Document - Iraq: Killings of civilians in Basra and al-'Amara
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[Embargado hasta el 11 de mayo de 2004]Público |
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Amnistía Internacional
Irak
Homicidios de civiles en Basora y al-'Amara
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Mayo de 2004 |
Resumen |
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Índice AI: MDE 14/007/2004 |
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http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE140072004
Este informe documenta casos de civiles que han perdido la vida por disparos de soldados británicos en el sur de Irak, en circunstancias en las que aparentemente no había un riesgo inminente de muerte o de daños graves para ellos mismos o para terceros. Esta conducta vulnera las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego.
Todos los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas para garantizar el derecho a la vida. En los casos de presuntos homicidios, los gobiernos deben emprender una investigación exhaustiva, competente, independiente e imparcial sobre las denuncias y enjuiciar a las personas sobre las que pesen sospechas razonables de responsabilidad. A pesar de ello, en muchos casos de civiles que han perdido la vida a manos de las fuerzas británicas, el ejército británico no ha abierto siquiera una investigación. Cuando sí se han abierto investigaciones, la Real Policía Militar británica, el órgano responsable de realizarlas, mantiene una actitud de secretismo, facilitando a las familias poca o ninguna información sobre sus avances o conclusiones.
El informe expone también cómo grupos armados e individuos han ejecutado a decenas, y posiblemente a centenares de civiles por motivos políticos. Entre las víctimas hay ex funcionarios del gobierno, mandos medios del Partido Baás, actualmente proscrito, y personas acusadas de lo que se consideran atentados contra la moral, como la compra o la venta de alcohol. La violencia se ve exacerbada por la facilidad para obtener armas pequeñas. Nadie ha reivindicado la responsabilidad de estos homicidios. El hecho de que los autores sean anónimos y su motivación poco clara aumenta la sensación de temor e inseguridad de los ciudadanos.
Los gobiernos deben tomar medidas contra las personas y los grupos armados para garantizar el derecho a la vida y actuar para prevenir los abusos contra este derecho. Todos los homicidios deben investigarse de forma exhaustiva y los presuntos responsables han de ser juzgados. Sin embargo, parece que el Servicio de Policía iraquí no tiene capacidad para iniciar investigaciones serias sobre estos homicidios o no está dispuesto a hacerlo.
Este informe resume un documento titulado Irak: Homicidios de civiles en Basora y al-'Amara (Índice AI: MDE 14/007/2004), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 2004. Quienes deseen más información o emprender acciones al respecto deben leer el documento en su totalidad. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia variedad de nuestros materiales sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España
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[Embargado hasta el 11 de mayo de 2004] |
Público |
Amnistía Internacional
Irak
Homicidios de civiles en Basora y al-'Amara
©Amnistía Internacional, marzo de 2004
ÍNDICE
Introducción 1
Homicidios cometidos por las fuerzas británicas 2
Homicidios de particulares 2
Wa’el Rahim Jabar 2
Hassan Hameed Naser 3
Hanan Saleh Matrud 6
Walid Fayay Mazban 7
As’ad Kadhem Jasem 8
Hilal Finjan Salman 8
Ghanem Kadhem Kati’ 9
Homicidios de manifestantes 10
Investigaciones 11
Reparación 13
Normas internacionales 14
Uso de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 15
Investigaciones sobre presuntos homicidios ilegítimos 16
Homicidios cometidos por individuos y grupos armados 17
Homicidios de miembros del Partido Baás y de ex funcionarios del gobierno 18
Homicidios de profesionales 19
Homicidios relacionados con el alcohol 20
Investigaciones 21
Normas internacionales 22
Conclusiones y recomendaciones 23
Introducción
Más de un año después de la ocupación de Irak, las fuerzas de la coalición, así como grupos e individuos armados, siguen cometiendo todos los días homicidios ilegítimos de civiles. En las últimas semanas, cientos de civiles han perdido la vida debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre las fuerzas de la coalición y grupos e individuos armados que se oponen a la ocupación. Sólo en Faluya han muerto al menos 600 personas, muchos niños entre ellos, en los enfrentamientos entre las fuerzas de la coalición y los rebeldes.(1) También se han producido enfrentamientos entre las fuerzas de la coalición y simpatizantes del líder chií Muqtada al-Sadr en algunas zonas de Bagdad y en varias ciudades y pueblos más. El detonante de estos enfrentamientos fueron el cierre, a finales de marzo, del diario al-Hawza al-Natiqa, portavoz del grupo de Muqtada al-Sadr, y la detención de uno de sus ayudantes más próximos, Mustafa al-Ya'qubi, acusado en relación con el asesinato en Nayaf, en abril de 2003, del conocido clérigo chií 'Abd al-Majid al-Khoie. El diario fue cerrado por orden del embajador Paul Bremmer, jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición, por incitar a la violencia.
En el sur de Irak, decenas, o posiblemente centenares de civiles han sido ejecutados por grupos e individuos armados desde el comienzo de la ocupación. Muchos de los homicidios se cometen en las calles y a plena luz del día. La violencia se ve exacerbada por la facilidad para conseguir armas pequeñas. La gente, incluso la policía, se muestra reacia a hablar de estos homicidios porque temen que denunciarlos pondría en peligro su vida y las de sus familias. Nadie reivindica la responsabilidad de estos homicidios. El hecho de que sus autores sean anónimos y de que la motivación sea a menudo poco clara no hace más que aumentar la sensación de temor e inseguridad de la gente. Parece que los iraquíes no tienen confianza en que el ejército británico o la policía iraquí pueda protegerlos de estos ataques o en que los autores responderán de sus actos ante la ley. Por tanto, no sorprende que en una reciente encuesta realizada en Irak por Oxford Research International, casi el 65 por ciento de los entrevistados afirmase que su máxima prioridad era la restauración de la seguridad pública en Irak.(2)
El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha declarado que las fuerzas británicas han estado implicadas en los homicidios de 37 civiles desde el 1 de mayo de 2003. Reconoce que esta cifra no es completa, pues a veces es imposible que los soldados confirmen el número de bajas de un incidente concreto. En varios casos documentados por Amnistía Internacional, los soldados británicos abrieron fuego y mataron a civiles iraquíes en circunstancias en las que, aparentemente, no existía riesgo inminente de muerte o de daños graves para sí mismos o para terceros.
Todos los gobiernos tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar el derecho a la vida. En el caso de presuntos homicidios como los que cometen los soldados o la policía, los gobiernos deben iniciar una investigación exhaustiva, competente, independiente e imparcial sobre las denuncias y hacer comparecer ante la justicia a toda persona sobre la que pesen sospechas razonables de responsabilidad. Pese a ello, el ejército británico ni siquiera ha abierto una investigación sobre muchos casos en los que las fuerzas británicas en Irak han matado a civiles. Cuando se han abierto investigaciones, la Real Policía Militar británica, organismo responsable de llevarlas a cabo, se ha mostrado sumamente hermética y ha facilitado a las familias poca o ninguna información sobre sus progresos o conclusiones.
Los gobiernos tienen asimismo la obligación de adoptar medidas para impedir que individuos y grupos armados cometan abusos contra el derecho a la vida. Todos los homicidios deben investigarse exhaustivamente y cualquier persona sospechosa de ser responsable debe ser juzgada. Sin embargo, parece que la policía iraquí no tiene capacidad para iniciar investigaciones serias sobre los frecuentes homicidios de mandos medios del Partido Baás o los homicidios vinculados a conflictos de índole moral o religiosa, o está poco dispuesta a realizarlas.
Hasta hace poco, el sur de Irak se había librado de los ataques de gran envergadura dirigidos contra civiles iraquíes que se han cometido en el norte y el centro del país. Los delegados de Amnistía Internacional estaban presentes en el sur de Irak, realizando investigaciones para este informe, cuando se produjeron nueve ataques coordinados en Kerbala y Bagdad, el 1 de marzo de 2004, que causaron la muerte de más de 150 personas. Amnistía Internacional pidió que cesaran de inmediato estos ataques y que los responsables comparecieran ante la justicia.(3) Desde marzo de 2004, la situación de la seguridad en Basora y otras ciudades y poblaciones del sur se ha ido deteriorando. Por ejemplo, el 21 de abril, 73 personas, entre ellas 17 niños, murieron a causa de la explosión coordinada de bombas en tres comisarías de policía de Basora y en una academia de la policía de la zona de Zubair. Cuando fueron detonadas las bombas, en el centro de Basora, circulaban en sus proximidades dos autobuses escolares.
Este informe está dedicado a los homicidios de civiles en el sur de Irak cometidos por agentes estatales o por individuos o grupos armados, y se basa en las investigaciones realizadas por los delegados de Amnistía Internacional en dicha región entre el 9 de febrero y el 4 de marzo de 2004. Los delegados entrevistaron a testigos presenciales y familiares de víctimas, y visitaron los lugares donde se cometieron los homicidios. También entrevistaron a un gran número de policías iraquíes, incluidos los jefes del Servicio de Policía iraquí en Basora y al-'Amara, capital de la provincia de Maysan, así como a jueces y abogados iraquíes. Los delegados se reunieron asimismo con funcionarios de la Autoridad Provisional de la Coalición responsables del orden público en el sur de Irak.
Amnistía Internacional solicitó entrevistarse con el comandante jurídico adscrito a las fuerzas británicas destinadas en Irak y con la Real Policía Militar. Ambos se negaron a reunirse con la organización y volvieron a remitir a los delegados al Ministerio de Defensa británico. La Real Policía Militar dijo a uno de los delegados por teléfono: «No tenemos nada que decirles». Se obtuvo información adicional sobre la respuesta del gobierno británico a los homicidios de civiles iraquíes cometidos por fuerzas armadas británicas de informes parlamentarios del Reino Unido.
Homicidios cometidos por las fuerzas británicas
Ha habido varios casos de civiles iraquíes que han perdido la vida por disparos de los soldados británicos en circunstancias en las que, aparentemente, no existía un riesgo inminente de muerte o de daños graves para los soldados o para terceros. En la mayoría de los casos documentados por Amnistía Internacional, los soldados recurrieron a la fuerza letal pese a que su uso no parecía estrictamente necesario para proteger vidas. Los siguientes son sólo algunos de los casos que ha estudiado Amnistía Internacional.
