Document - Iran: Election contested, repression compounded



índice

Mapa de irán 4

Glosario 5

General 5

Principales figuras políticas 5

Estructura del poder en Irán 6

Cronología 8

1. Introducción 1

Sobre este informe 5

2. Información general 7

Periodo anterior a las elecciones 7

Protestas y represión tras las elecciones 9

3. Suprimida la libertad de expresión 15

4. Detención y reclusión arbitrarias para reprimir la disidencia 18

Detenciones selectivas tras las elecciones 20

Persecución de personas vinculadas a países extranjeros 22

Hostigamiento de familiares 23

Persisten los mismos patrones de DETENCIÓN 24

5. Homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza 29

Homicidio de Neda Agha Soltan 33

Madres de luto, acosadas por protestar 36

6. Tortura y otros malos tratos 37

El centro de detención de Kahrizak 42

Violaciones bajo custodia 45

Legislación iraní en materia de violación 48

8. Impunidad 56

9. Conclusiones y recomendaciones 60

Recomendaciones 60

Libertad de expresión, asociación y reunión 61

Detención y reclusión arbitrarias 61

Homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza 62

Tortura y otros malos tratos 62

Pena de muerte 63

Impunidad 63

Cooperación con organismos internacionales de derechos humanos 64

Notas FINALES 65

Apéndice 1: Informe médico de Ebrahim Mehtari 66



Mapa de irán



© Sección Cartográfica de las Naciones Unidas, Ref. Mapa: Iran No. 3891 Rev. 1, enero de 2004

Glosario

General

Ahl-e Haq Miembros de un grupo religioso, residentes en su mayoría en Irak y el oeste de Irán. La mayoría de sus adeptos en Irán son kurdos. No es un culto oficialmente reconocido con arreglo a la Constitución iraní y sus seguidores son objeto de discriminación.

Activistas de Derechos Humanos en Irán (Human Rights Activists in Iran, HRA) Grupo de activistas de derechos humanos que informa desde Irán sobre violaciones de derechos humanos.

Asociación de Antiguos Alumnos Universitarios (Advar-e Tahkim-e Vahdat) Organización abierta a todos los licenciados de universidades iraníes que trabaja en asuntos relacionados con los derechos humanos. Pertenece a la Oficina por la Consolidación de la Unidad.

Centro para la Defensa de los Derechos Humanos (Kanoon-e Modafean Hogooge Bashar) Fundado en 2002 por Shirin Ebadi, entre otras personas.

Frente Islámico de Participación de Irán (Jebhe ye Mosharekat-e Iran-e Eslami) Partido político vinculado al ex presidente Mohamed Jatamí.

Movimiento por la Libertad de Irán (Nehzat-e Azadi) Partido político prohibido.

Oficina por la Consolidación de la Unidad (Daftar-e Tahkim-e Vahdat) Organización estudiantil con secciones en todas las universidades iraníes que defiende activamente la reforma política y la mejora de la situación de los derechos humanos.

Organización Muyahidín de la Revolución Islámica (Sazman-e Mojahedin-e Enghlab-e Eslami) Organización política alineada con el ex presidente Jatamí.

Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (Mojahedin-e Khalq) Grupo de oposición con base en Irak.



Principales figuras políticas

Ahmadineyad, Mahmud Presidente de Irán desde 2005 y ex alcalde de Teherán.

Jamenei, Alí Líder supremo de Irán desde la muerte del ayatolá Jomeini en 1989 y ex presidente de Irán (1981-1989). Comandante en jefe de todas las fuerzas armadas.

Jatamí, Mohamed Ex presidente de Irán (1997-2005).

Karrubi, Mehdi Candidato presidencial y ex presidente del Parlamento.

Lariyani, Alí Presidente del Parlamento y hermano de Sadegh.

Lariyani, Sadegh Presidente de la Magistratura desde agosto de 2009 y hermano de Alí.

Musavi, Mir Hoseín Candidato presidencial, ex primer ministro (1981-1989) y miembro del Consejo de Conveniencia.

Rafsanyani, Alí Akbar Hachemí Ex presidente de Irán (1989-1997) y presidente de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Conveniencia.

Rezaei, Mohsen candidato presidencial y ex comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica.



Estructura del poder en Irán

Asamblea de Expertos Órgano formado por 86 dirigentes religiosos musulmanes elegidos por votación popular, que se encarga de designar al líder supremo y vigilar su actuación. Los candidatos son objeto de examen y aprobación por el Consejo de Guardianes.

Basij El Basij (Fuerza de Movilización para la Resistencia) es una fuerza paramilitar formada por voluntarios y controlada por la Guardia Revolucionaria Islámica. Recluta a sus miembros en escuelas, universidades, instituciones públicas y privadas, fábricas y tribus.

Consejo de Conveniencia Órgano consultivo del líder supremo con atribuciones para resolver disputas entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes en materia de legislación. El líder supremo designa sus miembros y, en octubre de 2005, otorgó poderes “de supervisión” a este Consejo sobre todas las ramas del gobierno.

Consejo de Guardianes Órgano formado por 12 juristas –seis nombrados por el líder supremo y los otros seis por el Parlamento (entre candidatos seleccionados por el presidente de la Magistratura)– que se encarga de vigilar las elecciones y aprobar las candidaturas. Examina y aprueba legislación en función de si se ajusta a la Constitución y la ley islámica.

Consejo de Ministros Los miembros del Consejo de Ministros (Gabinete) son elegidos por el presidente y aprobados por el Parlamento.

Fuerzas armadas A las fuerzas armadas regulares de Irán (el ejército) se les encomendó la responsabilidad sobre la seguridad exterior tras la revolución. Aunque existe un mando general conjunto con la Guardia Revolucionaria Islámica y el líder supremo es el comandante en jefe de ambas, esta última actúa de manera independiente.

Guardia Revolucionaria Islámica Se formó tras la revolución de 1979 como fuerza armada paralela para garantizar la seguridad interna. La Guardia Revolucionaria Islámica controla la milicia Basij, formada por voluntarios. Actualmente cuenta con unos 125.000 miembros entre fuerzas aéreas, navales y terrestres. Todos los jefes son designados por el líder supremo de Irán y sólo responden ante él. Los guardias tienen, además, importantes intereses económicos en Irán ya que son propietarios de numerosas empresas y algunos servicios públicos, como hospitales.

Líder supremo El líder supremo es elegido por los dirigentes religiosos musulmanes que componen la Asamblea de Expertos. El ayatolá Alí Jamenei, actual líder supremo, designa al presidente de la Magistratura, los seis miembros del Consejo de Guardianes, los comandantes de las fuerzas armadas, los dirigentes de la oración del viernes y el presidente de la radio y la televisión estatales. Asimismo confirma la elección del presidente. El líder supremo, y no el presidente, es quien adopta las decisiones fundamentales sobre seguridad, defensa y política exterior.

Parlamento (Majles-e Shoura ye Eslami o Asamblea Consultiva Islámica) Los 290 parlamentarios son elegidos por votación pública directa cada cuatro años. El Parlamento puede aprobar leyes pero todos los proyectos de ley deben ser examinados y aprobados por el Consejo de Guardianes.

Poder judicial (Magistratura) La Magistratura es responsable de redactar legislación, investigar y dictar sentencias sobre denuncias formales, velar por que se hagan cumplir debidamente las leyes, descubrir delitos, procesar, sancionar y castigar a delincuentes y adoptar “medidas convenientes” para prevenir el delito y reformar al delincuente. Dirige los servicios penitenciarios y forenses.

Presidente El presidente es elegido cada cuatro años y la misma persona no puede permanecer en el cargo más de dos mandatos consecutivos. Según la Constitución, es el segundo cargo público más importante. Preside el poder ejecutivo y es responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución. En la práctica, sus poderes están supeditados a la autoridad del líder supremo.

Presidente de la Magistratura El presidente de la Magistratura, cargo que en la actualidad desempeña el ayatolá Sadegh Lariyani, es nombrado por el líder supremo y responde ante él. Se encarga de nombrar y supervisar a los jueces.



Cronología

12 de junio: Se celebran elecciones presidenciales.

13 de junio: Las autoridades declaran ganador al presidente en ejercicio, Mahmud Ahmadineyad, con cerca del 63 por ciento de los votos. Mir Hoseín Musavi se sitúa en segundo lugar con el 34 por ciento y denuncia que ha habido fraude electoral. Estallan enfrentamientos entre miles de manifestantes y la policía.

14 de junio: Mir Hoseín Musavi pide al Consejo de Guardianes que anule los resultados electorales. Agentes vestidos de civil atacan una residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán y, según informes, matan a cinco estudiantes. También se lleva a cabo un asalto al campus universitario de Isfahán.

15 de junio: Hasta un total de tres millones de personas asisten a las manifestaciones multitudinarias contra los resultados electorales en Teherán; al menos siete resultan muertas. Asimismo hay protestas en otras ciudades. El presidente del Parlamento critica el ataque a la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán y culpa al Ministerio de Interior. También se ataca el campus universitario de Shiraz.

16 de junio: Continúan las protestas multitudinarias; las autoridades prohíben la presencia de periodistas extranjeros en las calles. El Ministerio de Información afirma que se ha detenido a los 76 agitadores principales que presuntamente estaban detrás de los disturbios. Son principalmente personas que trabajan en las campañas electorales de Mir Hoseín Musavi y Mehdi Karrubi, y entre ellos hay ex ministros de gobierno y destacadas figuras políticas.

17 de junio: Hasta un total de medio millón de personas se manifiestan en la plaza del 7 Tir de Teherán; el ministro del Interior ordena investigar el asalto a la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán.

18 de junio: Manifestación multitudinaria cuyos participantes se congregan en el centro de Teherán en conmemoración de las personas que han sido víctimas de homicidio.

19 de junio: El líder supremo de Irán declara que Mahmud Ahmadineyad ha ganado las elecciones legítimamente y advierte a los líderes de la oposición que se los considerará responsables del “derramamiento de sangre, la violencia y el caos” si no ponen fin a las manifestaciones.

20 de junio: Las fuerzas de seguridad reprimen con violencia las manifestaciones. La policía antidisturbios dispersa las protestas en Teherán. Cientos de personas son detenidas. Las imágenes grabadas de una mujer joven, Neda Agha Soltan, agonizando tras recibir un disparo, al parecer efectuado por el Basij, recorren todo el mundo. La televisión estatal afirma que el Consejo de Guardianes hará recuento de hasta el 10 por ciento de los votos.

21 de junio: El jefe de la policía de Teherán reitera que la policía tomará “medidas severas contra cualquier disturbio y concentración ilegal”.

22 de junio: La policía antidisturbios dispara botes de gas lacrimógeno contra unos 1.000 manifestantes en la plaza de Haft-e Tir y en otras manifestaciones celebradas en Teherán.

23 de junio: El Consejo de Guardianes confirma los resultados de las elecciones. La policía antidisturbios y la milicia Basij de Teherán impiden celebrar las protestas previstas.

24 de junio: El Ministerio de Información dice que se han descubierto conspiraciones “terroristas” para desestabilizar el país durante las elecciones.

26 de junio: Ahmad Jatamí, destacado dirigente religioso musulmán y miembro de la Asamblea de Expertos, pide la ejecución de los principales “agitadores”.

27 de junio: El comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica vuelve a advertir de una campaña “legal y decisiva” de represión por parte de las fuerzas de seguridad.

28 de junio: Nueve empleados iraníes de la embajada británica son detenidos y acusados de promover los disturbios.

29 de junio: El presidente ordena a la Magistratura que investigue la muerte de Neda Agha Soltan.

9 de julio: La policía emplea porras y gas lacrimógeno para dispersar las manifestaciones en conmemoración del aniversario de las protestas estudiantiles del 18 Tir (fecha del calendario persa) en 1999.

17 de julio: Unos dos millones de personas, entre ellas los candidatos presidenciales Mir Hoseín Musavi y Mehdi Karrubi, se unen a la oración del viernes dirigida por el ex presidente Rafsanyani en Teherán. La policía utiliza gas lacrimógeno y practica detenciones.

19 de julio: Miles de personas se manifiestan en Shiraz contra los resultados electorales.

21 de julio: Estallan enfrentamientos en Teherán entre manifestantes contrarios al gobierno y las fuerzas de seguridad, que incluye la milicia Basij. Al menos 10 personas pierden la vida.

23 de julio: Muere Mohsen Rouholamini, hijo de un asesor de Mohsen Rezaei que permanecía recluido en un centro de detención de Kahrizak.

25 de julio: Día de Acción Global para protestar por las violaciones de derechos humanos en Irán. Se celebran actos en más de 105 ciudades de todo el mundo.

27 de julio: Se anuncia que el líder supremo ha ordenado el cierre del centro de detención de Kahrizak.

30 de julio: Cientos de miles de personas se manifiestan pacíficamente en todo Irán. Estallan enfrentamientos cuando cientos de personas se concentran en el cementerio de Behesht-e Zahra de Teherán para conmemorar la 40ª jornada de luto por Neda Agha Soltan. Sólo en el cementerio de Behesht-e Zahra se detuvo a decenas de personas.

1 de agosto: Comienza una sucesión de “juicios espectáculo”, en los que alrededor de un centenar de personas detenidas durante las manifestaciones comparecen ante un tribunal. Muchas de ellas “confiesan” aparentemente bajo coacción su implicación en lo que la acusación considera que fue un intento de poner en marcha una “revolución de terciopelo” en Irán con apoyo del exterior.

5 de agosto: Mahmud Ahmadineyad es investido como presidente.

10 de agosto: Se hace pública una carta enviada a finales de julio por Mehdi Karrubi al ayatolá Rafsanyani, ex presidente del país y en la actualidad presidente de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Conveniencia, en la que aseguraba que se habían infligido torturas a los detenidos, incluidas violaciones y otros malos tratos, y reclamaba una investigación. Alí Lariyani, presidente del Parlamento, establece una Comisión Parlamentaria Especial para investigar las denuncias de violación bajo custodia y las condiciones de reclusión de las personas detenidas durante los disturbios postelectorales.

12 de agosto: El presidente del Parlamento, Alí Lariyani, anuncia que la Comisión Parlamentaria Especial ha concluido que las denuncias de violación son infundadas.

26 de agosto: El líder supremo reconoce que se cometieron violaciones de derechos humanos y crímenes durante los acontecimientos postelectorales, especialmente en el centro de detención de Kahrizak y durante el asalto a la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán; un miembro de la Comisión Parlamentaria Especial, pronunciándose de manera anónima, afirma que la comisión ha encontrado indicios de violaciones con porras y botellas.

29 de agosto: El ayatolá Sadegh Lariyani, presidente de la Magistratura, designa una Comisión Judicial formada por tres personas para que examine las denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos. El presidente Mahmud Ahmadineyad pide a la Magistratura que procese a sus principales rivales políticos por poner en duda su victoria electoral y empañar la imagen del Estado.

5 de septiembre: Tres jueces, según informes, son depuestos de sus cargos en relación con los abusos del centro de detención de Kahrizak.

7 de septiembre: Agentes de las fuerzas de seguridad cierran las oficinas de un comité creado por Mehdi Karrubi para recopilar y verificar información sobre tortura y otros abusos y se incautan de testimonios.

12 de septiembre: La Comisión Judicial afirma que no ha encontrado indicios de violación y pide el procesamiento de quienes han hecho o se han hecho eco de tales afirmaciones.

15 de septiembre: Ocho estudiantes de Babol, primeros en ser condenados en relación con las manifestaciones postelectorales.

18 de septiembre: Miles de personas aprovechan la ocasión de las concentraciones con motivo del Día de Qods para protestar por los resultados electorales y las violaciones de derechos humanos. Se golpea a manifestantes, algunos de los cuales arrojan piedras, y al menos se detiene a 35 en Teherán.

20 de septiembre: El líder supremo afirma que las “confesiones” realizadas ante el tribunal son válidas.

23 de septiembre: El periodista Ali Reza Eshraghi es el primero al que imponen una pena de cárcel tras un “juicio espectáculo”.

29 de septiembre: Un parlamentario afirma que se han presentado ante la Magistratura 104 denuncias sobre abusos en Kahrizak.

30 de septiembre: El director general de la policía afirma que hasta el momento se ha detenido a 10 agentes de policía en relación con los abusos de Kahrizak.

7 de octubre: El director general de la policía admite que hubo abusos en Kahrizak pero afirma que la investigación de los hechos no ha encontrado indicios de violación.

8 de octubre: Mohammad Reza Ali Zamani se convierte en la primera persona condenada a muerte tras un “juicio espectáculo”.

18 de octubre: El sociólogo iranoestadounidense Kian Tajbakhsh es condenado a 15 años de cárcel en relación con los disturbios postelectorales.

22 de octubre: Unas 70 personas son detenidas en una ceremonia de oración celebrada en favor del preso de conciencia Shahaboddin Tabatabaei.

28 de octubre: El líder supremo de Irán afirma que es delito arrojar dudas sobre la elección de junio. Hossein Rassam, analista político de la Embajada británica, es condenado a cuatro años de cárcel.

