Document - Israel/Occupied Palestinian Territories: The conflict in Gaza: A briefing on applicable law, investigations and accountability









Publicado originalmente en inglés en 2009 por

Amnesty International Publications

Secretariado Internacional

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org


Traducción y edición en español a cargo de Editorial Amnistía Internacional, Madrid, España


Copyright Amnesty International Publications 2008



Índice AI: MDE 15/007/2009


Idioma original: inglés

Printed by Amnesty International, International Secretariat, United Kingdom


© Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento en un sistema de recuperación de información y su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o de cualquier otro tipo, sin previa autorización de la editorial.











ÍNDICE



Introducción

Hay varios cuerpos de derecho internacional aplicables al conflicto de Gaza, a saber:

• El derecho internacional humanitario, conocido también como derecho de los conflictos armados. Contiene normas que protegen a las personas civiles y a otros individuos que no participan en las hostilidades, así como disposiciones que regulan los medios y métodos de hacer la guerra. Consta también de normas que imponen obligaciones a la potencia ocupante de un territorio. El derecho internacional humanitario es vinculante para todas las partes en un conflicto armado, incluidos los grupos armados no estatales.

• El derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Se aplica tanto en tiempo de paz como durante los conflictos armados y es jurídicamente vinculante para los Estados, sus fuerzas armadas y otros agentes. Se establece en él el derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos a interponer un recurso para obtener justicia, verdad y reparación.

• El derecho penal internacional. Establece la responsabilidad penal individual en el caso de ciertas violaciones y abusos contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, así como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

En algunos casos, Amnistía Internacional ha identificado violaciones y abusos contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos por las partes en el conflicto de Gaza. En el presente documento se exponen ejemplos de ataques en los que parece haberse violado el derecho aplicable. Por este motivo, Amnistía Internacional pide lo siguiente:

a) La conducción de las hostilidades por todas las partes debe ser objeto de una investigación internacional conforme a las recomendaciones formuladas al final de este informe. Dadas las denuncias de delitos de derecho internacional cometidos por miembros de las fuerzas armadas israelíes y de Hamás, es preciso establecer una misión de investigación independiente para llevar a cabo con prontitud un examen exhaustivo, imparcial e independiente de tales denuncias.

b) Si hay indicios admisibles suficientes, los presuntos autores de delitos de derecho internacional deben ser procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.

1. Derecho internacional humanitario

El derecho internacional humanitario es un cuerpo de normas y principios cuya principal finalidad es limitar en la mayor medida posible el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Establece normas de conducta humana y limita los medios y métodos de conducir las operaciones militares. Su objeto es proteger fundamentalmente a quienes no participan en las hostilidades, en especial a las personas civiles, así como a los combatientes enfermos, heridos o capturados.

Los principales instrumentos de derecho internacional humanitario son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales - Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)--. Israel es parte en los Convenios, pero no en los Protocolos.

No obstante, Israel debe cumplir las normas de los Protocolos I y II, que forman parte del derecho consuetudinario internacional y son, por tanto, de obligado cumplimiento para todas las partes en un conflicto armado. Hamás no es parte en ningún tratado internacional, pero debe cumplir las normas de derecho consuetudinario internacional aplicables a todas las partes en un conflicto armado. Las disposiciones fundamentales del Protocolo I, incluidas las normas citadas más adelante, se consideran parte del derecho consuetudinario internacional y son, por tanto, vinculantes para todas las partes en un conflicto sea éste internacional o no internacional.

1.1 Conflictos armados internacionales y no internacionales

La ocupación de la Franja de Gaza es consecuencia de un conflicto armado internacional y está sujeta al derecho internacional humanitario aplicable a la ocupación beligerante (véase el apartado 1.2 más adelante), así como al derecho de los derechos humanos (véase el apartado 3 más adelante).

En circunstancias normales, la potencia ocupante debe respetar las normas sobre el mantenimiento de la ley derivadas del derecho de los derechos humanos al mantener el orden en el territorio ocupado. Tales normas obligan, por ejemplo, a intentar arrestar, en vez de matar, a los miembros de grupos armados sospechosos de realizar ataques y a utilizar la menor fuerza posible para contrarrestar las amenazas contra la seguridad.

Sin embargo, si se plantea una situación en la que los combates dentro del territorio ocupado alcancen determinada magnitud e intensidad, se aplican las disposiciones del derecho internacional humanitario que regulan la conducta humana en la guerra, junto con el derecho de los derechos humanos pertinente. Cuando durante una ocupación prolongada estallan combates entre la potencia ocupante (un Estado) y grupos amados no estatales, tales combates se califican por lo general de conflicto armado no internacional, regido por las normas que regulan la conducción de las hostilidades (véase el apartado 1.3 más adelante). No obstante, incluso cuando estalla un conflicto, la determinación de qué normas jurídicas se aplican dependerá de las circunstancias de la situación particular. Por ejemplo, en el caso de una manifestación celebrada durante un conflicto, serán las normas relativas al mantenimiento de la ley y el derecho de los derechos humanos los que regulen la conducta de las fuerzas encargadas de mantener el orden en la manifestación.

La calificación de un conflicto armado como internacional o no internacional resulta particularmente pertinente con respecto a la distinción entre civiles y combatientes (véase más adelante), pero las normas sobre la conducción de las hostilidades son esencialmente las mismas.

1.2. Derecho de la ocupación

Israel es la potencia ocupante de la Franja de Gaza. En 2005, en el marco de lo que denominó “desconexión” de Gaza, Israel sacó de allí a los colonos israelíes y sus asentamientos. Sin embargo, a pesar de la redistribución de sus tropas en 2005, el ejército israelí ha conservado el control efectivo de la Franja de Gaza. Israel tiene el control exclusivo del espacio aéreo y las aguas territoriales y no permite la entrada ni la salida de personas ni productos de Gaza ni por aire ni por mar. Continúa ejerciendo también cierto grado de control de la frontera de Gaza con Egipto, y las autoridades israelíes han afirmado claramente en repetidas ocasiones que esta frontera sólo puede volver a abrirse dentro del marco de un acuerdo conjunto con la Autoridad Palestina y Egipto.1Israel sigue controlando también la electricidad, el agua y las telecomunicaciones en Gaza. Realiza de manera habitual incursiones en el territorio, en las que suele detener a hombres “buscados” y llevar a cabo los denominados “homicidios selectivos” mediante ataques aéreos que han causado gran número de víctimas civiles.

Como potencia ocupante de Gaza, Israel tiene obligaciones específicas en virtud del derecho internacional. Debe cumplir las disposiciones del derecho internacional humanitario aplicables a la ocupación beligerante, entre ellas:

  • las disposiciones específicas del IV Convenio de la Haya, relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, y el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre de 1907 (en adelante, Reglamento de la Haya), anexo al anterior;

  • el IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (en adelante IV Convenio de Ginebra);2

  • las normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicable a la ocupación beligerante, incluida la relativa a la protección de las personas en poder de una de las partes en el conflicto, expuesta en el artículo 75 del Protocolo adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (en adelante, Protocolo I).

