Document - Iraq: On whose behalf? Human rights and the economic reconstruction process in Iraq

[No publicar antes del 20/06/2003]

Público

Amnistía Internacional

Irak:

¿En nombre de quién?

Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción económica en Irak

Resumen

Índice AI: MDE 14/128/2003/s

Tras el reciente conflicto de Irak, los intereses externos se apresuran a obtener contratos para reconstruir la destrozada infraestructura del país e invertir en el proceso de reconstrucción. Hasta ahora las potencias ocupantes de Irak –los Estados Unidos de América y el Reino Unido–, otros gobiernos y empresas extranjeras implicadas en el proceso no han mostrado suficiente consideración a las cuestiones de derechos humanos. El propio proceso debe ser más transparente y conllevar más consultas con el pueblo iraquí.

El 22 de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1483, en la que se levantaba el largo régimen de sanciones y proporcionaba un marco internacional para el proceso de reconstrucción. Sin embargo, la resolución no prevé una suficiente supervisión independiente sobre las potencias ocupantes y contiene mecanismos de rendición de cuentas inadecuados para garantizar que el proceso de reconstrucción revierte en una mejor protección de los derechos humanos. La meta de la reconstrucción debe ser garantizar la protección efectiva y la realización de todos los derechos humanos para todos los iraquíes.

Este informe resume un documento titulado Irak: ¿En nombre de quién? Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción en Irak (Índice AI: MDE 14/128/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Pueden encontrar amplia documentación sobre éste y otros asuntos en el sitio web de Amnistía Internacional <http://www.amnesty.org> (en inglés), así como recibir comunicados de prensa por correo electrónico en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[NO PUBLICAR ANTES DEL 20/06/2003] Público

Amnistía Internacional

Irak:

¿En nombre de quién?

Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción económica en Irak

Irak:

¿En nombre de quién?

Los derechos humanos

y el proceso de reconstrucción económica en Irak

Tras el reciente conflicto de Irak, los intereses externos se apresuran a obtener contratos para reconstruir la destrozada infraestructura del país e invertir en el proceso de reconstrucción. Hasta ahora las potencias ocupantes de Irak –los Estados Unidos de América y el Reino Unido–, otros gobiernos y empresas extranjeras implicadas en el proceso no han mostrado suficiente consideración a las cuestiones de derechos humanos. El propio proceso debe ser más transparente y conllevar más consultas con el pueblo iraquí.

El 22 de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1483, en la que se levantaba el largo régimen de sanciones y proporcionaba un marco internacional para el proceso de reconstrucción. Sin embargo, la resolución no prevé una suficiente supervisión independiente sobre las potencias ocupantes y contiene mecanismos de rendición de cuentas inadecuados para garantizar que el proceso de reconstrucción revierte en una mejor protección de los derechos humanos. La meta de la reconstrucción debe ser garantizar la protección efectiva y la realización de todos los derechos humanos para todos los iraquíes.

La comunidad internacional, y especialmente los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido, como potencias ocupantes, tiene la obligación de garantizar que los esfuerzos de la reconstrucción benefician al pueblo iraquí. El objetivo de la reconstrucción debe ser garantizar la protección y realización efectivas de todos los derechos humanos para todos los iraquíes. Los propios iraquíes, idealmente a través de instituciones representativas, deben tomar decisiones sobre la reconstrucción, sobre la inversión extranjera y sobre la venta de propiedades estatales.

Para garantizar la protección de los derechos humanos, Irak necesitará unos recursos considerables: para reformar y reconstruir el sistema de justicia, indemnizar a las víctimas de la guerra y de la represión y prestar atención médica y ayuda humanitaria hasta que el país sea autosuficiente. La comunidad internacional debe adoptar medidas urgentes para asegurar que Irak recibe los recursos que necesita para alimentar a sus ciudadanos, dar prestaciones sociales a quienes las necesitan e iniciar la reconstrucción.

Amnistía Internacional siente preocupación ante la posibilidad de que la dinámica de la inversión económica en el proceso de reconstrucción de Irak exacerbe los abusos contra los derechos humanos. La extracción de recursos, sobre todo de petróleo, en entornos inseguros contribuye al conflicto y a que se cometan abusos contra los derechos humanos en muchas partes del mundo. La experiencia viene demostrando que la falta de transparencia en la adjudicación de los principales proyectos de reconstrucción suele fomentar la corrupción. Eso, a su vez, podría ir en detrimento de los esfuerzos para implantar en Irak un Estado de derecho, así como desviar recursos que podrían emplearse en beneficio del pueblo iraquí. Además, hay determinadas prácticas empresariales –en la contratación de personal, por ejemplo, o en relación con la seguridad de sus operaciones– que podrían propiciar los abusos contra los derechos humanos. Las potencias ocupantes, los gobiernos extranjeros y las empresas deben hacer todo lo que esté en su mano para evitar que esto ocurra en Irak.

El pueblo iraquí ha sufrido un régimen represivo durante décadas, y su situación se vio agravada por los años de conflicto y por las sanciones. Muchos iraquíes han perdido la vida en el reciente conflicto y corren el riesgo de sufrir abusos en el entorno inseguro que le ha seguido. Irak ha estado años en gran medida cerrado para los intereses económicos exteriores. Esto está cambiando ahora con rapidez. Los agentes económicos extranjeros desempeñarán un papel poderoso en Irak, por lo que es perentorio garantizar que esta fuerza no exacerbará más los abusos contra los derechos humanos en el país.

Con este objetivo en mente, Amnistía Internacional formula varias recomendaciones a las potencias ocupantes, a la ONU y también a las empresas que entren o inviertan en Irak. Estas recomendaciones se ciñen a las cuestiones de derechos humanos derivadas del proceso de reconstrucción económica. Amnistía Internacional ha publicado o está preparando otros documentos en los que se abordan otras preocupaciones de derechos humanos en relación con Irak.¹

La resolución 1483 del Consejo de Seguridad

La resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad establece el marco internacional para el proceso de reconstrucción. Las disposiciones de derechos humanos contenidas en la resolución son débiles y no abordan de forma adecuada varios motivos de preocupación clave. Concretamente, la resolución no garantiza efectivamente que los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Irak comparecen ante la justicia, ni una observación efectiva de la situación de los derechos humanos por parte de la ONU en las actuales condiciones.²Sin embargo, la resolución ofrece una clara base para mantener que la protección de todos los derechos humanos para todos los iraquíes debe ser un propósito fundamental del proceso de reconstrucción y para insistir en que las potencias ocupantes de Irak deben respetar y proteger los derechos humanos.

La resolución obliga a las potencias ocupantes a promover «el bienestar del pueblo iraquí» y prevé el desembolso de fondos para «fines que vayan en beneficio de la población del Iraq». La protección de los derechos humanos debería ser una parte clave de los fines que han de alcanzarse.