Homicidios de particulares
Wa’el Rahim Jabar
El 26 de mayo de 2003, un paracaidista británico mató a disparos a Wa’el Rahim Jabar, de 20 años, en el distrito de Hay Abu Romaneh de al-‘Amara. En aquel momento, no se había estabilizado la situación de la seguridad en al-'Amara y seguía siendo habitual que los iraquíes llevaran armas en Hay Abu Romaneh. Wa’el Rahim Jabar era uno de los hombres a los que la comunidad local había asignado la responsabilidad de proteger la zona. El día de su muerte, caminaba por la calle principal con un rifle Kalashnikov colgado del hombro derecho, en compañía de dos amigos, Majed Jasem y Mu’taz ‘Ati, que iban desarmados. Eran las 9.10 de la noche y estaba oscuro, por lo que no se percataron de que en la zona había una patrulla militar británica a pie integrada por cuatro paracaidistas y sin intérprete. Uno de los paracaidistas comenzó a disparar a unos seis metros de distancia y efectuó dos disparos que alcanzaron a Wa’el Rahim Jabar en el pecho y el cuello y que le causaron la muerte instantánea. Según los informes, el paracaidista disparó sin advertencia previa.
Unos diez días después, un grupo de paracaidistas visitaron el domicilio de Daoud Salman Sajet, tío materno de la víctima, y expresaron su condolencia por el fallecimiento de su sobrino. Sin embargo, subrayaron que el soldado había abierto fuego porque la víctima llevaba un arma en público a pesar de que el ejército británico había advertido a los iraquíes de que no lo hicieran. En junio de 2003, el abogado de la familia entregó a un representante de la Autoridad Provincial de la Coalición (APC) una queja por el homicidio, que incluía la solicitud de una indemnización. En febrero de 2004, la familia no había recibido ninguna respuesta. Tampoco sabía que la Real Policía Militar británica había iniciado una investigación sobre la muerte de Wa’el Rahim Jabar.
Además de completar sus estudios, Wa’el Rahim Jabar trabajaba como panadero para mantener a su madre, a su esposa y a sus dos hijos.
Hassan Hameed Naser
Los días 9 y 10 de agosto de 2004 hubo manifestaciones violentas de iraquíes en Basora para protestar por la falta de combustible en la ciudad. El segundo día, las manifestaciones se concentraron en el norte de Basora. En Karmat ‘Ali, cientos de jóvenes se congregaron cerca de la principal terminal de transporte a primera hora de la mañana y arrojaron piedras contra los vehículos que circulaban por la carretera principal y contra una patrulla de tres vehículos militares blindados británicos adscritos a la Compañía B del Primer Batallón del Regimiento del Rey. Los soldados abrieron fuego. Hassan Hameed Naser, soltero y desempleado, murió por disparos aparentemente efectuados por los soldados británicos.
Qasem Hameed Naser, hermano de la víctima, declaró a Amnistía Internacional que su hermano y él salieron de casa aquella mañana para tomar el transporte público y dirigirse al centro de Basora. Cuando se aproximaban a la terminal, vieron a unos jóvenes en las proximidades que lanzaban piedras contra un vehículo blindado. Qasem Hameed Naser dijo que oyó disparos detrás de ellos y pensó que procedían de una zona próxima a una escuela cercana. Al otro lado de la carretera había tres vehículos blindados situados a intervalos. Dijo que de pronto, un soldado situado en el tercer vehículo, el más próximo a la terminal, comenzó a disparar al azar. Uno de los disparos alcanzó el cuerpo de Hassan Hameed Naser. Lo llevaron al Hospital Tahrir, pero murió después de una operación.
En aquella fecha, un portavoz militar británico hizo el siguiente comentario sobre el incidente: «Hay cuatro protestas en el norte de Basora. Se convirtieron en pequeños motines. Ha habido un caso en el que algunos soldados británicos fueron atacados con disparos, que devolvieron con disparos dirigidos».
Tras el homicidio, un oficial de la Compañía B del Primer Batallón del Regimiento del Rey visitó a la familia de Hassan Hameed Naser. Según los informes, expresó su pesar por la muerte, pero señaló que había habido disparos durante la manifestación. Unos diez días después se celebró otra reunión entre el oficial y la familia y representantes del ‘ashira (clan) Khalaf, al que pertenecía la familia, en la que el oficial ofreció a la familia dos millones de dinares iraquíes (1.405 dólares estadounidenses). La familia rechazó la oferta. Más tarde decidió aceptarla, pero para entonces se había desplegado una nueva compañía en la zona y la oferta ya no estaba en pie.
El 1 de diciembre de 2003, Qasem Hameed Naser presentó una reclamación de indemnización a la Oficina de Reclamaciones de Zona, que tramita las reclamaciones de indemnización contra las fuerzas británicas en Irak. Al día siguiente, el funcionario de Reclamaciones de Zona la rechazó porque «no revelaba pruebas que justifiquen [...] la reclamación». Un intérprete iraquí que trabajaba con los militares británicos intervino en favor de la familia, tras lo cual el funcionario decidió reconsiderar la solicitud.
La información facilitada por el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas el 19 de enero de 2004 indicaba que las autoridades militares británicas no habían iniciado ninguna investigación sobre la muerte de Hassan Hameed Naser.
La noche del 4 de agosto de 2003, un grupo de soldados de la Compañía B del Primer Batallón del Regimiento del Rey abrió fuego en Hay al-Shuhada, al-Majdiyeh, causando la muerte de Hazam Jumah Kati’, varón desempleado de unos 25 años, y de ‘Abed ‘Abd al-Karim Hassan, varón desempleado de unos 60 años de edad. Según las familias de ambas víctimas, hacia las 11 de la noche se oyeron disparos en la zona. Hazam Jumah Kati’ y ‘Abed ‘Abd al-Karim Hassan salieron de sus respectivas casas, situadas cerca la una de la otra, en la misma calle, para averiguar qué ocurría. Más tarde se supo que unos iraquíes que estaban en las proximidades habían disparado al aire en el funeral de un jeque local.
La noche era muy oscura, pues no había electricidad. Según los informes, los dos hombres iban desarmados. Jumah Kati’, padre de Hazam, también salió para ver qué ocurría y permaneció en las proximidades de la vivienda de ‘Abed ‘Abd al-Karim Hassan. Unos 15 minutos después de que comenzaran los disparos, una patrulla militar británica llegó y estacionó cerca de donde estaba Jumah Kati'. En ese momento, Hazam Jumah Kati’ y ‘Abed ‘Abd al-Karim caminaban de regreso a casa por la estrecha carretera. La patrulla abrió fuego. Jumah Kati’ declaró a Amnistía Internacional: «Entonces vino un hombre y me dijo: "Hay unas personas muertas en la carretera. Han matado a dos personas". Nos dirigimos hasta la patrulla un grupo de gente. Uno de nosotros hablaba un poco de inglés y preguntó: "¿A quién habéis matado?". El soldado le pidió que lo acompañara [hasta los cuerpos]. Yo le dije al capitán Tai: "¿Por qué matar?". Él respondió: "Lo siento. Ha sido un error. Le pido disculpas". Repetí la pregunta: "¿Por qué los han matado?". Él dijo: "Estaba oscuro, un colega tenía prisa. Lo siento. No acepto esta conducta".».
Hazam Jumah resultó alcanzado por siete balas en el pecho y el estómago. Murió instantáneamente. ‘Abed ‘Abd al-Karim Hassan recibió cinco balazos en la pierna y el brazo derechos, el pecho y la parte inferior del cuerpo, y murió posteriormente a causa de las heridas.
Hacia el 20 de agosto, el teniente coronel Ciaran Griffin, comandante del Primer Batallón del Regimiento del Rey, acudió a Hay al-Shuhada’ acompañado de un grupo de oficiales, para entrevistarse con representantes del ‘ashira de las familias, el clan Beni Skein. Pidió perdón por las muertes, pero dejó claro que el ejército no estaba dispuesto a dar una indemnización porque no aceptaba la responsabilidad de ellas. En cambio, se ofreció a hacer un «donativo» a ambas familias.
El ejército británico envió una carta al ‘ashiraBeni Skein el 17 de agosto de 2003, firmada por el teniente coronel Ciaran Griffin, que dice:
La noche del 4 de agosto de 2003, una patrulla del Primer Batallón del Regimiento del Rey observó un gran número de disparos procedentes de la zona de Al Majdiyah y pensó que se estaba desarrollando una peligrosa batalla con armas de fuego. Condujeron hasta el límite del pueblo y entraron a pie para investigar. La noche era muy oscura, pues no había electricidad para iluminar las calles y la luna se había puesto. La patrulla encontró a dos hombres, que parecían ir armados y una amenaza directa para sus vidas, por lo que abrieron fuego y los mataron.
Retrospectivamente quedó claro que los numerosos disparos en Al Majdiyah eran de condolencia por el funeral de un vecino de la localidad y que los dos hombres contra los que disparó la patrulla británica no tenían intención de atacar a nadie. Lamentamos enormemente la muerte de Hasim Jumah Gattah y de Abed Abdul-Kareem Hassan y esperamos trabajar con la tribu Ben Skein y todas las demás tribus para evitar este tipo de malentendidos en el futuro.
Aunque está permitido que todas las personas de bien conserven dos armas en su casa y otra en su lugar de trabajo, están prohibidas las armas en las calles para evitar estos malentendidos con el ejército y la policía. Si se hubieran obedecido estas normas, no se habría producido este trágico hecho.
Aunque el gobierno británico no puede acceder a pagar una indemnización por estas muertes, he hecho un pequeño donativo para ayudar a sus familias durante este triste periodo. Este donativo de dos millones de dinares iraquíes para la familia de Abed Abdu-Kareem Hassan y de tres millones de dinares iraquíes para la familia de Hasim Jumah Gattah no deberá impedir que cualquier futuro gobierno iraquí abone una indemnización, si fuera ésta su política.
La información facilitada por el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas el 19 de enero de 2004 indica que las autoridades militares británicas no han iniciado ninguna investigación sobre estas muertes.
Hanan Saleh Matrud
El 21 de agosto de 2003, un soldado de la Compañía B del Primer Batallón del Regimiento del Rey mató de un disparo a Hanan Saleh Matrud, una niña de ocho años, en Karmat ‘Ali. Hay diferencias notables entre las versiones de lo ocurrido que ofrecen los testigos iraquíes y la familia de la víctima, por una parte, y el Primer Batallón del Regimiento del Rey, por otra. La postura de los militares quedó de manifiesto en una carta entregada a la familia y fechada el 12 de octubre de 2003, que dice:
21 de agosto de 2003. Una patrulla de dos vehículos warrior de la Compañía B del Primer Batallón del Rey estaba de servicio desplazándose por el camino occidental de Qarmat Ali. La zona de Qarmat Ali era conocida en aquel momento por su hostilidad hacia las fuerzas de la coalición. Cuando la patrulla se dirigía hacia el norte por el camino fue objeto de un intenso lanzamiento de piedras por parte de varios grupos. Un soldado, preocupado por su propia seguridad y la de su patrulla, hizo un disparo de advertencia al aire en un intento de dispersar a los que lanzaban piedras. Esto tuvo el efecto deseado y la multitud se dio a la fuga.