El artículo 42 del Reglamento de La Haya establece que "se considera un territorio como ocupado cuando se encuentra de hecho colocado bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende más que a los territorios donde dicha autoridad se halla establecida y con medios para ser ejecutada". En tales situaciones, la potencia ocupante “tomará todas las medidas que estén a su alcance a fin de restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país”. (Reglamento de la Haya, artículo 43.)

El IV Convenio de Ginebra impone obligaciones a la potencia ocupante en relación con los habitantes del territorio ocupado, que tienen derecho a recibir protección especial y un trato humano. Entre otras casas, las normas pertinentes prohíben a la potencia ocupante el homicidio intencional, el maltrato y el traslado de personas protegidas. La potencia ocupante es responsable del bienestar de la población bajo su control, lo que supone que debe garantizar el orden público y la atención de las necesidades básicas.

La idea básica de las normas internacionales que regulan la ocupación beligerante es que se trata de un estado de transición, de duración limitada. Uno de los objetivos clave de las normas es permitir a los habitantes del territorio ocupado llevar una vida lo más “normal” posible.

Como potencia ocupante, Israel está obligado por el derecho internacional a garantizar los derechos de la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados y a dispensarle un trato humano en todo momento.

1.2.1 Medidas de control o de seguridad

Se pueden tomar las medidas de control o de seguridad que sean “necesarias a causa de la guerra” (artículo 27 del IV Convenio de Ginebra), Sin embargo, según el comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre este artículo, las regulaciones relativas a la ocupación están basadas en la idea de que la libertad personal de las personas civiles debe quedar, en principio, intacta, por lo que lo esencial es que las medidas de control que se adopten no afecten a los derechos fundamentales de las personas, derechos que deben respetarse aún cuando tales medidas estén justificadas.



1.2.2 Destrucción de viviendas y bienes

Como potencia ocupante, Israel no debe destruir bienes palestinos en Cisjordania ni en la Franja de Gaza salvo que sea necesario por motivos militares. El artículo 53 del IV Convenio de Ginebra dispone:

Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas.

Los bombardeos aéreos y de artillería y los ataques terrestres israelíes han causado una gran destrucción de bienes civiles en la Franja de Gaza. En algunos casos se han destruido deliberadamente viviendas y otros edificios civiles. Es demasiado pronto aún para determinar en toda su extensión los daños causados, pero las imágenes tomadas por satélite indican que son devastadores, especialmente en zonas como Rafah, en el sur, y en partes del norte y el este de la Franja de Gaza donde las fuerzas israelíes habían llevado a cabo operaciones masivas de destrucción ilegal de viviendas antes de la retirada de 2005.3

Según el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra, “la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario” constituyen una infracción grave y por ende un crimen de guerra.



1.2.3 Abastecimiento de vívires y medicamentos y socorro



Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar que la población de Gaza tiene acceso adecuado a alimentos, artículos esenciales, medicamentos y servicios médicos.

Según el artículo 55 del IV Convenio de Ginebra, la potencia ocupante “tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos; deberá, especialmente, importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado”.

El artículo 56 dispone: “En toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado […] Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión”.



El artículo 59 está especialmente relacionado con la situación actual en Gaza. Establece: “Cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté insuficientemente abastecida, la Potencia ocupante aceptará las acciones de socorro en favor de dicha población, facilitándolas en toda la medida de sus medios”.



Israel no sólo no ha abastecido en grado suficiente a la población de Gaza, sino que además ha bloqueado deliberadamente o impedido por otros medios la asistencia humanitaria y la ayuda de emergencia. Los ataques israelíes han impactado en convoyes de ayuda, matando a personal de la ONU, y sus fuerzas han puesto obstáculos a personal médico que intentaba realizar su trabajo.



1.2.4 Castigos colectivos



El prolongado bloqueo de Gaza, que llevaba unos 18 meses en vigor antes de que comenzaran los actuales combates, constituye un castigo colectivo a toda su población.

El IV Convenio de Ginebra prohíbe específicamente los castigos colectivos. Su artículo 33 dispone: “No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo”.

Como se explica en el comentario autorizado del CICR, “este párrafo enuncia pues la prohibición de los castigos colectivos […] sanciones de todo orden infligidas a personas o a grupos enteros de personas en contra de los principios más elementales de humanidad por actos que estas personas no han cometido”.4



1.2.5 Detención

Los miembros de grupos armados no estatales de Gaza que son capturados no tienen derecho a la condición de prisionero de guerra. La potencia ocupante puede tomar medidas legales contra los grupos armados y sus miembros por todos los medios legítimos según su legislación interna, por lo que los miembros de grupos armados no estatales pueden ser acusados formalmente, juzgados y condenados por participar en hostilidades armadas. Sin embargo han de recibir un trato humano en todo momento, como se establece en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el artículo 75 del Protocolo I.

Es habitual que Israel someta a palestinos a detención administrativa sin cargos ni juicio, práctica que afirma que está basada en las disposiciones del IV Convenio de Ginebra sobre internamiento por motivos de seguridad (artículo 78). Amnistía Internacional se opone a esta práctica, de la que las autoridades hacen uso indebido de manera habitual en vez de llevar a los autores del presunto delito a juicio. Israel somete a muchos palestinos sospechosos de ataques contra israelíes a juicios injustos ante tribunales militares, violando las disposiciones del artículo 75 del Protocolo I.

Antes de que comenzara la actual operación militar israelí, había ya más de 900 palestinos de la Franja de Gaza en cárceles de Israel, cumpliendo penas impuestas por delitos contra la “seguridad” y sin recibir visitas de sus familias desde mayo de 2007. Entre estas personas figuran al menos tres miembros de la familia Ayyad, que se encuentran recluidos en aplicación de una nueva ley israelí en calidad de combatientes ilegales. Esta forma de detención parece deberse a que el gobierno israelí no admite ya que Gaza esté ocupada ni que su actuación deba regirse por el IV Convenio de Ginebra. Si es así, constituiría una violación del artículo 47, que prohíbe a la potencia ocupante privar a personas protegidas de los beneficios del Convenio.

Amnistía Internacional no ha confirmado todavía cuántos palestinos han sido detenidos desde el comienzo de esta operación militar. Parece que algunos se encuentran recluidos en una base militar situada dentro de Israel y que podrían presentarse cargos contra ellos en tanto que combatientes ilegales.



1.3. Normas que regulan la conducción de las hostilidades

1.3.1 Civiles y miembros de grupos armados

En el derecho internacional humanitario se entiende por personas civiles las que no son combatientes. Sin embargo, la definición que se hace en él de combatiente se aplica sólo a los conflictos armados internacionales. No hay normas que regulen la condición de combatiente ni de prisionero de guerra con respecto a los conflictos armados no internacionales.

En el contexto del actual conflicto de Gaza, Amnistía Internacional utiliza el término “civil” para describir a quien no participa directamente en las hostilidades.5Según el Protocolo I, “[e]n caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil”. (Artículo 50.1.)

