulancias palestinas.(7)


Según las conclusiones de las investigaciones de Amnistía Internacional, las manifestaciones en las que no se habían presentado la policía o el ejército, no se había intentado provocar enfrentamientos con los participantes o se habían utilizado métodos no letales de control, se habían contenido sin pérdida de vidas. Por ejemplo, las manifestaciones convocadas en Nazaret y Umm al Fahm el 3 de octubre del 2001 con motivo del aniversario de la muerte de 13 manifestantes palestinos en Israel fueron violentas, ya que los participantes arrojaron piedras contra la comisaría de policía de Nazaret durante más de cuatro horas, pero la policía no respondió con disparos y pudieron controlarse sin pérdida de vidas.


Asil 'Asleh


Asil ‘Asleh entre sus amigos del movimiento «Seeds of Peace» (Semillas de Paz). © ww.slider17.com

El 2 de octubre del 2000, unos 200 palestinos se congregaron en el pueblo de Arrabeh, Galilea, y salieron de allí en manifestación hasta un olivar próximo a un vertedero de basura, un lugar que simbolizaba las tierras confiscadas al pueblo. No entrañaban ningún peligro para la vida ni para los bienes de nadie. La policía, apostada en una ladera situada por encima del olivar, junto con el ejército y y fuerzas especiales israelíes, les arrojó gas lacrimógeno y, minutos después, cargó contra ellos, disparándoles balas metálicas recubiertas de goma y munición real mientras se dispersaban. Dos de los manifestantes, 'Ala Khaled Nasser, de 22 años, y Asil Hassan 'Asleh,de 17, resultaron muertos. Al parecer, los persiguieron hasta el olivar y les dispararon mientras huían.


Asil 'Asleh apoyaba a Seeds of Peace(«Semillas de Paz»), un grupo que trabaja por la reconciliación de judíos y árabes. Había estado en el campamento del grupo en Maryland, Estados Unidos y llevaba una camiseta del grupo cuando lo mataron. Su padre ha manifestado que vio cómo la policía perseguía al muchacho y cómo un agente lo golpeaba por detrás con la culata del fusil. Asil desapareció tras un olivo y su padre oyó un disparo. Le habían disparado desde corta distancia en el cuello. Llamaron a una ambulancia, pero ésta no llegó debido a las restricciones de la circulación impuestas por la policía y el ejército.


Asil 'Asleh fue trasladado en un automóvil particular a un hospital donde recibió los primeros auxilios de urgencia. La ambulancia que lo llevó posteriormente a otro hospital situado en Nahariya, a menos de una hora de camino, se demoró en varios puestos de control. El padre de Asil 'Asleh dijo a los delegados de Amnistía Internacional: «Lo normal es que la policía esté al servicio de la gente, no que la mate.»


Niños


Gran parte de las personas a las que las fuerzas de seguridad israelíes han matado o herido eran niños que se hallaban en las manifestaciones y que, en muchos casos, figuraban entre los que lanzaban piedras. A veces los niños se han manifestado al salir del colegio, y en ocasiones se los ha hecho salir del colegio para manifestarse. Muchos niños parecen haber muerto a causa de disparos letales mal dirigidos, pero, como indican los casos estudiados, a otros parecen haberles disparado deliberadamente. En muchas de las situaciones en que se han producido víctimas infantiles no había peligro inminente para la vida ni posibilidad razonable de peligro.


Los medios de comunicación y los portavoces del gobierno israelí han manifestado que el motivo de que hayan muerto tantos niños es el uso de «niños soldados» por los palestinos. Sin embargo, el hecho de que haya niños participando en disturbios y en enfrentamientos con el ejército no significa que sean niños soldados. Una fuerza encargada de hacer cumplir la ley que haya recibido entrenamiento en el control de disturbios y esté pertrechada y preparada como disponen las normas internacionales no debería tener necesidad de utilizar armas de fuego contra manifestantes que lanzan piedras.(8) Los niños que arrojan piedras no son objetivos militares contra los que las fuerzas israelíes puedan lanzar ataques letales. El hecho de que hayan matado y herido a niños revela un irresponsable desprecio por la vida por parte de los soldados israelíes.


Sami Abu Jazzar


Sami Fathi Abu Jazzar, muchacho de 11 años abatido por los disparos de soldados israelíes en Rafah el 10 de octubre del 2000. ©Associated Press AP

Sami Fathi Abu Jazzar fue declarado clínicamente muerto tras resultar herido en la cabeza el 10 de octubre del 2000, cuando los soldados israelíes dispararon contra una muchedumbre de unas 400 personas, en su mayoría escolares de enseñanza primaria, que estaban arrojando piedras contra un puesto militar israelí próximo a la Puerta de Salah al Din, Rafah, en la Franja de Gaza. Otros seis manifestantes resultaron heridos. Animados por muchachos de más edad, los niños habían salido de los colegios para manifestarse. Los delegados de Amnistía Internacional llegaron a la conclusión de que la vida de los soldados israelíes, cuya posición estaba fuertemente fortificada y separada de los manifestantes por considerable distancia y por dos alambradas, no corría peligro alguno, por lo que el uso de medios letales no estaba justificado. Sami Abu Jazzar murió el 11 de octubre, un día antes de cumplir los 12 años.


La Autoridad Palestina y los grupos armados como Fatah, han enseñado a niños a desfilar o a desmontar fusiles en campamentos. Se han filmado sesiones de entrenamiento de Hamasen las que participaban niños. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad palestinas son menores de 18 años y van armados. Es probable que a lo largo del año transcurrido desde que comenzó la Intifadahaya habido menores de 18 años que han tenido en sus manos un fusil o una granada y han disparado contra israelíes o participado en tiroteos, pero tales casos son poco corrientes. En general, los niños no llevan armas. En todos los casos investigados por Amnistía Internacional, las muertes de niños parecen haber sido homicidios ilegítimos.


El gobierno israelí, no ha aprendido ninguna lección de los errores cometidos en el control de multitudes, ni ha investigado los homicidios ni hecho rendir cuentas a nadie de los cometidos ilegítimamente, permitiendo así que se haya seguido matando a niños y a adultos en situaciones en que ninguna vida corría peligro. Las fuerzas de seguridad palestinas tampoco han cumplido su obligación de proteger y respetar la vida de los niños.


Muhammad al-Sharif


Muhammad al-Sharif, muchacho de 16 años del distrito Shaykh Ridwan de la ciudad de Gaza, fue abatido el 21 de enero del 2001 durante una manifestación que se había organizado en el cruce de Al Mintar, situado al este de Gaza, a unos 100 metros de un lugar donde una carretera de circunvalación utilizada por los colonos israelíes cruza la carretera de Gaza. Según una investigación realizada por el Centro Palestino de Derechos Humanos, murió a las tres y media de la tarde, al ser alcanzado por una bala en el pecho. Los testigos presenciales dijeron que alrededor de un centenar de niños se habían estado manifestando desde la mañana frente a los tanques que vigilaban la carretera de circunvalación. Sobre las tres y veinte, dos jeeps militares israelíes avanzaron hacia ellos, haciéndolos retroceder. Siete minutos después, cuatro de los manifestantes se acercaron a los vehículos y les arrojaron piedras. Al parecer, tres soldados salieron de los jeepse hicieron un único disparo desde una distancia de 30 metros. Según el Centro Palestino de Derechos Humanos, no se utilizaron medios no letales para dispersar a los manifestantes, y los niños que arrojaban piedras no representaban una amenaza para la vida de los soldados o de otras personas. La FDI no hizo ninguna declaración sobre las manifestaciones ni sobre el homicidio de Muhammad al-Sharif.(9)


Hombres armados y manifestaciones


Según portavoces oficiales israelíes, tras los niños se ocultan hombres armados. La Autoridad Palestina cuenta con 43.000 agentes armados repartidos entre por lo menos 11 servicios de seguridad distintos. Muchos individuos afiliados a otros grupos políticos ajenos a las fuerzas armadas, como Fatah, también portan armas.


Como no todas las manifestaciones han sido observadas por testigos independientes y en algunos casos ha habido, en efecto, hombres armados entre los manifestantes, no se puede afirmar que jamás se haya utilizado a niños o a otros manifestantes para proteger a los palestinos armados. En las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional no se ha encontrado ningún ejemplo concreto de manifestación en la que hombres armados se hayan ocultado entre los participantes o detrás de ellos para disparar contra los israelíes. Tal conducta infringiría totalmente el derecho internacional humanitario. La organización israelí de derechos humanos B`Tselem, que durante 10 días —del 25 al 27 de octubre y del 29 al 4 de noviembre del 2001— tuvo observadores en cada una de las manifestaciones celebradas en le cruce de Ayosh, en Ramallah, comprobó que los hombres armados no disparaban escudándose en los manifestantes y que las fuerzas de seguridad palestinas sacaban de las manifestaciones a quienes llevaban armas. En su informe se afirma:


En la mitad de las manifestaciones presenciadas por B'Tselem hubo disparos desde el lado palestino. Sin embargo, los palestinos que disparaban estaban a mucha distancia de los que arrojaban piedras y ocultos en el interior de edificios de la zona. Esta distancia era intencional, y B'Tselem vio a personal de la Autoridad Palestina moviéndose entre quienes arrojaban piedras y echando a los que iban armados y a los que llevaban uniforme. En todos los casos, los disparos palestinos comenzaron al menos una hora después de haber comenzado la manifestación y tras empezar los soldados a disparar balas de goma y munición real. De hecho, cuando los palestinos disparaban, los soldados dejaban de hacerlo y no respondían, salvo en una ocasión, el 27 de octubre, en que dispararon contra los palestinos que habían abierto fuego [...]


Observando los acontecimientos desde los puntos de observación se vió que el tamaño de las manifestaciones no influía en la respuesta de los soldados. La respuesta a una manifestación de centenares de palestinos era idéntica a la de una de 50 [...]


Durante el periodo en que B'Tselem observó las manifestaciones mataron a dos palestinos en el cruce de Ayosh: Ghassan Yusuf Ahmed Salem 'Awiseh, de 27 años, el 27 de octubre, y Tha'ar Ibrahim Shalesh a-Zayed, de 17 años, que residía en el campo de refugiados de Jilazun, el 31 de octubre. A ambos les dispararon en circunstancias que no constituían una amenaza para la vida de los soldados y antes de que los palestinos hubieran abierto fuego.(10)


Las conclusiones de B'Tselemponen de manifiesto la importancia de los observadores de los derechos humanos para evaluar la verdad de las versiones contradictorias de los homicidios.


En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial.


Principio 22 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley


Ausencia de investigaciones


El hecho de que las autoridades israelíes no investiguen todas las muertes ha hecho que se generalice la aceptación de los homicidios ilegítimos y de la impunidad de quienes hacen uso de la fuerza injustificadamente.


Esta situación se ha hecho extensiva a homicidios de palestinos que eran ciudadanos israelíes. Las policía y otras fuerzas de seguridad israelíes mataron a 13 palestinos, en su mayoría ciudadanos israelíes, en Israel y en Jerusalén Oriental entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre del 2000, durante manifestaciones en las que los participantes arrojaron piedras. Nada indicaba que los manifestantes llevaran armas de fuego. No parece que se realizaran investigaciones iniciales sobre las circunstancias de cada homicidio. Aparentemente, el primer investigador policial que llegó al lugar de los hechos para reunir pruebas periciales de las armas utilizadas fue el Dr. Stephen Males, ex policía que formaba parte de la delegación enviada por Amnistía Internacional seis días después del comienzo de la Intifada. El director del Departamento de Investigación de la Policía (conocido como Mahash, de las siglas en hebreo) del Ministerio de Justicia israelí dijo a los delegados de Amnistía Internacional que su departamento no había realizado ninguna investigación porque nadie había presentado denuncia. La ausencia de denuncias no justifica que las autoridades israelíes no instituyeran una comisión de investigación inmediatamente después de los homicidios de los manifestantes por sus fuerzas de seguridad. No se realizaron investigaciones hasta después de varias semanas de protestas principalmente por palestinos de nacionalidad israelí (véase, infra,el apartadoLa Comisión Or).


En relación con los homicidios de palestinos de los Territorios Ocupados, la FDI se ha mostrado menos dispuesta aún a realizar investigaciones. Como dijo el coronel Dan Reisnes, jefe del Departamento Jurídico de la FDI, a los delegados Amnistía Internacional en enero del 2001, «ningún ejército realiza investigaciones en guerra; hasta ese momento se investiga toda cuestión». El coronel afirmó que después de cada operación se daban partes operativos internos; aparte de eso el ejército había realizado tres investigaciones internas. Éstas parecían estar relacionadas con los homicidios sobre los que habían informado ampliamente los medios de comunicación nacionales e internacionales; además, parecían ser, en efecto, puramente internas. Una de ellas era sobre el homicidio de Muhammad al-Dura (véase supra) el 30 de septiembre del 2000. Parece haberse realizado otra sobre el caso de Fátima Jamal Abu Jish (véase infra).


Según informes, el fiscal general militar, general de brigada Menahem Finkelstein, ordenó posteriormente una investigación sobre el homicidio el 10 de junio del 2001 de tres mujeres beduinas: Nassereh Salem Hafez al-Malalha, de 61 años; Hikmat Attallah al-Malalha, de 17, y Salmiya 'Umar Ghanem al-Malalha, de 37. Las tres murieron al sur de Gaza, cuando un tanque israelí disparó contra su tienda un proyectil de 120 milímetros, con unos 2.000 dardos de acero de cinco centímetros de largo en su interior. Este tipo de dardos no están prohibidos por el derecho internacional, pero no deben ser utilizados cerca de zonas habitadas. Una cuarta mujer, Nassereh Salem Hussein al-Malalha, de 65 años, resultó herida. En la misma zona explotaron otros tres proyectiles que hirieron a otros beduinos y mataron ovejas. La FDI dijo al principio que había respondido a disparos, pero posteriormente explicó que los homicidios habían sido un «error».


Al parecer, el general Finkelstein manifestó que las conclusiones del parte interno eran insuficientes y que iba a encargar una investigación. Sin embargo, el Centro Palestino de Derechos Humanos, que había presentado una denuncia en relación con el homicidio de Salmiya al-Malalha, fue informado en septiembre de que, como la muerte se había producido en un conflicto armado, no podía admitirse ninguna denuncia.(11)


La Autoridad Palestina tampoco se ha mostrado dispuesta a realizar investigaciones. Todos los homicidios cometidos en las zonas bajo su jurisdicción deberían haberse considerado posibles homicidios ilegítimos. El lugar donde se cometió cada uno de ellos debería haberse inspeccionado para reunir el mayor número posible de datos con que determinar si fueron ilegítimos y quién fue el autor. Esta labor habría facilitado las investigaciones posteriores y la presentación de solicitudes de indemnización por las familias de las víctimas. Pero la Autoridad Palestina ha preferido que cada una de las víctimas de los disparos israelíes sea enterrada como un mártir. Los peritos patólogos palestinos que podían haber practicado la autopsia a los cadáveres de los palestinos muertos en los Territorios Ocupados para determinar la causa exacta de la muerte en cada caso, sólo han sido llamados en contadas ocasiones, cuando las familias de las víctimas han insistido en ello. La tradición islámica obliga a enterrar los cadáveres en un plazo de 24 horas, pero la Autoridad Palestina no ha asumido su responsabilidad de investigar los homicidios ilegítimos, ya que ni siquiera ha sugerido a las familias de las víctimas la posibilidad de practicar una autopsia.(12) La policía palestina parece haber realizado investigaciones menos minuciosas que las organizaciones de derechos humanos para determinar la causa de la muerte en cada caso.


La Comisión Or


El 21 de octubre del 2000, tras una serie de protestas generalizadas por la ausencia de investigaciones sobre las muertes de manifestantes, el gobierno israelí ordenó crear un comité especial de investigación. No obstante, muchos abogados y ONG israelíes, así como Amnistía Internacional, criticaron al gobierno por no haber establecido una comisión judicial de investigación regida por la Ley de Comisiones de Investigación de 1968, ya que este tipo de comisiones tiene más independencia, pues a sus miembros los nombra el presidente del Tribunal Supremo, no el gobierno, y están facultadas para obligar a declarar a testigos y para conceder a quienes prestan testimonio inmunidad de procesamiento en relación con sus declaraciones.


En respuesta, aparentemente, a la presión pública, el 8 de noviembre el gobierno sustituyó el comité por una comisión de investigación establecida conforme a lo dispuesto en la ley de 1968. Según información aparecida en los medios de comunicación, la Oficina del Primer Ministro anunció que la función de la comisión era «investigar los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad [...] en que los que ciudadanos israelíes judíos y árabes han resultado muertos y heridos». Tal función no incluía el examen de los actos de tortura o maltrato infligidos a las personas detenidas por las fuerzas de seguridad en relación con las manifestaciones organizadas en Israel.


La comisión de investigación, conocida como Comisión Or por estar sus tres miembros a las órdenes del juez del Tribunal Supremo Theodore Or, comenzó a trabajar el 19 de febrero del 2001. No ha hecho públicos su mandato y sus procedimientos ni ha permitido que otros abogados interroguen a los testigos en representación de las víctimas o la policía. Sólo ha considerado los homicidios de manifestantes cometidos dentro de Israel. No obstante, sus sesiones han puesto de manifiesto la importancia de llevar a cabo una investigación seria sobre los homicidios.


En el momento de redactar este informe, la Comisión Or estaba todavía examinando las pruebas disponibles. No obstante, los datos que han salido hasta ahora a la luz en las vistas corroboran las conclusiones generales de Amnistía Internacional. La comisión ha visitado los lugares donde tuvieron lugar las manifestaciones. Los testigos de la policía de Jatt, donde un manifestante resultó muerto el 1 de octubre del 2000, no parecían conocer las reglas de intervención de la policía israelí y no habían utilizado gas lacrimógeno ni hecho señales de advertencia antes de disparar balas metálicas recubiertas de goma. En Umm al-Fahm, a dos de las personas muertas el 1 y el 2 de octubre del 2000 les dispararon con munición real, y en medio de testimonios policiales muy contradictorios, en general parece haberse aceptado que la policía carecía de equipo para dispersar multitudes, que no pudo responder correctamente en lo que respecta a la distancia de seguridad que se debe mantener al disparar balas metálicas recubiertas de goma y que recibió órdenes de disparar con este tipo de balas y con munición real a los «instigadores» y no sólo a quienes representaban una amenaza inmediata para la vida.


En casi todos los casos de muerte de manifestantes palestinos, los testigos han declarado que la policía no dio gritos ni hizo uso del megáfono como advertencia antes de abrir fuego. En cambio, en una manifestación de judíos organizada en Tiberias el 8 de octubre del 2000, la policía dio gritos de advertencia antes de utilizar porras y gas lacrimógeno y de recurrir, al final, a granadas paralizantes y cañones de agua; además, se había ordenado que todos los agentes, excepto los oficiales, dejaran sus armas en los vehículos. Según los informes, en Jaffa, el 1 de octubre del 2000 la policía disparó al azar contra los palestinos cuando no había vidas en peligro, pero no disparó contra los judíos a pesar de que las vidas de otras personas sí podían correr peligro.


Lamentablemente, ninguna comisión de investigación ha escuchado el testimonio de testigos de la FDI ni de testigos presenciales de los Territorios Ocupados.


Controles de carretera


Muchas personas han resultado muertas o heridas en controles de carreteras en circunstancias que a todas luces no entrañaban ningún peligro para la FDI: por ejemplo, al ir a sacar alguien un pañuelo o al hacer una maniobra con el automóvil para situarse mejor en la cola. La FDI suele empezar afirmando que se había disparado o lanzado una granada desde el lugar donde estaba la víctima. Sólo cuando se investigan los casos (por organizaciones de derechos humanos o periodistas y, en rarísimas ocasiones, por la FDI) se hace patente que se trata de homicidios ilegítimos, cometidos por soldados descuidados, imprudentes o nerviosos.

Fátima Jamal Abu Jish


Fatima Jamal Abu Jish

© Particular

Fátima Abu Jish, de 20 años, murió el 7 de enero del 2001 cuando regresaba a su pueblo, Beit Dajan, desde el hospital de Nablús donde trabajaba de recepcionista. La FDI había puesto controles en las carreteras de acceso al pueblo y los habitantes de éste los rodeaban siguiendo senderos que discurrían por el campo. Estos caminos eran perfectamente visibles desde los controles, y los soldados apostados en éstos habían bloqueado las carreteras para hostigar a la población, más que para impedir realmente la entrada al pueblo. Debido a los numerosos puestos de control y bloqueos, se tardaba una hora en recorrer 8 kilómetros.