La patrulla dedicó varios minutos a evaluar la situación y calmar a los vecinos. Después observó a una multitud de personas que corrían hacia ellos procedentes de una zona de edificios con una niña que tenía un corte en la región abdominal. La niña de ocho años era Hanan Salih Matrood. Estaba consciente pero obviamente sufría y era evidente que la herida era grave. Tras ser trasladada al hospital checo del norte de Basora, Hanan murió la mañana del 22 de agosto de 2003.
Se sugirió que esta herida fue consecuencia del disparo de advertencia, lo que no ha sido demostrado, pero se acepta como posibilidad.
La carta, que fue entregada a la familia en inglés, decía también que Saleh Matrud, padre de Hanan, estaba de acuerdo con su contenido. Sin embargo, la familia de Hanan niega que nadie estuviera lanzando piedras cuando el soldado abrió fuego. Un testigo presencial, Mizher Jabbar Yassin, dijo que un vehículo blindado se detuvo cerca de la entrada del callejón que lleva a la vivienda de Hanan, y que bajaron tres o cuatro soldados. Un grupo de niños, entre los que estaba Hanan, se reunió a unos 60 ó 70 metros del vehículo, dentro del callejón, atraídos por los soldados. Hanan estaba en el callejón, a unos 60 ó 70 metros del vehículo blindado. De pronto un soldado apuntó y efectuó un disparo que alcanzó a Hanan en la parte inferior del torso. El tío de Hanan, Fellah Matrud, la llevó hasta el vehículo blindado. Al principio los soldados no quisieron llevarla al hospital, aunque luego accedieron. La niña murió al día siguiente después de una operación.
Poco después de la muerte de Hanan, un oficial de la Compañía B, el «mayor Gary», destinado en el vecino puesto de control de al-Hartha, visitó a la familia y propuso una tregua entre su ‘ashira, los Qatrani, y el ejército británico. La familia y el ‘ashirase negaron a iniciar una tregua sin una indemnización. En octubre, Saleh Matrud acudió al puesto de control de al-Hartha para seguir hablando de la indemnización. Un oficial de la Compañía B le dijo que el futuro gobierno iraquí decidiría si se le indemnizaba, razón por la cual la compañía le había entregado la carta fechada el 12 de octubre. Esta información era claramente inexacta, puesto que ya se había instituido un procedimiento para presentar reclamaciones de indemnización por lesiones personales por medio de la Oficina de Reclamaciones de Zona del aeropuerto.
Según la familia de Hanan, la policía militar hizo fotografías de la zona y entrevistó a varios testigos al día siguiente de la muerte, y fotografió el cuerpo de Hanan en el hospital. Sin embargo, la información facilitada por el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas el 19 de enero de 2004 indica que las autoridades militares británicas no iniciaron ninguna investigación sobre este homicidio.
Walid Fayay Mazban
Walid Fayay Mazban, conductor de 42 dos años, murió el 24 de agosto de 2003 en un puesto de control temporal de Sikek, Basora, por los disparos efectuados por un soldado del Primer Batallón del Regimiento del Rey. Era el único sostén de su esposa, dos hijos y dos padres.
La noche del 24 de agosto, el puesto de control temporal situado en el cruce de carreteras de Suq al-Hattin, en las afueras de Sikek, estaba a cargo de los soldados británicos. Según un testigo presencial, había tres soldados en el lado septentrional de la carretera, otro en el lado suroccidental y otro más en el lado nororiental. La zona estaba muy oscura porque no había electricidad. Saddam Hussein Danan, un vecino de Walid Fayay Mazban que vio el homicidio, declaró:
Yo iba en una bicicleta a unos 50 metros detrás del vehículo de Walid. Eran alrededor de las 8.30 de la noche. Yo manejaba normalmente y de pronto hubo disparos. Estaba oscuro. No había luz. No oí nada antes de los disparos. Puede que fueran seis o siete tiros. Cuando oí los disparos me fui a toda velocidad.
A Walid Fayay Mazban le dispararon desde detrás, después de girar con su minibús a la izquierda, en el cruce. Según su familia, aparentemente le disparó un soldado que estaba en el lado suroccidental del cruce. Los informes médicos indican que la víctima recibió múltiples heridas de bala en la región inferior de la espalda. Su familia informó de que había tres agujeros de bala en la parte trasera del minibús, que sigue incautado por el ejército británico.
Tras el tiroteo, una ambulancia militar llevó a Walid Fayay Mazban al hospital Fayha, donde falleció al día siguiente.
Kadhem Finjan Hussein, ex presidente de los Consejos Locales del norte de Basora, que participó en las negociaciones entre la familia de Walid Fayay Mazban y el ejército británico, declaró a Amnistía Internacional que los representantes de éste le dijeron que los soldados del puesto de control habían visto que el vehículo de Walid Fayay Mazban hacía un giro brusco sospechoso. Habían gritado "alto" en inglés al vehículo, y como éste no se detuvo, abrieron fuego contra él. Walid Fayay Mazban no sabía inglés y es posible que ni siquiera oyera la orden de detenerse. El ejército británico no encontró nada sospechoso al registrar el minibús.
Ese mismo mes de agosto, un oficial del Regimiento del Rey asistió a una reunión con representantes del ‘ashirade la familia, el clan al-Bubsayri, la familia y Hussein Kadhem Finjan Hussein. Según Hussein Kadhem Finjan Hussein, el oficial británico ofreció pagar dos millones de dinares iraquíes (1.405 dólares) para ayudar a la familia. El oficial subrayó que esto no equivalía a reconocer ninguna responsabilidad legal por el homicidio. Tras la negativa inicial, la familia aceptó la cantidad. A la familia no se le ha comunicado que se haya abierto investigación alguna sobre las circunstancias de la muerte de Walid Fayay Mazban. Sin embargo, el 19 de enero de 2004, el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas declaró que se había iniciado una investigación sobre el homicidio.
As’ad Kadhem Jasem
El 4 de septiembre de 2003, al menos un soldado del Primer Batallón del Regimiento del Rey mató a tiros a As’ad Kadhem Jasem, taxista, casado y con un hijo, en el puesto de control de al-Hartha, en el norte de Basora.
Hacia las 11 de la noche, As’ad Kadhem Jasem se había aproximado al control de al-Hartha a gran velocidad en su taxi. Haidar Hisham Jasem, que estaba sentado junto a él, declaró a Amnistía Internacional que As’ad Kadhem Jasem conducía deprisa porque le preocupaba que unos ladrones lo detuvieran e intentaran robarle el taxi. No había electricidad en la zona, por lo que todo estaba oscuro, y cuando se acercaron al control no vieron la barrera que bloqueaba parte del carril. As’ad Kadhem Jasem hizo un giro brusco y logró detenerse en la segunda barrera, que estaba junto a un edificio que las tropas británicas utilizaban como base. Cuando el auto se detuvo, los soldados abrieron fuego desde la torreta de vigilancia situada detrás del vehículo, cerca de la primera barrera. Dos balas penetraron en el taxi, una de las cuales mató a As’ad Kadhem Jasem al alcanzarlo en la parte posterior de la cabeza.
Haidar Hisham Jasem fue retenido en el puesto de control para ser interrogado. No supo hasta más tarde, por los soldados británicos, que As’ad Kadhem Jasem había muerto. Nadie del ejército británico se ha puesto en contacto con él en relación con una investigación. Dice que un oficial le comunicó, por medio de un intérprete, que los soldados implicados iban a ser juzgados.
‘Ammar Kadhem Jasem, hermano de As’ad Kadhem Jasem, declaró a Amnistía Internacional que nadie del ejército británico se puso en contacto con la familia después de la muerte. En octubre, acudió al puesto de control de al-Hartha y entregó a un oficial información sobre el homicidio y una petición de indemnización. A finales de 2003, algunos familiares acudieron al palacio presidencial, donde tienen su sede la APC y la Brigada, para averiguar qué había ocurrido con la reclamación, pero no obtuvieron respuesta alguna. El 22 de febrero de 2004, ‘Ammar Kadhem Jasem se puso en contacto telefónico con la Oficina de Reclamaciones de Zona para preguntar cómo debía formular una reclamación de indemnización y desistió porque un intérprete iraquí le dijo que tenía que facilitar el nombre y la unidad del soldado que había matado a su hermano. Un delegado de Amnistía Internacional llamó ese mismo día para aclarar la situación. El funcionario de Reclamaciones de Zona dijo que la información era incorrecta y explicó que los demandantes debían ir al aeropuerto internacional de Basora y cumplimentar un formulario de solicitud.
La información facilitada por el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas el 19 de enero de 2004 indica que las autoridades militares británicas no iniciaron ninguna investigación sobre este homicidio.
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Hilal Finjan Salman
Hilal Finjan Salman, padre de nueve hijos, llevaba 35 años trabajando como guarda de la Escuela Femenina de Secundaria de al-Ma’qal, situada frente al puerto de Ma’qal, al otro lado de la carretera. Tenía autorización para llevar un arma, un rifle Seminov calibre 10. También tenía que llevar un chaleco de color naranja luminoso cuando portaba su arma, para mostrar que estaba autorizado para ello. Sin embargo, ni el ejército británico ni las autoridades iraquíes le habían proporcionado el chaleco.
A primera hora de la mañana del 4 de octubre de 2003, miles de ex soldados iraquíes comenzaron a congregarse cerca del puerto para intentar cobrar su salario. Los soldados británicos se desplegaron en el interior del puerto y en el muro que circunda el recinto, incluida la zona que está enfrente de la escuela. Los disturbios estallaron temprano y la gente comenzó a lanzar piedras contra los soldados. Desde las 9.15, aproximadamente, los manifestantes empezaron a entrar por la fuerza en el recinto de la escuela. Entraron cientos de hombres. Los empleados del centro, preocupados por la seguridad de las más de 200 niñas que asistían a clase, llevaron a las alumnas al vestíbulo del edificio. Según algunas de las personas presentes en la escuela, Hilal Finjan Salman hizo dos disparos al aire desde uno de los patios del centro para intimidar a los hombres. Después subió al tejado, situado frente al puerto, y comenzó a patrullar desde ahí, llevando el rifle en la mano. Todos los testigos entrevistados por Amnistía Internacional coinciden en que no disparó desde el tejado. Hacia las 10.15 de la mañana, un soldado británico que estaba sobre el muro del puerto disparó contra Hilal Finjan Salman, alcanzándolo en el hombro derecho y en el pecho, lo que le causó la muerte. Los soldados británicos entraron en la escuela y se llevaron el cuerpo de Hilal Finjan Salman al hospital.