4 de noviembre: La policía se enfrenta a decenas de miles de simpatizantes de Mir Hoseín Musavi y Mehdi Karrubi en Teherán con motivo del 30 aniversario del asalto a la Embajada de Estados Unidos. También hay protestas en otras ciudades, como Shiraz, Isfahán y Rasht. Una persona resulta muerta en Isfahán.

10 de noviembre: Muere en circunstancias sospechosas el doctor Ramin Pourandarjani, que asistía a detenidos del centro de detención de Kahrizak como parte de su servicio militar.

13 de noviembre: Un miembro de la Comisión Parlamentaria afirma que se ha entregado un informe confidencial sobre los acontecimientos postelectorales al presidente del Parlamento.

15 de noviembre: Reza Kazemi se convierte en la quinta persona condenada a muerte tras ser declarada culpable de pertenencia a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán y participación en la orquestación de las manifestaciones.

18 de noviembre: La Magistratura confirma las causas vistas sobre 89 personas, de las cuales 3 habían sido absueltas, 81 condenadas a penas de cárcel y 5 a la pena de muerte.

1. Introducción

Los resultados de la elección presidencial del 12 de junio de 2009 presagiaron una represión aplastante y el estallido de protestas multitudinarias en una escala sin precedentes desde la revolución que estableció la República Islámica de Irán en 1979. Violaciones de derechos humanos que son una constante desde hace tiempo, incluidas graves restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, se intensificaron durante las protestas y han continuado desde entonces, dando lugar al periodo de represión más duro desde el fin del periodo revolucionario, que culminó con la “masacre de las cárceles” de 1988.1Como consecuencia, los numerosos iraníes que cuestionan los resultados de las elecciones viven con el miedo añadido a la detención y la reclusión arbitrarias, la tortura, el juicio injusto e incluso la ejecución.

Como en elecciones anteriores, sobre todo en los últimos años, los meses previos a la votación hubo un aumento de la represión, en particular contra miembros de minorías étnicas y religiosas de Irán, estudiantes, sindicalistas y activistas de los derechos de las mujeres.2

La falta de libertades en el periodo anterior a las elecciones empaña la propia elección presidencial. Hasta la emisión por televisión de debates entre los candidatos presidenciales, el debate estuvo restringido en los medios de comunicación estatales, así como el libre intercambio de información, condiciones ambas imprescindibles para el ejercicio del derecho al voto.3La mayoría de las candidaturas fueron desechadas, incluidas las de todas las mujeres, por lo que sólo quedaban cuatro candidatos a la presidencia: Mahmud Ahmadineyad (presidente en ejercicio), Mohsen Rezaei, ex comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mir Hoseín Musavi, ex primer ministro, y Mehdi Karrubi, dirigente religioso y ex presidente del Parlamento.4

A pesar de la represión, millones de iraníes, sobre todo jóvenes, que representan la mayoría de la población, ejercieron su derecho al voto. Los debates televisados en directo entre los candidatos habían despertado el interés en las elecciones y movilizado a muchos miles de personas para participar en concentraciones pacíficas, en las que la gente joven bailaba por las calles. También surgieron nuevas ideas para intercambiar ideas y organizar actividades que esquivaban las restricciones, volviendo la mirada a los sitios web de redes sociales como Facebook y Twitter, y utilizando el envío de mensajes SMS.

Las mujeres tuvieron una participación notable. De hecho, en la campaña electoral se trató de manera destacada la cuestión de los derechos y la condición de las mujeres reflejando el trabajo de las activistas, como la Red de Mujeres sobre el Terreno y la Campaña “Un millón de firmas”, movimiento de base que reivindica el fin de la discriminación legal contra las mujeres.

Los derechos de las diversas minorías étnicas de Irán también ocuparon un lugar destacado en la agenda política a pesar de las continuas tensiones en algunas zonas. Días antes de las elecciones, el Movimiento Popular de Resistencia de Irán, antes llamado Jondallah, grupo armado baluchi, causó la muerte de al menos 25 fieles en una mezquita de Zahedán mediante un atentado suicida con explosivos.

Cuando el presidente Mahmud Ahmadineyad fue declarado ganador de las elecciones a las pocas horas del cierre de las urnas, la incredulidad de muchos se transformó rápidamente en indignación que estalló en las calles. Dos de los cuatro candidatos eran miembros de minorías étnicas, y el hecho de que hubieran obtenido una representación tan escasa en sus regiones de origen según los resultados oficiales fue, para muchas personas en Irán, una prueba del fraude electoral. Los propios candidatos derrotados denunciaron fraude generalizado.

Las autoridades iraníes respondieron bloqueando las transmisiones vía satélite y el acceso a Internet, prohibiendo a periodistas extranjeros informar sobre manifestaciones en las calles, cortando líneas telefónicas y cerrando otros medios de telecomunicaciones, como el envío de mensajes SMS.

Simultáneamente, las autoridades tomaron medidas para eliminar de la esfera pública a destacados simpatizantes de la oposición. Decenas –si no cientos– de simpatizantes de los candidatos que rivalizaban con el presidente Mahmud Ahmadineyad, entre los que había miembros clave de los equipos de campaña electoral en pueblos y ciudades de todo el país, fueron objeto de acoso, detención y prisión. Las fuerzas de seguridad hicieron redadas de periodistas y cerraron u ocuparon sedes de periódicos y sitios web.

En general, las protestas fueron toleradas en gran medida los primeros días. Pero, tras una semana de agitación creciente, el líder supremo de Irán y otros miembros destacados de la clase dirigente parecieron perder la paciencia y dieron luz verde en la práctica a las fuerzas de seguridad, incluidas las milicias voluntarias Basij, para recurrir a la violencia y las detenciones arbitrarias generalizadas. Las espantosas consecuencias se vieron en todo el mundo a través de unas imágenes sobre la agonía de una joven, Neda Agha Soltan, que recibió un disparo durante una manifestación pacífica en Teherán, efectuado al parecer por un miembro de la milicia Basij.

Con todo las protestas continuaron, dando lugar a más muertes y lesiones, y más detenciones. Según las autoridades, un total de 36 personas resultaron muertas, entre ellas al menos ocho miembros del Basij. Fuentes de la oposición y otras situaron en más de 70 la cifra de personas muertas a manos de las autoridades, aunque pensaban que el número total podía ser muy superior. Las imágenes de violencia de las fuerzas de seguridad grabadas con teléfonos móviles y otras formas de periodismo ciudadano a través de Internet pusieron en entredicho y a menudo contradijeron las declaraciones oficiales que negaban o quitaban importancia a las violaciones de derechos humanos, y asimismo evidenciaron que el Estado no actuaba para poner fin a los abusos y llevar a los responsables ante la justicia.

Al menos 4.000 personas fueron detenidas durante los disturbios postelectorales, posiblemente muchas más.5A la mayoría se las detuvo en Teherán, pero también hubo informes de detenciones en otras ciudades, como Shiraz, Meshed, Isfahán y Babol, así como Ahvaz, Tabriz y Zahedán, cuyas poblaciones contienen importantes minorías. La mayoría de los detenidos quedaron en libertad a los pocos días, pero varios cientos estuvieron recluidos durante semanas en régimen de incomunicación, por lo que en la práctica fueron víctimas de desaparición forzada. Posiblemente no menos de 200 seguían en prisión en el momento de redactarse este informe, mediados de noviembre de 2009, incluidas algunas personas que fueron detenidas después de que cesaron los disturbios.

También se detuvo selectivamente a ciudadanos extranjeros, con doble nacionalidad o vinculados a otros países, especialmente Estados Unidos y Reino Unido. Las autoridades acusaron a esos Estados, así como a dos grupos de oposición en el exilio, de tramar una “revolución de terciopelo” dirigida a destruir el Estado.6

Todas las personas que fueron barridas con las detenciones postelectorales –bastante más de un centenar– fueron objeto de exhibición en la televisión estatal, en una serie de “juicios espectáculo” masivos que dieron comienzo el 1 de agosto 2009. Algunos fueron mostrados “confesando” y disculpándose. Entre ellos había destacadas figuras políticas, entre ellas varios ex ministros de gobierno, y periodistas. La mayoría, si no todos, fueron privados de representación letrada y a muchos les imputaron cargos de ambigua definición que no constituían delitos reconocibles. En el momento de redactarse este informe, 5 habían sido condenados a muerte y más de 80 a penas de cárcel tras juicios que no fueron sino parodias de justicia.

Para cuando Mahmud Ahmadineyad fue investido presidente, el 5 de agosto, al menos se había ejecutado a 112 personas desde las elecciones, según consta en la documentación de Amnistía Internacional; este dato indicaba un brusco incremento en el índice de ejecuciones y enviaba un mensaje escalofriante a los disidentes en Irán. Casi la mitad fueron ejecutadas en tres ejecuciones colectivas llevadas a cabo en Karaj y Zahedán entre el 4 de julio y el 5 de agosto, acusadas de tráfico de drogas o de oposición armada al Estado.

Conforme fueron saliendo detenidos en libertad o por fin se les permitió recibir visitas, empezaron a conocerse relatos escalofriantes de tortura y otros malos tratos. Las condiciones eran especialmente duras en el centro de detención de Kahrizak, en las afueras de Teherán. Cuando empezaron a conocerse públicamente los detalles de los abusos, las autoridades anunciaron que cerrarían el centro. El ambiente se enrareció todavía más cuando el hijo de un asesor de uno de los candidatos presidenciales derrotados murió durante su traslado fuera del centro tras haber sido torturado allí. En noviembre, el doctor Ramin Pourandarjani, joven médico que había tratado a los reclusos de Kahrizak y, según informes, había sido obligado a certificar la muerte de al menos una víctima de tortura como consecuencia de meningitis, murió en circunstancias sospechosas.

Especialmente alarmantes fueron los numerosos relatos gráficos de mujeres y hombres que habían sufrido violaciones bajo custodia, a menudo practicadas con instrumentos como botellas o porras. En agosto se hizo pública una carta enviada por Mehdi Karrubi, uno de los candidatos presidenciales derrotados, al ayatolá Alí Akbar Hachemí Rafsanyani, ex presidente de Irán y en la actualidad presidente del Consejo de Conveniencia y de la Asamblea de Expertos, en la que facilitaba información pormenorizada sobre tales casos y reclamaba una investigación. Las autoridades establecieron entonces dos órganos –una Comisión Parlamentaria y una Comisión Judicial formada por tres personas– para que estudiaran la manera de abordar la crisis postelectoral, incluido el trato a los detenidos. No se revelaron los detalles del mandato y las atribuciones de ambos órganos ni se hicieron públicas las conclusiones de la Comisión Parlamentaria. Miembros de uno y otro órgano enseguida hicieron declaraciones en las que desestimaban las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, reforzando así el clima de impunidad de que disfrutaban los cuerpos de seguridad, guardias de prisiones, agentes de policía y la milicia Basij.

Este informe examina los patrones de abuso antes, durante y después de las elecciones de junio, y ofrece cuando es posible información pormenorizada sobre casos individuales y testimonios de víctimas que han hablado con Amnistía Internacional y otras organizaciones. En muchos casos ha sido difícil comprobar la veracidad de los tiempos y datos concretos debido a la disparidad o ambigüedad de la información ofrecida por los representantes públicos y los medios de comunicación estatales.

Como pone de manifiesto este informe, las autoridades han ejercido la violencia en un grado excepcionalmente elevado y han adoptado medidas arbitrarias para sofocar las protestas y la disidencia durante las manifestaciones postelectorales y y desde entonces hasta ahora. Evidencia asimismo que los tribunales no han funcionado como instrumentos de la justicia para exigir responsabilidades a la policía, las fuerzas de seguridad y otros cuerpos del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas y para proteger los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de religión consagrados en la Constitución iraní y en el derecho internacional de los derechos humanos. Al contrario, han actuado como parte de la maquinaria de un Estado represivo que permite a las fuerzas de seguridad actuar con impunidad.

Corresponde al líder supremo y al gobierno abrir un nuevo capítulo y abordar las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante los disturbios de manera abierta, transparente y responsable. A la Magistratura y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, bajo la dirección general del líder supremo de Irán, les corresponde garantizar que se descubre la verdad sobre los acontecimientos tras las elecciones y se hace justicia, y que tales violaciones de derechos humanos no vuelven a repetirse.

Amnistía Internacional concluye este informe con un conjunto de recomendaciones a las autoridades iraníes. Entre otras cosas, les pide que:

  • Faciliten con carácter urgente las visitas a Irán por los relatores especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, permitiendo así el escrutinio internacional e independiente de la situación de los derechos humanos para que sus evaluaciones y recomendaciones contribuyan a garantizar que se obliga a responder de sus actos a los responsables de ordenar o cometer violaciones de derechos humanos.

  • Pongan en libertad a todos los presos de conciencia: las personas encarceladas en Irán por sus ideas políticas, religiosas u otras convicciones profundas, su origen étnico, su idioma, su procedencia nacional o social, su orientación sexual o cualquier otra condición que no han utilizado ni propugnado la violencia o el odio.

  • Examinen los casos de todos las personas privadas de libertad que fueron detenidas por motivos políticos durante el periodo electoral, incluidas las condenadas tras “juicios espectáculo” injustos, y pongan en libertad a los que todavía no han sido juzgados a menos que vayan a acusarlos de algún delito común reconocible y a juzgarlos en breve y con las debidas garantías.

  • Reformen áreas clave de la administración de justicia para que la milicia Basij no se utilice en tareas de control y aclarar con precisión qué cuerpos están facultados para practicar detenciones.

  • Pongan fin a los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad garantizando que todos los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley se atienen a las normas internacionales sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego.

  • Garanticen que no se somete arbitrariamente a ninguna persona a detención o prisión y que no se admiten ante ningún tribunal las pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.

  • Revoquen las leyes que criminalizan el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión y las pongan en consonancia con las normas internacionales.

  • Aprueben una suspensión inmediata de las ejecuciones y pongan fin al castigo cruel y degradante de la flagelación.

Sobre este informe

Pese a las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional, las autoridades iraníes no han permitido a la organización visitar Irán para investigar la situación de los derechos humanos de primera mano desde la Revolución Islámica en 1979. La Oficina de Amnistía Internacional ante la ONU en Ginebra apenas se ha reunido en los últimos años con diplomáticos iraníes en Ginebra. Representantes de la organización de derechos humanos en Polonia y Noruega tuvieron breves contactos con diplomáticos iraníes en 2009, en los que expresaron sus motivos de preocupación en torno al uso de la pena de muerte, y representantes de la organización en Países Bajos y Alemania se reunieron con diplomáticos iraníes en esos países en mayo y agosto de 2009 para exponer sus preocupaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, durante más de cinco años la Embajada de Irán en Londres no ha respondido en ningún momento a las numerosas comunicaciones y peticiones de Amnistía Internacional, incluidas solicitudes de reuniones y de permisos para que observadores de la organización asistan a juicios en Irán, entre ellos los “juicios espectáculo” de 2009. Más recientemente, Amnistía Internacional intentó concertar una reunión con el embajador de Irán en noviembre de 2009 pero tampoco ha obtenido respuesta hasta la fecha.

El seguimiento de la situación de los derechos humanos por parte de Amnistía Internacional en Irán se basa en una amplia investigación a través de fuentes públicas y de otra índole. Este informe abarca los acontecimientos en Irán hasta mediados de noviembre de 2009. Las fuentes públicas son: periódicos y otras publicaciones en Irán, incluidas las de Internet; periódicos internacionales y agencias de noticias; emisoras internacionales de noticias en persa y otros servicios; fuentes informativas en lenguas distintas al persa con base fuera de Irán, y una amplia diversidad de blogs. Declaraciones de las autoridades y otras versiones reflejadas en varios medios de comunicación iraníes –radio, televisión y agencias de noticias oficiales y semioficiales– se han tenido en cuenta al preparar este informe.

Otras fuentes de Amnistía Internacional son: grupos de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones de profesionales en Irán; asociaciones sindicales y estudiantiles; activistas pro derechos de minorías étnicas y religiosas; profesionales del derecho; periodistas; sindicalistas y otros colectivos, y activistas y defensores de los derechos humanos. También se incluyen las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares así como otros testigos. Muchas de estas fuentes deben permanecer en el anonimato, comprensiblemente, por temor a que sean objetivo específico de detención u otra medida de represión si se revela su identidad.

Muchas personas han advertido a Amnistía Internacional de los peligros que corre, y han explicado a la organización la intimidación y presión que sufren a manos de las autoridades. Algunos consideran que arriesgarían demasiado si hablaran con los medios de comunicación internacionales o incluso con organismos de derechos humanos de fuera –o dentro– de Irán. Algunos han aconsejado a Amnistía Internacional que no se ponga en contacto con ellos por miedo a que sus comunicaciones estén siendo vigiladas. Las interrupciones intermitentes en las comunicaciones, como las experimentadas durante las semanas siguientes a las elecciones, hicieron que el trabajo de cualquier activista de derechos humanos presentara más dificultades y riesgos.

Además de dar seguimiento a la represión relacionada con las elecciones en Irán, Amnistía Internacional creó unas direcciones de correo electrónico7para que quienes desearan transmitir sus experiencias a la organización pudieran hacerlo con rapidez y sin trabas. Algunas de las personas que contactaron con Amnistía Internacional por este medio pudieron aportar información pormenorizada relativa a las detenciones y al uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades contra los manifestantes y otras personas.

