Document - Israel: New draft law - a green light to torture

Servicio de Noticias 23/98

ÍNDICE AI: MDE 15/12/98/s

10 DE FEBRERO 1998

Israel: El nuevo proyecto de ley da vía libre a la tortura

El nuevo borrador de la Ley del Servicio General de Seguridad (SGS) continúa legitimando en Israel la tortura de los detenidos por motivos de «seguridad» durante los interrogatorios y permitiendo que los perpetradores de estos abusos queden impunes, según declaró hoy Amnistía Internacional.

El nuevo proyecto de ley se presentará ante el Knesset (parlamento israelí) tras el respaldo recibido el domingo por el gobierno israelí. Por primera vez en la historia del país, la ley regula el SGS, responsable de la salvaguardia de la seguridad del Estado de Israel.

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha criticado duramente al SGS por utilizar de forma sistemática la tortura y los malos tratos durante el interrogatorio de los detenidos, siguiendo directrices administrativas secretas. En mayo del pasado año, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas pidió explícitamente a Israel que incorporara las disposiciones del tratado a las leyes del país.

«No hay indicios de que Israel tenga intención alguna de rechazar el uso de la tortura y tomar en serio su obligación internacional de erradicar esta práctica», ha afirmado Amnistía Internacional. «Por el contrario, esta ley parece proporcionar una protección legal para que el SGS continúe utilizando la tortura.»

La ley del SGS se introdujo por primera vez en 1996, pero fue retirada entre protestas generalizadas. En la actual versión ha desaparecido el artículo 9, que causó gran indignación al autorizar de forma expresa el uso de la presión física, pero se sigue facultando al primer ministro y a un comité ministerial para aprobar normas de interrogatorio que seguirán siendo secretas. Es probable que esta nueva ley no introduzca ninguna diferencia en la situación actual, en la que las torturas del SGS están legalizadas en la práctica por directrices secretas.

Un artículo de la nueva ley concede a los empleados del SGS inmunidad penal si actúan «de buena fe y de forma razonable en el desempeño de sus obligaciones».

«Si las normas de interrogatorio aprueban y defienden el uso de la tortura y de los malos tratos como hasta ahora, incluso los agentes del SGS que provoquen muertes, incapacidades permanentes o daños psíquicos continuarán beneficiándose de la impunidad para sus actividades», ha manifestado Amnistía Internacional.

Otro artículo, según el cual «nadie estará sujeto a responsabilidad penal ni acción disciplinaria alguna de las establecidas por normas o instrucciones del Servicio no publicadas en el boletín oficial de no haber sido informado de ellas por otro medio» concede un gran valor a la ignorancia.

Por último, el proyecto de ley establece como delito punible con la cárcel la divulgación no autorizada de información por parte de los miembros del SGS o del comité del Knesset encargado de la supervisión del SGS. A Amnistía Internacional le preocupa que el nuevo proyecto de ley no ofrezca salvaguardia alguna para quienes, por razones de conciencia, saquen a la luz información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el SGS.

«El SGS operará bajo un manto de secreto», ha afirmado la organización. «Esta completa falta de transparencia fomentará la impunidad y no contribuirá en nada a impedir las violaciones de derechos humanos.»

La supervisión de las operaciones del SGS correrá a cargo de un comité especial del Knesset, que habitualmente se reunirá a puerta cerrada. Cualquier revelación no autorizada por parte de los miembros del comité o de agentes del SGS será punible con la cárcel. Las normas y directrices del SGS serán confidenciales.

Actualmente el SGS se enfrenta en el Tribunal Superior de Justicia a una demanda presentada por detenidos víctimas de técnicas de interrogatorio consistentes en someterlos a sacudidas violentas, impedirles dormir durante periodos prolongados obligándoles a permanecer en posturas dolorosas o encapucharlos y obligarlos a escuchar constantemente música a todo volumen, métodos condenados por el Comité contra la Tortura de la ONU. Tal vez este proyecto de ley se haya vuelto a rescatar para posponer la sentencia del Tribunal Superior