El 8 de noviembre, Hassan Hilal Finjan Salman, hijo de la víctima, presentó una reclamación de indemnización. El 12 de noviembre, el funcionario de Reclamaciones de Zona respondió por escrito que se pondría en contacto con la familia cuando hubiera completado su investigación. La familia no había recibido más noticias sobre los progresos de su solicitud en febrero de 2004. Aparentemente, las autoridades militares británicas no abrieron ninguna investigación sobre la muerte. El 6 de enero de 2004, el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas dijo: «El 4 de octubre, en la periferia de una manifestación, soldados británicos mataron a un hombre armado iraquí en defensa propia. Se recuperaron su arma automática y munición».
Ghanem Kadhem Kati’
Tras el derrocamiento del gobierno iraquí, Ghanem Kadhem Kati’, de 22 años, regresó a su casa, en Basora, desde el exilio en Irán, y comenzó a trabajar con sus padres como cambista. La tarde del 1 de enero de 2004, se celebraba una boda en Beit Asfar, cerca de su casa, en la que se hicieron varios disparos al aire para festejar el matrimonio. Unos 15 minutos más tarde, dos miembros de las fuerzas armadas británicas tomaron posiciones junto a un muro bajo situado frente a la casa de Ghanem Kadhem Kati’. Aparentemente eran miembros de una patrulla fluvial que vigila el canal de Shatt al-Arab. Un vecino declaró que vio a uno de los soldados agachado al final del muro y apuntando su rifle hacia Ghanem Kadhem Kati’. Según los informes, el vecino intentó avisar a los soldados para que no disparasen y explicar que los tiros se habían efectuado en una boda. Transcurridos unos siete u ocho minutos, el soldado disparó contra Ghanem Kadhem Kati’ desde unos 50 metros de distancia. Ghanem Kadhem Kati’ iba desarmado y estaba de pie, de espaldas a los soldados, cerca de la puerta de su casa. Dos balas le atravesaron el cuerpo y le causaron la muerte. Otra bala rozó la esquina de la casa y otras dos atravesaron la puerta.
Al parecer, la Real Policía Militar inició una investigación sobre el homicidio. A mediados de enero, la policía interrogó a cinco testigos presenciales, y ese mismo mes unos soldados fotografiaron la casa y sus alrededores. En febrero, el cuerpo de Ghanem Kadhem Kati’ fue exhumado y enviado por helicóptero a Basora para ser examinado en un hospital militar. Los soldados también se llevaron la puerta delantera de la casa, que tenía dos agujeros de bala. La Real Policía Militar distribuyó un folleto en inglés y en árabe pidiendo a los testigos que acudiesen a declarar. Se tomaron muestras de ADN de los familiares cercanos. Sin embargo, nadie comunicó a la familia de Ghanem Kadhem Kati’ los trámites que debía seguir para pedir una indemnización a la Oficina de Reclamaciones de Zona.
Homicidios de manifestantes
El 10 de enero de 2004, al menos tres iraquíes, Muhannad Jasem Jureid, de 23 años, Rahim Hanoun ‘Adiou, de 35 años, y Maher ‘Abd al-Wahid Muften, de 17 años, murieron en una manifestación no autorizada celebrada en al-’Amara. Otras 11 personas, como mínimo, resultaron heridas.
A primeras horas de la mañana, cientos de iraquíes empezaron a congregarse cerca del edificio de la Gobernación, en la calle Dijleh, para inscribirse a fin de obtener un puesto en el Cuerpo de Defensa Civil iraquí. Entonces se supo que no había trabajo y se inició una protesta que se tornó violenta. Muchos manifestantes lanzaron piedras contra la policía iraquí, y algunos arrojaron artefactos explosivos. La policía y el ejército británico, así como algunos testigos presenciales entrevistados por los delegados de Amnistía Internacional, dijeron que también se realizaron disparos desde la multitud. Algunos de los manifestantes irrumpieron en el edificio de la Gobernación y robaron objetos. Otros cometieron robos en los comercios cercanos.
Pasadas las 9 de la mañana, fueron desplegados más de cien miembros de la Brigada de Emergencia, que forma parte del Servicio de Policía iraquí. Esta nueva fuerza se había creado a mediados del 2003 y la mayoría de sus miembros, si no todos, carecían de experiencia policial previa. Tampoco habían recibido formación en control antidisturbios y sólo estaban equipados con rifles Kalashnikov. Los integrantes de la brigada pertenecen casi todos al ‘ashiraMuhammadiya y se los considera aliados muy próximos del gobernador de la provincia de Maysan, que pertenece al mismo ‘ashira.
La Brigada de Emergencia comenzó a hacer disparos al azar al tiempo que avanzaba hacia el edificio de la Gobernación y los manifestantes. Instantes después fueron desplegados soldados británicos del Primer Batallón de la Infantería Ligera, que se situaron entre la Brigada de Emergencia y la multitud. Muhannad Jasem Jureid y Maher ‘Abd al-Wahid Muften murieron entre las 10 y las 11 de la mañana en la calle Bagdad. Rahim Hanoun ‘Adiou murió hacia las 3 de la tarde en la calle Dijleh, frente al Banco Rafidin, según los informes, por disparos de los soldados británicos.
El 26 de febrero, Amnistía Internacional habló del incidente con el jefe de policía de la provincia de Maysan, que declaró que «puede que hubiera abierto fuego» la policía iraquí, aunque no estaba dispuesto a confirmar si había sido así. No reconoció que la policía hubiera sido responsable de la muerte o de las heridas de ningún manifestante. Un portavoz del ejército británico afirmó cuando se produjo la manifestación que «uno, quizá dos [de los fallecidos] murieron posiblemente a manos de tropas británicas [...]. Esas tropas dispararon en defensa propia. Era bastante evidente que se lanzaron varios objetos contra las tropas británicas, posiblemente granadas. Puedo asegurar a todos que sólo dispararon en defensa propia». El 26 de enero, el ministro de Estado para las Fuerzas Armadas manifestó que las fuerzas británicas dispararon contra dos iraquíes, uno de los cuales murió posteriormente. Y prosiguió: «Ambos estaban preparándose para lanzar granadas, habiendo arrojado ya otras granadas o artefactos explosivos contra vehículos británicos, y eran una amenaza para nuestras fuerzas y para los civiles iraquíes locales».
En aquel momento, los medios de comunicación informaron de la muerte de entre cinco y seis iraquíes. Sin embargo, sólo fueron trasladados tres cuerpos a la Oficina de Medicina Forense del Hospital General de al-Sadr. Un médico del centro hospitalario dijo que una familia se había llevado del hospital el cuerpo de otra persona que había resultado herida por disparos en la manifestación y que murió más tarde, antes de que pudieran trasladar el cadáver a la Oficina de Medicina Forense.
Maher ‘Abd al-Wahid Muften y Rahim Hanoun ‘Adiou murieron de un único disparo en la parte posterior de la cabeza. Muhannad Jasem Jureid murió de una herida de bala en el cuerpo. El director de la Oficina de Medicina Forense declaró a los delegados de Amnistía Internacional que no se hicieron autopsias porque la causa de la muerte era evidente. Dijo que no había balas en los cuerpos pero que, en cualquier caso, la oficina de al-’Amara no habría tenido capacidad para identificar el tipo de munición empleada.
El Tribunal de Delitos Graves de al-‘Amara, como respuesta a una petición del Comité de Seguridad Pública, organismo público responsable de supervisar la labor de la policía en la provincia de Maysan, abrió una investigación sobre los sucesos del 10 de enero. Según los tres jueces integrantes del comité de investigación, la finalidad de ésta es reunir pruebas y presentar cargos contra presuntos delincuentes, que serán juzgados por el Tribunal de Delitos Graves.
El comité se enfrenta a varias dificultades. Una de ellas es la ausencia de pruebas de balística y de informes de autopsia. Los investigadores judiciales, que trabajan bajo la supervisión del comité, no pudieron examinar ni recabar pruebas materiales, como cartuchos usados, en la zona donde se celebró la manifestación. Otra dificultad es la reticencia de los testigos a declarar. El coordinador de la APC y el comandante de las fuerzas de la coalición en la provincia de Maysan escribieron una carta conjunta al presidente del Tribunal de Apelación de la provincia de Maysan, felicitándose por la creación del comité de investigación, instando a que todos colaborasen con ella y ofreciendo ayuda al comité. El 28 de febrero el comité no había pedido ayuda ni a la APC ni a las fuerzas de la coalición. El tribunal no podría obligar a ningún miembro de las fuerzas británicas a declarar ante él porque no están sometidos a la jurisdicción de los tribunales iraquíes.
Investigaciones
Las fuerzas británicas y otras fuerzas militares internacionales en Irak gozan de inmunidad frente a las leyes penales y civiles iraquíes, pues están sometidas a la jurisdicción exclusiva de sus propios Estados.(4) Por tanto, es crucial que los procedimientos establecidos para investigar y enjuiciar presuntos homicidios ilegítimos de civiles iraquíes cometidos por fuerzas británicas sean adecuados y conformes con las normas internacionales de derechos humanos, incluido el artículo 22 de los Principios Básicos (véase Normas internacionales, infra). Estos procedimientos son sólo un medio por el que puede exigirse a las fuerzas británicas que rindan cuentas de sus actos.
En una serie de declaraciones realizadas ante el parlamento británico, los ministros de Defensa han expuesto sucintamente las circunstancias en las que se están investigando los homicidios de civiles iraquíes. El 7 de enero de 2004, un ministro afirmó: «El comandante local estudia las circunstancias para determinar si las fuerzas británicas implicadas actuaron de acuerdo con sus reglas de intervención. Si estima que fue así –por ejemplo, respondieron a los disparos de los fallecidos después de que dispararan contra ellos primero–, no se adopta ninguna medida, salvo la elaboración y conservación de un informe sobre el incidente. Si hay alguna duda por cualquier motivo sobre las circunstancias, el comandante debe iniciar una investigación que realizará la Real Policía Militar».
Según el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas, a 2 de febrero de 2004 se habían registrado 37 muertes de civiles en los que intervinieron tropas británicas desde el 1 de mayo de 2003. De ellas, sólo 18 habían sido investigadas por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Real Policía Militar.
Las declaraciones realizadas por los ministros de Defensa británicos ante el parlamento indican que, a 19 de enero de 2004, la Real Policía Militar había investigado cinco casos de civiles que habían muerto supuestamente por disparos de las fuerzas británicas: los de ‘Ali Salim ‘Aziz, Jabar Wa’el Rahim, Walid Fayay Mazban, Hassan Sabah Latif al-Batat y Athir Karim Khalif. En tres de estos casos se concluyó que las tropas se habían comportado con arreglo a sus reglas de intervención y que no había argumentos que responder. En el caso de Athir Karim Khalif, la investigación estaba en curso. Un caso había sido remitido por la Fiscalía Militar para determinar si se presentaban cargos. Según las averiguaciones de Amnistía Internacional, parece que el Departamento de Investigaciones Especiales también estaba investigando el homicidio de Ghanem Kadhem Kati’, aunque los ministros no han hecho mención de este caso.
