Document - Israel/Occupied Palestinian Territories: Right to family life denied: Foreign spouses of Palestinians barred

Amnistía Internacional, 21 de marzo de 2007

Índice AI: MDE 15/018/2007

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

Negación del derecho a la vida familiar

Prohibida la entrada a los cónyuges extranjeros de los habitantes palestinos


Enaya Samara es ciudadana estadounidense de origen palestino y tiene 56 años. Durante 31 años vivió en Ramallah con su marido, Adel Samara, residente de los Territorios Palestinos Ocupados, y sus dos hijos. Durante tres decenios se vio obligada a salir del país cada tres meses para renovar su visado de turista. Los reiterados intentos de la familia de lograr la unificación familiar y establecer el derecho de Enaya Samara a residir en los Territorios Palestinos Ocupados fueron infructuosos. El 26 de mayo de 2006, después de más de 120 viajes, se le prohibió la entrada a los Territorios Palestinos Ocupados cuando intentaba regresar a casa. No volvió a ver a su familia hasta el 23 de febrero de 2007, después de que el Ministerio del Interior israelí le concediese un visado de tres meses. No sabe si se lo renovarán.

A decenas de miles de extranjeros casados con residentes de los territorios palestinos que Israel ocupa desde 1967 se les prohíbe vivir con sus esposos o esposas por orden de las autoridades israelíes. Prácticamente en todos los demás países del mundo existen procedimientos que permiten convivir a las parejas en las que uno de los cónyuges es de nacionalidad extranjera.


Israel controla las fronteras de los Territorios Palestinos Ocupados y prohíbe la entrada a los cónyuges de nacionalidad extranjera de sus residentes. Los esposos y esposas a quienes se niega la entrada no pretenden acceder a Israel, sino simplemente entrar en los Territorios Palestinos Ocupados para residir con su cónyuge en Cisjordania o en la Franja de Gaza.


Como potencia ocupante, Israel está obligado a respetar los derechos familiares de la población palestina1. Sin embargo, las violaciones de Israel del derecho a la vida familiar persisten desde hace decenios y han empeorado en los últimos seis años. En 2006 las familias afectadas eran al menos 120.000. Por otra parte, a partir de ese año han aumentado las restricciones impuestas a la vida familiar y el número de familias afectadas por ellas:el derecho a entrar en los Territorios Palestinos Ocupados se niega ahora también a los cónyuges de países a cuyos ciudadanos no se exige visado por anticipado para entrar en Israel.


Las restricciones impuestas por las autoridades israelíes a los cónyuges extranjeros de los palestinos son profundamente discriminatorias. Los colonos judíos de los Territorios Ocupados (cuya presencia allí, a diferencia de la de los habitantes palestinos, es, de hecho, ilegal en virtud del derecho internacional) no sufren restricciones a la hora de obtener autorización de las autoridades israelíes para que sus cónyuges entren y residan con ellos en los Territorios Ocupados.


1 Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV).


Restricciones impuestas a los cónyuges extranjeros

Las restricciones impuestas sobre lo que se conoce como "unificación familiar" en los Territorios Palestinos Ocupados no se basan en ninguna ley. Anteriormente, los cónyuges de otros países que buscaban la unificación familiar solicitaban a las autoridades israelíes un permiso de residencia que les autorizaba a residir en los Territorios Palestinos Ocupados. Con frecuencia las autoridades israelíes tardaban años en conceder el permiso, pero durante la espera los cónyuges extranjeros podían entrar y residir en los Territorios Palestinos Ocupados previa obtención de un visado de turista temporal que debían renovar periódicamente. Para ello lo habitual era viajar cada tres meses a Jordania u otro país y obtener un nuevo visado de turista al regresar a Israel, sistema incómodo pero que al menos permitía a los cónyuges extranjeros permanecer con sus familias en los Territorios Palestinos Ocupados.


Este proceso finalizó tras el comienzo de la segunda Intifada en septiembre de 2000. Las autoridades israelíes suspendieron todos los procedimientos de unificación familiar para los residentes de los Territorios Palestinos Ocupados que habían contraído matrimonio con personas de otros países, y dejaron de concederse permisos de residencia a los cónyuges y de renovarse los visados de turista.