Muchos de los que rellenaron estos cuestionarios también fueron entrevistados en persona, si pudieron viajar fuera de Irán, o por teléfono cuando se consideró que era posible hacerlo sin poner en grave peligro a los entrevistados. Algunos de sus testimonios se reflejan en este informe. Son una parte fundamental del análisis realizado en él, ya que complementan o contradicen los informes procedentes de medios informativos, las declaraciones oficiales y los informes y declaraciones emitidos por órganos de derechos humanos de la ONU y otras organizaciones a partir de las elecciones. Amnistía Internacional cree que la evaluación realizada en este informe es compartida por la comunidad internacional, como pone de manifiesto la resolución sobre Irán adoptada por la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU en noviembre.

Amnistía Internacional desea expresar su agradecimiento a todas las personas que han aportado información a este informe, que esperamos contribuya a lograr que mejore la situación de los derechos humanos en Irán. Sólo ha sido posible mencionar en él a un reducido número de las personas que han sufrido, pero no por ello consideramos menos importante el sufrimiento de aquéllas a las que no menciona. La organización confía en que este informe no sólo sirva para recordar a todas las personas cuyos derechos humanos fueron conculcados durante los disturbios de 2009, sino también para apoyar sus esfuerzos dirigidos a obtener resarcimiento por el sufrimiento padecido.

2. Información general

Periodo anterior a las elecciones

Las semanas previas a los comicios, a pesar de la intensificación de la represión por las autoridades estatales, pudo presenciarse una intensa campaña electoral que incluyó debates televisados en directo entre los cuatro candidatos aprobados. Inspirada por ello, la opinión pública iraní se interesó más de lo previsto en la campaña, que arrastró al debate a millones de personas y sacó a muchos miles a las calles para oír hablar a los candidatos en los mítines. Había nacido el denominado Movimiento Verde, color que visten los seguidores de Mir Hoseín Musavi y, por extensión, de la reforma política y social.

Sin embargo, en el mismo periodo aumentó de manera significativa la represión contra las personas que expresaron su apoyo a la reforma social y política, consideradas desleales al sistema por los servicios de información y de seguridad. Entre los objetivos específicos de la acción represiva había estudiantes, activistas pro derechos de las mujeres, defensores de un mayor respeto a los derechos de las minorías étnicas y las minorías religiosas no reconocidas en Irán, como los bahaíes y los adeptos de Ahl-e Haq.

Se detuvo a muchas personas y se invocó legislación de ambigua definición para silenciar el debate. Entre otros, se utilizaron los cargos de “actuar contra la seguridad del Estado”, “propagar mentiras”, “difundir propaganda contra el sistema”, “crear inquietud en la opinión pública”, “injuriar a la santidad” y “difamar a autoridades del Estado”. Por ejemplo, Mehdi Motamedi Mehr, miembro del Comité de Defensa de unas Elecciones Libres, Honradas y Justas y del Movimiento por la Libertad de Irán, partido político prohibido, fue detenido el 19 de abril tras recibir una llamada telefónica de un funcionario del Ministerio de Información para decirle que si el comité publicaba una declaración titulada Civil society institution as election observers: an assurance toward free, healthy and fair elections [La institución de la sociedad civil como observadora electoral, garantía de unas elecciones libres, honradas y justas], sería considerado un acto contra la seguridad nacional. No obstante, la declaración se publicó y Mehdi Motamedi Mehr fue detenido; quedó en libertad el 6 de junio.8 El 29 de abril, las fuerzas de seguridad impidieron que otros miembros del Comité celebraran una reunión en el Instituto Jurídico “Raad”, que pertenece a Mohammad Ali Dadkhah (véase el Capítulo 4), destacado abogado y miembro del Consejo Superior de Vigilancia del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos.

Emad Bahavar, presidente de la sección juvenil del Movimiento por la Libertad de Irán que hacía campaña en favor de Mir Hoseín Musavi, fue detenido el 27 de mayo, por el cargo de “difundir propaganda contra el sistema”, y recluido durante cuatro días; quedó en libertad bajo fianza.9

Semejantes prácticas contravienen las obligaciones contraídas por Irán en virtud de los artículos 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Irán. Estas disposiciones se refieren a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, respectivamente. Asimismo vulneran numerosas disposiciones constitucionales.



disturbios en la provincia de sistán-baluchistán

En las semanas previas a las elecciones, los disturbios se intensificaron en la provincia de Sistán-Baluchistán, donde la minoría baluchi de Irán, cuyos integrantes son mayoritariamente musulmanes sunníes, sufren discriminación sistemática y graves violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales. La represión fue especialmente intensa a partir de un atentado suicida con bomba perpetrado por un miembro del Movimiento Popular de Resistencia de Irán el 28 de mayo de 2009 en una mezquita chií, que causó la muerte de al menos 25 personas. Amnistía Internacional condenó este atentado.

Hasta un total de otras 10 personas murieron en las revueltas desatadas tras el atentado, y decenas –posiblemente cientos– de personas fueron detenidas. En el plazo de dos días se había ejecutado en público a tres hombres; las autoridades dijeron que habían “confesado” la autoría del atentado. Más tarde salió a la luz que en el momento del atentado los hombres estaban en la cárcel; las autoridades iraníes dijeron entonces que se habían “confesado” autores del suministro de los explosivos tras un “interrogatorio intensivo”.10

El 8 de junio, sólo unos días antes de las elecciones y después de multitudinarias concentraciones a favor de Mir Hoseín Musavi en Teherán y otros lugares, el director de la Oficina Política de la Guardia Revolucionaria Islámica acusó a los simpatizantes de Musavi de tomar parte en una “revolución de terciopelo” en Irán, que, según advirtió, “no iba a prosperar”.11

La combinación del intenso debate preelectoral y la represión creciente hizo que millones de personas se vieran impulsadas a protestar cuando, contra las expectativas de muchos, el presidente Mahmud Ahmadineyad fue declarado ganador absoluto.

normativa sobre las elecciones de irán

Se inscribieron 475 personas como candidatas a la décima elección presidencial de Irán desde la Revolución Islámica de 1979, de las que 42 eran mujeres.12El 20 de mayo, el Consejo de Guardianes, que examina a todas las candidaturas, aprobó las de cuatro hombres –el presidente en ejercicio, Mahmud Ahmadineyad, Mohsen Rezaei, Mir Hoseín Musavi (apoyado por el ex presidente Mohamed Jatamí) y Mehdi Karrubi. Todas las mujeres candidatas fueron excluidas, al parecer en razón de su género. Muchos de los hombres descalificados es probable que lo fueran por motivos discriminatorios o por sus ideas políticas.

El candidato que obtiene más de la mitad de los votos en la primera vuelta es proclamado directamente ganador. Si ningún candidato obtiene más de la mitad, los dos candidatos con mayor número de votos concurren a una segunda vuelta en el plazo de una semana.

Según los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República Islámica de Irán, el presidente es elegido por un periodo de cuatro años y no puede desempeñar el cargo más de dos mandatos consecutivos. Las condiciones fijadas en la Constitución son discriminatorias: estipulan que los candidatos deben ser iraníes, mayores de 18 años, tener una trayectoria demostrada en administración, ser dignos de confianza y piadosos, y creer en los principios fundamentales de la República Islámica de Irán y en el mazhaboficial (escuela de pensamiento islámico correspondiente al islam chií) del país. Asimismo estipula que los candidatos deben ser rejal, expresión derivada de una palabra árabe que significa “hombres”, aunque muchos iraníes creen que en persa tendría un significado más general y podría interpretarse como “persona de Estado”.13

Tales requisitos entran en conflicto con otras disposiciones constitucionales. El artículo 19 establece que ni la tribu o el grupo étnico, el color de piel, el idioma o cualquier otra condición de la persona hacen que ésta sea merecedora de algún privilegio, y que todas las personas disfrutan de los mismos derechos. Los artículos 20 y 21 señalan que hombres y mujeres disfrutarán de la protección de la ley y de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en pie de igualdad, si bien se condiciona el disfrute de estos derechos al requisito de que sean “conformes a los criterios islámicos”. El artículo 23 prohíbe investigar la ideología de cualquier persona y afirma que “ninguna persona será importunada o reprobada simplemente por abrazar determinadas creencias”.

Protestas y represión tras las elecciones

En las horas siguientes al cierre de las urnas, al parecer el Ministerio de Interior informó confidencialmente a Mir Hoseín Musavi de que había ganado. Cuando Musavi se disponía a ofrecer una conferencia de prensa, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un registro en sus oficinas, al parecer apoyándose en una orden verbal del fiscal provincial de Teherán, Said Mortazavi. Al menos se detuvo a tres asesores de Mir Hoseín Musavi, quien emitió una declaración en la que afirmaba que “no se entregaría a esta peligrosa farsa”.14

El 13 de junio, el Ministerio de Interior anunció que el presidente Mahmud Ahmadineyad había obtenido cerca del 63 por ciento de los votos, lo que muchos consideraban que era un margen inesperadamente amplio para la victoria. El anuncio suscitó casi de inmediato manifestaciones en Teherán y otras ciudades de todo Irán. La mayoría fueron pacíficas, pero en algunos casos estalló la violencia, con lanzamiento de piedras e incendios provocados por manifestantes. La fuerzas policiales y de seguridad, incluida la milicia Basij, hicieron uso excesivo de la fuerza, entre otras cosas golpeando y aporreando a los manifestantes con porras para dispersar las manifestaciones.



Ataques a campus universitarios

En los acontecimientos de la residencia de estudiantes de la Universidad [de Teherán] se cometió una violación tremenda de derechos humanos, por lo que se ha puesto en marcha una investigación especial para que los autores sean castigados con independencia de su filiación institucional.

Ayatolá Alí Jamenei, 26 de agosto de 2009.15


El asalto a la residencia de estudiantes de la Universidad [de Teherán] y algunos malos tratos en centros de detención fueron actos execrables [...] [sin embargo, tales actos] formaron parte de la conspiración del enemigo y los cometieron elementos “golpistas”.

Presidente Mahmud Ahmadineyad, 28 de agosto de 2009.16


En el ataque a la residencia de estudiantes de la Universidad [de Teherán] no estuvo presente la milicia Basij. En los hechos sólo participaron algunas fuerzas arbitrarias y vestidas de civil. Una vez identificados quienes cometieron algún delito durante los incidentes, serán tratados con arreglo a lo dispuesto en la ley.

General de división Mohammad Ali Jafari, 29 de agosto de 2009.17

En las semanas siguientes a las elecciones, las autoridades iraníes hicieron frecuentes declaraciones contradictorias en relación con las violaciones de derechos humanos y emitieron varios avisos, como pusieron de manifiesto los ataques a la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán, reminiscencia de los ataques tras las manifestaciones estudiantiles de 1999.

Según la información recibida, la noche del 14 de junio, hasta un total de cinco estudiantes resultaron muertos y varios más gravemente heridos cuando efectivos sin identificar y sin uniforme irrumpieron en la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán, a pesar de que las autoridades universitarias negaron posteriormente que hubiera muerto alguien.18El asalto, que muchos consideran obra de la milicia Basij junto a fuerzas especiales de la policía, fue condenado por muchos, como el presidente del Parlamento, quien anunció que examinaría el asunto y atribuyó la culpa al Ministerio de Interior. Unos 110 miembros del cuerpo docente de la universidad dimitieron al día siguiente en señal de protesta. Un asalto parecido a un recinto universitario tuvo lugar en Isfahán esa misma noche, y en Shiraz al día siguiente.19El 17 de junio, el ministro del Interior afirmó que había ordenado una investigación, pero en el momento de redactarse este documento no se habían dado a conocer las conclusiones.

El 18 de junio, varias universidades, entre ellas las de Teherán, Shiraz y Tabriz, cerraron anticipadamente sus puertas para las vacaciones de verano y a los estudiantes de Teherán se les ordenó evacuar la residencia con la advertencia de que, si no lo hacían, “las autoridades no responderían de su seguridad”.20

El 15 de junio, Mir Hoseín Musavi se dirigió a las personas congregadas en un mitin, hasta un total de tres millones, en la plaza de la Libertad de Teherán, a pesar de que las autoridades habían advertido que considerarían ilegal la concentración. Las autoridades reconocieron hasta un total de ocho muertes de manifestantes,21aunque médicos que posteriormente huyeron de Irán afirman que sólo en el Hospital Rasoul e Akram de Teherán hubo 10 muertos.22Activistas de derechos humanos locales insinuaron que hasta un total de 25 personas habían perdido la vida.23Algunas habían muerto por disparos efectuados desde un edificio utilizado por el Basij, aunque posteriormente las autoridades negaron que la milicia hubiera causado ninguna muerte y afirmaron que habían sido obra de manifestantes.24

Grandes multitudes volvieron a concentrarse al día siguiente, 16 de junio, pese a las amenazas del gobierno de aplicar medidas enérgicas para disolver las “protestas ilegales”. Aun así, las manifestaciones se extendieron y cientos de miles de personas participaron en marchas en Teherán, Rasht, Babol, Meshed, Shiraz y Ahvaz, municipios en los que reside la mayoría de los árabes iraníes. También se extendieron a Zahedán, habitada en su mayor parte por la minoría baluchi de Irán. En Oroumiye, ciudad poblada mayoritariamente por miembros de las minorías kurda y azerbaiyana, los medios de comunicación locales informaron de que dos personas habían muerto y decenas más –si no cientos– habían sido detenidas tras una operación represiva contra unos 3.000 manifestantes en la calle Imam.25

El 18 de junio, según informes, cientos de miles –si no millones– de manifestantes vestidos de negro realizaron una marcha por toda Teherán en conmemoración de los manifestantes muertos en jornadas anteriores. Ese mismo día, unas 200.000 personas se congregaron en Shiraz.

El gobierno respondió poniendo en marcha una campaña aparentemente organizada para desprestigiar e incriminar a manifestantes pacíficos y figuras de la oposición. Destacados cargos públicos afirmaron que las manifestaciones estaban siendo instigadas y controladas por “extranjeros”. El 16 de junio, Mohammad Reza Habibi, fiscal general de Isfahán, amenazó a los manifestantes con la pena de muerte.26El 17 de junio se publicó una advertencia en el sitio web de la Guardia Revolucionaria Islámica, según la cual quienes promoviesen revueltas y amenazasen a personas en el ciberespacio podrían enfrentarse a acciones legales contundentes”.27

El 19 de junio, una semana después de las elecciones, la política oficial se endureció. En la oración del mediodía del viernes en Teherán, que se emitió en directo por televisión a todo el territorio nacional, el líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei, pidió el fin de las protestas en la calle. Esta prohibición en la práctica de las manifestaciones pacíficas vulneraba no sólo el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),28sino también el artículo 27 de la Constitución de Irán.29

Además, el líder supremo apareció en público dando el visto bueno a las fuerzas de seguridad para que recurrieran a la fuerza en la medida que considerasen necesario para poner fin a las manifestaciones.30A pesar de los informes sobre varias muertes de manifestantes, no les pidió que sólo usaran la fuerza en caso estrictamente necesario y con arreglo a la ley, sino que advirtió a la gente que si continuaba echándose a las calles tendría que atenerse a las consecuencias.

Su discurso marcó el comienzo de una violenta campaña para reprimir las manifestaciones. En Teherán y muchas otras ciudades, se desplego un gran número de efectivos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la policía especial antidisturbios y el Basij para detener o dispersar manifestaciones, empleando munición real, gas lacrimógeno y balas de caucho. Policías antidisturbios, agentes de información sin uniforme y miembros del Basij a bordo de motocicletas cargaron contra multitud de manifestantes, causando el terror además de numerosas lesiones.

Los medios de comunicación del Estado anunciaron que al menos 10 personas habían resultado muertas el 20 de junio, entre ellas Neda Agha Soltan, y que había un centenar de heridos. Asimismo informaron de que se había detenido a 457 manifestantes. Según la lista de 72 muertos publicada en septiembre por el Comité de Seguimiento de Personas Heridas y Detenidas en los Acontecimientos Recientes,31creado por Mehdi Karrubi y Mir Hoseín Musavi, al menos se dio muerte a 19 personas aquel día.

El 21 de junio, el sitio web del Mando de Ciberdefensa de la Guardia Revolucionaria32publicó fotografías presuntamente tomadas durante las manifestaciones postelectorales con los rostros de 26 personas. Aunque se veía que algunas llevaban piedras u otros objetos en las manos, la mayoría aparecían caminando pacíficamente o de pie. Junto a las fotografías figuraba un llamamiento a la población iraní para que “identifiquen a los agitadores”. Este mando de ciberdefensa, con el mandato de hacer frente al “ciberdelito” y sin atribuciones para practicar detenciones, aparentemente utilizó su sitio web para disuadir a la gente de participar en las protestas pacíficas, algo que no constituye un ciberdelito. Además, parecía una medida dirigida a disuadir de practicar esas formas de periodismo ciudadano que han resultado tan valiosas para dar a conocer noticias sobre los disturbios al exterior, realizando fotografías o vídeos de las manifestaciones y cargándolos en Internet. El anuncio publicado por el mando de ciberdefensa también significó mayor riesgo de detención arbitraria para las personas de las fotografías, además de que lesionaban su derecho a la presunción de inocencia mientras no se demostrara su culpabilidad.