Una vez concluida la investigación de la Real Policía Militar, se presenta un informe, junto con las pruebas, ante el comandante correspondiente y ante los Servicios Jurídicos Militares, que asesoran al comandante respecto de si existen presunciones de hecho para adoptar medidas disciplinarias. En los casos graves, los Servicios Jurídicos asesorarán al comandante sobre el procedimiento que ha de seguir para remitir el caso a una autoridad superior y, en su caso, a la Fiscalía Militar. A 19 de enero de 2004, se había remitido a la Fiscalía Militar un solo caso de homicidio de un civil para que determinase si se presentaban cargos.
A Amnistía Internacional le preocupa que la decisión de remitir los casos de homicidios de civiles para su investigación dependa exclusivamente de los comandantes, que claramente carecen del grado de independencia e imparcialidad necesarias para concluir si las fuerzas británicas actuaron siguiendo sus reglas de intervención. Amnistía Internacional ha detectado casos, arriba expuestos, de homicidios de civiles en los que las fuerzas británicas podrían haber abierto fuego en infracción de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y en los que no se ha realizado ninguna investigación, presumiblemente porque los comandantes no consideraron necesario remitir estos incidentes a la Real Policía Militar.
Las investigaciones de la Real Policía Militar están envueltas en el secreto y carecen de la transparencia que exigen las normas internacionales. En respuesta a una pregunta formulada por un parlamentario británico, que pidió los nombres de los regimientos que habían sido responsables de la detención de seis iraquíes que habían muerto bajo custodia, el ministro de Estado para las Fuerzas Armadas dijo, el 8 de marzo de 2004: «No difundimos detalles de las unidades que están implicadas en algún incidente que haya sido objeto de una investigación del Departamento de Investigaciones Especiales, salvo que el caso sea remitido a un consejo de guerra». Los informes de las investigaciones del Departamento de Investigaciones Especiales no se hacen públicos, pese a que el ministro de Estado para las Fuerzas Armadas ha afirmado que, «aunque las conclusiones de las investigaciones están sometidas a limitaciones legales, operativas y a otras limitaciones relativas a la seguridad, podría haber algunas circunstancias en las que podamos dar a conocer ciertos detalles a determinadas personas».
Amnistía Internacional se reunió con las familias de ‘Ali Salim ‘Aziz, Jabar Wa’el Rahim, Walid Fayay Mazban, Hassan Sabah Latif al-Batat, Athir Karim Khalif y Ghanem Kadhem Kati’, todos los cuales habían muerto aparentemente a manos de las fuerzas británicas en Irak. Las investigaciones de la Real Policía Militar sobre estos casos habían finalizado o estaban en curso. En general, el ejército británico no había dado ninguna información a estas familias, ni siquiera verbalmente, sobre los progresos o las conclusiones de estas investigaciones. El contacto de la Real Policía Militar con las familias parecía limitarse a la recogida de pruebas. Tres de las familias parecían desconocer que se había abierto una investigación; Amnistía Internacional supo de las investigaciones gracias a los informes parlamentarios.
Amnistía Internacional cree que la Real Policía Militar no es el órgano adecuado para investigar homicidios de civiles cometidos por soldados británicos debido a sus insatisfactorios antecedentes en relación con estas investigaciones.
En el caso de los homicidios cometidos en la manifestación de al-‘Amara el 10 de enero, Amnistía Internacional considera que la investigación penal que está realizando el Tribunal de Delitos Graves no es lo suficientemente amplia y transparente para cumplir lo que exigen las normas internacionales sobre investigaciones de presuntos homicidios ilegítimos. Estas normas requieren que la investigación determine la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable, así como cualquier constante o práctica que pueda haber propiciado la muerte. Según los miembros del comité de investigación, este comité no suele hacer públicas sus conclusiones porque su principal cometido es identificar a los presuntos autores que deberán ser acusados formalmente y juzgados.
Reparación
Según la Orden 17 de la APC, el Reino Unido tiene la responsabilidad de tramitar las reclamaciones por lesiones personales y muertes atribuidas a sus fuerzas con arreglo a lo que establece el derecho británico. En una carta enviada a Amnistía Internacional el 3 de marzo de 2004, el asesor político superior de la Operación Telicdel Cuartel General de la División Multinacional (Sureste) expuso los trámites necesarios para reclamar una indemnización contra las fuerzas militares británicas en Irak. Para que se estime una reclamación, el demandante debe demostrar las probabilidades generales de que el daño o pérdida sea consecuencia de un acto de negligencia cometido por un miembro de las fuerzas británicas cuando actuaba en el ejercicio de sus funciones oficiales. No son aceptables las reclamaciones por pérdidas o daños producidos antes del cese de las actividades de combate decisivas, el 1 de mayo de 2003, porque no existe responsabilidad legal de indemnizar por pérdidas o daños sufridos durante las hostilidades.
En Irak, la responsabilidad de tramitar todas estas reclamaciones contra las fuerzas británicas es del funcionario de Reclamaciones de Zona. El demandante debe presentar una reclamación por escrito ante este funcionario, en la que facilitará todos los datos pertinentes y a la que adjuntará las pruebas adecuadas. Normalmente esto se hace acudiendo a la puerta principal del aeropuerto internacional de Basora, donde el funcionario registra la reclamación. Después, el funcionario de Reclamaciones de Zona investiga las alegaciones con la unidad correspondiente y, tras completar dicha investigación, notifica al demandante la decisión sobre su reclamación. Si se admite la reclamación, el demandante es «indemnizado razonablemente basándose en los niveles locales de cuantía», derivados de los niveles establecidos en las leyes civiles iraquíes facilitados por un juez de Basora. Según el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas, los civiles iraquíes que reciben indemnizaciones deben firmar una declaración en la que aceptan la oferta y afirman que comprenden que es «una liquidación completa y final de todas las reclamaciones que puedan estar relacionadas con el incidente».
Cuando una reclamación contra las tropas británicas se deriva de una actividad que, en virtud de la legislación británica, no da origen a la responsabilidad legal de pagar una indemnización, se puede hacer un pago discrecional al afectado o a la familia de la persona fallecida si ello es conforme con las costumbres locales o si el pago está destinado a cubrir una necesidad humanitaria urgente concreta.
El ministro de Estado para las Fuerzas Armadas declaró el 5 de enero de 2004 que desde el 1 de mayo de 2003 se habían presentado 23 reclamaciones de indemnización por muertes supuestamente causadas por las fuerzas británicas.(5) De ellas, se habían rechazado siete, 13 seguían investigándose y tres se habían concedido, por un importe total de 8.125 libras esterlinas.
Tal como hemos visto, en la práctica, a muchas familias con miembros que han muerto a manos de las fuerzas británicas, cuando se ponen en contacto con éstas, no se les informa de los trámites que deben seguir para pedir una indemnización. En varios casos, las fuerzas británicas incluso han facilitado a las familias información errónea, dando a entender que sólo podían pedir una indemnización a un futuro gobierno iraquí o comunicándoles que no tienen derecho a recibir indemnización alguna.
El aeropuerto internacional de Basora, donde está la Oficina de Reclamaciones de Zona, no es de fácil acceso para los iraquíes, ni siquiera para los residentes de Basora. El transporte público a esta zona relativamente alejada de la ciudad es prohibitivamente caro para una familia pobre. Los solicitantes deben esperar en la puerta principal del aeropuerto, donde no hay medios para protegerse del sol, mientras los soldados tratan de ponerse en contacto con el funcionario de Reclamaciones de Zona. Muchos se quejan de que el funcionario no suele estar disponible para hablar con ellos. También se quejan de que hay largas demoras en tramitar sus solicitudes. Las familias tienen muy pocos datos sobre los criterios y procedimientos que se aplican para estudiar sus solicitudes de indemnización y no se les facilita ninguna información aclaratoria por escrito. Tampoco tienen la oportunidad de estudiar la información que entrega al funcionario la unidad implicada en el incidente y de responder a ella. Si se desestima la reclamación, reciben lo que parece una respuesta estándar del funcionario en la que no se exponen con detalle los motivos de la desestimación. La mayoría de las familias entrevistadas por Amnistía Internacional que habían logrado presentar una solicitud ante el funcionario de Reclamaciones de Zona tenían escasa o ninguna confianza en el proceso por la falta de información y las demoras. Sin embargo, la mayoría de estas familias habían hecho un considerable esfuerzo para hacer el seguimiento de sus solicitudes debido a su precaria situación económica.
La mayor parte de las familias no están representadas por un abogado. Muchos abogados iraquíes de Basora y al-’Amara expresaron a Amnistía Internacional su falta de confianza en el sistema de indemnizaciones, que consideran burocrático, lento e injusto para el solicitante.
Algunas familias habían recibido pagos discrecionales de las fuerzas británicas. En la mayoría de los casos, estos pagos se habían negociado entre el ejército británico y representantes de un ‘ashira. Las cantidades son muy pequeñas y normalmente se presentan como una contribución para ayudar a la familia. Sin embargo, otras familias de civiles fallecidos a manos del ejército británico no han recibido nada a pesar de que también sufrían dificultades económicas. La impresión de Amnistía Internacional es que estos pagos discrecionales se suelen hacer para «comprar» determinados intereses tribales o políticos que podrían dar problemas al ejército británico. Además, puede que las negociaciones con los representantes de un ‘ashira, estructura patriarcal que representa los intereses de un grupo amplio de familias, no sean la mejor forma de garantizar que estas contribuciones lleguen a la familia inmediata de la víctima, especialmente a las mujeres y a los niños.
Normas internacionales
El Reino Unido reconoce que es una potencia ocupante en Irak y, por tanto, que la conducta de sus fuerzas armadas está regulada por el derecho internacional humanitario, incluidos el Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Convenio IV) y el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I).(6) El artículo 27 del Convenio IV de Ginebra subraya que las personas protegidas por el Convenio «tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados». También exige que la potencia ocupante trate a las personas protegidas con humanidad y les dé protección, especialmente frente a las amenazas y los actos de violencia. El artículo 51 del Protocolo I establece que los civiles nunca deberán ser objeto de ataques.
El Reino Unido está obligado a aplicar en Irak las estipulaciones de los tratados de derechos humanos que ha ratificado, así como los que ha ratificado Irak. En una situación de ocupación beligerante, las normas internacionales de derechos humanos complementan y refuerzan las disposiciones del derecho internacional humanitario al proporcionar contenido y criterios de interpretación, por ejemplo, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego en situaciones no de combate.