Un portavoz del ejército israelí ha dicho a la BBC lo siguiente: “Según nuestra definición, cualquiera relacionado con terrorismo dentro de Hamás es un objetivo válido. Esto abarca desde las instituciones estrictamente militares hasta las instituciones políticas que proporcionan financiación logística y recursos humanos al brazo terrorista.” Asimismo, sus acciones en Gaza demuestran que las fuerzas israelíes consideran objetivo legítimo a todas las personas e instituciones asociadas a Hamás. Las consecuencias de aplicar una definición tan amplia, que menoscaba el principio de distinción (véase el apartado 1.3.2) quedan patentes en el creciente número de civiles muertos y heridos en Gaza. Quizá puedan perder su inmunidad frente a los ataques, mientras dure su participación en las hostilidades, los líderes políticos relacionados con la planificación y la estrategia militares. Sin embargo, los miembros o partidarios de Hamás que no participen directamente en las hostilidades son civiles, que no deben ser objeto de ataques.



1.3.2 Prohibición de los ataques directos contra personas civiles y objetos civiles: el principio de distinción



El artículo 48 del Protocolo I establece la “norma básica” con respecto a la protección de los civiles: el principio de distinción. Es uno de los pilares del derecho internacional humanitario.

A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares.

Según el Estatuto de Roma, los ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades son crímenes de guerra. 6

De acuerdo con el artículo 51.3 del Protocolo I, los civiles gozarán de protección “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.

El artículo 52.1 del Protocolo I dispone: “Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares”. El artículo 52.2 define los objetivos militares como “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”. El concepto de ventaja militar no puede interpretarse tan ampliamente como para que la norma deje de ser efectiva. Justificar en virtud de esta disposición los ataques dirigidos a menoscabar el bienestar económico de un Estado o desmoralizar a la población civil para reducir la capacidad de combate supondría tergiversar el significado jurídico del concepto de ventaja militar, socavar los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y poner en grave peligro a los civiles.

Los objetos que no cumplan dichas condiciones son bienes civiles. En caso de duda acerca de si un objetivo se utiliza con fines militares, “se presumirá que no se utiliza con tal fin (artículo 52.3).7

Ningún Estado y muy pocos grupos políticos armados admiten haber atacado deliberadamente a civiles. Los ataques directos contra civiles suelen justificarse negando que las víctimas fueran realmente civiles. La inmunidad de los civiles se ve menoscabada también por el modo en que las fuerzas atacantes interpretan las definiciones de objetivos militares y bienes civiles.

Por supuesto, en la práctica en la mayoría de los conflictos se ataca a civiles. En el actual conflicto de Gaza, las víctimas de las hostilidades son en su inmensa mayoría civiles. De las alrededor de 900 personas muertas en los primeros 17 días, más de la tercera parte eran civiles que no participaban directamente en las hostilidades, entre ellos más de 200 niños. Las autoridades israelíes niegan haber atacado deliberadamente a civiles, pero han lanzado ataques contra civiles y contra bienes civiles, incluida infraestructura esencial, sin ofrecer ninguna explicación convincente de por qué los bienes atacados podían contribuir eficazmente a la acción militar.

Las fuerzas israelíes han bombardeado edificios que no estaban dedicados a fines militares, como ministerios del gobierno civil y el Parlamento. Han atacado también a policía civil, matando a más de 150 personas.

También se han atacado otros edificios presuntamente civiles, como mezquitas, escuelas, sedes de medios de comunicación y viviendas. Israel ha justificado tales ataques afirmando que estos bienes en apariencia civiles se dedicaban a fines militares, a saber: se utilizaban para almacenar o fabricar municiones, cohetes y otras armas, eran centros de mando y control, albergaban a combatientes de Hamás, había mandos de Hamás en ellos o eran lugares desde los que se disparaba contra las fuerzas israelíes o contra localidades israelíes. Sin embargo, en muchos casos no se han presentado datos que prueben tales afirmaciones. En toda investigación que se realice sobre infracciones graves cometidas en este conflicto se deberá poder examinar sobre qué base determinaron las fuerzas israelíes que tales edificios normalmente civiles se utilizaban con fines militares.

En menos de dos días, el 9 y el 10 de enero de 2009, las fuerzas israelíes atacaron los hogares de tres periodistas y un edificio que era sede de varios medios de comunicación. El 9 de enero mataron a un periodista, Ala’ Murtaja, cuando emitía su programa de radio desde su casa. El mismo día mataron a otro periodista, Ihab al-Wahidi, así como a su suegra, en un ataque contra la casa de ésta. El 10 de enero, el periodista Samir Khalifa escapó ileso del impacto un proyectil lanzado por un tanque contra su casa. Las fuerzas israelíes no han explicado por qué atacaron estas viviendas y edificios.

Israel ha efectuado bombardeos a gran escala contra infraestructura pública civil, lo que, sumado al prolongado bloqueo, ha causado la catástrofe humanitaria que sufre Gaza. Además, se plantea claramente la posibilidad de que Israel no haya respetado la prohibición de atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (artículo 54.2 del Protocolo I).

En muchos caos, Israel no ha dado ninguna explicación de por qué se han atacado edificios civiles. El 5 de enero de 2009, a la una de la madrugada, la fuerzas israelíes atacaron el centro médico de Al Raeiyak, situado cerca del hospital de Shifa, en una zona de viviendas de la ciudad de Gaza. Tanto el centro como sus unidades móviles del aparcamiento fueron objeto de un bombardeo aéreo. No hay instalaciones militares ni gubernamentales en las inmediaciones. Según el testimonio del presidente del comité ejecutivo del centro médico, Raed Sabah, recogido por la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, es un “centro muy conocido, y todo el mundo sabe que sólo presta servicios médicos. Admite a más de 100 pacientes al día y tiene banderas con símbolos médicos. No se recibió ningún aviso antes del ataque aéreo”.

Es posible que en algunos casos el blanco fuera un objetivo militar, pero entonces las fuerzas israelíes tenían que haberse asegurado de que el ataque pasaba la prueba de la proporcionalidad (véase el 1.3.3), además de tomar todas la demás precauciones necesarias al planearlo y llevarlo a cabo (véase el apartado 1.3.4).

Hamás y otros grupos armados han disparado centenares de cohetes de efecto indiscriminado contra localidades israelíes, matando a tres civiles desde el 27 de diciembre de 2008. Algunos de sus líderes han manifestado que están atacando centros de población. Los grupos armados afirman también que están atacando instalaciones militares de Israel, algunas de las cuales están ubicadas en zonas residenciales civiles.

Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades es un crimen de guerra. Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles constituye un crimen de guerra.



1.3.3 Prohibición de los ataques indiscriminados o deproporcionados

El artículo 51.4 del Protocolo I prohíbe los ataques indiscriminados, es decir, los que “pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil”.