El 26 de junio, durante el sermón de la oración del viernes, el gran líder religioso Ahmad Jatamí, miembro de la Asamblea de Expertos, pidió a la Magistratura que castigara a los manifestantes “con dureza y sin piedad” y afirmó que la agitación, así como crear inseguridad y terror, entre otras cosas, podían considerarse delitos de moharebeh (enemistad con Dios) que pueden castigarse con la muerte.33



El derecho a la protesta pacífica

Las autoridades iraníes tienen la obligación de mantener el orden público y proteger la seguridad de las personas bajo su jurisdicción. Sin embargo, el derecho internacional exige que toda restricción impuesta al derecho de reunión sea conforme a la ley y estrictamente necesaria para preservar la seguridad nacional o la seguridad y el orden públicos, la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de terceros. Tales restricciones deben ajustarse a un propósito legítimo y no recurrir a la discriminación, basada en las ideas políticas o de otra índole. Aun en el caso de que dicha restricción pueda justificarse en virtud del derecho internacional, se debe hacer cumplir la ley de conformidad con las normas internacionales, que prohíben a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrir a la fuerza salvo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, así como usar armas de fuego salvo cuando suempleo sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana (véase el cuadro del Capítulo 5).

A mediados de agosto, las autoridades indicaron que se había detenido a unas 4.000 personas, de las cuales 3.700 ya habían quedado en libertad.34Entre tanto, cundía la denuncia de que se estaban ofreciendo indemnizaciones a los comerciantes cuyas propiedades habían sufrido daños durante los disturbios si presentaban denuncias por escrito contra simpatizantes no especificados de Mir Hoseín Musavi o Mehdi Karrubi. De igual manera, a muchos de los heridos por las fuerzas de seguridad que necesitaron tratamiento hospitalario se les dijo que serían trasladados a prisión y acusados si no denunciaban por escrito que habían recibido disparos o sufrido otras lesiones a manos de seguidores de los candidatos rivales.

El grado de represión no ha disminuido después de extinguirse las protestas. De hecho, todos los indicios apuntan a que se han consolidado los métodos de represión utilizados desde hace tiempo, de manera que quien se atreve a alzar la voz tiene más probabilidades de sufrir detención arbitraria, tortura y otros malos tratos para que “confiese” y de ser juzgado sin las debidas garantías, y cualquier manifestación pública tiene mayores probabilidades de ser contestada con violencia por el Estado.

El 18 de septiembre, por ejemplo, simpatizantes de la oposición, muchos de ellos vestidos de verde, se aglomeraron en las calles para celebrar las concentraciones anuales con motivo del Día de Qods, gritando eslóganes contra el gobierno y las violaciones de derechos humanos. Se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que la víspera habían advertido que quien actuara con el fin de provocar disturbios o perturbar las concentraciones se encontraría con “acciones decisivas en su contra”.35Posteriormente la policía afirmó que se había detenido a 35 personas en Teherán.

El 22 de octubre, unas 70 personas –hombres y mujeres– fueron detenidas durante un pacífico servicio de oración celebrado en Teherán en apoyo de los activistas detenidos durante los disturbios postelectorales. La mayoría han quedado en libertad pero, en el momento de redactarse este informe, se pensaba que al menos cinco estaban todavía recluidos en la prisión de Evín, entre ellos Saeed Nour-Mohammadi –joven miembro del Frente Islámico de Participación de Irán–, Mohammad Kianoush, Esma’il Sahabeh, Mohammad Khorbak y Mahboubeh Haghighi.

La represión se agudizó cuando estudiantes y seguidores del Movimiento Verde se dispusieron a conmemorar el 30 aniversario del asedio a la Embajada de Estados Unidos. Las autoridades tomaron medidas preventivas deteniendo a personas clave los días 3 y 4 de noviembre. Entre los detenidos había varios miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos Universitarios, entre ellos el defensor de los derechos humanos Hassan Asadi Zeidabadi, Mohammad Sadeghi,Hojat Sharifi y su esposa Nafiseh Zarekohan, periodista. Se pensaba que todos ellos continuaban privados de libertad en el momento de redactarse este informe.36Kouhzad Esmaeli, también detenido el 4 de noviembre, quedó en libertad bajo fianza poco después, pero volvieron a detenerlo el 16 de noviembre para que empezara a cumplir una pena de cuatro meses de cárcel. Además, las fuerzas de seguridad atacaron la residencia de estudiantes y detuvieron a otros alumnos, al parecer con la intención de evitar que se unieran a la manifestación. También se detuvo a periodistas extranjeros, que más tarde fueron puestos en libertad.37

Purga de las humanidades y ciencias sociales en las universidades

Las autoridades iraníes parecen haber emprendido una purga de las ciencias sociales en las universidades. A finales de agosto, el ayatolá Alí Jamenei pronunció un discurso ante los rectores de universidad en el que calificó la popularidad de las ciencias humanas –que estudian más de dos millones de los tres millones y medio de estudiantes universitarios– de tendencia “preocupante” y afirmó que “la formación en las universidades relativa a esas ciencias humanas suscitará reservas y dudas sobre las creencias y principios religiosos”.38Su discurso se hacía eco de la confesión aparentemente forzada de Saeed Hajjarian en los “juicios espectáculo” de agosto (véase el Capítulo 7), cuando dijo que “las teorías de las ciencias humanas contienen armas ideológicas que pueden transformarse en estrategias y tácticas y ser esgrimidas contra la ideología oficial del Estado”.

El discurso del ayatolá Alí Jamenei dio paso a llamamientos al fin de la enseñanza de las ciencias sociales en las universidades. Por ejemplo, el ayatolá Mohammad Emami-Kashani, miembro de la Asamblea de Expertos, declaró en un sermón televisado el 4 de septiembre que las ciencias humanas no debían impartirse al estilo occidental en Irán.39Dos días después, el Instituto de Humanidades y Estudios Culturales dijo que había recibido instrucciones del Consejo Supremo de la Revolución Cultural para reformar el plan de estudios de ciencias sociales.40

En octubre, al parecer, se prohibió la docencia a cinco profesores universitarios de prestigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alameh Tabatabai. Entre ellos estaba Mohammed-Reza Bighdeli, profesor de derecho internacional, de quien no se tiene noticia de que haya hecho comentarios sobre asuntos políticos.41

Esta intromisión en la enseñanza universitaria y el hostigamiento de docentes contravienen las obligaciones de Irán en virtud del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.42El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aclara en su observación general sobre este artículo que sólo es posible disfrutar del derecho a la educación si éste va acompañado de la libertad académica del personal docente, lo que a su vez exige la autonomía de las instituciones de educación superior.43 En particular, el Comité concluye:

[...] Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos. La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio.44

El mismo 4 de noviembre, el gran número de efectivos desplegados entre agentes vestidos de civil, milicias Basij y agentes antidisturbios no tardaron en chocar con las manifestaciones de estudiantes universitarios y otros en poblaciones de todo el país, como Teherán, Qazvin, Isfahán, Meshed, Tabriz, Shiraz, Kerman y Ahvaz. Más de 100 personas fueron detenidas en Teherán, entre ellas las activistas de los derechos de las mujeres Raheleh Asgarizadeh y Vahideh Moulavi, ambas liberadas el 11 de noviembre. En Isfahán, las fuerzas de seguridad causaron la muerte por disparos del estudiante Mehdi Nilforoushzadeh, según informes cuando intentaban detenerlo; la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional afirmó que investigaría el homicidio.

Estos hechos sólo son una indicación de que las autoridades están afianzando los métodos represivos empleados durante el periodo de elecciones. Otras señales preocupantes son los cambios en la estructura de las propias fuerzas de seguridad. En octubre se anunció que el Basij y la Guardia Revolucionaria Islámica se fusionarían en breve para formar la Fuerza Terrestre de Resistencia de la Guardia Revolucionaria Islámica. Al anunciar la fusión, el general de división Sayed Hassan Firouzabadi, jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, afirmó que “hay que transformar la estructura de la guardia Revolucionaria Islámica, y la organización Basij debe ocuparse de otros asuntos, como los asuntos intelectuales (kar e narm afzari) y el arraigo de la cultura Basij en la sociedad”.45En torno a las mismas fechas, Hossein Taeb, comandante del Basij que había apoyado la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad y que anteriormente había ocupado cargos en el Ministerio de Información y en la Oficina del Líder Supremo, se había convertido, según informes, en subdirector de Información de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El 9 de noviembre, el director de la rama estudiantil del Basij anunció la creación de 6.000 unidades Basij en escuelas primarias (que enseñan a niños y niñas de hasta 11 años de edad). Esta “semimilitarización” del entorno escolar aparentemente quebranta las obligaciones de Irán en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, en especial los artículos 3, 19, 29 y 38.46El artículo 38, en concreto, establece lo siguiente:

Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad.

3. Suprimida la libertad de expresión

Conforme se aproximaban las elecciones, las autoridades adoptaron medidas para reprimir la libertad de expresión. Se cerraron varios periódicos y se impusieron restricciones a algunos sitios web, entre ellos algunos relacionados con los derechos humanos y otros gestionados por emisoras internacionales.

En abril, el Ministerio de Información afirmó que su ministerio vigilaría atentamente todos los sitios en Internet, blogs y mensajes de texto para “cortar de raíz cualquier intento de perturbar las elecciones de junio”.47También en abril, un funcionario del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica afirmó:

Si los sitios web de Internet [...] cometen alguna infracción, por ejemplo, planteando el asunto de boicotear las elecciones, desacreditando o difundiendo rumores sobre algún candidato, serán bloqueados hasta el fin de los comicios y, una vez concluido el proceso, serán formalmente procesados.48

En mayo, las autoridades suspendieron brevemente el acceso a Facebook y Twitter.49

Cuando estallaron las protestas tras las elecciones, las autoridades reprimieron con mayor contundencia si cabe la libertad de expresión y el intercambio de ideas bloqueando la distribución de información relacionada con las manifestaciones. Se desconectaron redes de telefonía móvil y se interrumpieron las líneas terrestres. Se bloquearon y filtraron sitios de Internet, así como el acceso a YouTube, Facebook y otras redes sociales y a diversos servicios informativos en línea.50

Se impusieron restricciones a la circulación de periodistas extranjeros y se expulsó a algunos de ellos, como el corresponsal de la BBC en Irán, que fue acusado de difundir “informes y noticias falsas, faltar a la imparcialidad, apoyar a los insurgentes, atropellar los derechos de la nación iraní, fomentar los disturbios y provocar a la opinión pública”.51Al mismo tiempo, la BBC se quejó de interferencias en las transmisiones a Irán vía satélite de su servicio de televisión en persa, que habían sido rastreadas dentro del país.52

Otros trabajadores de medios de comunicación internacionales fueron detenidos, entre ellos Iason Athanasiades, periodista con doble nacionalidad grecobritánica, y Maziar Bahari, con doble nacionalidad iranocanadiense.53

Según contó Iason Athanasiades a Amnistía Internacional, el 5 de julio quedó en libertad después de permanecer recluido un total de 19 días en régimen de aislamiento, durante los cuales sus interrogadores lo habían abofeteado en varias ocasiones. Volvió a ser detenido en el aeropuerto de Teherán y conducido a una reunión con un coronel iraní y el embajador griego. En la reunión recibió presiones para firmar una declaración en la que “confesaba” haber puesto en peligro la seguridad nacional. Él se negó a hacerlo y como consecuencia estuvo recluido toda la noche; al día siguiente fue puesto en libertad y se marchó del país.

A Maziar Bahari lo detuvieron el 21 de junio en el domicilio de su madre unos agentes vestidos de civil que, según supo después, eran del departamento de información de la Guardia Revolucionaria Islámica. Parece ser que fue golpeado mientras estuvo bajo custodia y apareció “confesando” en uno de los “juicios espectáculo”. Quedó en libertad bajo fianza y obtuvo permiso para salir de Irán para reunirse con su esposa, que estaba a punto de dar a luz.54

Se intensificó la represión de los medios de comunicación iraníes. El 17 de junio, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica ordenó que dejaran de publicarse dos diarios de la oposición, Aftab e Yazdand Hayat e No. Decenas de periodistas fueron detenidos.55Se detuvo a toda la plantilla periodística del periódico Kalameh Sabz, fundado por Mir Hoseín Musavi este mismo año. Algunos de los periodistas detenidos continuaban privados de libertad sin ser juzgados en el momento de redactarse este informe, entre ellos Saeed Laylaz, redactor de Sarmayehdetenido el 17 de junio, y Bahman Ahmadi Amouie, detenido el 20 de junio junto con su esposa, la periodista Zhila Bani Yaghoub, que salió en libertad bajo fianza en agosto.56A otros los condenaron a penas de cárcel tras comparecer en “juicios espectáculo”.

Incluso después de haber remitido las protestas se siguieron imponiendo restricciones a la libertad de expresión. Se detuvo a más periodistas. Por ejemplo, Fariba Pajouh, corresponsal del servicio en persa de Radio France International a la que detuvieron el 22 de agosto. En el momento de redactarse este informe, seguía encarcelada en la prisión de Evín, la mayor parte del tiempo en régimen de aislamiento, sin cargos en su contra y sin acceso a un abogado. Su familia afirmó reiteradamente que ella les había dicho, en visitas y a través de llamadas telefónicas, que estaba sometida a una intensa presión para que “confesara actos inmorales”. Parte del tiempo estuvo recluida en una celda con Hengameh Shahidi, periodista y miembro del Partido de la Confianza Nacional, asesor de Mehdi Karrubi durante la campaña electoral, y que estuvo recluido entre el 30 de junio y el 1 de noviembre.

Los periodistas de otras ciudades no fueron inmunes a la persecución. Dos periodistas kurdos –Hassan Sheikh Aghaei, reportero y dibujante que había participado en actividades de campaña en apoyo de Mir Hoseín Musavi, y Ahmad Bahari, director de la publicación mensual Mahabad– fueron detenidos en Mahabad los días 18 y 22 de julio, respectivamente. A finales de agosto quedaron en libertad bajo fianza.57

En septiembre, el sitio web de noticias Entekhab, de signo reformista, cerró en señal de protesta por el bloqueo del sitio en al menos 11 ocasiones por parte de las autoridades, quienes en octubre prohibieron al menos tres periódicos: Farhang e Ashti, Arman e Ravabet e Omomi y Tahlil e Rooz.58El 2 de noviembre, la Junta de Supervisión de la Prensa59prohibió una destacada publicación de negocios, Sarmayeh, que había criticado la política económica del gobierno.60

En noviembre, el director general de la policía61anunció la creación de una unidad especial para vigilar los “ciberdelitos”, incluidos delitos políticos,62después de que el Ministerio de Información delegase en la policía parte de las labores de vigilancia de Internet.63El comandante Omidi, jefe del departamento de policía para los delitos de Internet, afirmó que la policía formaba parte de un comité de 12 miembros que actuaba bajo la supervisión de un fiscal.64

Tales medidas chocan frontalmente con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual el derecho a la libertad de expresión incluye la “libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Este derecho está sujeto a ciertas restricciones que deberán estar fijadas por la ley y ser estrictamente necesarias para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o para asegurar la protección de los derechos y libertades de terceros. Tales restricciones deben ser proporcionadas a un propósito legítimo y no deben poner en peligro el derecho en sí mismo ni recurrir a la discriminación, basada en la opinión política o de otra índole.65



4. Detención y reclusión arbitrarias para reprimir la disidencia

Al menos 4.000 simpatizantes de la oposición, probablemente muchos más, fueron detenidos arbitrariamente durante los disturbios que sacudieron Irán tras las elecciones. Desde entonces la mayoría ha quedado en libertad, pero posiblemente no menos de 200 seguían encarcelados en el momento de redactarse este informe. Entre las personas detenidas había muchas personalidades políticas asociadas a los equipos de campaña de los candidatos electorales Mir Hoseín Musavi y Mehdi Karrubi, además de periodistas, estudiantes, defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres y profesionales de la abogacía.66

A menudo las detenciones fueron efectuadas por personas vestidas de civil que no llevaban identificación alguna y en ocasiones no contaban con instrucción formal. El Código de Procedimiento Penal de Irán67faculta tanto a la policía como a las milicias Basij no uniformadas y a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica para practicar detenciones. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán puede asimismo capacitar a otros órganos o agencias para que lo hagan, si bien la base y el mecanismo no quedan claros en la legislación y no parece que exista el requisito de que las autoridades informen a la opinión pública sobre qué órganos poseen atribuciones para detener y privar de libertad a las personas. Por ejemplo, el personal del Ministerio de Información no figura en la ley como facultado para realizar detenciones, pero en virtud de estas disposiciones bien podrían haber sido investidos de tales atribuciones.

La falta de transparencia de este sistema da lugar a que se cometan abusos de autoridad en materia de detención, reforzando la práctica de la detención arbitraria, propiciada por unas disposiciones defectuosas del Código Penal. Además, la falta de transparencia y de vigilancia permite que las diversas fuerzas del Estado, en particular la milicia Basij, cometan impunemente violaciones de derechos humanos.

