Document - Israel and the Occupied Palestinian Territories: Enduring occupation. Palestinians under siege in the West Bank


[Fecha de embargo: 4 de junio de 2007 ]Público


Amnistía Internacional




Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Soportando la ocupación: la población palestina, bajo sitio en Cisjordania





















Índice



1. INTRODUCCIÓN 1

2. LA VALLA/MURO: APROPIACIÓN ILEGÍTIMA DE TIERRAS 3

3. BLOQUEOS POR TODAS PARTES 12

4. ASENTAMIENTOS ISRAELÍES: LA RAZÓN DE LAS RESTRICCIONES 16

5. "PUESTOS DE AVANZADA" PATROCINADOS POR EL ESTADO 19

6. HOGARES REDUCIDOS A ESCOMBROS: LA DESTRUCCIÓN DE CASAS PALESTINAS 22

7. IMPUNIDAD DE LOS COLONOS 24

8. AGRESIONES CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 26

9. ECONOMÍA DESTRUIDA Y POBREZA CRECIENTE 28

10. VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL 30

11. RECOMENDACIONES 37











Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Soportando la ocupación: la población palestina,

bajo sitio en Cisjordania




1. INTRODUCCIÓN

Khaled Daud Faqih contaba sólo seis meses de edad cuando murió, el 8 de marzo de 2007, en un control de seguridad del ejército israelí. Sus padres, de la localidad de Kafr ‘Ain, lo llevaban a toda prisa al cercano hospital de Ramallah, Cisjordania, pero soldados israelíes los obligaron a esperar en el control de seguridad. Su padre, Daud, profesor, relató a Amnistía Internacional:

Mi hijo Khaled tenía dificultades respiratorias. Llamé a un vecino que tenía coche y, con mi esposa y el niño, salimos inmediatamente hacia el hospital de Ramallah. Era más rápido que esperar hasta que una ambulancia llegara al pueblo. Estaban a punto de dar las doce y media de la noche. En otras ocasiones en que Khaled había tenido ataques similares, lo habíamos llevado al hospital, donde lo metían en la tienda de oxígeno, y siempre se recuperaba.

Llegamos al control de seguridad de Atara a la una menos cuarto de la madrugada. Desde allí, faltaban 10 minutos más para llegar al hospital. Los soldados nos detuvieron. Había cinco. Les dije que mi hijo estaba enfermo, y que necesitaba llegar urgentemente al hospital de Ramallah. Les hablé en hebreo. Nos pidieron nuestros documentos de identidad. El conductor y yo les dimos los nuestros, pero mi esposa, al salir deprisa, había olvidado el suyo en casa. Se lo comunicamos a los soldados, pero ellos nos respondieron que no podíamos pasar sin su documento de identidad. Les rogué que nos dejaran pasar. Inspeccionaron el coche, y vieron que no había nada y que el niño tenía dificultades para respirar y que le temblaban las extremidades. Les dije que cada minuto, cada segundo, era importante; que el niño necesitaba oxígeno urgentemente. Nos ordenaron esperar, y yo seguí suplicándoles. Luego, el niño murió. Eran la una y cinco de la madrugada. Se lo dije a los soldados, que introdujeron una linterna en el coche y vieron que ya no se movía. Entonces nos dejaron pasar. Fuimos al hospital de todos modos, donde nos confirmaron que Khaled había muerto.

Estos casos no son nuevos ni infrecuentes. Los cientos de controles de seguridad y bloqueos que fuerzan a diario a la población palestina a dar largos rodeos y sufrir retrasos para llegar al trabajo, la escuela o el hospital, llevan años limitando su acceso a servicios de salud esenciales y provocando complicaciones médicas, partos e incluso muertes en los mismos controles de seguridad.

Cisjordania, el territorio objeto de este informe, es relativamente pequeña: 130 kilómetros de norte a sur y 65 de este a oeste por la zona más ancha; en total, 5.600 kilómetros cuadrados. Una red de controles de seguridad y bloqueos militares israelíes (unos 550) la atraviesa, y una tortuosa valla/muro de 700 kilómetros la recorre de norte a sur y rodea localidades palestinas y barrios enteros de Jerusalén Oriental y los alrededores.

Las autoridades israelíes sostienen que este régimen de clausuras y restricciones es necesario para impedir que entren en Israel palestinos para perpetrar atentados suicidas con bomba o ataques de otro tipo. Sin embargo, casi todos los controles de seguridad, puertas de acceso y bloqueos de carreteras, además de la mayor parte de la valla/muro, se encuentran dentrode Cisjordania, no entreIsrael y Cisjordania. De esta manera, se restringe o impide la circulación de la población palestina entre ciudades y pueblos; se dividen y aíslan comunidades palestinas; se separa a los palestinos de sus tierras de cultivo; se dificulta su acceso al trabajo, a las escuelas, a los centros de salud y a sus familiares, y se destruye la economía palestina. La valla/muro en sí, situada dentro de territorio ocupado, es ilegal, según la Corte Internacional de Justicia.

Las rigurosas restricciones a la circulación impuestas durante años a más de dos millones de palestinos que viven en Cisjordania por las autoridades israelíes son ilegales, ya que son desproporcionadas y discriminatorias y violan el derecho a la libertad de circulación. Estas restricciones se imponen a todos los palestinos por el hecho deser palestinos, con el fin de beneficiar a los colonos israelíes, cuya presencia en la Cisjordania ocupada constituye una violación del derecho internacional. Deben levantarse ya.

Información general: La escalada de violencia palestino-israelí

Desde el principio de la Intifada en septiembre de 2000, la violencia palestino-israelí ha ido en aumento. Las fuerzas israelíes han matado a unas 4.000 personas palestinas, en su mayoría civiles desarmados, entre ellos unos 800 menores. Muchas murieron como consecuencia de ataques aéreos, fuego de artillería y otros ataques contra campos de refugiados y zonas residenciales densamente pobladas de todos los Territorios Palestinos Ocupados. Otras fueron ejecutadas extrajudicialmente en ataques que acabaron con la vida de decenas de transeúntes. En el mismo periodo, grupos armados palestinos han matado a más de 1.100 israelíes, entre ellos unos 750 civiles, incluidos 120 menores, por medio de atentados suicidas con bomba y ataques con armas de fuego contra autobuses, restaurantes, centros comerciales y otras zonas frecuentadas por población civil.

Los homicidios y ataques de ambas partes disminuyeron de forma significativa en 2005, tras una tregua informal (tahadiyeh) declarada por los grupos armados palestinos a principios de ese año. Sin embargo, en 2006, mientras que los homicidios de israelíes por grupos armados palestinos siguieron disminuyendo hasta la mitad del año anterior, la cifra más baja desde el principio de la Intifada, los homicidios de palestinos por las fuerzas israelíes se multiplicaron por tres en relación con el año anterior.(1)

Alrededor de un tercio de los civiles israelíes muertos a manos de grupos armados palestinos eran colonos de los Territorios Palestinos Ocupados. La población palestina considera que los colonos israelíes son los principales responsables de la confiscación y apropiación de sus tierras y recursos, así como de las restricciones impuestas a su circulación en los Territorios Ocupados Palestinos por el ejército israelí.

Varios factores han contribuido a desdibujar las diferencias entre las fuerzas armadas israelíes y los colonos civiles a ojos de los palestinos. Entre ellos figuran la conversión en asentamientos de centros de formación o bases del ejército israelí en los Territorios Palestinos Ocupados y el papel primordial desempeñado por el ejército israelí en el establecimiento y mantenimiento de asentamientos, con actividades que abarcan desde la confiscación de la tierra y la construcción de la infraestructura necesaria hasta el mantenimiento de zonas de exclusión en torno a los asentamientos israelíes para impedir el paso a la población palestina. Muchos palestinos contrarios a los ataques contra la población civil israelí de Israel consideran que los colonos israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados son un objetivo tan legítimo como los soldados israelíes.

El hecho de que los asentamientos israelíes sean ilegales en virtud del derecho internacional no altera la condición de los colonos, que son civiles y, por tanto, nunca deben ser atacados. Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente los ataques de grupos armados palestinos contra civiles israelíes, tanto si se han llevado a cabo en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados, y ha pedido su fin inmediato.(2)


Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, bajo ocupación israelí desde junio de 1967


5.600 km2 de superficie en total: unos 130 km de norte a sur y 65 km de este a oeste.

Más de 200 asentamientos y "puestos de avanzada" israelíes ilegales.

Más de 500 bloqueos y controles de seguridad militares israelíes.

700 km de carreteras prohibidas para los palestinos.

700 km de valla/muro, el 80 por ciento de ella en tierras palestinas.



2. LA VALLA/MURO: APROPIACIÓN ILEGÍTIMA DE TIERRAS

La valla/muro de 700 kilómetros que Israel está construyendo en Cisjordania, de norte a sur y en partes de Jerusalén, está causando enormes perjuicios a la vida palestina, cuyos efectos se harán sentir durante mucho tiempo, y está socavando la capacidad de las personas que viven en decenas de localidades y comunidades de hacer efectivos muchos de sus derechos humanos.(3)

Ya se ha construido más de la mitad de la valla/muro, y continúan las obras de construcción del resto. Se han arrancado decenas de miles de olivos y otros árboles y arrasado grandes extensiones de fértiles tierras de labranza, se han demolido numerosas casas y se ha dejado sin comunicación con sus tierras y medios de vida a decenas de miles de palestinos.

Según las autoridades israelíes, la valla/muro es "una medida defensiva, concebida para impedir la entrada de terroristas, armas y explosivos al Estado de Israel"(4). Según afirman, su única finalidad es "reforzar la seguridad".(5)

Sin embargo, en su mayoría, la valla/muro no se está construyendo entreIsrael y Cisjordania, siguiendo la "línea verde" (línea del armisticio de 1949 que separa el Estado de Israel de la Cisjordania ocupada). En torno al 80 por ciento de ella se encuentra en territorio palestino, dentrode Cisjordania, por lo que separa, unas de otras, ciudades, pueblos, comunidades y familias palestinas; impide el acceso de los agricultores palestinos a su tierra; dificulta el acceso a los centros de enseñanza y de salud y a otros servicios esenciales, y separa a comunidades palestinas de embalses y fuentes de agua limpia.(6)



Datos sobre la valla(7)

Si se completa la valla/muro de acuerdo con el último trazado previsto, de 2006:

- 60.500 palestinos, residentes en 42 localidades de Cisjordania, vivirán entre la valla/muro y la "línea verde" o en zonas cerradas;

- 12 de estas localidades y alrededor de 31.400 palestinos quedarán completamente rodeados por la valla/muro;

- más del 10 por ciento de la tierra palestina de Cisjordania (unas 57.518 hectáreas) quedará al otro lado de la valla/muro;(8)

- más de medio millón de palestinos vivirán en una franja de un kilómetro desde la valla/muro.



Las autoridades israelíes tienen la obligación de proteger la seguridad de las personas que viven dentro de las fronteras de Israel, y para ello pueden impedir la entrada en el país de personas que puedan constituir una amenaza para su seguridad. Sin embargo, las medidas de seguridad no deben violar las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Deben ser necesarias, proporcionadas y no discriminatorias. Pueden consistir, por ejemplo, en la construcción de vallas, muros, barreras u otras estructuras enterritorio israelí, pero no dentro de la Cisjordania ocupada.

Debido a su tortuoso trazado, la valla/muro dobla en longitud la "línea verde". Se trata de una estructura compleja, de entre 50 y 100 metros de ancho, con alambre de espino, zanjas, senderos "detecta-huellas" y carreteras a ambos lados para que patrullen tanques, además de zonas de acceso prohibido y "zonas tapón" de diversa anchura. Su trazado se ha diseñado para abarcar más de 50 asentamientos israelíes, en los que viven alrededor del 80 por ciento de los colonos israelíes, y grandes terrenos adyacentes a ellos. De este modo, se unirán estos asentamientos con Israel, aislando la zona del resto de Cisjordania.

Muro de muerte

"Peligro de muerte. Zona militar: toda persona que traspase o dañe la valla pondrá en peligro su vida". Este mensaje está escrito en hebreo, árabe e inglés en letreros colocados a lo largo de toda la valla/muro, como muestra la imagen.

De hecho, simplemente por estar cerca del muro, los palestinos pueden correr peligro de muerte. El 19 de diciembre de 2006, Dua’a Nasser Abdelkader, niña de 14 años, fue abatida a tiros por soldados israelíes cuando jugaba cerca de la valla/muro con una amiga de 12 años en la localidad de Far’un, al sur de Tulkarem. No hay nada que indique que las dos niñas podían constituir una amenaza para los soldados israelíes, que les dispararon desde una atalaya fortificada cercana. Según la información publicada en los medios de comunicación israelíes sobre la investigación del incidente realizada por el ejército israelí, un soldado admitió haber disparado a las niñas cuando corrían en dirección contraria a la valla.(9) El jefe del pelotón fue destituido de su puesto y amonestado, y, según informes, la policía militar, abrió una investigación. Hasta la fecha, no se tiene constancia de que ninguno de los soldados implicados haya comparecido ante la justicia.

La gravedad de los efectos nocivos que la valla/muro tendría sobre la población palestina de Cisjordania no se vio con claridad hasta mucho después de que se hubiera causado el daño. La creación de una valla/muro en partes de Cisjordania fue aprobada por un comité ministerial en 2001, y el gobierno aprobó el trazado de la primera fase en junio de 2002. Sin embargo, las autoridades israelíes sólo publicaron un mapa completo del trazado previsto en octubre de 2003, mucho después de haber iniciado su construcción.(10)

Investigadores de Amnistía Internacional que visitaron Cisjordania entre mediados de 2002 y mediados de 2003 comprobaron que las autoridades israelíes habían facilitado escasa o nula información a la población palestina cuyas tierras se había visto directamente afectada por la valla/muro. La mayoría de los afectados habían encontrado la orden de confiscación de sus tierras, acompañada de un mapa, fijada a un árbol o abandonada bajo una piedra por el ejército israelí en las zonas en que se iba a construir la valla/muro. Los mapas no eran claros, pues en general eran fotocopias de mala calidad, y no contenían escala ni otros datos necesarios para determinar el trazado exacto de la valla/muro. Por tanto, los palestinos tuvieron que esperar a que las excavadoras del ejército israelí empezaran a arrancar árboles y a cavar para deducir el emplazamiento de la valla/muro.