En el párrafo 5 de la resolución se «Insta a quienes concierna a cumplir cabalmente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular los Convenios de Ginebra de 1949 y el Reglamento de La Haya de 1907» (énfasis añadido). Es evidente que las obligaciones a que se hace referencia en este párrafo no se limitan a las previstas en los tratados citados, sino que incluyen otras obligaciones legales internacionales no especificadas. En opinión de Amnistía Internacional, las obligaciones de las potencias ocupantes previstas en el derecho internacional incluyen el claro deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos del pueblo iraquí mientras continúen ejerciendo el control efectivo del territorio de Irak. Estas obligaciones existen por dos razones. En primer lugar, porque Estados Unidos y el Reino Unido son partes de varios tratados internacionales de derechos humanos, y sus obligaciones contraídas en virtud de estos tratados se extienden a los territorios que ocupan. Y en segundo lugar, porque el anterior gobierno iraquí firmó y ratificó varios tratados de derechos humanos que se aplican a todas las personas que estén en territorio iraquí y que siguen siendo vinculantes, tanto para un futuro gobierno iraquí como para cualquier autoridad provisional, incluidas las potencias ocupantes que ejerzan el control efectivo en el país.

En relación con el proceso de reconstrucción, la resolución 1483 incluye algunos aspectos positivos. Levanta las sanciones impuestas por la ONU a Irak, lo que representa un primer paso esencial para la reconstrucción económica, pues las sanciones han tenido una repercusión muy negativa en la situación de los derechos humanos en el país. También respalda los esfuerzos encaminados a encontrar una solución al problema de la enorme deuda externa de Irak. Además, hay disposiciones destinadas a dar transparencia al proceso de reconstrucción y a proveer de fondos el proceso.

La resolución llama la atención sobre la creación de un Fondo de Desarrollo para Irak, que no ha establecido el Consejo de Seguridad, sino presumiblemente las potencias ocupantes, a las que la resolución denomina «la Autoridad». Todos los ingresos futuros procedentes de la venta de petróleo –y algunos fondos en manos de la ONU procedentes de ventas de petróleo realizadas con anterioridad, en virtud del programa petróleo por alimentos– irán al Fondo. Éste estará auditado por «contadores públicos independientes» aprobados por una Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión. Al igual que el Fondo, esta Junta tampoco está establecida por el Consejo de Seguridad, sino presumiblemente por la Autoridad. Entre sus miembros habrá representantes de instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y de la ONU, y uno de sus cometidos será garantizar que los recursos del Fondo se utilicen «de manera transparente».

Sin embargo, resulta preocupante que ni el Fondo de Desarrollo ni la Junta Internacional sean verdaderas entidades internacionales, con una responsabilidad internacional clara. Aunque la resolución 1483 sí estipula algunos de sus fines, miembros y operaciones, ninguna de las dos entidades ha de informar ante el Consejo de Seguridad. Y pese a que el secretario general debe informar de la labor que realiza la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión, el poder real –y la responsabilidad de los dos organismos– lo tiene la Autoridad, es decir, los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido, a los que en la resolución meramente se «alienta [...] a que le informen a intervalos periódicos de las actividades que realicen en virtud de la presente resolución.» Según la resolución 1483, los recursos del Fondo de Desarrollo «serán desembolsados según disponga la Autoridad, en consulta con la autoridad provisional iraquí». Aparentemente, esta estipulación anula la norma internacional vigente que prohíbe a las potencias ocupantes vender o transferir los recursos naturales del territorio que ocupan.³

Amnistía Internacional considera que los desembolsos del Fondo de Desarrollo deberán dar prioridad a proteger y realizar los derechos humanos del pueblo iraquí. Si la ONU tuviera el control y la supervisión efectiva del Fondo, esto se habría derivado naturalmente de los propios fines de la ONU, establecidos en su Carta. Dado que el Fondo está controlado por las potencias ocupantes, éstas deben comprometerse a utilizarlo de forma que se respeten, se protejan y se realicen los derechos humanos en Irak. Aunque controlen el proceso, no pueden eludir las garantías de derechos humanos que normalmente estarían presentes si el Fondo estuviera bajo el control de la ONU.

De forma similar, las potencias ocupantes deben comprometerse a que el uso de los fondos tendrá la máxima transparencia. Es lamentable que el Fondo de Desarrollo y la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión no sean debidamente responsables a nivel internacional, sino que estén sometidos en última instancia a la dirección de la Autoridad. Las percepciones de corrupción o de parcialidad en el proceso de reconstrucción perjudicarán gravemente los esfuerzos para establecer el imperio de la ley en Irak y, por tanto, debilitarán los esfuerzos encaminados a fomentar el respeto a los derechos humanos.

Recomendaciones a las potencias ocupantes, otros gobiernos, cualquier administración provisional iraquí en el futuro y la ONU

Los derechos humanos deben estar en el centro de los esfuerzos de reconstrucción; de hecho, el objetivo principal del proceso debería ser la protección y realización de todos los derechos humanos para todos los iraquíes. Amnistía Internacional insta a las potencias ocupantes, a cualquier administración provisional iraquí en el futuro, a otros gobiernos con influencia y al representante especial de la ONU para Irak⁴ a que cumplan las siguientes recomendaciones.

• Hacer que los derechos humanos sean primordiales en el proceso de reconstrucción

Todas las partes implicadas en el proceso de reconstrucción deben dar prioridad a los proyectos relacionados directamente con la protección o la realización de los derechos humanos, centrándose en particular en los proyectos relacionados con la mejora de la seguridad personal y en garantizar el acceso a los alimentos, a la salud, a la educación y a la vivienda, y la reforma del sistema de justicia.

La Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión debe declarar públicamente que considera que la protección de los derechos humanos en Irak es sin duda «en beneficio de la población de Irak» y, por tanto, una prioridad apropiada a los efectos de recibir apoyo económico del Fondo de Desarrollo.

La Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión debe dejar claro, además, que los proyectos de reconstrucción deben realizarse de forma que se refuerce el respeto a los derechos humanos. Deben adoptarse directrices claras para garantizar que los proyectos financiados con el Fondo de Desarrollo no son causa de abusos contra los derechos humanos ni contribuyen a que se cometan.

• Implicar a los iraquíes en la toma de decisiones

Los iraquíes tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan, y esto incluirá la mayoría de los aspectos del proceso de reconstrucción. La participación activa de los iraquíes en este proceso es, además, una condición esencial para su éxito. Este proceso de participación debe ser inclusivo y no discriminatorio.

Las potencias ocupantes deben comprometerse expresamente a implicar a los iraquíes en la toma de decisiones relativas a la reconstrucción y a incluir en sus informes al Consejo de Seguridad información detallada de las medidas que adoptan para cumplir este compromiso.