Shiva Nazar Ahari (véase infra), defensora de los derechos humanos detenida el 14 de junio, dijo de su detención a manos de agentes del Ministerio de Información:

Me mostraron un papel fotocopiado donde decía: “Desde las elecciones, algunas personas han querido provocar agitación y caos. Pedimos que se tomen medidas de inmediato [...] para identificar a los organizadores y colaboradores”. Me resultó muy extraño, y les pregunté: “¿esto que tiene que ver conmigo?” Me explicaron que era una orden general. Luego me llevaron al coche.68

Al parecer, durante el periodo electoral se llevaron a cabo multitud de detenciones, efectuadas por agentes vestidos de civil que no mostraban su identificación o sencillamente no tenían, y que tampoco explicaron las razones de la detención, verbalmente o por escrito.

En decenas de casos que han llegado al conocimiento de Amnistía Internacional, personas que habían sido víctimas de detención arbitraria, también a manos del Basij, sufrieron malos tratos antes de ser trasladadas a un centro de detención. La policía no cuestionó –y hasta les dio seguimiento– a las detenciones practicadas por personal del Basij, en parte debido a los privilegios de que disfruta ese cuerpo de voluntarios: su comandante es el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y es nombrado por el líder supremo de Irán.

Ali Kheradnejad (véase el Capítulo 6) contó lo siguiente a Amnistía Internacional en noviembre:

Me di cuenta de que ninguno de los agentes de policía llevaba placa de identificación alguna en sus uniformes. Como yo había hecho el servicio militar en la policía, sabía que eso era ilegal. Pregunté a uno de ellos por qué no llevaba la placa. Alguien me empujó por detrás y me dijo de malas maneras que no me preocupara, que eso no era asunto mío.

Unos metros más adelante, fue agredido por dos personas que blandían porras, y por una tercera que le roció espray de pimienta en los ojos; a continuación fue detenido. “Ahora me pregunto si no me detendrían por haber preguntado al policía por qué no llevaba identificación”.

la detención arbitraria en el derecho internacional

La detención y reclusión arbitrarias están prohibidas por el derecho internacional. El artículo 9.1 del PIDCP establece lo siguiente: “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha identificado tres categorías de detención arbitraria: las practicadas sin base legal alguna, las practicadas solamente por el ejercicio de derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de opinión y expresión, y de reunión y asociación pacífica, y las practicadas sin que los afectados fueran después juzgados con las debidas garantías, por lo que se convierte en una privación de libertad arbitraria. Así lo ha afirmado el Comité de Derechos Humanos: “Los Estados Partes no pueden en ningún caso invocar el artículo 4 del Pacto como justificación de actos que violan el derecho humanitario o normas imperativas de derecho internacional, por ejemplo, [...] la privación arbitraria de la libertad o la inobservancia de los principios fundamentales de juicio imparcial, en particular la presunción de inocencia”.69

Prácticamente todos los detenidos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación y sin acceso a abogados ni familiares, y sin cargos en su contra, durante periodos de diversa duración, a menudo en condiciones que constituían desaparición forzada.70A menudo no se informó a sus familias de la detención.71Tales prácticas vulneran las leyes y normas internacionales de derechos humanos, como el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias”.

Se mantuvo a las familias en la ignorancia intencionadamente sobre las horas y lugares para poder visitar a sus parientes detenidos, y a veces se les denegaron visitas en la cárcel cuando se les había dicho que fueran ese día a visitarlo, lo que aumentó su sufrimiento y tensión emocional. A menudo se exigían elevadas sumas de dinero para poner a la persona en libertad bajo fianza, que muchas familias no podían pagar.

Algunos detenidos, según informes, no fueron liberados aun después de que se hubiera pagado la fianza establecida. Eso le sucedió a Mohammad Ghouchani, periodista y director del diario Etemad e Melli.Fue detenido el 20 de junio en su domicilio por personal del Ministerio de Información y recluido sin cargos en la Sección 209 de la prisión de Evín, a pesar de la orden de liberación que se había emitido una vez que su familia hubo pagado la fianza fijada el 23 de agosto. Por fin quedó en libertad la madrugada del 30 de octubre, cuando, sin mediar explicaciones, lo arrojaron de un vehículo a las puertas de una empresa de servicio de taxi en Teherán.

La primera vez que unos familiares pudieron averiguar algo sobre su pariente detenido fue cuando éste apareció en televisión en un “juicio espectáculo” en agosto, y de ahí en adelante (véase el Capítulo 7). Para la familia de Ali Bikas, miembro del Comité Estudiantil de Defensa de los Presos Políticos y activista de los derechos de la minoría azerbaiyana de Irán, eso significaba que los habían mantenido en la ignorancia desde el momento de la detención, a mediados de junio, hasta su comparecencia ante un tribunal, el 1 de agosto, aparte de una breve llamada telefónica que realizó a un amigo para decirle que estaba recluido en la Sección 209 de la prisión de Evín.72En la práctica fue víctima de desaparición forzada durante más de un mes.

En ningún momento las autoridades iraníes publicaron una lista con los nombres de todos los detenidos en el periodo electoral y su paradero; de hecho, las distintas autoridades ofrecieron datos diferentes sobre el número de detenidos, lo que evidenciaba la dificultad de dar seguimiento a las detenciones realizadas por los diversos cuerpos de seguridad. Las autoridades han indicado que la mayoría de los detenidos han sido o serán acusados de una amplia variedad de delitos de ambigua definición relativos a la seguridad del Estado. Al menos 81 ya han sido condenadas a penas de entre 6 meses y 15 años de cárcel, y 5 han sido condenadas a muerte.

Entre las personas que seguían privadas de libertad en el momento de redactarse este informe había numerosos presos de conciencia, algunos de cuyos casos se describen con detalle más adelante. Amnistía Internacional considera que estas personas deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones. Los demás detenidos también deben ser liberados si no los van a acusar en breve de algún delito común reconocible y a juzgar con las debidas garantías.



Detenciones selectivas tras las elecciones

Desde el momento en que comenzaron las manifestaciones, las fuerzas de seguridad practicaron detenciones selectivas contra figuras de la oposición, intelectuales y periodistas en un intento evidente de acallar la disidencia. Cientos de ciudadanos corrientes que se echaron a las calles para expresar su opinión o su preocupación por las elecciones también fueron objetivos de detención.

Una de las personas detenidas el 13 de junio fue Mohammad Reza Jatamí, destacado miembro del Frente Islámico de Participación de Irán y hermano del ex presidente Jatamí. Quedó en libertad al poco tiempo. Mohsen Mirdamadi, otro miembro destacado del Frente, y Behzad Nabavi, fundador de la Organización Muyahidín de la Revolución Islámica, grupo político de signo reformista alineado con las posiciones del ex presidente Jatamí, también fueron detenidos. Ambos continuaban privados de libertad en el momento de redactarse este informe.

Al día siguiente, tres periodistas –Hoda Saber, Reza Alijani y Taghi Rahmani– que defienden la reforma política y social desde hace muchos años fueron detenidos y permanecieron recluidos durante dos días. Sus detenciones pronto fueron seguidas de las de decenas de periodistas, todos los cuales son presos de conciencia. Entre ellos estaban 20 de los 25 miembros de la plantilla del periódico Kalameh Sabz, fundado por Mir Hoseín Musavi este mismo año, a quien detuvieron en su oficina de la plaza de Haft-e Tir, en Teherán, el 22 de junio.

El 15 de junio, al menos 24 personas entre activistas políticos, estudiantes y profesionales de la salud fueron detenidas tras una manifestación pacífica en la plaza de Abresan, en Tabriz; entre ellas estaban: Leya Farzadi, doctora; Jalil Sharabiyanlou, cirujano; Ghaffar Farzadi, miembro destacado del Movimiento por la Libertad de Irán y profesor de la Universidad de Tabriz, y Rahim Yavari, activista del mismo movimiento. Al parecer, quedaron en libertad tras permanecer alrededor de una semana bajo custodia.73

Los estudiantes fueron blanco específico de las detenciones. Según informes, se detuvo a unos 133, muchos de los cuales sufrieron golpes y otras torturas durante un asalto brutal a la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán el 14 de junio.74Esa misma noche también fue atacado el campus universitario de Isfahán. El 15 de junio, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la residencia de estudiantes de la Universidad de Tabriz y detuvieron a 10 estudiantes que habían participado presuntamente en las manifestaciones. Al día siguiente, el activista y líder estudiantil Amir Mardaniestuvo entre los cientos de personas detenidas. En Shiraz, en el sur, las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno para abrirse paso hacia la biblioteca de la universidad y detuvieron a unos 100 estudiantes. En la ciudad de Babol, en el norte del país, parece ser que miembros del Basij y agentes armados vestidos de civil rodearon la Universidad de Babol y atacaron a los estudiantes en la residencia del campus. En Meshed, en el noreste, los informes indican que las fuerzas de seguridad atacaron y detuvieron a estudiantes. En Zahedán, en el sureste, se detuvo a dos estudiantes.

Al terminar la primera semana tras las elecciones, Amnistía Internacional había documentado los nombres de unas 200 personas –políticos, periodistas, personas del entorno universitario, estudiantes y defensores de los derechos humanos– que habían sido detenidas, algunas por un breve periodo, en todo Irán. Para mediados de agosto se habían reunido más de 700 nombres, aunque indudablemente sólo era un porcentaje del número total real.75

Entre ellos había ocho dirigentes políticos, todos ellos presos de conciencia: Mohammad Ali Abtahi, dirigente religioso musulmán y asesor del ex presidente Jatamí; Mohsen Aminzadeh, miembro destacado del Frente Islámico de Participación de Irán; Saeed Hajjarian, periodista que va en silla de ruedas desde un intento de magnicidio en el año 2000 y que es asesor del ex presidente Jatamí; Behzad Nabavi (véase supra), miembro fundador de la Organización Muyahidín de la Revolución Islámica, organización política alineada con el ex presidente Jatamí; Abdollah Ramazanzadeh, líder adjunto del Frente Islámico de Participación de Irán y ex portavoz del gobierno del presidente Jatamí; Mostafa Tajzadeh, viceministro de Interior del gobierno del ex presidente Jatamí; Mohammad Atrianfar, también viceministro del Interior y asesor presidencial en el gobierno del ex presidente Jatamí, y Mohammad Tavassoli, miembro destacado del Movimiento por la Libertad de Irán.

Ebrahim Yazdi, primero ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán e importante miembro del Movimiento por la Libertad de Irán, fue detenido el 17 de junio en el hospital de Pars, donde estaba recibiendo tratamiento. Más tarde fue liberado y volvió al hospital.76

Entre las personas que seguían recluidas en el momento de redactarse este informe están Mohammad Maleki, erudito jubilado de 76 años y preso de conciencia. Lo detuvieron el 22 de agosto en su domicilio cinco agentes de los servicios de Información, que registraron la vivienda y confiscaron algunos bienes. Pese a su precario estado de salud –tiene cáncer, problemas cardíacos, diabetes y no puede caminar sin ayuda–, lo llevaron a la prisión de Evín, donde a menudo se priva a los reclusos de la asistencia médica que necesitan. Está recluido sin cargos y el 22 de octubre se renovó la orden inicial de detención de dos meses sin explicación alguna. Los agentes que lo detuvieron le dijeron a su esposa que lo estaban investigando por provocar disturbios y por presuntos vínculos con la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán –grupo de oposición prohibido con base en el extranjero–, que es la acusación esgrimida normalmente contra los detenidos. Antes de las elecciones, el 25 de mayo, Mohammad Maleki había ayudado a fundar una nueva organización, Solidaridad para la Democracia y los Derechos Humanos en Irán.77

Morteza Alviri, ex alcalde de Teherán y asesor de Mehdi Karrubi durante las elecciones, además de miembro del Comité de Seguimiento de Personas Heridas y Detenidas en los Acontecimientos Recientes, fue puesto en libertad bajo fianza el 31 de octubre después de permanecer casi ocho semanas en detención.78

Persecución de personas vinculadas a países extranjeros

Reino Unido desde luego ha tenido que ver en los recientes disturbios y la crisis del país, y el papel representado por su embajada y el centro de operaciones de la BBC sobre la crisis es demasiado evidente para poder negarlo.

Esmail Ahmadi Moghaddam, director general de la policía, 9 de julio de 200979

Tras los primeros días de protestas, el gobierno acusó públicamente a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido de estar detrás de los disturbios, que según afirmaron formaban parte de un plan dirigido a provocar una revolución “blanda” o “de terciopelo” para derrocar al gobierno. Además de la campaña represiva contra periodistas extranjeros (véase el Capítulo 3), personas que tenían vínculos con Estados Unidos, Reino Unido y otros países se convirtieron en objetivo de las detenciones.

Los nueve miembros del personal de la Embajada de Reino Unido fueron detenidos el 27 de junio. Todos habían sido liberados para el 19 de agosto, pero Hossein Rassam, principal analista político de la embajada, “confesó” bajo coacción durante uno de los “juicios espectáculo” haber actuado “contra la seguridad del Estado”. Fue condenado a cuatro años de cárcel. Su causa sigue en fase de apelación.80

Kian Tajbakhsh, sociólogo con doble nacionalidad iranoestadounidense, fue detenido el 9 de julio. Recluido en régimen de aislamiento durante la mayor parte del tiempo que estuvo detenido, compareció en un “juicio espectáculo” por espionaje, cooperación con un gobierno enemigo y actos contra la seguridad nacional. Fue condenado a 15 años de prisión en octubre, la pena de cárcel más dura impuesta hasta la fecha.81

Al menos hay cargos pendientes contra otras cuatro personas. Un empleado de la embajada francesa, Nazok Afshar, que tiene doble nacionalidad iranofrancesa, fue puesta en libertad el 11 de agosto, después de comparecer en una sesión de un “juicio espectáculo”. Las autoridades francesas no supieron que estaba detenida hasta que la vieron por televisión durante la sesión judicial.

Clothilde Reiss, ciudadana francesa, fue detenida el 1 de julio en el aeropuerto de Teherán cuando iba de camino a Francia. Quedó en libertad bajo fianza el 16 de agosto después de “confesar” en uno de los “juicios espectáculo” que había actuado “contra la seguridad nacional” participando en las manifestaciones de Isfahán, localidad en la que ejercía de maestra, recopilando noticias e información y enviando fotografías de las manifestaciones a una persona con quien tenía amistad en Teherán. Tras la sesión del juicio, el embajador de Irán ante Francia la acusó de espionaje, aseveración que el gobierno francés rechazó. En septiembre, el presidente Mahmud Ahmadineyad insinuó que su suerte dependía de la liberación de varios iraníes encarcelados en Francia. Su juicio seguía abierto en noviembre.82

Bijan Khajehpour Khoei, consultor empresarial, fue en la práctica víctima de desaparición forzada alrededor de un mes, cuando llegó al aeropuerto de Teherán el 27 de junio tras un viaje a Viena y Londres. Sus familiares no tuvieron más información sobre su paradero que unas cuantas llamadas telefónicas breves y confusas, hasta que les permitieron visitarlo en la prisión de Evín. Quedó en libertad bajo fianza el 30 de septiembre.

Majid Zamani, quien estudió en Estados Unidos y trabajó para el Banco Mundial antes de regresar al servicio público de Irán en 2007, fue detenido el 23 de junio y permaneció cinco meses privado de libertad, hasta que en noviembre lo pusieron en libertad bajo fianza. Inicialmente fue acusado de actuar contra la seguridad nacional, injuriar al presidente y reunir información con la intención de difundirla al extranjero, utilizando como pruebas en su contra los estudios realizados en Estados Unidos y su empleo en el Banco Mundial, entre otras. Los cargos se retiraron antes de su liberación, pero aún se enfrenta a la acusación de “alterar el orden público”.

Además de estas personas, al menos se detuvo a un belga y un alemán. En el momento de redactarse este informe, el belga continuaba privado de libertad sin juicio.



Hostigamiento de familiares

El acoso a los familiares de destacados dirigentes religiosos musulmanes, dirigentes políticos y periodistas no tardó en ser parte integrante de la campaña gubernamental para reprimir la disidencia. Esta forma de abuso, practicada desde hace tiempo, fue especialmente intensa en el periodo inmediatamente posterior a las elecciones, pero ha continuado hasta la fecha.

Shahpour Kazemi, de 62 años, cuñado de Mir Hoseín Musavi, fue detenido en Teherán poco después de las elecciones y en el momento de redactarse este informe continuaba recluido sin juicio. Su hermana, Zahra Rahnavard, afirmó que lo habían detenido como medio de presionarlos a ella y a su esposo para que admitieran públicamente los resultados de la elección presidencial del 12 de junio de 2009. Tras permanecer recluido en la prisión de Evín durante más de 60 días en régimen de aislamiento, en octubre contó a su madre que lo habían trasladado a un apartamento en un lugar desconocido de Teherán. Su hermano mayor, Shahin, también fue detenido en agosto en un intento de presionar a la familia.83

Faezeh Hachemí Rafsanyani, hija del ayatolá Alí Akbar Hachemí Rafsanyani, fue detenida junto con otras cuatro mujeres de su familia en una manifestación celebrada en Teherán el 20 de junio y recluida durante un breve periodo. Las autoridades afirmaron posteriormente que la habían puesto bajo custodia “por su propia seguridad”, aunque ella luego lo negó y aseguró que la habían detenido en la calle unos agentes que afirmaban tener una orden de detención contra ella. Faezeh afirmó que en los interrogatorios la habían acusado de organizar y participar en las manifestaciones, y negó que eso fuera cierto.84

El 17 de septiembre, Mehdi Mirdamadi, hijo de Mohsen Mirdamadi –secretario general del Frente Islámico de Participación de Irán–, fue detenido en su domicilio y estuvo recluido durante tres semanas al menos.85 En el momento de redactarse este informe, el propio Mohsen Mirdamadi continuaba privado de libertad desde su detención en junio.