La destrucción de bienes por parte de una potencia ocupante está prohibida "excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas",(11) aunque se avise de ello con amplia antelación. De hecho, "la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario", se consideran crímenes de guerra.(12) Es más, la confiscación de tierras palestinas para la valla/muro sin el suficiente aviso previo, sin consultar y sin seguir el debido proceso legal constituyó desalojo forzoso –otra violación del derecho internacional(13)– e hizo prácticamente imposible que muchos de los palestinos afectados impugnaran el trazado de la valla/muro o la confiscación de sus tierras.

Durante los dos años siguientes a la aprobación de la primera fase de la valla/muro por el gobierno israelí, el Tribunal Supremo desestimó todas las peticiones presentadas por personas palestinas en contra del trazado de la valla/muro en Cisjordania. Hubo que esperar hasta el 30 de junio de 2004, cuando la Corte Internacional de Justicia estaba a punto de comunicar su opinión consultiva, para que el Tribunal Supremo ordenara la modificación del trazado de la valla/muro en la zona de Beit Surik, al norte de Jerusalén, a fin de incluir menos terrenos palestinos. No obstante, incluso esta sentencia del Tribunal Supremo aceptaba que se confiscaran, destruyeran y aislaran de sus propietarios terrenos palestinos en beneficio de asentamientos israelíes, cuya presencia en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal.(14)

Al mismo tiempo que se dictaba la sentencia de Beit Surik, el gobierno israelí publicaba un trazado revisado de la valla/muro. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha ordenado la modificación de pequeños tramos en ciertas zonas. Sin embargo, estos cambios afectan a menos del 10 por ciento del trazado. Es más, parte de las modificaciones no se han aplicado aún y, en cualquier caso, reducirían sólo en parte los daños causados a la población palestina de la zona.



Jerusalén Oriental

Alrededor de 200.000 palestinos residentes del Jerusalén Oriental ocupado, anexionado ilegalmente por Israel, se han visto también perjudicados por la valla/muro. Muchos se encuentran aislados del resto de Cisjordania. Otros, como quienes viven en los campos de refugiados de Kufr ´Aqab y Sho’afat, han quedado al otro lado de la barrera y, por tanto, tienen que pasar por controles de seguridad para entrar en Jerusalén.(15)



Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2005, el Tribunal Supremo ordenó al Estado que considerara otra posibilidad con respecto a una parte de la valla/muro cercana al asentamiento israelí de Alfe Menashe, al sur de Qalqilya, que no circundara localidades palestinas. Con el nuevo trazado, modificado en abril de 2006, tres de las cinco localidades en cuestión y algunas de sus tierras quedan fuera de la valla/muro, pero las otras dos siguen formando parte de la zona rodeada. En mayo de 2007, aún no se habían aplicado las modificaciones, y las cinco localidades seguían quedando rodeadas.

En las zonas en las que se ha completado la valla/muro, la agricultura palestina ha quedado destrozada y, dado que ésta constituye el principal medio de vida de las comunidades palestinas de esas zonas, las repercusiones sobre la vida de la población palestina han sido demoledoras.

Incluso para los agricultores que tienen permiso para llegar a sus tierras, el acceso es muy limitado. Las entradas por las que pueden pasar los agricultores autorizados están muy distantes entre sí, y sólo se abren dos o tres veces al día (por la mañana y por la tarde) durante media hora, aproximadamente. Además, los soldados que deberían abrirlas se retrasan con frecuencia.

Los agricultores sólo pueden pasar a pie y por la entrada concreta a la que se refieren sus permisos. A continuación, tienen que caminar desde la entrada hasta sus tierras. Sólo se permiten tractores en casos excepcionales, siempre y cuando se obtenga otro permiso especial. Todas estas condiciones y restricciones obstaculizan en extremo la labor de los agricultores. Además, el ejército israelí ha tendido a conceder permisos de paso por las entradas para actividades agrícolas sólo a personas de avanzada edad. En consecuencia, la mayoría de las familias extraen pocos o nulos rendimientos de sus tierras, ya que las condiciones de trabajo son demasiado difíciles y sus miembros de más edad no pueden manejar la carga de trabajo.


Balas para recibir a manifestantes que protestan contra el muro


Los soldados israelíes han empleado a menudo fuerza excesiva e innecesaria contra palestinos y contra activistas pacíficos israelíes y de otras nacionalidades que protestaban contra la valla/muro. Sólo en la localidad de Bil’in, donde se vienen celebrando este tipo de manifestaciones todos los viernes desde hace dos años, cientos de manifestantes han resultado heridos. El 8 de diciembre de 2006, una delegación de Amnistía Internacional presenció cómo soldados israelíes, apostados en el tejado de una casa civil del pueblo, disparaban en dirección a unos menores que les estaban tirando piedras a poco distancia, pero que no constituían una amenaza grave. Dentro de la casa, una familia aterrorizada, con niños pequeños, aseguró a Amnistía Internacional que la presencia de soldados en su tejado suponía un peligro para ella.

La mayoría de las personas heridas en manifestaciones contra la valla/muro han sido alcanzadas por balas metálicas recubiertas de plástico, a menudo disparadas a corta distancia. Asimismo, han sido frecuentes los golpes con las culatas de los rifles. Matan Cohen, israelí de 17 años, resultó herido en un ojo por una bala de metal recubierta de plástico, que disparó la Guardia de Fronteras israelí, cuando participaba en una manifestación contra la valla/muro el 24 de febrero de 2006 en la localidad cisjordana de Beit Sira, al suroeste de Ramallah.(16)

En ocasiones, el ejército israelí ha utilizado fuego real contra manifestantes cerca de la valla/muro. Gil Na’amati, manifestante israelí de 22 años, resultó herido de gravedad al ser alcanzado en la pierna por varias balas de las fuerzas israelíes cuando se encontraba cerca de la valla/muro, en la localidad de Mas’ha, el 26 de diciembre de 2003. Gil Na’amati, ex soldado, declaró: "He estado en el ejército, y estoy familiarizado con las reglas de combate. Lo que hice no era, ni por asomo, algo que, en mi opinión, justificara los disparos […] Es increíble."(17)


El gobierno israelí sostiene que la valla/muro no pretende ser una "frontera política". Sin embargo, el primer ministro, Ehud Olmert, y otros dirigentes israelíes han afirmado reiteradamente que Israel piensa mantener los grandes bloques de asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada, es decir, los asentamientos que se encuentran ahora al oeste de la valla/muro. Asimismo, las declaraciones de fiscales israelíes al Tribunal Supremo de Israel, en respuesta a peticiones elevadas por palestinos para que se modifique el trazado de la valla/muro, indican que el emplazamiento de la barrera tiene por objeto incluir los asentamientos israelíes y grandes terrenos en torno a ellos.

Por ejemplo, en respuesta a una petición presentada en 2003 por residentes palestinos de las localidades cisjordanas de ‘Azzun y Al Nabi Elyas (al norte de Qalqilya) ante el Tribunal Supremo, en la que solicitaban que se retirara la valla/muro, la Fiscalía recalcó que la barrera se debía construir según el trazado elegido "a fin de proteger las partes meridional y oriental [del asentamiento de Tzufim]". A continuación, añadió: "A la hora de planificar el trazado en la zona, se tuvo en cuenta la existencia de un plan que se encuentra en fase de preparación, pero aún no ha recibido la aprobación oficial", en referencia a un plan para la ampliación a gran escala del asentamiento de Tzufim, que incluiría la construcción de una zona industrial.(18) La valla/muro invade unos siete kilómetros de Cisjordania para englobar el asentamiento de Tzufim y amplios terrenos circundantes. En la actualidad, el asentamiento de Tzufim es pequeño y cuenta con unos 1.000 residentes, pero los planos obtenidos por B’Tselem y Bimkom (Planners for Planning Rights), organizaciones israelíes de derechos humanos, revelan que se prevé ampliarlo considerablemente.

La valla/muro fue construida hace ya tiempo en esta zona. Desde 2003, los habitantes de cuatro pueblos y una ciudad palestinos situados en torno al asentamiento de Tzufim han quedado incomunicados de gran parte de sus tierras, en concreto, de unos 12.000 dunums (aproximadamente 12 kilómetros cuadrados), más los 2.000 dunums arrasados para ganar espacio para la valla/muro. Dos tercios de las tierras de cultivo de Yayus y la mitad de las tierras de los pueblos de Falamya y ‘Azzun han quedado en la parte israelí de la valla/muro y son inaccesibles para la mayoría de los lugareños.

Gracias a las intensas campañas y las prolongadas batallas legales de los agricultores palestinos de Yayus, los accesos a sus tierras se abrieron desde por la mañana hasta por la noche. Este acuerdo extraordinario se limitó a esa pequeña zona y no se repitió en ningún otro lugar. Sin embargo, la mejora duró poco. En noviembre de 2006 se volvió a restringir el horario de apertura a media hora tres veces al día (por la mañana, al mediodía y por la tarde). Es más, a finales de 2006, el ejército israelí cerró las dos entradas utilizadas por los agricultores de Yayus, lo que les obligó a utilizar otra situada al norte, cerca de la localidad de Falamya. Esta nueva medida supone un obstáculo añadido a las de por sí difíciles condiciones de los agricultores.

Si desean solicitar un permiso para cruzar la entrada, los agricultores de Yayus necesitan estar en posesión de un expediente de seguridad limpio, un documento de identidad y un certificado de herencia (ikhraj qaid) de la tierra o propiedad, y cumplimentar una solicitud. El certificado de herencia es extremadamente difícil de conseguir, ya que la herencia está sujeta al derecho islámico consuetudinario, y normalmente no existen registros de herencia. Por tanto, hay que seguir un proceso que consiste en formular una declaración en una mezquita; publicar un anuncio en los periódicos; conseguir las firmas de todos los hermanos, hermanas y demás beneficiarios, y comparecer ante un tribunal testamentario con dos testigos.

A continuación, se deben fotocopiar y compulsar todos los documentos, lo que supone un gasto. Si todos los papeles están en orden, aún hay que visitar en tres ocasiones, los jueves, la delegación de la Oficina de Coordinación de Distrito (sección del ejército israelí en los Territorios Palestinos Ocupados) del asentamiento israelí de Kedumim para ultimar las formalidades. Las personas que trabajan tienen que pedir días libres para ello.

En general, sólo pueden hacer la solicitud las personas cuyo nombre figura en el certificado de herencia. Un hijo puede utilizar para ello el certificado del padre, pero los sobrinos o primos normalmente no pueden. Además, nunca se conceden permisos a personas que no son propietarias de terrenos al otro lado de la valla/muro, pese a que los palestinos suelen trabajar en familia, y los familiares y amigos ayudan cuando se recoge la cosecha.

Destrucción de la esperanza

En la localidad de ‘Izbat Salman, al sur de Qalqilya, la valla/muro impide a la familia Quzmar acceder a la mayoría de los terrenos que posee en las proximidades de su casa desde finales de 2002, por lo que ya no puede cultivarlos. No se ha concedido permiso de acceso a los miembros jóvenes de la familia, y los de avanzada edad, que si podrían conseguir el permiso, no pueden cubrir la distancia de su hogar a la entrada, y de allí a las tierras.

Para llegar a las tierras, que están cerca de su hogar, pero al otro lado de la valla/muro, tienen que caminar una hora hasta la entrada y, a continuación, otra hasta los terrenos (y repetir la misma operación de regreso, a veces cargados con la cosecha, los aperos y otro material pesado).

Justo antes de oír hablar de la valla/muro, la familia había invertido sus ahorros en los terrenos para que rindieran más y fueran más productivos. Para ello, construyó un complejo sistema de riego e invernaderos, que fueron parcialmente destruidos para ganar espacio para la valla/muro.

La familia se quejó a las autoridades y apeló a los tribunales, sin éxito. Ahora, siente que no tiene perspectivas de futuro. Como en todas las demás zonas, la valla/muro fue construida dentro de Cisjordania para incluir un asentamiento israelí (Oranit) y terreno circundante para su futura ampliación. La localidad de ‘Izbat Salman perdió la mayoría de sus terrenos cuando se estableció el asentamiento de Oranit en 1984, y ahora ha perdido la mayor parte de lo que le quedaba.



Cerca de Qalqilya, cinco localidades palestinas (Al Dab’a, Wadi al Rasha, Ras al Tira, Ramadi al Yanubi y ‘Arab Abu Farda) se encuentran atrapadas en una zona rodeada por la valla/muro, que se trazó así para incluir el asentamiento israelí de Alfe Menashe, en Cisjordania, a cinco kilómetros de la "línea verde", además de una amplia zona circundante, donde se prevé una ampliación del asentamiento a gran escala.

Más de 1.000 palestinos viven en las cinco localidades, prácticamente en estado de sitio. Todas las escuelas, clínicas médicas y terrenos están fuera de la zona rodeada por la valla/muro. Necesitan permisos para seguir viviendo en sus hogares, permisos para salir de la zona si quieren ir al resto de Cisjordania y para volver a sus casas, y permisos para entrar y salir de la zona en automóvil. Los soldados israelíes les inspeccionan a la entrada, comprobando todo lo que llevan a sus casas, y a menudo les prohíben introducir objetos como bombonas de butano para cocinar. Asimismo, necesitan permisos para recibir visitantes palestinos, que son difíciles o imposibles de conseguir. Ni siquiera se permite la entrada de ambulancias sin la autorización previa del ejército israelí. Para construir viviendas también se necesitan permisos, prácticamente imposibles de obtener. Algunas casas han sido demolidas, y otras están amenazadas también de demolición, porque fueron construidas (antes que la valla/muro) sin permisos, que las familias no tienen esperanzas de conseguir.

Tras una prolongada batalla ante los tribunales en septiembre de 2005, el Tribunal Supremo israelí dictó una sentencia por la que ordenaba al Estado que modificara el trazado de la valla en esta zona, a fin de reducir su impacto negativo sobre la vida de los palestinos que vivían en localidades cercanas. Según el nuevo plan de trazado, tres de las cinco localidades (Al Dab’a, Wadi al Rasha y Ras al Tira) quedarán fuera de la zona rodeada por la valla/muro. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha modificado el trazado de ésta. Incluso en el caso de que se modifique según lo propuesto, los habitantes de las localidades palestinas que queden dentro de la zona rodeada se verán obligados a abandonarlas, ya que las condiciones de vida son insostenibles.

La Corte Internacional de Justicia examinó la cuestión de la construcción de la valla/muro por Israel en la Cisjordania ocupada. En julio de 2004, concluyó que esta medida violaba el derecho internacional. En su opinión consultiva, declaró que Israel tenía la obligación de detener la construcción de la valla/muro dentro de los Territorios Palestinos Ocupados, de desmantelar las partes que ya estuvieran construidas allí y de ofrecer reparaciones a los palestinos afectados por la construcción.(19) El gobierno israelí rechazó las recomendaciones de la Corte.