Como consecuencia, las ciudadanas y ciudadanos extranjeros que no querían estar separados de sus cónyuges palestinos ni de sus hijos, pero que aún no habían obtenido la unificación familiar, sólo tenían dos opciones: permanecer en los Territorios Palestinos Ocupados de forma ilegal una vez caducado el visado de turista, o abandonar el país y separarse de su esposo o esposa y, posiblemente, de sus hijos e hijas.


Los que permanecen en el país de forma ilegal pierden todo contacto con cualquier familiar, amigo y negocio que puedan tener fuera de él.


Viven con el temor constante de ser detenidos y expulsados, y no pueden circular libremente por los Territorios Palestinos Ocupados debido al gran número de controles de seguridad que las fuerzas militares israelíes han distribuido entre ciudades y pueblos. En definitiva, su condición indeterminada confina a estas personas a sus casas y su entorno más próximo.


A las personas que salen de los Territorios Palestinos Ocupados –para visitar a un padre o una madre enfermos, por ejemplo– no se les permite volver a entrar y permanecen separadas de su cónyuge y, a veces, de sus hijos. En algunas ocasiones, las autoridades israelíes permiten abandonar los Territorios Palestinos Ocupados a un cónyuge palestino pero pueden retirarle su derecho a residir en ellos si permanece fuera demasiado tiempo.


El impacto de las restricciones ha sido devastador, ya que impiden a los afectados disfrutar de una vida familiar normal. Las familias se dividen forzosamente. Hijos e hijas permanecen apartados de uno de sus progenitores durante largos períodos de tiempo y, a menudo, de los demás familiares, como abuelos, tíos, tías, primos y primas.


Las personas que tienen prohibido entrar en los Territorios Palestinos Ocupados son, en su gran mayoría, mujeres jordanas de origen palestino, casadas con palestinos. Aunque las autoridades israelíes tienden a justificar las restricciones alegando motivos de seguridad, Amnistía Internacional no conoce ningún caso en el que una mujer perteneciente a esta categoría haya sido responsable o haya estado involucrada en un incidente de seguridad importante.



Yahya Bassa, comerciante de 40 años y residente de los Territorios Palestinos Ocupados, está casado con Nibin, ciudadana jordana de origen palestino, desde hace seis años. Tienen dos hijas: Nur, de 4 años, y Talin, de 18 meses. Ambas viven con su madre en Jordania.


Yahya Bassa iba y venía de Aizariyah, población próxima a Jerusalén donde tiene su empresa, a Amman, la capital jordana, para estar con su esposa e hijas y trabajar. Según él, los problemas empezaron hace cuatro años, cuando se negó a aceptar la petición de Shin Bet, el Servicio de Seguridad de Israel, de convertirse en informador. Durante los dos años siguientes no le permitieron salir de los Territorios Palestinos Ocupados para ir a Jordania. Recurrió ante el Tribunal Superior israelí y se le concedió permiso para realizar dos visitas. Posteriormente, personal de seguridad israelí le ofreció dejarle salir de los Territorios Palestinos Ocupados si permanecía fuera durante cuatro años, pero él se negó.


Las fuerzas de seguridad israelíes comenzaron entonces a hostigar a Yahya Bassa. En 2005 le acusaron de asesinar a un "colaborador" –pero posteriormente se borró el expediente que habían abierto contra él–. En 2006 le aprehendieron y recluyeron en régimen de detención administrativa sin cargos ni juicio durante seis meses. Al quedar en libertad Yahya Bassa solicitó visitar a su esposa en Jordania pero, una vez más, las autoridades israelíes le denegaron el permiso para salir y volver a entrar a menos que permaneciese cuatro años fuera del país. Entretanto, las autoridades israelíes siguen sin permitir la entrada a su esposa a los Territorios Palestinos Ocupados y privan a ambos de la oportunidad de disfrutar de una vida familiar normal.