El automóvil en que Fátima Abu Jish viajaba junto con su hermana y su cuñado llegó al puesto de control a las cinco y cuarto de la tarde y tomó el camino del campo. Era el cuarto de una lenta caravana de unos 20 automóviles. De pronto sonó un disparo. La hermana de Fátima miró hacia atrás y vio que ésta se había desplomado y que le manaba un hilo de sangre de la boca.


La FDI manifestó primeramente que sus soldados habían disparado en respuesta a otros disparos, pero luego admitió que no había habido tiros contra el puesto de control y accedió a investigar el homicidio. Tres días después, gracias aparentemente a la investigación, la FDI declaró que un soldado había disparado contra las ruedas del automóvil de Fátima Abu Jish y que se habían tomado medidas disciplinarias contra él. No se explicó por qué razón se había disparado contra uno de los vehículos que formaban parte del convoy.


Zonas «de acceso prohibido»


En algunas localidades palestinas, situadas normalmente las situadas cerca de asentamientos israelíes o de la frontera, la FDI parece haber atacado a simples transeúntes con el fin de crear una zona «de acceso prohibido» o «tierra de nadie» al borde de la localidad. Aunque los palestinos han disparado contra los soldados o los colonos en muchos casos, los bombardeos efectuados como represalia contra zonas palestinas han sido totalmente desproporcionados a los ataques palestinos, que normalmente se han hecho con armas pequeñas o con granadas. La respuesta de la FDI parece formar parte de una táctica destinada a vaciar determinadas zonas de las ciudades palestinas obligando a sus habitantes a evacuarlas.


En enero del 2001, los delegados de Amnistía Internacional visitaron la ciudad palestina de Rafah. Los habitantes les advirtieron que era peligroso aproximarse a la frontera porque los soldados israelíes disparaban ocasionalmente contra los civiles. Debido a ello, se quedaron a 200 metros de las zonas examinadas el 10 de octubre del 2000 durante una visita anterior. En aquella ocasión habían visitado viviendas próximas a la frontera que habían sido alcanzadas por balas (ahora habían sido desalojadas y estaban vacías) e investigado el homicidio de Sami Abu Jazzar (véaseinfra). Los delegados habían dicho anteriormente a la Autoridad Palestina que la policía palestina debía haber impedido que los niños se aproximaran a la frontera para arrojar piedras. En enero del 2001, todos los habitantes de la ciudad temían estar a menos de 200 metros de la frontera. Dos meses después, aparentemente con el fin de crear una vez más una «tierra de nadie», la FDI disparó una granada paralizante contra una delegación de Amnistía Internacional encabezada por Pierre Sané, entonces secretario general de la organización, delegación que iba acompañada de varios equipos de televisión y periodistas, así como de unos 30 niños. No se ofreció ninguna explicación de por qué se había disparado la granada contra un grupo formado claramente por civiles que no constituían amenaza alguna para los soldados.


Algunas de las personas muertas o heridas cerca de la frontera israelí cuyos casos ha investigado Amnistía Internacional eran simples transeúntes o niños que jugaban. La irresponsabilidad de los disparos efectuados por los soldados israelíes contra cualquier persona en determinadas zonas la ponen de manifiesto los numerosos casos que los afectados eran periodistas y personal de la ONU. Por ejemplo, el 30 de agosto del 2001, Peter Hansen, jefe del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), fue amenazado con armas por soldados israelíes cuando intentaba entrar en Rafah con objeto de inspeccionar unas viviendas que habían sido bombardeadas y destruidas. El 16 de septiembre, el ejército israelí disparó en dirección a los delegados de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch cuando éstos examinaban el lugar que había ocupado una casa destruida hacía poco, ubicada a un centenar de metros de la frontera egipcia. No había habido disparos procedentes de la zona palestina en ese momento.


En julio del 2001 ya habían resultado heridos más de 40 periodistas, al menos 30 de ellos palestinos, en el desempeño de sus funciones. La organización Reporters sans Frontièresha condenado la falta de investigaciones serias. Cuando el Ministerio de Justicia israelí cerró la investigación sobre el disparo efectuado en mayo en Ramallah contra el periodista de TFI Bernard Aguirre, Reporters sans Frontièresescribió lo siguiente en una carta abierta al ministro de Justicia:


Tres equipos de televisión distintos filmaron la escena. Sus filmaciones muestran claramente cómo un miembro de la Guardia de Fronteras israelí se apea de su vehículo, apunta tranquilamente y, con el cigarrillo en los labios, abre fuego contra el hombre a una distancia de 100 metros. El periodista, que acababa de realizar una entrevista y tenía aún el micrófono en la mano, fue alcanzado en el pecho. Afortunadamente, el chaleco antibalas que llevaba le salvó la vida.(13)


Iyad Da'ud y Ahmad al-Kasas


Según testigos presenciales, el 17 de diciembre del 2000, unos seis soldados israelíes se bajaron de un tanque en el lado israelí de la frontera en Salah al-Din Gate, Rafah, y apuntando sus armas hacia la carretera que pasa unos 200 metros más abajo, dispararon contra Iyad Da'ud, de 27 años, que estaba colocando zapatos para la venta a la entrada de su tienda. Lo alcanzaron en el pecho. Dispararon también e hirieron a un joven que vino a ayudarlo. A otro hombre que también quiso prestar ayuda, Ahmad al-Kasas, de 38 años, le dispararon en el estómago. Los testigos de lo ocurrido dijeron posteriormente a Amnistía Internacional que los disparos duraron como una media hora. Iyad Da'ud y Ahmad al-Kasas murieron.


Ataques a zonas residenciales


En enero del 2001, los delegados de Amnistía Internacional, entre ellos un experto militar, visitaron varias zonas residenciales palestinas y judías que habían sufrido ataques con armas de fuego. En todas ellas, los ataques habían causado daños en viviendas y puesto en peligro la vida de los residentes. Los delegados visitaron las localidades palestinas de Ramallah, Beit Sahur, Beit Jala, Hebrón, Nablús,Tulkarem, Rafah y Jan Yunis, y los asentamientos judíos de Psagot y Gilo. Una delegación enviada anteriormente, en noviembre del 2000, había visitado Beit Jala, Al Bireh y Jericó.


En Gilo y Psagot, los delegados vieron agujeros de bala en paredes y ventanas. Las casas estaban protegidas con sacos de arena y, en Gilo, los colonos habían levantado también un largo muro de cemento para reforzar la protección de las viviendas situadas al borde del asentamiento. Las armas utilizadas por palestinos armados contra estas zonas residenciales parecían ser fusiles AK47, pero había también indicios de uso de armas pequeñas —por ejemplo, de calibre 22—. En Gilo, que estaba a unos 400 metros de los puestos de los tiradores situados al borde de Beit Jala, daba la impresión de que las balas habían perdido ya en gran medida su energía cinética al llegar a las casas. El asentamiento de Psagot está en una colina que se alza por encima de la localidad palestina de Al Bireh; a los delegados de Amnistía Internacional les mostraron lugares y casas desde donde habían disparado contra Psagot. Estaban a unos 200 metros y todos ellos se encontraban en zonas residenciales o cerca de ellas. Las balas habían alcanzado varias viviendas, en cuatro de las cuales habían atravesado las ventanas, y una sinagoga. En una de las casas, una bala había entrado por la ventana de la cocina y le había pasado rozando a una mujer.

Los delegados de Amnistía Internacional vieron claramente que los soldados de la FDI habían respondido a los ataques palestinos con un uso desproporcionado de la fuerza. No parecía haberles importado si habían intervenido en ellos uno o varios palestinos armados. En algunos casos, su respuesta había durado varias horas y no concluyó hasta mucho después de haber cesado el ataque palestino. Las armas que solían utilizar en estas respuestas eran fusiles M16, ametralladoras de uso general, ametralladoras Browning calibre 50 y rifles de tirador (Galil y M21). Los daños causados a las viviendas situadas en «primera línea» eran, por tanto, muy considerables. Las casas de la zona de Beit Jala adyacente a Gilo mostraban daños a lo largo de un amplio perímetro de alrededor de kilómetro y medio, y había daños generalizados en casi todas las casas de las zonas fronterizas de Beit Sahur, Jan Yunis y Rafah. Algunas de estas viviendas habían quedado inhabitables, y muchas otras no podían ser ocupadas de noche por temor a nuevos bombardeos (la mayoría de los ataques se producían por la noche).


En algunos tiroteos se habían utilizado armas de gran calibre contra palestinos armados que disparaban contra asentamientos o emplazamientos militares israelíes. La FDI admitió estar utilizando proyectiles de tanque de 105 y 120 milímetros contra edificios utilizados a menudo como bases por palestinos armados. Asimismo, utilizaba helicópteros de combate Apache, suministrados por Estados Unidos y armados con potentes misiles Hellfirey un cañón de 30 milímetros.


A los delegados de Amnistía Internacional les pareció que en varias ocasiones se habían utilizado las armas indiscriminadamente y de manera que causaran lesiones y la muerte a civiles palestinos. Los lanzagranadas, que parecen haber causado la muerte de dos niños en Rafah y Hebrón, ponen imprudentemente en peligro a los civiles si se utilizan contra una zona residencial.(14) Contra las zonas residenciales palestinas se han utilizado dos tipos de lanzagranadas: el M203 y el automático de 40 milímetros Mark 19.A diferencia del M203, que lanza granadas de una en una, el Mark 19tiene un alcance de 2.200 metros y en menos de un minuto dispara 48 granadas explosivas de alta potencia que estallan en el aire. Cada granada tiene un alcance de explosión letal de 15 metros. También se han utilizado contra zonas residenciales palestinas proyectiles explosivos de gran potencia de 40 milímetros.


Hani Yusuf al-Sufi


El 20 de diciembre del 2000 por la mañana, los habitantes de Rafah buscaron refugio en sus casas al ver que disparaban desde las posiciones israelíes. Hacia las diez menos cuarto, Hani al-Sufi, de 15 años, se encontraba en un callejón con cinco amigos suyos cuando una granada hizo impacto contra una pared por encima de sus cabezas. Su padre contó lo siguiente a los delegados de Amnistía Internacional:


Iba de camino a casa y vi a mis dos hijos junto con otras personas que llenaban el callejón. Así que les dije no que se quedaran fuera, que volvieran a casa porque los israelíes estaban disparando indiscriminadamente. Crucé la carretera y un proyectil cayó en ella. Oí una fuerte explosión, y mi vecino me dijo que mi hijo estaba herido. Dije que era imposible porque le había dicho que regresara. Fui corriendo al callejón. Lo que vi era increíble: seis niños amontonados, todos heridos. Vi a mi hijo menor, Hani, que parecía muerto. Traté de levantarlo y vi que estaba vivo. Unos jóvenes vinieron a ayudarme, pero les dije que se llevaran a mi otro hijo. A causas de las heridas que tenía [el niño] en la cabeza, la espalda y el cuello, no pude seguir y me desplomé a los dos o tres metros. Intenté levantarme pero entonces vinieron y me lo quitaron de las manos, y en ese momento murió.


Ejecuciones extrajudiciales



tx3600 Israel aplica desde hace años la política de asesinar a sus adversarios políticos. Como las ejecuciones extrajudiciales son objeto de la condena universal, la mayoría de los gobiernos que cometen asesinatos rodean tales acciones de secreto y niegan haberlas ordenado. Aunque el gobierno israelí prefiere hablar de «homicidios selectivos» y de «acciones preventivas» (o «acciones preventivas de precisión milimétrica»), en vez de «ejecuciones extrajudiciales», algunos de sus miembros han confirmado que tales homicidios constituyen un política oficial deliberada, que se lleva a cabo por orden del gobierno.(15)


Los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, de la ONU, hacen hincapié en que las ejecuciones extrajudiciales no están permitidas jamás, ni siquiera en tiempo de guerra. Según el Principio I:


Los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública.


En el informe de 1996 del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se señala que ningún abuso contra los derechos humanos cometido por grupos armados puede justificar tales violaciones de derechos humanos fundamentales y del derecho humanitario y que los gobiernos deben respetar el derecho a la vida de todas las personas, incluidos los miembros de grupos armados incluso si dan muestra de una falta absoluta de respeto por la vida de los demás.(16)


Las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por Israel constituyen «homicidio intencional», que es una «infracción grave» del Convenio IV de Ginebra (artículo 147), en el que Israel es Alta Parte Contratante. La amplia relación de crímenes de guerra del artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye las infracciones graves de los Convenios de Ginebra.

El ataque con misiles lanzado desde un helicóptero contra un automóvil en Beit Sahur el 9 de noviembre del 2000 mató a Hussein ‘Abayat y a dos mujeres que pasaban por allí. © Reuters2000

Durante la actual Intifada, la política de las ejecuciones extrajudiciales se comenzó a aplicar con el homicidio del activista de FatahHussein 'Abayat el 9 de noviembre del 2000. Con el desprecio por la vida humana característico de tales asesinatos, la acción acabó también con la vida de dos mujeres que pasaban casualmente por allí. Desde entonces y hasta finales de agosto del 2001 al menos 30 personas parecen haber sido objeto de «homicidios selectivos», y más de 20 que se encontraban casualmente cerca de ellas también han resultado muertas.


Según el asesor jurídico de la FDI, coronel Reisner, las órdenes de ejecución extrajudicial se ordenan proceden de la cúpula militar y gubernamental, y se llevan a cabo abiertamente y por los medios que se consideren más apropiados. La FDI afirma que las víctimas son objetivos militares en una situación de conflicto armado. Pero las fuerzas israelíes de seguridad que realizan las ejecuciones extrajudiciales no ofrecen ninguna prueba de la culpabilidad de las víctimas ni respetan el derecho a la defensa. La identidad de las personas que autorizan el homicidio es tan secreta como la información que presuntamente «justifica» tan extrema e ilegítima acción.(17)


En algunos de los casos investigados por Amnistía Internacional, la víctima asesinada podría haber sido detenida fácilmente. Por ejemplo, Mustafá Yassin, de 28 años, acusado por las autoridades israelíes de ser activista del grupo YihadIslámica, había estado nueve horas bajo custodia de la FDI la víspera del 23 de julio del 2001, cuando 20 soldados rodearon su casa de Anin, en la Zona C de Cisjordania, controlada por Israel, y lo mataron. Otros casos son los de Hani Abu Bakra y el Dr. Thabet Thabet (véase infra).


Hani Abu Bakra


Hani Abu Bakra, de 32 años, presunto partidario de Hamas, era taxista en Jan Yunis, en la Franja de Gaza. El 14 de diciembre del 2000 recogió en distintos puntos a siete pasajeros que no lo conocían ni se conocían entre ellos. La mayoría iban a Gaza a trabajar. Entre ellos había un ingeniero eléctrico que trabajaba para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), un joven agente de policía palestino y una muchacha de 20 años que estudiaba artes educativas en Gaza.


Había tanques patrullando la carretera de Jan Yunis. Cuando salió de allí, hacia las ocho menos diez de la mañana, el taxi de Hani Abu Bakra tuvo que esperar, como todos los automóviles palestinos, a que los vehículos de colonos israelíes cruzaran la Franja de Gaza por la carrera para colonos que la atraviesa de este a oeste. Luego se le permitió pasar avanzando entre dos tanques. Poco después, el taxi llegó al segundo tanque israelí apostado en la carretera y le dieron el alto. Iba detrás de un Mercedes. El soldado del tanque tenía un teléfono móvil y estaba hablando por él; al cabo de cuatro o cinco minutos hizo una señal al Mercedes para que pasara e indicó al taxi que se parara. Los pasajeros de éste entrevistados por los delegados de Amnistía Internacional manifestaron que en ese momento no se habían preocupado, ya que las paradas frecuentes formaban parte del hostigamiento a que se ven sometidos habitualmente los palestinos que viajan por la Franja de Gaza.


Entonces, cinco soldados saltaron de un jeep y se acercaron al taxi empuñando sus armas. El soldado del tanque dijo a Hani Abu Bakra que apagara el motor y saliera. Él preguntó si querían ver su documentación. El soldado dijo: «Sal, no queremos tu documentación». Según el testimonio de Muhammad al-Khatib, el ingeniero del UNRWA, ocurrió lo siguiente:


El taxista se demoró como un minuto y medio y luego empezó a abrir la puerta. En ese momento los soldados que estaban a unos dos metros de allí comenzaron a disparar. Uno de ellos me apuntó con el arma a la cara y disparó [...] La bala me destrozó la mandíbula y los dientes [...] Me arrojé al suelo de la camioneta y me fingí muerto [...] Al cabo de cinco minutos vi abierta la puerta que de mi lado. Salí. Los disparos continuaban. Estaba lloviendo. Había un charco. Me tendí en él, sangrando.


A Hani Abu Bakra, lo mataron. El pasajero del asiento delantero, 'Abdallah al-Qanan, resultó herido de gravedad y murió posteriormente. Otros dos pasajeros también resultaron heridos. Cuando la FDI vio que uno de los que yacían en el charco, Ashraf al-Tulba, de 21 años, era un policía palestino, lo llevaron a la terminal de Kissufim y, presuntamente, lo golpearon antes de dejarlo en libertad.


En la declaración que hizo la FDI tras el homicidio de Hani Abu Bakra se calificaba la ejecución extrajudicial de «enfrentamiento» y se explicaba así:


Durante el intento de detención del activista de Hamas en un control de carretera de la FDI, el terrorista trató de disparar con el revólver que llevaba. Las fuerzas abrieron fuego hacia él y lo mataron. En el tiroteo otros dos palestinos sufrieron lesiones y un tercero resultó herido por metralla de vidrio.


Los pasajeros entrevistados por Amnistía Internacional insistieron en que no le habían visto ningún arma a Hani Abu Bakra. Sus versiones de lo sucedido coincidían. No hubo ningún tiroteo. La descripción que hicieron, según la cual había unos cinco soldados a menos de dos metros del taxi, indica que no se trató de una operación en la que los soldados temieran que les fueran a disparar.


Dr. Thabet Thabet


Dr. Thabet Thabet.

© Particular

El Dr. Thabet Thabet, de 49 años, dentista y activista de Fatah, era director del Ministerio de Sanidad en Tulkarem y enseñaba salud pública en la sección de Tulkarem de la Universidad a Distancia de Al Quds. Asimismo, era secretario general de Fatahen el distrito. Su casa se encuentra a unos 250 metros de la «línea verde», la frontera entre los Territorios Ocupados (la Zona A bajo control total palestino) e Israel. El 31 de diciembre del 2000, su esposa, la Dra. Siham Thabet, salió temprano a visitar a un paciente. Poco después, a las diez menos cuarto, el Dr. Thabet Thabet subió a su automóvil y, dando marcha atrás, comenzó a salir por el camino de entrada a su casa, a plena vista de la frontera con la zona C, situada a sólo 300 metros. Entonces se produjo una ráfaga de disparos. Siete balas rompieron el cristal de la ventanilla trasera del automóvil. La sirviente, que había visto todo desde la ventana de la cocina, salió corriendo de la casa y vio al Dr. Thabet Thabet muerto en el automóvil con el cuerpo destrozado.


Basándose en la legislación israelí, que prohíbe las ejecuciones sin juicio, la Dra. Siham Thabet presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Israel por el homicidio de su esposo. El Tribunal la admitió a trámite y pidió a Ehud Barak, a la sazón primer ministro y ministro de Defensa, que explicara la política del gobierno antes del 31 de enero del 2001. El general Giora Eiland, jefe de la Sección de Operaciones de la FDI, presentó al Tribunal un documento en el que se manifestaba que el Dr. Thabet Thabet «era médico, sí, pero su función como jefe de una célula de Tanzim, que indicaba a sus hombres dónde realizar ataques [...] le priva de la condición de civil». El primer ministro Barak mostró también una carta en la que se decía: «El derecho internacional permite atacar a alguien de quien se sabe con certeza que está preparado para cometer un atentado contra objetivos israelíes [...] Se deriva de una situación de guerra en general y del derecho a la defensa propia en particular».