El valle del Jordán se convierte en una zona acotada

Desde mayo de 2005, el ejército israelí ha impuesto cada vez más restricciones para acceder al valle del Jordán (zona oriental de Cisjordania), de manera que ha acabado por convertir en la práctica esta amplia extensión de fértiles tierras en una zona acotada. La topografía del valle del Jordán lo hace accesible desde el resto de Cisjordania sólo a través de unas cuantas carreteras, todas ellas bajo la vigilancia del ejército israelí mediante controles de seguridad. Además, se han practicado zanjas y montículos que lo cierran aún más herméticamente.

Hoy en día se necesitan permisos especiales para ir al valle del Jordán, lo que restringe el acceso de la población palestina, que debe demostrar que reside, trabaja o posee terrenos en la zona. A quienes están inscritos como residentes de otros distritos de Cisjordania se les niega el paso en los controles de seguridad, se les hostiga y se les expulsa de la zona, aunque hayan vivido o trabajado en ella durante años.

Majida Fawzi, madre de 7 hijos, ninguno de ellos mayor de 15 años, vive en la localidad de ‘Ain al Beida, en el norte del valle del Jordán. Según relató a Amnistía Internacional, en febrero de 2006, soldados israelíes llegaron a su hogar por la noche y la llevaron, con sus hijos, al otro lado del control de seguridad. Llevaba años viviendo en el valle del Jordán, pero no había modificado su domicilio en el documento de identidad. Al final, la familia pudo volver a su hogar y Majida Fawzi consiguió cambiar su documento de identidad, ya que pudo demostrar que llevaba mucho tiempo viviendo en el valle del Jordán. Los recién llegados a la zona no tienen esa posibilidad.

Tradicionalmente, las personas que poseían terrenos, trabajaban o vivían en el valle del Jordán pasaban los meses más cálidos en otros lugares, por lo general en Nablús o en localidades cercanas, en las que muchas de ellas figuran como residentes.

Por su parte, era frecuente que los agricultores emplearan a trabajadores eventuales de fuera del valle que, a su vez, dependían de ese trabajo agrícola temporal en la zona para alimentar a sus familias. Las nuevas restricciones impiden entrar en la zona a los trabajadores en busca de empleo, ya que no trabajan en ella, y no consiguen trabajo porque no están en la zona.

El 15 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución A/ES-10/L.20, por la que se establecía un "Registro de las Naciones Unidas de los daños y perjuicios causados por la construcción del muro en el territorio palestino ocupado", tal como había recomendado la Corte Internacional de Justicia en julio de 2004 y había solicitado el secretario general de la ONU.

Según la Resolución A/ES-10/L.20, el Registro de los daños y perjuicios se encontrará en Viena, Austria; constará de una junta de tres miembros, aún por nombrar, y servirá "de registro completo, en forma documental, de los daños y perjuicios causados a todas las personas físicas y jurídicas afectadas como resultado de la construcción del muro por Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores". En abril de 2007, aún no se había llevado a cabo ninguna de estas medidas.

En su opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia señaló que se debían proporcionar reparaciones para compensar por las consecuencias de este acto ilegal y restablecer el statu quo, indemnizar adecuadamente cuando no sea posible la restitución en especie y resarcir como corresponda por daños y perjuicios en el caso de las pérdidas que la restitución en especie y la indemnización no cubran. La Corte manifestó:

Israel tiene la obligación de devolver las tierras, huertos, olivares y demás bienes inmuebles de los que haya despojado a cualesquiera personas físicas o jurídicas a los efectos de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado. En caso de que tal restitución resultase ser materialmente imposible, Israel tiene la obligación de compensar a las personas en cuestión por los daños sufridos. La Corte considera que Israel también tiene la obligación de compensar, de conformidad con las reglas aplicables del derecho internacional, a todas las personas físicas o jurídicas que hayan sufrido cualquier forma de daños materiales como consecuencia de la construcción del muro.

Es decir, además de retirar la valla/muro de los terrenos palestinos ocupados, restituir la propiedad confiscada y ofrecer indemnizaciones y otras formas de reparación por los daños físicos causados, Israel debe compensar a la población palestina afectada por la pérdida de ingresos resultante de la construcción de la valla/muro.

Sin embargo, no está claro si los daños a las tierras comunitarias de las poblaciones, las infraestructuras civiles, el agua y otros recursos naturales y el medio ambiente son competencia del Registro.

Si bien el establecimiento del Registro de los daños y perjuicios es un primer paso importante, también deben instaurarse–tras unos cinco años desde que empezaron a sufrirse daños por la construcción de la valla/muro– los mecanismos necesarios para proporcionar un recurso efectivo y reparaciones a las decenas de miles de palestinos que se han visto y siguen viéndose afectados negativamente por la valla/muro.



3. BLOQUEOS POR TODAS PARTES

‘Adel ‘Omar, de 21 años de edad, murió el 17 de febrero de 2007 cuando soldados israelíes retrasaron su paso por la entrada situada entre el pueblo de Azzun ‘Atmeh y la cercana ciudad de Qalqilya. Había resultado herido en un accidente de tractor. El pueblo está rodeado por la valla/muro, y la única forma de salir de él es por una entrada que se cierra a las diez de la noche. ‘Adel llegó al control de seguridad después de las diez, y los soldados tardaron más de una hora en abrir la puerta. Cuando le permitieron pasar, seguía vivo, pero murió antes de llegar al hospital, situado a unos pocos kilómetros de la entrada.



Isma’il Sa’id Ibrahim al-Sifi, de 44 años de edad, murió el 12 de diciembre de 2006 cuando lo trasladaban al hospital de Nablús desde su pueblo, Tel, situado a pocos kilómetros de distancia. Murió minutos antes de llegar al hospital, después de que el vehículo en el que viajaba se hubiera visto obligado a dar un largo rodeo por una carretera sin asfaltar que atravesaba las montañas. Los soldados israelíes habían bloqueado la carretera principal y no dejaron pasar al taxi, aunque Isma’il estaba inconsciente y necesitaba atención médica urgentemente. El hospital de Nablús estaba sólo a 10 minutos del control de seguridad, pero el viaje por las colinas, por un camino lleno de baches, demoró más de media hora.



Este tipo de muertes no son una novedad. Rula ‘Ashtiya, por ejemplo, tuvo que dar a luz en el suelo, en una carretera de tierra junto al control de seguridad de Beit Furik, después de que los soldados israelíes se hubieran negado a permitirle el paso por el control de seguridad la madrugada del 26 de agosto de 2003. Su hija murió poco después. Rula estaba de parto y se dirigía al hospital de Nablús, situado a unos minutos de distancia. Los soldados que vigilaban el control de seguridad hicieron caso omiso de su estado, su evidente angustia y los ruegos de su marido. No les pidieron los documentos de identidad, sino que se limitaron a decirles que no podían pasar. Sólo una vez que Rula hubo dado a luz y su hija hubo muerto, les permitieron los soldados el paso a ella y a su marido con la niña muerta.(20)

Es imposible saber con seguridad si ‘Adel, la niña de Rula y otros palestinos que han muerto de camino al hospital se habrían salvado si no hubieran sido detenidos por soldados israelíes en los controles de seguridad. Lo que es seguro es que podrían haber llegado antes al hospital y habrían tenido así más posibilidades de sobrevivir. También parece claro que ninguna de estas personas podía constituir una amenaza para la seguridad de Israel y que, de hecho, ninguna de ellas intentaba entre en Israel. Todas trataban de ir de sus pueblos a ciudades cercanas de la Cisjordania ocupada.

Los controles de seguridad, clausuras y otros obstáculos alteran todos los aspectos de la vida de la población palestina, incluidos importantes actos sociales y familiares. Por ejemplo, Muhammad Fudah no pudo asistir a su propia boda el 8 de febrero de 2007, porque los soldados israelíes le negaron el paso en dos controles de seguridad, cuando se dirigía, con sus acompañantes, a una localidad cercana donde se iba a celebrar la boda. Éstas fueron sus palabras a Amnistía Internacional:

Salí de casa, en el campo de refugiados de Nur al Shams, en Tulkarem, con mi familia, de camino a Beit Lid, donde me iba a casar. No estaba lejos, y no esperábamos encontrar ningún problema especial en los controles de seguridad en el camino […] Sin embargo, cuando llegamos al control de seguridad de Anabta, los soldados israelíes no nos dejaron pasar ni a mí ni a varios de mis familiares que eran jóvenes. No se permitía el paso a jóvenes de Tulkarem. Un familiar mío que habla hebreo con fluidez explicó a los soldados que nos dirigíamos a mi boda en Beit Lid, pero ellos respondieron que no podíamos ir a Beit Lid. Así que decidimos ir a otro control de seguridad, junto a la localidad de Al Ras, pero allí tampoco nos dejaron pasar ni a mí ni a algunos de mis familiares, y nos dijeron que volviéramos a casa, a Tulkarem, porque no nos iban a dejar ir a Beit Lid.

De nuevo, mi familiar explicó a los soldados que íbamos a mi boda en Beit Lid, pero se volvieron a negar. Dijeron que no se permitía el paso a ninguna persona, hombre o mujer, de entre 16 y 30 años. Había mujeres israelíes, de las que observan los controles de seguridad [de Machsom Watch], y también ellas hablaron con los soldados, pero no consiguieron nada. Tras una hora, el resto de mis familiares, que estaban por encima o por debajo de la franja de edad indicada, continuaron en dirección a Beit Lid, y los otros y yo volvimos a Tulkarem y, de ahí, al control de seguridad de Anabta. Para entonces, ya era tarde, y tuvimos que posponer la boda hasta el día siguiente. Al final, conseguí llegar a Beit Lid dando un rodeo, y me casé.

Machsom Watch (grupo de derechos humanos compuesto por mujeres israelíes) estaba en el control de seguridad de Al Ras en ese momento y registró lo siguiente:

- 13.50: No se permite el paso en dirección al sur a ninguna persona (hombre o mujer) de entre 16 y 30 años que resida en Tulkarem, Nablús o Yenín o en los pueblos circundantes

- 14.44: Llega un automóvil con un novio al control de seguridad. Su boda es en Beit Lid, pero él es de Tulkarem y joven, por lo que no se le deja pasar. Un familiar suyo de Taibe, que habla hebreo con fluidez, trata de hablar con todos los soldados para convencerles de que le dejen pasar.

- 14.50: El autobús, sólo con mujeres y niños que se dirigen a Beit Lid para la boda, llega la caseta de control. Se revisan sus documentos de identidad. Cinco de las mujeres jóvenes, algunas con hijos de corta edad, son de Tulkarem, y se les ordena que bajen del autobús.

- 14.59: No se les permite el paso. Toman un taxi al otro lado de la calle para volver a su casa. Tampoco se ha permitido aún el paso al novio. Tías, tíos y demás familiares permanecen en el lugar tratando de decidir qué hacer. El familiar de Taibe sigue yendo de un soldado a otro para pedir ayuda.

- 15.10: Se comunica al novio que no puede pasar. Se hace a un lado y sigue esperando.

- 15.37: Se envía al novio a su casa.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) registra el número de controles de seguridad y bloqueos de Cisjordania. En marzo de 2007, hubo 549. De ellos, 84 eran controles de seguridad atendidos por personal militar y 465, bloqueos sin personal, como entradas cerradas, montículos de tierra o zanjas que cortan el paso o bloques de cemento y otros obstáculos que bloquean el acceso a las carreteras.(21)

Además, patrullas del ejército israelí instalan cada año miles de controles de seguridad temporales, llamados "puntos de control móviles", durante cierto tiempo –de media hora a varias horas– en toda Cisjordania. La OCAH registró 624 de ellos en febrero de 2007 y 455 el mes anterior. En 2006, se registró un total de 7.090.(22)

El número de controles de seguridad ha fluctuado durante los últimos años. Entre mediados y finales de 2005, cuando las restricciones de circulación impuestas por el ejército israelí fueron menos estrictas de lo que venía siendo habitual desde finales de 2000, hubo unos 375 controles de seguridad o bloqueos permanentes, mientras que el número de puntos de control móviles osciló entre 260 y 494 al mes.(23)

Las autoridades israelíes han impuesto diversos grados de restricción a la circulación de la población palestina desde que Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967. Las restricciones aumentaron durante la década de 1990 y han alcanzado niveles sin precedentes desde el estallido de la Intifada en septiembre de 2000. Han privado a la población palestina no sólo de su libertad de circulación, sino también de otros derechos humanos, en especial, de su derecho al trabajo y a tener un medio de subsistencia para sí mismos y sus familias y de su derecho a la salud y a la educación.



Asimismo, el ejército israelí impone "clausuras generales" en los Territorios Palestinos Ocupados, normalmente con ocasión de festividades nacionales o religiosas israelíes. En esos casos, no se permite el paso de personas palestinas por los controles de seguridad que dan acceso a Jerusalén Oriental e Israel, ni por otros controles de seguridad situados entre zonas palestinas cercanas a Israel, salvo en caso de emergencia. Sin embargo, cuando los controles de seguridad están cerrados, para los palestinos resulta difícil y lento ponerse en contacto con las autoridades militares israelíes competentes para comunicarles la emergencia y obtener su autorización de paso.



Aviso del ejército israelí, marzo de 2007

Viernes, 02/03/2007 00:15

De conformidad con la decisión de las autoridades políticas y por motivos de seguridad, se impondrá una clausura general en Judea, Samaria [Cisjordania] y la Franja de Gaza, que entrará en vigor esta noche y durará hasta que finalice el Purim.

Lunes 05/03/2007 22:35

La clausura general impuesta sobre la Franja de Gaza y la región de Judea y Samaria durante el Purim se levantará hoy a medianoche tras haberse comprobado la situación de seguridad.NOTAS FINALES


Primer aviso:

www1.idf.il/DOVER/site/mainpage.asp?sl=EN&id=7&clr=1&docid=62057.EN

Segundo aviso:

www1.idf.il/DOVER/site/mainpage.asp?sl=EN&id=7&clr=1&docid=62082.EN





Viaje por el laberinto de bloqueos


En contadas ocasiones visito a mi familia, ya que tardo varias horas en llegar al pueblo en el que vive, cerca de Yenín, en el norte de Cisjordania, y otras tantas en volver a Ramallah, donde vivo. Si no hubiera controles de seguridad ni bloqueos de carreteras y pudiéramos ir siempre por la carretera principal, tardaría poco más de una hora. Sin embargo, se tardan cuatro, cinco, incluso siete horas. Depende del día, pero nunca lo que se tardaría normalmente, ni de lejos. Por lo general, la vuelta es especialmente complicada, porque la circulación desde la parte norte de Cisjordania al sur de Nablús está muy restringida, y con frecuencia se prohíbe por completo. Sobre todo a hombres de menos de 30 o 35 años, o incluso de 40. A veces también a las mujeres; depende del día.