• Implicar a la mujer en el proceso de reconstrucción y proteger los derechos de la mujer

Las necesidades concretas de la mujer han de estar integradas en su totalidad en el proceso de cambio. La plena participación de la mujer es una condición necesaria para el éxito de la reconstrucción pacífica de Irak, y la mejor garantía de que el proceso de reconstrucción logrará una mejor protección de los derechos de la mujer en Irak.⁵

• Adjudicar contratos de forma transparente y por medio de licitaciones abiertas

La presentación de licitaciones cerradas o reservadas para proyectos de reconstrucción puede fomentar la corrupción e ir en detrimento del establecimiento del Estado de derecho en Irak. La buena práctica empresarial exige siempre unos procesos imparciales y transparentes para la adjudicación de grandes contratos de infraestructura. Estos procesos son esenciales cuando los contratos se refieren a asuntos que afectan a los derechos humanos, y no lo son menos para garantizar que no se menoscaba el derecho de los iraquíes a participar.⁶

• Gestionar los recursos petroleros de una forma transparente y responsable

La experiencia en varios países muestra que existe el riesgo de que se utilicen mal los recursos petroleros y cómo esta mala utilización puede repercutir negativamente en la protección de los derechos humanos.⁷Las decisiones sobre la forma más apropiada de explotar los recursos petroleros de Irak deben adoptarse con vistas a alcanzar la protección y la realización de los derechos del pueblo iraquí. Los ingresos que genere el petróleo iraquí deben gestionarse de una forma transparente y responsable en beneficio de la población iraquí.⁸

La resolución 1483 establece ciertos mecanismos para la rendición de cuentas e incluye el compromiso con la transparencia en relación con la utilización de los fondos procedentes de la venta de petróleo. La transparencia será mayor y la rendición de cuentas más clara si los informes de la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión y los de los auditores que ésta apruebe son públicos, y si las potencias ocupantes incluyen en sus informes al Consejo de Seguridad información sobre la forma en que el Fondo de Desarrollo contribuye a la protección y la realización de los derechos humanos en Irak. ⁹

Recomendaciones a las empresas

Las empresas extranjeras que entren o inviertan en Irak tendrán una enorme influencia. Es vital que no debiliten los esfuerzos para establecer el Estado de derecho y un gobierno auténticamente responsable en Irak, que no apliquen políticas que contribuyan a que se cometan abusos contra los derechos humanos y que no cometan esos abusos. En consecuencia, AI pide a las empresas que se comprometan a respetar los siguientes principios si tienen la intención de realizar actividades en Irak.

Las empresas deben comprometerse a respetar el Borrador de Normas de Responsabilidad de Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales con respecto a los Derechos Humanos. Este Borrador de Normas reúne diversas normas existentes de derechos humanos de la ONU pertinentes al ámbito empresarial. Aunque no están aprobadas formalmente, constituyen un punto de referencia de gran utilidad para la práctica de las empresas en relación con los derechos humanos.¹⁰

Las empresas deben dejar claro a todos sus directores y empleados que trabajen en Irak que deben respetar los derechos humanos fundamentales, expresados en el Borrador de Normas, dentro de las actividades de la empresa y en relación con las comunidades que les rodean y en la sociedad iraquí en general.

En concreto, AI pide a las empresas que adopten medidas para evitar los siguientes abusos, con arreglo a lo que establece el Borrador de Normas.

• Desplazamientos arbitrarios

Los grandes proyectos de infraestructura suelen provocar desplazamientos de población. La reconstrucción de Irak conllevará proyectos de gran magnitud. Las empresas deben negarse a participar en proyectos en los que estos desplazamientos sean forzosos y arbitrarios (por ejemplo, cuando no haya normas claras que permitan que se escuchen las opiniones de los afectados), cuando sean discriminatorios o cuando no se estipule una compensación adecuada.

• Discriminación en la contratación

En Irak hay diversas religiones y grupos étnicos que han sufrido prácticas discriminatorias con el gobierno anterior. Las mujeres han sido asimismo discriminadas en la ley y en la práctica. En sus prácticas de contratación de trabajadores, las empresas no deben discriminar por ninguna causa, incluidos la religión, el origen étnico, la raza y el género.

• Adquisición de propiedades expropiadas arbitrariamente

Las empresas deben garantizar, en lo posible, que no exacerbarán abusos cometidos en el pasado mediante la compra o la ocupación de propiedades expropiadas de forma ilegal o arbitraria.

2. Respetar las normas de seguridad reconocidas internacionalmente

En sus normas de seguridad, y en concreto en la contratación de personal de seguridad (por ejemplo, para custodiar sus instalaciones), las empresas deben garantizar que respetan el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la ONU, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.¹¹

Las empresas mineras y petroleras deben aplicar los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos creados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, en conjunción con varias empresas.¹²Las empresas deben hacer que sus normas de seguridad sean congruentes con las normas de derechos humanos, lo que incluye garantizar que el personal de seguridad recibe la formación adecuada y, en lo posible, deben hacer públicas dichas normas.

Las empresas deben evitar contratar a presuntos autores de abusos contra los derechos humanos en puestos relacionados con la seguridad de sus actividades.

3. Consultar con las comunidades locales y recabar la opinión de las mujeres

Las empresas deben consultar con la comunidad local en la que lleven a cabo su actividad y a otros afectados por sus operaciones o inversiones. Estas consultas deben garantizar que se escuchan las opiniones de las mujeres, así como las de las comunidades marginadas o grupos discriminados.¹³

4. Facilitar servicios esenciales de una forma no discriminatoria

Cuando las empresas asuman la prestación de servicios esenciales (como los relacionados con la salud, la educación o el acceso al agua), sea por medio de un proceso formal de privatización o debido a la incapacidad temporal del Estado para cumplir sus obligaciones, han de aceptar la obligación de garantizar la prestación de estos servicios de forma no discriminatoria. En todo proceso de privatización que afecte a servicios esenciales se deberá prever el acceso de los pobres a dichos servicios.

5. Prohibición de la especulación

No se deberá especular con la escasez provocada por la guerra. Deberán fijarse los precios de los productos y servicios esenciales teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que viven los civiles en el entorno posterior a un conflicto.

6. Respeto al medio ambiente

Los daños al medio ambiente y la contaminación pueden tener un grave impacto sobre los derechos humanos (incluidos el derecho a la vida y a la salud). Las empresas deben realizar sus actividades con arreglo a las normas internacionales sobre medio ambiente y salud pública, y facilitar información completa y pública sobre el impacto medioambiental de sus actividades.