Los bombardeos de artillería de Israel contra zonas civiles densamente pobladas de Gaza podrían constituir ataques indiscriminados. Con anterioridad a los actuales combates se han dado en Gaza muchos casos de civiles muertos a causa de proyectiles poco certeros. El propio Israel pareció reconocer el peligro inadmisible que entrañaba el uso de artillería por su parte cuando anunció que había suspendido los ataques de artillería contra Gaza en noviembre de 2006, tras la muerte 18 miembros de una familia en Beit Hanoun, en el norte de Gaza, en un bombardeo de artillería, que el ejército israelí dijo posteriormente haber efectuado por error. Los ataques con artillería y morteros y los bombardeos desde tanques y buques no han resultado lo suficientemente certeros contra blancos ubicados en zonas residenciales densamente pobladas de Gaza. Israel dispone de un considerable y avanzado arsenal, y tiene la obligación de elegir medios de ataque que reduzcan al mínimo el riesgo para los civiles. (Véase el apartado 1.3.4, “Precauciones en los ataques”.)

Hamás y otros grupos armados palestinos han disparado cohetes de efecto indiscriminado contra centros de población israelíes, matando a tres civiles israelíes desde el 27 de diciembre de 2008 e hiriendo a otros, Incluso si pretendían atacar instalaciones militares de Israel, el uso de esta arma, que no pueden apuntarse con precisión, viola la prohibición de los ataques indiscriminados.

Por otro lado, un tipo de ataque indiscriminado son los ataques desproporcionados, es decir, los efectuados “cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”. (Artículo 51.5.b del Protocolo I)

Israel ha bombardeado viviendas civiles en Gaza, afirmando que se trataba de ataques contra jefes militares de Hamás. En algunos de estos bombardeos de viviendas de líderes de Hamás han muerto decenas de civiles, aun cuando debía de ser evidente para las fuerzas israelíes que era poco probable que la persona objeto del ataque se hallara presente o que había probabilidades de matar a civiles.

Lanzar intencionalmente un ataque desproporcionado es un crimen de guerra.8 Lanzar un ataque indiscriminado en el que mueran o resulten heridos civiles o sufran daños bienes civiles también es un crimen de guerra.9 Además, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente constituyen un crimen de guerra.10



1.3.4 Precauciones en el ataque

El artículo 57 del Protocolo I obliga a todas las parte a tener “un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil”. El artículo 57.2 dispone:

a) quienes preparen o decidan un ataque deberán:

i) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de protección especial, sino que se trata de objetivos militares en el sentido del párrafo 2 del artículo 52 y que las disposiciones del presente Protocolo no prohíben atacarlos;

ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil;

iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;

b) un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que goza de protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;

c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan.

Israel decidió lanzar su ofensiva en un momento en que las calles de Gaza estaban muy transitadas, lo que revela desde el principio que no se tomaron las precauciones necesarias, debido a lo cual se causaron innecesariamente muertos y heridos entre la población civil. El 27 de diciembre de 2008, en los primeros minutos de bombardeo de la ofensiva, siete alumnos de un colegio de la ONU resultaron muertos a la salida del centro, cuando intentaba regresar a casa nada más terminar las clases. El ataque se produjo en sábado, justo cuando los niños salen del colegio después del mediodía.

Ha habido otros casos de ataques de las fuerzas israelíes que, por el momento en que se decidió efectuarlos, parecen haber causado de manera ilegítima muertos y heridos en la población civil. El 3 de enero de 2009, las fuerzas israelíes atacaron una mezquita de Beit Lahiya durante la oración de la tarde, maximizando así, en vez de reducirlo, el número de víctimas civiles. Las mezquitas son normalmente bienes civiles, que gozan de protección contra los ataques, pero Israel afirmó que había atacado esta porque se utilizaba para almacenar armas. Aunque fuera así, ello no exime a Israel de su obligación jurídica de tomar las precauciones necesarias, como avisar a los civiles que se encontraban en la mezquita o escoger para el ataque otro momento con menos probabilidades de que hubiera civiles en ella.

Israel ha atacado lugares utilizados, afirma, para disparar cohetes contra su territorio, causando, según informes, la muerte de muchos civiles. Incluso si Israel verifica que los cohetes proceden de un determinado lugar, debe tomar las precauciones necesarias antes de atacar, entre ellas determinar si el objetivo sigue siendo de carácter militar (si se dispara un cohete desde la azotea de una vivienda civil y el lanzacohetes se saca luego de allí y los combatientes se marchan, el lugar no puede ser considerado ya un objetivo militar), comprobar si hay civiles en las proximidades y asegurase de que, si se lleva por fin a cabo, el ataque no será desproporcionado. Puesto que Israel sabe muy bien que Hamás y los miembros de otros grupos armados se llevan rápidamente los lanzacohetes después de disparar, cabría pensar que sus fuerzas prevén una ventaja militar mínima o nula con esta estrategia de ataque, que pone innecesariamente en peligro a civiles y bienes civiles.

Aunque se ha informado de casos en que las fuerzas israelíes han avisado a los civiles, en muchos de ellos esta precaución no parece haber sido un medio eficaz de proteger a los civiles. Ha carecido de elementos clave de un aviso efectivo, a saber: elegir el momento oportuno, informar a los civiles de un lugar donde sea seguro huir y facilitar el paso en condiciones de seguridad y tiempo suficiente para huir antes de atacar. Ha habido informes sobre ataques mortales lanzados demasiado pronto tras el aviso para proteger a los civiles. De acuerdo con los informes, en un caso el ejército israelí trasladó a más de un centenar de civiles a una casa de Zeitoun, ciudad de Gaza, y les dijo que se quedaran allí. Al día siguiente, las fuerzas israelíes bombardearon la casa, matando a 30 personas.11



1.3.5 Precauciones en la defensa y “escudos humanos”

Las partes enfrentadas tienen la obligación de tomar precauciones para proteger a los civiles y los objetos civiles bajo su control de los efectos de los ataques del adversario. El Protocolo I obliga a cada parte a evitar hasta donde sea factible situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas (artículo 58.b). En el comentario autorizado del CICR sobre esta disposición se explica que el uso del término “factible” tiene por objeto ilustrar “el hecho de que no se puede pedir a nadie que haga lo imposible. En este caso es evidente que las precauciones no deben llegar al punto de que la vida de la población se vuelva difícil o incluso imposible […] Además, no se puede esperar que una parte en el conflicto disponga sus fuerzas armadas y sus instalaciones de manera que queden señaladas para el adversario”.

El derecho internacional humanitario prohíbe también expresamente el uso de tácticas como la utilización de “escudos humanos” para impedir un ataque contra objetivos militares. Según el artículo 28 del IV Convenio de Ginebra, “[n]inguna persona protegida podrá ser utilizada para proteger, mediante su presencia, ciertos puntos o ciertas regiones contra las operaciones militares”. Israel ha ratificado el Convenio, que se reconoce que refleja también el derecho consuetudinario internacional y es, por tanto, vinculante para Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos. En su comentario de esta disposición, el CICR definió así su ámbito de aplicación: “La prohibición está expresa de forma absoluta y se aplica al propio territorio de los beligerantes, así como al territorio ocupado, y a pequeños lugares, así como a amplias zonas”. La prohibición del uso de escudos humanos se aclara aún más en el artículo 51.7 del Protocolo I, que dispone: “Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones militares”.