Tanto el Reino Unido como Irak son partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).(7) El Reino Unido también ha ratificado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que también es aplicable a la conducta de sus fuerzas armadas en Irak.(8) El artículo 6 del PIDCP y el artículo 2 del Convenio Europeo garantizan el derecho a la vida. El artículo 4 del PIDCP subraya que este derecho no se puede suspender, ni siquiera en situaciones de emergencia pública. El artículo 15 del Convenio Europeo contiene una disposición similar, que establece que no cabe suspender el derecho a la vida, «excepto en relación con las muertes derivadas de actos legítimos de guerra».
El Servicio de Policía iraquí, así como el Ministerio del Interior y el Consejo de Gobierno iraquíes, de los que depende formalmente la policía, tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, tal como proclama el PIDCP. La policía debe cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego que se exponen a continuación.
Uso de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Las fuerzas británicas destinadas en el sur de Irak hacen frente a una situación compleja. En ocasiones intervienen en actividades de combate, donde se aplican las normas del derecho internacional humanitario sobre las hostilidades. En otras ocasiones se encuentran abordando situaciones en las que han de hacer cumplir la ley, por ejemplo, en la dispersión de manifestaciones violentas. En estas situaciones de no combate, hace falta aplicar métodos policiales conformes con las normas de derechos humanos sobre aplicación de la ley, como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de la ONU.
Los Principios Básicos subrayan que el uso de la fuerza y, en concreto, el uso de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los soldados, debe ser excepcional. El principio 9 establece:
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
El principio 9 subraya también que «sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida». El principio 10 exige que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, antes de hacer uso de armas de fuego, se identifiquen como tales y hagan una clara advertencia de su intención de usar armas de fuego antes de disparar, «salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas».
Los Principios Básicos reconocen que los gobiernos deben dotar de recursos adecuados a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que éstos puedan cumplir estas normas. El principio 2 exige a los gobiernos que proporcionen y desarrollen equipos que permitan el uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego, y que faciliten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley equipo autoprotector como escudos, cascos, chalecos antibalas y medios de transporte a prueba de balas para reducir la necesidad de usar armas de cualquier tipo.
Las Reglas de Intervención para la Operación Telic, que regulan las circunstancias en las que los soldados británicos pueden hacer uso de la fuerza en el sur de Irak, son secretas. El gobierno británico mantiene que las normas son congruentes con el Código de Conducta y los Principios Básicos.
Investigaciones sobre presuntos homicidios ilegítimos
Según los artículos 22 y 23 de los Principios Básicos, los gobiernos deben establecer procedimientos eficaces para la presentación de informes para los casos en los que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley causen la muerte a una persona, y los informes deberán presentarse ante las autoridades administrativas y judiciales pertinentes. Además, los gobiernos deben iniciar investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre estos homicidios.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha elaborado unas directrices detalladas sobre lo que ha de hacer un Estado para garantizar el derecho a la vida.(9) Estas directrices incluyen la realización de una investigación oficial eficaz cuando una persona haya perdido la vida como consecuencia del uso de la fuerza. Para que la investigación sea eficaz, debe ser inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial, y ser percibida de esta manera.
El Tribunal ha resuelto que la necesidad de garantizar la independencia de la investigación exige no sólo la ausencia de relación jerárquica o institucional por parte del órgano que realice la investigación, sino también una independencia práctica. La investigación debe también ser eficaz, en el sentido de que pueda llevar a la determinación de si la fuerza empleada estuvo justificada en las circunstancias concretas y, si no lo fue, a la identificación y al castigo de los responsables. Las autoridades deben adoptar medidas razonables para obtener pruebas pertinentes al homicidio.
El Tribunal ha subrayado que el progreso de la investigación, incluidas las decisiones de las autoridades encargadas del enjuiciamiento de no presentar cargos penales, deben contener un elemento suficiente de transparencia. En todos los casos la familia de la víctima debe poder intervenir en el procedimiento en la medida necesaria para salvaguardar sus legítimos intereses.
Los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU, establecen unas directrices autorizadas sobre la forma en que el Reino Unido debe garantizar el derecho a la vida al responder a presuntos casos de homicidios ilegítimos. El principio 9 exige que «[s]e procederá a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquéllos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas. Los gobiernos mantendrán órganos y procedimientos de investigación para realizar esas indagaciones. La investigación tendrá como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Durante la investigación se realizará una autopsia adecuada y se recopilarán y analizarán todas las pruebas materiales y documentales y se recogerán las declaraciones de los testigos. La investigación distinguirá entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio».
El principio 16 establece que «[l]os familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas».
El principio 11 indica que «[e]n los casos en los que los procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta de competencia o de imparcialidad, a la importancia del asunto o a los indicios de existencia de una conducta habitual abusiva, así como en aquellos en los que se produzcan quejas de la familia por esas insuficiencias o haya otros motivos sustanciales para ello», los gobiernos deberán llevar a cabo las investigaciones por medio de una comisión de encuesta independiente.
Homicidios cometidos por individuos y grupos armados
Desde el comienzo de la ocupación, decenas, o posiblemente centenares, de personas han perdido la vida como consecuencia de actos deliberados cometidos por individuos o grupos armados en el sur de Irak por motivos políticos, incluido por hechos considerados atentados contra la moral, como vender o comprar alcohol. Estos homicidios vienen cometiéndose en un momento en que la delincuencia violenta ha aumentado de forma espectacular. Además, en el sur de Irak las armas pequeñas se han generalizado, lo que contribuye a perpetuar y a intensificar la violencia. Las armas ligeras, como los RPG7, son también fáciles de conseguir. Cada persona tiene derecho a guardar dos armas pequeñas en su domicilio y una en su lugar de trabajo sin necesidad de obtener una licencia. Los disparos al aire para conmemorar bodas, funerales y otros acontecimientos son habituales.
En Basora hay decenas de grupos políticos cuyos miembros suelen estar armados. Los residentes de la ciudad temen a algunos de estos grupos, especialmente a ciertos grupos islamistas chiíes. En la investigación de homicidios relacionados con la política o con lo que se consideran atentados contra la moral cometidos en Basora, Amnistía Internacional se encontró con un muro de silencio casi total. Mucha gente se negaba lisa y llanamente a hablar de estas muertes. Otros sólo hablaban con la condición de que se respetara su anonimato por miedo a las represalias de los grupos islamistas chiíes armados.
Ningún grupo armado ha reivindicado la responsabilidad de estos homicidios, pero hay indicios fehacientes de que en algunos de ellos al menos están implicados los grupos islamistas chiíes armados. Los grupos armados están claramente implicados en otros abusos contra los derechos humanos, como secuestros, detenciones y torturas. Ciertos homicidios tienen características similares y algunos requieren un elevado grado de organización. Sin embargo, algunos de los asesinatos de antiguos miembros del Partido Baás fueron cometidos claramente por personas que actuaron por venganza.
Las provincias de Basora y Maysan se habían librado hasta ahora de los ataques masivos cometidos contra civiles iraquíes en el norte y el centro de Irak. Sin embargo, el 18 de marzo de 2004, un artefacto explosivo improvisado, de unos nueve ó 13 kilos de peso, y situado junto a un automóvil Mercedes, detonó en el centro de Basora y causó la muerte de tres civiles iraquíes. Acababa de pasar por la zona una patrulla militar británica.
Homicidios de miembros del Partido Baás y de ex funcionarios del gobierno
Las entrevistas con la policía iraquí indican que en el último año han muerto en Basora decenas de mandos medios del Partido Baás, así como ex funcionarios del gobierno. La policía iraquí informó de que había recogido en las calles más de 60 cadáveres, en su mayor parte pertenecientes a ex miembros del Partido Baás. La mayoría, si no todos, tenían un disparo en la cabeza. Es probable que el número real de cuerpos recuperados por la policía sea muy superior, pues los agentes de muchas comisarías se mostraron reacios a hablar de estos homicidios con los delegados de Amnistía Internacional.
El 29 de agosto de 2003, un grupo de hombres armados secuestró a Jawad Ja’far Naserde su verdulería de la calle al-Jaza’er, en Basora. Su cuerpo fue hallado más tarde en la zona del Casino Líbano de Basora, lugar donde, según la policía, el año pasado fueron abandonados más de 20 cadáveres, en su mayoría con los ojos vendados. En uno de sus bolsillos había una nota escrita con tinta roja que decía «Jawad Ja’far Nas[er], Abu’l Khasib… camarada de partido y fida’iS[addam]. Participó en ejecuciones junto con ‘Ali Hassan al-M[ajid] en Abu’l Hasib en [19]91».
Muhsen ‘Abd al-Wahid al-Hajani, maestro de unos cincuenta años de edad, casado y padre de cuatro hijos, tenía el rango de ‘udu firqa(miembro de grupo) en el Partido Baás. Perdió su empleo como director de la escuela Sayf Sa’ad de Karmat ‘Ali, Basora, como consecuencia de la Orden de Desbaasificación, Orden número 1 promulgada por la APC el 16 de mayo de 2003, por la que se destituyó a los altos cargos del Partido Baás, con rango de ‘udu firqay superior, de sus empleos en el sector público. El 26 de octubre, Muhsen ‘Abd al-Wahid al-Hajani salió de su casa en Hay al-Salam, diciendo a su familia que iba a inscribirse en la Dirección General de Educación en respuesta a un anuncio de dicho organismo en el que se invitaba a los maestros que habían sido destituidos en virtud de la Orden núm. 1 a volver a solicitar su puesto de trabajo o una pensión de jubilación. Poco después de salir de la Dirección General de Educación, se detuvo junto a él un automóvil en el que viajaban dos personas. Un hombre salió del vehículo y lo mató a tiros con una pistola. En las semanas que siguieron al anuncio, al menos siete maestros destituidos murieron de la misma forma: a todos los mataron a tiros poco después de salir de la Dirección General de Educación, a donde habían acudido a facilitar sus datos personales, incluido el rango que tenían en el Partido Baás.
La mañana del 17 de noviembre de 2003, Samira Fadagh Mawhan, ex directora de escuela que tenía el rango de ‘udu firqa, fue abatida a disparos a unos 50 metros de su casa, en una tranquila calle residencial de Hay al-Rafidin. Según los testigos, dos hombres, armados con un rifle Kalashnikov y una pistola, entraron en la calle a bordo de un vehículo. El que llevaba la pistola disparó contra Samira Fadagh Mawhan. Un testigo oyó que el atacante dijo, antes de abrir fuego: «Ah, Samira, ¿a cuántos inocentes has matado?».
