Document - Israel/Occupied Territories: International Rights Groups Decry Increased Harassment of Monitors

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: MDE 15/046/2003/s (Público)

Servicio de Noticias: 129/03

27 de mayo de 2003

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS:

Los grupos internacionales de derechos humanos condenan la intensificación del acoso a los observadores

Amnistía Internacional, Red Euromediterránea de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

(Copenhague, Ginebra, Londres / Nueva York / París, 27 de mayo de 2003) – Amnistía Internacional, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) sienten honda preocupación por el aumento de las restricciones impuestas por Israel a los trabajadores humanitarios y de derechos humanos.

El 21 de mayo, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom, declaró que «la mayoría de las oficinas de derechos humanos de Cisjordania y la Franja de Gaza proporcionan refugio a los terroristas palestinos».

Este comentario carece de fundamento alguno y constituye una amenaza adicional al trabajo de los activistas y las organizaciones independientes de derechos humanos en los Territorios Ocupados palestinos. «Tememos que estas denuncias infundadas tengan como intención intimidar a los defensores locales e internacionales de derechos humanos e impedirles desempeñar su trabajo cotidiano», han declarado las organizaciones.

Las organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos llevan mucho tiempo sufriendo fortísimas restricciones a su libertad de circulación. Los investigadores llevan a cabo su trabajo en condiciones de considerable peligro personal, y muchos han sufrido intimidación y acoso por parte del ejército y las autoridades israelíes durante el desempeño de su labor.

Las organizaciones han declarado: «Ante los comentarios del ministro, tememos que esa situación de intimidación y acoso se intensifique aún más. Recientemente se ha producido un fuerte aumento de las amenazas a la seguridad personal y de las restricciones a las actividades de los trabajadores locales e internacionales humanitarios y de derechos humanos y de los activistas por la paz».

Tan sólo este año, el ejército israelí ha matado a una activista extranjera por la paz, Rachel Corrie, y ha herido de gravedad a otros dos, Tom Hurndall y Brian Avery. Un periodista extranjero, James Miller, murió también por los disparos de soldados israelíes. Según los informes, la investigación militar sobre la muerte de Rachel Corrie concluyó que no había habido actuación indebida por parte del ejército, aunque no se han hecho públicos los resultados completos de dicha investigación. No se sabe si los otros sucesos se han investigado. Lo que sí es cierto es que no se han anunciado conclusiones sobre ninguno de ellos, y que no se ha iniciado ninguna actuación judicial.

Al mismo tiempo, los activistas internacionales en favor de los derechos humanos y de la paz están sufriendo cada vez con más frecuencia detenciones y amenazas de expulsión por parte de las autoridades israelíes. Al menos dos han sido expulsados en las últimas semanas, y hay órdenes de expulsión pendientes contra varios más. Además, se ha negado la entrada en Israel a al menos seis trabajadores humanitarios extranjeros y se están imponiendo restricciones cada vez más fuertes a la circulación y las actividades de los que ya se encuentran en el país.

Resulta especialmente preocupante la decisión anunciada el 9 de mayo por las autoridades israelíes de condicionar la entrada de extranjeros a la Franja de Gaza a la firma de una «renuncia» que absuelve a Israel de responsabilidad en cualquier muerte o lesión causadas por soldados israelíes.

Entre otras cosas, esa «renuncia» declara que quienes entran en la Franja de Gaza «aceptan que el gobierno del Estado de Israel y sus órganos no pueden ser considerados responsables de ninguna muerte, lesión o daños o pérdidas de bienes que puedan derivarse a consecuencia de la actividad militar».

Después de eso, la Franja de Gaza ha sido cerrada, y permanece inaccesible para los extranjeros, salvo los diplomáticos y trabajadores seleccionados de ayuda humanitaria de emergencia.

Estas restricciones a la circulación y a las actividades de los trabajadores locales e internacionales humanitarios y de derechos humanos, los activistas por la paz, los periodistas y otras personas tienen como finalidad reducir la observación independiente de la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados palestinos.

«Estas restricciones a una observación independiente de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas sólo sirven para agravar el actual clima de impunidad.»

Las organizaciones han pedido al ministro de Asuntos Exteriores Silvan Shalom y a las autoridades israelíes que:

• se retracten públicamente de las acusaciones infundadas realizadas por el ministro Shalom el 21 de mayo del 2003;

• pongan fin al acoso, la intimidación, las amenazas y los ataques deliberados contra defensores de los derechos humanos;

• pongan fin a las detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos y ciudadanos extranjeros. Los detenidos deben ser acusados de un delito común reconocible como tal, basándose en pruebas claras y públicas;

• cumplan las disposiciones de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada el 9 de diciembre de 1998 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en especial su artículo 1, que establece que «[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional»;

• eliminen inmediatamente las restricciones de acceso impuestas en la Franja de Gaza y faciliten el trabajo de desarrollo, la ayuda humanitaria y la observación de los derechos humanos permitiendo el acceso pleno y sin restricciones de todos los trabajadores y activistas a la zona;

• respeten las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todos sus actos y garanticen que se investigan de forma exhaustiva e independiente todos los homicidios y otras violaciones de derechos humanos.

Contactos

Amnistía Internacional (AI): +44 207 413 55 11

Red Euromediterránea de Derechos Humanos: + 45 32 69 89 11

Human Rights Watch (HRW): +1 212 290 47 00

Comisión Internacional de Juristas (CIJ): +41 22 97 938 00

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH): +33 1 43 55 25 18

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT): +41 22 809 49 39

Documento público

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