Mi lugar de residencia es Ramallah, y tengo más de 30 años, así que es mucho más fácil para mí, y, en teoría, me deberían dejar pasar, al menos la mayoría de las veces. Sin embargo, en la práctica, no es tan fácil. Para empezar, no tengo automóvil, y no es fácil encontrar un taxi compartido en el que todos los pasajeros cumplan todos los requisitos. Además, incluso las personas a quienes se autoriza a pasar del norte al sur del cruce de Za’atara (Tapuah) suelen encontrar una cola enorme y tienen que esperar horas para pasar por el control de seguridad.

Por tanto, normalmente, cuando visito a mi familia, salgo de vuelta para Ramallah a las dos o las tres de la madrugada, ya que a esas horas es menos probable que haya puntos de control móviles. El taxi compartido evita la carretera principal, y toma pequeños caminos rurales sin asfaltar, por lo que el viaje es muy lento. A veces, en ciertos tramos, sale incluso de los caminos y avanza campo a través, con las luces apagadas para evitar que lo vean de lejos desde posiciones israelíes.

Lo más difícil es pasar el sur del cruce de Za’atara. A partir de ahí, hasta Ramallah, todo es mucho más sencillo.

Con respecto a la cuestión de los permisos para viajar por Cisjordania, la situación es desconcertante. Muchas personas se niegan a pedir permisos. A otras, que los han pedido en la Oficina de Coordinación de Distrito de Salem, el ejército israelí les ha dicho que no se lo van a dar o que no lo necesitan; pero luego, cuando intentan pasar por los controles de seguridad para ir al sur de Nablús, se les prohíbe pasar y se les dice que necesitan un permiso.

Trabajador de derechos humanos que vive en Ramallah(24)



4. ASENTAMIENTOS ISRAELÍES: LA RAZÓN DE LAS RESTRICCIONES

Desde el principio de la ocupación de Israel en 1967, se han establecido en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, unos 135 asentamientos israelíes oficialmente reconocidos y unos 100 "puestos de avanzada" (asentamientos no autorizados, pero auspiciados por el Estado y financiados por ministerios del gobierno israelí), lo que supone una violación del derecho internacional y desafía resoluciones de la ONU. Los colonos israelíes ascienden a 450.000, aproximadamente, de los que unos 200.000 viven en asentamientos de Jerusalén Oriental y alrededores. Algunos asentamientos tienen menos de 100 residentes, mientras que otros, como Ariel, Maale’ Adumim y Pisgat Ze’ev, entre 15.000 y 30.000 residentes, por lo que se han convertido en localidades asentadas y bien abastecidas.(25)

El establecimiento de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados viola el derecho internacional humanitario, así como normas fundamentales de derechos humanos, incluida la prohibición de discriminar, consagrada en tratados internacionales ratificados por Israel, que, por tanto, está obligado a respetar.

La política de asentamientos de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados se caracteriza por la discriminación por motivos nacionalidad, etnia y religión. Los asentamientos son sólo para personas judías, que tienen derecho a la nacionalidad israelí y a estar protegidas por las leyes de Israel, aunque sean migrantes de otros países que vayan a vivir a los asentamientos de los Territorios Palestinos Ocupados sin haber vivido nunca en el Estado de Israel. La población palestina, sometida al derecho militar y no al derecho civil israelí, no puede acceder ni acercarse a asentamientos israelíes, ni tampoco utilizar las carreteras de los colonos, por lo que se limita su libertad de circulación. Además, los colonos reciben considerables ayudas económicas y de otro tipo, y se les permite explotar terrenos y recursos naturales que pertenecen a la población palestina.

La apropiación ilegítima de terrenos palestinos para asentamientos israelíes y carreteras de "circunvalación", así como de recursos esenciales, como el agua, ha tenido efectos devastadores sobre la población palestina local y sobre sus derechos, como el derecho a un nivel de vida adecuado; a alimentación, agua y una vivienda adecuadas; al disfrute del más alto nivel posible de salud; a la educación, y al trabajo.

El emplazamiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania y de las carreteras que los conectan entre sí (carreteras de "circunvalación" a menudo prohibidas para los palestinos) determina la ubicación de los controles de seguridad y bloqueos que tanto restringen la circulación de la población palestina en Cisjordania. A medida que se han multiplicado y extendido por Cisjordania los asentamientos israelíes y las carreteras de "circunvalación", también lo han hecho las zonas y carreteras vetadas a los palestinos. La ubicación de los asentamientos ha garantizado que no haya contigüidad territorial entre las comunidades palestinas de las diferentes zonas de Cisjordania.



Verde, prohibido el paso; amarillo, paso libre

El viaje de 100 kilómetros desde la zona de Hebrón, en el sur de Cisjordania, a la zona de Nablús, en el norte, dura menos de dos horas en automóvil para los colonos israelíes. Los palestinos pueden tardar casi todo un día en hacerlo, cuando no les es completamente imposible.

Ni siquiera las personas palestinas que cumplen los criterios establecidos por el ejército israelí, –como edad, autorización de "seguridad", lugar de residencia y finalidad del viaje96 pueden viajar por las carreteras principales de Cisjordania, la mayoría de las cuales se reservan a los colonos israelíes, cuyos vehículos son fácilmente identificables por sus matrículas de color amarillo. Las matrículas de los vehículos palestinos son verdes.

Los palestinos tienen que dar largos rodeos por carreteras secundarias y, a menudo, sin asfaltar, que atraviesan las montañas. Tienen que esperar en controles de seguridad del ejército israelí y, finalmente, es posible que les nieguen el paso. Las horas de apertura varían de un control de seguridad a otro, y muchos están cerrados por la noche. Con frecuencia, a lo largo del día cierran de improviso por tiempo indefinido. Los soldados que los vigilan no comunican a los palestinos que esperan a que les dejen pasar cuándo volverán a abrir, por lo que es difícil saber si merece la pena esperar o no.

Los colonos israelíes encuentran pocos controles de seguridad en sus viajes por Cisjordania y, cuando los encuentran, se les permite el paso automáticamente, sin que tengan que esperar a que se inspeccionen sus documentos y vehículos.

La carretera principal 60, que corre de sur a norte por el centro de Cisjordania, desde las importantes localidades de Yatta y Hebrón, en el sur, hasta Yenín, en el norte, es de uso restringido para vehículos palestinos, porque también la utilizan los colonos israelíes. Con frecuencia, se prohíbe por completo a la población palestina el acceso a partes de ella. Por ejemplo, hace años que unos 60.000 palestinos que viven en 16 pueblos situados a lo largo de un corto tramo de la carretera 60 al sur de Hebrón no pueden acceder con sus vehículos a ella, ya que el ejército israelí ha bloqueado las entradas. En febrero de 2007, una organización israelí de derechos humanos, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), pidió al Ministerio de Defensa israelí que revisara la legalidad de estas medidas.

Asimismo, se restringe de manera similar la entrada y salida a decenas de localidades palestinas situadas a ambos lados de la carretera 60 en el tramo de 50 kilómetros que separa las dos ciudades principales de Ramallah y Nablús, debido igualmente a la proximidad de los asentamientos israelíes.

También hace tiempo que se ha restringido el acceso a la carretera 443, principal vía de conexión de la ciudad de Ramallah con localidades palestinas del suroeste, porque los colonos israelíes la utilizan. En marzo de 2007, la ACRI elevó una petición al Tribunal Superior de Israel para solicitar la eliminación de los bloqueos que impiden el acceso a la carretera 443 desde seis localidades palestinas.(26)

Cuanto más cerca están los asentamientos y carreteras de "circunvalación" de ciudades y pueblos palestinos, mayores son las restricciones. Al sur de Nablús, el paso por la intersección de la carretera 60 con la 505, que va del este al oeste, transitada también por colonos israelíes y vetada en general a los palestinos, está sujeto a rigurosas restricciones para la población palestina. Dichas restricciones pueden consistir, por ejemplo, en determinados requisitos para obtener un permiso, o en la prohibición total del paso para ciertos grupos de edad, habitualmente, hombres de entre 16 y 30 o 35 años, o para residentes de áreas concretas –normalmente, del norte de Cisjordania–. A veces, se cierra el cruce para cualquier persona palestina.

La zona comprendida por Nablús y los dos campos de refugiados, junto con diversos pueblos que lo circundan, con una población de más de 200.000 palestinos, está rodeada de asentamientos israelíes. Por ello, la circulación de la población palestina de la zona está sometida a severas restricciones y, en consecuencia, la antaño vigorosa vida económica de Nablús se encuentra prácticamente paralizada.

Las zonas en las que las localidades palestinas están rodeadas de asentamientos israelíes, junto con carreteras de "circunvalación" y vallas, muy cercanos a ellas han sido declaradas "zonas militares cerradas". Sólo se permite el acceso a las personas que están registradas como residentes en ellas, es decir que los residentes palestinos necesitan permisos especiales para continuar viviendo en sus propios domicilios y para entrar y salir de estas zonas, a menudo sólo a pie y en un horario concreto. Muchas zonas cercanas a los asentamientos están en la práctica vetadas a los palestinos, aunque no hayan sido oficialmente declaradas zonas militares cerradas.

Al construir una red de asentamientos y carreteras de "circunvalación" alrededor de todas las ciudades y los pueblos palestinos, Israel ha eliminado la posibilidad de que exista una contigüidad territorial palestina en Cisjordania, ha limitado el crecimiento de las localidades palestinas y se ha hecho con el control real de toda Cisjordania, y de la vida de los más de dos millones de palestinos que viven en ella.



OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Por primera vez en la historia, los judíos pueden comprar Judea y Samaria. Sólo con comprar su parte al 1 por ciento de la población árabe de Judea y Shomron [Samaria], los judíos se apoderarán del 58 por ciento del territorio, ya que el 99 por ciento de los árabes viven concentrados en el 42 por ciento restante. Con los llamados palestinos confinados en cantones, les queda la opción de vender y buscar una vida mejor en otra parte.(27)

Sitio web de la asociación de colonos israelíes



5. "PUESTOS DE AVANZADA" PATROCINADOS POR EL ESTADO

Además de los 135 asentamientos israelíes reconocidos oficialmente, se han construido alrededor de otros 100 de diferente tamaño con la aprobación tácita, más que oficial, de las autoridades israelíes. Más de la mitad de éstos, denominados por lo general "puestos de avanzada" de asentamientos, se han creado en los últimos seis años. A pesar de que los "puestos de avanzada" no están autorizados, el ejército israelí les facilita protección durante las 24 horas del día, y se ha permitido a muchos de ellos conectarse a la red eléctrica, telefónica y de abastecimiento de agua y construir vías de comunicación con las carreteras principales y otros asentamientos. Muchos de los asentamientos reconocidos oficialmente empezaron siendo "puestos de avanzada" no autorizados, pero después se les dio carácter oficial. Otros empezaron siendo escuelas religiosas o bases militares.

En el marco del plan de paz conocido como la "hoja de ruta", puesto en marcha en 2003 bajo patrocinio internacional, el gobierno israelí prometió en repetidas ocasiones desmantelar y evacuar todos los "puestos de avanzada" no autorizados, establecidos después de 2001. Sin embargo, se ha hecho poco o nada a este respecto, salvo algunos intentos poco entusiastas de desmantelar "puestos de avanzada" que a menudo se han reconstruido poco después. Mientras tanto, se han seguido construyendo otros nuevos en territorios palestinos ocupados ilegalmente.

En 2004, el entonces primer ministro Ariel Sharon encargó a la ex fiscal general del Estado Talya Sason que preparara un informe sobre los "puestos de avanzada" establecidos en los Territorios Palestinos Ocupados. En marzo de 2005 se hizo público un resumen del informe. La autora llegaba a la conclusión de que las autoridades estatales participaban de forma ilegal en la creación de "puestos de avanzada" no autorizados, de que se ocultaban pruebas y que no se hacía respetar la ley. Dos años después, no parece que la situación haya cambiado demasiado, ya que los "puestos de avanzada" siguen proliferando como hongos. Hace poco se nombró viceprimer ministro a uno de los altos cargos que, según el informe de Talya Sason, había participado en la creación de "puestos de avanzada".



Extractos del informe de Talya Sason sobre "puestos de avanzada"(28)

En una investigación inicial llegué ya a la conclusión de que las principalesautoridades competentes implicadas en el asunto de los puestos de avanzada no autorizados son el Ministerio de Defensa y las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel], incluida la Administración Civil; el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda; el Departamento de Asentamientos de las Organización Mundial Sionista; el Ministerio del Interior [...] Sin embargo, otros organismos están implicados también en la creación de puestos de avanzada no autorizados, como los consejos regionales de Judea, Samaria y Gaza, y otros ministerios [...]

Se puede acceder a una parte de la información, pero la mayor parte se oculta [...]

En realidad, el fenómeno de los asentamientos no autorizados es una continuación del plan de asentamientos en los territorios [...] Un número notable de puestos de avanzada se construyeron con la colaboración de autoridades públicas y organismos oficiales […]

El Departamento de Asentamientos [de la Organización Mundial Sionista] estableció puestos de avanzada no autorizados sin tener en cuenta la necesidad de un plan válido detallado, pero no por casualidad, sino por sistema[…]

En 2001, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda incluyó en su presupuesto una partida especial denominada "otros gastos generales en materia de desarrollo" y la utilizó para financiar puestos de avanzada no autorizados […] entre los años 2000 y 2004, el ministerio ha invertido 71.870.000 siclos [17,2 millones de dólares estadounidenses] en puestos de avanzada no autorizados.

Durante años, los ministros de Defensa han evitado ejecutar las órdenes de derribo, salvo en casos muy concretos [...]

Descubrí que el ayudante del ministro de Defensa para Asuntos de los Asentamientos había enviado cartas al Departamento de Asentamientos en las que se confirmaba que puestos de avanzada concretos, es decir, puestos de avanzada no autorizados, son asentamientos independientes a los que se puede asignar presupuestos y permitir la exhibición de emblemas.

Creo que tres son los motivos principales por los que no se aplica la legislación sobre puestos de avanzada no autorizados:

A. Autoridades estatales, altos cargos oficiales y autoridades públicas han participado de manera ilegal en la creación de puestos de avanzada no autorizados.

B. Ineficiencia en la aplicación de la ley.

C. Carencia de una legislación adecuada y de instrumentos jurídicos para abordar la construcción de puestos de avanzada no autorizados [...]

