Document - Israel/Occupied Palestinian Territories: Urgent steps needed to address UN Committee against Torture’s concerns

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

15 de mayo de 2009


Israel y los Territorios Ocupados: Son necesarias medidas urgentes para resolver los motivos de preocupación del Comité contra la Tortura de la ONU


Las observaciones finales que hoy, 15 de mayo, ha publicado el Comité contra la Tortura de la ONU muestran una preocupante falta de avances en los siete años transcurridos desde que el Comité examinara por última vez el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones como Estado Parte en la Convención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Todas las recomendaciones publicadas por el Comité en noviembre de 2001 y las preocupaciones expresadas entonces continúan vigentes. Además, el Comité ha expresado hoy su preocupación por varias cuestiones más.

Los motivos de preocupación sin resolver que ya se plantearon en aquella ocasión y que el Comité reiteró hoy son la ausencia en la legislación israelí del delito de tortura tal como lo define el artículo 1 de la Convención contra la Tortura; el hecho de que la “necesidad” siga siendo una justificación posible para la tortura; el hecho de que ni una sola de las más de 600 denuncias de malos tratos a manos del Servicio General de Seguridad de Israel (SGS o GSS por sus siglas en hebreo) ha acabado en un procesamiento, ni siquiera en una investigación penal, y la falta de un mecanismo de investigación independiente; la admisibilidad de las pruebas obtenidas probablemente bajo tortura; el uso de la detención administrativa y en régimen de incomunicación y la demolición “punitiva” de viviendas.

Nuevos motivos de preocupación planteados por el Comité:

- La exclusión de los detenidos por motivos de “seguridad” de los requisitos de la Ley de Procedimiento Penal (Interrogatorio de Sospechosos), que exige que se graben en vídeo todas las fases del interrogatorio de un sospechoso. Dado que los detenidos por motivos de “seguridad” son prácticamente en su totalidad palestinos y, en algunos casos, ciudadanos de otros Estados considerados “enemigos”, y que precisamente los detenidos por motivos de “seguridad” son los que corren más peligro de sufrir torturas o malos tratos durante los interrogatorios, en la práctica esta exclusión es discriminatoria y priva de protección a quienes más deberían beneficiarse de la disposición.  

- El hecho de que las leyes israelíes no hayan incorporado el principio de no devolución (non-refoulement), así como la expulsión sumaria de solicitantes de asilo sin el debido proceso.  

- El interrogatorio de menores palestinos detenidos sin estar presente un abogado o un familiar, y su detención en cárceles en el interior de Israel, lo que impide o dificulta las visitas familiares, ya que en algunos casos las autoridades israelíes niegan los permisos de entrada a Israel a sus padres y familiares.

- El impacto del bloqueo israelí de Gaza, especialmente las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y las limitaciones de la libertad de circulación de los habitantes de Gaza.

- La falta de investigaciones sobre las denuncias de tortura y malos tratos de detenidos palestinos a manos de las fuerzas de seguridad que actúan bajo las órdenes de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y de la administración de hecho de Hamás en la Franja de Gaza.

- El uso de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes durante la operación “Plomo Fundido” (entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009) en zonas densamente pobladas de Gaza, y el sufrimiento y la muerte infligidos por estas armas a personas que no podían recibir el tratamiento necesario en los hospitales de Gaza al no conocer los médicos el armamento usado y utilizarse los centros médicos “como cuarteles generales, centros de mando y escondites para los ataques de Hamás”.

Amnistía Internacional comparte los motivos de preocupación del Comité y pide a las autoridades israelíes que tomen medidas inmediatas para aplicar sus recomendaciones. La organización señala que el Comité ha dado el inusual paso de dirigir una recomendación a la Autoridad Nacional Palestina y a la administración de hecho de Hamás en la Franja de Gaza. Aunque desde el punto de vista procedimental el Comité no ha seguido su práctica habitual de embarcarse en la revisión de un informe preparado por las autoridades en cuestión, no obstante ha sugerido la necesidad de encontrar una forma de interactuar con las autoridades palestinas pertinentes.

Al mismo tiempo, a Amnistía Internacional le preocupa que el Comité se equivoque al afirmar que los centros médicos de Gaza se han utilizado como cuarteles generales, centros de mando y escondites para los ataques de Hamás como posible motivo por el cual las víctimas de los ataques con fósforo blanco no pudieran recibir el tratamiento necesario en los hospitales de Gaza. Toda la información que pudo obtener Amnistía Internacional de pacientes y doctores encargados de las unidades de quemados de los hospitales de Gaza durante sus investigaciones sobre el terreno apuntaba a que la razón de que las víctimas no recibieran el tratamiento adecuado fue que ni los médicos ni el personal sabían que las quemaduras habían sido ocasionadas por fósforo blanco, dado que ninguno había tratado quemaduras producidas por esta sustancia y que el ejército y las autoridades israelíes siempre negaron que sus fuerzas hubieran utilizado fósforo blanco en Gaza. Amnistía Internacional no encontró indicios de que ni Hamás ni otros extremistas armados hubieran utilizado de hecho los hospitales como escondite ni para lanzar ataques, y hasta la fecha las autoridades israelíes no han aportado indicios que prueben tales acusaciones. De probarse éstas, tales prácticas de Hamás u otros grupos armados, constituirían una grave violación del derecho internacional humanitario, pero seguirían sin tener nada que ver con la negación de las autoridades israelíes del uso de fósforo blanco, que impidió que los médicos prestaran el tratamiento necesario a las víctimas de ataques con esta sustancia.

Amnistía Internacional ha pedido y continúa pidiendo una investigación internacional independiente e imparcial sobre todas las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos perpetradas por todas las partes, tanto israelíes y como palestinos, y considera fundamental que el Comité sea escrupuloso en sus conclusiones para no perjudicar cualquier investigación que se lleve a cabo.

Información complementaria

El Comité contra la Tortura de la ONU es el órgano de expertos creado por la Convención contra la Tortura de la ONU para examinar el cumplimiento del tratado por parte de los Estados. Lo integran 10 expertos independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado. Los gobiernos deben remitirle informes periódicos y el Comité a su vez formula recomendaciones para favorecer la aplicación del tratado por el Estado Parte.

Amnistía Internacional informó al Comité contra la Tortura de que Israel no aplicaba la Convención en los Territorios Palestinos Ocupados y que se estaban intensificando las medidas que equivalían a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra palestinos con prácticas como la detención administrativa indefinida sin juicio, la detención prolongada en régimen de incomunicación, la demolición de viviendas, las graves restricciones de la libertad de circulación y la negación del tratamiento médico necesario. El informe también se ocupaba de la devolución de solicitantes de asilo y otros migrantes a países donde podían verse expuestos a tortura. Además, se preparó una actualización que se ocupaba de las violaciones perpetradas en Gaza durante los 22 días de la operación militar “Plomo Fundido”. A las sesiones celebradas en Ginebra los días 5 y 6 de junio asistieron delegados de Amnistía Internacional. La organización también facilitó información al Comité contra la Tortura en su periodo de sesiones sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura por parte de Nicaragua.

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