Tres nietos del ayatolá Montazeri, destacado dirigente religioso musulmán disidente, fueron detenidos el 15 de septiembre junto con el hijo de otro célebre dirigente religioso, ayatolá Hoseín Musavi Tabrizi, secretario de la Asociación de Investigadores y Docentes del Centro Teológico de Qom, que ha emitido declaraciones en las que denunciaba las detenciones, los “juicios espectáculo” y las torturas. Ese mismo día se detuvo a los hijos menores de edad de otros dos dirigentes religiosos que pertenecen a la Asociación. A pesar de que los menores no eran clérigos como su progenitor, todos fueron detenidos por orden del Tribunal Especial para el Clero.86Uno de los nietos del ayatolá Montazeri quedó en libertad el 16 de septiembre; los demás, al parecer, quedaron en libertad bajo fianza el 18 de septiembre, pasadas las concentraciones del Día de Qods.

Sayed Mehdi Mousavinejad, de 27 años, estudiante de ciencias religiosas en Qom y cuñado de Mohammad Ali Abtahi, jefe del estado mayor del ex presidente Jatamí, fue detenido el 17 de septiembre después de que agentes de seguridad saquearan su vivienda y destruyeran sus pertenencias. Más tarde quedó en libertad bajo fianza.87La nuera de Mohammad Ali Abtahi también estuvo detenida un breve periodo: unos agentes vestidos de civil dijeron lo siguiente a su hija de 11 años, Farideh: “Dile a tu mamá que no hable”.

Mehdi Shirzad y Hossein Naiemipour, hijos de dos destacados miembros del Frente Islámico de Participación de Irán que tomaron parte activa en la campaña de Mir Hoseín Musavi, fueron detenidos en septiembre poco antes de las concentraciones del Día de Qods y estuvieron recluidos hasta el 9 de noviembre.

Entre otros familiares de personalidades políticas acosados estuvo la esposa de Mehdi Shirzad, Sarah Azimi,detenida un breve periodo tras participar el 22 de octubre en una ceremonia de oración en favor de Shahaboddin Tabatabaei. También entre las 70 personas detenidas aproximadamente estaban Nasrin Akbari y Mohadeseh Mohaymani, esposa e hija, respectivamente, de Mohammad Hashem Mohaymani, alto cargo del Ministerio de Interior del gobierno del ex presidente Jatamí. Quedaron en libertad poco después, pero otros continuaban detenidos en el momento de redactarse este informe.

Agentes de seguridad han acosado también a familiares de personas que han denunciado abusos. Tras declarar ante el Comité de Seguimiento de Personas Heridas y Detenidas en los Acontecimientos Recientes, establecido por los candidatos presidenciales Mir Hoseín Musavi y Mehdi Karrubi para investigar casos de violaciones de derechos humanos (véase el Capítulo 8), agentes armados de las fuerzas de seguridad, muchos en motocicleta, rodearon la vivienda de Ebrahim Sharifi gritando amenazadoras consignas.



Persisten los mismos patrones de DETENCIÓN

Tanto los estudiantes, que empezaron a organizar protestas semanales en la relativa seguridad de su campus universitario tras la inauguración del nuevo año académico en septiembre, como los opositores políticos al gobierno, seguían siendo objetivos de detención, al igual que los miembros de otros colectivos que se consideraba que cuestionaban a las autoridades.

Han detenido a compañeros y compañeras por su trabajo dedicado a promover la justicia y el Estado de derecho y a defender los derechos humanos de la población de Irán [...] Ahora languidecen en prisión, como tantos otros en mi país, por defender valores universales: los derechos a la libertad de opinión y de expresión, y a hacer constar la propia queja por medios pacíficos y sin miedo a ser detenidos o atacados por fuerzas de mano dura como el Basij.

Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz 2003, 28 de julio de 200988

Los defensores de los derechos humanos, objetivo específico de detención arbitraria durante los disturbios postelectorales, estaban tan expuestos a sufrir acoso y persecución como lo están desde hace años. Abdolfattah Soltani, abogado y defensor de los derechos humanos, fue detenido el 16 de junio en su despacho por cuatro agentes de seguridad vestidos de civil.89Es miembro del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, fundado en 2002 por abogados de prestigio, entre ellos Shirin Ebadi, y clausurado a la fuerza en diciembre de 2008. En el acta de acusación formal del primer “juicio espectáculo” (véase el Capítulo 7) se afirmaba que el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos había “tenido un importante grado de responsabilidad en el caos postelectoral”. Quedó en libertad bajo fianza el 26 de agosto90y en octubre se le prohibió viajar a Alemania para recibir un premio de derechos humanos.91

Mohammad Mostafaei, abogado y defensor de los derechos humanos, fue detenido en Teherán el 25 de junio por agentes de seguridad vestidos de civil e informado de que estaba acusado de “conspirar contra la seguridad del Estado” y “difundir propaganda contra el sistema”. El 1 de julio salió en libertad de la Sección 209 de la prisión de Evín tras el pago de mil millones de riales (unos 102.000 dólares estadounidenses). Es bien conocido por hacer campaña en contra de la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.92

El abogado de derechos humanos Mohammad Ali Dadkhah, miembro del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, fue detenido el 8 de julio 2009 en su despacho en Teherán junto a varios colegas. Algunos de éstos fueron liberados al poco tiempo, pero Mohammad Ali Dadkhah permaneció recluido en la prisión de Evín hasta el 14 de septiembre, en que salió en libertad bajo fianza; durante al menos tres semanas no se tuvo conocimiento de su paradero. Al comienzo de los “juicios espectáculo” se alegó que habían encontrado en su domicilio armas, munición y “documentos que evidenciaban la comunicación con países extranjeros con el propósito de crear caos”.93

La defensora de los derechos humanos Shadi Sadr, abogada y periodista, fue detenida arbitrariamente el 17 de julio, al parecer por sus actividades relacionadas con los derechos humanos en el periodo posterior a las elecciones. Caminaba junto a un grupo de activistas de los derechos de las mujeres por una concurrida calle cuando unos hombres sin identificar vestidos de civil la introdujeron a la fuerza en un automóvil y la golpearon mientras la conducían a un lugar desconocido. Quedó en libertad bajo fianza de 50 millones de tomanes (50.000 dólares estadounidenses). Aunque no fue mencionada en el juicio, su nombre sí se citaba en el acta de acusación general que se leyó en el primer “juicio espectáculo” como parte del movimiento de mujeres implicado en la supuesta “revolución de terciopelo” (véase el Capítulo 7).94

La periodista Shiva Nazar Ahari, autora de un blog y miembro del Comité de Reporteros de Derechos Humanos y otros grupos de derechos humanos, fue detenida el 14 de junio en su lugar de trabajo en Teherán. Las fuerzas de seguridad habían registrado su domicilio la noche anterior en su ausencia y habían confiscado algunas de sus pertenencias. Quedó en libertad bajo fianza el 23 de septiembre.95En una entrevista ofrecida al Comité de Reporteros de Derechos Humanos tras su liberación afirmó que, cuando la detuvieron,

[...] los cargos sobre los que me informaron el 15 de junio eran los de poner en peligro la seguridad nacional al estar afiliada a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI) y organizar protestas multitudinarias o, como decían ellos, los disturbios. Ahora bien, aún no he podido contestarme a la pregunta de cuál de ellos encaja realmente en mi trayectoria y mi trabajo. Pero, aparentemente, esta vez, estos cargos eran los mismos o parecidos a los formulados contra la mayoría de la gente. Entonces me di cuenta de que, para ellos, todo el mundo pertenece al PMOI si no se demuestra lo contrario. La idea de que yo no estuviera afiliada al PMOI no les cabía en la cabeza a los agentes.

Pero luego, durante los interrogatorios, surgieron nuevos cargos. Por ejemplo, los de actuar contra la seguridad al pertenecer a grupos ilegales, ofrecer entrevistas a medios de comunicación extranjeros y crear el caos organizando protestas masivas y participando en ellas.96

Ali Bikas (véase el Capítulo 4),periodista, miembro del Comité Estudiantil de Defensa de los Presos Políticos y activista de los derechos de la minoría azerbaiyana de Irán, fue detenido en Teherán a mediados de junio. Permanece recluido en la Sección 209 de la prisión de Evín y, según la información de que disponía Amnistía Internacional en el momento de redactarse este informe, no ha recibido visitas de familiares ni se le ha permitido contactar con un abogado desde su detención.97

Naseh Faridi, otro miembro del Comité Estudiantil de Defensa de los Presos Políticos, fue detenido el 15 de junio y puesto en libertad bajo fianza de 500 millones de riales (50.000 dólares estadounidenses) en torno al 1 de septiembre. En un acta de acusación formal, publicada por la agencia de noticias Fars el 1 de agosto, se lo acusaba de pasar información a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán y de otras actividades relacionadas con su trabajo de derechos humanos, como hablar con medios de comunicación extranjeros. Después de su liberación parece ser que lo han emplazado repetidamente ante un tribunal sólo para comunicarle que debía regresar otro día, y ha recibido llamadas telefónicas de personas desconocidas que le advirtieron que si continuaba con sus actividades de derechos humanos tendría que enfrentarse a una dura condena.98

Las mujeres defensoras de los derechos humanos, que se han mostrado especialmente activas en los últimos años, se enfrentaron a represalias por sus actividades pacíficas antes y durante las elecciones, y este patrón de represión aún persiste. El movimiento de mujeres se citaba como parte de la “revolución de terciopelo” en el acta de acusación formal leída en el primer “juicio espectáculo” (véase el Capítulo 7).

Entre las que eran objeto de especial persecución había simpatizantes de la Campaña por la Igualdad, iniciativa pro derechos de las mujeres que se puso en marcha en 2006. Sus voluntarias intentan reunir un millón de firmas para pedir el fin de la discriminación de la mujer en la legislación de Irán, como la exclusión de áreas clave del Estado, lo que incluye postularse para la presidencia, así como en los ámbitos del matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Aunque la Campaña por la Igualdad lleva a cabo sus actividades de plena conformidad con la ley, las autoridades han puesto trabas a su trabajo y han reprimido a sus activistas. Han bloqueado regularmente el acceso al sitio web principal de la campaña, han denegado con frecuencia el permiso colectivo para celebrar reuniones públicas, han impedido a sus activistas viajar al extranjero o las han citado para interrogarlas, y al parecer han estado detrás de llamadas telefónicas amenazadoras. Más de 60 activistas han sido detenidas y en la actualidad hay tres bajo custodia: Alieh Aghdam Doust, Ronak Safarzadehy Zeynab Beyezidi.

Kaveh Mozaffari, periodista y miembro del Comité de Hombres de la Campaña, estaba bajo custodia cuando se celebraron las elecciones, ya que lo habían detenido el 1 de mayo en una concentración pacífica para celebrar el Día Internacional del Trabajo. Quedó en libertad bajo fianza el 24 de junio, pero volvieron a detenerlo el 9 de julio cuando regresaba de intentar llevar a su suegra al hospital. Fue puesto en libertad bajo fianza el 17 de agosto.

En octubre, las autoridades renovaron los actos de hostigamiento a miembros de la campaña. Al menos 10 recibieron citaciones por escrito para presentarse ante un juez, entre ellos Kaveh Mozaffari y su esposa, Jelveh Javaheri, detenida en varias ocasiones y declarada culpable al menos dos veces, la más reciente en octubre de 2009, cuando la condenaron a seis meses de cárcel por “negarse a obedecer órdenes de la policía con la intención de perturbar la seguridad nacional” después de haberle impedido acudir a un seminario para celebrar un día de solidaridad con las mujeres iraníes en junio de 2008.

También los sindicalistas son objetivo específico de detención arbitraria y procesamiento. Se permite a los trabajadores formar Consejos Islámicos del Trabajo en las empresas con más de 50 trabajadores, pero no pueden formar sindicatos independientes ni organizaciones sindicales de otra índole. Quienes fundan sindicatos independientes sufren duras medidas de represión.

En abril de 2009, cinco dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Azucarera de Haft Tapeh fueron condenados a penas de entre cuatro y seis meses de cárcel por “difundir propaganda contra el sistema” en relación con unas entrevistas que habían ofrecido a periodistas extranjeros el Día Internacional del Trabajo de 2008 acerca de las condiciones laborales en la fábrica. Ali Nejati, Jalil Ahmadi, Fereydoun Nikufar, Qorban Alipour y Mohammad Haydari Mehr fueron encarcelados en noviembre, una vez ratificadas sus condenas en apelación.

Con su encarcelamiento se eleva a siete el número de sindicalistas independientes recluidos en la actualidad. Mansour Ossanlu y Ebrahim Madadi, miembros destacados del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Autobuses de Teherán y los Suburbios, cumplen penas de cinco y tres años de cárcel, respectivamente, en relación con sus actividades sindicales. Ambos son presos de conciencia. A Mansour Ossanlu –cuyo nombre también figuraba en el acta de acusación general que se leyó en la primera sesión de los “juicios espectáculo”– se le ha denegado asistencia médica bajo custodia pese a estar enfermo.

Miembros de las minorías étnicas y religiosas de Irán siguen siendo blanco de detención arbitraria y otras medidas represivas, un patrón de abuso observado durante décadas. Entre los objetivos hay ahwazíes (árabes iraníes), baluchis, kurdos y miembros de la minoría azerbaiyana.

Desde las elecciones, muchos miembros de comunidades minoritarias han sido detenidos, algunos en relación con las protestas electorales, algunos por otras razones. Por ejemplo, Ammar Goli, estaba entre las decenas de kurdos que, según informes, fueron detenidos en Sanandaj el 12 de noviembre durante las protestas por la ejecución de Ehsan Fattahian realizada la víspera. También kurdo, Ehsan Fattahian había sido condenado inicialmente a 10 años de cárcel por pertenencia a Komala, grupo de oposición kurdo de signo izquierdista, pero en la vista de apelación habían elevado la pena y había sido condenado a muerte. No se le había dado ocasión de recurrir contra la sentencia. La ejecución de Ehsan Fattahian pudo haberse programado como represalia por una ola de atentados contra jueces y cargos públicos en la provincia de Kurdistán en septiembre, que se saldó con tres muertes. Amnistía Internacional condenó estos ataques.

Ammar Goli es hermano de Yaser Goli,secretario de la Unión Democrática de Estudiantes Kurdos detenido el 17 de octubre de 2007. En febrero de 2009 fue ratificada en la vista de apelación la condena a 15 años de cárcel impuesta a Yaser Goli, que debería cumplir en el exilio interno, por “enemistad con Dios” y “difundir propaganda contra el sistema” debido a su presunta vinculación a un grupo kurdo de oposición prohibido. Su abogado afirmó que no se habían presentado pruebas que demostraran acusaciones tan graves. Sus familiares también han sufrido acoso por expresar públicamente su preocupación por la detención de Yaser Goli y su situación bajo custodia.99

Sólo tres minorías religiosas –cristiana, judía y zoroastriana– están autorizadas por la Constitución de Irán a practicar su fe. Los adeptos a grupos religiosos no reconocidos, como los bahaíes y los miembros de Ahl-e Haq, están especialmente expuestos a sufrir discriminación u otros abusos contra los derechos humanos. Los conversos del islam y los cristianos evangélicos que hacen proselitismo, así como los musulmanes sunníes (la mayoría pertenecientes a minorías étnicas de Irán), también son víctimas de represión.

Por ejemplo, seis personas fueron detenidas tras los registros practicados en los domicilios de 12 bahaíes en Teherán el 14 de enero de 2009. Uno de ellos quedó en libertad al poco tiempo, pero los otros cinco permanecieron unos dos meses recluidos en la prisión de Evín antes de ser puestos en libertad bajo fianza.100Siete dirigentes de la comunidad bahaíMahvash Sabet, Fariba Kamalabadi Taefi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahmcontinúan privados de libertad en la prisión de Evín desde que fueron detenidos en marzo y mayo de 2008. Su juicio, probablemente por cargos que pueden comportar la pena de muerte, se ha aplazado al menos en dos ocasiones, y los acusados no han tenido acceso a un abogado de su elección.101

Dos cristianas conversas, Maryam Rostampoury Marzieh Amirizadeh Esmaeilabad,salieron en libertad de la prisión de Evín el 18 de noviembre. Recluidas desde marzo de 2009, habían sido absueltas de “actuar contra la seguridad del Estado” en octubre por un Tribunal Revolucionario, pero siguen acusados de “proselitismo” y “apostasía” ante un Tribunal General. Tales cargos no figuran en el Código Penal, pero la legislación iraní establece que los jueces deben aplicar su conocimiento de la ley islámica para resolver las causas sobre las cuales no existan disposiciones en la ley codificada. Esto parece contravenir el artículo 15 del PIDCP, que prohíbe el procesamiento por delitos que no eran tales en el momento de cometerse.102

El pueblo iraní lleva decenios sumida en el miedo a la detención y la reclusión arbitrarias. Hay señales preocupantes de que esta constante de violaciones de derechos humanos, que pone en entredicho tantos otros derechos y libertades, está siendo reforzada por un Estado decidido a aplastar las voces disidentes. La legislación y la práctica de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben estar en consonancia con las normas internacionales para que la población de Irán deje de temer su detención, tortura, encarcelamiento y muerte por ejercer pacíficamente sus libertades fundamentales.

5. Homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza

El 20 de junio, bien entrada la mañana, “A” caminaba lentamente de la mano de dos primas por la calle Azadi, en dirección a la plaza del mismo nombre.103La manifestación discurría pacíficamente. “A” contó a Amnistía Internacional que, de pronto, se toparon con una riada de personas que corrían hacia ellas intentando escapar de una carga policial de motocicletas. Los motoristas conducían de forma temeraria entre la multitud y llevaban como pasajeros a agentes de policía antidisturbios con los rostros cubiertos con máscaras, que golpeaban a los manifestantes con sus porras.

Recibí dos porrazos, uno en la cabeza y otro en el cuello, que me hicieron doblarme por la cintura. Algunas personas que se encontraban allí me apartaron a un lado de la calzada ya que casi no podía andar. Para entonces, el gas lacrimógeno disperso en el aire nos quemaba el rostro.

En la conversación que mantuvo con Amnistía Internacional fuera de Irán, “A” declaró que sabía que no podía acudir a una clínica:

Mi cuñada es enfermera y me contó que al hospital habían llegado ambulancias pertenecientes a los servicios de seguridad y se habían llevado a muchas personas heridas, algunas mientras estaban siendo atendidas por el personal médico.

Muchas personas que participaron en las manifestaciones aseguran que personal armado y sin uniformar, en su opinión miembros de la milicia Basij, hicieron uso excesivo de la fuerza contra ellas, aun cuando las protestas eran totalmente pacíficas. A menudo se recibía a los manifestantes con gas lacrimógeno, cargas con porras, cargas de motocicletas y, en ocasiones, con fuego real. Esas acciones constituyen una clara violación del artículo 22 del PIDCP, que garantiza el derecho de reunión pacífica.104En agosto la policía reconoció que se habían presentado 433 denuncias contra la policía por “conducta indebida” durante las protestas, aunque probablemente esta cifra no incluía las denuncias presentadas contra las milicias Basij.105

Las autoridades han afirmado que 36 personas, incluidos miembros del Basij,106murieron durante los disturbios postelectorales;107la oposición, a fecha de 5 de septiembre, elevó la cifra a 72.108Según el sitio web Norooz, las autoridades mostraron a las familias de las personas que desaparecieron después de las protestas varios álbumes que contenían fotografías de centenares de cadáveres en morgues improvisadas.109El periódico británico The Times tuvo acceso a la documentación recopilada por la oposición, que indica que al menos se dio muerte a 200 manifestantes en Teherán y a 173 en otras ciudades.110Más de la mitad de estas personas perdieron la vida en las calles. Seguía sin conocerse la suerte que habían corrido más de 50 personas.





LA MILICIA Basij

El Basij es una fuerza paramilitar integrada por voluntarios de ambos sexos que fue fundada por el ayatolá Jomeini en 1979 para promover los objetivos de la Revolución Islámica y está bajo el control de la Guardia Revolucionaria. Su función principal es mantener el orden público, suprimir la disidencia y promover el código de conducta islámico. En la práctica es una fuerza policial en la sombra, y sus miembros rara vez tienen que rendir cuentas de sus actos. El jefe de esta fuerza da instrucciones a los mandos, que cobran un sueldo, quienes a su vez transmiten las órdenes a la red de voluntarios. A lo largo de los años, las milicias Basij han atacado con frecuencia a manifestantes.

No se tiene conocimiento de que los miembros de las milicias Basij reciban formación para realizar labores policiales acordes con las normas internacionales por las que se rige la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De hecho, Amnistía Internacional ha recibido un informe sin confirmar –aunque digno de crédito– de un familiar de un guardia revolucionario, según el cual el Basij tenía órdenes de dispersar las manifestaciones utilizando “cualquier medio necesario” y de actuar para sembrar la confusión, el caos y el miedo entre los manifestantes atacándolos indiscriminadamente con porras o efectuando disparos entre la multitud, un modo de proceder acorde con las numerosas descripciones y el material grabado de las acciones de las milicias Basij durante las manifestaciones. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades iraníes a poner fin de inmediato al uso del Basij en las labores de control de las manifestaciones.

Los informes recibidos también apuntaban a que se habían enterrado clandestinamente 44 cadáveres durante la noche en tumbas anónimas de la Sección 302 del cementerio de Behesht-e Zahra, en Teherán.111Tras conocerse las inhumaciones, Mahmoud Rezayan, director del cementerio, afirmó que los pesquisidores (coroners) habían certificado que los cuerpos pertenecían a personas desconocidas que habían fallecido en accidentes de automóvil o por sobredosis de estupefacientes. Sin embargo, los documentos a los que ha tenido acceso The Times contienen declaraciones de pesquisidores que contradicen esta afirmación.112

El 25 de agosto, uno de los miembros de la Comisión Parlamentaria sobre el Artículo 90, que puede atender denuncias de particulares contra funcionarios del Estado, solicitó la apertura de una investigación oficial sobre los “rumores”. Horas más tarde, al saber que la Sección 302 iba a ser pavimentada, una delegación de miembros del Parlamento visitó el cementerio.113El alcalde ordenó la destitución del director del cementerio.114Varios días más tarde, autoridades municipales de Teherán afirmaron que investigarían las denuncias de enterramientos secretos,115pero desde entonces no se ha emitido ningún comunicado nuevo.

Esa falta de transparencia por parte de las autoridades hace pensar que la cifra real de muertes quizás nunca llegue a conocerse. También se han impedido las investigaciones de ONG y de otras entidades. Como se muestra infra, las familias han sido conminadas a no hablar en público de la muerte de sus seres queridos o de los daños que sufrieron, y en algunos casos se les ha obligado a decir que su familiar murió por causas naturales. Otras personas han sido mostradas en televisión afirmando que eran las personas fallecidas.



A pesar de todos los ataques, la milicia Basij nunca utilizó armas y sus miembros sólo portaban equipo autoprotector […] Cuando atacaron nuestra base con piedras y granadas de mano, nuestros hermanos soportaron la agresión durante más de tres horas […] Pero llegó un momento en que la base se derrumbó. Por desgracia, una madre y una hija inocentes se convirtieron en mártires. Y los informes de los expertos muestran que los disparos no provenían de la parte de nuestros muchachos […]

Abdollah Eraghi, Jefe de la Guardia Revolucionaria de Gran Teherán, 26 de agosto de 2009”116



Sin embargo, han salido a la luz numerosos indicios de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad, en especial de la milicia Basij. Además de los habituales relatos de testigos, los manifestantes y transeúntes utilizaron de forma generalizada sus teléfonos móviles para grabar algunos de los incidentes. El material grabado de la invasión de la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán el 14 de junio muestra a varios hombres vestidos de negro y armados con palos y otras armas persiguiendo y agrediendo a los estudiantes, quienes posteriormente los identificaron como miembros del Basij.117Un vídeo grabado el 15 de junio muestra a un miembro de la milicia Basij disparando hacia los manifestantes desde un edificio utilizado por el grupo paramilitar; al menos siete personas murieron ese día. También se grabó la muerte de Neda Agha Soltan (véase infra).

Se sabe que los días 14, 15 y 20 de junio, el 9 de julio y posiblemente en otras fechas se realizaron disparos contra los manifestantes. El 15 de junio en Teherán, por ejemplo, miembros del Basij abrieron fuego en los distritos de Velenjak, Jordan y Darous de la capital al término de una concentración. Una persona murió y otras muchas resultaron heridas, según los informes. Un médico describió así lo que había presenciado el 20 de junio:118

Soy médico y desde el interior de la ambulancia vi a dos miembros de la milicia Basij, armados con fusiles Kalashnikov y pistolas G3, disparando directamente a la gente desde el tejado de la mezquita de Lolagar, frente a la estación de metro de Navvab. Con mis propios ojos vi cómo el cerebro de un muchacho se desparramaba sobre las plataformas negras que hay frente al metro.

Vi […] a tan sólo unos metros de distancia, cómo un joven era alcanzado en la garganta por un cartucho de gas lacrimógeno que había sido disparado directamente y a propósito contra él. La sangre brotó de la garganta del muchacho, que cayó al suelo y murió.

Vi a una muchacha desplomarse en el asfalto después de que un miembro del Basij la golpease brutalmente con una cadena.

El 22 de junio, la Fiscalía General de Teherán afirmó que había iniciado una investigación sobre los homicidios perpetrados durante las manifestaciones del 20 de junio.119Amnistía Internacional no ha tenido conocimiento de que se haya hecho público ningún resultado.

Según los informes, el 25 de junio, Yaqoub Barvayeh, estudiante de 27 años, murió a consecuencia de los disparos realizados por miembros de la milicia Basij desde el tejado de la mezquita de Lolagar, en Teherán.120Murió en el hospital. Su familia afirma que se encontraban junto al cadáver cuando miembros del Basij se lo llevaron a la fuerza; dos días después les dijeron dónde habían enterrado el cuerpo.121

Ali Reza Tavassoli, de 12 años, murió el 30 de julio en el transcurso de una manifestación para conmemorar el cuadragésimo día después de la muerte de Neda Agha Soltan. Cuando empezaron a circular noticias de su muerte, su familia afirmó que había muerto en un accidente de automóvil. Sin embargo, posteriormente, dos médicos y un agente de policía testificaron que había muerto a consecuencia de golpes en la cabeza y que miembros de la milicia Basij se habían llevado el cadáver del hospital. Su tía afirma que las autoridades pagaron a sus progenitores, sin apenas medios económicos, alrededor de 2.000 dólares estadounidenses a cambio de que mintieran sobre las circunstancias de la muerte de su hijo.122

normas sobre el uso de la fuerza

El papel de las fuerzas de seguridad, incluida la milicia Basij, debió consistir en proteger los derechos de las personas a reunirse pacíficamente, así como velar por la seguridad de todas ellas, incluidas las que no participaban en los eventos. Un acto público puede dar lugar a episodios de violencia que, si no son acordonados y contenidos, pueden desembocar en disturbios en los que se empleen armas improvisadas. En todos los casos corresponde aplicar los principios de proporcionalidad y necesidad.

Con arreglo al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de la ONU, la policía puede usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el cumplimiento de sus tareas. No deben utilizarse armas de fuego salvo para defender a las personas de un peligro inminente de muerte o lesiones graves o para evitar una seria amenaza a la vida, y sólo cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. Sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

Las denuncias de homicidios a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser objeto de investigaciones independientes, prontas y exhaustivas, de conformidad con los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. Estos principios especifican que se debe proteger a los denunciantes y a los testigos, así como a sus familiares, de la violencia y de cualquier otra forma de intimidación.

El uso de fuerza excesiva y, en ocasiones, letal contra manifestantes y otras personas por parte de las fuerzas de seguridad no ha concluido en Irán desde que se calmaron los disturbios postelectorales. A finales de octubre, por ejemplo, los guardias que custodiaban la sede del gobierno provincial en Oroumiye golpearon brutalmente a Ahmad Naghizadeh, periodista y portavoz de la campaña presidencial de Mohsen Rezaei. Antes del ataque, Ahmad Naghizadeh había intentado fotografiar con su teléfono móvil las enseñas que celebraban el nombramiento del nuevo gobernador.123

Los gobiernos deben garantizar que todas las denuncias de homicidios ilegítimos son investigadas con prontitud, imparcialidad y eficacia por un organismo que no dependa de los presuntos responsables, y con la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. Los métodos y resultados de la investigación deben hacerse públicos. El cadáver de la presunta víctima no debe ser inhumado hasta que un médico, con la debida cualificación y que pueda llevar a cabo su cometido con imparcialidad, haya realizado una autopsia adecuada. Los funcionarios sospechosos de haber cometido homicidios ilegítimos deben ser suspendidos del ejercicio activo mientras dure la investigación. Se debe proteger a denunciantes, testigos, abogados, jueces y otras personas implicadas en la investigación de cualquier clase de intimidación y de las posibles represalias.

El uso excesivo de medios letales continuó durante las manifestaciones del 4 de noviembre. Ese día, en Isfahán, Mehdi Nilforoushzadeh, estudiante que había realizado estudios en Armenia, murió de un disparo delante de su familia, a la puerta de su casa. Un parlamentario afirmó que el caso sería investigado.124

Homicidio de Neda Agha Soltan

Neda Agha Soltan, de 27 años, murió el 20 de junio en Teherán tras recibir un disparo durante una protesta pacífica contra los resultados electorales. Las imágenes de su agonía, grabadas con la cámara de un teléfono móvil, se distribuyeron ampliamente en Internet y se convirtieron en símbolo de la represión de los disturbios postelectorales.

La tarde del 20 de junio, en la avenida Kargar, Neda Agha Soltan y otras personas, entre las que se encontraba su profesor de música, decidieron salir de su automóvil bloqueado por la manifestación pacífica que se estaba desarrollando. Cuando la policía antidisturbios comenzó a dispersar a la multitud con gas lacrimógeno y motocicletas, Neda Agha Soltan recibió un disparo en el pecho. En el momento de recibir el disparo se encontraba mirando en dirección este en la calle Khosravi.

Arash Hejazi, médico de profesión, acudió en ayuda de Neda Agha Soltan segundos después de que ésta recibiera el disparo y antes de que cayera al suelo. El médico dijo a Amnistía Internacional que la sangre salía a borbotones de su pecho. Al parecer la bala había impactado justo bajo su clavícula, donde podría haber alcanzado la arteria aorta o el pulmón. A pesar de los primeros auxilios, murió en cuestión de segundos. Sus amigos la trasladaron al cercano hospital de Shariati, donde sólo pudieron confirmar su muerte.

Su familia fue informada de su muerte y al parecer dio su consentimiento para que le fueran extirpados órganos para ser transplantados. La ocasión pudo haber sido aprovechada para hacer desaparecer balas o destruir otras pruebas forenses relacionadas con su muerte.125No se realizó ninguna autopsia antes de su inhumación en el cementerio de Behesht-e Zahra. Ante la insistencia de sus progenitores, el cuerpo fue devuelto a su familia bajo vigilancia policial y Neda Agha Soltan fue enterrada en una sección del cementerio que, al parecer, las autoridades habían destinado a las personas fallecidas en los disturbios.

El caso de Neda Agha Soltan se convirtió en un caso emblemático de la forma en que las autoridades reaccionaban ante los presuntos abusos: con amenazas, contraacusaciones, confusión y nuevos abusos. Es decir, de cualquier forma salvo intentando establecer la verdad y hacer rendir cuentas a los autores de los delitos.

Según Arash Hejazi, un miembro de la milicia Basij se autoincriminó en la escena del crimen al exclamar tras los disparos que no quería matarla. Varios testigos le arrebataron su tarjeta de identidad y posteriormente se difundió una imagen de la misma en Internet.

Sin embargo, varias autoridades negaron que las fuerzas de seguridad del Estado estuviesen implicadas en la muerte de Neda Agha Soltan y, en algunos casos, culparon a otras personas. El ayatolá Ahmad Jatamí, representante del Líder Supremo, manifestó el 26 de junio, durante las oraciones del viernes en la Universidad de Teherán, que las pruebas mostraban que los autores de la muerte de Neda Agha Soltan habían sido los propios manifestantes, y que la habían matado para hacer “propaganda” contra el sistema. En una ocasión, la televisión estatal mostró a una mujer afirmando que era Neda Agha Soltan e insinuó que la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán había sido la responsable de la muerte que había sido grabada.

No contentas con culpar a esta organización, las autoridades también intentaron responsabilizar a gobiernos extranjeros. El embajador de Irán en México, Mohammad Hassan Ghadiri, insinuó que la CIA podía estar implicada en la muerte. Dio a entender que las imágenes de vídeo hacían pensar en un homicidio planificado y que se había elegido como blanco a una mujer para conseguir los objetivos con mayor eficacia. También afirmó que las pruebas forenses demostraban que había recibido un disparo por la espalda, no de frente, y que la bala no era de “un tipo que pudiera encontrarse en Irán”.126

Neda Soltani, cuya fotografía fue identificada por error como la de Neda Agha Soltan, también se vio envuelta en la trama para ocultar la verdad. Neda Soltani habló con Amnistía Internacional:

Varios funcionarios del Ministerio de Información se presentaron en nuestra casa el 25 de junio. Yo no estaba, así que le pidieron a mi madre que me dijera que tenía que presentarme en su oficina a las 4 de la tarde. Yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer, pero al final decidí que si no iba resultaría sospechoso, así que fui.