Muhammad ‘Aisa, de 26 años, empezó a trabajar como profesor de inglés en una escuela de secundaria de Basora en el año 2000.(10) Según su familia, tuvo que unirse al Partido Baás para trabajar como profesor. La mañana del 31 de diciembre de 2003, Muhammad ‘Aisa dejó a su esposa, que también es profesora, en la escuela donde ésta trabaja. Luego condujo su auto hacia la Universidad de Basora para dejar a su hermana y a otra joven. Cuando atravesaba el barrio de al-Tuweisah, un Land Cruiser blanco en el que viajaban dos hombres se atravesó delante de su vehículo y bloqueó la carretera. Uno de los hombres se bajó y, con una pistola, disparó cinco veces al pecho de Muhammad ‘Aisa’, lo que le causó la muerte instantánea. La familia no sabe quién lo ha matado ni por qué; una posibilidad es que lo hicieran porque era miembro del Partido Baás.
Hacia las 7.30 de la tarde del 20 de febrero de 2004, un grupo de hombres armados asaltó la casa de Jabbar al-Badran, en Hay al-Andalus, Basora, y lo mataron a tiros. Según los informes, en el atentado resultaron heridos su hijo y su hija. Jabbar al-Badran había trabajado como juez en el Tribunal de Seguridad Nacional hasta que fue abolido por la APC en mayo de 2003. El tribunal había condenado a miles de iraquíes a muerte y a largas penas de prisión en juicios injustos, muchas veces basándose en confesiones obtenidas mediante tortura.
Algunos iraquíes, agentes de policía entre ellos, declararon a Amnistía Internacional que estos homicidios estaban justificados porque los baasistas y ex funcionarios del gobierno participaron en las violaciones de derechos humanos del antiguo gobierno iraquí o facilitaron información a organismos de seguridad que dieron lugar a «desapariciones» y ejecuciones.
Amnistía Internacional cree que para las innumerables víctimas de décadas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por agentes del gobierno iraquí es fundamental que los presuntos implicados en ellas comparezcan ante la justicia como parte de un proceso conforme a las normas y leyes internacionales de derechos humanos. Las ejecuciones callejeras de personas que podrían haber sido o no responsables de violaciones de derechos humanos no hacen que los iraquíes estén más cerca de obtener la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas. En realidad, hacen que estos objetivos sean aún más difíciles de alcanzar.
Homicidios de profesionales
Muchos profesionales iraquíes, como profesores de universidad, médicos y abogados, han sido víctimas de asesinatos, pero no hay indicios claros de las razones por las que fueron escogidos ni de la identidad de los autores. En Basora, al menos tres profesionales destacados han sido asesinados y muchos profesionales de la ciudad declararon a los delegados de Amnistía Internacional que temían por su vida.
El doctorAbdallah Hamed ‘Abd al-Halim al-Fadhal, cirujano de 45 años, fue nombrado vicedecano de Asuntos Científicos de la Escuela de Medicina de Basora en el 2001. También trabajaba como asesor de cirugía en el Hospital Tahrir. La tarde del 20 de septiembre de 2003 trabajaba en su consulta privada de al-‘Ashar. A eso de las 7 salió de la consulta para cambiar unas palabras con otro médico. Cuando hablaba a través de la ventanilla de un auto, se le acercó un hombre que le preguntó: «¿Es usted el doctor ‘Abdallah?». Él respondió afirmativamente. El hombre le disparó tres veces en la parte posterior de la cabeza antes de huir.
La mañana del 4 de octubre de 2003, un chófer recogió en sus domicilios, como era habitual, al doctorAs’ad Salim ‘Abd al-Qader, decano del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Basora, y a su colega, el doctor Jasem Muhammad ‘Abd al-Jabbar. Camino del trabajo, el automóvil se detuvo en el cruce de Dur al-Naft. Dos hombres se acercaron en una motocicleta y dispararon, causando heridas críticas en el pecho al doctor As’ad Salim ‘Abd al-Qader y heridas al doctor Jasem Muhammad ‘Abd al-Jabbar.
En ninguno de los dos casos había ninguna motivación aparente para los ataques.
Homicidios relacionados con el alcohol
Desde la caída del gobierno iraquí, las personas que venden alcohol en Basora, sea legal o ilegalmente, están sometidas a una campaña de intimidación que incluye ataques violentos y homicidios selectivos. Según la legislación iraquí, es legal la venta de alcohol en comercios con licencia. Antes del inicio de la ocupación, estas licencias sólo se concedían a cristianos. De las 1.150 familias cristianas que vivían en Basora antes de la ocupación, alrededor de 300 se ganaban la vida con el comercio de alcohol, según el arzobispo caldeo de Basora y el sur de Irak, monseñor Gibril Kassab.
La violencia contra las personas que se dedican al comercio del alcohol comenzó poco después del inicio de la ocupación. También han sufrido ataques las tiendas que venden música y vídeos. El 8 de mayo de 2003, dos comerciantes, ‘Abd al-Ahad Sleiway Sabah Kamel, murieron por disparos en dos incidentes distintos. Como resultado de estos homicidios, las tiendas con licencia cerraron. Sin embargo, los ataques continuaron. Sarkun Nanu Muraduy Bashir Toma Elias, que regentaban sendas licorerías, fueron asesinados en noviembre y diciembre de 2003, respectivamente. Bashir Toma Elias, de 53 años, que el 8 de mayo había cerrado su licorería de la calle Bashar, en el casco antiguo de Basora, fue abatido a tiros el 24 de diciembre. Elias, profesor de inglés retirado que manejaba un taxi para mantener a su esposa y a sus seis hijos, y había acudido al mercado del casco antiguo de Basora hacia las 9 de la mañana para hacer algunas compras para las celebraciones navideñas. Según su familia, se le acercó un hombre con barba que le disparó en la nuca.
La violencia alcanzó su punto culminante el 15 de febrero de 2004, fecha en la que al menos nueve personas perdieron la vida a manos de un grupo de hombres armados que comenzaron a disparar al azar en la concurrida calle principal del casco antiguo de Basora, cerca del puente peatonal, un lugar conocido por los vendedores callejeros que venden alcohol ilegalmente. Al menos otras seis personas resultaron heridas de gravedad. Muchos de los heridos ni vendían ni compraban alcohol. Entre los fallecidos figuraban Lo’ay Naser Hasab, de 43 años, desempleado; Husam Samir Muhsen ‘Abbas, de 19 años, trabajador de un restaurante; ‘Ali Kadhem ‘Abbas, agente de policía; Usama Shakr Rajab, tapicero; Naser Sabih Sa’id, Fayeq Naser Natiy Sa’ad Muhammad ‘Abd al-Khadhr. Según la policía iraquí, también murieron otras dos personas no identificadas cuyos cuerpos fueron llevados a enterrar antes de que pudieran trasladarlos a la Oficina de Medicina Forense.
Una de las víctimas mortales, Lo’ay Naser Hasab, había regresado desde el exilio en Irán para reunirse con su esposa y sus hijos. Se había dirigido hasta el casco antiguo de Basora para comprar la cena de la familia. Lo acompañaban su hijo, Salwan Lo’ay Naser, y su cuñado, Ahmad Naser Shayyal. Lo’ay Naser Hasab estacionó el vehículo cerca del puente peatonal, donde un pequeño grupo de hombres vendía alcohol. Salió del auto y su hijo y su cuñado se quedaron esperando. Entonces entraron en la calle dos camionetas descubiertas blancas, sin placas de matrícula, en las que viajaban entre 12 y 13 hombres con pasamontañas, hicieron un giro de 180 y se dirigieron al lado contrario de la calle. De pronto, los hombres empezaron a disparar contra la calle llena de gente. Algunos caminaron por la calle disparando. Según Salwan Lo’ay Naser y Ahmad Naser Shayyal, estuvieron disparando casi 15 minutos. Los hombres usaron diversas armas, entre ellas una ametralladora montada en una de las camionetas, rifles y pistolas. Lo’ay Naser Hasab resultó alcanzado en la sien, en el hombro y en la región inferior de la espalda, y murió poco después en el Hospital General de Basora.
Husam Samir Muhsen ‘Abbas también murió en el ataque. El joven trabajaba en un restaurante local y mantenía a su padre, discapacitado, y a siete hermanos. Su primo materno, Murtada Salman Za’lan, de 23 años, que estaba con él en la zona, declaró a Amnistía Internacional: «En algún momento entre las 6 y las 6.15 de la tarde oí ruido de disparos. Duró unos tres minutos. Volví corriendo hacia el lugar de donde venía el sonido. Encontré a Husam tumbado en el suelo. Lo habían alcanzado en el costado izquierdo y la bala había salido por la derecha y le había atravesado el brazo derecho. Vi a unas 20 personas más, mujeres y niños incluidos, heridos en el suelo a ambos lados de la calzada. Me llevé a Husam al Hospital General de Basora. Después lo trasladaron al Hospital Docente de Basora. Husam tenía una hemorragia interna. Lo sometieron a una operación, pero los médicos no pudieron detener la hemorragia y murió unas dos horas después». Murtada Salman Za’lan añadió: «Sólo queremos saber quién lo hizo, pero no hay resultados... Queremos que la historia de lo que ocurrió se publique en los periódicos iraquíes. Hasta ahora ningún periódico iraquí ni la radio local han hablado de lo que sucedió».
Según el arzobispo Gibril Kassab, unas 150 familias cristianas, muchas de las cuales se dedicaban al comercio de alcohol, se han trasladado a sus lugares de origen, en Mosul y sus alrededores, en el norte de Irak. El arzobispo calcula que 20 ó 30 familias han huido de Basora de forma permanente y que otras planean regresar si se estabiliza la situación de la seguridad en la ciudad.
Muchas personas entrevistadas por Amnistía Internacional culpaban a los grupos islamistas de los ataques, aunque ningún grupo ha reivindicado su responsabilidad. Un alto cargo policial iraquí confirmó en febrero de 2004 a Amnistía Internacional que no se habían iniciado enjuiciamientos por homicidios de vendedores callejeros de alcohol.
Investigaciones
Al parecer, no ha habido prácticamente ninguna investigación ni enjuiciamiento por homicidios políticos cometidos por individuos o grupos armados desde que comenzó la ocupación. El Servicio de Policía iraquí, que se desmoronó de hecho en abril de 2003, sigue siendo ineficaz, especialmente cuando tiene que abordar delitos complejos, como los homicidios políticos. Muchos iraquíes entrevistados por Amnistía Internacional no confiaban en la capacidad de la policía para ofrecer seguridad en el sur de Irak. En cuanto a los homicidios políticos, los agentes de policía entrevistados por Amnistía Internacional opinaban, en general, que estos casos eran irresolubles porque habían sido obra de personas no identificadas y porque los testigos no comparecerían a declarar. En general, parece que la policía iraquí no ha tomado ninguna iniciativa para prevenir estos homicidios. Sin embargo, Amnistía Internacional supo que, en los últimos meses, el ejército británico y la policía iraquí han realizado patrullas nocturnas conjuntas en la zona del Casino Líbano para prevenir que se arrojen cadáveres y que esta medida ha tenido éxito. Amnistía Internacional no pudo saber de ningún caso de la ciudad de Basora en el que el autor de un homicidio político hubiera sido enjuiciado.