Proteger intencionalmente un objetivo militar valiéndose de civiles es un crimen de guerra.12

Sin embargo, el Protocolo establece también claramente que incluso si un bando se pone a cubierto detrás de civiles, tal infracción “[no] dispensará a las Parte en conflicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las personas civiles”.

Además, el artículo 50.3 dispone: “La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil”.

El CICR indica lo siguiente en su comentario: “En condiciones de guerra es inevitable que los individuos pertenecientes a la categoría de combatientes se entremezclen con la población civil, por ejemplo, los soldados de permiso que visitan a sus familias. Sin embargo, siempre que no se trate de unidades regulares y demasiado numerosas, esto no cambia de ninguna manera el carácter civil de una población”.

En Gaza, soldados israelíes han entrado en casas palestinas y han tomado posiciones en ellas, obligando a las familias que las ocupaban a quedarse en una sala de la planta baja mientras ellos utilizaban el resto de la casa como base militar y posición de tiro, lo que supone de hecho utilizar a civiles como escudos humanos. Esta práctica ha sido común en los últimos ochos años en la Franja de Gaza y en Cisjordania. En una incursión anterior en la Franja de Gaza llevada a cabo en marzo de 2008, soldados israelíes ocuparon al menos tres casas en el norte, y en febrero de 2008 tomaron otra en el pueblo de Beit Ummar, cerca de Hebrón, en Cisjordania.

Las familias palestinas atrapadas en los actuales combates de la Franja de Gaza informan de casos en los que hombres armados palestinos han accedido a desalojar zonas próximas a viviendas civiles sin disparar contra las fuerzas israelíes cuando los habitantes del lugar se han opuesto a su presencia. Sin embargo, en otros casos no han escuchado las peticiones de los habitantes y han disparado antes de marcharse. Y se han dado también casos en los que los habitantes de la zona afirman que tenían demasiado miedo para decir a los hombres armados que se fueran

Hamás y otros grupos armados palestinos han puesto ilegítimamente en peligro a civiles en Gaza al disparar cohetes contra Israel desde zonas residenciales densamente pobladas.



1.3.6 Prohibición de las represalias

El derecho internacional humanitario no está basado en la reciprocidad. El hecho de que una parte hay violado las leyes del conflicto armado no puede servir de base para que la parte contraria cometa actos ilegales, sea para hacer acatar dichas leyes a la parte que las ha infringido o como represalia o castigo.

Los ataques contra la población civil, personas civiles o bienes civiles como represalia están expresamente prohibidos por el derecho internacional humanitario (artículos 51.6 y 52.1 del Protocolo I).



1.3.7 Supervivencia de la población, ataques contra personal médico y acceso humanitario

Está prohibido atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (Protocolo I, artículo 54.2). Las partes en el conflicto deben permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de ayuda humanitaria imparcial (Protocolo II, artículo 18). Deben respetar y proteger al personal médico y sus medios de transporte (Protocolo I, artículos 15 y 21). Los deberes específicos de la potencia ocupante a este respecto se examinan en el apartado 1.2.3.

Ha sido objeto de ataques israelíes personal médico que intentaba evacuar a civiles heridos a hospitales. Varias ambulancias han sido alcanzadas por disparos directos, que han matado o herido de gravedad a personal médico. Según Physicians for Human Rights - Israel, el 13 de diciembre de 2008, disparos efectuados desde un helicóptero contra personal médico mataron a tres personas, entre las que había un médico y un paramédico.

El 8 de enero de 2009 fue atacado cerca de Erez un convoy de ayuda humanitaria de la ONU. Ésta dijo que había coordinado previamente con las autoridades israelíes la ruta del convoy. El ataque, que mató a una persona contratada por la ONU e hirió a otras dos, se sumó a una serie de ataques contra personal médico y de socorro que obligaron a la UNRWA y al CICR a limitar estrictamente sus operaciones en Gaza por motivos de seguridad.

Durante cuatro días, del 3 al 7 de enero de 2009, se dejó abandonados entre sus familiares muertos a adultos y niños heridos de la familias Samouni y Daya, en medio de las casas destruidas del barrio de Zeitoun de la ciudad de Gaza, mientras el ejército israelí negaba el acceso a la zona al CICR y a la Sociedad de la Media Luna Roja palestina. De 110 personas refugiadas en las casas, 30 murieron. El CICR dijo que los soldados israelíes destacados en las proximidades debían saber que había gente en las casas, pero que los heridos murieron mientras esperaban la llegada de la ayuda médica debido a la lentitud de las negociaciones para permitir su acceso.

Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en misiones de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de la ONU es un crimen de guerra. Dirigir intencionalmente ataques contra unidades y medios de transporte sanitarios y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra es un crimen de guerra. Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra, es un crimen de guerra.13



1.3.8 Armas

El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de armas que, por su naturaleza, tengan un efecto indiscriminado o causen daños superfluos o sufrimiento innecesario. En sus comentarios a los Protocolos I y II, el CICR menciona como ejemplo de armas de efecto indiscriminado los "misiles de largo alcance que no pueden dirigirse con exactitud al objetivo".



Cohetes

Los grupos armados palestinos afiliados a Hamás y a otras facciones palestinas (incluidas las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, brazo armado de Fatah, el partido que dirige el presidente palestino, Mahmoud Abbas) han lanzado cohetes contra ciudades y pueblos del sur de Israel. Estas armas son por naturaleza de efecto indiscriminado: no pueden apuntarse con precisión, de manera que se distinga perfectamente entre objetivos militares y objetos civiles. Aunque la mayoría de estos cohetes caen en zonas vacías, algunos han matado o herido a israelíes, en la mayoría de los casos civiles. A veces, los cohetes no han llegado hasta Israel y han caído dentro de Gaza, matando o hiriendo a civiles palestinos. Se trata, entre otros, de cohetes "Katyusha" / Grad (nombre genérico ruso) de largo alcance (alrededor de 35 km) y cohetes "Qassam" (nombre genérico ruso también) de fabricación casera y de corto alcance.



Fósforo blanco

Human Rights Watch y varios medios de comunicación han informado de que las fuerzas israelíes han utilizado fósforo blanco como agente oscurecedor en Gaza. El fósforo blanco se utiliza en granadas y proyectiles para marcar blancos, para crear cortinas de humo con que facilitar los movimientos de tropas y para “seguir” la trayectoria de las balas, y también como agente incendiario.14 Al entrar en contacto con la piel causa quemaduras graves, y puede incendiar edificios y objetos.

Un portavoz de la UNRWA en Gaza ha dicho que el 15 de enero de 2009 cayeron en su sede de la ciudad de Gaza proyectiles de fósforo blanco disparados por Israel, que incendiaron al menos un edificio e hirieron a tres personas. En el momento del ataque había centenares de civiles refugiados en la sede de la UNRWA.