Jamal Mansur y Jamal Salim


El 31 de julio del 2001, la aviación israelí mató a ocho personas, entre ellas dos niños y dos periodistas, e hirió a otras 15, incluido un defensor de los derechos humanos, al disparar desde un helicóptero Apache dos misiles contra el Centro Palestino de Información, organización con sede en Nablús que dirigía el líder de HamasJamal Mansur. Los dos líderes de Hamasque resultaron muertos, Jamal Mansur y Jamal Salim, habían sido sometidos en el pasado a detención administrativa por Israel. Posteriormente, entre 1997 y el 2000, Jamal Mansur había pasado más de tres años detenido sin cargos ni juicio por la Autoridad Palestina. Los periodistas muertos, Muhammad Beshawi y 'Uthman Qatanani, estaban, al parecer, entrevistando a Jamal Mansur en el momento del ataque. Los dos niños, Ashraf Khader, de seis años, y Bilal Khader, de 11, se encontraban en ese momento jugando a la entrada del edificio, donde los había dejado su madre mientras visitaba una clínica situada también allí. Ahmad Abu Shallal, defensor de los derechos humanos que resultó herido de gravedad, trabaja para International Solidarity, organización con sede en Washington, Estados Unidos. Según informes había ido a la oficina del Centro Palestino de Información a recoger material para un informe sobre los refugiados que estaba preparando.

Homicidios cometidos por colonos


Los palestinos son objeto de frecuentes ataques, incluso de homicidios, a manos de los judíos israelíes que viven en los Territorios Ocupados.


Cuando la guerra de 1967, los únicos judíos de Cisjordania eran la comunidad samaritana de Nablús, formada por unas 250 personas. Actualmente hay más de 300.000 colonos judíos en los denominados «asentamientos» esparcidos por toda Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.


La mayoría de los asentamientos israelíes se encuentran en zonas anteriormente «rurales», insertados entre pueblos palestinos, a menudo en lo alto de una colina. Los judíos constituyen el 98,4 por ciento de la población de los asentamientos, que está formada en su mayor parte, pero no exclusivamente, por ciudadanos israelíes.


Aunque el ritmo de construcción israelí en Jerusalén Oriental está disminuyendo debido a la falta de espacio, la población y las edificaciones siguen aumentado rápidamente en el resto de Cisjordania. La expansión de los asentamientos se aceleró tras las conversaciones de paz, en particular desde el Acuerdo II de Oslo.


Los colonos están sujetos al derecho penal israelí y a la jurisdicción de los tribunales de Israel, mientras que a los palestinos se les aplican órdenes militares y el derecho penal jordano. Los colonos pagan impuestos israelíes y disfrutan de beneficios y servicios israelíes. Se han construido carreteras de circunvalación que les permiten vivir separados de los palestinos y les libran de los controles de carreteras y de otras formas de hostigamiento derivadas de la ocupación militar. Fuera de Jerusalén Oriental, los palestinos tienen prohibida la entrada sin permiso en los asentamientos. Los colonos de entre 18 y 60 años cumplen un «servicio de guardia» militar; todos van armados y están facultados para detener a palestinos.


A los colonos se les ha permitido constantemente atacar a los palestinos con impunidad. En la mayoría de los casos, la violencia que ejercen contra ellos consiste en atacar casas o tiendas, que incendian u ocupan o en las que rompen los cristales; pero a menudo va dirigida contra personas. En casi todos los casos estos ataques parecen realizarse al azar e ir dirigidos indiscriminadamente contra cualquier palestino o contra bienes palestinos próximos a los asentamientos. Durante la actual Intifada, la violencia se ha producido en muchas ocasiones en respuesta a ataques palestinos a un colono. Si la FDI está presente, normalmente no interviene; pero incluso si intenta hacerlo, los soldados destacados no son suficientes para proteger a la población palestina. Si el ataque se produce en respuesta a un ataque palestino, puede ocurrir que los soldados expresen su aprobación. La FDI no tiene derecho a detener a los colonos.(18)


En virtud del Convenio IV de Ginebra, todos los palestinos son personas protegidas, y las autoridades israelíes tienen ciertas obligaciones para con ellos, incluida la de protegerlos de los ataques. El artículo 27 dispone:


Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.


El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a los Estados « a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y están sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto».


Desde el comienzo de la Intifada, los colonos han matado al menos a 10 palestinos. En ninguno de estos casos se ha llevado ante la justicia a un colono.


Los homicidios de Idna


El 19 de julio del 2001 tres miembros de la misma familia — Muhammad Salameh Tmaizi, de 23 años; Muhammad Hilmi Tmaizi, de 17, y Diya Marwan Tmaizi, de tres meses— resultaron muertos cerca de Hebrón cuando los ocupantes de un automóvil, aparentemente colonos, dispararon contra otro automóvil en el que viajaban ocho palestinos. Al parecer, los colonos habían dejado pasar a otros vehículos palestinos con uno o dos ocupantes antes de disparar contra éste y huir. Un familiar de las víctimas manifestó que se había acercado corriendo a un jeepde la FDI para pedir a los soldados que telefonearan al puesto de control más cercano a fin de que detuvieran allí a los colonos. Según los informes, el conductor hizo girar el jeep y se marchó en dirección contraria. Un grupo autodenominado «Comité para la Seguridad en las Carreteras», que se cree que está vinculado con la organización judía proscrita Kach, reivindicó la responsabilidad del homicidio.(19)



Capítulo 3: Homicidios cometidos por palestinos



No hay ejército en la Autoridad Palestina, pero sí existen al menos 11 fuerzas de seguridad armadas, que cuentan, al parecer, con 43.000 hombres en total. Los ataques que los agentes de estas fuerzas han realizado contra israelíes parecen haberse debido más a su afiliación a algún grupo armado que a órdenes de sus superiores.


Los palestinos que son miembros de grupos armados han atacado tanto a personal militar como a civiles israelíes. Los grupos implicados en estos ataques son:Fatah, que es la principal fuerza política de la OLP y, por tanto, de la Autoridad Palestina, y Hamasy YihadIslámica, que se oponen al proceso de paz y han criticado con dureza a la Autoridad Palestina. Fatahha atacado a israelíes en todas las zonas de los Territorios Ocupados. Según declaraciones hechas por su secretario general, Marwan Barghouthi, a los delegados de Amnistía Internacional en julio del 2001, el grupo admite el reconocimiento de Israel por la OLP y no ataca a israelíes en Israel. Hamasy YihadIslámica han matado a civiles israelíes con bombas colocadas por lo general dentro de Israel. El Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático de Liberación de Palestina también efectúan ataques. Otras víctimas han sido abatidas por grupos nuevos, de organización política imprecisa, y por particulares palestinos sin ninguna relación con los grupos armados.


El automóvil de Salit Shetreet, mujer israelí de 28 años abatida por disparos palestinos en una carretera del valle del Jordán.

© Reuters/Ygal Levi

Al frente de Fatahestá Yasir Arafat, que dirige también la OLP y fue elegido presidente de la Autoridad Palestina en enero de 1996. El grado de control que el presidente Arafat ejerce sobre los miembros de Fataho de su brazo militar, Tanzim(«Organización»), que disparan contra soldados o civiles israelíes no está claro; además varía según la situación política. Así, durante las conversaciones de paz, como las celebradas en Taba en enero del 2001, se ha producido una interrupción de los disparos y los atentados con bomba (aunque no de los disturbios) palestinos, debido aparentemente a la presión del presidente. En otras ocasiones, éste ha pedido el fin de la violencia y, sin embargo, ha seguido habiendo disparos o atentados con bomba. Los ataques de grupos armados palestinos continuaron después del alto el fuego declarado por el presidente Arafat el 17 de septiembre del 2001. Los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina intentaron detener los disparos, y, según informes, tres de sus sedes fueron incendiadas por muchedumbres airadas.


Israel ha pedido a menudo a la Autoridad Palestina que detenga a individuos que presuntamente han ordenado el homicidio de israelíes, y las autoridades israelíes han manifestado que si cometen «homicidios selectivos» es porque no se atienden estas peticiones. El gobierno israelí ha entregado con frecuencia al presidente Arafat listas de «terroristas» para que ordene su detención. El 27 de julio, la Autoridad Palestina respondió ofreciendo a Israel una lista con el nombre, al parecer, de 50 colonos y de otras personas a las que se acusa de haber atacado a palestinos. El 5 de agosto, el Ministerio de Defensa publicó el nombre de siete personas buscadas por haber cometido atentados con bomba y pidió a la Autoridad Palestina que las detuviera, declarando que la FDI seguiría adelante con su política de matar a «los terroristas y a sus líderes». Posteriormente, la Autoridad Palestina detuvo a tres presuntos activistas de Hamasen Ramallah.


Sin embargo, es evidente que la Autoridad Palestina no ha realizado investigaciones adecuadas sobre los homicidios de israelíes cometidos por palestinos. En las raras ocasiones en que se ha detenido a palestinos en relación con homicidios de israelíes, los detenidos parecen haber quedado en libertad horas o días después. No se tiene noticia de ningún caso en que hayan sido llevados ante la justicia.


La Autoridad Palestina tiene la obligación de detener y poner a disposición judicial a los presuntos autores de delitos comunes reconocibles, como aquéllos que hayan cometido u ordenado cometer homicidios ilegítimos. En el pasado la Autoridad Palestina ha detenido a opositores y los ha recluido sin cargos ni juicio. Entre 1995 y el 2000 lo hizo con decenas de personas por su presunta oposición al proceso de paz, incluidos presuntos miembros de Hamas, YihadIslámica y otros grupos de oposición. Todo detenido ha de ser tratado conforme a las normas internacionales de derechos humanos, que obligan a presentar debidamente cargos contra el detenido y a someterlo con prontitud a juicio según las normas de justicia procesal internacionalmente reconocidas.


Amnistía Internacional condena todos los ataques contra civiles israelíes. Los colonos son civiles y no deben ser objeto de ataque si no amenazan la vida de otras personas. Los ataques contra civiles realizados por grupos armados palestinos dentro de Israel o en los Territorios Ocupados constituyen un abuso grave contra el derecho a la vida.


Hamasy YihadIslámica


Hamasy YihadIslámica han colocado a menudo bombas en lugares públicos, normalmente dentro de Israel, a fin de matar o mutilar a gran número de civiles israelíes de manera indiscriminada. Ambas organizaciones han fomentado la creación de mártires y realizado con frecuencia atentados suicidas con bomba. En Gaza, Hamasha sido acusado de entrenar a niños de sólo nueve años para cometer este tipo de atentados o al menos para aceptar la idea de cometerlos. Hasta ahora no se ha enviado a ningún menor de 18 años a una misión suicida.


El atentado con bomba de la pizzería

Dieciséis personas, entre ellas siete niños, perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas en un atentado suicida con bomba perpetrado el 9 de agosto del 2001 en la pizzería Sbarro, sita en la calle Jaffa de Jerusalén. Cinco de las víctimas eran miembros de la misma familia: Mordechai y Tzira Schijveschuurder, del asentamiento de Talmon, habían llevado a cinco de sus ocho hijos a pasar el día a Jerusalén; ellos dos y tres de los niños —Ra'aya, de 14 años; Avraham Yitzhak, de 4, y Hemda, de 2— murieron en el atentado. El suicida que lo perpetró era un miembro de las brigadas de 'Izz al Din al Qassam, el brazo armado de Hamas.


El atentado con bomba del delfinario

Un total de 21 personas resultaron muertas y 84 más heridas en un atentado suicida con bomba perpetrado el 1 de junio del 2001 por un palestino que se había mezclado con un grupo de jóvenes a la entrada de una discoteca próxima al delfinario de Tel Aviv. La mayoría de las víctimas eran inmigrantes llegados a Israel de la Comunidad de Estados Independientes. La más joven, Maria Tagilchev, de Netanya, tenía 14 años. También murieron dos hermanas de Tel Aviv, Yelina y Yulia Nemilov, de 16 y 18 años respectivamente. El atentado lo reivindicó Hamas.


Amnistía Internacional ha expresado a menudo, en particular a los representantes de Hamas, su preocupación por los homicidios de civiles. La organización se ha entrevistado en los últimos años con dirigentes de este grupo en Jordania y en Gaza, y en julio del 2001 mantuvo una reunión con su fundador y líder espiritual, Shaykh Ahmad Yassin, y expresó ante él tal preocupación. Amnistía Internacional ha insistido en que el homicidio deliberado de civiles jamás está justificado y en que su prohibición absoluta ha de ser respetada por los grupos armados, así como por los Estados.


Fatahy Tanzim


Fatah, Tanzimy otros grupos armados que parecen estar aliados han disparado deliberadamente en varias ocasiones contra automóviles con matrícula israelí que viajaban por las carreteras de Cisjordania. Estos ataques van dirigidos contra colonos. Con frecuencia parece dispararse al automóvil por su matrícula israelí, sin tener en cuenta si los ocupantes son hombres, mujeres o niños judíos, ni tampoco si son palestinos con nacionalidad israelí o residentes en Jerusalén Oriental, que pueden conducir también vehículos con matrícula de Israel. Fatahraras veces se atribuye la responsabilidad directa de un homicidio particular, pero no niega haber atacado a colonos disparando contra sus automóviles.


En julio del 2001, los delegados de Amnistía Internacional plantearon la cuestión de los homicidios deliberados de civiles a Marwan Barghouthi, miembro del Consejo Legislativo palestino y secretario general de Fatah. Una vez más, la organización hizo hincapié en que el derecho internacional prohíbe matar a civiles y en que los colonos se consideran civiles en virtud del derecho internacional a menos que estuvieran participando en un ataque.


Sarah Blaustein y Esther Alban


Sarah Blaustein, de 53 años, y Esther Alban, de 20, vivían en el asentamiento de Efrat, cerca de Belén. El 29 de mayo del 2001, el automóvil en el que viajaban fue alcanzado por disparos realizados desde otro vehículo que pasó junto a él cerca de Neve Daniel, y las dos mujeres perecieron. Un grupo palestino autodenominado «Frente del Ejército Popular, Batallones de Regreso» se declaró autor de los homicidios en una nota enviada a la agencia de noticias France Press. Explicó que los ataques eran la «respuesta a los asesinatos de miembros de Fatahy una advertencia a los líderes de los asentamientos». Otras cuatro personas, incluidos el esposo y el hijo de Sarah Blaustein, que era ciudadana estadounidense, resultaron heridas en el ataque.


Funeral de Ekaterina Weintraub.

© Reuters 2001

Ekaterina Weintraub


El 28 de junio del 2001 Ekaterina (Katya) Weintraub, de 27 años, fue abatida por disparos efectuados desde un automóvil detenido al borde de la carretera en un cruce próximo a Jenin. Otra mujer, Yehudith Eliyahu, resultó gravemente herida. Las dos viajaban en convoy desde el asentamiento de Ganim, en Cisjordania. Se responsabilizó del ataque un grupo autodenominado «Brigadas Al Aqsa de Fatah», que dijo haberlo realizado como represalia por el asesinato de Usama Jawabreh, activista de Fatah, cometido en Nablús el 22 de junio del 2001.




Homicidios cometidos por particulares


Muchos civiles israelíes han sido víctimas de homicidios a manos de palestinos que podrían no están relacionados con ningún grupo armado. El gobierno israelí ha respondido siempre a tales homicidios con ataques de represalia contra objetivos palestinos. Los ataques de represalia están prohibidos por el Convenio IV de Ginebra (artículo 33).


Aunque la Autoridad Palestina ha condenado en muchas ocasiones tales homicidios, con frecuencia no ha detenido a los autores y nunca los ha puesto a disposición judicial.


Homicidios de soldados israelíes cometidos por muchedumbres


El 12 de octubre del 2000, una muchedumbre palestina airada mató en Ramallah a dos reservistas israelíes, Yosef Avrahami y Vadim Norzhich, que se encontraban bajo custodia de la policía palestina. El mundo entero presenció en sus televisores cómo arrojaban a uno de los reservistas por la ventana y cómo un joven agitaba después ante la multitud sus manos ensangrentadas.


Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de proteger a quienes se encuentren bajo su custodia. El artículo 1 del Código de Conducta dispone: «Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales».


Los delegados de Amnistía Internacional que investigaron los linchamientos hablaron con el jefe de la comisaría de policía de Ramallah y con otros miembros de la policía palestina que se encontraban allí en ese momento. Los entrevistados dijeron que la policía había intentado proteger la vida de los detenidos hablando con la multitud, llevándolos de sala en sala y ofreciéndose a disfrazarlos de policías. El jefe de la comisaría dijo que había intentado protegerlos con su cuerpo, pero que lo habían apartado de ellos de un tirón. Manifestó también que se había iniciado una investigación sobre los homicidios. Sin embargo, no se tiene noticia de que se hayan hecho públicas las conclusiones de ninguna investigación ni de que la policía palestina haya efectuado detención alguna.


Las autoridades israelíes detuvieron como mínimo a 10 individuos en relación con los homicidios, entre ellos al menos un agente de policía que al parecer se encontraba en el interior de la comisaría cuando ocurrieron los hechos. Según informes, a uno de ellos lo golpearon al detenerlo; el entonces ministro de Justicia, Yossi Beilin, anunció la suspensión de seis agentes en relación con estos malos tratos.


Pena de muerte


Desde el comienzo de la Intifadase ha condenado a muerte de 10 personas y ejecutado a dos tras haberlas sometido a un juicio sin las debidas garantías ante el Tribunal Superior de Seguridad del Estado. En estos casos, los juicios son sumarios y se celebran ante jueces militares, a menudo sólo con abogados defensores de oficio, asimismo militares. No hay derecho de apelación. Las condenas simplemente tienen que ser ratificadas por el presidente Arafat y pueden ejecutarse sólo horas o días después del juicio.


Estos juicios injustos y ejecuciones llevadas a cabo sin respetar el derecho de apelación del condenado constituyen una violación flagrante de las salvaguardias de las Naciones Unidas para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte, según las cuales:


Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso [...]



tx2160 Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, y deberán tomarse medidas para garantizar que esas apelaciones sean obligatorias.


Amnistía Internacional cree que todas las ejecuciones constituyen una violación del derecho a la vida y se esfuerza por conseguir la abolición de la pena de muerte. La Asamblea General de la ONU manifestó en una resolución de diciembre de 1977 que «el principal objetivo que debe buscarse en relación con la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por razón de los cuales pueda imponerse la pena capital, con miras a la conveniencia de abolir esa pena».


Majdi Makkawiy 'Alan Bani 'Odeh


El 12 de enero del 2001, la Autoridad Palestina procesó a Majdi Makkawi, de 28 años, ante el Tribunal Superior de Seguridad del Estado de Gaza por haber proporcionado a los servicios israelíes de información unos datos que hicieron posible el homicidio de cuatro palestinos. Jamal 'Abd al-Razeq, líder de Fatahy sobrino de Majdi Makkawi, había sido ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas israelíes el 22 de noviembre del 2000 junto con otras tres personas, incluidos dos panaderos que se encontraban casualmente en un taxi cerca de allí. Majdi Makkawi fue detenido hacia el 10 de diciembre del 2000. Se declaró culpable en un juicio sumario y fue condenado a muerte. Cuando se anunció su detención el 20 de diciembre y durante el juicio, numerosos palestinos se manifestaron pidiendo su ejecución. Lo fusilaron en la Jefatura de la Policía de Gaza el día siguiente al juicio. Ese mismo día, 'Alan Bani 'Odeh fue ejecutado en la prisión de Nablús. Había sido declarado culpable de proporcionar a las fuerzas de seguridad israelíes información que les había permitido ejecutar extrajudicialmente a un pariente suyo, Ibrahim Bani 'Odeh. El juicio, celebrado el 7 de diciembre ante el Tribunal Superior de Seguridad el Estado de Nablús, duró tres horas.


Ejecuciones extrajudiciales


Las ejecuciones extrajudiciales presuntamente llevadas a cabo por la Autoridad Palestina no han recibido la publicidad de las realizadas por Israel. La razón de ello es, en parte, que en el caso de las segundas parece haber una cadena de mando que las ordena, mientras que en la Autoridad Palestina no está tan claro quién da las órdenes de ejecutar extrajudicialmente a presuntos «colaboradores» o a otras personas. Algunas ejecuciones extrajudiciales parecen haberlas llevado a cabo miembros de los servicios palestinos de seguridad, otras, miembros de grupos armados o particulares. El factor común es que la Autoridad Palestina no investiga nunca estos homicidios.