Era evidente que algunos policías no consideraban prioritaria la investigación de homicidios de personas vinculadas al Partido Baás, o que ésta fuera siquiera responsabilidad de la policía. El jefe de una comisaría declaró a un delegado de Amnistía Internacional que la gente «tenía derecho» a vengarse de las muertes de sus familiares «desaparecidos» o ejecutados por el anterior gobierno iraquí. Sin embargo, otros agentes de policía reconocían la amenaza que este fenómeno suponía para el Estado de derecho y los derechos humanos.
La capacidad del Servicio de Policía iraquí en el sur de Irak se ha visto reforzada a partir de mayo de 2003, y aunque la policía sigue careciendo de equipos de comunicación móvil o vehículos suficientes, se han renovado y reequipado las oficinas. En la actualidad hay más policías tanto en la provincia de Basora como en la de Maysan, aunque algunos de ellos carecían de formación policial antes de su contratación y no tienen conocimientos sobre las funciones policiales. Tanto estos agentes como los agentes con experiencia deben recibir formación para satisfacer las nuevas demandas de una policía que se base en el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos.
Los desafíos que afronta el Servicio de Policía iraquí son mayores que nunca. Se espera de la policía que rinda cuentas de sus actos y actúe con arreglo a la legislación iraquí y a las normas internacionales de derechos humanos. Se espera que resuelvan delitos graves, incluidos delitos violentos, que han aumentado espectacularmente desde la caída del gobierno iraquí. Antes la policía solía obtener condenas penales basándose en confesiones, muchas veces conseguidas mediante el uso de la tortura y de los malos tratos. Ahora la policía iraquí debe basarse cada vez más en otros tipos de prueba, como los testimonios de los testigos presenciales y las pruebas forenses. Sin embargo, como reconoció con franqueza el director de Orden Público de la APC, existe «una enorme brecha en los procedimientos de investigación, que es un arte sumamente cualificado y especializado que exige una formación especializada».
En el sur de Irak, la policía también sufre amenazas e intimidación física, homicidios incluidos, por cumplir sus funciones. Saben que en otras zonas de Irak cientos de policías iraquíes han perdido la vida en manos de grupos armados.
El 20 de febrero de 2004, el director de Orden Público de la APC para el sur de Irak declaró a los delegados de Amnistía Internacional que reforzar la capacidad del Servicio de Policía iraquí, así como de otras fuerzas de seguridad iraquíes, era la máxima prioridad para el ejército británico en el sur de Irak. Se ha instituido todo un abanico de programas de formación para los policías recién contratados, así como para los veteranos. El ejército británico y la APC tienen por objetivo apoyar a la policía durante sus operaciones, proporcionándola formación y equipo. Como parte de este proceso, el ejército británico, incluida la Real Policía Militar, ha trasladado personal a la policía iraquí para que ejerzan de mentores.
Normas internacionales
El derecho internacional de derechos humanos obliga a los Estados a proteger a las personas de los abusos contra los derechos humanos, incluidos los abusos contra el derecho a la vida, que cometan individuos u organizaciones. Por ejemplo, el artículo 2.1 del PIDCP exige que el Reino Unido garantice a todas las personas los derechos establecidos en el Pacto. Los Estados deben ejercer la debida diligencia en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los abusos contra el derecho a la vida, así como proporcionar un remedio efectivo. Si no lo hacen, el derecho internacional considera que incumplen sus obligaciones internacionales y que son responsables de estos abusos. El artículo 27 del Convenio IV de Ginebra exige asimismo al Reino Unido, como potencia ocupante, que proteja a los iraquíes, especialmente de las amenazas y de los actos de violencia.
Por su parte, los grupos armados deben respetar las normas mínimas del derecho internacional humanitario, la justicia y la humanidad, lo que incluye la prohibición de atacar a civiles de forma deliberada o indiscriminada.
Conclusiones y recomendaciones
El 7 de enero de 2004, el ministro de Estado británico para las Fuerzas Armadas declaró que las fuerzas británicas «están trabajando en asociación con el pueblo iraquí para establecer un entorno sin riesgos y seguro, y lo están haciendo con arreglo al Estado de derecho». Este no es el panorama que encontraron en Irak los delegados de Amnistía Internacional. Como muestra este informe, en ciertos casos, las fuerzas armadas británicas han abierto fuego y matado a civiles iraquíes, vulnerando las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Además, la respuesta del ejército británico a los presuntos homicidios políticos de civiles ha debilitado el Estado de derecho en lugar de defenderlo. No ha realizado investigaciones de todos los homicidios de civiles y las investigaciones que se han realizado no han garantizado que «se haya hecho justicia y así se haya percibido» a los ojos de las familias de las víctimas o de la opinión pública iraquí o británica. Las investigaciones están rodeadas de secretismo; algunas víctimas ni siquiera sabían de su existencia. Además, tampoco se ha facilitado a las familias de las víctimas información adecuada sobre cómo pedir una indemnización.
Amnistía Internacional también considera que las fuerzas armadas británicas y el Servicio de Policía iraquí han fallado a muchas de las familias de personas que han muerto a manos de individuos y grupos armados, al no ejercer la diligencia debida en la prevención de estos abusos o investigar, enjuiciar y castigar a sus autores.
Amnistía Internacional se congratula por los esfuerzos realizados por el Reino Unido y otros gobiernos para reforzar la capacidad del Servicio de Policía iraquí. Sin embargo, el aumento de esta capacidad ha de ir unido al aumento de la disposición, por la parte de la policía, a adoptar medidas en estos casos y hacer que se respete el Estado de derecho.
Amnistía Internacional pide a las autoridades del Reino Unido, a la Autoridad Provisional de la Coalición y al Consejo de Gobierno iraquí:
1 Que se aseguren de que todas las personas encargadas de hacer cumplir la ley, sean miembros de las fuerzas británicas o de la policía iraquí, garanticen el derecho a la vida mediante el respeto al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, así como los principios del derecho humanitario. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben emplear la fuerza letal únicamente cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida.
1 Que impartan formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las fuerzas militares que ejercen tales funciones, en el uso de la fuerza gradual y de las armas de fuego.
1 Que equipen a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las fuerzas militares que ejercen tales funciones, con equipos de autodefensa para reducir la necesidad de emplear armas de fuego.
1 Que garanticen que se realizan investigaciones sobre todos los posibles casos de homicidios ilegítimos de civiles cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las fuerzas militares que ejercen tales funciones.
1 Que garanticen que estas investigaciones son exhaustivas, competentes, imparciales e independientes, y que se perciban de esta manera.
1 Que garanticen que estas investigaciones incluyen una autopsia adecuada, así como la recogida y el análisis de todas las pruebas materiales y documentales, y declaraciones de testigos.
1 Que garanticen que los resultados de estas investigaciones se hacen públicos.
1 Que hagan comparecer ante la justicia, en juicios imparciales, a cualquier persona sobre la que pesen sospechas razonables de que es responsable de homicidios ilegítimos.
1 Que den resarcimiento, incluido el pago de una indemnización adecuada, a las familias de víctimas de homicidios ilegítimos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las fuerzas militares que ejercen tales funciones.
1 Que mantengan a las familias de las víctimas de homicidios ilegítimos informadas del procedimiento para solicitar una indemnización y de los progresos de las investigaciones sobre el homicidio.
1 Que ejerzan la diligencia debida en la prevención de homicidios ilegítimos, así como en la investigación, enjuiciamiento y castigo de todas las personas que cometan estos abusos.
1 Que impartan educación cívica sobre seguridad en la comunidad para contrarrestar la cultura de la violencia.
Amnistía Internacional pide a las autoridades británicas:
1 Que hagan públicas las Reglas de Intervención para la Operación Telic.
1 Que garanticen que las fuerzas británicas pueden comunicarse eficazmente con los civiles iraquíes asegurándose de que se disponen de intérpretes competentes.
1 Que establezcan un mecanismo dirigido por civiles para investigar todos los presuntos homicidios cometidos por las fuerzas británicas. Este mecanismo deberá tener facultades para aplicar las normas y leyes internacionales de derechos humanos pertinentes a las investigaciones de denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por personal militar.
1 Que consideren el nombramiento de oficiales de enlace para que actúen como punto de referencia y contacto entre las familias de víctimas de homicidios cometidos por las fuerzas británicas, por una parte, y el ejército británico y la Autoridad Provisional de la Coalición, por otra.
Amnistía Internacional pide a todos los grupos armados que actúan en Irak:
1 Que respeten las normas mínimas del derecho internacional humanitario, de la justicia y la humanidad, incluida la prohibición de cometer ataques deliberados contra civiles, ataques indiscriminados y toma de rehenes.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional:
1 Que dé prioridad a la movilización de esfuerzos internacionales para reconstruir la capacidad de la fuerza policial civil internacional, tal como exige la resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU.
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(1) El 4 de abril, las fuerzas estadounidenses lanzaron operaciones de envergadura en Faluya después de que los rebeldes mataran, quemaran y mutilaran a cuatro guardas de seguridad privados estadounidenses el 31 de marzo.
(2) Oxford Research International Ltd., National Survey of Iraq, February 2004, pág. 6.
(3) Amnistía Internacional, Irak: Amnistía Internacional condena enérgicamente los últimos atentados con explosivos (MDE 14/003/2004, Servicio de Noticias: 051/04).
(4) Artículo 2.2 de la Orden 17 de la APC.
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(5) Estas reclamaciones incluyen, presumiblemente, las relativas a muertes bajo custodia y a muertes causadas por accidentes de tráfico, además de las derivadas de incidentes con disparos.
(6) El Reino Unido es parte en el Convenio IV de Ginebra y el Protocolo I.
(7) El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del PIDCP, y otros órganos que vigilan el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud de los tratados que han ratificado, vienen estipulando sistemáticamente que estas obligaciones se extienden a cualquier territorio sobre el que un Estado ejerza jurisdicción o control, incluidos los territorios ocupados como consecuencia de una acción militar.
(8) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la aplicabilidad extraterritorial del Convenio Europeo en situaciones en las que un Estado Parte en el Convenio ejerce la totalidad o parte de los poderes públicos que normalmente ejerce el gobierno de un territorio, mediante el control efectivo por dicho Estado parte del territorio en cuestión y de sus habitantes como consecuencia de, entre otras causas, la ocupación militar. Véase Bankovic v. the United Kingdom, párrafo 71.
(9) Véanse Margaret McCann v. the United Kingdom, párrafo 161, y Hugh Jordan v. the United Kingdom, párrafo 105.
(10) Se ha utilizado un nombre ficticio para proteger a su familia.
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