Yahya Bassa emprendió una acción ante el Tribunal Superior de Justicia israelí con la intención de obtener autorización para que su esposa pudiese entrar en los Territorios Palestinos Ocupados o para que él pudiese ir a visitarla a Jordania. La causa aún no ha sido vista. Sin embargo, en respuesta a la acción, el fiscal general de Israel le permitió reunirse con su esposa e hijas en el puente de Allenby que cruza el río Jordán, la frontera entre Israel y Jordania, pero sólo durante tres horas. Su hija mayor, Nur, que tiene carné de identidad palestino, fue autorizada después a reunirse con su padre temporalmente en Cisjordania pero ni a Talin, la hija más pequeña, que no tiene carné de identidad, ni a su madre les permiten todavía entrar a los Territorios Palestinos Ocupados.


Muchas otros cónyuges de palestinos a quienes se les prohíbe residir en los Territorios Palestinos Ocupadosson personas de regiones como Europa del Este, a las que las autoridades israelíes exigen un visado por anticipado para entrar en los Territorios Palestinos Ocupados.

S, ciudadano palestino de Ramallah, Cisjordania, conoció a su esposa búlgara, M, cuando estudiaba en la universidad en Bulgaria. La pareja contrajo matrimonio en Bulgaria en 1992 y allí nació su primer hijo. En 1998 se trasladaron a Ramallah, donde nació su segundo hijo.


M entró en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados con un visado de turista, y la familia solicitó de inmediato la unificación familiar. El visado caducó a los seis meses y la pareja permaneció a la espera del resultado de la solicitud de unificación familiar. En septiembre de 2000, les informaron de que, en principio, la solicitud había sido aprobada y que la situación de M se regularizaría a finales de año.


Ese mismo mes estalló la Intifada y los procedimientos para la solicitud de unificación familiar quedaron suspendidos. M dijo a Amnistía Internacional lo siguiente:


Vivo con el temor constante de que me detengan y expulsen, y me separen de mi esposo y mis hijos, y me siento completamente incapaz de moverme. En 2002, durante una de las incursiones del ejército israelí, los soldados entraron en nuestra casa y cuando supieron que no tenía permiso de residencia válido me llevaron fuera y me dijeron que iba a ser expulsada; me tuvieron fuera durante dos horas; fue la peor experiencia de mi vida: la idea de que me separarían de mi esposo y de mis hijos no me permitirían volver a vivir con ellos me aterraba.


Todos los años mi marido lleva a mis hijos a Bulgaria a visitar a mi madre y a mi familia, pero yo no puedo ir, porque no me permitirían volver a Ramallah. No he vuelto a ver a mi madre desde que salí de Bulgaria […] ¿Qué podemos hacer? La única opción que tendríamos mi marido, mis hijos y yo sería marcharnos a vivir a Bulgaria. Pero hemos luchado mucho aquí para labrarnos un futuro, mi marido está trabajando y queremos quedarnos a vivir aquí. No deberían obligarnos a marcharnos ni a que mi marido y mis hijos pierdan el derecho a volver a residir en su país de origen.


Restricciones adicionales

Hasta 2006, los extranjeros de países como Estados Unidos y casi todos los Estados europeos en general podían permanecer con sus cónyuges en los Territorios Palestinos Ocupados saliendo y entrando del país con un visado de turista. Las personas de estos países, a diferencia de las de Europa del Este, no necesitaban visado por anticipado para entrar a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.


Sin embargo, después de conseguir Hamás la mayoría de los escaños en las elecciones palestinas de 2006, las autoridades israelíes hicieron extensivas las restricciones para entrar en los Territorios Palestinos Ocupados a estos casos de cónyuge extranjero, así como a los familiares de los residentes de los Territorios Palestinos Ocupados.


Esta política no afecta sólo a las familias. La extensión de las restricciones a menudo impide regresar a personas extranjeras que trabajan en la educación o en el desarrollo económico. Estas personas están ayudando a mejorar las condiciones de vida en los Territorios Palestinos Ocupados, donde la pobreza es generalizada y los habitantes palestinos están expuestos a una crisis humanitaria cada vez mayor.


Desde enero de 2007, a consecuencia de las protestas en contra de esta política, la Administración Civil israelí ha concedido alrededor de 200 prórrogas breves de visados a personas a las que anteriormente se les había prohibido entrar. Sin embargo, casi todas las personas a quienes se negó la entrada siguen sin poder hacerlo.