Desde el comienzo de la Intifadaactual al menos 22 palestinos sospechosos de «colaborar» con las autoridades israelíes han sido víctimas de homicidio o han muerto en circunstancias que parecen indicar que los ejecutaron extrajudicialmente. De acuerdo con la información disponible, ni siquiera cuando los testigos presenciales han declarado haber visto al presunto homicida se han realizado investigaciones ni se ha puesto a nadie a disposición judicial. Amnistía Internacional teme que el hecho de que la Autoridad Palestina no lleve ante los tribunales a los presuntos autores de estos homicidios (que, en algunos casos, parecen ser miembros de alguno de los servicios palestinos de seguridad) pueda interpretarse en el sentido de que se permite, o incluso se fomenta, que los particulares, incluidos los miembros de los servicios de seguridad, lleven a cabo ejecuciones extrajudiciales.


Ghial Sultan


A Ghial Sultan, de 34 años, lo mataron el 17 de diciembre del 2000 a la puerta de su casa en Hares, un pueblo de la Franja de Gaza. Según testigos presenciales, el homicidio ocurrió a primeras horas de la tarde, cuando alguien se acercó caminando hasta él y le disparó dos veces en la nuca sin avisar ni decir nada. Según informes, el homicida era miembro del Servicio de Información General palestino, y las autoridades palestinas no hicieron nada para investigar lo ocurrido a pesar de que la familia las había instado a hacerlo.


Capítulo 4:

Detenciones, tortura y juicios injustos de los que es responsable Israel



Al estallar la Intifada, los servicios israelíes de seguridad practicaron detenciones generalizadas de palestinos por arrojar piedras o cometer otros delitos y, al principio, también de judíos. El tiempo que los palestinos detenidos pasaban recluidos en régimen de incomunicación y sin acceso a un abogado aumentó, y a lo largo del año creció el número de informes sobre interrogatorios de palestinos detenidos que parecían constituir tortura o tratos crueles. En los informes se mencionaban métodos como privar al detenido del sueño, someterlo a un intenso interrogatorio obligándolo a permanecer en posturas dolorosas, ponerle las esposas muy prietas, exponerlo a aire frío y someterlo a la técnica conocida como gambaz, consistente en obligar a la víctima a permanecer mucho tiempo seguido en cuclillas.Igualmente generalizada era, según los informes, la brutalidad de las fuerzas de seguridad, manifiesta en las palizas sufridas por palestinos al ser detenidos o incluso sin que los detuvieran. Durante los primeros meses de la Intifada, tras practicarse detenciones masivas, se recluía a los palestinos durante meses, negándoseles la libertad bajo fianza. En el 2001 los juicios comenzaron a celebrarse sin tanta dilación, pero la severidad de las penas por delitos como arrojar piedras aumentó.


Detenciones


Durante los primeros meses de la Intifada, las autoridades israelíes detuvieron a más de un millar de personas, incluidos muchos niños. Entre los detenidos había tanto palestinos de los Territorios Ocupados como ciudadanos judíos y palestinos de Israel. A las detenciones se sumó la brutalidad policial, que constituyó tortura o trato cruel, inhumano o degradante y que se utilizó indiscriminadamente contra los manifestantes. Los detenidos permanecieron a menudo recluidos durante días sin acceso a un abogado y sin derecho a solicitar la libertad bajo fianza.


Durante los meses siguientes, la inmensa mayoría de los detenidos procedían de los Territorios Ocupados. Su número es difícil de terminar. En julio del 2001, un general israelí anunció que alrededor de un millar de palestinos de los Territorios Ocupados habían sido detenidos durante la Intifada. Las detenciones se produjeron en disturbios o en enfrentamientos con la policía, o en redadas practicadas en barrios, pueblos o ciudades palestinas, la mayoría de ellas en la Zona B o C. Algunas personas fueron detenidas en incursiones de la policía en la zona A; otras, en puestos de control o al entrar o salir del país. A veces se desconocía la razón de la detención, y los detenidos pasaban semanas o meses recluidos sin saber exactamente por qué.


Las normas internacionales prohíben este tipo de detenciones arbitrarias y de malos tratos. Los artículos 9.1 y 10.1 del PIDCP disponen, respectivamente:


Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.


Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.


En Israel y en Jerusalén Oriental


La legislación israelí, que se aplica en Jerusalén Oriental, ofrece a los detenidos más protección que las órdenes militares que gobiernan los Territorios Ocupados. Los detenidos deben ser llevados ante los tribunales en el plazo de 24 horas. Sin embargo, las reuniones con sus abogados pueden prohibirse por un periodo de hasta 21 días. Esta prohibición infringe las normas internacionales, según las cuales debe permitirse el acceso a un abogado con prontitud y en cualquier caso antes de pasadas 48 horas.(20)


Durante el primer mes de la Intifada, se practicaron detenciones masivas en Israel. Al parecer, a finales de octubre del 2000 habían sido detenidos en relación con manifestaciones y disturbios alrededor de un millar de ciudadanos israelíes, dos tercios de ellos palestinos y el resto judíos, y más de 400 personas, entre ellas al menos 30 niños, seguían recluidas. Las detenciones se habían practicado durante manifestaciones, en zonas públicas y en casa de los detenidos, a veces de noche. Hubo muchos informes de brutalidad policial durante las detenciones, y a los detenidos se les negó a menudo el acceso a un abogado durante varios días.


La policía israelí infringió los procedimientos recogidos en su reglamento interno (4.01.05) en relación con la detención de menores. En general, los menores de 18 años deben ser llevados por sus padres o tutores a una comisaría de policía. Hay que interrogarlos de día; normalmente tiene que hacerlo un agente de policía con formación especial, y sólo se los debe esposar si son violentos o si existe la posibilidad de que escapen. Sin embargo, la policía detuvo a muchos niños de noche, los esposó y los golpeó. Presuntamente, a menudo los interrogaban agentes de policía sin formación especial.


El artículo 37.b de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Israel es Parte, dispone que:


Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

En una serie de decisiones tomadas en vistas de apelación a partir del 8 de octubre del 2000, el Tribunal Supremo ordenó reiteradamente la reclusión sin derecho a solicitar la libertad bajo fianza de los detenidos, a los que normalmente se acusaba de haber arrojado piedras. Tomó tal decisión incluso en el caso de un niño palestino de 15 años y de uno judío de 16. Debido a su número, los detenidos no fueron sometidos a juicio hasta enero o incluso más tarde. La decisión del Tribunal Supremo supuso de hecho que los detenidos, incluidos los menores, fueron condenados a cuatro meses de prisión por haber arrojado piedras, fueran o no culpables de ello.


Iyad Qaymeri y Usama Ahmad Abu Zayneh


Iyad Qaymeri, de 17 años de edad, Usama Ahmad Abu Zayneh, de 19, y otros dos palestinos fueron detenidos el 1 de octubre del 2000, en torno a las nueve y media de la noche, en Shufat, Jerusalén Oriental. Iyad Qaymeri y Usama Abu Zayneh formaban parte de un grupo de unos 30 jóvenes y niños que se encontraban a las puertas de sus casas en la calle. Algunos de ellos estaban arrojando piedras a los vehículos que pasaban. Un autobús en el que viajaban soldados vestidos de civil se detuvo y se apearon de él unos soldados que comenzaron a perseguir a los palestinos. Se ha informado de que cinco soldados atacaron a Iyad Qaymeri, lo tiraron al suelo y le propinaron patadas en el cuerpo y en la cara. Al tiempo que lo agredían le insultaban. La paliza se prolongó unos cinco minutos. Los informes también indican que los soldados golpearon a Usama Ahmad Abu Zayneh con una porra, especialmente en la cara, el costado izquierdo y las piernas, como consecuencia de lo cual se le inflamó la pierna derecha.


Hicieron subir al autobús a Iyad Qaymeri, Usama Ahmad Abu Zayneh y otros dos palestinos, los obligaron a echarse al suelo y les esposaron las manos a la espalda. Los soldados los llevaron a lo que parecía un acuartelamiento militar, donde permanecieron unas dos horas. Les cubrieron la cabeza y los obligaron a echarse en el suelo. De vez en cuando, alguien les propinaba una patada o un golpe.


Después, los cuatro palestinos fueron conducidos al Centro de Detención de la Policía de Jerusalén, conocido como Moscobiyyeh. La policía interrogó a Iyad Qaymeri y a Usama Ahmad Abu Zayneh por separado durante aproximadamente una hora sobre si habían estado lanzando piedras. Los jóvenes afirmaron que la persona que realizaba el interrogatorio acompañaba cada pregunta de una bofetada. Finalmente, a la mañana siguiente, una vez concluidos los interrogatorios, les retiraron las esposas. Para entonces tenían los brazos muy doloridos. Iyad Qaymeri y Usama Ahmad Abu Zayneh permanecieron detenidos hasta el 5 de octubre. La víspera de puesta en libertad, unos 20 agentes de policía entraron por la noche en el ala donde se encontraban detenidos Iyad Qaymeri y aproximadamente otros 30 palestinos menores de 18 años y comenzaron a propinar golpes con las porras indiscriminadamente al tiempo que proferían insultos.


Nisrin Assili


El 1 de octubre, estaba con un grupo de personas en el Pozo de Santa María, en Nazaret. La policía estaba lanzando gas lacrimógeno contra un grupo de jóvenes. Vi a un reportero de la televisión Al Yazira filmando la escena. Cuando despareció el reportero, la policía se dio de pronto la vuelta y comenzó a disparar contra nosotros. Quise salir corriendo, pero estaba con mi hermana, así que empece a buscarla. La policía me rodeó y comenzó a darme patadas y a golpearme con las porras, con sus armas y con las manos. Me golpearon en la cabeza, la espalda y el pecho, y me arrojaron al suelo. Cada vez que me levantaba me tumbaban de un empujón; hasta que perdí el conocimiento. No empujé a ninguno de ellos. Recuerdo que había una mujer policía que me golpeó, aunque yo no la agredí.


Nisrin Assili ofreció este testimonio a la Comisión Or. El trato que había recibido había sido filmado y se le dio mucha publicidad. Fue examinado por el Departamento de Investigación de la Policía (Mahash). El jefe de una patrulla de la policía que se encontraba en el lugar de los hechos declaró que una mujer lo había empujado, que se cayó y se lastimó la rodilla y que no había visto que nadie golpeara a Nisrin Assili. A su vez, la mujer policía declaró que había utilizado un bate en defensa propia e indicó que la película en la que se la veía adelantándose a otros ocho o nueve policías para golpear a Nisrin Assili estaba editada y podía, por tanto, inducir a error.


En los Territorios Ocupados


Las normas que regulan la vida de los palestinos en los Territorios Ocupados se encuentran enunciadas en unas 5.000 órdenes militares israelíes. Las relativas a la detención de palestinos por los servicios israelíes de seguridad están principalmente en la Orden Militar 378, de 1994, que permite la reclusión por un periodo de hasta 90 días sin acceso a un abogado. La comunicación con la familia se puede negar por más tiempo aún. La revisión judicial es a menudo un mero trámite.


La mayoría de las detenciones de palestinos practicadas en los Territorios Ocupados durante la actual Intifadahan tenido lugar en las zonas B y C; en algunos casos se han practicado durante incursiones de la FDI en la zona A (una modificación de la Orden Militar 378 autoriza a Israel a practicar detenciones también en esta zona). Algunos palestinos de los Territorios Ocupados han sido detenidos en Jerusalén o en Israel, aunque la inmensa mayoría de los palestinos tienen prohibida la entrada allí.


Las clausuras que se impusieron en cuanto comenzó la Intifadacausaron grandes dificultades a todos los abogados y detenidos. Los abogados palestinos no podían pasar ya a Israel para visitar a personas recluidas en centros de detención allí, por lo que los palestinos detenidos, incluidos los niños, permanecían, de hecho, recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a un abogado ni a sus familias, durante semanas o indefinidamente.


El pueblo de Husan


Cincuenta personas han sido detenidas en total en Husan, un pueblo de unos 3.000 habitantes situado en la Zona C, a unos 3 kilómetros de Belén y a 500 metros del asentamiento israelí de Beitar Illit. Rami Za'ul, de 17 años, fue detenido el 30 de octubre del 2000 junto con cuatro jóvenes del pueblo, acusado, al igual que estos, de arrojar piedras. Según cuenta, después de detenerlo lo tuvieron de pie durante 12 horas. Asimismo, manifestó que le habían puesto hielo en la espalda y el estómago y habían vertido luego agua caliente encima. Más tarde le cubrieron la cabeza con un saco muy sucio y lo golpearon con porras hasta que se desmayó. Después lo arrojaron a una celda. Los demás detenidos intentaron reanimarlo, y al ver que no podían, comenzaron a gritar y a dar golpes en la puerta hasta que acudieron los guardias y lo llevaron al hospital, donde estuvo 24 horas. Su madre contó a Amnistía Internacional lo siguiente:


Presentamos una queja ante el jefe militar y pedimos la libertad bajo fianza, pero nos la denegaron. Durante los seis primeros meses de prisión no pudimos verlo. Sólo pudimos hablar con él por teléfono una vez. Teníamos permiso para verlo el día de 'I d [festividad musulmana], el 25 de diciembre. Fuimos a Telmond con las madres de los otros cuatro. Está lejísimos. Cuando llegamos nos denegaron la visita. Los chicos son muy jóvenes y no están recluidos con los presos políticos, sino con delincuentes y traficantes de droga. Los golpean a menudo, no pueden dormir, algunos de los muchachos delincuentes tienen navajas. Ni siquiera se atreven a pasear por el patio, y les roban sus cosas.


El abogado de Rami Za'ul presentó una queja ante el Departamento de Investigación de la Policía. El fiscal general de Israel dijo que una investigación no favorecía el «interés público». La mayoría de los 70 niños palestinos recluidos en la prisión del Telmond están ahora separados de los demás presos, aunque en septiembre del 2001 hasta 12 niños continuaban recluidos junto con jóvenes israelíes encarcelados por delitos comunes.


Detención en régimen de incomunicación


El tiempo que los palestinos detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a un abogado, ha aumentado. El principio 15 del Conjunto de Principios dispone:


[...] no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días.


El Comité Público contra la Tortura en Israel llevó ante el Tribunal Supremo israelí varios casos de detención en régimen de incomunicación en los que se habían dictado órdenes por las que se prohibía a los detenidos reunirse con sus abogados. Por ejemplo, Naser Mas'ud 'Ayyad, de 36 años de edad, residente en Gaza, fue detenido el 29 de enero del 2001 y recluido por el Servicio General de Seguridad en la prisión de Shikma. Al detenerlo se dictó una orden por la que se le prohibía reunirse con su abogado. Estuvo en total 42 días recluido en régimen de incomunicación.


Sufyan 'Abd al-Rahman 'Abdullah, joven de 24 años del pueblo de Qetaneh, fue detenido el 14 de junio del 2001. Estuvo recluido en la unidad de interrogatorios del Servicio General de Seguridad en el Centro de Detención de la Policía de Jerusalén, conocido como Moscobiyyeh. El 28 de junio del 2001, se dictó una orden por la que se le prohibía reunirse con su abogado. Estuvo un total de 26 días recluido en régimen de incomunicación. 'Abd al-Aziz Yusuf Mustafa Salaha, de 20 años, del pueblo de Deir Jarir, fue detenido también el 14 de junio del 2001. Al principio estuvo recluido en el centro de detención de Petah Tikvah y luego lo trasladaron a la unidad de interrogatorios del centro de detención de Kishon, en Haifa. El 8 de julio del 2001 se dictó una orden por la que se le prohibía reunirse con su abogado. Estuvo recluido en régimen de incomunicación un total de 26 días.


Una detención tan prolongada en régimen de incomunicación y sin acceso a un abogado ni a la familia deja al detenido expuesto a sufrir torturas o malos tratos. Por ejemplo, Naser 'Ayyad denunció que durante los 42 días que estuvo incomunicado le impidieron dormir durante una semana, le pusieron en las manos y en los pies unas esposas tan prietas que se le hincharon las muñecas y los tobillos, le causaron asfixia y lo obligaron a permanecer en cuclillas durante largos periodos (técnica de tortura conocida como gambaz). Dijo también que los interrogadores habían amenazado con matar a su padre, Mas`ud 'Ayyad, miembro de las fuerzas de seguridad palestinas que posteriormente fue ejecutado extrajudicialmente con misiles lanzados desde un helicóptero Apache el 13 de febrero del 2001, dos semanas después de la detención de Naser 'Ayyad.


Defensores de los derechos humanos y otras personas


No se han producido detenciones reiteradas de defensores de los derechos humanos que indiquen que se los ha perseguido específicamente. Sin embargo, se han producido varias detenciones de palestinos al entrar o salir del país, y también se ha detenido en estas circunstancias a defensores de los derechos humanos. Cuando gobiernos extranjeros u organizaciones de derechos humanos han señalado estos casos a las fuerzas de seguridad israelíes, éstas han acusado invariablemente a los detenidos de algún delito violento. Los detenidos parecen haber sido sometidos arbitrariamente a interrogatorio durante varias semanas antes de ser puestos en libertad sin cargos. En algunos casos se ha dictado una orden de detención administrativa contra ellos y han continuado recluidos arbitrariamente sin cargos ni juicio.


Los efectos de tales detenciones son mucho más importantes que su número. Cada vez son más los palestinos que están fuera del país o que han hecho declaraciones en el extranjero durante la Intifaday no quieren regresar.


Adnan al-Hajjar


Adnan al-Hajjar, abogado empleado en el Centro de Derechos Humanos Al Mezan, ONG de la Franja de Gaza dedicada especialmente a los derechos económicos y sociales, fue detenido el 23 de abril del 2001. La detención se practicó cuando regresaba, como parte de un grupo de nueve palestinos, de un curso de formulación legislativa impartido por el Centro Árabe de Investigación y Formación de El Cairo en el marco de un programa organizado por Associates for Rural Developmenty patrocinado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Al preguntárseles por la detención, las autoridades israelíes dijeron que se creía que Adnan al-Hajjar estaba relacionado con la organización de Usama Bin Laden. El detenido compareció ante un juez el 30 de abril. No fue acusado de ningún delito, pero el Servicio General de Seguridad manifestó que había un expediente secreto sobre él y que iba a permanecer bajo custodia durante 30 días. Quedó en libertad sin cargos el 23 de mayo del 2001. Declaró que en el interrogatorio le habían preguntado sólo por las actividades políticas en que participó cuando era estudiante y por la situación económica de Al Mezan. Durante su reclusión en la prisión de Asquelón lo habían encadenado a una silla y lo habían interrogado 20 horas al día durante 14 o 15 días, excepto los fines de semana. En ese tiempo, le habían impedido dormir durante 4 días. Asimismo, los guardias le habían gritado en los oídos tan alto como para causarle dolor físico.



Objetores de conciencia


El servicio militar es obligatorio para los ciudadanos judíos y drusos de Israel. Una vez cumplido tienen que pasar un mes al año en la reserva. Sólo las mujeres judías ortodoxas y los hombres judíos y drusos que estudian en instituciones religiosas pueden solicitar una prórroga para cumplir el servicio militar.(21)


Desde que comenzó la actual Intifada, el numero de israelíes que se niegan a cumplir el servicio militar ha aumentado. Hasta 1995 Israel no reconoció la objeción de conciencia. Ese año el gobierno creó un órgano interno, el Comité de Objeción de Conciencia, ante el que los objetores varones podían solicitar que se les reconociera como tales y se les eximiera del servicio militar. Sin embargo, entre 1995 y 1999, sólo cuatro de los objetores de conciencia que habían presentado tal solicitud consiguieron que se les reconociera su condición. Muchos otros fueron encarcelados tras haber sido sometidos a juicios injustos ante jueces militares. Las condenas, si las imponen militares de alta graduación, pueden ser de hasta 35 días y prorrogarse indefinidamente.


Organizaciones no gubernamentales, como New Profile, que trabajan con objetores de conciencia afirman que desde el comienzo de la Intifadase han negado a cumplir el servicio militar centenares de personas. El número de individuos encarcelados por su objeción de conciencia sigue siendo comparativamente bajo.


Gabby Wolf


Gabby Wolf se negó a ingresar en la FDI por considerar que el Estado de Israel está «ocupando territorios que no le pertenecen». Presentó una solicitud de exención del servicio militar ante el Comité de Objeción de Conciencia, pero éste se la denegó después de entrevistarlo. Entonces recibió la orden de presentarse en la base de reclutamiento militar de Tel-HaShomer el 1 de abril del 2001. Se negó a hacerlo, y el mismo 1 de abril fue encarcelado. Lo dejaron en libertad el 15 de junio, debido posiblemente a la presión ejercida tanto dentro como fuera de Israel. Actualmente está exento del servicio militar.