7. No perpetuar las divisiones sociales

Las empresas que intervienen en la provisión de ayuda o de bienes indispensables para la supervivencia de los civiles, como alimentos, agua, atención básica para la salud o refugio, deben garantizar que al prestar dichos servicios no contribuyen a la perpetuación de las divisiones sociales, de antiguas animadversiones o de desigualdades arraigadas.¹⁴

8. No ofrecer sobornos ni fomentar la corrupción

La corrupción debilita el Estado de derecho y dificulta el establecimiento de un gobierno responsable. Por tanto, las empresas deben comprometerse a luchar contra el soborno y a hacer una contribución positiva para mejorar los niveles de integridad, transparencia y rendición de cuentas en las actividades empresariales.

En sus actividades en Irak, las empresas deben dejar claro a su personal la prohibición del soborno en cualquier forma, sea directo o indirecto. La empresa no debe permitir que se hagan contribuciones directas ni indirectas a partidos políticos, organizaciones o personas que intervienen en política y utilizarlas como forma de obtener ventajas en las transacciones empresariales.

9. Transparencia

Las empresas deben actuar de una forma transparente, revelando todos los recursos financieros y de otro tipo que proporcionan al gobierno o a las autoridades de Irak, incluidos, en concreto, los ingresos derivados de contratos de participación en la producción y los pagos de derechos derivados de la explotación del petróleo o de contratos de producción.¹⁵

10. Apoyar el Estado de derecho y el establecimiento de un sistema de justicia imparcial

Las empresas deben apoyar el establecimiento en Irak, lo antes posible, de un sistema de justicia imparcial y eficaz, congruente con las normas internacionales de derechos humanos. La creación de este sistema es esencial para la protección a largo plazo de los derechos humanos en Irak. Sin él, las empresas no podrán estar seguras de la legalidad y la seguridad de sus inversiones.

Irak ha sufrido durante muchos años violaciones generalizadas y graves de derechos humanos. Ninguna sociedad puede esperar reconstruirse sin abordar estos abusos y garantizar la justicia para las víctimas. A las empresas les interesa dejar claro su apoyo al establecimiento lo antes posible de una comisión de expertos de la ONU que, en estrecho contacto con la sociedad civil iraquí, formule recomendaciones sobre medios imparciales, independientes y eficaces para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos contra los derechos humanos en Irak.¹⁶

11. Respaldar el despliegue de observadores de derechos humanos

Como medio para garantizar que se respetan los derechos humanos en todo Irak, las empresas deben respaldar el despliegue rápido de observadores de derechos humanos de la ONU.¹⁷

Información general

Las recomendaciones formuladas se basan en la experiencia de AI en la observación de los abusos contra los derechos humanos en Irak y en su valoración de la situación actual de estos derechos en el país. Las recomendaciones se fundamentan también en la experiencia de otros países en cuanto a los lazos que unen la extracción de petróleo, la corrupción y los abusos, y en la labor realizada por AI en el examen de las responsabilidades de las empresas en los abusos contra los derechos humanos. Los siguientes apartados ofrecen información general sobre estos aspectos y exponen el contexto del proceso de reconstrucción.

1. El legado de los abusos cometidos contra los derechos humanos en Irak

La historia de los abusos contra los derechos humanos en Irak es un punto de referencia esencial para las empresas extranjeras que entran en el país. A lo largo de los años, los informes de AI han denunciado violaciones generalizadas de los derechos humanos en Irak. Decenas de miles de personas han «desaparecido», y sólo ahora se están encontrando sus cuerpos en fosas comunes. Miles de personas fueron ejecutadas por su oposición al régimen. Otros miles de personas fueron detenidas y encarceladas después de juicios injustos. La tortura y los malos tratos a presos y detenidos políticos han sido sistemáticos.

En 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que condenaba enérgicamente «Las gravísimas violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por el Gobierno del Iraq, que tienen por resultado una represión y una opresión omnipresentes, sostenidas mediante una amplia discriminación y el terror generalizado.»¹⁸

Persecución política, étnica y religiosa

En Irak existen diferencias étnicas, religiosas y culturales que, según un informe reciente, podrían convertirse en motivo de persecución.¹⁹

Entre el 75% y el 80% de las población iraquí de 25 millones de personas son de etnia árabe. Los kurdos representan entre el 15% y el 20% de la población. El 5% restante corresponde a turcomanos, asirios y otros grupos étnicos. Aproximadamente el 97% de los iraquíes son musulmanes, de los que entre el 60% y el 65% son chiíes; el resto son sunníes. La mayoría de la población kurda vive en el norte del país, mientras que la población chií vive sobre todo en Bagdad y en el sur.

Con el gobierno del Baas se cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas contra las comunidades kurda y chií. Los musulmanes chiíes, incluidos los kurdos feilíes, fueron expulsados de Irán y objeto de «desapariciones» después de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988). En los años ochenta, las autoridades iraquíes expulsaron a Irán a decenas de miles de familias iraquíes a las que consideraba de origen iraní y confiscaron sus propiedades. La confiscación de propiedades y la destrucción de viviendas se ha utilizado también como castigo contra opositores políticos.

Más de 100.000 kurdos «desaparecieron» en 1988 (en la «Operación Anfal»), y 5.000 civiles murieron a causa de las armas químicas que se emplearon en un ataque contra la ciudad kurda de Halabja. En 1991, después de finalización de la Guerra del Golfo («Operación Tormenta del Desierto»), los musulmanes chiíes y los kurdos fueron víctimas de homicidios y «desapariciones» en la represión desatada por el gobierno para sofocar los levantamientos del norte y el sur del país. Tras estos levantamientos, cientos, probablemente miles de personas «desaparecieron» o fueron ejecutadas extrajudicialmente.²⁰

Desplazamientos forzados y «arabización»

Desde mediados de 1997, muchas personas de origen no árabe, como turcos, turcomanos y asirios, han sido expulsadas de Khanaqin y de la región de Kirkuk, rica en petróleo, y enviadas a las provincias kurdas del norte controladas por los dos grupos kurdos, el Partido Demócrata del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán y sustituidas por familias árabes del sur de Irak. En el proceso de expulsión se confiscaron propiedades, cartillas de racionamiento proporcionadas en virtud del programa petróleo por alimentos de la ONU y tarjetas de pertenencia a organismos oficiales. La mayoría de los expulsados fueron reasentados en campos. La política de expulsión continuó hasta que comenzó la acción militar dirigida por Estados Unidos contra Irak, en marzo de 2003. Según los informes, en mayo de 1999 habían sido expulsadas a las provincias del norte al menos 15.000 familias, que abarcaban como mínimo a 91.000 personas. Hoy este número podría ser muy superior a 100.000 personas.

Esta política de «arabización» ha incluido también medidas discriminatorias como los mecanismos y políticas que obligaron a la población a utilizar nombres árabes o a consignar una identidad étnica distinta de la real en los documentos oficiales.

Los árabes de las marismas del sur han tenido que cambiar de residencia a menudo, y muchas veces por la fuerza, cuando se desecaron las llanuras para desviar recursos a las regiones favorables al ex presidente Sadam Husein.

Los desplazamientos masivos de personas están lejos de haber terminado. Tras la reciente guerra, la Organización Internacional para las Migraciones, en una evaluación inicial basada en las conclusiones de algunas de las organizaciones no gubernamentales asociadas, informó el 13 de mayo de 2003 que había al menos 280.000 desplazados internos; algunos vivían en edificios públicos abandonados, otros con familias de acogida, en tiendas de campañas o incluso al aire libre.

Violaciones de derechos humanos contra la mujer

Las mujeres son desde hace muchos años víctimas de violaciones graves de derechos humanos, incluidas la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Entre los métodos de tortura figuran golpes en las plantas de los pies y violaciones. En un caso bien documentado, la violación de una mujer fue filmada en vídeo y enviada a un familiar que vivía en el extranjero, para presionarlo a fin de que dejara de realizar actividades contra el gobierno. En octubre de 2002, decenas de mujeres sospechosas de prostitución fueron decapitadas en Bagdad y en otras ciudades sin haber sido sometidas a ningún proceso judicial. Miembros del grupo paramilitar Feda'iyye Saddam emplearon espadas para realizar las ejecuciones en público. También se ha decapitado a mujeres por motivos políticos.

Durante los años ochenta, y especialmente como consecuencia de la «Operación Anfal» realizada en 1988 contra la población kurda del norte de Irak, decenas de miles de mujeres kurdas enviudaron o se quedaron sin ningún familiar varón en una sociedad dominada por los hombres. Muchas otras habían sufrido la pérdida del esposo, de un hijo o de un hermano durante la guerra Irán-Irak o como consecuencia de la persecución política de las autoridades.

Durante muchos años, las dificultades económicas, entre las cuales cabe destacar la disminución de puestos de trabajo, cambiaron el papel de la mujer en Irak. Muchas mujeres que habían trabajado fuera de casa han asumido funciones domésticas cada vez más amplias o hacen trabajos de categoría muy inferior a su nivel de preparación y estudios. Algunos informes indican que durante este periodo se ha producido un gran aumento del número de mujeres que se dedican a la prostitución. El grueso de los refugiados y de los desplazados internos está integrado por mujeres y niños. Estos cambios y la desaparición de muchas redes de apoyo e iniciativas locales han dejado a muchas mujeres aisladas y vulnerables frente a la violencia, incluida la violencia doméstica. El aumento del número de divorcios y el efecto de las guerras han provocado un incremento del número de familias encabezadas por una mujer.

Las mujeres han sido también víctimas de homicidios familiares, conocidos como «homicidios por motivos de honor». La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer informó en 2002 que más de 4.000 mujeres habían sido víctimas de estos homicidios en Irak desde 1991.²¹

Este legado de abusos será un factor importante en el Irak de posguerra. Es urgente abordar las violaciones de derechos humanos cometidas, investigar y hacer que comparezcan ante la justicia quienes sean declarados responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y ofrecer compensación y restitución a las víctimas.²²

En la actual situación de Irak, después del conflicto, es preocupante que no se consulte a las mujeres y que éstas no estén participando plenamente en el debate sobre el futuro de su país.

Derechos económicos y sociales: la discriminación y el impacto de las sanciones

Además de este legado de abusos contra los derechos civiles y políticos, los iraquíes también han sufrido violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales. En 1997, el organismo oficial de la ONU que vigila el cumplimiento de estos derechos hizo constar su preocupación ante las medidas discriminatorias en relación con éstos, y especialmente respecto de la mujer, los kurdos y los árabes de las marismas, y expresó asimismo su inquietud ante la prohibición de los sindicatos independientes, el uso del trabajo infantil y los desahucios, incluidos los de ocupantes ilegales. También expresó preocupación por la falta de disponibilidad de alimentos, medicinas y agua potable en muchas zonas rurales, por la creciente tasa de analfabetismo y por el derecho a la educación primaria en términos generales.²³El Comité de Derechos Económicos y Sociales, al igual que muchos otros observadores, también señaló el impacto negativo de las sanciones de la ONU en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. En 2002, citando la desastrosa situación causada por el embargo en la población iraquí en los últimos 12 años, la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la ONU, decidió que había que levantar el embargo aun cuando no se hubieran alcanzado sus objetivos.²⁴

Según la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos,²⁵el impacto de las sanciones incluía un aumento de la mortandad maternal entre 1989 y 1997 de 50 a 117 fallecimientos por cada 100.000 nacimientos vivos. Entre 1990 y 1995, la mortandad infantil aumentó de 64 a 129 por cada 1.000 nacimientos.²⁶Además, los hospitales y las instituciones médicas carecían de mantenimiento, la escasez de agua era generalizada, habían vuelto las enfermedades transmisibles, las cifras de alfabetización de adultos y de mujeres habían retrocedido a los niveles de mediados de los años ochenta, y habían descendido las matriculaciones en escuelas primarias.

Pero la Oficina del Alto Comisionado también señaló otros factores que contribuyeron a que Irak no pudiera cumplir sus obligaciones, como la guerra Irán-Irak, la invasión de Kuwait, la dependencia de Irak de la exportación de petróleo, el retraso del gobierno iraquí en aceptar el programa petróleo por alimentos;²⁷la no utilización por el gobierno de todas las posibilidades que permitía el programa, la ineficacia del reparto de productos médicos, y la denegación de acceso a observadores imparciales para vigilar la situación en Irak. De modo similar, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irak ha llamado la atención sobre la responsabilidad del gobierno iraquí respecto de las violaciones de derechos económicos y sociales derivados del régimen de sanciones.²⁸

Irak ha ratificado siete de los ocho convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. El único que no ha ratificado es el convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Tanto la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)²⁹como la OIT criticaron las prácticas sindicales y de empleo del anterior gobierno.³⁰

2. Cuestiones de derechos humanos después del conflicto

Cientos de civiles han perdido la vida durante el reciente conflicto. Algunos fueron víctimas de bombas de racimo, otros murieron en ataques ocurridos en circunstancias no aclaradas. Las pequeñas bombas que no han estallado, procedentes de las bombas de racimo empleadas en el conflicto, siguen siendo una amenaza para los civiles, especialmente para los niños. Las fuerzas iraquíes utilizaron tácticas ilegales que pusieron en peligro a los civiles. Según los informes, dichas tácticas incluyeron la ubicación de fuerzas militares y armas cerca de civiles y el uso de ropa civil por parte de combatientes para lanzar ataques por sorpresa.

Aunque parece que los combates a gran escala ya han terminado, la fase de «posconflicto» inmediata sigue siendo turbulenta debido al derrumbamiento general de la seguridad, el saqueo extendido de edificios públicos y privados, índices de delincuencia elevados y choques esporádicos entre individuos armados y fuerzas estadounidenses o británicas. La seguridad sigue siendo el principal motivo de preocupación para la población iraquí por la ausencia de actuación policial adecuada y la gran disponibilidad de armas.

Desde el 23 de abril, AI ha hecho investigaciones sobre el terreno en Basora y en las zonas circundantes, Nasiriya, Al-'Amara y Bagdad. En Basora se recabaron testimonios de ex detenidos iraquíes que alegaban que habían sido torturados o maltratados por soldados británicos.³¹En algunos casos el uso de fuerza excesiva ha causado la muerte de personas desarmadas, niños incluidos. Un importante motivo de preocupación es la elección como blanco de ex miembros del Partido Baas o de cualquier persona relacionada con el anterior gobierno. Según los informes, se están cometiendo estos «homicidios por venganza» en todo el país, y al parecer se han producido centenares de ellos en el distrito de Ciudad Al-Sadr (antes Ciudad Sadam), de Bagdad, dominado por los chiíes.

En el norte de Irak, especialmente en las ciudades de Mosul y Kirkuk, se han recibido informes de enfrentamientos entre los grupos étnicos kurdo, árabe y turcomano. Al parecer, en algunos pueblos de los alrededores han expulsado de sus casas a las familias árabes como represalia por la política del gobierno anterior de expulsión de kurdos y otras personas no árabes. Las mujeres han sido víctimas de abusos graves, como secuestros, asesinatos y violaciones. Se cree que los perpetradores son miembros de bandas de delincuentes. Sin embargo, se han recibido también informes de amenazas e intimidación contra mujeres por parte de grupos islamistas radicales.

La transición a la paz no va a ser sencilla ni rápida, como sabe la comunidad internacional de la experiencia en la ex Yugoslavia, Timor Oriental y Afganistán, por citar algunos ejemplos.³²Las disputas políticas, étnicas y religiosas ya son manifiestas, y llevará tiempo establecer las instituciones y leyes con las que se pueda mediar pacíficamente en ellas.

Puede que algunas empresas extranjeras se vean tentadas de aprovechar la actual inestabilidad, antes del establecimiento de un gobierno iraquí representativo que pueda instaurar y mantener un Estado de derecho. Otras se verán obligadas a tratar de resolver numerosas situaciones difíciles derivadas de la ausencia de un marco legal nacional claro. Si existe un resentimiento interno contra la presencia estadounidense y británica en Irak, las empresas asociadas a estas potencias ocupantes podrían convertirse en blancos de ataques. En un entorno inestable o de desgobierno, o donde persista el conflicto, las empresas tomarán medidas para garantizar la seguridad de su personal y de sus instalaciones, bienes y otras propiedades. En situaciones similares en otros países, las fuerzas de seguridad que protegen a las empresas han recurrido en ocasiones al uso de armas de forma desproporcionada, por ejemplo contra manifestantes pacíficos.

La justicia: responder de los abusos cometidos en el pasado contra los derechos humanos

Otra cuestión que surgirá con rapidez es la necesidad de abordar el macabro historial de abusos contra los derechos humanos. Garantizar la rendición de cuentas por estos abusos, que en muchos casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, es esencial para prevenirlos en el futuro. Puede que las empresas tengan que afrontar esta cuestión, pues podrían, intencionadamente o no, emplear o contratar a personas relacionadas con el gobierno anterior implicadas en estos crímenes. Por tanto, también las empresas tienen un gran interés en que se establezcan cuanto antes medios satisfactorios para identificar, investigar y hacer que comparezcan ante la justicia las personas y grupos que puedan haber actuado con impunidad en el pasado.

Una gran mayoría de empresas afirma que están interesadas en la estabilidad, la paz y el Estado de derecho. Deben hacer todo lo que dependa de ellas para garantizar que sus inversiones en un entorno posterior al conflicto promueven estos fines. La investigación de bancos de desarrollo multilaterales muestra que la inversión nacional y extranjera puede impulsar la confianza en una economía y contribuir al intrincado proceso de reconstrucción, pero únicamente si la inversión responde a las necesidades locales.³³Para ello, una condición imprescindible es respetar las normas internacionales para la protección de los derechos humanos.

3. Extracción de recursos y abusos contra los derechos humanos

Investigaciones recientes del Banco Mundial³⁴y otras entidades demuestran que existe un fuerte vínculo entre recursos naturales y conflicto. El estudio del Banco Mundial concluyó que los países cuyas economías son muy dependientes de las exportaciones de materias primas corren más riesgo de guerra que los demás. Esto ocurre especialmente cuando los países carecen de instituciones transparentes, legítimas y capaces para regular las grandes cantidades de dinero que generan en poco tiempo los Estados o las empresas. En estas condiciones, los funcionarios del Estado, los políticos y los miembros del ejército tienen incentivos y oportunidades excepcionales para controlar los ingresos en provecho propio o para canjearlos por ventajas políticas o militares, y muy pocos incentivos para encauzarlos en desarrollo sostenible y equitativo. Este tipo de corrupción, por supuesto, debilita directamente el Estado de derecho.

Informes, estudios e investigaciones de especialistas señalan numerosos problemas relacionados con el sector de la extracción: la extracción del recurso puede provocar un conflicto armado sobre cuestiones relacionadas con el control del recurso; no se suele consultar a las comunidades, que afrontan enormes problemas como consecuencia de los impactos sociales y medioambientales; los medios empleados por la empresa para obtener sus activos y su personal se traducen en abusos contra los derechos humanos. El sector de la extracción podría, intencionadamente o no, financiar el conflicto armado, beneficiarse de dicho conflicto, convertirse en blanco, o ser un proveedor de las partes contendientes o de quienes se benefician del conflicto.³⁵

4. La dependencia iraquí del petróleo: ¿ gallina de los huevos de oro o maldición?

La economía iraquí depende de forma casi total del petróleo.³⁶En 1989, el último año completo antes de la invasión de Kuwait por Irak, los ingresos de este país derivados del petróleo fueron de 14.500 millones de dólares y representaron el 99% de los ingresos por exportaciones. Las sanciones impuestas a Irak por la ONU cambiaron esta dinámica, y en 1996, las exportaciones de petróleo (269 millones de dólares) representaron sólo un tercio de las exportaciones de Irak, por valor de 950 millones de dólares. En 2001, cuando el efecto del programa petróleo por alimentos estaba en su punto álgido, las exportaciones de petróleo dominaron una vez más las exportaciones iraquíes, pues ingresaron 15.140 millones de dólares de unos ingresos totales por exportaciones de 15.940 millones de dólares, revelando la disminución de la capacidad de generar ingresos por exportación de otros sectores.³⁷

Las reservas petroleras de Irak ya han contribuido a que se cometan abusos contra los derechos humanos. El ex presidente iraquí Sadam Husein controlaba la industria y asignaba y repartía los beneficios. Dado que el sector estatal era dominante en la economía iraquí, el presidente estaba en condiciones de cosechar una amplia base de apoyo para su gobierno. A principios de los años ochenta, una cuarta parte de los trabajadores de Irak trabajaba para la burocracia estatal, y una nueva clase de empresarios, contratistas y administradores de empresas de propiedad estatal recogía gran parte de los beneficios derivados de la riqueza petrolera del país. Este centro de poder alternativo ayudó al presidente a consolidar su régimen, que fue haciéndose cada vez más arbitrario y represivo.

Las reservas petroleras comprobadas de Irak son de alrededor de 112.000 millones de barriles, lo que convierte a este país en el segundo depósito mundial conocido de petróleo. Antes de la invasión de Kuwait en 1990, Irak producía alrededor de tres millones de barriles de petróleo al día, de los que exportaba 2,8 millones mediante oleoductos vía Turquía al Mediterráneo, y vía Arabia Saudí al Mar Rojo.³⁸Después la producción disminuyó debido a los daños sufridos durante la Operación Tormenta del Desierto y a las sanciones que siguieron. Éstas prohibieron la exportación del petróleo iraquí hasta abril de 1995, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 986, que permitía exportaciones limitadas de crudo iraquí para financiar ayuda humanitaria e indemnizaciones de guerra, en lo que se denominó programa petróleo por alimentos. Ahora las sanciones se han levantado, y las exportaciones de petróleo se reanudarán libres de restricciones; el programa petróleo por alimentos finalizará en noviembre de 2003.

El potencial petrolero de Irak es enorme. De sus 74 yacimientos petrolíferos descubiertos y evaluados, sólo se han explotado 15, según analistas de la industria petrolera. Se considera que el desierto occidental iraquí tiene muchas posibilidades, pero aún está sin explorar. Sin embargo, la percepción de que la riqueza petrolera iraquí será suficiente a corto plazo para cubrir sus necesidades después del conflicto es errónea. Incluso unos yacimientos petrolíferos explotados y operativos necesitarán una buena cantidad de inversión y reparación antes de que pueda reanudarse la producción completa. Irak podría tardar entre 18 meses y tres años en recuperar su nivel de producción anterior a 1990 de 3,5 millones de barriles al día. Se calcula que reparar y restaurar las instalaciones que se utilizaban antes costará aproximadamente 5.000 millones de dólares, además de unos 3.000 millones de gastos de funcionamiento al año.³⁹

5. ¿Petróleo por productos? El Fondo de Desarrollo

Irak tiene la fortuna de contar con la posibilidad de construir una economía autosostenible. Aunque necesitará asistencia a corto plazo, las reservas petrolíferas demostradas del país le dan la oportunidad de regresar con rapidez a las filas de los países de ingresos medios. La resolución 1483 del Consejo de Seguridad dispone que los ingresos derivados del petróleo (así como el dinero en poder de la ONU en el programa petróleo por alimentos) deberán depositarse en un Fondo de Desarrollo, y que éste se empleará para pagar la reconstrucción. La resolución expone varios objetivos valiosos para el Fondo, incluidos:

«[...] satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo iraquí, llevar a cabo las tareas de reconstrucción económica y reparación de la infraestructura del Iraq, continuar con el desarme del Iraq, y hacer frente a los gastos de la administración civil iraquí, así como para otros fines que vayan en beneficio de la población del Iraq.»

Como se ha indicado antes, hay varias razones para afirmar que tales propósitos también incluyen la protección y la realización de los derechos humanos del pueblo iraquí. De hecho, el proceso de reconstrucción –y, por tanto, los desembolsos del Fondo– debe dar prioridad a los proyectos relacionados directamente con la protección o la realización de los derechos humanos.

El Fondo de Desarrollo será supervisado por una Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión, entre cuyos miembros habrá representantes de las instituciones financieras internacionales y de la ONU. Esta Junta Internacional debe declarar públicamente que considera que la protección de los derechos humanos en Irak es sin duda un propósito que va «en beneficio de la población de Irak» y, por tanto, una prioridad adecuada para la utilización del Fondo de Desarrollo.

La Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión deberá dejar claro, además, que los proyectos de reconstrucción deberán llevarse a cabo de forma que se fortalezca el respeto a los derechos humanos. Deben adoptarse unas directrices claras para garantizar que los proyectos que financie el Fondo no causan abusos contra los derechos humanos ni contribuyen a que se cometan. La resolución 1483 estipula que el Fondo de Desarrollo deberá funcionar con transparencia. Como ya se ha señalado, la gestión transparente y responsable de los ingresos derivados del petróleo es relativamente rara, y será crucial en el contexto iraquí para evitar la corrupción y para la credibilidad de cualquier administración de transición y gobierno iraquí del futuro.

No está claro aún si los gestores iraquíes de la Empresa Petrolera Nacional Iraquí tendrán autonomía suficiente para administrar la producción de petróleo del país. Las potencias ocupantes –incluido Estados Unidos, el mayor importador de petróleo del mundo– van a tener una gran influencia sobre la industria petrolera iraquí, incluso si las operaciones cotidianas siguen siendo labor de la Empresa Petrolera Nacional Iraquí. Con independencia de quién gestione la producción y los ingresos del petróleo, desde la perspectiva de los derechos humanos, la transparencia en la administración de los recursos de Irak sigue siendo motivo de preocupación principal. Sea cual sea la solución que se encuentre para la gestión de la producción y los ingresos del petróleo, AI considera que es esencial que se haga todo lo posible para garantizar que esta gestión es acorde con los criterios más elevados posibles de transparencia y de rigurosa responsabilidad. Los ingresos procedentes del petróleo deben emplearse para el bien público, y hay que esforzarse para prevenir su desviación para usos indebidos.

6. Contratos de reconstrucción

En las últimas semanas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha adjudicado a consorcios estadounidenses contratos para proyectos por valor de 1.700 millones de dólares. Los proyectos van desde la construcción de escuelas y carreteras hasta la gestión del sector petrolero y el asesoramiento al banco central iraquí. Analistas del sector de la energía especulan abiertamente con la posibilidad de que a algunas empresas petroleras les gustaría que las potencias ocupantes rompieran los contratos existentes entre Irak y otras empresas para poder explorar en una de las mayores reservas de petróleo del mundo.⁴⁰Se ha criticado el proceso de adjudicación de los contratos iniciales por arbitrario, y no hay garantías de que se seguirá el debido proceso cuando se adjudiquen concesiones petroleras.

Los desembolsos del Fondo de Desarrollo están controlados por las potencias ocupantes, y la resolución 1483 establece que estas decisiones deberían estar orientadas por las necesidades del pueblo iraquí. Sin embargo, no se prevé un mecanismo de quejas o procedimiento similar para que los iraquíes puedan impugnar proyectos concretos o la forma en que se adjudican los contratos. El ex director de la filial estadounidense del grupo angloneerlandés Shell ha sido nombrado para dirigir la Empresa Petrolera Nacional Iraquí,⁴¹con la ayuda de una junta asesora integrada por iraquíes y extranjeros. Un destacado profesional iraquí ocupará el cargo equivalente al de presidente del consejo de administración.

Desde el anuncio de los contratos de USAID, las empresas británicas han presionado a su gobierno para que represente sus intereses comerciales. A finales de mayo, Bechtel Corporation, una empresa estadounidense que ganó el principal contrato de reconstrucción, organizó reuniones en Estados Unidos, el Reino Unido y Oriente Medio con posibles subcontratistas de varios países. Dada la devastación de Irak –como consecuencia de la guerra, así como de la falta de inversión debida a las sanciones– hay mucho trabajo que hacer para reconstruir el país. El gobierno estadounidense ha elaborado una agenda que incluye objetivos ambiciosos para alcanzar en un año tras el final de la guerra. Además de grandes proyectos de infraestructura, como la apertura de puertos, la construcción de carreteras y de centrales de energía eléctrica, hay otros objetivos como garantizar el 100% de la escolarización, prestar atención de la maternidad a todo el que lo necesite, garantizar atención hospitalaria en las 21 principales ciudades y construir 20.000 viviendas.⁴²Estos proyectos, como es lógico, repercuten directamente en los derechos económicos y sociales del pueblo iraquí.

USAID ha adjudicado sus contratos iniciales. El Departamento de Defensa estadounidense ha creado la Oficina de Reconstrucción y Asuntos Humanitarios, y entre los contratos iniciales adjudicados figuran proyectos que afectan a los gobiernos locales,⁴³la atención sanitaria,⁴⁴la economía,⁴⁵las instalaciones petroleras,⁴⁶la educación,⁴⁷los transportes,⁴⁸los alimentos⁴⁹y el apoyo logístico.⁵⁰

Suscita preocupación que la competencia para el contrato de reconstrucción de la infraestructura estuviera limitada a un puñado de empresas estadounidenses⁵¹(algunas de ellas obtuvieron contratos, y otras podrían licitar para contratos futuros). Otros países han protestado alegando que, por ejemplo, no debería excluirse del proceso a las empresas francesas, rusas o de otros países europeos. También ha suscitado preocupación el hecho de que los principales beneficiarios de los contratos tengan estrechos lazos con funcionarios de la actual administración estadounidense, aunque las empresas tengan experiencia en trabajar en entornos difíciles. Se ha criticado a algunas de las empresas que han obtenido contratos, en algunos casos en relación con su actuación respecto de los derechos humanos.⁵²Será inevitable que la adjudicación de contratos por las potencias ocupantes a empresas de sus propios países suscite cuestiones.

El proceso de reconstrucción deberá tener como objetivo central respetar, proteger y realizar los derechos humanos del pueblo iraquí. Además, el pueblo iraquí tiene derecho a participar plenamente en el proceso de reconstrucción y ha de ser consultado de forma significativa sobre sus legítimas necesidades. Los contratos que se adjudiquen en procedimientos de licitación no transparentes y que, por tanto, no son conformes con la buena práctica internacionalmente acordada, desembocarán inevitablemente en disputas, que se verán exacerbadas por tensiones políticas si estos contratos van a empresas relacionadas con las potencias ocupantes. Esto, a su vez, podría minar el proceso de reconstrucción, o el apoyo al establecimiento del Estado de derecho en Irak.

7. Los costes de la reconstrucción

El gobierno estadounidense ha pedido al Congreso 2.000 millones de dólares para los esfuerzos de reconstrucción en Irak. A la administración de Estados Unidos le gustaría también completar el trabajo de reconstrucción en un año. Este plazo no es realista, pues la agenda es ambiciosa, y la cantidad solicitada, muy insuficiente.⁵³El PNUD calcula que los costes iniciales de la reconstrucción serán como mínimo de 10.000 millones de dólares. Otros expertos creen que los gastos totales de la reconstrucción serán de entre 25.000 millones y 100.000 millones de dólares.⁵⁴Además, puede que otros Estados duden en respaldar los esfuerzos de reconstrucción de Estados Unidos y el Reino Unido, pues temen que hacerlo legitime una guerra iniciada sin el apoyo de la ONU.

A pesar de los ingresos derivados del petróleo previstos de entre 10.000 millones y 14.000 millones de dólares al año, el país necesitará un apoyo financiero significativo de la comunidad internacional. Llevará tiempo invertir en la producción petrolera iraquí y conseguir que vuelva a funcionar. Si se desea que Irak alcance un producto nacional bruto per cápita igual al de Egipto o Irán, y si la mitad del capital nacional necesita reconstrucción, la reconstrucción necesita alrededor de 800 dólares per cápita, o 20.000 millones de dólares en total.⁵⁵Las cifras de los Balcanes en los años noventa indican que la asistencia humanitaria podría costar aproximadamente 500 dólares por persona y año.⁵⁶

Un cálculo verosímil sería que entre uno y cinco millones de personas en Irak necesitarán asistencia en el entorno de la posguerra. Si el tiempo de asistencia necesario fuera de entre uno y cuatro años, el coste total de la asistencia humanitaria solamente sería de entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares.⁵⁷

La necesidad de recursos es más patente si se considera el total de la deuda de Irak, que se calcula que sería de 383.000 millones de dólares si se suman a la deuda externa oficial las reclamaciones de indemnizaciones de guerra y la deuda comercial. Con el gobierno anterior, Irak acumuló entre 62.000 millones y 130.000 millones de dólares en deuda externa, casi la mitad en préstamos a corto plazo de bancos comerciales, aunque incluyendo algunas deudas a largo plazo con gobiernos extranjeros. Irak no pagó esta deuda durante todo el periodo en que estuvieron en vigor las sanciones de la ONU. La deuda de Irak incluye también cantidades adeudadas por compras de armas, incluidos alrededor de 9.000 millones de dólares que, según los informes, adeuda a la Federación Rusa. Otros componentes de la deuda son los préstamos comerciales y las demandas de indemnizaciones de guerra. Además, el coeficiente deuda a exportación de Irak situaría a este país en la categoría de países más endeudados del Banco Mundial, superando con creces el coeficiente de pago de la deuda de 3:1 considerado insostenible y que obliga a los países a entrar en la categoría de países pobres muy endeudados.