Aunque el uso de fósforo blanco como cortina de humo no está prohibido por el derecho internacional humanitario, el modo en que se está utilizando, según los informes, en el territorio densamente poblado de Gaza podría constituir un incumplimiento del requisito de tomar las precauciones necesarias para proteger a los civiles. Human Rights Watch ha informado de que Israel ha hecho explotar bombas de fósforo blanco sobre la ciudad de Gaza y sobre Yabaliya, señalando que “el estallido en el aire de la artillería de fósforo blanco propaga 116 obleas incendiarias sobre una superficie de entre 125 y 250 metros de diámetro, dependiendo de la altura de la explosión”.15

En opinión de AI, el uso de fósforo blanco de este modo en zonas densamente pobladas de Gaza constituye una violación de la prohibición de los ataques indiscriminados.

Las autoridades de Israel han hecho declaraciones incoherentes sobre el uso de fósforo blanco. Al principio negaban estar utilizándolo. Posteriormente dijeron que las fuerzas israelíes utilizaban municiones que se ajustaban al derecho internacional, y no revelaron ninguna información concreta sobre sus municiones y sus operaciones militares.

El Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III Adicional a la Convención de la ONU sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales de 1980) prohíbe el uso de armas incendiarias contra civiles. Tal prohibición es una norma de derecho consuetudinario internacional, vinculante, por tanto para Israel aunque éste no sea parte en el Protocolo III. Israel ha negado estar utilizando armas ilegales. Por supuesto, se supone que ningún arma tiene que ser utilizada contra civiles, pero esta prohibición es un reconocimiento de los peligros y consecuencias particulares de utilizar armas con propiedades incendiarias cerca de civiles.

Municiones de racimo

El periódico israelí Haaretz ha informado de que en el intenso bombardeo de artillería que precedió a la entrada de las fuerzas de tierra israelíes en Gaza se utilizaron, entre otras, “bombas de racimo dirigidas contra zonas abiertas”-16

Las bombas o proyectiles de racimo esparcen decenas de pequeñas bombas por una amplia zona, normalmente del tamaño de uno dos campos de fútbol. Pueden lanzarse desde aviones o con lanzacohetes o piezas de artillería. Entre el 5 y el 20 por ciento de estas pequeñas bombas, dependiendo del tipo que sean, no explotan, sino que se quedan ahí, como restos bélicos sin explotar, con la consiguiente amenaza, similar a la de las minas antipersonal, para los civiles. El uso de estas municiones en zonas donde hay concentraciones de civiles viola la prohibición de los ataques indiscriminados, debido a la gran extensión por la que quedan esparcidas las numerosas pequeñas bombas que no explotan al caer y al peligro que suponen para todas las personas, incluidos los civiles, que tengan contacto con ellas

Si los informes sobre el uso de municiones de racimo en Gaza son ciertos, éstas suponen una grave y constante amenaza para la población civil. El uso de bombas de racimo por parte de Israel en Líbano ha causado problemas a largo plazo, ya que los equipos de desminado continúan trabajando en la actualidad, más de dos años después del conflicto entre Israel y Hezbolá, para recoger las pequeñas bombas de racimo que quedaron sin explotar, que siguen matando e hiriendo a civiles libaneses y a miembros de esos equipos.17

Hay un nuevo tratado, aprobado en mayo de 2008 en Dublín y abierto a la firma el 3 de diciembre de 2008, que prohíbe las armas de racimo.18El artículo 1.1 de la Convención sobre Municiones en Racimo dispone: “Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia: (a) Emplear municiones en racimo; (b) Desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a nadie, directa o indirectamente, municiones en racimo; (c) Ayudar, alentar o inducir a nadie a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte según lo establecido en la presente Convención”.

De conformidad con la Convención, Amnistía Internacional se opone al uso, transferencia y almacenamiento de municiones de racimo y pide a todos los Estados que ratifiquen la Convención.



2. Derecho internacional de los derechos humanos

Como han afirmado la Corte Internacional de Justicia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los derechos humanos siguen siendo aplicables en tiempo de conflicto armado, cuando son complementarios del derecho internacional humanitario.19 En su actuación en los Territorios Palestinos Ocupados, Israel debe cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los tratados de derechos humanos que ha ratificado, así como las normas consuetudinarias de derecho internacional de los derechos humanos. Israel ha ratificado los tratados siguientes: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Como ha explicado claramente el Comité de Derechos Humanos, las obligaciones contraídas por los Estados en materia de derechos humanos en virtud del PIDCP son aplicables extraterritorialmente.20 El PIDESC no prevé limitaciones explícitas con respecto a la jurisdicción territorial, lo que supone que las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos son aplicables también al territorio ocupado bajo su control.

El PIDESC no permite la derogación ni siquiera en situaciones de emergencia, y estipula que esas limitaciones “deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por el Pacto, en aras de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática”. Como ha explicado claramente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “esas limitaciones deberán ser proporcionales, es decir, deberán corresponder a la solución menos restrictiva de entre los tipos de limitaciones previstos”.21

Puesto que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable en tiempo de conflicto armado junto con el derecho internacional humanitario, una misma conducta puede constituir una violación tanto del uno como del otro.

Durante el conflicto de Gaza, entre las obligaciones que no se han cumplido en materia de derechos humanos figura la de respetar, proteger y promover el derecho a la vida (PIDCP, artículo 6);22el derecho a alimentación y vivienda adecuadas (PIDESC, artículo 11); el disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental (PIDESC, artículo 12), que incluye también el derecho al agua, y el derecho a la educación (PIDESC, artículo 13).23 Las acciones emprendidas con objeto de destruir o dañar infraestructura, como hospitales o escuelas, necesaria para el disfrute de estos derechos o pese a ser probable que produzcan tal resultado son violaciones de tales derechos de las que se puede considerar responsables a los Estados Partes.

2.1 Derecho a la vivivienda y desalojos forzosos

Con respecto al derecho a la vivienda, ciertas acciones realizadas en la guerra –a saber, la destrucción generalizada de centenares de hogares– pueden constituir desalojos forzosos ilegales y ser, por tanto, una violación del artículo 11 del PIDESC.



El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define los desalojos forzosos como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.24 El Comité incluye entre tales desalojos “los causados por conflictos armados internacionales, las disensiones internas y la violencia comunitaria o étnica”.25



3. Derecho penal internacional

Las personas, sean civiles o militares, pueden ser consideradas responsables penalmente de ciertas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Todos los Estados tienen la obligación de iniciar investigaciones y, si hay indicios admisibles suficientes, enjuiciamientos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como por otros delitos de derecho internacional, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.



3.1 Crímenes de guerra

Las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y de su Protocolo I y la mayoría de las violaciones graves del derecho internacional humanitario son crímenes de guerra. La definición de estos crímenes figura en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante, Estatuto de Roma). La lista de crímenes de guerra del artículo 8 del Estatuto de Roma refleja básicamente el derecho internacional consuetudinario del momento de la adopción del Estatuto, por lo que no es exhaustiva ni contiene varios crímenes de guerra importantes.

El artículo 86.1 del Protocolo I dispone:

Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deberán reprimir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas las demás infracciones de los Convenios o del presente Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar.