Dan Tamir


Dan Tamir, capitán de la FDI en la reserva, fue encarcelado el 21 de agosto del 2001 durante 28 días por negarse a enviar un destacamento de 10 hombres de su compañía a los Territorios Ocupados. Se remitió a una tradición de la FDI según la cual los oficiales deben dar ejemplo y no enviar jamás a sus hombres a misiones que ellos no realizarían. Cuando el jefe de su unidad le ordenó que se presentara ante él para reprenderlo, mantuvo su postura. Entonces le dijeron que su próximo destino en la reserva sería en los Territorios Ocupados, advirtiéndole que si se negaba sería encarcelado en una prisión militar —procedimiento muy poco corriente con oficiales de su graduación—. En su juicio, Dan Tamir declaró: «Como hombre que cree en la democracia y en los valores judíos y que está preocupado por el futuro del Estado y por su carácter, no tomaré parte en acciones militares que tengan por objeto perpetuar la ocupación israelí de Judea, Samaria y la Franja de Gaza».


Detención administrativa


Imad Saftawi


Imad Saftawi fue detenido el 13 de diciembre del 2000 a su regreso de un viaje al extranjero. Lo llevaron a la prisión de Shikma, en Asquelón, y, posteriormente, a la de Asmoret, donde ingresó en la sección de interrogatorios del Servicio General de Seguridad. Durante el interrogatorio a que fue sometido, en dos ocasiones le impidieron dormir y lo obligaron a permanecer sentado en una silla durante 36 horas, encadenado a ella de manos y pies. Sus interrogadores lo insultaron y lo amenazaron con buscar el modo de tenerlo detenido para siempre o al menos de interrogarlo durante 90 días, tras lo cual lo someterían a prisión administrativa o lo expulsarían del país. Imad Saftawi vio por primera vez a su abogado el 25 de enero del 2001, tras 44 días de reclusión en régimen de incomunicación.

El 19 de febrero se dictó contra Imad Saftawi una orden de detención administrativa por un periodo de seis meses. Desde la firma de la orden hasta abril del 2001 aproximadamente, estuvo recluido en régimen de aislamiento. Actualmente se encuentra en régimen de «aislamiento en pequeños grupos» junto con otra persona sometida a detención administrativa. La orden de detención dictada contra él se renovó en junio y vence el 9 de diciembre del 2001. Se cree que ha sido recluido por haber pertenecido a YihadIslámica, aunque desde 1994 apoya el proceso de paz y ha renunciado a la violencia como medio de obtener cambios. El 15 de octubre del 2001 se presentaron cargos contra él por presuntos delitos cometidos antes de 1996.


En Israel y en los Territorios Ocupados, la detención administrativa es un procedimiento que permite mantener recluida a una persona sin necesidad de presentar cargos contra ella ni de someterla a juicio. En Israel y en Jerusalén Oriental, las órdenes de detención administrativa las dicta el ministro de Defensa; en los Territorios Ocupados, los jefes militares. En la orden se especifica la duración de la detención. A menudo se renueva la orden al concluir este periodo o antes de que acabe, y este proceso se puede repetir indefinidamente(22).


En los Territorios Ocupados, el detenido no se beneficia de una vista judicial a menos que la orden de detención supere los seis meses, en cuyo caso hay una revisión judicial al transcurrir este periodo. Las órdenes de detención de seis meses o menos se renuevan sin necesidad de celebrar una vista judicial.


La ley prevé el derecho a una revisión de todas las órdenes de detención, inicialmente ante un juez militar y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo reunido como Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, en la práctica este procedimiento no es equivalente al derecho, proclamado en las normas internacionales, a impugnar la legalidad de la detención. En la gran mayoría de los casos, ni el abogado ni el detenido son informados con detalle de las pruebas de cargo ya existentes, ya que el tribunal por motivos de seguridad está autorizado a decidir cuánta información revela. No hay, por tanto, ninguna posibilidad de que el abogado defensor, por ejemplo, interrogue a los testigos o pregunte siquiera si existen.


Tales procedimientos vulneran las normas internacionales de derechos humanos. Los artículos 9.4 y 14.1 del PIDCP disponen respectivamente:


Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal.


Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.


Kamel 'Ubayd


Kamel 'Ubayd, ciudadano palestino de Israel residente en la ciudad de Taybeh, al sur de Nazaret, fue detenido el 5 de febrero del 2001. Se le aplicó de inmediato una orden de detención administrativa de tres meses firmada ese mismo día por el primer ministro en su calidad de ministro de Defensa. Se dictó asimismo un auto de reserva por el que se prohibía a su abogado y a su familia hablar del asunto. La detención se revisó en una vista celebrada el 19 de abril ante el Tribunal de Distrito. Las autoridades israelíes dijeron que tenían unas 200 páginas de pruebas contra el detenido, pero no divulgaron ninguna. Kamel 'Ubayd pasaba 23 horas al día recluido junto con otro individuo en una celda sin ventanas de unos tres metros de largo por uno y medio de ancho, y al principio no le dejaban tener libros ni papel y lápiz. Según informes, a lo largo de su detención fue torturado y maltratado. Cuatro o cinco veces a la semana lo despertaban en plena noche para someterlo a un interrogatorio que duraba hasta 24 horas. De acuerdo con los informes, debido a lo prietas que tenía las esposas durante estas sesiones de interrogatorio, ahora sufre una infección del hueso y tendrán que operarlo. Kamel 'Ubayd ha manifestado que lo introducían en una celda pequeña y sucia donde hacía mucho calor y luego lo llevaban a otra donde hacía mucho frío. Lo sometieron a sonidos muy estridentes y no le permitieron cambiarse de ropa en dos semanas. Su detención se prorrogó tres meses más pero el 5 de agosto del 2001 se ordenó su puesta en libertad.


Tortura y malos tratos


Un año antes de la Intifada, en septiembre de 1999, el Tribunal Supremo israelí decidió en una sentencia histórica que determinados métodos de interrogatorio utilizados y legalizados, de hecho, en Israel y en los Territorios Ocupados durante años quedaban prohibidos. Entre ellos figuraban prácticas como sacudir a la víctima, obligarla a permanecer en posturas dolorosas (shabeh) o en cuclillas (gambaz) durante largos periodos e impedirle dormir. La mayoría parecieron dejar de aplicarse durante el año siguiente a la sentencia (aunque los interrogadores continuaban turnándose para interrogar a los detenidos de noche).


Sin embargo, durante la Intifadase registró un número cada vez mayor de casos de presunta tortura. Al principio se creía que el fiscal general había autorizado la tortura en estos casos acogiéndose a la «eximente de necesidad» prevista en la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, el 11 de julio del 2001 el ministro de Justicia manifestó en respuesta a una pregunta del Parlamento: «Hasta la fecha no se ha sometido a la aprobación del fiscal general ningún caso de interrogatorio en el que se haya alegado «eximente de necesidad».


Por consiguiente, cada caso de presunta tortura de detenidos incumple la sentencia de 1999 del Tribunal Supremo sobre el trato «razonable» debido a éstos. Sin embargo, no se tiene noticia de que se haya investigado ninguna denuncia de tortura durante interrogatorios.


Muhammad 'Issa

Muhammad 'Issa, agente de policía de la Autoridad Palestina, fue detenido el 28 de noviembre del 2000. Permaneció recluido en régimen de incomunicación en la prisión de Shikma, Asquelón, durante 15 días antes de poder ver brevemente a un abogado y luego estuvo de nuevo incomunicado durante 12 días más. En su declaración jurada dijo:


Me sentaron en un silla y me sujetaron las manos por detrás del respaldo con esposas metálicas, por lo que tenía los brazos muy tirantes y las esposas tan prietas que me hacían daño [...] [X] me apretó las esposas, por lo que se me hincharon las manos y se me quedaron entumecidas. Las piernas las tenía también atadas y estiradas hacia atrás por debajo de la silla. Otra cadena unía esa atadura con las esposas. Así sentado, me daban puñetazos y patadas [...] Me golpearon en la cabeza, el estómago, el costado y los testículos.


Muhammad 'Issa dijo que sus interrogadores lo habían tenido sentado durante unas seis horas, vestido sólo con un fina camisa reglamentaria de recluso, frente a un aparato de aire acondicionado que emitía aire frío. Luego habían dejado que el aparato despidiera calor por un periodo similar. Por lo que recordaba, lo habían torturado de esta manera hasta su primera comparecencia preliminar el 4 de diciembre. Denunció que lo interrogadores no le dejaban dormir. Declaró que le habían dicho que confesara estar implicado en el atentado con bomba perpetrado contra un autobús en Kfar Darom el 20 de noviembre y haber «informado» de ello a la cadena de televisión Al Yazira, y añadió: «Les dije que lo que estaban haciendo era ilegal y que había trabajado con ellos, los israelíes, durante siete años [en las patrullas conjuntas palestino-israelíes]». Tras otra sesión de interrogatorio lo habían puesto en una celda con «colaboradores» que fingían estar detenidos. Había siete hombres en el grupo, y recordaba el nombre de algunos. La víspera de la segunda comparecencia preliminar lo habían golpeado de nuevo y le habían dicho que firmara unos papeles cuyo contenido ignoraba. Luego lo habían llevado ante un investigador de la policía ante el que había firmado bajo coacción —dijo—, aún más documentos.


Juicios injustos


Los detenidos de los Territorios Ocupados son juzgados por tribunales militares. Aunque, en teoría, la competencia de estos tribunales abarca a los israelíes residentes allí, ningún israelí ha sido juzgado jamás ante un tribunal militar de Cisjordania o Gaza por un delito cometido en los Territorios Ocupados. En estos casos los juicios se celebran dentro de Israel y ante tribunales penales ordinarios.


Antes de la formación de la Autoridad Palestina y de la división de Cisjordania en Zona A, Zona B y Zona C,los abogados palestinos tenían acceso a los tribunales militares y podían asistir a los juicios. Desde entonces les resulta cada vez más difícil hacerlo. Los tribunales militares estaban anteriormente en los centros de población, pero ahora se encuentran en campamentos militares o adscritos a asentamientos. Los abogados palestinos necesitan una autorización para entrar a estas zonas y, a menudo, incluso teniéndola se les prohíbe el paso al llegar a un puesto de control.


Los juicios celebrados ante los tribunales militares adolecen de graves deficiencias.(23) Los jueces y los fiscales son miembros de la FDI en activo o en la reserva. A los jueces los nombra el jefe regional de la FDI por recomendación del procurador general militar, a quien asesora un comité especial. Se los elige casi exclusivamente entre los fiscales. Una vez nombrados no tienen derecho a conservar el cargo, sino que pueden ser destituidos en cualquier momento por el jefe regional. Debido a esta falta de continuidad en el cargo y a los estrechos vínculos existentes entre los fiscales y los jueces militares, se han expresado serias dudas acerca de su imparcialidad.


Los juicios suelen estar basados en confesiones y en declaraciones de culpabilidad hechas a cambio de una reducción de la pena. Aunque la sentencia de 1999 del Tribunal Supremo anuló oficialmente el derecho al «empleo moderado de cierta presión física y psicológica», la mayoría de los detenidos «confiesan» todavía por varias razones: por ejemplo, porque son culpables, porque presiones como la reclusión en régimen de incomunicación y la utilización nuevamente de métodos de interrogatorio que constituyen tortura hacen que confiesen bajo coacción o porque, aunque sean inocentes, creen que no van a tener un juicio con las debidas garantías y consideran que no les queda más remedio que declararse culpables a cambio de que les reduzcan la pena.


Los detenidos están sometidos a una gran presión para que se declaren «culpables» a cambio de una reducción de la pena, porque si se declaran «inocentes» se alarga el tiempo que permanecen recluidos. Así, los abogados de los individuos detenidos en los Territorios Ocupados, tanto si son palestinos como israelíes, suelen instar a sus clientes a declararse culpables y a aprovechar su habilidad para negociar la reducción de la pena en vez de defender la inocencia hasta el final. La libertad bajo fianza se deniega casi siempre y a menudo el tiempo que el detenido permanece recluido en espera de juicio es más o menos equivalente al que pasaría en prisión cumpliendo condena si fuera declarado culpable del delito en cuestión; así ocurrió especialmente al comienzo de la Intifaday cuando se acusaba al detenido de arrojar piedras o cócteles Molotov. Declararse «inocente» supone, por tanto, pasar el doble de tiempo recluido, ya que los juicios, para los que hay que esperar cuatro o cinco meses, con frecuencia se aplazan dos o tres meses más. Incluso si el detenido está acusado de un delito más grave, penado con varios años de prisión, en un sistema tan poco favorable a él sigue habiendo una gran presión para que se declare culpable a cambio de tres años de prisión en vez de someterse a un juicio completo y exponerse a que le impongan ocho años.


Sana’ ‘Amer

© Defence of Children International(Palestina)

Sana' 'Amer


Sana' 'Amer, de 14 años, fue detenida el 20 de febrero del 2001 en Al Shuhada, Hebrón, acusada de estar planeando apuñalar a un colono. Su hermana 'Abir había intentado hacerlo y ella estaba cerca de allí con un cuchillo en el bolsillo. Manifestó que al detenerla le habían dado un puñetazo tan fuerte en la mejilla que le dolió el oído durante una semana. La recluyeron en Qiryat Arba' y posteriormente fue trasladada al Centro de Detención de la Policía de Jerusalén, donde pasó 19 días sin recibir más que una visita de su padre. Luego la trasladaron a la prisión de Neve Terza, Ramleh, donde las presas palestinas han recibido palizas de los guardias.


El 24 de abril, se llevó al caso de Sana' 'Amer ante un tribunal militar. El fiscal, también militar, propuso que se declarara culpable a cambio de una pena de tres años de prisión. Su abogado, proporcionado por la organización Defence of Children International(Palestina), se negó. El juicio se celebró ante tres jueces y dio comienzo el 12 de julio del 2001. Asistió a él un observador de la sección sueca de la Comisión Internacional de Juristas. Sana' 'Amer tuvo todo el tiempo las piernas atadas y, cada vez que los jueces abandonaban la sala le esposaban las manos. Su abogado manifestó que Sana' 'Amer estaba visiblemente impresionada por las actuaciones y no comprendía bien las preguntas del juez. Aunque era menor y no había cometido ningún delito, pues le habían encontrado el cuchillo en el bolsillo, la condenaron a un año de prisión y le impusieron también una condena de cuatro años con una suspensión de cinco años.(24)

Capítulo 5:

Detenciones, tortura y juicios injustos de los que es responsable

la Autoridad Palestina



En la Autoridad Palestina, casi todos los presos políticos pertenecientes a grupos palestinos de oposición quedaron en libertad a principios de octubre del 2000. En algunos casos se trataba de un permiso y, aparentemente, tenían la obligación de regresar a prisión, pero continuaron en libertad. En el 2001 se ha detenido a centenares de presuntos «colaboradores» de Israel; la mayoría han sido torturados y han estado recluidos en régimen de incomunicación durante largos periodos. Han seguido celebrándose juicios injustos ante los tribunales de Seguridad del Estado.


Detenciones


En el primer mes de la Intifada, la Autoridad Palestina dejó en libertad a casi todas las personas que estaban recluidas en las prisiones y centros de detención por su relación con la oposición política. La razón oficial de ello era que no podían continuar recluidas en prisiones que podían ser bombardeadas. Sin embargo, en julio del 2001 se había detenido ya a decenas de palestinos sospechosos de comunicar a las fuerzas israelíes de seguridad los movimientos de las personas a las que éstas querían asesinar y centenares más de presuntos «colaboradores» había sufrido redadas.


La Autoridad Palestina viola desde hace mucho tiempo los derechos de los detenidos, en especial los de las personas privadas de libertad por razones políticas. Los derechos de todo detenido se hallan enunciados en el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobados por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1988. Las detenciones «sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley», reza el principio 2. Y el principio 4 dispone:


Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad.


El detenido debe ser informado de las razones de su detención y ser llevado con prontitud ante una autoridad judicial facultada para revisar la prolongación de la detención (principios 10 y 11), ha de poder comunicarse con su abogado sin restricciones y en privado (principios 17 y 18) y debe tener derecho a recibir visitas periódicas de su familia (principio 19) y a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad en espera del juicio (principio 38). En el Conjunto de Principios, al igual que en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas de derechos humanos, se enuncian categóricamente la prohibición absoluta e incondicional de la tortura (principio 6) y el derecho a un trato humano y al respeto de la dignidad humana (principio 1).


Antes de la actual Intifada, las detenciones practicadas por motivos políticos en la Autoridad Palestinas solían ir acompañadas de reclusión sin cargos ni juicio durante un largo periodo. Entre los detenidos entonces había simpatizantes de Hamasy YihadIslámica capturados por la Autoridad Palestina en operaciones de detención masiva lanzadas tras producirse atentados con bomba contra civiles israelíes. La Autoridad Palestina los llamaba «presos políticos». Se creía que a mediados del 2000 había 80 de estos presos, recluidos en su mayoría sin cargos ni juicio, y algunos tras haber sido sometidos a juicios manifiestamente injustos ante tribunales de Seguridad del Estado o militares. Muchos habían sido detenidos debido a la presión ejercida desde el exterior sobre la Autoridad Palestina para que detuviera a «terroristas». Casi todos quedaron en libertad en octubre del 2000, poco después del comienzo de la Intifada.


Otros detenidos son personas sospechosas de «colaboración» con Israel. La Autoridad Palestina los llama «presos de seguridad». La mayoría están recluidos en centros de detención del Servicio de Información Militar (istikhbarat). Las organizaciones de derechos humanos no tienen acceso a estos centros; al Comité Internacional de la Cruz Roja se le permitió el acceso en 1998, pero ahora ha vuelto a negársele.


La mayoría de los «presos de seguridad» se encuentran recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a su familia ni a abogados, y sufren torturas y malos tratos (véase infra). A veces pasan semanas, meses o incluso años en estas condiciones después de concluido su interrogatorio, y al menos dos de ellos han «desaparecido» tras su detención.


Hasta la actual Intifadano parece que la Autoridad Palestina haya sometido a juicio a ninguna persona acusada de «colaboración» con Israel. Una razón de ello podría ser el artículo XVI.2 del Acuerdo II de Oslo, según el cual:


Los palestinos que hayan mantenido contacto con las autoridades israelíes no serán sometidos a actos de hostigamiento, violencia, represalias o enjuiciamiento.


La Autoridad Palestina parece haber utilizado esta cláusula como pretexto para privar a los «presos de seguridad» de su derecho a un juicio justo. La reclusión de estas personas, incluso sin cargos ni juicio, ha sido muy bien acogida en privado o públicamente por casi todos los sectores de la sociedad civil palestina, que consideran que los «colaboradores» de Israel han «traicionado la causa palestina».


Tortura


Los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina han torturado y maltratado a los detenidos. Para ello han utilizado métodos como propinar palizas a la víctima, mantenerla suspendida de sus ataduras y quemarla con cigarrillos. Durante la actual Intifadase han recibido sobre todo informes sobre tortura de personas sospechosas de «colaborar» con las autoridades israelíes. Como ya hemos visto, el Servicio de Información Militar suele mantener a estas personas recluidas durante largos periodos en régimen de incomunicación, sin posibilidad de presentar una denuncia ni de comparecer ante un juez, lo cual facilita la tortura.


Yusuf Samir


El 4 de abril del 2001, la policía palestina dio el alto al periodista Yusuf Samir, ciudadano israelí de 63 años nacido en Egipto, que había salido de compras con su esposa en Belén. Le hizo preguntas sobre su pasaporte israelí. Molesto por el hecho de que hubieran puesto en duda su integridad como periodista árabe, ese mismo día Yusuf Samir se presentó en la comisaría de policía con sus libros y poemas para demostrar su apoyo a la causa palestina. Más tarde telefoneó a su esposa y le dijo que le llevara un medicamento para su dolencia cardiaca y un arma que tenía en casa para su protección. Dos agentes del Servicio de Información General (mukhabarat) palestino se reunieron con ella en Belén y recogieron el arma y el medicamento.


La familia no supo nada más de él. Su esposa llamó por teléfono al día siguiente y le dijeron que lo habían puesto en libertad. El 14 de abril, tras haberse hecho pública su «desaparición», el director del Servicio de Información General comunicó a la emisora de radio Voice of Palestineque Yusuf Samir había sido interrogado el 4 de abril y puesto en libertad ese mismo día por la noche.