[D]a la impresión de que se ha institucionalizado la violación de la ley. No nos enfrentamos a un criminal ni a un grupo de criminales que infringen la ley. El panorama es mucho más amplio: la violación descarada de las leyes por determinadas autoridades estatales, autoridades públicas, consejos regionales de Judea, Samaria y Gaza y colonos, tras la fachada falsa de un sistema legal organizado.

Esta situación da a entender a las Fuerzas de Defensa de Israel, a sus oficiales y soldados, a la policía israelí, a sus agentes, a los colonos y a la población en general que los asentamientos en puestos de avanzada no autorizados, aunque ilegales, son una gran hazaña sionista. De aquí el mirar para otro lado, los "guiños" de complicidad, el doble rasero […]

[La negrita y los subrayados son nuestros]



Desde hace mucho tiempo, los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados se han convertido en puntos de tensión y han sido frecuentes los enfrentamientos entre colonos israelíes y lugareños palestinos. Durante los últimos 15 años, la multiplicación de los asentamientos y de las vías de "circunvalación" ha acarreado la proliferación de estos puntos de tensión.

Los palestinos están perdiendo de manera creciente sus tierras de labor más fértiles y una gran parte de sus recursos hídricos, de los que se está adueñando Israel en beneficio de sus asentamientos. No se les permite ya el acceso al mercado laboral israelí, del que dependían en gran medida en las décadas precedentes. El control de Israel de su circulación y sus recursos está obstaculizando gravemente sus oportunidades de desarrollo económico. La consecuencia de todos estos hechos es una mayor pobreza y desesperación en los Territorios Palestinos Ocupados.


El "puesto de avanzada" de Hersha: no autorizado pero apoyado por el Estado

En septiembre de 2005, en relación con una causa que se encuentra todavía pendiente de resolución, la organización no gubernamental israelí Paz Ahora presentó una petición al Tribunal Supremo para que ordenara al ejército el desmantelamiento del "puesto de avanzada" de asentamiento de Hersha (o Herasha), situado al norte de Ramallah, en Cisjordania. Durante la vista, celebrada en marzo de 2007, el abogado de los colonos israelíes pidió que se reconociera oficialmente el "puesto de avanzada" y se le concedieran permisos de construcción. Expuso el siguiente argumento: "El Estado de Israel ha intervenido de manera activa en la creación del puesto de avanzada a través de numerosos departamentos y autoridades", sobre todo mediante el suministro de fondos por el Ministerio de la Vivienda para la construcción de infraestructuras (600.000 siclos –unos 143.000 dólares estadounidenses– en 1999, 500.000 en 2001 y 650.000 en 2002) y la preparación por este ministerio, en 2004, de un plan de zonificación que incluía la construcción de escuelas. El Estado construyó también una estación meteorológica dentro del recinto. Los colonos presentaron cartas del Consejo Regional de Binyamin (el consejo de un asentamiento israelí cercano), fechadas en mayo de 2002, en las que se les autorizaba a iniciar la construcción de unas 25 viviendas.(29)

En el informe de Talya Sason (véase más atrás) se observaba que el "puesto de avanzada" de Hersha se había creado en 1995 sin un permiso oficial para usar la tierra o construir estructuras; que el Ministerio de la Vivienda había proporcionado 1.560.000 siclos (372.000 dólares estadounidenses) para la creación de infraestructuras y 100.000 para la construcción de edificios públicos; que las autoridades israelíes habían aprobado la conexión del puesto a la red eléctrica y que el suministro de agua procedía del cercano asentamiento de Talmon, y que Ephraim Sneh, actual viceministro de Defensa, había autorizado el baño ritual público (mikve).



6. HOGARES REDUCIDOS A ESCOMBROS: LA DESTRUCCIÓN DE CASAS PALESTINAS

Israel no permite que los palestinos construyan fuera de las ciudades principales ni de los límites de las zonas ya edificadas de los pueblos. El ejército israelí derriba con frecuencia las casas y las propiedades construidas por los palestinos en los terrenos que poseen en el interior o alrededor de las localidades de Cisjordania. Sólo en los seis últimos meses, excavadoras del ejército israelí han destruido las casas y los corrales de decenas de familias palestinas en localidades como Funduq, Hayya, Yinsafut y Hares (zona de Salfit y Qalqilya), Qawawis, Imnezeil, Um al-Kheir y otros pueblos próximos (zona sur de los montes de Hebrón) y Sawahreh, Nu’man y Walajeh (zona de Belén y Jerusalén Oriental). Otros miles de palestinos corren el peligro de que derriben sus casas o de que los desalojen por la fuerza sin avisarlos con la suficiente antelación, sin el debido proceso legal (incluida la oportunidad de impugnar la orden de desalojo o derribo) y sin indemnizaciones ni garantías de un alojamiento alternativo adecuado.



Casas y vidas destrozadas


Cuando llegamos al pueblo de Funduq, en la zona de Salfit, eran evidentes ya las señales del derribo de la primera casa. Sobre un montón de escombros una familia permanecía en silencio y conmocionada. Acababa de empezar el derribo de la segunda casa: unas excavadoras Caterpillar y Volvo arremetieron contra el último piso de la casa casi terminada. Los miembros de la familia, dos de los cuales permanecieron esposados durante toda la operación de demolición, se mostraban impotentes ante esta situación. En apenas una hora, el ejército israelí hizo desaparecer el resultado de años de trabajo y ahorro.

Sin tomarse un minuto de descanso, las excavadoras y los soldados se dirigieron al lugar de la tercera demolición: una estructura agrícola. Era evidente que se había invertido dinero en ella y que muchas bocas dependían de los ingresos que produjera.

La cuarta demolición tuvo lugar en el vecino pueblo de Hayya. Los documentos con los que la familia esperaba evitar la demolición los tenía su abogado […] Llamamos a todas las personas que podían retrasar el derribo. Pero sucedió lo que cabía imaginar. Los soldados no estaban dispuestos a esperar la llegada de los documentos y se inició la demolición. Se necesitaron dos horas para arrasar aquel edificio de varios pisos […]

La mañana del día siguiente, 23 de noviembre, se estaban llevando a cabo más derribos de viviendas en el pueblo de Qarawat Bani Hassan. Llegamos enseguida, pero los soldados y las excavadores ya se habían marchado, dejando a su paso otra estela de destrucción: una familia entera, incluidos siete menores de entre tres y catorce años, se había quedado sin casa. Después de haber tardado tres años en construirla y de haber invertido en ella los ahorros de muchos años, la familia se había mudado por fin sólo dos meses antes [...]

La mañana del 23 de noviembre se derribaron también un garaje y una estación de lavado de automóviles en Kifl Hares. El negocio, regentado por tres familias, llevaba funcionado seis años. Los propietarios afirmaron que no les habían avisado con antelación.

Extractos del testimonio de una componente del grupo internacional de mujeres International Women Peace Service.International Women Peace Service (IWPS), en www.iwps-pal.org/en/article/php?id=993.



Israel prohíbe a los palestinos construir fuera de las zonas ya edificadas basándose en unas leyes jordanas arcaicas, que son totalmente incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y las normas internacionales de derechos humanos y que no se ajustan ya de manera evidente a las actuales necesidades de la población palestina en materia de vivienda. Según estas leyes, el territorio palestino declarado por las autoridades israelíes "zona verde" sólo puede utilizarse con fines agrícolas.

Sin embargo, las autoridades israelíes no han aplicado nunca estas leyes a los asentamientos israelíes, que se encuentran prácticamente en su totalidad en zonas verdes confiscadas a palestinos contraviniendo el derecho internacional. Mientras todas las semanas se siguen derribando viviendas en los pueblos palestinos, los asentamientos israelíes ilegales continúan expandiéndose por los montes y los campos de toda Cisjordania.

En el sitio web de Itamar, pequeño asentamiento israelí situado unos cinco kilómetros al sudeste de Nablús, en el corazón de Cisjordania, se proclama:

Itamar divisa desde sus colinas los miles de dunums por los que se extenderá en el futuro.(30)

En un sitio web de anuncios de inmuebles en asentamientos israelíes de Cisjordania se menciona el asentamiento de Chashmonaim, situado al oeste de Ramallah, diciendo de él en tono jactancioso:

Todavía se puede construir mucho en Chashmonaim. Se están edificando casas adosadas en parcelas de 300 metros cuadrados y viviendas unifamiliares en parcelas de 600. A la hora de adoptar decisiones sobre diseño y construcción, el único límite es el cielo.(31)




7. IMPUNIDAD DE LOS COLONOS

Los palestinos acusados de ataques contra colonos israelíes son juzgados por tribunales militares israelíes, que les imponen penas muy duras. En algunos casos son víctima de homicidio a manos de las fuerzas israelíes. En cambio, no se enjuicia casi nunca a los colonos israelíes que atacan a palestinos y que destruyen sus propiedades, y en las pocas ocasiones en las que se les persigue judicialmente se les imponen penas que no están en consonancia con la gravedad del delito.(32)



En agosto de 2005, en uno de los pocos casos que terminó en los tribunales, el colono israelí Yehoshua Elitzur fue declarado culpable del homicidio de Sayel Jabara, palestino de 46 años, en septiembre de 2004. Aunque los testigos coincidieron en que Yehoshura Elitzur portaba un fusil de asalto M-16 y que, sin razón aparente, había matado a tiros de forma deliberada a Sayel Jabara, que iba desarmado, el tribunal argumentó que no había pruebas de que tuviera la intención de matarlo y lo declaró culpable de homicidio sin premeditación en lugar de asesinato. Yehoshua Elitzur, que se encontraba en libertad bajo fianza desde su detención, no compareció ante el tribunal el día que se dictó la sentencia. No se tiene noticia de que lo hayan detenido de nuevo ni de que haya cumplido ninguna pena.



El 26 de junio de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Israel ordenó que el ejército y la policía israelíes protegieran a los agricultores palestinos y los bienes palestinos de las agresiones perpetradas por colonos israelíes en Cisjordania y que se adoptaran medidas para acabar con estas agresiones. La resolución fue consecuencia de una petición presentada por dos organizaciones israelíes de derechos humanos, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel y Rabinos por los Derechos Humanos, en la que se denunciaba que las fuerzas de seguridad israelíes habían incumplido de forma sistemática su obligación de hacer respetar la ley en casos de agresiones de colonos israelíes contra palestinos y bienes palestinos registrados en cinco localidades de Cisjordania.

El Tribunal hizo notar que la práctica del ejército israelí de impedir el acceso a tierras palestinas a sus propietarios para protegerlos de los colonos israelíes suponía recompensar a los colonos por sus agresiones. El Tribunal se mostró de acuerdo con la afirmación de los peticionarios de que se había negado de forma ilegítima a los agricultores palestinos el acceso a sus tierras situadas cerca de asentamientos israelíes y de "puestos de avanzada" no autorizados.

Esta resolución supuso un claro mensaje para el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes, que han tolerado en general la violencia de los colonos y en ocasiones han sido cómplices de ella. A pesar de este hecho, los militares israelíes desplegados sobre el terreno han seguido haciendo caso omiso de las órdenes del Tribunal Superior en muchos casos.



"Lo que el ejército decide es ley": Falta de protección de los agricultores palestinos

El 3 de octubre de 2006, el ejército israelí impidió a una familia palestina, a la que acompañaban activistas internacionales de derechos humanos, cosechar sus aceitunas cerca del asentamiento israelí de Braha, al suroeste de Nablús. Después de numerosas llamadas telefónicas de activistas internacionales e israelíes, el ejército permitió por fin a los agricultores cosechar sus aceitunas.

En el cercano pueblo de Kufr Qalil, agricultores palestinos, acompañados de activistas de israelíes e internacionales derechos humanos, llevaban varios días cosechando sus aceitunas. El 7 de octubre, sin embargo, soldados israelíes obligaron a una familia palestina a interrumpir la recolección al mediodía. Los activistas de derechos humanos señalaron a Amnistía Internacional que, sobre las doce y media del mediodía, unos soldados habían llegado en un vehículo Hummer del ejército israelí y que se habían dirigido al agricultor con malos modos. Le dijeron que, según la ley, tenía que haberse ido a las doce del mediodía. Ordenaron a la familia que se marchara de inmediato. Cuando una mujer que formaba parte del grupo de activistas internacionales argumentó que la decisión del Tribunal Superior concedía a los agricultores el derecho a trabajar en sus propias tierras sin ninguna restricción, los soldados le dijeron que les traía sin cuidado y que las doce del mediodía era la hora límite que el "ejército había decidido, así que ésa era la ley".

La activista se puso en contacto con la organización Rabinos por los Derechos Humanos, la cual habló con la Oficina de Coordinación de Distrito, organismo del ejército israelí en los Territorios Palestinos Ocupados. La oficina confirmó que los agricultores tenían derecho a seguir trabajando y prometió que se pondría en contacto con los soldados. Sin embargo, éstos continuaron amenazando al agricultor y aseguraron que era la Oficina de Coordinación de Distrito la que había dicho que los agricultores tenían que irse al mediodía. La familia acabó marchándose, pues temía que si se enfrentaba a los militares iba a tener más dificultades para seguir cosechando sus aceitunas a la mañana siguiente. Al día siguiente continuaron recolectando sin ninguna interrupción.IWPS, en www.iwps-pal.org/en/article/php?id=976

Cuando, durante la recolección de la aceituna, se ha enviado a soldados israelíes a patrullar por tierras palestinas situadas cerca de asentamientos israelíes para evitar las agresiones de colonos, la protección se ha circunscrito a zonas pequeñas y se ha llevado a cabo sólo durante algunos días al año.(33) Este tipo de acciones es consecuencia de las presiones ejercidas sobre el ejército por grupos israelíes de derechos humanos. Gracias al trabajo de estos grupos, se ha conseguido también que activistas internacionales e israelíes de derechos humanos estén presentes en las zonas más vulnerables a los ataques de colonos israelíes –la presencia de los activistas como posibles testigos puede servir como medida disuasoria contra tales ataques.

Estas iniciativas han comportado algunas mejoras. Sin embargo, la presencia de activistas por la paz internacionales e israelíes es limitada, y los colonos israelíes siguen atacando a palestinos y bienes palestinos cuando no hay testigos. Hasta la fecha, el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes no han asignado los recursos adecuados ni han ejercido la diligencia debida para impedir e investigar los ataques de los colonos israelíes y llevar a los responsables ante la justicia.