Amnistía Internacional ha acusado anteriormente a Israel de cometer crímenes de guerra en los Territorios Palestinos Ocupados, entre ellos: homicidio intencional, traslado ilegal, tortura y trato inhumano y destrucción y expropiación de bienes en gran escala y sin estar justificadas por necesidades militares.



3.2 Crímenes de lesa humanidad

Según el Estatuto de Roma, ciertos actos, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y de conformidad con la política de un Estado o de una organización, constituyen crímenes de lesa humanidad. Entre ellos figuran el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación y otros delitos sexuales y la desaparición forzada.

Los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse en tiempo de paz o durante un conflicto armado.

Amnistía Internacional ha encontrado anteriormente indicios de que tanto Hamás como Israel eran responsables de crímenes de lesa humanidad. La organización ha manifestado que la campaña de atentados suicidas con explosivos y otros ataques contra civiles llevados a cabo por Hamás y otros grupos armados palestinos constituyen crímenes de lesa humanidad. Asimismo, Amnistía Internacional ha determinado que ciertas prácticas de seguidas por las fuerzas israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, como expulsiones y castigos colectivos y homicidios ilegítimos de civiles, constituyen también crímenes de lesa humanidad.



3.3 Responsabilidad de los superiores y los jefes militares

Los jefes militares y los superiores civiles pueden ser considerados responsables de los actos de sus subordinados. El artículo 86.2 del Protocolo I, que impone una única norma para los jefes militares y los superiores civiles, refleja el derecho consuetudinario internacional. Dispone:

El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción.

Por consiguiente, al analizar los acontecimientos actuales, es importante examinar la cadena de mando, tanto con respecto a los miembros de las fuerzas armadas gubernamentales y sus superiores civiles como con respecto a todos los niveles de Hamás.



3.4 Ordenes superiores

En caso de violaciones del derecho internacional humanitario no cabe alegar como eximente que se cumplían órdenes de superiores, pero si cabe hacerlo como circunstancia atenuante de la pena. Este principio está reconocido desde los procesos de Núremberg celebrados tras la II Guerra Mundial y forma ya parte del derecho consuetudinario internacional.



4. Investigación internacional

Dadas las denuncias de violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes, las recriminaciones mutuas que pueden afectar a la imparcialidad de las investigaciones nacionales y el deficiente historial de Israel en materia de investigaciones sobre infracciones cometidas por sus fuerzas, Amnistía Internacional pide a todas las partes que accedan a que la comunidad internacional despliegue una misión de investigación exhaustiva, que realice un examen completo, independiente e imparcial de todas las denuncias de violación grave de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometida en el curso del conflicto, de conformidad con las mas estrictas normas internacionales sobre la realización de este tipo de investigaciones, y que informe públicamente de sus resultados.

Amnistía Internacional considera necesario lo siguiente:

  • Se debe desplegar en Gaza y en el sur de Israel un equipo de investigación de expertos internacionales tan pronto como sea posible.

  • El equipo deber realizar sus investigaciones y presentar sus informes basándose en las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

  • El equipo debe realizar sus investigaciones basándose en las más estrictas normas internacionales sobre la realización de este tipo de investigaciones.

  • El informe sobre los resultados de la misión debe incluir recomendaciones dirigidas a poner fin a las violaciones del derecho internacional, impedir que se cometan más y garantizar a las víctimas justicia, verdad y reparación plena, que incluya restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.

  • La misión ha de contar con recursos suficientes para realizar todas sus tareas con eficacia y prontitud.

  • El equipo de investigación de expertos debe tener acceso a todos los documentos y demás datos y personas pertinentes.

  • Todas las personas que proporcionen información para las investigaciones deben estar protegidas de manera efectiva contra las represalias.

  • Dadas la variedad de violaciones del derecho internacional humanitario y de abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos y la complejidad de las cuestiones objetivas y jurídicas que se plantean, los miembros del equipo de investigación deben contar con medios y apoyo suficiente para realizar un trabajo exhaustivo y autorizado. Entre otras cosas, el equipo debe contar con (o recibir apoyo de) un número suficiente de expertos en los campos siguientes: derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos, justicia militar y penal, armas y balística, medicina forense y protección de víctimas y testigos, es especial de mujeres y niños.

Hay varias posibilidades a la hora de establecer tal misión de investigación:

  1. Establece la misión el Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual tiene la ventaja de conferirle la máxima autoridad posible. Esta opción facilitaría además la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional (como en el caso de Darfur) si se considerara apropiado.

  2. Establece la misión el secretario general de la ONU, y, como hizo en su Resolución 1405 (2002), el Consejo de Seguridad acoge con satisfacción “la iniciativa del Secretario General de producir información exacta […] por medio de un equipo de investigación”. El secretario general ha pedido ya una investigación sobre los ataques a centros y personal de la ONU en Gaza.

  3. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos crea una comisión para llevar a cabo la investigación. Las probabilidad de que se considere imparcial serán mayores que si la crea el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (véase infra), pero necesitará la cooperación de Israel para ser lo más eficaz posible.

  4. En la Resolución S-9/1, el Consejo de Derechos Humanos ha pedido que se envíe “una misión internacional urgente e independiente de investigación, que será designada por el Presidente del Consejo, para que investigue todas las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de […] Israel, contra el pueblo palestino en todo el territorio palestino ocupado, particularmente, en la Franja de Gaza ocupada, debido a la agresión actual”. Asimismo, el Consejo ha solicitado al secretario general de la ONU que "investigue los últimos ataques dirigidos específicamente contra instalaciones de Gaza del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente” y que “presente un informe a la Asamblea General al respecto”. Dadas las observaciones que hizo al embajador israelí antes de la aprobación de la Resolución S-9/1, no hay razones para creer que Israel vaya a cooperar con la misión internacional de investigación. Incluso si ésta recibiera alguna cooperación de Israel porque interpretara su mandado en el sentido de que examinará las infracciones cometidas por Hamás, como hizo la comisión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos para investigación sobre Líbano, que abordó sólo las acciones de Israel para examinar la conducta de Hezbolá, el rechazo generalizado del informe de la investigación indica que la misión de investigación será en sí misma ineficaz.

  5. Realiza la investigación la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, órgano permanente de expertos independientes previsto en el artículo 90 del Protocolo I para la investigación de las denuncias de violación grave del derecho internacional humanitario. Sin embargo, ambas partes en el conflicto tendrían que aceptar la competencia de la Comisión y solicitar que investigue las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en este conflicto particular. Amnistía Internacional pidió a Israel que lo hiciera en anteriores conflictos y nunca lo hizo. (La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta nunca ha realizado en realidad una investigación.) Las investigaciones las realiza un grupo de cinco miembros de la Comisión más dos designados al efecto. (Cada parte en el conflicto nombra a uno de estos dos.)



5. Rendición de cuentas

Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a interponer un recurso efectivo.26 Esta obligación tiene tres elementos:

  • Justicia: investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y, si hay indicios admisibles suficientes, procesar a los presuntos responsables;

  • Verdad: esclarecer los hechos relativos a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado;

  • Reparación: proporcionar reparación plena y efectiva a las víctimas y a sus familias en sus cinco modalidades: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

El principio VII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones aclara:

Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.27



Con respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, los Estados deben garantizar que se cuenta la verdad, se hace justicia y se proporciona reparación a todas las víctimas.