El 7 de junio, 64 días después de su «desaparición», Yusuf Samir escapó del lugar donde lo tenían detenido en secreto y llegó a un puesto de control israelí. Dijo a la prensa y a la radio: «Me dieron un colchón en una habitación de una oficina del departamento de administración civil donde me golpearon, humillaron y atemorizaron reiteradamente. No vi a ninguna persona. No vi ni el sol ni la luz. Me golpeaban cada hora o cada media hora». Contó que todos los días le pedían que confesara por escrito que era un agente israelí y, al no hacerlo, lo golpeaban con un cinturón y con las manos; y que a veces los guardias le decían que se quedaría pudriéndose en el edificio hasta morir.


Sulayman 'Awad Muhammad Abu 'Amra


Sulayman Abu 'Amra, vecino de Deir al Balah, de 38 años y padre de ocho hijos, fue detenido el 8 de agosto del 2001 en Gaza por el Servicio de Información Militar. Lo recluyeron en régimen de incomunicación en un centro de detención de este servicio, sin permitir que su familia lo visitara, y estuvo allí hasta que ésta fue informada el 15 de agosto de que había muerto el día anterior. Su cadáver presentaba contusiones. En respuesta a una queja presentada por la familia y a instancias del Centro Palestino de Derechos Humanos y de la Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos se le practicó la autopsia. Ésta reveló que la muerte se había debido a «varias lesiones en el cuerpo y en partes sensibles, como el abdomen y el escroto, causadas por golpes reiterados con objetos contundentes. Todas las heridas eran recientes y fueron causadas una semana antes de la muerte». El presidente Arafat ordenó una investigación oficial sobre lo ocurrido. No se han hecho públicos los resultados ni se tiene noticia de que se haya detenido a nadie en relación con ello.


Tribunales de Seguridad del Estado


Los juicios ante el Tribunal Superior de Seguridad del Estado, establecido por decreto presidencial en 1995, siguen siendo manifiestamente injustos. A menudo son sumarios y se celebran ante jueces militares, a veces de noche. No hay derecho de apelación: las condenas simplemente tienen que ser ratificadas por el presidente Arafat y pueden ejecutarse días, o incluso horas, después de haber sido impuestas. La mayoría de las personas juzgadas ante el Tribunal estaban acusadas de delitos políticos, aunque también han comparecido ante él presuntos autores de delitos económicos.


El Acuerdo de Oslo prohibió a la Autoridad Palestina juzgar a quienes hubieran «colaborado» con Israel, por lo que, como ya vimos, centenares de «colaboradores» fueron recluidos sin cargos ni juicio. Desde la actual Intifadase ha juzgado ante el Tribunal a personas acusadas de «colaboración». Los juicios han sido casi siempre sumarios, pues no han durado más que unas horas. Normalmente, los acusados han contado con militares como abogados defensores, más que con letrados de su elección, y los jueces han sido asimismo militares. Cualquiera que haya sido la condena, no ha habido derecho de apelación. Al mismo tiempo, millares de palestinos presionan en la calle para que se imponga la pena de muerte a los «colaboradores» y con frecuencia se manifiestan indignados cuando la condena es «sólo» de cadena perpetua.


El Tribunal de Seguridad del Estado y el Tribunal Militar (que juzga fundamentalmente a personal militar) han utilizado a menudo el Código Penal Revolucionario, de 1979, que no forma parte del derecho interno de la Autoridad Palestina, sino el que aplicaba la OLP antes del proceso de paz para juzgar a miembros de sus fuerzas militares.


Capítulo 6: Castigos colectivos



No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo. [...]Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes.

Artículo 33 del Convenio IV de Ginebra



Las autoridades israelíes han utilizado sistemáticamente las clausuras, los toques de queda y la demolición de casas como forma de castigo colectivo contra los palestinos.


Clausuras


El derecho a la libertad de circulación es un derecho fundamental. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado». Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12, dispone:


1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.


2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.


3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.


En 1998, antes de la Intifada, mientras aún continuaba el proceso de paz, el Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó enérgicamente la política de clausuras de Israel. Y en aquel entonces, los controles eran mucho menos extremos que actualmente. El Comité declaró:


Aun reconociendo las consideraciones de seguridad que han llevado a la restricción de la circulación, el Comité toma nota con pesar de que sigan los obstáculos a la circulación, que afectan principalmente a los palestinos que viajan dentro de Jerusalén Oriental, la Faja de Gaza y la Ribera Occidental [Cisjordania], así como entre esos lugares, lo cual tiene graves consecuencias que afectan prácticamente todos los ámbitos de la vida palestina. El Comité considera que esto plantea serios problemas en relación con el artículo 12. En cuanto a las personas que viven en esas zonas, el Comité insta a Israel a que respete el derecho a la libertad de circulación estipulado en el artículo 12, incluido el derecho a regresar al propio país.(25)


La política de clausuras en los Territorios Ocupados de Palestina comenzó con la Guerra del Golfo de 1991.(26) En aras de la «seguridad», el gobierno israelí prohibió a los palestinos de Gaza y Cisjordania entrar en Israel sin unos pases que sólo se entregaban a algunos palestinos. El control ejercido por Israel sobre el número fluctuante de pases era un medio de presionar a la población palestina de los Territorios Ocupados.


La Franja de Gaza se clausuró; se prohibió la entrada a los vehículos de personas ajenas al territorio (excepto automóviles diplomáticos o de la ONU). Gradualmente, se erigió una frontera con todos sus atributos. En ocasiones, por ejemplo en las festividades judías o tras atentados con explosivos, la frontera se cierra por completo y no se permite a nadie entrar o salir. A veces sólo se permite la entrada a extranjeros o a determinadas categorías de extranjeros.


La Franja de Gaza mide 45 kilómetros de longitud, y en ningún punto tiene más de 12 kilómetros de anchura. Más de un 20 por ciento de la zona está ocupada por asentamientos israelíes, con una población de unos 5.000 colonos, es decir, menos del 0,5 por ciento de la población total de la Franja de Gaza. La zona de los asentamientos está prohibida a los palestinos. Más de un millón de palestinos, de los que 824.672 son refugiados (casi un 80 por ciento de la población total), viven en la zona restante.


Cisjordania ha quedado en muchas ocasiones parcialmente aislada de Israel. Esto ha sido más una forma de hostigamiento que un intento real de impedir que los presuntos «terroristas» entraran en Israel (véase infra). Los automóviles palestinos de los Territorios Ocupados tienen placas de matrícula diferentes a las de los automóviles de Israel, y desde 1994 no se ha permitido la entrada en Israel a los automóviles matriculados por palestinos de los Territorios Ocupados. Salvo unas pocas personalidades palestinas, los palestinos que viajan desde los Territorios Ocupados hasta Jerusalén tienen que viajar en taxis o autobuses con matrícula israelí. Pocos palestinos disponen de pases que les permitan entrar en Jerusalén.


Las clausuras ordenadas por Israel en Cisjordania durante la primera Intifada(27) y tras los Acuerdos de Oslo han dado lugar a que no se concedan permisos para vivir en Jerusalén a quienes residen fuera de los municipios de la ciudad y a que se les prohíba frecuentemente incluso la entrada en ella. Los palestinos de Jerusalén tienen derecho a un documento de identidad de Jerusalén, y sus automóviles son de matrícula israelí.


Desde que comenzó la Intifadaactual se han utilizado formas muy diversas de clausura. Miembros de la Fuerza de Defensa Israelí o de la Guardia de Fronteras se sitúan a un lado de la carretera con mecanismos que frenan el tráfico o con una barrera. Unas veces comprueban todos los pasaportes o documentos de identidad y otras se limitan a dar el alto e impedir el paso a determinados automóviles, camiones o taxis. También hay diversas clases de barreras no supervisadas por soldados: un gran montón de tierra que bloquea el paso, una trinchera excavada a través de la carretera, pesados bloques de cemento e incluso verjas metálicas.


La Franja de Gaza


En la práctica, la Franja de Gaza lleva 10 años cerrada al mundo exterior. Cualquier habitante de esa zona que desee abandonarla tiene que solicitar un permiso a las autoridades israelíes. Los palestinos de Gaza que tienen autorización para trabajar en Israel deben, no obstante, regresar a la Franja de Gaza ese mismo día; para algunos de ellos, eso significa que tienen que salir de sus hogares cada día a las tres de la madrugada y regresar después de las seis de la tarde. La mayoría de los habitantes de Gaza no han salido nunca de su estrecha franja de terreno. La frontera es una alta alambrada.


Normalmente, la Fuerza de Defensa Israelí afirma que las personas contra las que disparan cerca de la alambrada estaban intentando colocar explosivos. Sin investigaciones adecuadas sobre cada homicidio, resulta imposible demostrar la veracidad de esas afirmaciones. En el paso de Erez, de entrada a Israel, los viajeros (salvo las personalidades, los trabajadores de la ONU y los diplomáticos) tienen que dejar atrás su automóvil. Los ciudadanos israelíes necesitan un permiso especial de las autoridades civiles de Israel para entrar en Gaza, y normalmente, por insistencia de las autoridades israelíes, van acompañados de policías palestinos.


Puesto que las zonas ocupadas de Gaza y Cisjordania están separadas unas de otras, un elemento de las negociaciones de paz fue la construcción de una carretera que uniera estas zonas. La carretera en cuestión se inauguró por fin en el 2000. Sin embargo, los habitantes de Gaza seguían necesitando un pase de seguridad para poder cruzar (y se decía que muchos de ellos aprovechaban la oportunidad para entrar en Israel). Esta carretera se cerró inmediatamente después del comienzo de la Intifaday ha permanecido cerrada desde entonces.


Desde que comenzó la Intifada se ha impuesto un cierre casi total en la Franja de Gaza. Durante casi todo este tiempo, los habitantes de esta zona no han podido trabajar en Israel. Además, en ocasiones la Franja se ha cortado al menos en dos puntos, con lo que en la práctica ha quedado dividida en tres y, a veces, cuatro partes con un control entre cada una. Los controles se montan en las zonas en las que la carretera principal que va de norte a sur se cruza con carreteras que van a los asentamientos. Normalmente, cuando pasa el automóvil de un colono se corta todo el tráfico palestino, causando grandes atascos. Además, durante largos periodos, en el transcurso de la Intifada, la carretera norte-sur se abría sólo de nueve a once de la mañana y de tres a cinco de la tarde, lo que daba lugar a grandes colas de automóviles; muchos habitantes de la zona tenían que esperar en la cola durante dos horas o más. Se hizo casi imposible desplazarse para trabajar o estudiar. En otras ocasiones, la carretera norte-sur se bloqueó por completo en dos o tres puntos. Entre otros problemas, esos bloqueos dejaron la zona central, que incluye el campo de refugiados de Al Bureij y Deir al Balah, sin un hospital al que pudiera acudir la población.


Las «zonas amarillas» de la Franja de Gaza equivalen a la Zona B de Cisjordania: son zonas cercanas a asentamientos israelíes en las que Israel controla totalmente la seguridad pero la Autoridad Palestina ejerce la jurisdicción civil. Durante el periodo hasta la Intifada, las autoridades israelíes impusieron numerosas restricciones a la vida cotidiana de los palestinos de estas zonas; por ejemplo, se dictaron estrictas normativas de edificación que les impedían casi por completo edificar en esas zonas.


Tras el estallido de la Intifada, las autoridades israelíes endurecieron drásticamente las restricciones en esas zonas. Hubo lugares en los que se destruyeron casas que se consideraba que estaban demasiado cerca de los asentamientos. En la mayoría de estas zonas no se permitía a nadie salvo a los residentes entrar o salir sin autorización israelí.


El Mawasi


El Mawasi es la zona entre el bloque de asentamientos de Gush Katif y el mar. Su población es palestina, y cuenta con unos 5.000 habitantes: pescadores, agricultores y beduinos. Tras el comienzo de la Intifadase entregó a cada habitante un número y un documento de identidad israelí. A los vehículos del resto de la Franja de Gaza no se les permitía entrar en el Mawasi, y ningún automóvil podía abandonar la zona. Nadie ajeno a la Franja de Gaza podía entrar allí. Gradualmente se fueron erigiendo barreras, de manera que quienes entraban o salían del Mawasi tenían que atravesar estrechos pasajes, acarreando los bultos de su equipaje de uno en uno y pasando ante «garitas» en las que no veían la cara de los soldados. El Mawasi solía ser la zona de mercado del sur de la Franja de Gaza, y también un lugar de recreo: una pequeña salida al mar en un estrecho terreno en la que la gente de Rafah o Khan Yunis podía comprar frutas y verduras frescas o, durante el calor del verano, nadar y relajarse. Ahora, padres e hijos están separados de la costa en el sur de la Franja de Gaza, recluidos en zonas que cada vez son más pequeñas a consecuencia de las demoliciones de casas y la ampliación de las «zonas de acceso prohibido».


Cisjordania


También en Cisjordania se ha recurrido en el pasado a las clausuras, y siguen utilizándose de forma cada vez más estricta. Durante los años anteriores a la Intifadalas clausuras eran más o menos severas dependiendo de la evaluación que hiciera Israel sobre la seguridad o de acuerdo con la política gubernamental del momento; tendían a imponerse inmediatamente después de producirse atentados con explosivos. Su propósito parecía ser el de hostigar a la población, más que el de impedir por completo la circulación. En ocasiones el bloqueo era absoluto. Otras veces era posible persuadir a las fuerzas de seguridad para que dejaran pasar a personas. Con frecuencia, los bloqueos montados por los soldados podían evitarse tomando una carretera secundaria. Esta práctica era perfectamente evidente para los soldados, ya que era habitual que los automóviles abandonaran la carretera a tan sólo unos 50 metros de donde ellos estaban. El hecho de que los soldados no hicieran nada para evitar esos desvíos aumenta aún más la impresión de que las clausuras son principalmente un método de hostigamiento, más que una respuesta efectiva a un motivo real de preocupación respecto a la seguridad.


Un rasgo característico de la Intifada ha sido la clausura total de pueblos e incluso ciudades importantes. En respuesta a una petición contra esta práctica formulada por la organización Physicians for Human Rights(Israel) el 18 de diciembre del 2000, la Fuerza de Defensa Israelí declaró que se dejaba abierta una carretera para permitir el acceso a cada pueblo en caso de emergencia médica. Esto en sí causa demoras y dificultades, ya que la carretera que permanece «abierta» (o vigilada por la Fuerza de Defensa Israelí en lugar de cortada con tierra o bloques de cemento) puede cambiar, o puede que quien acude a la emergencia no sepa cuál es. En la práctica, no siempre hay abierta ni siquiera una carretera de acceso a un pueblo. La organización palestino-israelí Ta'ayush, por ejemplo, no pudo encontrar abierta ni una carretera para una caravana de camiones y automóviles que llevaba alimentos y suministros médicos a los pueblos de Burqin y Kufr al Dik el 23 de junio del 2001. Una carretera, que pasaba cerca de un asentamiento, estaba cerrada a todos los palestinos; las otras estaban bloqueadas por zanjas transversales, excavadas en el asfalto, o por montones de tierra. Finalmente, el ejército permitió a la caravana excavar un precario paso por encima de la barrera de tierra, pero los camiones que transportaban los suministros no pudieron pasar por allí. El 13 de julio del 2001, tras los ataques palestinos contra los colonos de Qiryat Arba, la única carretera a Hebrón que permanecía abierta era una que estaba expuesta a los disparos de la Fuerza de Defensa Israelí y de los colonos y en la que, al parecer, se habían colocado explosivos.


El 6 de agosto del 2001, tras el homicidio de Tehiya Bloomberg, de 40 años de edad, residente en el asentamiento de Ginot Shomron, el ejército israelí cerró por completo los accesos a las ciudades cisjordanas de Nablús, Tulkarem, Jericó, Ramallah y Qalqiliya, y cerró parcialmente los accesos a Hebrón, Belén y Jenin. El 12 de septiembre se cerraron de nuevo los accesos a Nablús; no se permitió el suministro de gasolina y, para el 18 de septiembre, este combustible se había agotado en la ciudad.


Las clausuras acentúan la separación entre distintas partes de la Autoridad Palestina, que, desde el Acuerdo de Oslo, en ningún momento ha podido actuar como una entidad completa. A los viajeros palestinos ya no se les permite desplazarse por rutas directas, y todo el mundo tiene que dar tortuosos rodeos. La carretera directa entre Ramallah y Belén está cerrada frecuentemente, y los viajeros palestinos tienen que utilizar la carretera de Wadi Nar, peligrosa, escarpada y varios kilómetros más larga. La carretera, recta y fácil, de Nablús a Tulkarem, que en condiciones normales se recorre en aproximadamente una hora y media, ahora requiere cinco horas. Hay ocasiones en las que resulta imposible viajar de Nablús a Jenin; quienes tienen que hacer este viaje deben utilizar varias carreteras.


Muchas localidades han quedado aisladas durante gran parte del pasado año. En las zonas cercanas a los asentamientos los agricultores no pueden llegar hasta sus campos. Quienes trabajaban en Israel no pueden ir a su trabajo; quienes trabajan en pueblos y ciudades vecinos tienen que hacer un trayecto más largo y difícil, durante el cual son frecuentemente hostigados, en ocasiones maltratados, e incluso se arriesgan a que los maten.


Zarifa Hassan Anis al Sa'ad


Zarifa Hassan Anis al Sa'ad, de 49 años, casada y madre de nueve hijos, tenía un tumor cerebral. Procede del pueblo de Silat al Harthiya, cerca de Jenin; su esposo es agricultor. Estaba citada para una operación quirúrgica en el hospital de Ramallah el 13 de marzo del 2001. Su testimonio fue recogido por B`Tselem.(28)


A causa de la enfermedad, no puedo caminar por mí misma. Si tengo que levantarme y caminar unos metros, tengo que apoyarme en alguien. El domingo [11 de marzo] salí de nuestro pueblo a las siete y media de la mañana. Tomamos un taxi a Jenin [...] Desde Jenin tomamos un taxi a Nablús. La carretera normal a Nablús, por el cruce de Dotan y Silat al Dahr, había sido bloqueada por el ejército israelí, así que el taxista tuvo que ir por Qabatiya.


Después de pasar Qabatiya llegamos a un control del ejército cerca de Zababida, donde los soldados israelíes no nos dejaron pasar. Ordenaron al taxista que se diera la vuelta. Pedí al conductor que explicara mi situación a los soldados y les dijera que tenía que ir al hospital, pero no me escuchó, y dijo que los soldados del control no nos escucharían. Así que decidió regresar a Qabatiya y tomar una carretera sin asfaltar que rodea Meithalun, Sanur y Al Judeida. Es una carretera larga y, como está llena de baches, el conductor tenía que ir muy despacio. De vez en cuando tenía que detener el taxi por el mal estado de la carretera. La cabeza me ardía de dolor.


Llegamos a Nablús hacia las once y media de la mañana. Mi esposo y yo tomamos, en la estación central de autobuses de Nablús, un autobús a Ramallah. Muchos conductores que iban en dirección contraria dijeron al conductor del autobús que la carretera estaba cortada en el cruce de Burin [...] A pesar de eso, el conductor siguió su camino hasta que, una hora después de salir de Nablús, llegamos al cruce de Burin. Allí había un control del ejército. Los soldados ordenaron al conductor del autobús que diera media vuelta y desandara el camino. Viajamos durante otra hora de vuelta a Nablús.


Ya eran las dos de la tarde. Estaba muy cansada y la cabeza me dolía cada vez más, pero no me quedaba más remedio que sufrir porque tenía que llegar a Ramallah para la operación. Preguntamos a varios taxistas si se podía entrar en Ramallah, pero todos estaban convencidos de que, a causa del cerco, no había forma de entrar.


A la mañana siguiente, regresamos a Nablús y tomamos un taxi a Ramallah. El conductor utilizó caminos de tierra por las montañas. El viaje era muy lento, y el taxi daba sacudidas todo el tiempo. La cabeza me dolía terriblemente. Pensaba que no conseguiría llegar, por el dolor y el agotamiento. El viaje hasta el campo de refugiados de Jalazon duró casi tres horas. El taxista nos dejó allí y dijo que no podía ir más allá porque la carretera estaba cortada con bloques de cemento y tierra y los soldados vigilaban el bloqueo.