El 9 de febrero de 2007, colonos israelíes atacaron a Muhammad Shehadah ‘Atiya Salah, a su hermano Salah y a unos menores de poca edad cerca del "puesto de avanzada" de asentamiento de Neve Daniel North, en las proximidades del pueblo de Al Jader, en la zona de Belén. Muhammad Salah dijo a la organización israelí de derechos humanos B’Tselem que los colonos habían arrancado las plantas que él y su hermano acababan de plantar, que les habían arrojado piedras en repetidas ocasiones y que a él le habían dado un puñetazo en la cara. Sus familiares llamaron a una ambulancia e informaron a la policía. Sin embargo, la policía fue al asentamiento en lugar de acudir al lugar de los hechos, donde Muhammad Salah estaba esperando. El ejército israelí detuvo la ambulancia durante 10 minutos cuando se dirigía al hospital. Muhammad Salah acudió después a la comisaría de policía para presentar una denuncia; pero, como no había nadie que supiera árabe, tuvo que presentarla en la comisaría de Qiryat Arba, en Hebrón.(34) No se tiene ningún indicio de que se haya puesto a disposición judicial a los colonos israelíes responsables del ataque.



8. AGRESIONES CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

En los últimos años, defensores internacionales e israelíes de los derechos humanos han acompañado a agricultores palestinos a trabajar sus tierras en zonas próximas a asentamientos israelíes. Han acompañado también a menores palestinos a la escuela en zonas situadas cerca de asentamientos israelíes. En algunos pueblos pequeños y aislados, activistas por la paz internacionales han mantenido una presencia permanente. Entre estos pueblos se encuentran Yanun, al noreste de Nablús, que colonos israelíes atacaron en 2002 obligando a huir a todos sus habitantes, y Tuwani y otros pequeños pueblos situados en la zona sur de los montes de Hebrón. Defensores de derechos humanos han estado presentes también en la ciudad de Hebrón, donde colonos israelíes han atacado en repetidas ocasiones a palestinos dentro de sus hogares.

Los colonos israelíes han reaccionado intensificando su violenta campaña contra los activistas internacionales y, en algunos casos, israelíes de derechos humanos en un intento de poner fin a su presencia y de privar a los lugareños palestinos incluso de esta forma limitada de protección y solidaridad. Los colonos han centrado sus ataques y amenazas en personas que filmaban o fotografiaban sus agresiones y les han robado las cámaras fotográficas y de vídeo.

El 5 de marzo de 2007, un colono israelí agredió en Hebrón a Eric Mohlin, delegado sueco de la misión internacional de observadores Presencia Internacional Temporal en Hebrón, cuando se encontraba en un vehículo de la misión cerca del asentamiento israelí de Beit Hadassah. Un joven colono arrojó una piedra de grandes dimensiones al parabrisas del vehículo, que se detuvo entonces en un control de seguridad israelí cercano. Al parecer, cuando Eric Mohlin se encontraba hablando con un soldado en el control de seguridad, el colono le lanzó otra piedra. Eric Mohlin, que sangraba abundantemente, fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento médico. El director de la Presencia Internacional Temporal en Hebrón afirmó que esta agresión era la última de varias agresiones graves sufridas por los observadores de la misión en esta zona.

Ese mismo día, en Hebrón, jóvenes colonos israelíes escupieron, propinaron patadas y apedrearon al ciudadano canadiense Art Arbour y a la ciudadana británica Janet Benvie, miembros de los Equipos Cristianos de Acción por la Paz (CPT), cuando estaban esperando a que unos soldados israelíes comprobaran sus documentos en un control de seguridad israelí instalado cerca del asentamiento de Beit Hadassah. Una piedra alcanzó a Art Arbour en una oreja, haciéndole sangrar abundantemente. Los dos activistas afirman que cuando preguntaron al soldado israelí por qué no había intervenido, les contestó que ése no era su cometido.



El 18 de noviembre de 2006, colonos israelíes agredieron a Tove Johannsson, defensora de los derechos humanos sueca, de 19 años, cuando acompañaba a unos menores de una escuela palestina que tenían que cruzar un control de seguridad del ejército israelí instalado cerca del asentamiento israelí de Tel Rumeida. Sufrió graves lesiones en el rostro al ser golpeada con una botella rota. Los soldados israelíes del cercano control de seguridad no hicieron nada para detener la agresión ni para aprehender a los responsables.



En septiembre y octubre de 2004, colonos israelíes, encapuchados y armados con piedras, palos de madera y cadenas de metal, agredieron a dos miembros estadounidenses de los Equipos Cristianos de Acción por la Paz, a un miembro italiano de la organización para la paz Operación Paloma y a integrantes de una delegación de Amnistía Internacional cuando acompañaban a unos menores palestinos a una escuela primaria situada cerca del pueblo de Tuwani, en la zona sur de los montes de Hebrón. Las víctimas denunciaron los hechos a la policía israelí, pero hasta la fecha no se tiene noticia de que se haya puesto a nadie a disposición judicial.

En la primera agresión, Kim Lamberti, miembro de los Equipos Cristianos de Acción por la Paz, sufrió contusiones y fractura de brazo y de rodilla, y su colega Chris Brown, la perforación de un pulmón y contusiones múltiples. En la segunda agresión, el miembro de Operación Paloma sufrió la dislocación de una muñeca, lesiones en un riñón y otras contusiones, y una de las personas integrantes de la delegación de Amnistía Internacional, un desgarro muscular en un hombro y contusiones múltiples. Los agresores robaron también una cámara de vídeo al miembro de Operación Paloma, que los había grabado cuando venían del cercano "puesto de avanzada" de asentamiento de Hovat Ma’on y cuando arrojaron piedras a los activistas internacionales de derechos humanos. Los agresores volvieron después al "puesto de avanzada".

Inmediatamente después de las agresiones, el guardia de seguridad del cercano asentamiento de Ma’on, muy conocido en la zona, dijo a los activistas internacionales de derechos humanos que su presencia "perturbaba el equilibrio" en la zona.

Tras la atención internacional suscitada por las agresiones, el ejército israelí aceptó acompañar todos los días a los menores palestinos en su camino de ida y vuelta a la escuela entre Tuwani y los pueblos próximos. Éste es el único lugar donde se aplica una medida de estas características. Sin embargo, el acompañamiento del ejército se limita a los desplazamientos escolares de los menores, y no se han emprendido acciones efectivas para poner fin a las agresiones perpetradas por los colonos israelíes contra otros palestinos y sus bienes en Tuwani y en los pueblos próximos, que han continuado.



9. ECONOMÍA DESTRUIDA Y POBREZA CRECIENTE

Desde febrero de 2006, la inseguridad alimentaria ha afectado a nuevos grupos de población o se ha incrementado en ellos; estos grupos de población han venido a añadirse a los que padecían ya este problema […] Varios factores explican este deterioro de las condiciones económicas, que ha acarreado, entre otras cosas, un aumento de la sensación de inseguridad alimentaria en la población de Cisjordania y la Franja de Gaza. El factor más significativo es el sistema de restricciones impuesto por Israel a la libre circulación de bienes y mano de obra palestinos.

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), febrero de 2007

Con el actual conjunto de medidas restrictivas, la economía palestina seguirá estando en las últimas [...] Las restricciones a la libertad de circulación y el cierre de fronteras seguirán entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades comerciales.

Banco Mundial, febrero de 2007



El conjunto de medidas restrictivas impuestas a los palestinos y a la economía palestina ha agravado las condiciones de vida y trabajo ya frágiles de los palestinos. Esta situación ha acarreado una pobreza y una inseguridad alimentaria cada vez mayores en los Territorios Palestinos Ocupados.

La libertad de circulación de personas y bienes, tanto dentro de las fronteras como hacia el exterior, es un factor esencial de cualquier economía. Tanto organismos de la ONU como otras importantes organizaciones internacionales humanitarias y de desarrollo coinciden en que las restricciones y los bloqueos impuestos por Israel a la circulación de personas y mercancías dentro de los Territorios Palestinos Ocupados y entre éstos y el exterior son la causa primordial del práctico hundimiento de la economía palestina durante los últimos años. Coinciden también en que no existen perspectivas realistas de recuperación económica en los Territorios Palestinos Ocupados mientras siga en vigor el agobiante sistema de controles militares de seguridad, bloqueos, zonas cerradas y carreteras prohibidas.

Hay otros factores que han afectado negativamente a la economía palestina desde la victoria del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en las elecciones celebradas en enero de 2006.(35) Los más importantes han sido la confiscación por Israel de los aranceles aduaneros que recauda, por todos los bienes importados en los Territorios Palestinos Ocupados, en nombre de la Autoridad Palestina – entre 50 y 60 millones de dólares estadounidenses al mes, la mitad del presupuesto del gobierno de la Autoridad Palestina–; las sanciones bancarias impuestas por Israel y Estados Unidos, y el recorte de las ayudas prestadas a la Autoridad Palestina por importantes donantes internacionales. Esta situación ha acarreado que alrededor de 150.00 empleados del sector público no cobraran la totalidad o una parte de sus salarios durante varios meses.(36) No obstante, las estrictas restricciones a la libertad de circulación siguen siendo el principal obstáculo para la actividad económica.

La pobreza y la inseguridad alimentaria están afectando a un número creciente de palestinos. Han aumentado los casos de desnutrición, anemia, raquitismo, deficiencias vitamínicas y otros problemas de salud. Según el PMA y la FAO, casi la mitad de la población de los Territorios Palestinos Ocupados –el 46 por ciento exactamente– se encuentra en el umbral de pobreza (unos ingresos de 2,20 dólares estadounidenses al día) o por debajo de él. Otro 20 por ciento está cerca del umbral de pobreza.(37)

Las clausuras y los toques de queda han dificultado también el mantenimiento de las redes de apoyo familiar. Los menores palestinos no pueden ir a la escuela durante periodos prolongados y algunos han terminado por ponerse a trabajar para complementar los exiguos ingresos familiares.

Aunque la asistencia humanitaria ha impedido que se produjera una situación todavía peor, un creciente número de palestinos se ven obligados ahora a vivir de la caridad. Años de penuria económica han agotado mecanismos de seguridad como los ahorros, la posibilidad de solicitar un préstamo o la venta de bienes prescindibles. Las familias están reduciendo la calidad y la calidad de los alimentos que consumen y venden bienes que son esenciales para su supervivencia. Estas medidas tendrán a largo plazo una repercusión negativa sobre su salud y su capacidad para ser autónomas en el futuro. Por ejemplo, los agricultores a quienes se impide el acceso a sus tierras y los fontaneros que no pueden trabajar se ven obligados a vender sus utensilios de trabajo para sustentar a sus familias. No podrán reanudar su trabajo si no se eliminan o aligeran las restricciones de circulación.

En la Franja de Gaza, donde se desmantelaron asentamientos israelíes en 2005, las clausuras impuestas por las fuerzas israelíes siguen aislando al millón y medio de habitantes de la región de otras zonas de los Territorios Palestinos Ocupados y del resto del mundo durante periodos muy prolongados. A pesar de que el ejército israelí reubicó sus tropas en 2005, sigue manteniendo el control efectivo de la Franja de Gaza. Todos los puntos de entrada y salida de personas y bienes de la Franja de Gaza, así como su espacio aéreo y sus aguas territoriales, continúan bajo el control de las fuerzas israelíes. En los últimos meses, el ejército ha mantenido cerrado casi siempre el paso peatonal de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, única vía de salida de los habitantes de esta región al exterior. Las autoridades israelíes sólo permiten el intercambio de mercancías entre la Franja de Gaza y el exterior a través de Israel, concretamente a través del paso de Karni, que se encuentra cerrado con frecuencia o no funciona a pleno rendimiento durante el resto del tiempo. Israel no permite que la Franja de Gaza disponga de puerto ni de aeropuerto. Este bloqueo de la Franja de Gaza ha acarreado un aumento de la pobreza y la inactividad económica.

Aunque Israel suprimiera de inmediato los controles de seguridad, los bloqueos y la valla/muro y devolviera a los palestinos la libertad de circulación en los Territorios Palestinos Ocupados, requeriría mucho tiempo y considerables recursos paliar los perjuicios producidos en los últimos seis años y medio. Sin embargo, esta perspectiva parece muy lejana, ya que Israel sigue aplicando a un ritmo acelerado la política de dividir los Territorios Palestinos Ocupados en zonas inviables y aisladas entre sí. En los campos de cultivo palestinos de la Cisjordania ocupada se continúan construyendo asentamientos israelíes, vallas, muros y carreteras destinadas a los colonos israelíes, rodeados siempre de "zonas tapón" y zonas militares cerradas, situadas también en territorio palestino.



10. VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL

En los Territorios Palestinos Ocupados son aplicables dos marcos jurídicos complementarios: el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. A continuación se ponen de relieve aspectos de ambos.


Derecho internacional humanitario

La conducta de Israel como potencia ocupante de los Territorios Palestinos Ocupados debe cumplir las disposiciones de los instrumentos del derecho internacional humanitario aplicables a una ocupación beligerante, incluidos:

- el Convenio de La Haya relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (H. IV) y su Anexo: Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, de 18 de octubre de 1907 (en adelante, Reglamento de La Haya);

- el Convenio IV de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra, de 12 de agosto de 1949 (en adelante, Convenio IV de Ginebra);(38)

- las normas del derecho consuetudinario internacional, incluido el artículo 75 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, de 1977 (Protocolo I).

La idea fundamental de las normas internacionales que gobiernan una ocupación beligerante es que la ocupación es transitoria, es decir, durante un periodo limitado. Uno de los objetivos básicos de las normas es permitir a los habitantes del territorio ocupado llevar una vida lo más "normal" posible.

Según el derecho internacional, como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población palestina en los Territorios Palestinos ocupados y tratarla con humanidad en todo momento.

Las medidas de control o seguridad deben ser las que "sean necesarias a causa de la guerra" (artículo 27 del Convenio IV de Ginebra). Sin embargo, "los reglamentos relativos a la ocupación [...] se basan en la idea de que la libertad personal de los civiles no se debe ver afectada en general. [...] Lo que es esencial es que las medidas de restricción que adopten no deben afectar a los derechos fundamentales de las personas correspondientes […] esos derechos deben respetarse incluso cuando las medidas de restricción estén justificadas" (Comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el artículo 27 del Convenio IV de Ginebra).

Ilegalidad de los asentamientos y de la valla/muro

Los asentimientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales con arreglo al derecho internacional, sobre todo en virtud del artículo 49 del Convenio IV de Ginebra, en el que se afirma de forma categórica: "La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado".