5.1 Justicia

Hay varias formas posibles de llevar ante la justicia a los responsables de delitos de derecho internacional para que sean procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin que se les imponga la pena de muerte:

  1. Por Israel: Cada Estado parte en el conflicto tiene la obligación de investigar todos los delitos de derecho internacional y, si hay indicios admisibles suficientes, procesar a sus presuntos autores.

  2. Por otros Estados: Otros Estados deben cumplir con su obligación de someter con prontitud a una investigación exhaustiva, independiente e imparcial a todo presunto autor de delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto y, si hay indicios admisibles suficientes, procesarlo o extraditarlo a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo y pueda hacerlo en un procedimiento justo y en el que no se imponga la pena de muerte o entregarlo a un tribunal penal internacional competente. Además de estar obligados a ejercer la jurisdicción universal en caso de infracción grave de los Convenios de Ginebra y su Protocolo I, así como de tortura, los Estados pueden ejercerla por otros delitos de derecho internacional. Si hay indicios admisibles suficientes, los Estados deben también procesar a los presuntos responsables, extraditarlos a otro Estado que esté dispuesto y pueda juzgarlos o entregarlos a un tribunal penal internacional.

  3. Por la Corte Penal Internacional: Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma. Sin embargo, podría reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre sus territorios haciendo una declaración conforme al artículo 12.3 del Estatuto de Roma o, si no, el Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir específicamente la situación en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a la Corte en virtud del artículo 13.b del Estatuto de Roma.

5.2 Reparaciones



Los Estados deben respetar, proteger y promover el derecho de las víctimas y sus familias a pedir y obtener reparación plena. El derecho de reparación de las víctimas está perfectamente establecido en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en tanto que elemento clave del derecho a interponer un recurso contenido en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos.28

El estudio del CICR El derecho Internacional Humanitario Consuetudinario determina en la norma 150: “El Estado responsable de violaciones del derecho internacional humanitario está obligado a reparar íntegramente la pérdida o la lesión causada”. 29

Asimismo, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados y proclamados por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, de 16 de diciembre de 2005, recogen el deber de los Estados de proporcionar a las víctimas recursos efectivos, que incluyan reparación. Este instrumento establece la forma apropiada de reparación, incluidas, en los principios 19-23, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.



5.3 Grupos armados y reparaciones

El CICR señala que los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario. Aunque la cuestión de si tienen la obligación de proporcionar reparación plena por las violaciones del derecho internacional humanitario no está resuelta,30 la práctica indica que tienen que proporcionar en cierta medida reparación adecuada.31





1 Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU, que vigila el cumplimiento del Acuerdo sobre Desplazamiento y Acceso, el paso de Rafah está cerrado desde el 7 de junio de 2007.Véanse los informes de la OCAH sobre desplazamiento y acceso (http://www.ochaopt.org). Para el texto del Acuerdo, véase: http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Agreed+documents+on+movement+and+access+from+and+to+Gaza+15-Nov-2005.htm

2 El gobierno Israelí es el único miembro de la comunidad internacional que sostiene que el IV Convenio de Ginebra no se aplica a los Territorios Palestinos Ocupados.

3 Véase Amnistía Internacional, Israel y los Territorios Ocupados: Bajo los escombros: Demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes (Índice AI: MDE 5/033/2004), para un análisis de la política israelí de demolición punitiva y por razones de seguridad de viviendas como crimen de guerra.

4 CICR, Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, p. 225, (Ginebra, 1958).

5 No existe una definición clara de participación directa en las hostilidades en el derecho internacional. Pero hay consenso sobre que algunas actividades, como el uso de armas para cometer actos de violencia contra fuerzas enemigas, constituyen participación directa.

6 Artículo 8.2.b.i.

7 En el comentario autorizado del CICR sobre los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra se interpreta la expresión “ventaja militar concreta y directa prevista en el sentido de que no es legítimo lanzar un ataque que ofrezca sólo ventajas potenciales o indeterminadas.

8 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8.2.b.iv.

9 CIRC, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen 1: Normas; norma 156, p. 643. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8.2.b.i.

10 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8.2.a.iv.



11 OCAH, Protection of Civilians Weekly Report, 1-8 de enero de 2009: http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_2009_01_08_english.pdf

12 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8.2.b.xxiii.

13 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8.2.b.iii, xxiv y xxv.

14 Para una explicación de los usos y efectos del fósforo blanco de las armas, véase Federación de Científicos Estadounidenses, “White Phosphorous Fact Sheet”, en http://www.fas.org/biosecurity/resource/factsheets/whitephosphorus.htm.

15 Human Rights Watch, Israel: Stop Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza, 10 de enero de 2009.

16 Haaretz, “Massive artillery, aerial bombardment precedes invasion by IDF ground forces”

por Amos Harel y Avi Issacharoff, 5 de enero de 2009.



17 Para información actualizada sobre víctimas de municiones de racimo en Líbano, véase UN Mine Action Coordination Centre in South Lebanon (Centro de la ONU para la Coordinación de Actividades Relativas a las Minas en el sur de Líbano), en: http://www.maccsl.org.

18 La Convención entra en vigor seis meses después de que 30 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación (aceptación, aprobación o adhesión).

19 “[L] Corte considera que la protección que ofrecen los convenios y convenciones de derechos humanos no cesa en caso de conflicto armado, salvo en caso de que se apliquen disposiciones de suspensión como las que figuran en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 9 de julio de 2004. Véase también Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, La índole de la obligación jurídica general impuesta, Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.7, párr.11: “El Pacto se aplica también en situaciones de conflicto armado a las que son aplicables las normas del derecho humanitario internacional. Si bien, con respecto a determinados derechos del Pacto, normas más específicas del derecho humanitario internacional pueden ser directamente pertinentes a los efectos de la interpretación de los derechos del Pacto, ambas esferas del derecho son complementarias y no mutuamente excluyentes”.

20 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, párr. 10.

21 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), 22º periodo de sesiones (2000), párr. 29.

22 En el curso de los combates librados en un conflicto armado, el criterio para determinar qué constituye violación del derecho a la vida lo establece el derecho internacional humanitario aplicable.

23 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12), 29º periodo de sesiones (2002).

24 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 7, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11): los desalojos forzosos, 16º periodo de sesiones (1997), párr. 3.

25 Ibíd., párr. 6.

26 El derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a un recurso efectivo se halla enunciado en el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está reconocido también en el articulo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 3 de la Convención de La Haya de 1907 relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, el artículo 91 del primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), el artículo 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

27 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados y proclamados por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, de 16 de diciembre de 2005, Doc. ONU A/RES/60/147.

28 Véanse, por ejemplo, PIDCP, artículo 2.3, y Carta Árabe de Derechos Humanos, artículo 9.


29 CIRC, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen 1: Normas.

30 CIRC, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen 1: Normas; norma 150.

31 CIRC, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen 1: Normas; norma 139.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE