Document - Iraq: Unjust and Unfair: the Death Penalty in Iraq




Embargado hasta el 20 de abril de 2007Público


Amnistía Internacional

Irak

Pena de muerte en Irak: arbitraria e injusta

20 de abril de 2007

Resumen

Índice AI: MDE 14/014/2007



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE140142007

Desde que en agosto de 2004 se reinstauró la pena capital en Irak, se ha condenado a muerte a más de 270 personas y, según informes, se ha ejecutado al menos a un centenar. En 2006 fueron ejecutadas como mínimo 65 personas, entre ellas al menos dos mujeres. Irak ha pasado a figurar entre los países con mayor número de ejecuciones registradas en 2006.


En muchos casos, las condenas a muerte se han dictado tras procedimientos injustos que no cumplían las normas procesales internacionales. Mientras que el juicio celebrado ante el Alto Tribunal Penal Iraquí y las subsiguientes ejecuciones del ex presidente Sadam Husein y tres de sus colaboradores recibieron una gran atención pública y generaron críticas en la comunidad internacional, se ha prestado menos atención a las más de 250 personas que el Tribunal Penal Central de Irak ha condenado a muerte, incluidas las al menos 85 que han sido ejecutadas. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que muchas de las personas condenadas a muerte por el Tribunal Penal Central no hayan recibido un juicio justo. Entre las deficiencias de los juicios celebrados ante este tribunal que han resultado en la imposición de la pena de muerte cabe mencionar "confesiones" televisadas previas a los juicios, confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura o malos tratos y acceso insuficiente a asistencia letrada. También se han recibido informes de "confesiones" televisadas antes de la celebración de un juicio en la región bajo control kurdo en el que se condenó a muerte a 11 personas, que fueron ejecutadas en septiembre de 2006.


Bajo el régimen de Sadam Husein, la pena de muerte era de aplicación en una amplia variedad de delitos y se dictaba con frecuencia. Amnistía Internacional no ha podido determinar con exactitud cuántas personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas durante el gobierno de Sadam Husein.Las autoridades iraquíes no proporcionaban cifras detalladas y a menudo no hacían públicas las ejecuciones que llevaban a cabo. Sin embargo, se sabe que entre las personas ejecutadas en ese periodo había miembros de partidos políticos prohibidos y otros presuntos opositores al régimen, estudiantes, desertores del ejército, civiles detenidos como rehenes, extranjeros e incluso menores.


En junio de 2003, tras la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, se suspendió la pena de muerte, pero el Gobierno Provisional de Irak la reinstauró en agosto de 2004. Además del Decreto número 3 de 2004, por el que se reintroducía la pena de muerte, las autoridades iraquíes y el Gobierno Regional de Kurdistán promulgaron leyes antiterroristas en 2005 y 2006 respectivamente. Estas leyes establecían la aplicación de la pena capital a determinados delitos no mortales, como los secuestros sin resultado de muerte. A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que estas disposiciones no cumplan las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la pena de muerte.


El restablecimiento de la pena capital en Irak supone un profundo retroceso, que no ha de pasarse por alto simplemente porque se hayan perdido muchas más vidas a causa de la violencia que sigue reinando en el país. La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante y la violación más extrema del derecho a la vida. Además, no tiene un efecto disuasorio eficaz contra la violencia y la delincuencia, tal como pone de manifiesto la persistente crisis en la que está sumido Irak.


Amnistía Internacional insta al gobierno iraquí a que suspenda de forma inmediata las ejecuciones con vistas a una abolición total de la pena de muerte. La organización se opone a la pena capital en todos los casos sin excepción porque es una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.




Este texto resume el documento titulado Pena de muerte en Irak: arbitraria e injusta (Índice AI: MDE 14/014/2007), publicado por Amnistía Internacional en abril de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España












Fecha de embargo: 20 de abril de 2007 Público


Amnistía Internacional




Pena de muerte en Irak: arbitraria e injusta











ÍNDICE



Introducción 1

La pena de muerte bajo el régimen de Sadam Husein 5

Suspensión y reintroducción de la pena de muerte 7

Legislación iraquí posterior a 2003 sobre la pena de muerte que incumple las normas internacionales 9

Decreto Número 3 de 2004 10

Pena de muerte por delitos no mortales 11

Estatuto del Alto Tribunal Penal Iraquí 12

Ausencia del derecho al indulto o a la conmutación de la pena 12

Ley Antiterrorista de Irak 13

Actos terroristas: incluidos delitos sin resultado de muerte 14

Ley Antiterrorista de la Región Kurda de Irak 15

Procedimientos y salvaguardias posteriores a 2003 relativos a la aplicación de la pena de muerte 16

Pena de muerte no automática ni preceptiva 16

Procedimiento de apelación obligatorio 17

Prerrogativa del presidente para conmutar la condena o conceder un indulto 18

Exención de la pena de muerte para personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad 18

No se ejecutará a mujeres embarazadas o con bebés 19

La ejecución 19

Condenas a muerte impuestas por el Tribunal Penal Central de Irak y motivos de preocupación relacionados con la celebración de juicios injustos 20

Emisión televisiva de "confesiones" de delitos punibles con la muerte: violación de la presunción de inocencia 22

Puesta en libertad de personas detenidas que "confesaron" por televisión delitos punibles con la muerte 25

Coacción y confesión 26

Ausencia de defensa adecuada 30

Condenas a muerte por presuntos secuestros sin resultado de muerte 33

Recursos presentados ante el Tribunal de Casación 35

Las peticiones del Tribunal de Casación se elevan de cadena perpetua a condena a muerte 36

Condenas a muerte impuestas por el Alto Tribunal Penal Iraquí y motivos de preocupación relacionados con la celebración de juicios injustos 36

Juicio y ejecución de Sadam Husein y sus colaboradores 37

Juicios pendientes ante el Alto Tribunal Penal Iraquí 39

Condenas a muerte y ejecuciones en la región kurda de Irak 40

Mujeres condenadas a muerte 41

Recomendaciones 42

A las autoridades iraquíes 42

A los gobiernos de los países que forman parte de la Fuerza Multinacional, especialmente a las autoridades británicas y estadounidenses 43

A la Unión Europea 43

Anexo 1: Decreto: La reinstauración de la pena de muerte 45

Anexo 2: La Ley Antiterrorista de Irak 48










Pena de muerte en Irak:

arbitraria e injusta



Introducción

Desde que a mediados de 2004 se reinstauró la pena de muerte en Irak, su uso ha aumentado rápidamente: se ha condenado a muerte a más de 270 personas y, según informes, se ha ejecutado al menos a un centenar. No ha tenido constancia de que se llevasen a cabo ejecuciones en 2004, y en 2005 fueron ejecutados al menos tres hombres, pero desde entonces se ha disparado el número de ejecuciones, pues como mínimo 65 personas, entre ellas al menos dos mujeres, fueron ahorcadas en 2006.(1) Irak ha pasado a figurar entre los países con mayor número de ejecuciones documentadas en 2006. Sólo se han registrado cifras más elevadas en China, Irán y Pakistán.(2)

Las condenas a muerte impuestas por el Alto Tribunal Penal Iraquí a Sadam Husein y tres de las personas acusadas en el mismo juicio, así como las subsiguientes ejecuciones, que tuvieron lugar a finales de 2006 y principios de 2007, provocaron amplias críticas en la comunidad internacional y un polémico debate en el mundo árabe. Personal experto en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, concluyeron que las ejecuciones se realizaron tras un juicio que no cumplió las normas internacionales sobre juicios justos y un proceso de apelación muy deficiente.(3) Sin embargo, además de por estos casos notorios, Amnistía Internacional manifiesta preocupación por la cada vez mayor imposición de la pena de muerte en juicios injustos ante otros tribunales penales iraquíes, como el Tribunal Penal Central de Irak.

Desde el restablecimiento de la pena de muerte a mediados de 2004, el Tribunal Penal Central de Irak ha condenado a muerte a más de 250 personas. Una de ellas es Jum’a Sabah Jum’a:

Según informes, Jum’a Sabah Jum’a, técnico de 25 años, casado y con dos hijos, fue detenido el 7 de octubre de 2006 por las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior en el distrito bagdadí de Sayidiya. Sus familiares no tuvieron conocimiento de la detención hasta que un testigo presencial los puso al corriente un par de días después. No obstante, no recibieron ninguna confirmación oficial de ella hasta que Jum’a Sabah Jum’a compareció ante un tribunal, en febrero de 2007.

Tras la detención, Jum’a Sabah Jum’a fue conducido a un centro de detención de la ciudad de Kut o de sus alrededores, donde, según informes, lo torturaron aplicándole descargas eléctricas en varias partes del cuerpo o provocándole quemaduras en los muslos, entre otros métodos. Compareció ante un juez de instrucción el 22 de octubre de 2006. Según la información recibida, no tuvo acceso a asistencia letrada y, por miedo a que siguieran torturándolo, confesó haber matado a un hombre. Ahora insiste en que no tuvo nada que ver en tal asesinato.

El 13 de febrero de 2007, alrededor de las nueve de la mañana, Jum’a Sabah Jum’a llamó a su familia desde la sala del Tribunal Penal Central de Irak, en Bagdad, para decirle que iba a ser juzgado de forma inminente. Se le asignó un defensor de oficio. Unas dos horas después, Jum’a Sabah Jum’a volvió a llamar a sus familiares y les comunicó que había sido condenado a muerte. A principios de marzo de 2007, éstos contrataron a un abogado para que presentarse un recurso ante el Tribunal de Casación. Según informes, en aquella época todavía eran visibles en el cuerpo de Jum’a Sabah Jum’a los signos de la presunta tortura, sobre todo las quemaduras.

Bajo el régimen de Sadam Husein, la pena de muerte era de aplicación en una amplia variedad de delitos y se imponía con frecuencia. En junio de 2003, tras la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, se suspendió, pero el Gobierno Provisional de Irak la reinstauró en agosto de 2004. La Unión Europea, la ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, se opusieron a esta decisión.

Al restablecer la pena de muerte, las autoridades iraquíes adujeron que era una medida necesaria por su efecto disuasorio, habida cuenta de la grave situación de inseguridad que reinaba en el país. Sin embargo, han pasado más de dos años y la violencia no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado, lo que pone de manifiesto que la pena de muerte no es un método efectivo de disuasión. En todo caso, habrá contribuido al continuo embrutecimiento de la sociedad iraquí. Desde que se reinstauró la pena de muerte en agosto de 2004, decenas de miles de personas han sido víctimas de homicidios violentos y otros cientos de miles han quedado desplazadas internamente debido al vertiginoso aumento de la violencia, cada vez más sectaria, o se han visto obligadas a refugiarse en países vecinos. De acuerdo con los cálculos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI), sólo en 2006 murieron de forma violenta unos 34.452 civiles en Irak.(4) Grupos armados opuestos al gobierno o a la presencia de tropas extranjeras en el país, o con vínculos a partidos políticos representados en el gobierno han dirigido sus ataques contra la población civil, perpetrando homicidios deliberados, secuestros y otros abusos. Amnistía Internacional condena firmemente estas muertes de civiles y demás abusos contra los derechos humanos, e insta a que se haga comparecer a los responsables ante la justicia. Pero tales abusos no justifican el uso de la pena de muerte.

En el ámbito internacional, el restablecimiento de la pena de muerte en Irak es un serio retroceso, pues va en contra de la tendencia mundial hacia la eliminación de este castigo cruel e inhumano. Al inicio de 2007, nada menos que 128 países ya habían tomado la crucial decisión de abolir la pena capital en la ley o en la práctica. Hoy en día, sólo unos 69 países la mantienen y aplican, y el número de éstos que llevan a cabo ejecuciones es mucho menor. De hecho, en los últimos diez años, más de tres países de media cada año han abolido la pena de muerte en su legislación o, habiéndola suprimido para delitos comunes, han dado el siguiente paso, a saber, eliminarla para todos los delitos. Una vez abolida, es muy inusual que se reintroduzca.

Esta tendencia mundial refleja una conciencia cada vez mayor de que existen sanciones eficaces alternativas a la pena capital que no implican el homicidio de un ser humano cometido de forma premeditada y a sangre fría por el Estado supuestamente en nombre de la justicia. Ha ido creciendo el convencimiento de que la pena de muerte no parece haber impedido nunca la comisión de delitos con más eficacia que otros castigos, y de que deshumaniza a quienes participan en su aplicación. El irrevocable castigo que supone la muerte no sólo despoja a la víctima de su derecho a obtener resarcimiento por una sentencia condenatoria injusta, sino que también priva al sistema judicial de su capacidad de corregir el error.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción porque es una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. El derecho a la vida y a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes está consagrado por normas internacionales en las que Irak es Estado Parte, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El restablecimiento de la pena capital y la extensión de su aplicación a otros delitos han supuesto un grave retroceso. Es más, ha sido una medida corta de miras, pues en vez de aliviar la persistente crisis de Irak ha contribuido a exacerbarla. Después del derrocamiento del régimen abusivo de Sadam Husein, lo que necesitaba el país era que se reconociese la importancia de los derechos humanos fundamentales y que se garantizase que el nuevo Irak cumpliría las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Bajo el mandato de Sadam Husein, estas obligaciones se ignoraban de forma habitual y flagrante. Se sometía a desaparición forzada, tortura, ejecución sumaria y otros abusos graves a personas sospechosas de ser críticas con el gobierno u opositoras al régimen, así como a miembros de determinados grupos étnicos y otras minorías, y los perpetradores actuaban con impunidad. No se celebraban juicios justos, y cientos o, más probablemente, miles de personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas. Las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos eran tan numerosas que nunca se conocerán las cifras totales.

Tras un cuarto de siglo bajo el régimen de Sadam Husein, Irak apenas tenía experiencia en el Estado de derecho. No existía una judicatura independiente e imparcial ni mecanismos de investigación y enjuiciamiento independientes, y no se podía confiar en que el sistema judicial garantizase la celebración de juicios justos. Además, aunque se disolvió la policía, que durante tanto tiempo había sido un instrumento al servicio de Sadam Husein, y se sometió a revisión su composición, se fueron infiltrando en ella miembros de grupos armados con vínculos a partidos políticos representados en el gobierno, y la lucha por el poder en Irak se fue volviendo cada vez más violenta y sectaria. En medio de este caos creciente, era totalmente predecible que la reinstauración de la pena de muerte no contribuiría a la paz y seguridad ni al establecimiento del Estado de derecho, sino que perpetuaría y agravaría los abusos contra los derechos humanos, y se acabaría percibiendo como un instrumento de venganza, muy alejado de toda noción de justicia, tal como ha sucedido con la ejecución de Sadam Husein.

Ahora, mientras la violencia sigue empeorando, cada vez se aplica más la pena de muerte y aumenta el número de ejecuciones. Sin embargo, este proceder no ha servido para reducir la violencia. E incluso aunque así fuera, no estaría justificado el uso de esta pena cruel, inhumana e irrevocable en un momento en el que el derecho a un juicio justo y otras salvaguardias básicas brillan por su ausencia. El gobierno iraquí debe actuar con decisión para reafirmar su compromiso con los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. Debe dictar una suspensión de las ejecuciones con carácter inmediato y tomar a continuación medidas dirigidas a abolir la pena de muerte para todos los delitos. Sin estas acciones, Irak seguirá sumido en el brutal legado del pasado.

La pena de muerte bajo el régimen de Sadam Husein

Durante el gobierno de Sadam Husein (1979-2003), decenas de miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial. Cientos o, probablemente, miles más fueron ejecutadas tras juicios a menudo injustos, ya que la pena de muerte era de aplicación por numerosos delitos comunes y políticos. Entre ellas se cuentan los centenares de personas condenadas a muerte y ejecutadas en los primeros años de presidencia de Sadam Husein: Amnistía Internacional registró más de 800 ejecuciones entre 1980 y 1983, muchas de ellas por actividades políticas no violentas.(5) Sólo en noviembre y diciembre de 1987 se ejecutó, según informes, a 360 personas.(6)

Amnistía Internacional no ha podido determinar con exactitud cuántas personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas bajo el régimen de Sadam Husein. Las autoridades iraquíes no proporcionaban cifras detalladas y a menudo no hacían públicas las ejecuciones que llevaban a cabo. Sin embargo, se sabe que entre las personas ejecutadas durante el gobierno de Sadam Husein había miembros de partidos políticos prohibidos y otros presuntos opositores al régimen, estudiantes, desertores del ejército e incluso menores. En ocasiones se entregaron a las familias los cadáveres de las víctimas con signos de violencia física.

A mediados de la década de 1970 y antes de que Sadam Husein llegara a la presidencia, el gobierno iraquí promulgó leyes por las que se hacía aplicable la pena de muerte a numerosos delitos políticos, incluso a actividades políticas pacíficas como la pertenencia o afiliación al partido político proscrito Al Da’wa al Islamiya (La Llamada del Islam). También se introdujo la pena capital para su aplicación a los miembros de las fuerzas armadas que participasen en actividades políticas prohibidas.(7)

Durante la guerra entre Irak e Irán (1980-1988), la pena de muerte se hizo extensiva a otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. La deserción y el absentismo del ejército se convirtieron en delitos punibles con la muerte en 1981 y 1982. El Código Penal del Ejército Popular, promulgado en 1984, estipulaba la aplicación de la pena capital para otros 11 delitos. Asimismo se hicieron punibles con la muerte determinados delitos considerados nocivos para la economía nacional, en particular el contrabando de moneda iraquí o extranjera o de oro (1984) y la falsificación de documentos oficiales con perjuicio para la economía nacional (1986).

Además, en virtud de un decreto promulgado por el Consejo de Mando de la Revolución en noviembre de 1986,(8) se establecía la pena de muerte por insultar en público y de forma flagrante al presidente de la República, a su vicepresidente, o a los miembros del Consejo de Mando de la Revolución, del Partido Baás, de la Asamblea Nacional o del gobierno.

En 1996, Amnistía Internacional denunció que las autoridades iraquíes habían estado promulgando nuevos decretos desde abril de 1994 por los que se ampliaba todavía más el ámbito de aplicación de la pena de muerte y pasaba a abarcar al menos otros 18 delitos.(9) En su cuarto informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU, de noviembre de 1996, el gobierno iraquí argumentaba que las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional tras la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990 habían ocasionado un aumento del índice de criminalidad, por lo que el poder legislativo se había visto obligado a "adoptar sanciones más severas […] como una forma de disuasión pública".(10) El informe del gobierno iraquí enumeraba ocho nuevos delitos punibles con la muerte en virtud de decretos promulgados por el Consejo de Mando de la Revolución, como el robo de vehículos y la falsificación de moneda.(11)

Bajo el régimen de Sadam Husein se ejecutaba a personas por delitos considerados perjudiciales para la economía nacional. Por ejemplo, el 26 de julio de 1992, al menos 42 mercaderes, comerciantes y empresarios fueron ejecutados en Bagdad, según informes, tras ser acusados de especulación.

Otras personas fueron ejecutadas por presunta prostitución, a menudo sin un juicio formal y en ocasiones por motivos políticos. En noviembre de 2001, el Consejo de Mando de la Revolución emitió un decreto que establecía la pena de muerte para los delitos de prostitución, homosexualidad, incesto y violación.

A pesar de que el Código de Procedimiento Penal iraquí(12) establece que los menores de 21 años no pueden ser condenados a muerte, durante el gobierno de Sadam Husein se condenó a muerte y ejecutó a personas menores de 18 años.(13) Por ejemplo, tras el intento de asesinado de Sadam Husein en 1982 en la localidad de Duyail, se condenó a muerte a 148 personas, entre ellas, a más de 20 menores.(14)

Suspensión y reintroducción de la pena de muerte

El 10 de junio de 2003, fue emitida la Orden Número 7 por la Autoridad Provisional de la Coalición, designada inicialmente tras la invasión de Irak por la Fuerza Multinacional que encabezaba Estados Unidos para administrar el país a la espera del traspaso del poder a un nuevo gobierno iraquí. El artículo 3 de dicha Orden estipulaba que "se suspende la pena capital".

En consecuencia, no se impusieron condenas a muerte ni se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en el periodo de gobierno de la Autoridad Provisional, que a finales de junio de 2004 fue sustituida por el Gobierno Provisional de Irak. Sin embargo, incluso antes de que la nueva administración iraquí asumiese el poder (desde el 28 de junio de 2004 al 3 de mayo de 2005), los líderes iraquíes designados para formar el consejo de ministros expresaron públicamente su deseo de reinstaurar la pena de muerte. Por ejemplo, a principios de junio de 2004, tras su nombramiento como ministro de Justicia del nuevo gobierno, Malik Dohan Hassan declaró a los medios de comunicación su intención de reintroducir la pena de muerte para su aplicación a determinados tipos de delincuentes, y citó a modo de ejemplo a los "responsables de fosas comunes o de despojar al país de su riqueza petrolera".(15) Asimismo, el ministro de Economía entrante afirmó que "en las presentes circunstancias, no podemos sino reinstaurar la pena de muerte. Ya hemos debatido este asunto en el Consejo de Gobierno y la mayoría se mostró a favor de la pena de muerte".(16)

El 12 de julio de 2004, al poco tiempo de que el Gobierno Provisional asumiera el poder, el vicepresidente Ghazi al-Yawir anunció a los medios de comunicación en Bagdad que se restablecería la pena capital. Ese mismo día, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea mostraron su rotunda oposición a esta decisión tras una reunión celebrada con su homólogo iraquí.(17)

Pese a esta oposición, el 8 de agosto de 2004, tan sólo unas semanas después de sustituir a la Autoridad Provisional de la Coalición, el Gobierno Provisional promulgó el Decreto Número 3, por el que se restablecía la pena capital para varios delitos que bajo el régimen de Sadam Husein también eran punibles con la muerte en virtud del Código Penal iraquí.(18) Además, el Decreto castigaba con la muerte otros delitos.

La promulgación de este Decreto recibió fuertes críticas, en particular de Amnistía Internacional y de otras organizaciones internacionales de derechos humanos, pues suponía un grave retroceso.(19) En respuesta, las autoridades iraquíes adujeron que la reintroducción de la pena de muerte era necesaria como elemento disuasorio de potenciales perpetradores de delitos graves, pero que a largo plazo podría abolirse cuando se alcanzasen una mayor estabilidad y seguridad.(20) Según informes, en marzo de 2007, la ministra de Derechos Humanos iraquí, Wijdan Salem reafirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la pena capital sólo se aplicaba a los delitos más graves y que el gobierno estaba avanzando hacia la abolición.(21)

El actual presidente de Irak, Yalal Talabani, es el único alto cargo iraquí que ha expresado públicamente su oposición fundamental a la pena capital. En una entrevista concedida el 18 de abril de 2005 afirmó: "He firmado personalmente un llamamiento para poner fin a las ejecuciones en todo el mundo. Y estoy haciendo honor a mi firma".(22) Sin embargo, la negativa del presidente a firmar condenas de muerte, como en los casos de Sadam Husein y sus colaboradores, no ha impedido las ejecuciones.

Representantes de la ONU han manifestado su oposición al restablecimiento de la pena capital en Irak. Por ejemplo, en agosto de 2005, Ashraf Qazi, representante especial del secretario general de la ONU, declaró en respuesta a los anuncios oficiales de las primeras ejecuciones desde 2003 que "en el proceso de transición que vive Irak, debería intentarse consolidar el derecho a la vida, y no imponer la pena de muerte, que tiene escasos efectos reconocidos a la hora de impedir la comisión de delitos".(23)

Legislación iraquí posterior a 2003 sobre la pena de muerte que incumple las normas internacionales

En dos años, las autoridades iraquíes han promulgado cuatro leyes relativas al restablecimiento o la introducción de la pena de muerte para varios delitos:

· Decreto Número 3 de 2004 (emitido el 8 de agosto de 2004) por el que se reinstaura la pena de muerte;

· Estatuto del Alto Tribunal Penal Iraquí de la Ley Número 10 de 2005 (promulgado el 18 de octubre de 2005);

· Ley Antiterrorista de Irak de 7 de noviembre de 2005;

· Ley Antiterrorista de la Región Kurda de Irak, de 16 de julio de 2006.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que estas leyes incumplan las normas internacionales de derechos humanos relativas a la aplicación de la pena de muerte. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros instrumentos internacionales que propugnan la abolición de la pena capital establecen condiciones estrictas sobre su imposición en países que todavía no la han abolido.(24)

De acuerdo con las obligaciones contraídas por Irak en virtud del PIDCP, las condenas a muerte sólo podrán imponerse por los delitos más graves, entendidos como aquéllos que tengan consecuencias fatales o extremadamente graves.(25) El Decreto Número 3 de 2004, la Ley Antiterrorista de Irak de noviembre de 2005 y la Ley Antiterrorista de la Región Kurda de Irak infringen este requisito al disponer la pena capital para delitos que no pueden considerarse "los delitos más graves" (véase infra). Asimismo, el Estatuto del Alto Tribunal Penal Iraquí viola las normas internacionales aplicables a los países que no han abolido la pena de muerte, porque no permite el indulto ni la conmutación de la pena.(26)

Decreto Número 3 de 2004

El Decreto Número 3 de 2004(27) estipula la reintroducción de la pena de muerte para:

· delitos contra la seguridad interna del Estado, incluidos delitos sin resultado de muerte (párrs. 1.1 y 2 del Decreto sobre la base de los arts. 190 a 197 del Código Penal);

· delitos que pongan en peligro a la población, incluido el uso de agentes patógenos, con resultado de muerte (párr. 1.2 sobre la base de los arts. 349 a 351 del Código Penal);

· ataques contra medios de transporte con resultado de muerte (párr. 1.3 del Decreto sobre la base de los arts. 354 y 355 del Código Penal);

· asesinato con premeditación (párr. 1.4 del Decreto sobre la base del art. 406 del Código Penal);

· tráfico de narcóticos con el propósito de financiar o apoyar el derrocamiento del gobierno por la fuerza (párr. 2 del Decreto sobre la base del art. 190 del Código Penal);

· secuestro sin resultado de muerte (párr. 3 del Decreto sobre la base de los arts. 421 a 423 del Código Penal).

Todos los delitos mencionados suprafiguran en el Código Penal iraquí. Si bien el Código Penal ya establecía la pena capital para algunos, otros se han convertido en delitos punibles con la muerte en virtud del Decreto Número 3 de 2004, en particular, el secuestro sin resultado de muerte, a saber:

· secuestro con circunstancias agravantes, incluidos los secuestros perpetrados por personas armadas y/o en los que se amenaza a la víctima con la muerte (art. 421);

· secuestro de una persona menor de 18 años (art. 422).

Pena de muerte por delitos no mortales

El Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha referido concretamente a varios delitos –entre ellos el secuestro sin resultado de muerte– que no son susceptibles de considerarse como "los más graves delitos" con arreglo al artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha afirmado que, por lo tanto, la imposición de la pena de muerte por estos delitos contraviene este artículo.(28) El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias también ha concluido, basándose en jurisprudencia pertinente de la ONU, que "la pena de muerte sólo se puede imponer de modo que cumpla la restricción de que debe estar vinculada a los delitos más graves, en casos en que se ha demostrado que hubo una intención de matar que tuvo por consecuencia la pérdida de vida".(29)

El Decreto Número 3 de 2004 no sólo introduce la pena de muerte para los secuestros sin resultado de muerte, sino también para otros delitos que, en virtud de las normas internacionales, no pueden considerarse como "los delitos más graves". Por ejemplo, prevé la aplicación de la pena capital por ciertos delitos contra la seguridad interna del Estado que no tienen consecuencias letales. Algunos de ellos son:

· intento de derrocar al gobierno por medios violentos (art. 190);

· daños a la propiedad pública (art. 197.1), incluidos los edificios gubernamentales, la infraestructura de la industria petrolera y las centrales eléctricas, si el objetivo es derrocar al gobierno;

· daños a la propiedad pública mediante uso de explosivos (art. 197.2).

En aplicación del artículo 7 del Decreto Número 3 de 2004, las condenas a muerte por delitos cometidos antes de que entrase en vigor el Decreto podrán conmutarse por cadena perpetua.

Estatuto del Alto Tribunal Penal Iraquí

El Estatuto del Alto Tribunal Penal Iraquí(30) –Ley Número 10 de 2005– fue promulgado por el Consejo Presidencial el 9 de octubre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial el 18 de octubre de 2005. El Alto Tribunal se creó como tribunal especial con jurisdicción para juzgar por delitos cometidos durante el gobierno de Sadam Husein. La Ley Número 10 no menciona explícitamente la pena de muerte. Sin embargo, el artículo 24.1 del Estatuto establece lo siguiente: "Las penas que impondrá el Tribunal serán las prescritas por el Código Penal iraquí". Respecto a las personas declaradas culpables de genocidio (art. 11), crímenes de lesa humanidad (art. 12) o crímenes de guerra (art. 13), serán de aplicación las penas previstas en el Código Penal iraquí para los delitos de asesinato o violación (art. 24.4). Asimismo, el artículo 24.5 estipula que las penas que se aplicarán por los delitos enunciados en los artículos 11, 12 y 13 que no estén tipificados en el derecho interno iraquí serán determinadas por el Tribunal teniendo en cuenta la gravedad del delito, las circunstancias específicas, los precedentes judiciales y las condenas pertinentes dictadas por los tribunales penales internacionales.

Por ello, el Alto Tribunal tiene potestad para imponer la pena de muerte sobre la base de las disposiciones del Código Penal iraquí y también está facultada para dictar condenas apropiadas por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Ausencia del derecho al indulto o a la conmutación de la pena

El Estatuto presenta graves deficiencias al no proporcionar salvaguardias básicas de derechos humanos a las personas que podrían ser condenadas a muerte. Aunque el Código de Procedimiento Penal iraquí permite la imposición de la pena de muerte, también prevé la posibilidad de conmutar la pena: el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal dispone que el presidente de la República de Irak tiene potestad para conmutar una condena a muerte o conceder un indulto. El Estatuto de 2005 no conservó este aspecto del Código, al establecer que ninguna autoridad iraquí, ni siquiera el presidente, puede otorgar un indulto ni reducir las penas impuestas por el Tribunal (art. 27.2). Esta disposición viola claramente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(31) El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados comentó al respecto que "la posibilidad de aplicar la pena de muerte prueba hasta qué punto el Tribunal transgrede los estándares internacionales de derechos humanos".(32)

Ley Antiterrorista de Irak

El 7 de noviembre de 2005, el Gobierno de Transición iraquí, que sustituyó al Gobierno Provisional de Irak y asumió el poder entre el 3 de mayo de 2005 y el 20 de mayo de 2006, promulgó el Decreto Número 14 de 2005: la denominada Ley Antiterrorista de Irak.(33) Esta ley ofrece una definición imprecisa de "terrorismo" (art. 1) y enumera actos "terroristas" (art. 2), así como delitos contra la seguridad del Estado (art. 3). Establece la pena de muerte para las personas declaradas culpables de realizar o participar en actos "terroristas", tal como están definidos en ella (art. 4): "Toda persona declarada culpable —como principal responsable o cómplice— de cualquiera de los actos terroristas mencionados en los artículos 2 y 3 de esta Ley será sometida a la pena de muerte. Se impondrá la misma penaa las personas que los instiguen, planeen o patrocinen económicamente, y a toda persona que permita que los terroristas lleven a cabo sus actos".

La definición del concepto de terrorismo incluida en esta ley es amplia e imprecisa: "todo acto delictivo llevado a cabo por una persona o un grupo organizado, dirigido contra una persona, un grupo de personas, grupos, organizaciones públicas u organizaciones privadas y que cause daños a propiedades públicas o privadas con el fin de socavar la seguridad y la estabilidad o la unidad nacional, de infundir temor, terror o pánico en la población o de crear caos con el propósito de alcanzar objetivos terroristas".

La vaguedad de esta definición es especialmente preocupante porque la Ley prevé la pena de muerte para los actos terroristas. Amnistía Internacional teme que esta definición tan imprecisa se preste a interpretaciones amplias e indebidas, y considera motivo de preocupación que no se ajuste a los requisitos de legalidad establecidos por el derecho internacional.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado preocupación sobre la legislación de otros países en donde la definición de los delitos punibles con la muerte se consideraba demasiado vaga o amplia.(34) Por ejemplo, en 1993, el Comité determinó que la legislación antiterrorista egipcia (Ley Número 97 de 1992) contravenía las obligaciones internacionales contraídas por Egipto en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y afirmó lo siguiente: "La definición del terrorismo en esa ley es tan lata que abarca una amplia gama de actos de distinta gravedad. El Comité opina que las autoridades egipcias deberían revisar esa definición y redactarla en términos mucho más precisos, especialmente en vista de que aumenta el número de delitos punibles con la pena de muerte".(35)

Actos terroristas: incluidos delitos sin resultado de muerte

La Ley Antiterrorista de Irak enumera delitos considerados como actos terroristas (art. 2) y delitos contra la seguridad del Estado (art. 3). El Decreto Número 3 de 2004 prevé la pena capital para varios de ellos, incluso para los que no acarrean la muerte, por ejemplo, el secuestro, tipificado en el artículo 2.8, o el derrocamiento del gobierno por medios violentos, recogido en el artículo 3.2.(36)

La Ley Antiterrorista de Irak amplía el ámbito de aplicación del Código Penal y del Decreto Número 3 de 2004 al incluir no sólo los actos de violencia, sino también las amenazas de cometer dichos actos. Por ejemplo, el artículo 2.2 define del siguiente modo el concepto de delito punible con la muerte: "Los actos violentos de vandalismo deliberado o la amenaza de tales actos que causen daños o destrucción de edificios o propiedades públicos, instalaciones del gobierno, servicios públicos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y lugares frecuentados por la población o destinados a reuniones públicas o que constituyan bienes públicos, o el intento de ocupar, tomar o poner en peligro esos servicios y instalaciones e impedir que se utilicen para la finalidad establecida con el objetivo de alterar la seguridad pública". Esta definición podría emplearse para procesar a personas que no han recurrido a la violencia por su presunta relación con grupos políticos de oposición que sí defienden el uso de la violencia. Además, la mera vinculación a un grupo político violento podría suponer que una persona fuese considerada responsable de los actos violentos cometidos por el grupo y condenada a muerte, independientemente de su participación real en el acto.

Pese a que el artículo 194 del Código Penal establece la pena de muerte por dirigir grupos armados y la cadena perpetua por pertenecer ellos, el artículo 2.3 de la Ley Antiterrorista engloba en la definición de delito punible con la muerte no sólo el liderazgo de una "banda terrorista armada", sino también el apoyo y la participación en sus actividades.

Ley Antiterrorista de la Región Kurda de Irak

El parlamento kurdo del norte de Irak aprobó su propia legislación antiterrorista (Ley Número 3 de 2006 de la Región Kurda de Irak), que entró en vigor el 16 de julio de 2006 y que es de aplicación en la zona administrada por el Gobierno Regional de Kurdistán.(37) Al igual que la Ley Antiterrorista de Irak, la Ley Antiterrorista de Kurdistán también contiene una definición imprecisa de "terrorismo" y califica de acto terrorista la amenaza de violencia.

El artículo 1 de la Ley Antiterrorista de Kurdistán estipula lo siguiente: "Acto terrorista es el uso organizado o la amenaza de uso de violencia, la incitación a ella o su glorificación por parte del perpetrador de un delito que actúa por cuenta propia o como parte de un grupo y que dirige su acción contra una persona, un conjunto de personas o grupos o que actúa indiscriminadamente con el objetivo de infundir miedo, terror, pánico y caos entre la población, para socavar el orden público o poner en peligro el bienestar de la sociedad y de la región, o la vida, libertad, inviolabilidad o seguridad de las personas […]".

El artículo 2 enumera ocho delitos que acarrean la pena de muerte:

· formación o dirección de grupo terrorista;

· asesinato por motivos políticos o religiosos;

· uso de explosivos, gas tóxico o agentes patógenos con fines terroristas;

· secuestro para ejercer influencia en las autoridades u otras instituciones;

· homicidio de personas que gozan de protección internacional o de diplomáticos con fines terroristas;

· pertenencia de personal de las fuerzas de seguridad a grupos terroristas;

· colaboración con Estados o grupos extranjeros para cometer actos terroristas;

· apoyo a terroristas, por ejemplo facilitando su entrada y salida en la región, alojándolos o proporcionándoles información útil para la preparación de actos terroristas.

La aplicación de la pena de muerte por ciertos delitos que prevé La Ley Antiterrorista de Kurdistán entra en conflicto con la jurisprudencia y la opinión de los principales órganos de la ONU que se ocupan de esta cuestión. Según el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, "la pena de muerte sólo se puede imponer de modo que cumpla la restricción de que debe estar vinculada a los delitos más graves, en casos en que se ha demostrado que hubo una intención de matar que tuvo por consecuencia la pérdida de vida".(38) En contravención de las normas internacionales, esta Ley dispone la aplicación de la pena capital por ciertos delitos que no pueden considerarse como los más graves, incluido el secuestro sin resultado de muerte.

Procedimientos y salvaguardias posteriores a 2003 relativos a la aplicación de la pena de muerte

En Irak, los delitos punibles con la muerte pueden verse ante tribunales penales locales, el Tribunal Penal Central de Irak o el Alto Tribunal Penal Iraquí. El Código de Procedimiento Penal y el Código Penal ofrecen salvaguardias y reglamentos relativos a la implementación de la pena de muerte que son aplicables en los tribunales penales locales y en el Tribunal Penal Central, y parcialmente en el Alto Tribunal Penal. La mayor parte de estas garantías también eran de aplicación durante el régimen de Sadam Husein, pero se infringían con frecuencia, sobre todo en las causas celebradas ante tribunales especiales.

Pena de muerte no automática ni preceptiva

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que "la imposición automática y preceptiva de la pena de muerte constituye una privación arbitraria de la vida, infringiendo el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], cuando se impone dicha pena sin posibilidad alguna de tener en cuenta las circunstancias personales del acusado o aquéllas en las que se cometió el delito".(39)

En virtud de la legislación iraquí, la pena de muerte no es automática ni preceptiva por ningún delito. El artículo 132 del Código Penal dispone: "Si el tribunal estima que las circunstancias de un delito o de la persona que delinque exigen clemencia, podrá sustituir la pena prevista para el delito por una pena menor, tal como se indica a continuación:

(1) La pena de muerte podrá sustituirse por cadena perpetua o por un periodo de prisión no inferior a 15 años […]".

Además, en la sección "Exposición de motivos" que figura al final del Decreto Número 3 de 2004 se observa que existe la posibilidad de conmutar esta pena por cadena perpetua antes de la ejecución.

Amnistía Internacional ha podido consultar sentencias del Tribunal Penal Central de Irak en las que varias personas fueron declaradas culpables de delitos punibles con la muerte, pero condenadas a diversas penas de prisión debido a las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 132.(40)

Procedimiento de apelación obligatorio

Las sentencias dictadas por los tribunales penales iraquíes pueden recurrirse ante el Tribunal de Casación (art. 249 del Código de Procedimiento Penal). No obstante, en aplicación del artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, los tribunales penales tienen la obligación de remitir toda condena de muerte al Tribunal de Casación en un plazo de 10 días. Por ello, tal como recomiendan las normas internacionales, todas las condenas de muerte impuestas por tribunales penales son enviadas al Tribunal de Casación, incluso cuando la persona procesada no ha presentado recurso.(41) Además, los tribunales penales deben informar a los condenados a muerte sobre los procedimientos de apelación, por ejemplo, sobre la revisión automática ante el Tribunal de Casación, así como sobre el derecho a presentar un recurso ante dicho Tribunal en un plazo de 30 días (art. 224.d). El Consejo General del Tribunal de Casación, normalmente compuesto de al menos 12 jueces que deciden por mayoría, revisa las condenas.(42)

El Tribunal de Casación puede confirmar o impugnar tanto la condena como la sentencia condenatoria. Puede solicitar una condena menos severa o, en el caso de que impugne la sentencia condenatoria, devolver la causa para que se revise o se celebre un nuevo juicio (art. 259).

Prerrogativa del presidente para conmutar la condena o conceder un indulto

El artículo 286 del Código de Procedimiento Penal iraquí estipula que todas las condenas a muerte confirmadas por el Tribunal de Casación deberán ser remitidas al presidente, que podrá decidir si confirma o conmuta la condena o si concede un indulto. El artículo 6 del Decreto Número 3 de 2004 introdujo una modificación de los artículos 285.b y 286 por la que se establece que, como excepción a la legislación previa, la ejecución de toda condena a muerte requerirá no sólo la confirmación del Consejo Presidencial, sino también la aprobación del primer ministro.

Exención de la pena de muerte para personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad

En virtud de las obligaciones internacionales de Irak –concretamente, el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño–, a las personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad no puede imponérseles la pena de muerte.(43)

Según el Código Penal iraquí, los jóvenes y los menores de edad no pueden ser condenados a muerte. La pena máxima para un menor de entre 7 y 14 años es de 5 años de reclusión en un centro correccional (art. 72); para un menor de entre 15 y 17 años, de 15 años de reclusión en un centro correccional (art. 73.1), y para jóvenes que tengan entre 18 y 19 años en el momento de la comisión del delito, de cadena perpetua (art. 79).

Sin embargo, en el cuarto informe periódico presentado por Irak al Comité de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno informó de que las disposiciones del artículo 79 del Código Penal habían sido modificadas por el Decreto Número 86 del Consejo de Mando de la Revolución, de 25 de julio de 1994, que prescribe la pena de muerte para acusados de 18 a 19 años de edad si no se encuentran motivos para mitigar la pena.(44)

No se ejecutará a mujeres embarazadas o con bebés

Las normas internacionales disponen que no se ejecutará a mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente.(45) En aplicación del artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, no se podrá ejecutar a una mujer embarazada; sólo podrá ser ejecutada una vez hayan pasado cuatro meses desde el alumbramiento.

La ejecución

El Código de Procedimiento Penal dispone que no se llevarán a cabo ejecuciones en días festivos oficiales (art. 290). Los presos o presas en espera de ejecución podrán recibir la visita de sus familiares el día anterior a la fecha en que esté prevista la ejecución (art. 291). En Irak, las ejecuciones se realizan por ahorcamiento, en presencia de un juez, un fiscal (si está disponible), un representante del Ministerio del Interior, el director de la prisión, un médico y, previa solicitud, la asistencia letrada de la persona acusada (art. 288).

Condenas a muerte impuestas por el Tribunal Penal Central de Irak y motivos de preocupación relacionados con la celebración de juicios injustos

La Autoridad Provisional de la Coalición anunció el establecimiento del Tribunal Penal Central de Irak en junio de 2003 y emitió una normativa más detallada al respecto mediante la Orden Número 13 de 22 de abril de 2004. En un principio, los jueces del Tribunal fueron nombrados por el administrador de la Autoridad Provisional, el diplomático estadounidense Paul Bremer, que también tenía potestad para destituir a jueces en determinadas circunstancias. Desde el traspaso de poder, a finales de junio de 2004, la designación y destitución de los jueces se rige por los procedimientos ordinarios de la legislación iraquí (Orden Núm. 13 de la Autoridad Provisional de 22 de abril, art. 5). La Orden también estipula los requisitos que han de reunir los jueces del Tribunal, como tener nacionalidad iraquí y no haber ocupado un puesto importante en el Partido Baás.

En lo concerniente a la jurisdicción del Tribunal Penal Central, la Orden Número 13 establece que el Tribunal deberá centrarse en determinados casos: entre otros, los relacionados con terrorismo, delincuencia organizada, corrupción en el seno del gobierno y violencia por motivos de raza, nacionalidad, etnia o religión.(46) Además, la Orden estipula que "la decisión del Tribunal de asumir competencias sobre un caso pondrá fin a la jurisdicción de los tribunales locales sobre dicho caso".(47) El Tribunal fue instituido en Bagdad y posteriormente se abrieron sedes en otras gobernaciones.(48) Por lo general, las causas del Tribunal se celebran ante una sala de tres jueces.

Entre mediados de abril de 2004 y principios de enero de 2007, el Tribunal Penal Central ha juzgado a más de 1.800 personas recluidas por la Fuerza Multinacional, y ha dictado más de 1.500 sentencias condenatorias.(49) Desde que en agosto de 2004 se restableció la pena capital, el Tribunal ha condenado a muerte a decenas de personas, cada vez con más frecuencia por delitos tipificados en la Ley Antiterrorista de noviembre de 2005. A mediados de marzo de 2007, la Fuerza Multinacional mantenía recluidas al menos a 17 personas condenadas a muerte por el Tribunal. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, en el momento de redactar este informe, ninguna de ellas había sido ejecutada.

Debido a la precaria situación de la seguridad en Irak, Amnistía Internacional no ha podido asistir a audiencias celebradas ante el Tribunal Penal Central de Irak. Sin embargo, durante la investigación realizada para la elaboración del presente informe, Amnistía Internacional ha examinado cientos de sentencias dictadas por el Tribunal en 2005 y 2006.(50) Entre estas sentencias se encontraban los casos de 43 personas contra las que se habían presentado cargos por delitos punibles con la muerte. A 22 de ellas se les impuso la pena capital, 16 fueron condenadas a cadena perpetua y 5 quedaron en libertad. Estas 22 condenas a muerte representan tan sólo una parte de las más de 250 impuestas por el Tribunal desde 2004.

Amnistía Internacional sólo ha podido obtener información limitada sobre juicios por delitos punibles con la muerte ante tribunales penales locales de Irak. Por ejemplo, en julio de 2004 se recibieron informes de que un tribunal de Kerbala había condenado a muerte a tres hombres antes de que se reinstaurase la pena capital.(51) El 11 de septiembre de 2005, un tribunal penal de la gobernación de Babel condenó a muerte a tres hombres por asesinato.(52)

Amnistía Internacional no adopta posición alguna sobre la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas cuyos casos se citan en este informe. La organización centra su atención en la cuestión del debido proceso legal y de si la administración de la pena de muerte viola las normas internacionales sobre la pena capital. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Partes, ha afirmado en repetidas ocasiones que, en los casos de pena capital, resulta crucial que se observen las garantías de procedimiento previstas en el Pacto, incluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal independiente, a gozar de las garantías mínimas en cuanto a su defensa y a apelar ante un tribunal superior.(53)

Emisión televisiva de "confesiones" de delitos punibles con la muerte: violación de la presunción de inocencia

Amnistía Internacional ha examinado casos de personas acusadas a quienes se obligó a realizar "confesiones" televisadas de las que posteriormente se retractaron: algunas fueron absueltas, otras fueron condenadas a muerte y varias fueron ejecutadas.

En 2005, diversas emisoras de televisión iraquíes mostraron a decenas de personas prestando testimonios autoinculpatorios cuando todavía estaban en prisión preventiva. Esta práctica es muy perjudicial para la celebración de un proceso judicial justo. La admisión de culpabilidad es una de las pruebas más contundentes contra toda persona acusada de un delito grave. Amnistía Internacional considera preocupante que las autoridades iraquíes hayan permitido a la opinión pública y a los tribunales ver las confesiones antes de que éstas se examinaran con arreglo al debido proceso legal.

"El terrorismo en manos de la Justicia", programa habitual del canal de televisión Al Iraqiya, emitía con frecuencia "confesiones" de detenidos que admitían delitos punibles con la muerte, como pertenencia a grupo armado, asesinato con premeditación, secuestro o violación. Las autoridades iraquíes proporcionaban las cintas de las confesiones,(54) y un oficial de alto rango de la Brigada Lobo, fuerza especial de policía, era un presentador destacado del programa.(55) También se emitieron "confesiones" de personas recluidas en prisión preventiva en Irak en otros canales de televisión, como Kurdistan TV y las emisoras de televisión iraquíes con sede en Emiratos Árabes Unidos Al Fayhaa y Al ‘Arabiya.(56)

Tales "confesiones" televisadas han recibido críticas, tanto de organizaciones internacionales de derechos humanos como de organizaciones y personas iraquíes. En abril de 2005, Amnistía Internacional criticó las "confesiones" televisadas calificándolas de "hecho alarmante" y consideró preocupante que algunas personas detenidas mostrasen signos de tortura y malos tratos.(57) En abril de 2005, el Colegio de Abogados de Irak publicó un informe tras una visita de investigación a Mosul (gobernación de Ninawa), donde se habían grabado numerosas "confesiones". El informe criticaba la práctica de mostrarlas en televisión y denunciaba que muchas de ellas se habían obtenido mediante coacción.(58)

Las declaraciones de las autoridades iraquíes revelan opiniones diferentes sobre la emisión de "confesiones" por televisión. En marzo de 2005, el entonces ministro iraquí de Derechos Humanos defendió esta práctica, alegando que "estos programas tienen un efecto aleccionador en la gente [...] muestran que nuestras fuerzas están cambiando las cosas".(59)

A finales de agosto de 2005, el portavoz oficial del gobierno iraquí, Layth Kubbah, afirmó que la emisión de las "confesiones" de las personas detenidas era ilegal.(60) Según informes, las transmisiones regulares de "confesiones" en la televisión iraquí se interrumpieron en el segundo semestre de 2005. Sin embargo, el Tribunal Penal Central de Irak siguió juzgando a muchos detenidos meses después de que se hubiesen emitido sus "confesiones".

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la emisión televisiva de testimonios autoinculpatorios de detenidos preventivos, que violó su derecho a un juicio justo. De conformidad con la obligación internacional que incumbe a Irak en virtud del artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "[t]oda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley".(61) Se presentó ante una numerosa audiencia a decenas de detenidos preventivos como responsables de delitos de los que no habían sido declarados culpables.

parEl 24 de febrero de 2005, Shqair Farid Shait, agente de policía, apareció en un programa de la televisión Al Iraqiya admitiendo que había matado a 36 personas, incluidas varias mujeres a las que también violó.(62) Su "confesión" y las de otros individuos, incluidos más agentes de policía, algunos de los cuales declararon haber violado y matado con él, se transmitieron en otras cadenas de televisión.(63) En marzo de 2005, un periódico iraquí afirmó que, según un alto cargo de una unidad especial de policía dependiente del Ministerio del Interior,(64) Shqair Farid Shait había realizado otras "confesiones" en las que admitía haber matado a 113 personas.(65)

La presentación de la "confesión" de Shqair Farid Shait en un programa de la televisión iraquí, en estrecha colaboración con las autoridades del país, y los comentarios de altos cargos iraquíes sobre sus posteriores "confesiones" previas al juicio y a una sentencia condenatoria violaron su derecho de presunción de inocencia, consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos.(66)

El 16 de agosto de 2005, Shqair Farid Shait, Sizar Khidr ‘Ali y Ahmad Muhammad Ramadhan fueron sometidos a juicio, acusados del asesinato con premeditación de dos hombres. El Tribunal Penal Central de Irak hizo constar en su sentencia de 9 de septiembre de 2005 que los acusados habían sido identificados por un familiar de las víctimas que se había presentado ante las autoridades tras ver la "confesión" de Shqair Farid Shait en televisión. Sin embargo, Amnistía Internacional teme que esta prueba no sea fiable.

El tribunal también observó que los tres hombres habían confesado los cargos ante un investigador y el juez de instrucción, pero que habían retirado sus confesiones ante el tribunal. Pese a ello, en su decisión de condenar a muerte a los tres hombres, el tribunal se refirió a las confesiones de las que se habían retractado como parte de las pruebas.

Según información publicada en la prensa, la asistencia letrada de Shqair Farid Shait manifestó que "el acusado fue condenado por su nombre y no porque existiesen pruebas suficientes contra él, debido a la movilización de la opinión pública [...], sobre todo cuando las cadenas de televisión iraquíes Ninawa y Al Iraqiya transmitieron su confesión antes de que se presentasen cargos contra él [...]",(67) y añadió que Shqair Farid Shait había confesado bajo tortura.

Según informes, Shqair Farid Shait fue ejecutado junto con otras 12 personas de las que no se dieron nombres el 9 de marzo de 2006. Amnistía Internacional no tiene información sobre si Sizar Khidr ‘Ali y Ahmad Muhammad Ramadhan siguen con vida.

Puesta en libertad de personas detenidas que "confesaron" por televisión delitos punibles con la muerte

Las decisiones de tribunales iraquíes de dejar en libertad a personas procesadas a pesar de que hubieran "confesado" por televisión delitos punibles con la muerte confirman la peligrosa naturaleza de estos programas televisivos y su efecto pernicioso para la celebración de juicios justos.

El 14 de mayo de 2005, la cadena de televisión Al Iraqiya emitió las "confesiones" de cuatro palestinos residentes en Irak que admitían haber atentado con bombas en Bagdad. No obstante, aproximadamente un año después, el Tribunal Penal Central de Irak decidió dejarlos en libertad porque no había pruebas fiables sobre su participación en ningún delito. Los cuatro –Faraj, ‘Adnan y Amir ‘Abdullah Mulhim y Mas’ud Nur al-Din al-Mahdi– habían sido capturados el 12 de mayo de 2005, cuando fuerzas de la Brigada Lobo, dependientes del Ministerio del Interior, irrumpieron en varias casas de la urbanización Baladiyat Palestinian Building, de la zona de Baladiyat Camp, en Bagdad.

Familiares que vieron a los cuatro hombres por televisión dijeron a Amnistía Internacional que éstos tenían heridas en el rostro, lo que indicaba que habían sido sometidos a tortura o malos tratos. En julio de 2005, cuando se permitió a los detenidos el acceso a asistencia letrada, los cuatro se retractaron de sus confesiones y denunciaron que habían sufrido torturas sistemáticas durante 27 días, bajo custodia de la Brigada Lobo en un edificio del Ministerio del Interior del distrito de Al Ziyouna de Bagdad. Afirmaron que los habían golpeado con cables, aplicado descargas eléctricas en las manos, las muñecas, los dedos, los tobillos y los pies, quemado con cigarrillos en la cara y recluido en una habitación con agua en el suelo a la que aplicaban una corriente eléctrica.



En octubre de 2005, Amnistía Internacional emitió un llamamiento dirigido a las autoridades iraquíes en el que instaba a que se llevase a cabo con carácter inmediato una investigación independiente de las denuncias de tortura de los cuatro palestinos y a que no se admitiese como prueba ante un tribunal ninguna confesión obtenida mediante tortura.(68) A principios de 2007, la organización no había recibido información alguna que indicase que se estaban realizando las investigaciones.

Otro ejemplo de "confesión" televisada en el que la persona detenida quedó luego en libertad sin cargos es el caso de Khalida Zakiya, mujer de Mosul de 46 años de edad. Apareció en febrero de 2005 en Al Iraqiya afirmando que había prestado apoyo a un grupo armado. Sin embargo, posteriormente se retractó de su "confesión" y denunció que la habían coaccionado para que confesara mientras permanecía en un centro de detención bajo custodia del Ministerio del Interior iraquí. Según informes, fue azotada con un cable por miembros de la Brigada Lobo y amenazada con sufrir agresiones sexuales.(69)

Según información aparecida en medios de comunicación, un fiscal de Mosul afirmó en noviembre de 2005 que "sobre las confesiones mostradas en televisión han caído la duda y la sospecha porque eran visibles los signos de tortura en los rostros de las personas detenidas".(70)

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que las autoridades iraquíes no hayan garantizado la realización de investigaciones exhaustivas e imparciales de las numerosas denuncias de tortura o malos tratos a personas detenidas cuyas "confesiones" se han emitido por televisión.

Coacción y confesión

Desde la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos en 2003 se han recibido numerosos informes sobre el uso generalizado y sistemático de la tortura o los malos tratos contra personas recluidas en centros de detención iraquíes.(71) En la inmensa mayoría de las ocasiones, los responsables han actuado con total impunidad. En algunos casos que han tenido una gran repercusión, las autoridades iraquíes han anunciado una investigación sobre las denuncias de tortura. Por ejemplo, en el momento de elaborar este informe aún no se habían dado a conocer las conclusiones de las investigaciones iniciadas en 2005 con respecto a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en un centro de detención del Ministerio del Interior situado en el distrito de Al Jadiriyah, en Bagdad. Fuerzas militares estadounidenses habían asaltado el centro de detención en noviembre de 2005 y, según los informes, habían encontrado a no menos de 168 personas recluidas en condiciones espantosas; al parecer, muchas de ellas habían sido torturadas.

Según el artículo 123 del Código de Procedimiento Penal, las personas detenidas deben comparecer ante un juez de instrucción en las 24 horas siguientes a su detención. Si se pusiera en práctica, esta disposición constituiría para las personas detenidas una importante salvaguardia contra el riesgo de sufrir torturas y malos tratos, que es especialmente elevado durante el periodo inicial de detención bajo custodia policial o en otros centros de detención controlados por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en realidad la disposición se incumple con frecuencia, y son muchos los detenidos que permanecen recluidos durante días o semanas antes de comparecer ante un juez instructor.

La legislación iraquí establece que, por lo general, la investigación inicial sobre un delito corre a cargo de un juez de instrucción o de investigadores que actúan bajo su supervisión (art. 51 del Código de Procedimiento Penal). En el sistema jurídico iraquí, el juez instructor es el responsable(72) de reunir pruebas, incluidas las entrevistas a testigos y detenidos, y, basándose en ellas, de decidir si una persona detenida va a quedar en libertad o a ser procesada (artículos 130 y 131 del Código de Procedimiento Penal).

Sin embargo, parece que, en la práctica, numerosos detenidos —especialmente los sospechosos de haber cometido delitos punibles con la muerte— realizan su primera "confesión" cuando son interrogados en comisarías de policía u otros centros de detención controlados por el Ministerio del Interior. A menudo, en su primera comparecencia ante un juez instructor, las personas detenidas —incluidas aquellas cuyas confesiones han sido resultado de la tortura o los malos tratos— son escoltadas por personal de la misma comisaría en la que han confesado haber cometido un delito. Amnistía Internacional teme que, en esas circunstancias, los detenidos tengan miedo a sufrir más torturas o malos tratos por parte de la policía u otras fuerzas de seguridad y, por lo tanto, reiteren su "confesión" previa frente al juez instructor. Abogados de personas que han comparecido ante el Tribunal Penal Central de Irak han manifestado a Amnistía Internacional que las confesiones realizadas ante el juez instructor son consideradas por el tribunal como pruebas de peso.

Para Amnistía Internacional constituye motivo de preocupación el hecho de que se hayan utilizado como pruebas de cargo ante los tribunales declaraciones autoinculpatorias de personas detenidas que posteriormente afirmaron haberlas realizado bajo coacción. Diversas normas internacionales prohíben el uso en todo proceso de las declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos, salvo cuando se utilicen contra la persona acusada de ser responsable de las torturas u otros malos tratos. Por ejemplo, en la Observación General núm. 20 sobre el PIDCP, el Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmó: "Para disuadir toda violación del artículo 7, es importante que la ley prohíba la utilización o la admisibilidad en los procesos judiciales de las declaraciones o confesiones obtenidas mediante tortura u otros tratos prohibidos".(73)

Según el artículo 35.C de la Constitución iraquí, aprobada el 15 de octubre de 2005, "[s]e prohíben todas las formas de tortura y trato inhumano físicos y psicológicos. No se tendrá en cuenta ninguna confesión obtenida mediante la fuerza, amenaza o tortura".(74) Además, el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal iraquí establece que "no se permite el uso de ningún medio ilegal para influir en una persona detenida a fin de que realice una confesión. Se consideran medios ilegales los malos tratos o la amenaza de causar dolor […]". Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal no prohíbe específicamente el uso de una declaración obtenida bajo coacción como prueba ante un tribunal.

Amar ‘Ubaid Kassarfue detenido a finales de abril de 2005. En el sumario de su caso figura que confesó pertenecer a un grupo armado, delito punible con la muerte, durante una sesión de interrogatorio que se realizó en la comisaría de policía de la ciudad de Al Musaib, gobernación de Babel. El 24 de mayo de 2005 o en torno a esa fecha, compareció ante el juez instructor en Al Musaib y se retractó de su confesión, alegando que había sido sometido a torturas. Sin embargo, el 8 de junio de 2005, ‘Amar ‘Ubaid Kassar fue llevado ante un juez de instrucción y un fiscal de la ciudad de Al Hilla, capital de la gobernación de Babel, y confesó su relación con grupos armados y con la detonación de explosivos.

Según los informes recibidos, en un informe que el Instituto Médico Forense de Babel emitió el 19 de julio de 2005 constaba que ‘Amar ‘Ubaid Kassar tenía cicatrices en diversas partes del cuerpo, incluida la parte posterior del antebrazo izquierdo.(75) En su resolución, el Tribunal Penal Central de Irak en Babel hizo referencia a la declaración que ‘Amar ‘Ubaid Kassar había prestado en relación con otro juicio ante el mismo tribunal y en la que afirmó que había resultado herido antes de ser detenido.

‘Amar ‘Ubaid Kassar fue juzgado en virtud del artículo 194 del Código Penal iraquí por cargos relacionados con la dirección o la formación de un grupo armado, pero no fue acusado de haber causado muertes. El 28 de diciembre de 2006, el Tribunal Penal Central de Irak en Babel le condenó a muerte alegando que la información sobre la detonación de explosivos facilitada por ‘Amar ‘Ubaid Kassar en sus confesiones sólo podía conocerla el propio responsable.(76) En el momento de elaborar este informe, el Tribunal de Casación aún no había tomado una decisión sobre la apelación.

Tahsin Ali Matar también fue condenado a muerte tomando como fundamento una "confesión" presuntamente obtenida mediante coacción:

El 25 de mayo de 2005, el Tribunal Penal Central de Irak en Babel condenó a muerte a Tahsin Ali Mataren relación con el homicidio de dos hermanos el 2 de enero de 2005. En la sentencia se indica que, el 24 de marzo de 2005, los familiares de las víctimas presentaron una denuncia contra Tahsin Ali Matar tras la retransmisión de su "confesión" por la televisión iraquí. En su resolución, el Tribunal no hizo referencia a ninguna prueba que relacionase a Tahsin Ali Matar con el homicidio, salvo las confesiones iniciales que hizo ante un investigador y la posterior confesión realizada ante el juez de instrucción a comienzos de marzo de 2005.(77) Sin embargo, el Tribunal hizo constar que el acusado se había retractado ante él de las confesiones en las que admitía ser el responsable de los homicidios, alegando que eran falsas y que habían sido obtenidas mediante tortura.

Cuando el Tribunal cuestionó el hecho de que Tahsin Ali Matar se retractase de sus confesiones preguntándole cómo era posible que conociese los pormenores de lo ocurrido, el acusado alegó que era información que había oído a personas que vivían en la zona. A pesar de que se retractó de sus confesiones previas al juicio, el Tribunal decidió que resultaban convincentes porque ofrecían información sobre los homicidios que sólo su autor podía conocer.

En el fallo no hay nada que indique que las denuncias de tortura de Tahsin Ali Matar fueron investigadas. Esta cuestión es especialmente importante porque, teniendo en cuenta lo que se acaba de exponer, toda la condena se basa en la confesión. Si ésta fue obtenida bajo tortura, los responsables podrían haber "transmitido" al acusado detalles del crimen a los que habían tenido acceso, haciendo así que pareciera que tenía información directa sobre el crimen.

El 25 de mayo de 2005, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades iraquíes en relación con la condena a muerte de Tahsin Ali Matar, instando a que se conmutase.(78) Sin embargo, el 31 de octubre de 2005, el Tribunal Federal de Casación confirmó la condena a muerte. Amnistía Internacional no dispone de información acerca de si Tahsin Ali Matar sigue con vida o no.

Ausencia de defensa adecuada

A pesar de que la legislación iraquí garantiza el derecho a disponer de asistencia jurídica durante la instrucción del sumario y ante el tribunal, en la práctica han sido numerosas las personas detenidas o acusadas a las que sus abogados no les han ofrecido la protección o la asistencia pericial adecuadas. En diciembre de 2006, el New York Timespublicó un artículo en el que se hacía referencia a una serie de deficiencias en diversos juicios ante el Tribunal Penal Central de Irak, incluido el incumplimiento del derecho a la defensa adecuada.(79)

Toda persona acusada ante un tribunal tiene derecho a gozar de asistencia jurídica. Este derecho se recoge en el artículo 19.4 de la Constitución iraquí de octubre de 2005: "El derecho a la defensa es sagrado y se garantizará en todas las fases de la investigación y el juicio". Una modificación del artículo 123 del Código de Procedimiento Penal establece el derecho a gozar de asistencia jurídica durante los interrogatorios realizados en el periodo de detención preventiva, incluido el derecho a contar con un defensor de oficio gratuito si la persona detenida no puede hacer frente al coste de la asistencia letrada. Además, antes de proceder al interrogatorio, las autoridades iraquíes tienen que informar a las personas detenidas sobre sus derechos en relación con la asistencia jurídica.(80) Si una persona juzgada ante un tribunal penal no cuenta con asistencia letrada, será representada por un defensor de oficio gratuito (art. 144 del Código de Procedimiento Penal).

El Departamento de Estado estadounidense resumió recientemente las principales deficiencias: "En teoría se proporcionaba la asistencia de abogados defensores, pero las personas detenidas raramente podían ponerse en contacto con ellos antes de la vista inicial, a menudo por razones de seguridad. Muchos detenidos se reunieron por primera vez con sus abogados durante la vista inicial. Los abogados defensores casi nunca desempeñaban una función de peso en los juicios ni en las vistas".(81)

En el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se incluyen una serie de derechos destinados a garantizar la defensa adecuada: el derecho al tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, el derecho a asistencia letrada y a comunicarse con un defensor elegido por la persona acusada, el derecho a defensor de oficio gratuito para quienes carecen de medios suficientes para pagarlo y el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo.

En la resolución 1989/64, aprobada el 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y Social de la ONU recomendó a los Estados miembros de la ONU que reforzasen aún más el derecho a una defensa adecuada de las personas acusadas de delitos punibles con la muerte "[p]restando protección especial a las personas acusadas de delitos que llevan aparejada la pena de muerte, facilitándoles el tiempo y los medios para preparar su defensa, inclusive la asistencia letrada apropiada en todas las fases de las actuaciones, además de la protección prestada en casos en los que no se impone la pena capital".

Muchas de las personas juzgadas ante el Tribunal Penal Central de Irak acusadas de delitos punibles con la muerte carecen de los recursos económicos necesarios para pagar a un abogado defensor de su elección, al igual que sus familiares, y cuentan con la representación de un defensor de oficio. El sistema de designación de defensores de oficio en los juicios ante el Tribunal Penal Central resulta a menudo desfavorable para las personas acusadas. Por ejemplo, al parecer es habitual que el defensor de oficio que asiste al interrogatorio de una persona ante el juez instructor no continúe trabajando en el caso.

Además, a las personas acusadas o a sus familiares a menudo les resulta difícil encontrar un abogado experto en derecho penal que está dispuesto a defender a personas acusadas de delitos punibles con la muerte, incluidos actos relacionados con el "terrorismo". Diversos abogados que han defendido a clientes de este tipo han informado de que sufren amenazas con frecuencia. Un abogado mostró a Amnistía Internacional un mensaje de texto que había recibido en enero de 2007 y en el que se le llamaba traidor. El abogado afirmó también que personas de contacto que tenía en las fuerzas de seguridad le habían aconsejado que dejase de defender los denominados "casos de terrorismo".(82) Otro abogado contó a Amnistía Internacional que su oficina en Bagdad había sido objeto de un incendio provocado en el verano de 2006. Tras el suceso, por lo que, como medida de seguridad, había enviado a su familia a vivir al campo. Sin embargo, posteriormente decidió dejar de trabajar en casos vistos ante el Tribunal Penal Central de Irak debido a los riesgos que entrañaban.(83)

Shihab Ahmad Khalaffue detenido el 30 de enero de 2005 por fuerzas iraquíes y estadounidenses en la mezquita de Al Saberin, en la ciudad septentrional de Mosul. Había sido coronel del ejército iraquí durante el régimen de Sadam Husein y había huido de Irak con su familia justo antes de la Guerra del Golfo de 1991, pero regresó en octubre de 2003. Según los informes, junto con él fueron detenidas varias personas más, entre las que se encontraba ‘Abdullah Kelana, por su presunta participación en "actos terroristas". Según los informes recibidos, durante los primeros siete meses de su detención Shihab Ahmad Khalaf no tuvo acceso a un abogado de su elección.(84)

Según los informes, durante su interrogatorio Shihab Ahmad Khalaf fue azotado con cables y obligado a confesar que era miembro destacado de un grupo terrorista. El 23 de febrero apareció en el programa "El terrorismo en manos de la Justicia"del canal de televisión Al Iraqiyya afirmando que ‘Abdullah Kelana se había puesto en contacto con él en 2001 y que le había enviado a Islamabad, en Pakistán, para recibir adiestramiento en la lucha contra las fuerzas estadounidenses. También afirmó que posteriormente había recibido adiestramiento y órdenes de agentes de los servicios de inteligencia sirios.(85)

Shihab Ahmad Khalaf compareció ante un juez de instrucción de Bagdad en marzo de 2005. Negó los cargos y declaró que había confesado bajo coacción. Según los informes, el juez ordenó que continuase la investigación sobre el caso. Al final de ese mes, Shihab Ahmad Khalaf compareció de nuevo ante el mismo juez, que le pidió que firmase una confesión. No se le permitió consultar con abogados hasta finales de septiembre de 2005. Su primera vista judicial estaba prevista para el 11 de octubre de 2005, pero se aplazó en varias ocasiones y finalmente se celebró el 23 de noviembre de ese año.

Los informes indican que, durante el juicio, Shihab Ahmad Khalaf declaró ante el juez que había confesado porque el juez de instrucción lo había amenazado con agredir a su esposa y torturarle a él para obligarle a realizar una "confesión". Según los informes, sus abogados presentaron documentos que demostraban que estaba en los Países Bajos en la época en la que se le acusaba de haber recibido adiestramiento en Pakistán. Sin embargo, los informes recibidos indican que el juez se negó a admitir los documentos y tampoco quiso tomar en consideración una petición presentada por los letrados para solicitar la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí a fin de confirmar el paradero de Shihab Ahmad Khalaf durante 2001.

El juicio de Shihab Ahmad Khalaf y ‘Abdullah Kelana duró sólo 45 minutos y concluyó con una resolución del Tribunal Penal Central de Irak en la que, en aplicación del artículo 194 del Código Penal iraquí, ambos fueron condenados a muerte por dirigir un grupo armado. Entre los cargos presentados contra ellos figuraban "amenazar la seguridad y la estabilidad, formar grupos armados y utilizar automóviles para perpetrar atentados con bomba".

La causa se remitió al Tribunal Federal de Casación, que confirmó las condenas de muerte y las remitió al Consejo Presidencial para su ratificación. El 24 de mayo de 2006, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades iraquíes para que no ejecutaran a estos dos hombres.(86) La familia de Shihab Ahmad Khalaf pudo hablar con él por teléfono en septiembre de 2006. Desde ese momento, sin embargo, cada vez que han intentado ponerse en contacto con él se les ha comunicado que ha sido trasladado a otra prisión y no se les ha proporcionado más información. En el momento de elaborar este informe, Amnistía Internacional no dispone de más información sobre la suerte que han corrido Shihab Ahmad Khalaf’s y ‘Abdullah Kelana.

Condenas a muerte por presuntos secuestros sin resultado de muerte

El Comite9 de Derechos Humanos de la ONU ha calificado específicamente al "secuestro sin resultado de muerte" de delito que no puede incluirse en la categoría de los "delitos más graves" en virtud del artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha afirmado que, por lo tanto, la imposición de la pena de muerte por ese delito contraviene lo dispuesto en dicho artículo.(87)

Según información aparecida en medios de comunicación, entre agosto y noviembre de 2006 el Tribunal Penal Central de Irak condenó a nueve personas a muerte por secuestros sin víctimas mortales.(88) Entre esas personas se encontraban Muhammad Munaf Muhammad al-Amin, ciudadano iraquí y estadounidense; su hermano, Yusuf Munaf Muhammad al-Amin, y otras cuatro personas(89) condenadas junto con ellos por su presunta participación en el secuestro de tres periodistas rumanos en Irak en marzo de 2005.

Muhammad Munaf Muhammad al-Aminnació en Irak y emigró a Estados Unidos en 1990. En 2001 se trasladó a Rumania con su esposa, de origen rumano, y sus tres hijos. Acompañó a los tres periodistas rumanos secuestrados a Irak para servirles de guía e intérprete. Los periodistas permanecieron dos meses secuestrados antes de quedar en libertad sanos y salvos durante una operación militar de rescate llevada a cabo en mayo de 2005. Muhammad Munaf Muhammad al-Amin fue detenido después la operación y acusado de hacerse pasar por víctima del secuestro y de participar en su planificación. Su hermano, Yusuf Munaf Muhammad al-Amin, y al menos tres de las otras personas acusadas fueron detenidos a comienzos de abril de 2005, mientras los rehenes permanecían aún retenidos.

Al parecer, en las vistas preliminares Muhammad Munaf Muhammad al-Amin hizo unas declaraciones en las que admitió haber participado en el secuestro, pero en el juicio se retractó de ellas alegando que las había hecho tras recibir amenazas de violencia y agresión sexual contra él y su familia. Según los informes, tres de las otras personas acusadas fueron torturadas mediante golpes con cables y descargas eléctricas durante las semanas posteriores a su detención, en abril de 2005. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que el Instituto Médico Forense de Bagdad emitió un informe sobre el reconocimiento realizado a al menos uno de los acusados. Sin embargo, el reconocimiento fue realizado el 1 de junio de 2006, más de un año después de la detención. En él se hallaron diversas señales corporales de lesiones que se habían producido más de seis meses antes, pero no se pudieron aportar datos concluyentes con respecto a sus causas.

El juicio, que, según los informes, duró alrededor de una hora, se celebró el 12 de octubre de 2006 ante el Tribunal Penal Central de Irak, y en él se examinaron las causas de los seis acusados en la misma vista. Según los informes recibidos, algunos de los acusados mostraron durante la vista señales corporales que afirmaron haber sido causadas mediante torturas o malos tratos. Los seis fueron condenados a muerte por cargos de secuestro. Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades iraquíes contra las condenas.(90)

Mohammad Munaf Muhammad al-Amin permanece en Irak bajo custodia estadounidense desde su captura, en mayo de 2005, en virtud de un acuerdo que permite que las personas que se encuentren en prisión preventiva en espera de procesamiento penal ante los tribunales iraquíes sean recluidas en centros de detención administrados por la Fuerza Multinacional. En el momento de elaborar este informe tiene una solicitud de hábeas corpus pendiente ante los tribunales estadounidenses en la que cuestiona la legalidad de su detención y pide una inhibitoria temporal que impida que sea puesto bajo custodia iraquí, aunque una corte federal estadounidense de primera instancia ha fallado que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción en los casos que aún se encuentran en fase de apelación.

En el momento de redactor este informe, Yusuf Munaf Muhammad al-Amin y los otro cuatro acusados permanecían bajo custodia iraquí, en espera de que el Tribunal de Casación resolviese el recurso de apelación que habían presentado.

Recursos presentados ante el Tribunal de Casación

Aunque toda persona condenada por un delito tiene derecho a recurrir su declaración de culpabilidad y condena ante el Tribunal de Casación en un plazo de 30 días tras dictarse la sentencia, muchas personas condenadas a muerte en Irak no pueden presentar un recurso a través de sus abogados defensores. Por lo general, en estos casos el Tribunal de Casación tendrá que basar la revisión de la sentencia en el expediente judicial.

Amnistía Internacional teme en especial que no se presente un recurso en los casos de muchas personas condenadas a muerte que han contado con la representación de un defensor de oficio. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información de que, aún en casos en los que el acusado ha podido contratar a un abogado de su elección, han existido serios obstáculos con respecto a la preparación de los recursos. Un abogado, cuyo cliente fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak en abril de 2006 tras ser acusado de dirigir un grupo armado, contó a Amnistía Internacional que se había reunido por primera vez con el acusado durante la única vista ante el tribunal que se celebró y en la que no se le permitió hablar con él. Tras dictarse sentencia pasó varios meses sin poder reunirse con su cliente, por lo que se vio obligado a preparar el recurso sin consultarle.(91)

Las peticiones del Tribunal de Casación se elevan de cadena perpetua a condena a muerte

Muhannad Hamza Matar fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak de la gobernación de Babel el 21 de noviembre de 2006. Fue uno de cinco hombres detenidos en marzo de 2005 en la localidad de Al Hilla, al sur de Bagdad, en relación con el homicidio de un agente de policía

El agente había muerto a causa de los disparos efectuados desde un automóvil en el distrito de Al Mashru'a, en Al Hilla. Según los informes, Muhannad Hamza Matar confesó el homicidio durante la investigación policial inicial y posteriormente ante el juez de instrucción. Los cinco acusados fueron juzgados por el Tribunal Penal Central de Irak en Al Hilla en abril del 2006, en dos sesiones en las que Muhannad Hamza Matar se retractó de su confesión alegando, según los informes, que la había hecho bajo coacción. Sin embargo, fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, mientras que los otros cuatro hombres fueron absueltos y quedaron en libertad.

El 27 de julio de 2006, el Tribunal de Casación determinó que la cadena perpetua era una pena demasiado leve y devolvió la causa al Tribunal Penal Central de Irak, que el 21 de noviembre de 2006 condenó a Muhannad Hamza Matar a muerte. Conforme a la legislación iraquí, la causa se remitió de nuevo al Tribunal de Casación. En el momento de elaborar este informe, este tribunal no había dictado una resolución sobre el caso, pero se esperaba que confirmase la condena a muerte.(92)

Condenas a muerte impuestas por el Alto Tribunal Penal Iraquí y motivos de preocupación relacionados con la celebración de juicios injustos

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que el Estatuto del Alto Tribunal Penal Iraquí (Ley Número 10 de 2005) no ofrezca salvaguardas suficientes para la celebración de juicios justos, en concreto en lo que respecta al derecho de toda persona a ser juzgada ante un tribunal imparcial e independiente. El Estatuto no incluye ninguna disposición que permita u obligue a los jueces a retirarse de un proceso cuando su imparcialidad se vea afectada o hay una posibilidad razonable de que dé esa impresión.(93) Además, el Estatuto de 2005 también incluye una disposición que permite al Consejo Presidencial, por recomendación del Consejo de Ministros, el traslado de jueces y fiscales desde el Tribunal al Consejo Judicial Supremo "por cualquier razón" (artículo 4(cuarto), Estatuto de 2005).

Juicio y ejecución de Sadam Husein y sus colaboradores

El primer juicio ante el Tribunal, renombrado como Alto Tribunal Penal Iraquí tras la revisión de su Estatuto en 2005, comenzó en octubre de 2005 y finalizó el 27 de julio de 2006. Sadam Husein y siete colaboradores suyos fueron acusados de crímenes de lesa humanidad contra la población de Duyail, localidad predominantemente chií situada al noreste de Bagdad, tras un presunto intento de asesinato del ex presidente perpetrado cuando visitaba la localidad, en 1982. En la sentencia, anunciada el 5 de noviembre de 2006, se condenó a muerte a Sadam Husein y dos de sus colaboradores, Barzan Ibrahim al-Tikriti y Awad al-Bandar, y se dictaron diversas penas de cárcel contra otros cuatro (Taha Yassin Ramadhan, Abdullah Kadhim al-Ruweid, Ali Daih y Mizher ‘Abdullah al-Ruweid). La Sala de Apelaciones confirmó las condenas y también ordenó que la Sala de Primera Instancia modificase la condena a cadena perpetua impuesta a Taha Yassin Ramadhan por considerarla demasiado leve. El 12 de febrero de 2007, el Alto Tribunal Penal Iraquí condenó a Taha Yassin Ramadhan a muerte; la Sala de Apelaciones confirmó la sentencia el 15 de marzo de 2007.

Sadam Husein fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006. Barzan Ibrahim al-Tikriti y Awad al-Bandar fueron ejecutados el 15 de enero de 2007. Las ejecuciones se llevaron a cabo tras ser autorizadas por el primer ministro Al Maliki,(94) pero sin contar con la ratificación del Consejo Presidencial, a pesar de que así lo exige el Estatuto del Alto Tribunal Penal Iraquí.(95) Taha Yassin Ramadhan fue ejecutado el 20 de marzo de 2007. Antes de ser ejecutados, las fuerzas estadounidenses entregaron a Sadam Husein, Barzan Ibrahim al-Tikriti, Awad al-Bandar y Taha Yassin Ramadhan, que quedaron bajo custodia iraquí.

La rapidez con que se llevaron a cabo los procedimientos de apelación y las ejecuciones de Sadam Husein y sus colaboradores supuso una violación de las normas internacionales. En la resolución 1989/64, aprobada el 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y Social de la ONU hizo un llamamiento a los Estados miembros en los que pudiera imponerse la pena de muerte a fin de que concedieran tiempo suficiente para preparar los recursos de apelación ante un tribunal superior y para llevar a término el procedimiento de apelación, así como para cursar peticiones de indulto. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha recomendado que los Estados establezcan en su legislación interna un periodo mínimo de seis meses antes de que pueda llevarse a cabo una condena a muerte impuesta por un tribunal de primera instancia, a fin de permitir que haya tiempo suficiente para preparar una apelación ante un tribunal de jurisdicción superior y para solicitar un indulto.(96) El relator especial ha afirmado que "[d]icha medida evitaría ejecuciones precipitadas y permitiría a los acusados ejercer todos sus derechos".(97)

Las condenas a muerte y las ejecuciones provocaron la condena de organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como de derechos humanos.(98) Autoridades de la UE afirmaron en noviembre de 2006 que durante las negociaciones sobre el convenio comercial y de ayuda con Irak se intentaría lograr la prohibición de la pena capital.(99)

Al comentar la ejecución de Sadam Husein, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias declaró que "el gobierno iraquí realizó un esfuerzo evidentemente motivado por razones políticas por acelerar la ejecución, negando tiempo para una apelación real y cerrando todas las vías para revisar la condena".(100) Con respecto a la condena a muerte dictada contra Taha Yassin Ramadhan, el mismo relator afirmó que su ejecución violaría el derecho internacional y añadió que "el juicio estuvo plagado de graves irregularidades que le negaron al condenado una audiencia justa".(101)

Amnistía Internacional ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación por el hecho de que el juicio de Sadam Husein y sus colaboradores fuera injusto. El 19 de octubre de 2005, una delegación de la organización asistió en Bagdad a la vista inicial del juicio por el caso de Al Duyail. La organización hizo seguimiento del caso durante el tiempo que duró el juicio, hizo un llamamiento contra las condenas a muerte y condenó las ejecuciones.(102)

El juicio se vio desvirtuado por las injerencias políticas, que provocaron la dimisión de un juez y el bloqueo de la designación de otro. Además, el Tribunal no garantizó la seguridad de los abogados defensores, los testigos y otras personas. Tres abogados defensores fueron asesinados durante el tiempo que duró el juicio.

Juicios pendientes ante el Alto Tribunal Penal Iraquí

Cuando fue ejecutado, Sadam Husein estaba siendo objeto de un segundo juicio, junto con otras seis personas, por cargos distintos relacionados con las denominadas "Operaciones Anfal"realizadas en 1988, en las que miles de personas pertenecientes a la minoría kurda iraquí fueron objeto de homicidios masivos, torturas y otros crímenes. El juicio por las "Operaciones Anfal", que comenzó en agosto de 2006 y aún se estaba celebrando cuando se elaboró este informe, adolece de muchas de las graves deficiencias que convirtieron el de la masacre de Duyail en un juicio injusto, como la importante intervención por parte del gobierno en la composición del tribunal y el hecho de que no se proporcionaran medidas de seguridad efectivas.

En septiembre de 2006, el fiscal jefe acusó al presidente del tribunal, Abdullah al-Amiri, de ser demasiado benévolo con los acusados y le pidió oficialmente que dimitiera. Varios días después, el gobierno destituyó al juez, afirmando que había dejado de ser neutral, y lo sustituyó por su adjunto, Mohammed al-Ureybi. Oficialmente, el juez Abdullah al-Amiri fue trasladado al Consejo Judicial Supremo, en aplicación del artículo 4 (cuarto) del Estatuto de 2005.

Al igual que el juicio por el caso de Duyail, el juicio por la campaña Anfal se celebra en la fortificada Zona Verde, debido al elevado índice de violencia e inseguridad que continúa existiendo en Irak. Diez días después del nombramiento de Mohammed al-Ureybi como presidente del tribunal, unos hombres armados mataron a su cuñado.(103) En octubre de 2006 también fue víctima de homicidio el hermano del fiscal jefe.(104)

El 8 de enero de 2007, después de la ejecución de Sadam Husein, se retiraron los cargos presentados en su contra con respecto al caso Anfal. En la actualidad continúa celebrándose el juicio contra los otros acusados por los cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Son: Ali Hassan al-Majid, Sultan Hashim Ahmed, Saber Abdul Aziz, Hussain Rashid al-Tikriti, Taher Muhammad al-Ani y Farhan al-Jiburi.

El 18 de enero, el fiscal jefe anunció la apertura de una tercera causa contra ex autoridades del gobierno por cargos relacionados con los homicidios cometidos durante un levantamiento que se produjo en el sur de Irak, zona de población predominantemente chií, tras la Guerra del golfo de 1991. Entre los acusados se encontraban Sadam Husein, Taha Yassin Ramadhan y Ali Hassan al-Majid.

Condenas a muerte y ejecuciones en la región kurda de Irak

En julio de 2005, canales de noticias kurdos retransmitieron "confesiones" de delitos de asesinato y violación realizadas en kurdo por Shaikh Zana ‘Abdul Karim Barzanji y otros hombres. Además, según los informes, varios de los hombres admitieron haber mantenido relaciones homosexuales. Según los informes recibidos, las cintas de vídeo con sus "confesiones" fueron ofrecidas a los canales de televisión por servicios de inteligencia y seguridad kurdos.(105)

El 21 de septiembre de 2006, 11 hombres fueron ejecutados por ahorcamiento en la ciudad de Arbil, en la zona septentrional de Irak bajo control kurdo. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, fueron las primeras ejecuciones que se llevaron a cabo en la región kurda desde 1992. Según los informes, los 11, de los que se dijo que eran miembros del grupo armado Ansar al Islam(Seguidores del Islam), habían sido condenados a muerte en marzo de 2006 en relación con delitos de homicidio y secuestro cometidos en 2003 y 2004. Sus nombres son: Shaikh Zana ‘Abdul Karim Barzanji, Burhan Tal’at Muhammad, Dilir Haidar ‘Abdullah, Mariwan Karim Hassan, Karukh Burhan Muhammad, Hafal Fariq Isma’il, Aza’ Mu’tasam Karim, Fariq Isma’il ‘Abdullah, Dilir Abu Bakr Isma’il, Yusuf ‘Aziz Qadir y Ziyad Rif’at ‘Abdul Karim.

Mujeres condenadas a muerte

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, al menos dos mujeres fueron ejecutadas en 2006. En marzo de 2007, cuatro mujeres condenadas a muerte permanecían recluidas en la Prisión de Mujeres Al Kadhimiya, en Bagdad, dos de ellas con sus hijas. Se trata de Samar Sa’ad ‘Abdullah, de unos 25 años; Wassan Talib, de 31; Zeynab Fadhil, de 25, y su hija, de 3, ,y Liqa’ Qamar, de 25, y su hija, de uno. Desde finales de 2005, la Organización de la Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI, por sus siglas en inglés) ha visitado con regularidad a las mujeres encarceladas en la prisión Al Kadhimiya, incluidas las condenadas a muerte. La OWFI, organización no gubernamental iraquí que trabaja por los derechos de las mujeres, pide la abolición de la pena de muerte.(106)

Samar Sa’ad ‘Abdullah fue condenada a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak el 15 de agosto de 2005 por el asesinato de su tío, su tía y tres de sus primos en el distrito de Al Khudra’, en Bagdad. Según los informes, culpó de los homicidios a su novio, que, según ella, los cometió para robar a su tío. Al parecer, su novio fue acusado del mismo delito y estaba siendo buscado por las autoridades.

Wassan Talib y Zeynab Fadhil fueron condenadas a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak el 31 de agosto de 2006 por el asesinato de varios miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes en 2005, en el distrito bagdadí de Hay al-Furat. Ambas mujeres negaron su participación en los hechos, y, según los informes, Zeynab Fadhil afirmó que se encontraba en el extranjero cuando se cometieron los homicidios.

Liqa’ Qamar fue condenada a muerte el 6 de febrero de 2006 por el Tribunal Penal Central de Irak, por un secuestro que no finalizó en muerte y que, según los informes, se llevó a cabo en 2005. Al parecer, su esposo fue acusado del mismo delito, pero huyó al extranjero. El 9 de febrero de 2007, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades iraquíes contra las condenas a muerte impuestas a las cuatro mujeres.(107)

En el momento de elaborar este informe el Tribunal de Casación aún no había tomado una decisión sobre los recursos presentados en estos casos.

Conclusiones

Desde que en agosto de 2004 se reinstauró la pena capital en Irak, se ha condenado a muerte a más de 270 personas y, según informes, se ha ejecutado al menos a un centenar. En muchos casos, las condenas a muerte se han dictado tras procedimientos injustos que no cumplían las normas procesales internacionales. Esto supone un gran retroceso, que no ha de pasarse por alto simplemente porque se hayan perdido muchas más vidas a causa de la violencia que sigue reinando en el país. La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante y la violación más extrema del derecho a la vida; además, no tiene un efecto disuasorio eficaz contra la violencia y la delincuencia, tal como pone de manifiesto la persistente crisis en la que está sumido Irak.

Mientras que el juicio celebrado ante el Alto Tribunal Penal Iraquí y las subsiguientes ejecuciones del ex presidente Sadam Husein y tres de sus colaboradores recibieron una gran atención pública y generaron críticas en la comunidad internacional, se ha prestado menos atención a las más de 250 personas que el Tribunal Penal Central de Irak ha condenado a muerte, incluidas las al menos 85 que han sido ejecutadas. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que muchas de las personas condenadas a muerte por el Tribunal Penal Central no hayan recibido un juicio justo. Entre las deficiencias de los juicios celebrados ante este tribunal que han resultado en la imposición de la pena de muerte cabe mencionar "confesiones" televisadas previas a los juicios, confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura o malos tratos y acceso insuficiente a asistencia letrada. También se han recibido informes de "confesiones" televisadas antes de la celebración de un juicio en la región bajo control kurdo en el que se condenó a muerte a 11 personas, que fueron ejecutadas en septiembre de 2006.

Amnistía Internacional insta al gobierno iraquí a que suspenda de forma inmediata las ejecuciones con vistas a una abolición total de la pena de muerte. La organización se opone a la pena capital en todos los casos sin excepción porque es una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

Recomendaciones

A las autoridades iraquíes

Amnistía Internacional recuerda la resolución 2005/59, relativa a la pena de muerte y aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 20 de abril de 2005. La resolución afirmaba que "la abolición de la pena de muerte contribuye a realzar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos" y que "la abolición de la pena capital es esencial para la protección [del derecho a la vida]".

Amnistía Internacional insta a las autoridades iraquíes a que

· suspendan de forma inmediata las ejecuciones;

· conmuten todas las condenas a muerte pendientes;

· avancen hacia la abolición de la pena de muerte y respeten las normas internacionales que restringen el ámbito de aplicación de la pena de muerte mientras no se proceda a su abolición;

· garanticen que se respetan en todos los casos las más estrictas normas sobre la celebración de juicios justos, incluidos:

o el derecho de toda persona a ser juzgada ante un tribunal independiente e imparcial;

o el derecho de la persona acusada a un abogado defensor competente y de su elección durante todas las fases del proceso;

o el derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad conforme a la ley;

o las normas más estrictas para el proceso de recopilar y analizar las pruebas, especialmente en lo que respecta a la prohibición de utilizar como prueba ante un tribunal cualquier declaración obtenida mediante tortura u otros malos tratos.

A los gobiernos de los países que forman parte de la Fuerza Multinacional, especialmente a las autoridades británicas y estadounidenses

Amnistía Internacional insta a los gobiernos de los países que forman parte de la Fuerza Multinacional a que

· no entreguen a las autoridades iraquíes a ninguna persona detenida que haya sido condenada a muerte;

· no entreguen a las autoridades iraquíes a ninguna persona detenida sin que existan garantías por escrito de que no se le impondrá la pena de muerte;

· presionen para que se suspendan de inmediato las ejecuciones en Irak.

A la Unión Europea

Amnistía Internacional insta a la Unión Europea a que

· ninguno de sus Estados miembros que forme parte de la Fuerza Multinacional entregue a ninguna persona detenida a las autoridades iraquíes sin haber recibido antes garantías por escrito de que a esa persona no se le impondrá la pena de muerte;

· presionen para que se suspendan de inmediato las ejecuciones en Irak.

Anexo 1:Decreto: La reinstauración de la pena de muerte

Decreto Número 3 — 2004

En nombre del pueblo,

conforme al artículo 26, párrafos A y C, de la Ley de Administración Provisional de Irak y a las disposiciones de la parte II de su anexo, y con la aprobación del Consejo Presidencial, el Consejo de Ministros ha decidido promulgar el siguiente Decreto:

Primero:

Como excepción al Decreto Número 7, parte 3, párrafo 1, del 10 de junio de 2003, promulgado por la Autoridad Provisional de la Coalición, con este decreto se acuerda reinstaurar la pena de muerte según lo establecido en el Código Penal número 111 de 1969 como pena para toda persona declarada culpable de cualquiera de los siguientes delitos:

1- Todo delito que ponga en peligro la seguridad interna del Estado según lo establecido en los artículos 190, 191, 192.iii, 193, 194, 195, 196 y 197, párrafos i e ii. Y a los efectos de la aplicación de este Decreto, las expresiones "el Gobierno Temporal Iraquí", "el Gobierno Provisional Iraquí" o el del gobierno siguiente tras la aprobación de la Constitución sustituirán a "el régimen gobernante" o "el gobierno" siempre que estas expresiones aparezcan en cualquiera de estos artículos.

2- Todo delito que constituya un peligro público o la utilización de materiales bacteriológicos según lo establecido en los artículos 349 y 351.i del Código Penal.

3- Los delitos relacionados con ataques a sistemas de transporte y telecomunicaciones según lo estipulado en los artículos 354 y 355 del Código Penal.

4- El asesinato con premeditación, según lo establecido en el artículo 406.

Segundo:

Las disposiciones del párrafo 1 de este Decreto serán también aplicables a toda persona que cometa cualquiera de los delitos establecidos en los apartados B, C y D del primer párrafo de artículo 14 de la Ley de Narcóticos número 68 de 1965, relativos al tráfico de narcóticos, con el fin de financiar o instigar cualquiera de las actividades y actos mencionados en el artículo 190 del Código Penal.

Tercero:

Será condenada a muerte toda persona que cometa el delito de secuestro según lo especificado en los artículos 421, 422 y 423 del Código Penal.

Cuarto:

Se aplicarán a todos los artículos mencionados en este Decreto las disposiciones del Código Penal número 111 de 1969 según su tercera edición (modificación) de 1985.

Quinto:

Quedará revocado el párrafo 2 del apartado 2 del Decreto Número 7 promulgado por la Autoridad Provisional de la Coalición el 10 de junio de 2003.

Sexto:

Como excepción a lo dispuesto en los artículos 285.b y 286 de la Ley de Procedimiento Penal Número 23 (1971), sólo se ejecutará la pena de muerte con la aprobación del primer ministro y la confirmación del Consejo Presidencial.

Séptimo:

Se conmutará por cadena perpetua la pena de muerte establecida en las disposiciones imperativas aplicables antes de la entrada en vigor de este Decreto

Octavo:

Las disposiciones de este Decreto prevalecerán sobre cualquier otra disposición en sentido contrario.

Noveno:

Este Decreto entrará en vigor en la fecha de su promulgación y se publicará en el Boletín Oficial.

Firmado en Bagdad el 21 de Yumada el-Aajira de 1425 de la Hégira, correspondiente al 8 de agosto de 2004.

Ayad Allawi

Primer Ministro

Exposición de motivos

Dada la actual situación en Irak y a fin de proteger la seguridad interna del país y de garantizar la seguridad de su población y respetar sus derechos humanos y su derecho a la vida, se ha hecho necesaria la reinstauración de la pena de muerte contra quienes cometan delitos graves que amenacen la seguridad y la economía de Irak, las vidas de sus habitantes y el futuro de sus próximas generaciones.

Y con el fin, por un lado, de evitar esos delitos y de imponer a quienes los cometen una pena de gravedad semejante a la de tales delitos, y por el otro, de dar una oportunidad a quienes han sido condenados a muerte antes de la entrada en vigor de este Decreto y, reduciendo su pena a cadena perpetua, ofrecerles la posibilidad de seguir con vida de modo que puedan convertirse de nuevo en buenos ciudadanos tras cumplir su condena,

Este Decreto entra en vigor







Anexo 2: La Ley Antiterrorista de Irak

Ley Número 14 - 2005

En nombre del pueblo

Consejo Presidencial

Basándose en la decisión de la Asociación Nacional, conforme a los párrafos A y B del artículo 33 de la Constitución provisional iraquí, y en relación con las disposiciones del artículo 37 de dicha Constitución, el Consejo Presidencial, en su reunión del 7 de noviembre de 2005, tomó la decisión de aprobar la siguiente ley:

Artículo 1: Definición de terrorismo

Se define el terrorismo como todo acto delictivo llevado a cabo por una persona o un grupo organizado, dirigido contra una persona, un grupo de personas, grupos, organizaciones públicas u organizaciones privadas y que cause daños a propiedades públicas o privadas con el fin de socavar la seguridad y la estabilidad o la unidad nacional, de infundir temor, terror o pánico en la población o de crear caos con el propósito de alcanzar objetivos terroristas.

Artículo 2: Se consideran actos terroristas

1- La violencia o la amenaza de violencia destinadas a aterrorizar a las personas y a poner el peligro su vida, seguridad y libertades, o a hacer que pierdan su dinero y propiedades, al margen de su motivo o propósito, en la medida en que su objetivo consista en cumplir un plan o fin terrorista organizado por una persona o un grupo.

2- Los actos violentos de vandalismo deliberado o la amenaza de tales actos que causen daños o destrucción de edificios o propiedades públicos, instalaciones del gobierno, servicios públicos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y lugares frecuentados por la población o destinados a reuniones públicas o que constituyan bienes públicos, o el intento de ocupar, tomar o poner en peligro esos servicios y instalaciones e impedir que se utilicen para la finalidad establecida con el objetivo de alterar la seguridad pública.

3- Toda persona que organice, encabece o dirija una banda terrorista armada que proporcione adiestramiento para estas actividades o las planifique, o que apoye o participe en dichas actividades.

4- Causar, a través de actos de violencia o de amenazas de tales actos, una sedición sectaria, una guerra civil o enfrentamientos entre comunidades proporcionando armas a los ciudadanos o instigándolos y proporcionándoles fondos para que se provean de ellas.

5- Los ataques armados contra puestos militares, comisarías de policía, centros de reclutamiento o departamentos de seguridad, o ataques contra unidades militares nacionales, incluidas sus líneas de suministro y comunicaciones y sus campamentos y bases, por motivos terroristas.

6- La agresión armada, con fines terroristas, contra embajadas extranjeras y la comunidad diplomática en cualquier punto de Irak, o contra cualquier institución iraquí, empresas árabes o extranjeras y organizaciones gubernamentales o no gubernamentales internacionales que operen en Irak en virtud de un acuerdo vigente con el gobierno iraquí.

7- La utilización, con intenciones terroristas, de artefactos explosivos o incendiarios diseñados y capacitados para causar la muerte o desatar el pánico entre la población mediante el uso de vehículos bomba o la detonación, la colocación y la utilización como trampas explosivas de objetos de cualquier tipo o forma, o mediante sustancias químicas venenosas, agentes biológicos o cualquier material similar, o a través de sustancias radiactivas o toxinas.

8- El secuestro de personas o la limitación de su libertad, o su reclusión con el fin de obtener un rescate, para realizar una extorsión o con cualquier otra finalidad de tipo político, nacionalista, religioso, racial, económico o de lucha entre facciones que pueda amenazar la seguridad pública y la unidad nacional y alentar el terrorismo.

Artículo 3: Se consideran delitos específicos contra la seguridad del Estado

1- Todo acto, con intenciones terroristas, capaz de amenazar la unidad nacional y la seguridad pública y de poner en peligro la seguridad del Estado y su estabilidad, o los actos que puedan debilitar la capacidad de los servicios de seguridad del Estado de defender y proteger la seguridad y las propiedades de los ciudadanos y las fronteras e instituciones del Estado, ya sea mediante enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad del Estado o de cualquier otro modo que vaya más allá de la libertad de expresión que garantiza la ley.

2- Todo acto que implique el uso de la fuerza o la violencia para derrocar al gobierno o cambiar la naturaleza del régimen según se establece en la Constitución.

3- Toda persona que, con intención delictiva, dirija una sección de las fuerzas armadas, un puesto militar, un puerto marítimo, un aeropuerto o una unidad militar o civil sin la orden expresa del gobierno.

4- Toda persona que haga un llamamiento a la rebelión armada contra las autoridades constitucionales existentes o participe en una conspiración o en una banda formada con esta finalidad.

5- Todo acto realizado por una persona al mando de miembros de las fuerzas armadas nacionales mediante el cual esa persona les pida u ordene que desobedezcan las órdenes del gobierno.

Artículo 4: Penas

1- Toda persona declarada culpable —como principal responsable o cómplice— de cualquiera de los actos terroristas mencionados en los artículos 2 y 3 de esta Ley será sometida a la pena de muerte. Se impondrá la misma penaa las personas que los instiguen, planeen o patrocinen económicamente, y a toda persona que permita que los terroristas lleven a cabo sus actos.

2- Se impondrá la cadena perpetua a toda persona que oculte deliberadamente información sobre un terrorista o un acto terrorista.

Artículo 5: Amnistía, justificaciones legales y circunstancias legales atenuantes

1- Quedará exenta de las penas anteriormente mencionadas toda persona que informe a las autoridades sobre un delito de terrorismo antes de que se lleve a cabo o mientras se encuentra en la fase de planificación y cuando esta información ayude a detener a los delincuentes o a frustrar el delito.

2- Se reducirá la pena impuesta a una persona si dicha persona proporciona a las autoridades competentes información sobre el delito después de que se produzca o descubra, siempre que lo haga de modo voluntario, antes de ser detenida por las autoridades y si la información que proporcione lleva a la detención y el procesamiento de los responsables del delito.

Artículo 6: Disposiciones finales

1- Los delitos mencionados en esta Ley se considerarán delitos que, en general, afectan al honor de la persona.

2- Se confiscarán todos los bienes y materiales utilizados en actos delictivos.

3- Se aplicarán las penas antes mencionadas a toda persona declarada culpable de cualquiera de los delitos descritos, salvo que una disposición excepcional de esta Ley le otorgue el derecho a una pena más leve.

4- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Ghazi Ayeel El-Yawar

Vicepresidente

Adel Abdul Mahdi

Vicepresidente

Yalal Talabani

Presidente de la República



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(1) No obstante, no se tiene constancia de que todas las ejecuciones fueran difundidas por los medios de comunicación (New York Times, Kirk Semple, Iraqis Line Up to Put Hussein in the Noose, 9 de diciembre de 2006).



(2) Irak fue uno de los países con mayor tasa de ejecuciones per cápita registradas en 2006. La tasa anual en 2006 ascendió aproximadamente a un 2,7 por millón de habitantes.



(3) Amnistía Internacional, Irak: La condena a muerte del ex vicepresidente ha asestado otro golpe a la justicia, 12 de febrero de 2007, Índice AI: MDE 14/008/2007; Amnistía Internacional, Irak: Amnistía Internacional, preocupada por la posible condena a muerte del ex vicepresidente Taha Yassin Ramadan, 9 de febrero de 2007, Índice AI: MDE 14/007/2007; Amnistía Internacional: Irak: La ejecución de los colaboradores de Sadam Husein supone otra recaída en los errores del pasado, 15 de enero de 2007, Índice AI: MDE 14/002/2007; Amnistía Internacional: Irak: Amnistía Internacional deplora la ejecución de Sadam Husein, 30 de diciembre de 2006, Índice AI: MDE 14/043/2006; Amnistía Internacional: Irak: Amnistía Internacional condena la sentencia del Tribunal de Apelación iraquí contra Saddam Hussein y dos de sus colaboradores, 28 de diciembre de 2006, Índice AI 14/044/2006; Amnistía Internacional: Irak: Amnistía Internacional deplora las sentencias de muerte dictadas en el juicio de Sadam Husein, 5 de noviembre de 2006, Índice AI: MDE 14/037/2006.



(4) UNAMI, Human Rights Report, 1 November – 31 December 2006, p. 4.



(5) Tras una visita que Amnistía Internacional realizó a Irak en enero de 1983, la organización publicó un informe con recomendaciones al gobierno iraquí en el que afirmaba haber registrado los nombres de 520 personas que, según informes, habían sido ejecutadas por delitos políticos entre 1978 y 1981.



(6) Amnistía Internacional Informe 1988, Índice AI: POL 10/001/1988.



(7) Por ejemplo, se podían castigar con la muerte los siguientes delitos:



miembros del Partido Baás que mantuviesen intencionadamente en secreto una afiliación política previa o que tuviesen vínculos con otros grupos políticos (enmiendas introducidas en 1974 al artículo 200 del Código Penal)



personal militar que formara parte de organizaciones políticas proscritas o que realizase actividades políticas prohibidas (esta disposición de 1976 se refería en particular a las actividades del Partido Comunista en el seno de las fuerzas armadas)



toda actividad política distinta de la del Partido Baás por parte de ex miembros de las fuerzas armadas (Resolución núm. 884 del Consejo de Mando de la Revolución de 17 de julio de 1978)



pertenencia o afiliación al partido Al Da’wa al Islamiya (Decreto núm. 461 del Consejo de Mando de la Revolución, de 31 de marzo de 1980).



(8) Enmienda al artículo 225 del Código Penal basada en el Decreto núm. 840 del Consejo de Mando de la Revolución, de 4 de noviembre de 1986.



(9) Amnistía Internacional, Iraq: State cruelty: branding, amputation and the death penalty, abril de 1996, Índice AI: MDE 14/003/1996, cap. 5: "Expansion of the use of the death penalty".



(10) Doc. ONU: CCPR/C/103/Add.2, párr.23 (1996).



(11) En el cuarto informe periódico presentado por Irak al Comité de Derechos Humanos de la ONU (doc. ONU CCPR/C/103/Add.2 de 1996) se enumeraban los siguientes decretos del Consejo de Mando de la Revolución:



robo de vehículos (Decreto núm. 13 del Consejo de Mando de la Revolución, de 1992)



falsificación de moneda iraquí o extranjera o puesta en circulación de moneda falsificada (Decreto núm. 9 del Consejo de Mando de la Revolución, de 1993)



robo con circunstancias agravantes (Decreto núm. 59 del Consejo de Mando de la Revolución, de 1994)



robo cometido por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad o por funcionarios públicos (Decreto núm. 114 del Consejo de Mando de la Revolución, de 1994)



sacar ilícitamente de Irak un vehículo motorizado (Decreto núm. 95 del Consejo de Mando de la Revolución, de 1994)



dirigir un grupo de proxenetas (Decreto núm. 118 del Consejo de Mando de la Revolución, de 1994)



falsificación de la libreta del servicio militar (Decreto núm. 179 del Consejo de Mando de la Revolución, de 1994)



actos de inversión fraudulenta si tales actos minan la economía en tiempo de guerra o durante el embargo (Decreto núm. 16 del Consejo de Mando de la Revolución, de 1995).



(12) Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 23 de 1971 modificada).



(13) Amnistía Internacional, Iraq: The death penalty, Índice AI: MDE 14/001/1989, febrero de 1989; Amnistía Internacional: Iraq: Children: Innocent Victims of Political Repression, Índice AI: MDE 14/004/1989, febrero de 1989.

40

(14) Según la sentencia del Alto Tribunal Penal Iraquí de 5 de noviembre de 2006, de las 148 personas condenadas a muerte, 22 eran menores de 18 años.



(15) Agence France Presse (AFP), Iraq to Restore Death Penalty After June 30 Sovereignty Handover, 7 de junio de 2004.



(16) AFP, Iraq to Restore Death Penalty After June 30 Sovereignty Handover, 7 de junio de 2004.



(17) Washington Post, Rajiv Chandrasekaran, Iraq Plans to Offer a Broad Amnesty, 13 de julio de 2004.



(18) Código Penal iraquí reformado, tercera edición, Ley núm. 111 de 1969.



(19) Amnistía Internacional, Irak: El restablecimiento de la pena de muerte supone un retroceso (Índice AI: MDE 14/043/2004), 9 de agosto de 2004; Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), No to restoration of the death penalty, 11 de agosto de 2004.



(20) Véase por ejemplo una declaración sin fechar del Consejo Judicial Supremo transmitida a través de la Embajada de la República de Irak en París el 28 de julio de 2005 y de la Embajada de la República de Irak en Canberra el 12 de septiembre de 2005.



(21) Naciones Unidas Radio, Iraq anuncia ante Consejo de Derechos Humanos que planea abolir pena de muerte, 14 de marzo de 2007, http://radio.un.org/es/print_all.asp?NewsDate=3/14/2007; Reuters, Laura MacInnis, Iraq wants to abolish death penalty – minister, 14 de marzo de 2007.



(22) BBC, Jalal Talabani, the Kurdish politician newly inaugurated as president of Iraq, was interviewed by the BBC's Jim Muir in Baghdad, 18 de abril de 2005.



(23) Centro de Noticias ONU, UN envoy in Iraq urges Government to eschew death penalty, 20 de agosto de 2005.



(24) El Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1989, obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción. Irak se ha adherido al PIDCP, pero no ha firmado ni ratificado el Protocolo.



(25) Artículo 6.2 del PIDCP y párr. 1 de las Salvaguardias de la ONU para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte (Salvaguardias sobre la pena de muerte).



(26) Artículo 6.4 del PIDCP y párr. 7 de las Salvaguardias sobre la pena de muerte.



(27) Véase el anexo 1 para consultar el Decreto Número 3 de 8 de agosto de 2004 sobre el restablecimiento de la pena de muerte.



(28) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República de Guatemala, doc. ONU CCPR/CO/72/GTM, 27 de agosto de 2001, párr. 17.



(29) Consejo de Derechos Humanos: Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y ejecuciones sumarias, versión editada preliminar, Informe del Relator Especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, doc. ONU A/HRC/4/20, 29 de enero de 2007, párr. 53.



(30) Puede consultarse una traducción al inglés del Estatuto en el sitio web del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ): http://www.ictj.org/static/MENA/Iraq/iraq.statute.engtrans.pdf.



(31) El artículo 6.4 del PIDCP dispone que: "Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos".



(32) Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Informe a la Asamblea General, doc. ONU A/60/321, 31 de agosto de 2005, párr. 42.



(33) Véase el Anexo 2 para consultar el texto del Decreto Número 14 de 7 de noviembre de 2005: Ley Antiterrorista de Irak.



(34) Consejo de Derechos Humanos: Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y ejecuciones sumarias, versión editada preliminar, Informe del Relator Especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, doc. ONU A/HRC/4/20, 29 de enero de 2007, párr. 51.



(35) Comité de Derechos Humanos, Observaciones sobre Egipto, doc. ONU CCPR/C/79/Add.23 (1993), 9 de agosto de 1993, párr. 8.



(36) Estos artículos de la Ley Antiterrorista se basan en gran medida en las disposiciones del Código Penal iraquí, concretamente en los artículos 421 y 190.



(37) Gobierno Regional de Kurdistán, noticias y artículos, al-Barlaman al-kurdistani yuqirr qanun mukafaha al-irhab (El Parlamento kurdo aprueba la Ley Antiterrorista), 4 de abril de 2006, http://www.krg.org/articles/article_detail.asp?LangNr=14&RubricNr=&ArticleNr=10237&LNNr=35&RNNr=69



(38) Consejo de Derechos Humanos: Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y ejecuciones sumarias, versión editada preliminar, Informe del Relator Especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, doc. ONU A/HRC/4/20, 29 de enero de 2007, párr. 53.



(39) Pagdayawon Rolando c. Filipinas, Dictamen del Comité de Derechos Humanos […] Comunicación Núm. 1110/2002, doc. ONU CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 de diciembre de 2004, párr. 5.2. El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama el derecho a la vida y prohíbe privar de la vida arbitrariamente a las personas.



(40) Por ejemplo, el 10 de julio de 2005, en la causa 544/3 Jim/2005, el Tribunal Penal Central de Irak declaró a seis personas culpables del secuestro, ocurrido en noviembre de 2004, de un niño de 11 años que sobrevivió al suceso, y les impuso penas de entre 15 años y cadena perpetua. En un caso similar, el 26 de julio de 2005, en la causa 581/2 Jim/2005, el Tribunal Penal Central declaró a dos hombres culpables del secuestro de un niño y los condenó a cadena perpetua con arreglo a las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 132.



(41) Véase la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social de la ONU de 25 de mayo de 1984, Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, Salvaguardia 6. En la resolución 1989/64, adoptada el 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y Social recomienda a los Estados miembros de la ONU que estipulen recursos o revisión obligatorios con disposiciones sobre la gracia o el indulto en todos los casos de delitos en que se imponga la pena capital.



(42) Amnistía Internacional obtuvo copias de varias revisiones de casos de condenas a muerte realizadas por el Tribunal de Casación; el número de jueces que participaban en cada una de esas revisiones oscilaba entre los 17 y los 21.



(43) Irak ratificó el PIDCP el 25 de enero de 1971 y se adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño el 15 de junio de 1994.



(44) Doc. ONU CCPR/C/103/Add.2, párr. 30 (1996).



(45) Véase la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social de 25 de mayo de 1984, Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, Salvaguardia 3.



(46) Orden Núm. 13 de la Autoridad Provisional de la Coalición, de 22 de abril de 2004, art. 18.2.



(47) Orden Núm. 13 de la Autoridad Provisional de la Coalición, de 22 de abril de 2004, art. 18.6.



(48) Azzaman, Tashkil mahkamtain markaziyatain fi Wasat wa Babil li-l-nathir fi qadaya al-irhab (Creación de dos tribunales centrales en Wasat y en Babel para conocer de casos de terrorismo), 14 de mayo de 2005.



(49) Fuerza Multinacional, CCCI convicts 48 insurgents, 3 de enero de 2007.



(50) En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional tenía conocimiento de que el Tribunal Penal Central había dictado condenas a muerte contra seis personas en los tres primeros meses de 2007 (Fuerza Multinacional, CCCI convicts 48 insurgents, 3 de enero de 2007; Amnistía Internacional, Acción Urgente, Irak: Temor de ejecución inminente / pena de muerte, 9 de febrero de 2007, Índice AI: MDE 14/005/2007; Fuerza Multinacional, CCCI convicts 13 insurgents, 14 de febrero de 2007; Amnistía Internacional, Acción Urgente: Irak: Pena de muerte / temor de ejecución inminente: Muhannad Hamza Matar, 12 de marzo de 2007, Índice AI: MDE 14/012/2007; Fuerza Multinacional, CCCI convicts 23 insurgents, 16 de marzo de 2007.) Hasta el momento, la organización no ha podido obtener las sentencias relativas a estos casos.



(51) AFP, Three Iraqis condemned to death even before capital punishment ban lifted, 10 de julio de 2004. Esta sentencia infringía el derecho interno iraquí. Amnistía Internacional no tiene información sobre si ha sido anulada o no.



(52) Amnistía Internacional obtuvo una copia de la sentencia original, pero no dispone de más información sobre las novedades de este caso.



(53) Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 6 (sobre el art. 6, el derecho a la vida), párr. 7.



(54) Boston Globe, Thanassis Cambanis, Confessions rivet Iraqis, 18 de marzo de 2005.



(55) El general de división Muhammad Qureishi (al que a menudo se alude como "Abu Walid"), jefe de la Brigada Lobo, dependiente del Ministerio del Interior, era un presentador destacado del programa televisivo "El terrorismo en manos de la Justicia" (Christian Science Monitor, Neil MacDonald, Iraqi reality-TV hit takes fear factor to another level, 7 de junio de 2005).



(56) El Instituto de Investigaciones de los Medios de Comunicación de Oriente Medio (MEMRI) ha recopilado en el sitio web http://memritv.orguna lista no exhaustiva de "confesiones" de 28 detenidos en Irak emitidas entre enero y abril y en agosto de 2005. La BBC resumió las "confesiones" de otros 15 detenidos emitidas en la cadena de televisión Al Iraqiya en mayo de 2005: al-Iraqiya TV shows terror suspect "confessing" under questioning, 12 de mayo de 2005, e Iraqi TV airs five episodes "confessions" by terror suspects, 5 de junio de 2005.



(57) Amnistía Internacional: Estados Unidos/Irak: Sin rendición de cuentas por los abusos un año después de Abu Ghraib, 28 de abril de 2005. Human Rights Watch expresó en una entrevista motivos de preocupación similares sobre las "confesiones" televisadas (Washington Post, Caryle Murphy y Khalid Saffar, Actors in the Insurgency Are Reluctant TV Stars, 5 de abril de 2005).



(58) Niqabat al-Muhamiyin: Taqrir Ayfad al-Musul (Colegio de Abogados: Informe de la Delegación de Mosul), http://darbabl.net/artciles/article102.htm.



(59) AFP, Trying and shaming insurgents on prime time Iraqi TV, 14 de marzo de 2005.



(60) BBC, Iraqi spokesman says detainees’ "confessions" broadcast by TV unlawful, 24 de agosto de 2005.



(61) Véase también la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11.



(62) MEMRI TV, Iraqi Policemen Who Joined a Terrorist Squad Tell of Murders and Rapes, http://www.memritv.org/Transcript.asp?P1=582.



(63) Por ejemplo, alrededor del 24 de febrero de 2005, en la emisora local de televisión de la gobernación de Ninawa.



(64) Se aludió al alto cargo como "Abu Walid", de la Brigada Lobo. Al general de división Muhammad Qureishi, jefe de la Brigada Lobo que también presentaba confesiones de presuntos terroristas en televisión, se le conoce popularmente como "Abu Walid".



(65) Al-Mada, Fi dau’ I’tirafat al-irhabiyin bi al-mosul al-mulazim shurta yu’akid irtikabihi 113 jarima qatl bi nafsihi (A la luz de las confesiones de terroristas en Mosul, el agente de policía confiesa haber matado él mismo a 113 personas), 12 de marzo de 2005, http://www.almadapaper.com/sub/03-338/p03.htm#3.



(66) Tal como se menciona supra, con arreglo al artículo 14.2 del PIDCP, en el que Irak es Estado Parte, toda persona acusada de un delito "tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley".



(67) Al-Iraqnews, Isdal al-sitar fi qadiya Shqair and Sizar (Se cierra el telón sobre el caso de Shqair y Sizar), publicado el 25 de septiembre de 2005, http://www.aliraqnews.com/modules/news/article.php?storyid=1057.



(68) Amnistía Internacional, Acción Urgente, Irak, Temor de tortura/temor de juicio injusto, Índice AI: MDE 14/042/2005, 28 de octubre de 2005.



(69) Associated Press (Prensa Asociada), Mariam Fam, Iraqis Say Security Forces Use Torture, 6 de julio de 2005; Los Angeles Times, Solomon Moore y Scott Gold, National Guard tied to Iraqi police, 28 de julio de 2005.



(70) Al-Hayat, Al-mud’i al-‘am fi al-mosul yutalib bi muqadah qada liwa’ al-dib (El fiscal de Mosul pide que se enjuicie a los jefes de la Brigada Lobo), 9 de noviembre de 2005; Al-Anjah al-Akhir, Al-mud’i al-‘am fi al-mosul yutalib bi muqadah qada liwa’ al-dib (El fiscal de Mosul pide que se enjuicie a los jefes de la Brigada Lobo), 12 de noviembre de 2005, http://www.iraqirabita.org/index3.php?do=article&id=2647.



(71) Por ejemplo, Human Rights Watch, The New Iraq? Torture and ill-treatment of detainees in Iraqi custody, enero de 2005, vol. 17, núm. 1, y Amnistía Internacional, Más allá de Abu Ghraib: reclusión y tortura en Irak, 6 de marzo de 2006, Índice AI: MDE 14/001/2006.



(72) Los jueces de instrucción recaban pruebas durante el periodo previo al juicio, pero no forman parte del tribunal al que se remiten los asuntos para que se pronuncie sobre ellos..



(73) Observación General núm. 20 sobre el artículo 7 (1992), doc. ONU A/47/40.



(74) Antes de la aprobación de la Constitución, el artículo 15/J de la Ley de la Administración del Estado de Irak para el período de transición, del 8 de marzo de 2004, prohibía la utilización como prueba de las confesiones obtenidas bajo coacción: "Se prohíbe la tortura en todas sus formas, físicas o mentales, y en todas las circunstancias, al igual que los tratos crueles, inhumanos o degradantes. No se tendrán en cuenta ni se admitirán como prueba por ningún motivo ni en ningún proceso, ya sea penal o de otro tipo, las confesiones realizadas bajo coacción, tortura o amenaza de la misma".



(75) En la resolución no se establece con claridad si el examen forense se realizó en relación con las torturas denunciadas por ‘Amar ‘Ubaid Kassar’ o si su finalidad era determinar su presunta participación en la detonación de explosivos.



(76) La resolución no hace referencia a ninguna otra prueba aparte de la declaración del acusado —incluidas sus confesiones— y del examen médico forense.



(77) Aparte de la confesión, en el fallo se hace referencia a otras pruebas, como el examen de las heridas de una de las víctimas y el certificado de defunción. Sin embargo, en el fallo también se indica la existencia de restricciones en las investigaciones debido a la situación con respecto a la seguridad.



(78) Amnistía Internacional, Acción Urgente, Irak, Pena de muerte/Temor de ejecución inminente, Índice AI: MDE 14/014/2005, 15 de mayo de 2005.



(79) Michael Moss, "Iraq’s Legal System Staggers Beneath the Weight of War", New York Times, 17 de diciembre de 2006.



(80) Memorándum número 3 de la Autoridad Provisional de la Coalición. Coalition Provisional Authority Memorandum 3, Criminal Procedures, sección 3, 27 de junio de 2004.



(81) Departamento de Estado estadounidense, Iraq - Country Reports on Human Rights Practices, 6 de marzo de 2007, capítulo 1.e. "Denial of Fair Public Trial".



(82) Entrevista, 3 de marzo de 2007, Ammán.



(83) Entrevista, 11 de marzo de 2007, Ammán.



(84) Amnistía Internacional no dispone de información sobre la presencia o no de un defensor de oficio durante la comparecencia de Shihab Ahmad Khalaf ante el juez instructor.



(85) MEMRI TV, Top Iraqi Terrorist Shihab Al-Sab'awi Tells of His Training in Syria and Activity in Iraq, http://www.memritv.org/Transcript.asp?P1=573.



(86) Amnistía Internacional, Acción Urgente, Irak: Pena de muerte/temor de ejecución inminente, 24 de mayo de 2006, Índice AI: MDE 14/023/2006.



(87) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Guatemala, doc. ONU CCPR/CO/72/GTM, 27 de agosto de 2001, párr. 17.



(88) Azzaman (www.azzaman.com), "Al-mahkama al-jina’iya tusdir ahkaman bi-l-i’dam wa al-sijn l-‘iraqiyin wa ajanib" (El tribunal penal dicta condenas a muerte y prisión contra ciudadanos iraquíes y extranjeros), 1 de agosto de 2006; Azzaman, "Sa’udiyan ya’biran al-hudud ila al-‘iraq – al-jina’iya al-markaziya tudin 13 muttahaman wa tusdir hukmain bi-l-i’dam" (Dos saudíes cruzan la frontera de Irak. El Tribunal Penal Central condena a 13 acusados y dicta dos condenas a muerte), 27 de agosto de 2006; Azzaman (sin título), 26 de septiembre de 2006; Centro Conjunto de Información de Prensa de la Fuerza Multinacional, CCCI convicts 27 insurgents: Five sentenced to death, two sentenced to 15 years imprisonment, 18 de octubre de 2006; Azzaman, "Majlis al-qada’: al-i’dam li-muttaham khatf tiflan fi hay al-andalus" (Consejo Judicial: Condena a muerte para los acusados de secuestrar a un menor en el distrito de Al Andalus), 20 de noviembre de 2006.



(89) Los nombres de los otros cuatro acusados son: Salam Hikmat Mohammad Farhan al-Qassir, ‘Abd al-Jabbar ‘Abbas Jasim al-Salman, ‘Omar Jasim Mohammad ‘Ali al-Salman e Ibrahim Yassin Kadhim Hussain al-Jibouri.



(90) Amnistía Internacional, Acción Urgente, Irak: Pena de muerte/tortura/preocupación jurídica, 24 de octubre de 2006, Índice AI: MDE 14/035/2006.



(91) Entrevista, 11 de marzo de 2007, Ammán.



(92) Amnistía Internacional, Acción Urgente, Irak: Pena de muerte / temor de ejecución inminente: Muhannad Hamza Matar, 12 de marzo de 2007, Índice AI: MDE 14/012/2007



(93) Las Reglas de Procedimiento y Prueba de 2004 compensaron sólo en parte esta importante omisión, al establecer que los jueces deben retirarse de cualquier caso cuando exista una duda razonable sobre su imparcialidad e independencia (regla 11.4, Reglas de 2004).



(94) Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el primer ministro Al Maliki firmó una autorización basándose en legislación del Consejo de Mando de la Revolución del régimen de Sadam Husein que permitía que un miembro del Consejo de Ministros ratificase las condenas a muerte



(95) Según los informes, tras la confirmación de la sentencia del juicio por el caso de Duyail, un portavoz presidencial dio a entender que quizás no fuese necesaria la aprobación del presidente (AP, Christopher Torchia, Saddam Death Sentence May Not Need OK, 27 de diciembre de 2006).



(96) Informe del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, doc. ONU E/CN.4/1996/4, 25 de enero de 1996, párr. 556. Véanse también el Tercer Convenio de Ginebra de 1949, artículo 101, y el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, artículo 75.



(97) Informe del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, doc. ONU E/CN.4/1998/68, 23 de diciembre de 1997, párr.118.



(98) Amnistía Internacional: Irak: Amnistía Internacional deplora la ejecución de Sadam Husein, 30 de diciembre de 2006, Índice AI: MDE 14/043/2006; Human Rights Watch, Iraq: Saddam Hussein Put to Death Hanging after Flawed Trial Undermines Rule of Law, 30 de diciembre de 2006.



(99) International Herald Tribune, "European Union officials told Iraq on Monday that it would seek commitments on human rights standards, including a ban on capital punishment, during negotiations on a trade and aid pact", 20 de noviembre de 2006.



(100) Relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Relator especial señala errores de juicio y ejecución de Saddam Hussein (comunicado de prensa), 3 de enero de 2007, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=8521.



(101) Relator de la ONU pide a gobierno que detenga ejecución de Taha Yassin Ramadan en Iraq, 12 de febrero de 2007, http://www.un.org/radio/es/story.asp?NewsID=4652.



(102) Amnistía Internacional, Irak: La condena a muerte del ex vicepresidente ha asestado otro golpe a la justicia, 12 de febrero de 2007, Índice AI: MDE 14/008/2007; Amnistía Internacional: Irak: La ejecución de los colaboradores de Sadam Husein supone otra recaída en los errores del pasado, 15 de enero de 2007, Índice AI: MDE 14/002/2007; Amnistía Internacional: Irak: Amnistía Internacional deplora la ejecución de Sadam Husein, 30 de diciembre de 2006, Índice AI: MDE 14/043/2006; Amnistía Internacional: Irak: Amnistía Internacional condena la sentencia del Tribunal de Apelación iraquí contra Sadam Husein y dos de sus colaboradores, 28 de diciembre de 2006, Índice AI: MDE 14/044/2006; Amnistía Internacional: Irak: Amnistía Internacional deplora las sentencias de muerte dictadas en el juicio de Sadam Husein, 5 de noviembre de 2006, Índice AI: MDE 14/037/2006.



(103) Independent, David Rising, "Gunmen kill relative of new judge trying Saddam", 30 de septiembre de 2006



(104) Reuters, Gunman kills brother of Saddam prosecutor, 16 de octubre de 2006.



(105) New York Times, James Glanz, "Televised confessions revolt, and rivet, Kurds", 19 de Julio de 2005.



(106) OWFI, Nida mu’ayid: Yajib ilgha’ ‘uqubat al-i’dam (Llamamiento de apoyo: hay que abolir la pena de muerte), 7 de junio de 2006, http://www.wpiraq.net/arabic/tekst/owfi/owfi070606.htm.



(107) Amnistía Internacional, Acción Urgente, Irak: Temor de ejecución inminente/pena de muerte, 9 de febrero de 2007, Índice AI: MDE 14/005/2007.





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