Los otros pasajeros ayudaron a mi esposo a sacarme del automóvil y me sentaron en el suelo. Era casi la una de la tarde. Mi esposo pidió a dos de los pasajeros que le ayudaran a llevarme a través de los huertos hasta el otro lado del bloqueo de carretera. Dos jóvenes y mi esposo me llevaron al otro lado de la carretera. Me llevaron en brazos durante 15 minutos, porque querían poner distancia entre ellos y la carretera para que los soldados no nos vieran.


Cuando llegamos a la carretera, al otro lado del bloqueo, tomamos un taxi que iba a Ramallah. El conductor nos dijo que sólo podía llevarnos hasta Surda porque el ejército israelí había excavado una zanja en la carretera y no permitía a los automóviles llegar hasta Ramallah. Sin embargo, los soldados sí permitían que la gente pasara a pie. No teníamos elección. Subimos al taxi y fuimos a Surda. Los pasajeros volvieron a ayudar a mi esposo a sacarme del vehículo y tres jóvenes me llevaron en brazos para pasar el control. Mi esposo y yo tomamos un taxi hasta Ramallah. Llegamos allí a las dos y media de la tarde.


Ataques contra el personal médico y obstáculos a la asistencia médica


Los servicios médicos en Israel y los Territorios Ocupados se han visto alterados por los ataques contra personal médico, por la dificultad de los pacientes y el personal para llegar hasta los hospitales y por el bloqueo del transporte de suministros médicos y del desplazamiento de los heridos que intentan salir del país para recibir tratamiento en el extranjero.


Se han recibido varios informes sobre ataques contra personal médico y personal médico auxiliar durante el conflicto. Por ejemplo, a Bassam Fayez al Bilbaisi, de 45 años de edad, técnico médico de urgencias de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja y conductor de ambulancia de la ciudad de Gaza, lo mataron el 30 de septiembre del 2000 cuando intentaba rescatar a Muhammad al Dura y su padre (véase supra). Un segundo conductor de ambulancia también recibió disparos. Bassam al Bilbaisi dejó esposa y nueve hijos.


El 6 de octubre del 2000, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja expresaron su preocupación por la escalada del conflicto en los Territorios y declararon que «condenan enérgicamente la falta de consideración y los ataques que ha sufrido el personal médico, dado que docenas de ambulancias de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja (SPMLR) y del Magen David Adom(MDA) [organización israelí equivalente a la Cruz Roja y la Media Luna Roja] en Israel han sido atacadas».(29)


Los ataques contra ambulancias y personal parecen haber sido consecuencia principalmente de acciones militares israelíes o de acciones de colonos individuales contra objetivos palestinos: la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja informó de que, hasta el 16 de noviembre del 2000, 42 de sus ambulancias habían sido dañadas y 51 empleados habían resultado heridos o muertos. También ha habido ataques de civiles palestinos contra vehículos y personal de Magen David Adom. Cuatro miembros del personal médico de esta organización han resultado heridos y, según los informes, 23 ambulancias fueron dañadas por las pedradas de palestinos a comienzos de laIntifada.


Se han registrado numerosos casos de bloqueo del acceso a asistencia médica, y también se ha informado de casos de individuos que han fallecido o de mujeres encintas que han dado a luz en el largo camino hasta la atención médica.


El pueblo de Taram


El 23 de agosto del 2001, en el pequeño pueblo de Al Taram, cerca de la frontera con Cisjordania, 'Abdallah Atarat, de poco menos de dos años, cayó en un barril de agua. Los vecinos trataron de practicarle la respiración artificial y lo llevaron rápidamente al centro médico más cercano, en Yabed, a cinco minutos en automóvil. Sin embargo, en un control de carretera los retrasaron 10 minutos. Aunque no se había informado de enfrentamientos en Al Taram desde el comienzo de la Intifada, la carretera de salida del pueblo había estado bloqueada constantemente por los soldados. El 23 de agosto, los soldados se negaron a examinar a 'Abdallah o a dejarlo pasar. Finalmente, los palestinos retiraron una de las piedras que bloqueaban la carretera y pasaron. Los soldados no abrieron fuego. Sin embargo, 'Abdallah ya estaba muerto. El portavoz de la Fuerza de Defensa Israelí respondió: «No tenemos conocimiento de ese suceso del jueves 23 de agosto. Según las instrucciones del comandante del batallón, los soldados de todos los bloqueos de carretera están obligados a permitir el paso a los casos humanitarios lo antes posible, y las fuerzas sobre el terreno actúan de acuerdo con esas instrucciones».(30)


Toques de queda


Deberían imponerse toques de queda sólo en circunstancias extremas y como medida de último recurso. En ningún caso se usarán los toques de queda como medida punitiva. En los casos en que se imponga un toque de queda, se hará en consulta con las comunidades locales con miras a limitar su repercusión adversa sobre los derechos humanos de los afectados.


Informe de Mary Robinson, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, sobre su visita a Israel y los Territorios Ocupados en noviembre del 2000(31)



Los toques de queda (en el transcurso de los cuales los habitantes de una determinada zona tienen prohibido salir de sus casas durante un periodo de tiempo específico) fueron muy frecuentes durante la primera Intifada. En numerosas ciudades palestinas se impusieron durante periodos muy largos toques de queda desde el anochecer hasta el amanecer: por ejemplo, en Gaza estuvo en vigor un toque de queda de este tipo durante seis años.


La razón ofrecida por el gobierno israelí para justificar los toques de queda es que no se imponen como castigo sino para evitar atentados o para buscar células «terroristas». Según eso, en teoría, los toques de queda deberían cesar en cuanto se detuviera a los presuntos agresores. Sin embargo, durante la Intifadaactual se han impuesto toques de queda que han continuado durante muchos días después de que se practicaran detenciones en relación con el incidente por el que se habían impuesto.


Por ejemplo, el 20 de junio del 2001 se impuso un toque de queda en el pueblo de Silat al Dahr después de que en ese pueblo se diera muerte a Ilya Krivitz, de 62 años, procedente del asentamiento de Homesh. Los colonos atacaron casas, almacenes y una escuela en la calle principal, y la Fuerza de Defensa Israelí registró casas y realizó varias detenciones el 20 y 21 de junio del 2001. El toque de queda siguió en vigor hasta el 1 de julio, fecha en la que llegó al Tribunal Superior de Justicia una denuncia contra el toque de queda. En su respuesta, un comandante de la Fuerza de Defensa Israelí declaró que el toque de queda se había levantado el 25 de junio, salvo para las casas que estaban junto a la carretera; el alcalde de Silat al Dahr dijo que en ningún momento se le había comunicado el levantamiento del toque de queda y que soldados israelíes seguían patrullando las calles y abriendo fuego contra quienes salían de sus casas.


Toque de queda en H2, Hebrón


El toque de queda que más tiempo ha estado en vigor es el de la zona de H2, una parte de Hebrón con una población palestina de 30.000 habitantes situada cerca de asentamientos israelíes y que, en virtud del Protocolo Relativo a la Reubicación de Fuerzas en Hebrón, de enero de 1998, quedó bajo el control total de la administración civil israelí. En esta zona estuvo en vigor de forma casi constante un toque de queda de 24 horas al día desde el comienzo de la Intifadahasta enero del 2001. Sólo se levantaba unas pocas horas cada tres o cuatro días para permitir que los habitantes salieran a comprar. Durante el toque de queda no se permitía circular por la zona a automóviles palestinos, por lo que todas las provisiones debían transportarse a pie. Ni siquiera a las ambulancias se les permitía, por lo general, entrar en la zona, y a los enfermos y heridos había que sacarlos del área en brazos. Los habitantes de H2 no podían ir a trabajar, y los niños no podían ir a la escuela; todo el mundo estaba confinado en sus casas.


S.M.,una mujer de H2, declaró:


Disparan contra los escolares, lanzan bombas paralizantes contra niños de tres o cuatro años. Mis nietos se niegan a ir a la escuela; lloran y dicen: «¡El ejército nos disparará!». Disparan contra nuestras ventanas. La escuela está lejos de nuestra casa, y llegar hasta allí es un problema [...] Los niños tienen pesadillas, sueñan que los atacan, y todos sus sueños son sobre el ejército; gritan en sueños: «¡El ejército, el ejército!». Están enfermos y asustados.


En diciembre del 2000, cinco residentes de H2 y la organización de derechos humanos Hamokedpresentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Israel una querella contra el comandante de la Fuerza de Defensa Israelí en Judea y Samaria y contra la comunidad judía de Hebrón. En su declaración jurada, el coronel Noam Tivon, comandante de la Brigada de Hebrón de la Fuerza de Defensa Israelí, dijo que el toque de queda se imponía sólo por motivos de seguridad cuando había disparos o se arrojaban botellas o piedras, y que se levantaba cuando las condiciones lo permitían, «unas 12 horas después del cese de los disparos». Según dijo, durante el toque de queda se permitía a los habitantes desplazarse por «razones urgentes o humanitarias

'bb. El coronel Noam Tivon mostró un cuadro que indicaba que el toque de queda se había impuesto sólo en determinados días y se había levantado aproximadamente dos días a la semana; los habitantes negaron enérgicamente las «fechas de levantamiento del toque de queda» mostradas en el cuadro, y declararon que en esas fechas no se había anunciado oficialmente un levantamiento del toque de queda y que los soldados disparaban contra las personas que se aventuraban a salir de sus casas.


El Tribunal Superior de Justicia desestimó la causa en enero del 2001. No obstante, durante los meses siguientes la Fuerza de Defensa Israelí pareció tratar de seguir las directrices que había expuesto en su declaración jurada.


Demoliciones de casas


Las autoridades israelíes destruyen las casas de los palestinos por diversas razones. Durante la primera Intifada, la administración civil destruyó centenares de casas como forma de castigo cuando alguna persona que hubiera estado viviendo en esa casa atacaba, o se sospechaba que había atacado, a un israelí. Después de 1994 siguieron destruyendo casas para castigar a las familias de quienes cometían atentados suicidas con explosivos.


Las casas palestinas también son demolidas por razones urbanísticas: teóricamente porque han sido edificadas ilegalmente. Sin embargo, estas demoliciones se basan en una política discriminatoria que niega sistemáticamente a los palestinos permiso para edificar mientras concede a los israelíes permiso para crear asentamientos.(32) Aunque no debería haber ninguna relación entre las demoliciones por falta de permiso de edificación y las demoliciones punitivas, la relación ha existido durante años. Se dictan muchas más órdenes que demoliciones se llevan a cabo, y en el pasado parece que también se han utilizado como castigo colectivo las demoliciones por falta de permiso de edificación.(33)


El derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos que Israel se ha comprometido a respetar prohíben tanto la demolición punitiva como la demolición discriminatoria contra los palestinos.


El Convenio IV de Ginebra prohíbe los castigos colectivos. Su artículo 53 permite la destrucción de bienes muebles o inmuebles durante un conflicto armado y ocupación únicamente «en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas». Según su artículo 147, «la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario» forman parte de las violaciones de derechos humanos consideradas como «infracciones graves» de los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, como crímenes de guerra.


El Comité de Derechos Humanos de la ONU, al examinar el informe presentado por Israel sobre su cumplimiento del PIDCP en 1998, manifestó que:


El Comité deplora la demolición de los hogares árabes como forma de castigo. Deplora también la práctica de las demoliciones, parciales o totales, de los hogares árabes construidos «ilegalmente». [...] El Comité estima que la demolición de los hogares contraviene directamente la obligación del Estado Parte de garantizar, sin discriminación alguna, el derecho de no ser objeto de injerencias arbitrarias al domicilio (art. 17), el derecho a escoger libremente la residencia (art. 12) y el derecho a la igualdad de todos ante la ley y a igual protección de la ley (art. 26).(34)


Las autoridades israelíes han destruido casas durante toda la actual Intifada. Algunas de las demoliciones han consistido en la espectacular destrucción, mediante excavadoras respaldadas por tanques, de barrios enteros. Otras demoliciones se han llevado a cabo en grupos de unas pocas casas cada vez.


En Rafah y Jan Yunis, entre marzo y julio del 2001, se llevaron a cabo demoliciones de hasta 30 casas cada vez. En agosto ya era más habitual la demolición de pequeños grupos de casas: estas operaciones provocaban menos protestas de la opinión pública extranjera. En ocasiones, especialmente en Cisjordania, se han destruido casas teóricamente porque carecían de permiso para edificar; en otras ocasiones, especialmente en la Franja de Gaza (donde Israel no tiene derecho a demoler por falta de tal permiso), la razón esgrimida ha sido la «seguridad». En aras de la «seguridad», Israel parece estar intentando crear una «zona de acceso prohibido», una «tierra de nadie» de entre 70 y 500 metros de ancho, alrededor de cada asentamiento y de cada instalación militar. Muchas demoliciones se llevan a cabo asimismo como castigo colectivo en represalia por ataques contra israelíes.


La Franja de Gaza


En la Franja de Gaza se demolieron al menos 360 casas durante el primer año de la Intifada. Prácticamente todas estaban en zonas cercanas a asentamientos, y la razón dada para su demolición fue siempre la seguridad. La Fuerza de Defensa Israelí, en sus sitios web, se refiere con frecuencia a estas demoliciones como «obras de ingeniería».


El cruce de Netzarim, donde el 30 de septiembre del 2000 mataron a Muhammad al Dura, fue escenario de numerosos disturbios en los que los manifestantes arrojaban piedras o cócteles molotov durante los primeros días de la Intifada. El 7 de octubre, las fuerzas israelíes demolieron todos los edificios en torno al cruce, incluidos dos bloques que contenían 32 apartamentos. Sólo el maltratado blocao israelí permaneció en pie.


Jan Yunis

Jan Yunis: Las tiendas se levantan entre las ruinas de una casa demolida. © AI


El 10 de abril del 2001, a las once y veinte de la noche, varios tanques acompañados de tres excavadoras cruzaron el control de Al Tuffah, en la Franja de Gaza, procedentes del asentamiento de Gush Katif. La incursión tuvo lugar sin previo aviso y, según las agencias de noticias, antes de que las excavadoras empezaran a demoler las casas cercanas al control hubo una descarga de artillería, de seis horas de duración, contra los edificios. Un total de 28 casas fueron demolidas por completo; otras fueron demolidas en parte y resultaron dañadas. Murieron dos personas, una de las cuales era habitante de la zona. Veintiséis personas, cuatro de llas pertenecientes al equipo de ambulancias que evacuaba a los heridos,resultaron heridas por metralla durante la operación, en la que quedaron sin hogar al menos 240 palestinos. Jihad Abu Lawz, que había montado su tienda junto a las ruinas de lo que fue su casa, dijo a Amnistía Internacional:


Se empezó a oír el ruido de los tanques y las excavadoras. Unas personas que venían de la costa dijeron que habían visto excavadoras y habían oído el avance de los tanques. Esperábamos que sucediera algo, porque la gente decía que los israelíes podían arrasar nuestras casas [...]





A las once de la noche [...] lo único que podíamos hacer era huir de la zona [...] Tomamos a nuestros hijos y escapamos de nuestra casa, nosotros y otras personas de la zona [...] Vimos acercarse las excavadoras [...] Empezaron a arrasar nuestras casas, había dos aviones disparando contra la gente [...] los tanques disparaban [...] y las excavadoras arrasaban las casas. Así que escapamos hacia el campo de refugiados [...] La demolición y los disparos continuaron casi hasta las cuatro de la madrugada. Después empezaron a retirarse. Mientras lo hacían, seguían demoliendo casas [...] Derribaron nuestras casas a pesar de que no habíamos hecho nada malo [...]


Desde algunos bloques de apartamentos cercanos al control de Tuffah se habían realizado disparos de bala o de mortero contra los asentamientos, pero esos bloques no estaban ya habitados y no fueron destruidos en la incursión. Las casas demolidas, que habían sido visitadas por delegados de Amnistía Internacional en enero del 2001, eran estructuras pobres de una sola planta habitadas por refugiados.


La Fuerza de Defensa Israelí dio la siguiente versión de los hechos:


Tras los constantes ataques que han tenido lugar recientemente en la zona de la comunidad de Neveh Dekalim, que incluyen disparos con mortero, la Fuerza de Defensa Israelí lanzó la noche pasada una operación destinada a destruir los edificios palestinos desde los que se realizaban los disparos, para impedir nuevos actos de terror contra civiles y soldados.


Casa de Jan Yunis, julio de 2001. © AI

Durante la operación se abrió fuego contra soldados de la Fuerza de Defensa Israelí y se dispararon bombas de mortero contra comunidades y posiciones de Gush Katif. La Fuerza de Defensa Israelí devolvió el fuego disparando contra los lugares de los que procedían los disparos. Nuestras fuerzas no sufrieron bajas.


El portavoz de la Fuerza de Defensa Israelí desea aclarar que las operaciones de ayer forman parte de las operaciones continuas de la Fuerza de Defensa Israelí destinadas a golpear directamente a las partes responsables de los actos de terror. La Fuerza de Defensa Israelí no permitirá ataques contra civiles y contra soldados de sus fuerzas, y tomará todas las medidas necesarias para proteger el bienestar de todos ellos.(35)


La mayoría de las casas a lo largo de la frontera entre Rafah e Israel fueron demolidas en distintas fases, aunque en otros momentos se destruyeron también casas individuales. La razón oficial dada por Israel para estas demoliciones fue una vez más que las casas estaban siendo utilizadas como base para disparar contra instalaciones israelíes en la frontera. Sin embargo, al igual que en Jan Yunis (véase supra), se dejaron en pie edificios altos desde los que al parecer se habían realizado disparos, y se destruyeron las casas modestas de una sola planta pertenecientes a los refugiados palestinos de 1948.


En las zonas de Brasil y Al Sha'er, en Rafah, 17 casas fueron demolidas después de que tanques y excavadoras israelíes cruzaron la frontera hacia la una de la madrugada del 2 de mayo del 2001. La Fuerza de Defensa Israelí mató a un joven, Mahmud Akel, e hirió a otras 13 personas. Cuatro de los heridos estaban en sus casas cuando éstas fueron bombardeadas, y parece ser que otros oponían resistencia a las excavadoras. Según la AFP, el ejército israelí describió la operación como «un acto de legítima defensa».


Hacia la una menos cuarto de la madrugada del 10 de julio del 2001, tanques israelíes acompañados de excavadoras cruzaron la frontera y demolieron 24 casas del Bloque O del campo de Yibna, cerca de la Puerta de Salah al Din. Durante los meses previos, esas casas habían recibido visitas frecuentes de delegados de Amnistía Internacional. No parecían ser casas utilizadas para disparar contra los soldados israelíes de la frontera: los disparos se realizaban desde edificios altos en el lado este de la calle de Salah al Din. No había razón aparente para demolerlas. Una vez más, el motivo que dieron las autoridades israelíes fueron los presuntos ataques contra fuerzas israelíes al otro lado de la frontera.


Entre marzo y julio del 2001, la Fuerza de Defensa Israelí destruyó más de 130 casas, desalojando a más de mil personas por motivos de «seguridad». Durante ese tiempo, un israelí, un colono que trabajaba para la Fuerza de Defensa Israelí, murió a manos de palestinos en la frontera de Rafah, aunque hubo muchos incidentes en los que grupos armados palestinos realizaron disparos o lanzaron granadas. No hay indicios que sugieran que ninguno de los residentes de las casas destruidas estuviera implicado en el homicidio.


Cisjordania


Desde el comienzo de la Intifada, las autoridades israelíes han demolido más de 200 casas de Cisjordania. Aunque, por lo general, estas demoliciones se han amparado oficialmente en la falta de permiso de edificación más que en motivos de seguridad, en muchas ocasiones la demolición de casas parece haber sido un castigo colectivo por actos individuales de violencia y un intento de expulsar definitivamente a las familias beduinas de la zona.


Casas cerca de Sussya


La noche del 2 de julio del 2001, Yair Har Sinai, colono israelí, fue hallado asesinado. Este hombre, padre de nueve hijos, había estado cuidando ovejas cerca del asentamiento de Sussya. Al día siguiente se presentaron allí miembros de la Fuerza de Defensa Israelí y de la defensa civil de los asentamientos, acompañados de excavadoras, y destruyeron decenas de refugios, tiendas y cuevas de los granjeros locales que vivían en las desérticas colinas que rodean el asentamiento. Unas 500 personas se quedaron sin hogar.