Riad Sharma, ciudadano estadounidense de 50 años, casado con una mujer con carné de identidad palestino residente en Ramallah, ya ha sufrido el dolor de una larga separación forzada de su familia y se enfrenta a otra separación futura. Padece diabetes aguda y necesita recibir atención médica periódica en Estados Unidos, donde también tiene un negocio. El año pasado le impidieron la entrada en dos ocasiones a su llegada al aeropuerto de Ben Gurión en Israel y le obligaron a volver a Estados Unidos.

La primera vez, el 6 de enero de 2006, le dijeron que no intentara entrar nuevamente en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados durante al menos un año. El 20 de diciembre de 2006, tras casi un año de separación de su esposa y su dos hijas, que tienen también carné de identidad palestino, volvieron a negarle la entrada. El 3 de enero de 2007 intentó la entrada en los Territorios Palestinos Ocupados desde Jordania, a través del puente Allenby, y nuevamente le advirtieron de que no le permitirían entrar. Sin embargo, en esta ocasión contrató un abogado (para lo cual tuvo que desembolsar unos 9.400 dólares estadounidenses, entre honorarios del abogado, costas y fianza) y así logró obtener un visado de entrada de dos semanas. Poco antes de que caducara, gracias a la intervención de otro abogado consiguió una prórroga de 10 semanas que caducará el próximo 4 de abril. En esta ocasión, los honorarios del letrado fueron de 6.000 dólares estadounidenses. La reunión de Riad Sharma con su familia le supuso un elevado coste económico, que está fuera del alcance de la mayoría de las personas que también aspiran a residir con sus cónyuges y familias en los Territorios Palestinos Ocupados.


CONCLUSIÓN

La política de no permitir la unificación familiar a los cónyuges extranjeros no está claramente vinculada a la seguridad. Las autoridades israelíes nunca han afirmado que los cónyuges extranjeros a los que se prohíbe el regreso a los Territorios Palestinos Ocupados supongan un riesgo para la seguridad de los israelíes. Las restricciones no se imponen exclusivamente a personas específicas, sino que se aplican de forma general a los cónyuges de los palestinos y, por consiguiente, son totalmente discriminatorias. Por este motivo, pueden constituir una forma de castigo colectivo de la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados. La imposición de castigos colectivos es una violación del derecho internacional humanitario.


Desde hace mucho tiempo existe una política demográfica israelí que niega o limita los derechos de residencia a la población palestina, ya sea en Israel, la Jerusalén Oriental ocupada o la Franja de Gaza y Cisjordania. La Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel de 2003 impide a los palestinos procedentes de los Territorios Palestinos Ocupados residir con sus cónyuges israelíes en Israel y en la Jerusalén Oriental ocupada. En los Territorios Palestinos Ocupados, la política se aplica sin fundamentarse en ninguna ley. Ello ha dado lugar a que algunos palestinos casados con personas extranjeras hayan optado por abandonar los Territorios Palestinos Ocupados para ejercer su derecho a disfrutar de una vida familiar normal. A estas personas, las autoridades israelíes pasan a considerarlas no residentes y les niegan el derecho a regresar a los Territorios Palestinos Ocupados.


RECOMENDACIONES


Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades israelíes para que


Ø Reanuden la tramitación de solicitudes de unificación familiar de cónyuges extranjeros y familias de residentes palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados, y lo hagan de manera rápida y no discriminatoria.


Ø Establezcan un mecanismo para tramitar sin demora las miles de solicitudes atrasadas y para reconsiderar, de acuerdo con el principio de no discriminación, las que fueron rechazadas antes de suspenderse la tramitación de solicitudes.


Ø 2 Expliquen por escrito y detalladamente los motivos concretos por los cuales se rechaza en cada caso la solicitud de unificación familiar y establezcan un mecanismo justo y no discriminatorio ante el cual la persona solicitante pueda recurrir la denegación para que sea sometida a una revisión independiente.


Ø Garanticen que no se deniegue el visado a ciudadanas y ciudadanos extranjeros que deseen entrar en los Territorios Palestinos Ocupados sin un motivo claro del rechazo, para que puedan recurrir contra él.

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