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que incluye la enumeración más exhaustiva y actual de los crímenes de guerra aceptada por la comunidad internacional, contempla entre los crímenes de guerra que son competencia de la Corte el "traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa [...] cuando [se lleve a cabo] como parte de un plan o política o como parte de la comisión a gran escala de tales crímenes".(39)

Desde hace mucho tiempo, la comunidad internacional reconoce la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados. La Resolución 465 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 1 de marzo de 1980, exhortaba a Israel a que "[desmantele] los asentamientos existentes y, en especial, a que [ponga] fin urgentemente al establecimiento, la construcción y la planificación de asentamientos en los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén". La Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva sobre la valla/muro (véase más atrás), coincidió en que los asentamientos "se han establecido en contravención del derecho internacional".


Durante casi cuatro decenios, Israel ha violado en repetidas ocasiones el derecho internacional al construir y ampliar de manera continuada asentamientos e infraestructuras conexas en los Territorios Ocupados, en especial la amplia red de carreteras de "circunvalación" destinadas a los colonos israelíes.

No se pueden invocar las excepciones por motivos de seguridad recogidas en el Convenio IV de Ginebra para justificar medidas que benefician a los asentamientos ilegales israelíes en detrimento de la población palestina sometida a ocupación. Una de estas medidas es la construcción del 80 por ciento de los 700 kilómetros de valla/muro dentrode la Cisjordania ocupada.

La necesidad legítima de las autoridades israelíes de asegurar las fronteras de Israel e impedir el acceso de personas que puedan constituir una amenaza contra su seguridad no incluye el derecho de construir dicha valla/muro dentro de Cisjordania, ya que esta estructura se puede erigir en territorio israelí a lo largo de la Línea Verde.

El trazado de la valla/muro dentro de Cisjordania con el fin de beneficiar a los asentamientos ilegales israelíes, que ha acarreado la apropiación de bienes palestinos, destrucciones ilegales y otras graves violaciones de los derechos de la población palestina, no es una medida proporcionada ni necesaria. La valla/muro, en su actual configuración, viola las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario.

El artículo 55 del Reglamento de la Haya prohíbe al Estado ocupante cambiar el carácter y la naturaleza de los bienes públicos, excepto por necesidades de seguridad o en beneficio de la población local. Los asentamientos israelíes, las carreteras destinadas a los colonos israelíes y la valla/muro erigida en torno a los asentamientos dentrode Cisjordania no cumplen los criterios aplicables para estas dos excepciones. Benefician a los colonos israelíes que residen de forma ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados en detrimento de la población palestina.

Destrucción de bienes y casas

Como potencia ocupante, Israel no puede destruir los bienes de la población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, salvo que sea necesario desde un punto de vista militar. El artículo 53 del Convenio IV de Ginebra estipula:

Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas.

Según el artículo 147 del Convenio IV de Ginebra, "la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario" son una violación grave y, por tanto, un crimen de guerra.

Entre los objetivos militares legítimos no se encuentrala construcción de una valla/muro en los Territorios Palestinos Ocupados ni otras medidas encaminadas a facilitar la expansión y consolidación de asentamientos ilegales israelíes.

Castigos colectivos

El sistema de clausuras, las consecuencias de la construcción de la valla/muro y otras restricciones a la libertad de circulación equivalen a castigos colectivos contra toda la población palestina de Cisjordania.

El Convenio IV de Ginebra prohíbe de forma específica los castigos colectivos. En su artículo 33 se estipula:

No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo.

Como se explica en el comentario autorizado del Comité Internacional de la Cruz Roja:

Este párrafo, por tanto, establece la prohibición de los castigos colectivos [...] castigos de cualquier tipo infligidos a personas o grupos enteros de personas, a despecho de los principios humanitarios más elementales, por actos que estas personas no han cometido.(40)



Derecho internacional de los derechos humanos

El derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado, impone también a Israel obligaciones respecto a los Territorios Palestinos Ocupados. Algunos de los tratados que más relación guardan con los motivos de preocupación abordados en este informe son:

- el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC);

- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP);

- la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

- la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y

- la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

Discriminación

La prohibición de la discriminación basada en la raza, el color o el origen nacional o étnico es un principio fundamental del derecho de los derechos humanos, consagrado en el derecho consuetudinario internacional y en los tratados que Israel se ha comprometido a respetar. (41) Sin embargo, la discriminación es inseparable de las cuestiones analizadas en este informe, es decir, los asentamientos israelíes y la valla/muro en la Cisjordania ocupada y las estrictas restricciones impuestas a la circulación de los palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados:

- Los asentamientos israelíesde los Territorios Palestinos Ocupados y las grandes extensiones de tierra que los rodean son sólo para judíos. Los palestinos no tienen acceso a ellos y sufren privaciones por su causa. No pueden construir en estas tierras, cultivarlasni utilizarlas para otros fines.

- Las infraestructuras asociadas a los asentamientossituados en Cisjordania tienen como fin beneficiar a los colonos israelíes y este objetivo se consigue en detrimento de la población palestina. Las carreteras de "circunvalación"que unen los asentamientos entre sí y con Israel están concebidas para evitar los núcleos de población palestinos, no para beneficiarlos.

- Las restricciones a la circulaciónde los palestinos en Cisjordania tienen como fin impedirles el acceso a los asentamientos israelíes o a las carreteras utilizadas por los colonos israelíes. Las restricciones se imponen a todos los palestinos –por el hecho de ser palestinos– y no a personas concretas de las que quepa sospechar de una forma razonable que suponen una amenaza para la seguridad. Cuando colonos israelíes han atacado a palestinos o cuando ha existido el riesgo de que lo hicieran, las fuerzas israelíes han reaccionado de forma sistemática imponiendo a los palestinos restricciones a la circulación o toques de queda, no a los colonos israelíes que suponían una amenaza de violencia.

- La aplicación de leyes diferentes: los colonos israelíes que viven en los Territorios Palestinos Ocupados se rigen por el Código Civil israelí, mientras los palestinos están sujetos a leyes militares más restrictivas y menos protectoras.

Libertad de circulación

La libertad de circulación está garantizada en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual estipula:

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Las restricciones de este derecho impuestas para proteger a la población o la seguridad nacional son permisibles, pero deben ser necesarias y proporcionadas, estar establecidas legalmente y ser compatibles con el respeto a otros derechos humanos garantizados internacionalmente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha aclarado a este respecto:

La aplicación de las restricciones permisibles en virtud del párrafo 3 del artículo 12 debe ser compatible con otros derechos consagrados en el Pacto y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación […]

Las limitaciones permisibles que pueden imponerse a los derechos protegidos en virtud del artículo 12 no deben anular el principio de la libertad de circulación […]

La aplicación de restricciones en cualquier caso particular debe tener un fundamento jurídico claro y cumplir con el criterio de ser necesarias y con el requisito de proporcionalidad. No se cumplirían esas condiciones, por ejemplo, […] si se impidiera a una persona desplazarse por el interior sin un permiso especial.(42)

El sistema de estrictas restricciones que Israel impone desde hace años a más de los dos millones de palestinos que viven en Cisjordania viola su libertad de circulación. Estas restricciones son desproporcionadas y discriminatorias: se imponen a todos los palestinos por el hecho deser palestinos y con el fin de beneficiar a los colonos judíos, cuya presencia en la Cisjordania ocupada constituye una violación del derecho internacional. Las restricciones no se aplican a personas concretas consideradas una amenaza. Se aplican de forma amplia e indiscriminada y, por ello, son ilegales. Además, repercuten gravemente en la vida de millones de palestinos que no han cometido ningún delito.

Repercusión sobre los derechos económicos, sociales y culturales

La valla/muro se ha trazado con la finalidad de garantizar la contigüidad territorial entre los asentamientos israelíes e Israel y rodear grandes extensiones de territorio palestino para la futura expansión de los asentamientos. La confiscación y apropiación de tierras y de recursos hídricos y de otra índole en beneficio de los asentamientos israelíes han tenido un impacto devastador sobre los derechos económicos, sociales y culturales de la población palestina local. Por ejemplo, los colonos israelíes pueden utilizar agua de Cisjordania en una cantidad cinco veces superior a la de los palestinos. Esta asignación discriminatoria priva a la población palestina de este recurso vital y escaso y socava su derecho al agua.(43)

Entre los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados internacionales sobre derechos humanos se encuentra el derecho al trabajo, a un nivel de salud lo más alto posible, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a una vivienda apropiada, a comida y agua y al disfrute de una vida familiar.

Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Israel tiene la obligación de adoptar medidas, "hasta el máximo de los recursos de que disponga", para lograr de forma progresiva que todas las personas bajo su jurisdicción disfruten plenamente de los derechos reconocidos en el Pacto sin ninguna discriminación. Tiene también la obligación de garantizar que no se produzca un retroceso en el ejercicio de estos derechos sin una justificación de peso. Asimismo, tiene el deber de adoptar medidas encaminadas a garantizar de manera progresiva la plena efectividad de estos derechos y abstenerse de emprender acciones que los violen.

El empeoramiento de la situación económica de la población palestina en los Territorios Palestinos Ocupados, con una pobreza y una inseguridad alimentaria cada vez mayores y un descenso del nivel de vida, no se debe a causas naturales ni a la carencia de inversiones o recursos públicos, sino, en gran medida, a las medidas adoptadas por las autoridades israelíes –como la creación de asentamientos, la construcción de la valla/muro y las restricciones impuestas a la circulación de los palestinos–, que han consumido considerables recursos económicos y humanos. El suministro de ayuda benéfica e internacional a los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados no exime a Israel de la obligación de concederles la libertad necesaria para procurarse por sí mismos su sustento y el de sus familias con dignidad.

En virtud del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Israel tiene la obligación de adoptar medidas para salvaguardar el derecho de los palestinos al trabajo, el cual comprende "el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado". Sin embargo, las medidas adoptadas por Israel para entorpecer o impedir la circulación de los palestinos han frustrado los esfuerzos de la población palestina por ejercer su derecho al trabajo y han ocasionado un elevado índice de desempleo en los Territorios Palestinos Ocupados.

El derecho al trabajo es fundamental para que se puedan hacer realidad otros derechos, como el derecho a un nivel de vida adecuado. En virtud del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". Los Estados deben abstenerse de impedir el acceso a los recursos necesarios para hacer realidad este derecho, como, por ejemplo, las actividades generadoras de ingresos que permiten a una persona mantener un nivel de vida adecuado.(44)

Las restricciones a la circulación impuestas por Israel a los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados han supuesto un enorme obstáculo para que puedan ejercer el derecho a la vida familiar (artículo 10 del PIDESC), a la educación (artículos 13 y 14) y al nivel de salud más alto posible (artículo 12).


Desalojos forzosos y derribos de casas: Los desalojos forzosos se han definido como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos".(45) La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido que constituyen una violación de varios derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada.(46)

Las fuerzas israelíes han derribado centenares de casas y propiedades palestinas en Cisjordania, alegando que se habían construido sin autorización. Las autoridades israelíes recurrieron a antiguas leyes otomanas y jordanas anteriores a la ocupación israelí de Cisjordania para declarar que las tierras no cultivadas ni inscritas oficialmente –alrededor del 60 por ciento de las tierras de Cisjordania– eran tierras del Estado.(47) A continuación, las autoridades utilizaron un procedimiento administrativo discriminatorio para prohibir construir a los palestinos, mientras permitían a los colonos israelíes construir y ampliar casas y edificios comerciales en Cisjordania violando el derecho internacional. El desalojo de palestinos de sus viviendas y de las tierras que ocupaban o que eran de su propiedad se ha llevado a cabo sin consultarles ni avisarles con suficiente antelación, sin el debido proceso legal y sin garantías de tierras ni alojamientos alternativos adecuados. Ha constituido, por tanto, una flagrante violación de derechos humanos.



11. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el impacto devastador sobre los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados de la política israelí de clausuras, bloqueos y construcción de la valla/muro y el flagrante desprecio de Israel por el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones:



Al gobierno israelí:

- Poner fin al sistema de clausuras en su forma actual y a otras modalidades de restricción de la libertad de circulación de personas y mercancías, que comportan un castigo colectivo. Sólo se pueden imponer restricciones si son necesarias para neutralizar amenazas contra la seguridad, si no son discriminatorias ni desproporcionadas desde el punto de vista de su repercusión y duración y si se imponen a personas concretas, no a comunidades enteras.

- Interrumpir la construcción de la valla/muro dentro de Cisjordania, incluido Jerusalén oriental, que comporta restricciones ilegales al derecho de libre circulación de los palestinos y la confiscación o destrucción arbitrarias de sus casas y propiedades y que socava otros derechos, incluido el derecho a una vivienda adecuada, al trabajo, a un nivel de vida satisfactorio y al respeto a la vida familiar. Se deben derribar los tramos ya construidos de la valla/muro que violen estos derechos. Israel sólo tiene derecho a construir una barrera entre Israel y Cisjordania.

- Poner fin de inmediato a la construcción o ampliación de asentamientos israelíes y de infraestructuras conexas en los Territorios Palestinos Ocupados como primera medida encaminada a trasladar a los civiles israelíes que viven en estos asentamientos.

- Poner fin de inmediato a la destrucción de casas, tierras y otras propiedades cuando, como dispone el derecho internacional humanitario, no sea absolutamente imprescindible desde un punto de vista militar. Se deben facilitar reparaciones a toda persona cuyas propiedades hayan sido destruidas ilegalmente sin habérselo notificado previamente de una manera adecuada y sin haberle dado una oportunidad efectiva de impugnar la decisión ante un tribunal judicial, y permitírsele, cuando sea posible, reconstruir sus propiedades en el mismo lugar.

- Anular todas las órdenes de derribo de casas edificadas sin licencia en los Territorios Palestinos Ocupados. Se deben retirar a las autoridades israelíes las competencias en materia de políticas y normas de urbanismo y construcción en los Territorios Palestinos Ocupados y transferirlas en exclusiva a las comunidades palestinas locales. Se debe proporcionar resarcimiento efectivo a todas las personas cuyas propiedades hayan sido destruidas infringiendo el derecho internacional. Israel debe garantizar reparaciones a las personas cuyas casas hayan sido derribadas de manera ilegal.

- Garantizar que las fuerzas israelíes protejan a los civiles palestinos y los bienes palestinos contra los actos de violencia de los colonos israelíes, ordenándoles que detengan a los colonos israelíes que ataquen a palestinos o destruyan sus bienes, llevando a cabo investigaciones rápidas, detalladas y exhaustivas de las denuncias que reciban sobre actos de violencia perpetrados por colonos y desplegando patrullas para proteger a los escolares palestinos y a otros civiles en las zonas donde exista el peligro de que se produzcan tales actos.