El campamento de Salameh Khawajeh consistía en cuatro burdas estructuras de piedra sin argamasa. Salameh Khawajeh vivía allí con sus tres hijos y las familias de éstos. La noche siguiente al homicidio de Yair Har Sinai, hacia la una de la madrugada, los soldados se presentaron en el campamento y lo registraron, y detuvieron a Salameh Khawajeh. Éste ha declarado que lo llevaron al asentamiento de Sussya, donde lo golpearon con culatas de rifles antes de dejarlo libre hacia las ocho de la mañana. Ese mismo día, 3 de julio, por la tarde, 20 soldados con excavadoras llegaron al campamento y demolieron los refugios de las cuatro familias. También demolieron una cueva en la que las familias vivían durante la estación de las lluvias y en la que almacenaban el grano. Los soldados vaciaron los recipientes donde se guardaba el grano en el suelo. Unos delegados de Amnistía Internacional visitaron la zona de las demoliciones el 8 de julio del 2001.


Hajja Lulih Nawaje'ah, que vivía en un campamento compuesto por tiendas a unos dos kilómetros al sur de Sussya, declaró:


Somos tres familias, 16 personas en total, el más joven de un mes de edad. Puesto que estos colonos tienen carreteras privadas, ¿cómo podemos ser responsables de su seguridad? [...] No detuvieron a nadie.


Llevamos aquí 20 años. No tenemos absolutamente nada que ver con los judíos. Vinieron con excavadoras y un montón de automóviles - dos excavadoras. Destruyeron nuestras tiendas y aterrorizaron a mis hijos y mis hijas. Ni siquiera perdonaron nuestro azúcar. No nos dejaron nada. Ni harina, ni cabras, ni un poste en pie. Vivimos con un temor constante [...] pero estamos en nuestra tierra.


El sitio web de la Fuerza de Defensa Israelí comenta el homicidio de Yair Har Sinai, pero no la demolición masiva de casas de beduinos. Los portavoces de la Fuerza de Defensa Israelí y del consejo de colonos dijeron a los delegados de Amnistía Internacional que las casas se habían demolido porque los refugios, las tiendas y las cuevas se habían «construido ilegalmente». Durante tres días después de la demolición, la Fuerza de Defensa Israelí impidió que el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente hicieran llegar ayuda humanitaria internacional a la zona. Finalmente, las organizaciones de ayuda humanitaria pudieron acceder a la zona y proporcionar tiendas a quienes se habían quedado sin hogar.


Entre el 17 y el 18 de septiembre del 2001, la Fuerza de Defensa Israelí expulsó a 118 personas de tres campamentos y erigió en su lugar un campo militar. En respuesta a una petición respaldada por ONG israelíes y palestinas, el Tribunal Superior de Justicia de Israel emitió una orden por la que se permitía a las familias regresar. Sin embargo, no se les permitía reconstruir sus casas ni limpiar los pozos cegados.


2160 Jerusalén


En Jerusalén y sus alrededores se han demolido casas alegando que su construcción era ilegal. Sin embargo, resulta difícil no llegar a la conclusión de que, en muchos casos, estas demoliciones han sido un castigo colectivo adicional contra los palestinos. Por ejemplo, el 5 de agosto del 2001 'Ali al Julani, palestino del campo de refugiados de Qalandiya, cerca de Ramallah, empezó a disparar al azar contra los soldados que estaban ante el Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Murió durante aquel ataque. El 20 de agosto del 2001, cuatro excavadoras demolieron un bloque de apartamentos, de cinco plantas, situado en el barrio de Beit Hanin, en Jerusalén, y perteneciente a Ibrahim Hussein 'Abd al Qader al Julani, familiar de 'Ali al Julani. Normalmente, las casas que no tienen permiso de edificación reciben un aviso previo a la demolición. En este caso, el ayuntamiento de Jerusalén declaró que había emitido la orden de demolición del bloque de apartamentos el día anterior. Algunos testigos afirmaron que los soldados israelíes que asistieron a la demolición habían dicho que la familia Al Julani iba a pagar un elevado precio por el ataque de 'Ali al Julani.


En marzo del 2001 se demolieron 14 casas en los alrededores de Jerusalén. Entre el 1 y el 4 de abril del 2001 se demolieron otras casas, entre las que se encontraba un edificio que se ha convertido en un símbolo de la política de demolición de casas palestinas por carecer de permiso de edificación: la casa de Salim Shawamreh. La destrucción de esta casa se ha hecho famosa. Durante la primera demolición, en 1998, Salim Shawamreh había podido avisar a grupos pacifistas israelíes que se manifestaron, junto con miembros del Knesset(Parlamento israelí), durante las ocho horas que duró la demolición. La casa familiar fue reconstruida rápidamente con ayuda de voluntarios judíos y palestinos y, al día siguiente de la fiesta con la que se celebró su reconstrucción, fue demolida de nuevo. El propio Salim Shawamreh había viajado por Estados Unidos junto con el Comité Israelí contra las Demoliciones de Viviendas para poner de manifiesto la discriminatoria política israelí de demolición de casas.


Capítulo 7: Recomendaciones de Amnistía Internacional



A Israel, la Autoridad Palestina y los grupos armados


Los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de la Comisión de Investigación de la ONU y de la Misión de Investigación de Sharm el Sheik han coincidido tanto en su análisis de las causas y los sucesos de la reciente Intifadacomo en que es necesario poner fin a los homicidios y a otras violaciones de derechos humanos. No obstante, no existe una voluntad política de hacer efectivas estas recomendaciones, ni por parte de las autoridades israelíes, ni de las palestinas, ni de la comunidad internacional, que ha manifestado sus críticas pero no ha emprendido ninguna acción para proteger a la población civil.


1. Poner fin a los homicidios


Es preciso restaurar el respeto a la vida humana. Las vidas que ya se han perdido no pueden recobrarse, se han perdido irrevocablemente. Sólo un nuevo modo de pensar por parte de israelíes y palestinos puede cambiar la situación actual, cada vez más deteriorada: un modo de pensar que considere que toda vida humana es valiosa, que garantice que todas las muertes son investigadas adecuadamente y que cumpla con la obligación establecida por las normas internacionales de derechos humanos de respetar el derecho a la vida.


Al gobierno israelí:


- El gobierno israelí debe ordenar a todas las fuerzas de seguridad que respeten las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza y de armas de fuego. Sólo debe recurrirse al uso intencionadamente letal de armas de fuego cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida y cuando no baste con medidas menos extremas. De acuerdo con las normas internacionales, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños.


- Debe ponerse fin a las ejecuciones extrajudiciales. Quienes cometan u ordenen este tipo de homicidios deben ser sometidos a juicios que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.


- El gobierno israelí y la Fuerza de Defensa Israelí deben poner fin a los disparos imprudentes e indiscriminados en zonas residenciales. Quienes hayan ordenado ese tipo de ataques ilegítimos deben ser procesados.


- Todos los homicidios deben ser investigados exhaustivamente. Los resultados de esas investigaciones deben hacerse públicos, y quienes hayan cometido homicidios ilegítimos deben comparecer ante la justicia.


A la Autoridad Palestina:


- La Autoridad Palestina debe tomar medidas efectivas (entre otras cosas, debe hacer una declaración pública) para prohibir que cualquier persona bajo su jurisdicción ataque o ponga en peligro de cualquier otra forma la seguridad de los civiles. Quienes pongan ilegítimamente en peligro la vida humana deben ser procesados en juicios con las debidas garantías que excluyan la imposición de la pena de muerte.


- La Autoridad Palestina debe investigar exhaustivamente todos los homicidios. Los resultados de esas investigaciones deben hacerse públicos, y quienes hayan cometido homicidios ilegítimos deben ser sometidos a juicios que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.


- El presidente Yasir Arafat debe conmutar inmediatamente todas las condenas de muerte y tomar medidas para abolir la pena capital.


A los grupos armados palestinos e israelíes:


- Los grupos armados deben respetar los principios fundamentales del derecho humanitario que prohíben el homicidio de civiles.


2. Proteger a los detenidos


Los derechos de las personas detenidas se violan sistemáticamente: se las tortura o maltrata, se les niega el acceso a abogados o familiares y se las somete a juicios que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal.


Al gobierno israelí:


- Las fuerzas de seguridad israelíes deben abandonar de inmediato el uso de la tortura y los malos tratos. Las denuncias de tortura o malos tratos deben ser investigadas de forma inmediata y exhaustiva y todas las personas que hayan hecho uso de la tortura o los malos tratos deben comparecer ante la justicia.


- Israel debe garantizar que todos los detenidos tienen acceso sin demora a familiares y a abogados de su elección, incluidos abogados de los Territorios Ocupados, y que ese acceso se mantiene de manera regular.


- Israel debe garantizar que todas las personas que comparezcan ante la justicia reciben un trato justo, con pleno derecho a la defensa, incluida la presunción de inocencia.


- Israel debe dejar en libertad a todas las personas recluidas en detención administrativa a menos que las juzguen de acuerdo con las normas internacionales de justicia procesal, por un delito común reconocible.


- Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud de los artículos 37(a) y (c) de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y no aprehender, detener o encarcelar a niños salvo como último recurso y durante el periodo más breve posible. Debe garantizar que todos los niños privados de libertad son tratados de forma humana y con respeto a la dignidad inherente del ser humano, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.


A la Autoridad Palestina:


- Las fuerzas de seguridad palestinas deben abandonar de inmediato el uso de la tortura y los malos tratos. Las denuncias de tortura o malos tratos deben ser investigadas de forma inmediata y exhaustiva y todas las personas que hayan hecho uso de la tortura o los malos tratos deben ser sometidas a juicios que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.


- La Autoridad Palestina debe garantizar que todos los detenidos tienen acceso sin demora a familiares y a abogados, y que ese acceso se mantiene de manera regular. Debe permitirse al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso sin restricciones a todos los detenidos, incluidos los que se encuentran bajo custodia de las unidades de seguridad del ejército.


- La Autoridad Palestina debe dejar en libertad a todos los presos políticos, incluidos los que se encuentran recluidos por «colaboración» con Israel, a menos que los juzguen de forma inmediata e imparcial por un delito común reconocible.


- Los Tribunales de Seguridad del Estado no garantizan un juicio justo. Los procesados deben comparecer ante tribunales que sean capaces de garantizar que se celebrará un juicio justo conforme a las normas internacionales.


3. Poner fin a los castigos colectivos


Las clausuras, los toques de queda y las demoliciones de casas son violaciones graves de derechos humanos que se utilizan como castigo colectivo contra los palestinos de los Territorios Ocupados. Los territorios ocupados de Cisjordania se han convertido en una tierra de barreras entre ciudad y ciudad y entre pueblo y pueblo. La gran mayoría de los habitantes de Gaza han estado aislados durante años, y los palestinos de los Territorios Ocupados no pueden entrar en Jerusalén sin permiso.


- Deben eliminarse las barreras físicas y otras restricciones punitivas a la libertad de circulación de los palestinos en los Territorios Ocupados, incluida Jerusalén Oriental.


La demolición de casas palestinas, ya sea punitiva, por presuntos motivos de seguridad o basándose en una manipulación discriminatoria de las normativas de edificación, ha dejado a muchas personas sin hogar y ha causado un enorme trauma a miles de palestinos, incluidos niños.


- Israel debe poner fin a la demolición de casas como castigo o represalia.


- Las órdenes de demolición pendientes basadas en políticas discriminatorias deben ser anuladas, y debe ponerse fin a la política discriminatoria.


A la comunidad internacional


Hasta el momento, la comunidad internacional no ha cumplido la obligación establecida en el artículo 1 del Convenio IV de Ginebra en lo referente a «respetar y a hacer respetar» dicho Convenio. Israel ha cometido infracciones graves de los Convenios de Ginebra, incluidos homicidios intencionales, torturas, confinamientos ilegales y amplias destrucciones de la propiedad. Los grupos armados palestinos han matado deliberadamente a civiles. Más de 570 palestinos y más de 150 israelíes han resultado muertos. Los abusos continúan y cada vez son más graves.

- Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados que mantienen relaciones de amistad tanto con Israel como con la Autoridad Palestina deben apoyar públicamente el establecimiento de una presencia de observadores internacionales en los Territorios Ocupados, y esa presencia debe tener un componente de derechos humanos. Una vez aprobada dicha presencia, la comunidad internacional debe tomar medidas inmediatas para ponerla en práctica.


- Los Estados y las empresas que venden o transfieren material militar a las fuerzas israelíes o palestinas deben exigir —y hacer cumplir— garantías efectivas de que ese material no se utilizará de manera que dé lugar a abusos contra los derechos humanos.


- Todos los que participan en el proceso de paz deben garantizar que los derechos humanos son parte integrante de todas las negociaciones de paz futuras.



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(1)

Véanse, por ejemplo, infra, los informes preliminares de la FDI sobre el homicidio de Muhammad al-Dura el 30 de septiembre del 2000 y de tres beduinas el 10 de junio del 2001. Una autopsia practicada por la organización Physicians for Human Rights, que tiene su sede en Boston, reveló que las heridas sufridas por Issam Judeh, muerto el 8 de octubre del 2000, atribuidas entonces por los palestinos a un ataque de colonos israelíes y a torturas, coincidían con la versión de su muerte en un accidente de tráfico.

(15)

(2) E/CN.4/2001/114

(3) E/CN.4/2001/121

(4) Los miembros del comité eran Suleyman Demirel, ex presidente de Turquía; Thorbjoern Jagland, ministro de Asuntos Exteriores de Noruega; Warren B. Rudman, ex senador de Estados Unidos, y Javier Solana, alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.

0 (5) La misión internacional temporal en Hebrón se encuentra desplegada allí desde 1997 y la forman seis países. Se ocupa de vigilar la situación en Hebrón y dar así sensación de seguridad a los habitantes. No está autorizada a intervenir directamente en conflictos y el hecho de que su cometido no incluya labores de investigación y presentación de informes públicos ha limitado su capacidad para influir significativamente en las violaciones de derechos humanos en Hebrón.

(6) Israel y los Territorios Ocupados: Uso excesivo de medios letales(Índice AI: MDE 15/41/00/s); Israel y los Territorios Ocupados: Detenciones en masa y brutalidad policial(Índice AI: MDE 15/58/00/s), e Israel and the Occupied Territories: State assassinations and other unlawful killings(Índice AI: MDE 15/005/01).

(7)

Israel y los Territorios Ocupados: Uso excesivo de medios letales(Índice AI: MDE 15/41/00/s), octubre del 2000.

(8)

Al menos un civil israelí ha muerto al ser golpeado por un piedra: Yehuda Shoham, un bebé de cinco meses. Murió el 6 de junio del 2001 en el automóvil de su padre, que acababa de salir del asentamiento de Shilo. La piedra era de gran tamaño y había sido arrojada por un adulto desde arriba.

(9)

Weekly Report on Human Rights Violations Perpetrated by Israeli Occupation Forces in the Occupied Palestinian Territories, January 18 – 24, 2001, Centro Palestino de Derechos Humanos, Gaza.


(10)

Illusions of Restraint, Human Rights Violations during the Events in the Occupied Territories, 29 September - 2 December 2000, B'Tselem, diciembre de 2000.

(11)

Amos Harel, «IDF to open new probe in death of 3 Gaza women», Ha’aretz,19 de agosto del 2001. La FDI se quejó de que la Autoridad Palestina no había facilitado la investigación ni había llevado a los agentes de la FDI a ver el lugar del homicidio.

(12)

Véase Israel and the Occupied Territories: Death by Shaking: the case of ‘Abd al-Samad Harizat(índice AI: MDE 15/23/95, octubre de 1995), donde se expone el caso de una familia palestina a la que se permitió encargar una autopsia. Sólo se han practicado tres autopsias de ciudadanos palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes. Una de ellas, realizada a instancias de la familia, fue la de Yusuf Abu ‘Awad, a quien la FDI mató el 16 de noviembre del 2000 en Beit ‘Umar disparando contra él desde corta distancia. Los soldados, que le habían hecho apearse de su automóvil, dijeron que habían temido que los atacase. Iba desarmado.

(13)

Open letter to Meir Sheetrit, Minister of Justice, Reporters sans Frontières, 14 de septiembre del 2001. Véase <www.rsf.org>.

(14)

Véase el recuadro sobre la muerte de Hani al-Sufi. Es posible que la muerte de Mu’azz Ahmad Abu Hadwan, de 11 años de edad, que se produjo el 31 de diciembre del 2000 en un callejón de la zona de Al Shaykh de Hebrón, se debiera al uso del mismo tipo de lanzagranadas.

El gabinete de seguridad ha examinado a menudo tal política. El 4 de julio se anunció la aprobación de una política de «defensa activa» que suponía «interceptar a terroristas», y el 3 de octubre del 2001 se dijo los« ataques selectivos contra terroristas» formaban parte de la política de «autodefensa preventiva» que había adoptado el gabinete de seguridad. Según información de Ha’aretzdel 23 de agosto, el foro responsable de aprobar tales operaciones lo forman el primer ministro, los ministros de Defensa y de Exteriores, el jefe del Estado Mayor y el jefe del Servicio General de Seguridad.

(16)

E/CN.4/1996/4, párrafo 609

(17)

Israel and the Occupied Territories: State Assassinations and Other Unlawful Killings(índice AI: MDE 15/005/2001, febrero del 2001).

(18)

Véase, por ejemplo, Center of the Storm: a case study of human rights abuses in Hebron District,Human Rights Watch, abril del 2001, un informe en el que se describen ataques palestinos contra colonos y asentamientos y ataques de colonos contra palestinos.

(19)

Véase, Gideon Levy, «Crossroads of Slaughter», Ha’aretz magazine,30 de julio del 2001.

(20)

Lo dispone así el principio 7 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Asimismo, es importante señalar que órganos de vigilancia de los tratados internacionales como el Comité de Derechos Humanos consideran que el acceso debe concederse inmediatamente o con prontitud, siendo el plazo máximo de 48 horas.

(21)

Véase Israel: El precio de los principios: encarcelamiento de objetores de conciencia(índice AI: MDE 15/49/99/s, septiembre de 1999).

(22)

La detención administrativa aplicada en Israel y en los Territorios Ocupados se basa en los artículos 108 y 111 del Reglamento de Defensa (de emergencia) promulgado en septiembre de 1945 por las autoridades británicas durante el mandato de Palestina. En marzo de 1979 se promulgó la Ley de Poderes de Emergencia (Detención), que introdujo mayores salvaguardias administrativas y judiciales para la detención administrativa en Israel. Las órdenes de detención se renuevan cada tres meses y el detenido tiene derecho en todos los casos a una revisión judicial. En 1980 comenzaron a aplicarse disposiciones similares en los Territorios Ocupados.

(23)

Véase Israel y los Territorios Ocupados: Justicia militar para los civiles palestinos(índice AI: MDE 15/34/91/s, julio de 1991). Aunque ha habido algunas mejoras en los procedimientos preliminares, las actuaciones judiciales militares han seguido siendo en gran medida como se describen en este informe.

(24)

Caso estudiado por Defence of Children International(Palestina), septiembre del 2001.

(25)

CCPR/C/79/Add.93, párrafo 22.

(26)

No obstante, durante toda la ocupación israelí las restricciones a la libertad de circulación se han utilizado frecuentemente contra los palestinos. Por ejemplo, en los años ochenta ciudades y pueblos enteros fueron sometidos a órdenes colectivas que restringían los desplazamientos (en la práctica, constituían una prohibición de viajar al extranjero), en ocasiones durante más de un año.

(35)

(27)

El Levantamiento o Alzamiento de la población palestina de los Territorios Ocupados que tuvo lugar entre 1987 y 1993.

(28)

«No Way Out: Medical implications of Israel’s siege policy», B’Tselem, junio del 2001.

(29)

Comunicado de prensa 00/37 del Comité Internacional de la Cruz Roja, 6 de octubre del 2000.

(30)

«Suddenly this summer», de Gidon Levy, Ha’aretz, 31 de agosto del 2001.

(31)

E/CN.4/2001/114.

(32)

Israel y los Territorios Ocupados: Demolición e incautación: la destrucción de viviendas palestinas(Índice AI: MDE 15/59/99/s, de diciembre de 1999).

(33)

Por ejemplo, 45 hogares palestinos fueron demolidos durante el mes siguiente al doble atentado suicida con explosivos perpetrado en Jerusalén Occidental el 30 de julio de 1997.

(34)

CCPR/C/79/Add.93, párrafo 24.Sitio web de la Fuerza de Defensa Israelí.

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