- Garantizar investigaciones satisfactorias de las presuntas violaciones cometidas por las fuerzas israelíes y someter a juicios justos a todos los responsables.



A los grupos armados palestinos:

- Poner fin a los ataques contra civiles y demás abusos contra el derecho internacional humanitario, tanto en los Territorios Palestinos Ocupados como en Israel.



A la Autoridad Palestina:

- Adoptar medidas efectivas para impedir los ataques de los grupos armados palestinos contra civiles israelíes y poner a los responsables a disposición judicial.



A la comunidad internacional:

- Desplegar un mecanismo internacional efectivo de seguimiento de los derechos humanos, tanto en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados, con el fin de vigilar el cumplimento por ambas partes de sus respectivas obligaciones según el derecho internacional, informar públicamente y recomendar las medidas correctoras que habrán de adoptar ambos bandos, otros países u organizaciones internacionales.

- Garantizar la rendición de cuentas de ambas partes, con arreglo a sus obligaciones según el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Investigar a los responsables de crímenes de guerra o de otros delitos comprendidos en el derecho internacional y, cuando sea posible, perseguirlos judicialmente mediante el ejercicio de la jurisdicción universal.

- Garantizar que todo proceso de paz incluya disposiciones concretas para abordar las cuestiones fundamentales de derechos humanos que se encuentran en la raíz del conflicto, como el desmantelamiento de los asentamientos israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados, el derribo de la valla/muro en el interior de Cisjordania, la eliminación de las clausuras, el fin de la impunidad por graves violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos y, a un plazo más largo, la búsqueda de una solución justa del problema de los refugiados.

- Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra deben cumplir la obligación recogida en el artículo 1 del Convenio IV de Ginebra de "respetar y hacer respetar" este Convenio, lo que incluye perseguir judicialmente las infracciones graves contempladas en el artículo 147.

- Garantizar que Israel, como potencia ocupante, cumpla la obligación de asegurar la protección y el bienestar de la población palestina, así como de abstenerse de imponer sanciones que menoscaben el suministro de ayuda humanitaria a dicha población. La comunidad internacional y los Estados donantes que facilitan ayuda humanitaria a la Autoridad Palestina, en especial Estados Unidos y los países de la Unión Europea, deben adoptar medidas inmediatas para minimizar el impacto negativo que ha tenido sobre los derechos humanos la suspensión del suministro de fondos. Deben procurar que la ayuda de emergencia –esencial para la realización de los derechos humanos fundamentales– no se utilice nunca como instrumento de negociación para el logro de objetivos políticos.



EL TRABAJO DE AMNISTÍA INTERNCIONAL EN ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

En los últimos años, delegaciones de Amnistía Internacional han visitado con frecuencia Israel y los Territorios Palestinos Ocupados para llevar a cabo trabajos de investigación sobre el terreno y analizar con las autoridades israelíes y palestinas los motivos de preocupación de la organización. Se han entrevistado con palestinos, israelíes y representantes internacionales con trayectorias profesionales muy diversas, que han vivido o trabajado en los Territorios Palestinos Ocupados y que en su vida y trabajo se han visto afectados por el sistema de clausuras, controles de seguridad, bloqueos y restricciones impuesto por Israel a la libertad de circulación en los Territorios Palestinos Ocupados.

En Cisjordania y la Franja de Gaza, las delegaciones de Amnistía Internacional han visto con frecuencia cómo se sometía a palestinos a abusos contra los derechos humanos y a hostigamiento, y cómo los soldados israelíes los retenían o les impedían el paso en los controles de seguridad. Ellas mismas han sufrido con frecuencia largas demoras en sus desplazamientos por los Territorios Palestinos Ocupados y, a veces, incluso hostigamiento y amenazas de soldados israelíes. En una ocasión, representantes de la organización fueron agredidos por colonos israelíes.

Desde hace años, Amnistía Internacional viene publicando numerosos informes y declaraciones sobre diferentes aspectos de la situación de los derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Estos documentos se han ocupado de los abusos perpetrados por los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, los grupos armados palestinos y la Autoridad Palestina. Se encuentran en http://web.amnesty.org/library/eslindexy entre ellos figuran los que se relacionan a continuación:

Israel y los territorios ocupados: Uso excesivo de medios letales(MDE 15/041/2000)

Israel y los Territorios Ocupados: Detenciones en masa y brutalidad policial(MDE 15/058/2000)

State assassinations and other unlawful killings (MDE 15/005/2001)

Broken lives – a year of intifada(MDE 15/083/2001)

Sin distinción: Los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados palestinos(MDE 02/003/2002).

Matar el futuro: Niños en la línea de fuego(MDE 02/005/2002)

El alto precio de las incursiones israelíes(MDE 15/042/2002)

Reclusión masiva de detenidos en condiciones crueles, inhumanas y degradantes(MDE 15/074/2002)

Shielded from scrutiny – IDF violations in Jenin and Nablus(MDE 15/143/2002)

Sobrevivir asediados: Los efectos de las restricciones a la libertad de circulación(MDE 15/001/2003)

Israel debe poner fin a su política de asesinatos(MDE 15/056/2003).

La cuestión de los asentamientos debe abordarse de acuerdo con el derecho internacional(MDE 15/085/2003).

La valla/muro y el derecho internacional(MDE 15/016/2004)

Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes(MDE 15/033/2004)

Familias desgarradas por políticas discriminatorias(MDE 15/063/2004)

Los colonos israelíes emprenden una campaña de intimidación contra palestinos y extranjeros porigual (MDE 15/099/2004)

Conflicto, ocupación y patriarcado:La carga que soportan las mujeres(MDE 15/016/2005)

Información para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial(MDE 15/002/2006)

Un camino a ninguna parte(MDE 15/093/2006)********



(1) En 2006, las fuerzas israelíes mataron a unos 650 palestinos, en su mayoría desarmados, entre ellos unos 130 menores, mientras que los grupos armados palestinos mataron a 23 israelíes, 17 de ellos civiles, incluido un menor.



(2) Véase, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional: Sin distinción: Los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados palestinos (MDE 02/003/2002).



(3) La construcción de la valla/muro se aprobó en junio de 2002 y empezó ese mismo año. Desde entonces, se ha modificado varias veces su trazado.



(4) Ministerio de Defensa israelí, 31 de julio de 2003. Resumen de noticias: http://www.seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/news.htm.



(5) Israel’s Security Fence: Purpose: http://www.seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/purpose.htm.



(6) Si desean ver un mapa y más datos sobre las consecuencias de esta valla/muro, consulten, por ejemplo: http://www.ochaopt.org/?module=displaysection&section_id=130&format=html.



(7) Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, basados en el trazado revisado de abril de 2006.



(8) 1 hectárea = 10.000 metros cuadrados.



(9) Véase: http://www.haaretz.com/hasen/spages/804999.html.



(10) Ya en julio de 2001, el Comité Ministerial de Seguridad Nacional aprobó planes diseñados por el Consejo Nacional de Seguridad israelí para la construcción de una valla/muro en partes de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, sin especificar su emplazamiento exacto. El gabinete israelí aprobó el plan definitivo el 23 de junio de 2002 (decisión 2077 del gobierno).



(11) Artículo 53 del IV Convenio de Ginebra.



(12) Véase la lista de infracciones graves del IV Convenio de Ginebra, artículo 147.



(13) Observación general Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.



(14) Por espacio de tres decenios, desde que los palestinos empezaron a elevar peticiones al Tribunal Supremo, éste se ha negado sistemáticamente a emitir un fallo con respecto a la violación del derecho internacional que constituyen los asentamientos israelíes y sus infraestructuras en los Territorios Palestinos Ocupados, y ha limitado sus decisiones a cuestiones técnicas. En el caso de la valla/muro, ha analizado si el daño causado a la población palestina es "proporcionado" a las "consideraciones de seguridad" alegadas por el ejército israelí.



(15) Amnistía Internacional abordará el impacto de la valla/muro sobre Jerusalén Oriental y alrededores en un informe de próxima publicación.



(16) Véanse otros informes sobre este incidente en: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3220888,00.html



y: http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=687066&contrassID=1&subContrassID=5.



(17) Véanse http://www.jewishjournal.com/home/preview.php?id=11598y http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=415851.



(18) Respuesta del Estado, Sección 17; HCJ 2732/05, Head of the ‘Azzun Local Council et al. v Government of Israel et al, cita de B’Tselem-Bimkom en: http://www.btselem.org/Download/200512_Under_the_Guise_of_Security_Eng.doc.



(19) Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida el 9 de julio de 2004, "Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado" http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf.



(20) Si desean más información sobre este caso, consulten el informe de Amnistía Internacional Israel y los Territorios Ocupados. Conflicto, ocupación y patriarcado: La carga que soportan las mujeres (MDE 15/016/2005).



(21) Report No 34, Implementation of the Agreement on Movement and Access (21 de febrero - 6 de marzo de 2007), informe emitido por la OCAH, 14 de marzo de 2007: http://www.ochaopt.org/documents/AMA_34.pdf.



(22) Summary data tables, OCAH, marzo de 2007: http://www.ochaopt.org/documents/OCHA_oPt_PoC_MonthlyTablesFeb07.pdf.



(23) Ibíd.



(24) Para más información sobre los frecuentes abusos de soldados israelíes contra personas palestinas que se dirigen al sur, desde Yenín hacia Ramallah, véase también B’Tselem: http://www.btselem.org/english/Beating_and_Abuse/20060907_beating_and_abuse_at_Ramin_plain.asp.



(25) A mediados de 2005, se desmantelaron cuatro pequeños asentamientos en el norte de Cisjordania en el marco del "Plan de Desconexión" de Israel, que tenía por objeto el desmantelamiento de los 16 asentamientos israelíes de la Franja de Gaza y el repliegue de las tropas israelíes del interior de la Franja de Gaza. Estos cuatro asentamientos se desmantelaron, fundamentalmente, por su emplazamiento aislado y poco práctico, que limitaba sus posibilidades de crecimiento. La población israelí que vivía en dos de ellos había expresado públicamente su deseo de abandonarlos.



(26) Véase http://www.acri.org.il/english-acri/engine/story.asp?id=364.



(27) Véase http://yesha.homestead.com/buyshomron.html.



(28) El informe completo no se ha hecho público. El resumen se puede encontrar en el sito web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel (http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal+Issues+and+Rulings/Summary+of+Opinion+Concerning+Unauthorized+Outposts+-+Talya+Sason+Adv.htm#background).



(29) "Settlers: We might leave our homes for compensation", Nadav Shragai, Haaretz, 23 de marzo de 2007, en http://www.haaretz.com/hasen/spages/841041.html.



(30) Véase http://www.amana.co.il/Index.asp?ArticleID=185&CategoryID=100.



(31) Véase http://www.jewishuniverse.net/realestate.



(32) Véase también A semblance of law: Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, informe publicado por el grupo de derechos humanos israelí Yesh Din en junio de 2006 (http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=report&lang=en).



(33) En noviembre de 2006, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) contabilizó al menos 14 incidentes en los que colonos israelíes habían hostigado o atacado a palestinos cuando recolectaban aceitunas en Cisjordania. Los asentamientos israelíes involucrados eran los de Itamar, Elon Moreh, Shaout Rahel, Talmon, Yitzhar, Genot Shomron, Bracha y Tel Rumeida. Se dañaron olivos y se robaron útiles de recolección. Las oficinas locales de la OCAH subrayaron la intervención de las autoridades israelíes durante los incidentes. Sin embargo, la OCAH contabilizó seis incidentes en los que el ejército israelí había impedido a los palestinos el acceso a las tierras de labor, incluso en las zonas cerradas situadas entre la valla/muro y la Línea Verde. Véase http://www.ochaopt.org/documents/OCHA_HUProtectAccess_November06.pdf.



(34) Véase http://www.btselem.org/english/Testimonies/20070209_Neve_Daniel_Settlers_attack_farmers.asp.



(35) Hamás formó gobierno en marzo de 2006 después de la derrota de Fatah en las urnas. Fatah había sido el partido gobernante desde la creación de la Autoridad Palestina a mediados de la década de 1990. Los posteriores enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados vinculados con Fatah y Hamás acarrearon la muerte de unas 300 personas, incluidos decenas de civiles. En febrero de 2007, ambos bandos llegaron a un acuerdo para compartir el poder, y en marzo de 2007 se formó un gobierno de unidad nacional con la participación de Fatah, Hamás y otros partidos más pequeños.



(36) La Autoridad Palestina es el mayor proveedor de empleo en los Territorios Palestinos Ocupados: los salarios representan el 95 por ciento del gasto público total. Growth in West Bank and Gaza: Opportunities and Constraints, Informe del Banco Mundial nº. 36320 WBG (volumen 1), septiembre de 2006, en http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/294264-1159361805492/CEMSept25,06.pdf.



(37) Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) West Bank and Gaza Strip; PMA y FAO, febrero de 2007.



(38) Dentro de la comunidad internacional, el gobierno israelí es el único que sostiene que el Convenio IV de Ginebra no es aplicable a los Territorios Palestinos Ocupados.



(39) Artículo 8.2.b.viii del Estatuto de Roma.



(40) ICRC, Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, p. 225, (Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja, 1958).



(41) Según la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, "la expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública" (artículo 1.1).



(42) Observación general nº 27 del Comité de Derechos Humanos, 2 de noviembre de 1999 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9), http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom27.html



(43) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU, reconoció el derecho al agua como un elemento del derecho al disfrute de un nivel de vida aceptable, Observación general nº 15, El derecho al agua, Doc. ONU: E/C.12/2002/11.



(44) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 12 (E/C.12/1999/5).



(45) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 7, El derecho a una vivienda adecuada (artículo 11.1 del Pacto: los desalojos forzosos, párr. 3).



(46) Comisión de Derechos Humanos de la ONU, resolución 1993/77; véase también la interpretación autorizada del artículo 11.1 formulada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 4 (el derecho a una vivienda adecuada) y Observación General nº 7 (desalojos forzosos).



(47) En Cisjordania no se permite a los palestinos arrendar tierras declaradas "tierras del Estado" por Israel ni construir en ellas, pues los "extranjeros" no pueden arrendar estas tierras ni construir en ellas, y se define como extranjeros a todos los miembros de la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados. Se define como extranjero a toda persona que no entra dentro de ninguna de las siguientes categorías: 1) es un ciudadano israelí; 2) es alguien que ha inmigrado (a Israel) con arreglo a la Ley de Regreso (de Israel); 3) es alguien que tiene derecho a la condición de inmigrante en virtud de la ley de Regreso, es decir, un judío por origen o religión; 4) es una empresa controlada por 1), 2) ó 3).





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