Había varias personas allí; no sé sus nombres porque no los dijeron. Algunas eran del Ministerio de Información y otras de la televisión. Hablaron conmigo y me dijeron lo que querían que dijese. Me obligaron a decirlo todo en una filmación. Algunos hombres estaban armados, pero no usaron sus pistolas contra mí. Me amenazaron. Dijeron que por mi seguridad sería mejor hacer lo que me pedían […].

Sabían que había entregado una foto a la Embajada de Grecia para obtener un visado Schengen [para asistir a una conferencia académica] y querían que lo dijera en la filmación; creo que era para poder decir que la embajada griega estaba implicada de alguna manera en la muerte de Neda, pero yo sólo consentí en decir que había entregado mi fotografía a ‘una embajada’.

Me dieron una lista de las cosas que debía decir. Me filmaron varias veces diciendo lo mismo. En primer lugar, tenía que presentarme. Luego tenía que contra la historia de la fotografía. Expliqué que la foto se había sacado de Facebook, insistiendo en que era para obtener un visado. Luego tenía que hablar sobre lo que estaba pasando en Irán. Por último tenía que pedir a las autoridades que emprendiesen acciones contra el periódico Etemad e Mellipor haber publicado mi fotografía, y decir que el periódico debía retirar mi foto.

Me dijeron que ‘un grupo’ había planeado la muerte de Neda. Habían dicho lo mismo en televisión, que los ángulos eran sospechosos y que los responsables eran monafeqin[nombre que las autoridades dan a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán].

Varias personas que han hablado públicamente sobre la muerte de Neda Agha Soltan o fueron testigos de ella han sufrido intimidación, acoso y persecución. El 30 de junio, el director general de la policía anunció que se había pedido a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emitiese una orden de detención internacional contra el doctor Arash Hejazi, aunque posteriormente la Interpol negó que se hubiera hecho tal solicitud.127Se acusaba al médico de envenenar la atmósfera internacional contra el gobierno iraní y difundir información falsa sobre el homicidio al dar su versión del incidente a medios de comunicación extranjeros. En octubre, Reino Unido, país en el que había estudiado antes de las elecciones, le concedió asilo. El 12 de noviembre, varias mujeres miembros de la milicia Basij se manifestaron frente a la embajada de Reino Unido en Teherán, solicitando que Arash Hejazi fuese extraditado a Irán. Zohreh Elahian, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, que había asistido a la manifestación, afirmó que existen pruebas documentales que indican que el asesinato de Neda Agha Soltan fue planificado por elementos extranjeros.128

Familiares y amigos de Neda Agha Soltan han desfilado por la televisión estatal diciendo que el disparo no fue efectuado por miembros del Basij. Su padre se encontraba en Turquía cuando ella murió. A su regreso, al aparecer rompió a llorar en el aeropuerto Imán Jomeini, gritando que habían matado a su hija. Sin embargo, más tarde apareció en la televisión estatal afirmando que la habían matado los “monafeqin”.

Según los informes, la familia de Neda Agha Soltan tuvo que mudarse de casa pocos días después de su muerte y recibió el aviso de que no debían permitir que la gente se reuniera para celebrar ceremonias conmemorativas. Al parecer, las autoridades prohibieron las oraciones colectivas en las mezquitas en memoria de Neda Agha Soltan. Tampoco fue posible celebrar vigilias, ya que todos los restaurantes, salones y mezquitas locales tenían prohibido albergarlas.

El novio de Neda Agha Soltan, Caspian Makan, fotógrafo, fue detenido en su domicilio, en el norte de Teherán, poco después de declarar lo siguiente al canal BBC Persian TV el 22 de junio: “Testigos e imágenes de vídeo […] muestran con claridad que probablemente paramilitares Basij […] la eligieron como objetivo”. Caspian Makan dijo a Amnistía Internacional que siete agentes no uniformados habían irrumpido en el domicilio familiar y se habían llevado la mayoría de sus fotografías y otras pertenencias. Después de su detención fue conducido directamente a la prisión de Evín, aunque su paradero no se conoció de inmediato.

Durante el interrogatorio le preguntaron por qué había tomado fotografías, por qué tenía contactos con medios occidentales y por qué hablaba sobre Neda Agha Soltan. Al cabo de los días le dijeron que lo iban a acusar de actos contra la seguridad nacional y de “condenar a Irán”. Le ordenaron que negase públicamente que Neda Agha Soltan hubiera muerto a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad y le obligaron a escribir su “última defensa”. Aunque le dieron instrucciones para que afirmase que un miembro de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán había matado a Neda Agha Soltan, Casian Makan dijo a Amnistía Internacional que sus propios interrogadores no parecían creer lo que decían. Finalmente fue liberado después de pagar una cuantiosa fianza tras permanecer 65 días detenido, y apareció en televisión como habían exigido las fuerzas de seguridad. Posteriormente huyó de Irán por temor a ser juzgado y temiendo por su seguridad.

Desde su liberación, el padre de Caspian Makan ha sido citado dos veces ante un tribunal y su hermano ha permanecido detenido durante cuatro días. El profesor de música de Neda Agha Soltan, Hamid Panahi, también estuvo 48 horas detenido.

El 5 de noviembre la tumba de Neda Agha Soltan fue destruida, en apariencia por funcionarios estatales. Parece ser que las autoridades no podían tolerar siquiera ese recordatorio de su homicidio. La madre de Neda Agha Soltan declaró a la emisora CNN: “La gente va a la tumba y escribe la palabra ‘mártir’ en tinta roja, y luego las autoridades lo borran todo.”129

Madres de luto, acosadas por protestar

Tras la muerte de Neda Agha Soltan, algunas mujeres crearon un grupo denominado “Madres de Luto” (Madaran e Azardar).130El grupo decidió reunirse en silencio en el parque de Laleh, en Teherán, todos los sábados entre las 7 y las 8 de la tarde –el día y la hora de la muerte de Neda Agha Soltan–, “hasta que se ponga en libertad a todas las personas detenidas por protestar por el fraude electoral, hasta el fin de la violencia y hasta que los asesinos de nuestros hijos sean enjuiciados”.

Su protesta pacífica no ha pasado desapercibida a las autoridades; sus reuniones han sido disueltas por las fuerzas de seguridad y varias mujeres han sido detenidas. Entre ellas, Zeynab Peyghambarzadeh, estudiante y activista de los derechos de las mujeres que también es miembro de la Campaña Un Millón de Firmas. Fue detenida durante la segunda reunión del grupo, el 4 de julio, y pasó la noche bajo custodia antes de ser liberada.

6. Tortura y otros malos tratos



Ali Kheradnejad, de 31 años, graduado en Administración Industrial por la Universidad de Yazd, contó a Amnistía Internacional que, el 9 de julio, participaba en una manifestación pacífica junto a otras personas cuando, cerca del cruce de Vali Asr, se percataron de que la policía había bloqueado la carretera. Según su relato, aunque ninguna de las personas a su alrededor había exhibido actitud violenta de ninguna clase, la policía antidisturbios y las fuerzas del Basij se lanzaron contra la multitud.

Sorprendentemente, mientras los hombres se dispersaban, las mujeres aguantaron sin retroceder. Logré agarrar una o dos porras para impedir que me golpearan, cuando de forma inesperada alguien me roció con un aerosol de pimienta. Entonces empezaron a lloverme los golpes de porra, de lo que parecía un grupo de ocho o nueve personas, uniformadas y vestidas de civil. Sólo más tarde me di cuenta de que varias mujeres hacían lo que podían para sacarme de allí, pero sin conseguirlo […] Después de que me arrojaran dentro [de la furgoneta] noté sus puñetazos [de los agentes de las fuerzas de seguridad] en la parte posterior de la cabeza.

Dos meses después algunas de sus lesiones todavía eran visibles, incluidos dos chichones en la cabeza. Después de huir de Irán, un médico lo examinó y le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático.

Durante la entrevista que mantuvo con Amnistía Internacional, Ali Kheradnejad describió la tortura y otros malos tratos a detenidos que había presenciado. Afirmó que cuando se encontraba en la comisaría 148, también llamada Felestin, había visto a Amir Javadifar en muy mal estado, con la ropa hecha jirones y la frente ensangrentada. Según Ali Kheradnejad, se decidió a hablar, a pesar del riesgo, cuando supo que Amir Javadifar había muerto.

Amir Javadifar, de 25 años, estudiante de Administración en la Universidad de Qazvin Azad, fue detenido el 9 de julio. Miembros de las fuerzas de seguridad lo golpearon con sus porras con tal brutalidad que necesitó tratamiento hospitalario antes de ser trasladado a la prisión de Evín.131Los testimonios de personas que estuvieron con él durante su detención permiten reconstruir lo que le pasó: al parecer, durante las protestas fue brutalmente golpeado en la cabeza y empezó a perder la visión. Se cree que los golpes que le propinaron en las costillas le provocaron una hemorragia interna, que afectó a sus pulmones.132Cuando fue trasladado desde el centro de detención de Kahrizak (véase infra) a la prisión de Evín, tenía dificultades para respirar y empezó a sufrir convulsiones. Su respiración se hizo cada vez menos profunda hasta que dejó de respirar.

Su familia no supo donde se encontraba hasta que les entregaron su cadáver, el 26 de julio o alrededor de esa fecha. Su padre afirmó que el cuerpo mostraba señales de golpes y otras torturas.133También dijo que cuando acudió a identificar el cadáver le comunicaron que ya se había realizado la autopsia y que la causa de la muerte era desconocida. Varios informes médicos demuestran que Amir Javadifar había sido golpeado, tenía varios huesos rotos y que le habían arrancado las uñas de los pies.134Según su familia, Amir Javadifar era un apasionado del cine y no le interesaban la política ni las manifestaciones.

Ali Kheradnejad también afirmó haber visto a RT, estudiante de 19 años de la Universidad Técnica de Sharif, en la comisaría 148 y en la prisión de Evín:

El joven estaba allí, de pie, cuando un miembro del Basij se le acercó y le dio un tremendo rodillazo en los testículos. Después llegó el médico de la comisaría y les dijo que el muchacho estaba mal y que debía ser trasladado a un hospital. Los agentes se negaron.

Cuando más tarde volvió a verlo en Evín, “tenía el tabique nasal roto y la ropa empapada de sangre, pero nadie lo atendió.”

Desaparición de Taraneh Mousavi

El 28 de junio, Taraneh Mousavi, de 28 años, acudió junto a más de 2.000 manifestantes a la mezquita de Ghoba, en el centro-norte de Teherán, con la intención de participar en un acto de homenaje a las víctimas de los disturbios que entonces estaban produciéndose en el país, en el contexto de una celebración programada en memoria de un personaje destacado que en 1981 había sido víctima de homicidio.

Amnistía Internacional recibió varios informes sobre ese día, según los cuales la fuerzas de seguridad habían bloqueado algunas carreteras alrededor de la mezquita y detenido a decenas de personas, interrogándolas in situy, en la mayoría de los casos, dejándolas en libertad.135Al parecer unas 40 personas fueron conducidas a un centro secreto de detención en la cercana calle de Pasdaran, donde las reunieron en una sala grande. Algunas fueron interrogadas.

Como muchas otras personas, al parecer Taraneh Mousavi se mostró bastante intranquila después del interrogatorio, aunque no se sabe qué le dijeron. A continuación se llevaron a varios detenidos del lugar, posiblemente a la prisión de Evín, y otros a una comisaría. Taraneh Mousavi no se encontraba entre los trasladados.

De la información recogida por Amnistía Internacional se desprende que desapareció unas cinco horas después de su detención. Varios días más tarde, sus progenitores recibieron una llamada telefónica anónima informándoles de que Taraneh había sido violada, había intentado suicidarse y la habían llevado al hospital Imán Jomeini de Karaj. Al llegar al hospital descubrieron que su hija no había sido registrada. Allí les dijeron que una enfermera había visto a una persona que encajaba con la descripción de Taraneh Mousavi, pero que se la habían llevado mientras estaba inconsciente. En los días siguientes se recibieron informes sin confirmar que apuntaban a que Taraneh Mousavi había sufrido torturas en la prisión de Evín, pero no estaba claro cuándo podía haber sucedido.

Según informes, 18 días después de su detención, alrededor del 16 de julio, funcionarios que no se identificaron informaron a sus progenitores de que en una zona de monte bajo situada entre Karaj y Qazvin se había encontrado un cadáver quemado que parecía coincidir con la descripción de Taraneh Mousavi. La familia, que había sido conminada a guardar silencio sobre la detención de su hija, acudió a Qazvin a recoger el cadáver. Para entonces el padre y la madre estaban aterrorizados y no eran capaces de decir nada, ni siquiera dónde querían enterrarla.

El 17 de julio, varios autores de blogs se interesaron por el caso de Taraneh Mousavi y lo plantearon al Comité de Seguimiento de Personas Heridas y Detenidas en los Acontecimientos Recientes, creado por Mehdi Karrubi y Mir Hoseín Musavi con el objeto de dar seguimiento a las violaciones cometidas en el periodo postelectoral.136Se cree que el material relacionado con el caso fue confiscado cuando este organismo se clausuró por la fuerza en septiembre (véase el Capítulo 8).

Casi al mismo tiempo, las autoridades emitieron unas imágenes en televisión anunciando que Taraneh Mousavi no podía haber muerto ya que se encontraba viviendo en Canadá, afirmación que algunos funcionarios repitieron después.137Mehdi Karrubi afirmó públicamente que todo era un montaje escenificado bajo la dirección de la milicia Basij,138tras lo que el hoyatolislam Seyed Hossein Shahmoradi, que tiene lazos familiares con la mujer que vive en Canadá, criticó con dureza a Karrubi por revelar información que él le había suministrado confidencialmente, lo que ponía de relieve la falsedad de la información televisada. Afirmó que esto “creaba más discordia en la sociedad”.139Según informes, posteriormente las autoridades se llevaron a la madre de Taraneh Mousavi de su domicilio y la pusieron bajo “custodia con fines de protección”.

Estos y otros muchos testimonios evidenciaron sin lugar a dudas que la tortura y otros malos tratos a detenidos se practicaron de forma generalizada durante los disturbios relacionados con las elecciones. Hombres y mujeres afirmaron haber sido violados bajo custodia, en ocasiones con un instrumento (véase infra). Los indicios de esta forma especial de violación, rara vez denunciada por hombres, si es que alguna, se fueron acumulando conforme pasaban los meses, lo que parecía indicar que los abusos sexuales contra disidentes pudieron haber sido autorizados a cierto nivel en el periodo postelectoral.

Entre otros métodos de tortura y malos tratos, además de la violación, se denunciaron: palizas brutales; confinamiento en espacios reducidos; suspender a los detenidos cabeza abajo por los pies durante largos periodos; privación de luz, alimentos y agua, y denegación de tratamiento médico. Las autoridades han reconocido que al menos tres personas murieron bajo custodia en el periodo electoral a consecuencia de presuntas torturas o malos tratos, aunque la cifra total puede ser mucho más elevada.

Negar de forma rutinaria a las personas detenidas el acceso a asistencia letrada, e incluso cualquier contacto con el mundo exterior, facilitaba la tortura y otros malos tratos, dado además el convencimiento de los agentes de las fuerzas de seguridad de que podían cometer esos delitos sin miedo a ser castigados por ello.

El joven de 18 años Mohammad Kamranifalleció el 16 de julio, o alrededor de esa fecha, en el hospital de Mehr, en Teherán, debido a las lesiones que presentaba –incluido un fallo renal– después de su detención. Había sido detenido el 9 de julio cerca de la plaza de Vali Asr, en Teherán, y conducido al centro de detención de Kahrizak. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de Evín. Su familia sólo supo que se encontraba en la prisión de Evín cuando unos familiares que esperaban para visitar a otros detenidos oyeron pronunciar su nombre a los guardias. El director de los servicios penitenciarios afirmó después que había muerto de meningitis, como Mohsen Rouholamini.140

El 15 de julio, los progenitores de Mohammad Kamrani acudieron a la prisión ya que les habían dicho que se había ordenado la liberación de su hijo. Al llegar les informaron de que su hijo estaba herido y había sido trasladado al hospital Loghman. Posteriormente Mohammad Kamrani fue llevado al hospital de Mehr, donde falleció.

Ramin Qahremani, de 30 años, murió el 25 de julio o alrededor de esa fecha, dos días después de que lo pusieran en libertad tras pasar 10 días detenido. Al parecer su muerte se debió a complicaciones derivadas de coágulos de sangre en los pulmones causados, al parecer, por tortura. Ramin Qahremani dijo a su madre que mientras permaneció bajo custodia lo habían golpeado y suspendido por los pies. Su cuerpo fue enterrado bajo vigilancia policial.141

Muchas otras personas detenidas, o sus familiares, aseguraron sufrir lesiones a consecuencia de la tortura y otros malos tratos. Isa Saharkhiz, por ejemplo, destacado periodista y comentarista partidario de las reformas, detenido el 4 de julio después de permanecer escondido desde que el domicilio de su familia fue registrado el 20 de junio, resultó con varias costillas fracturadas tras las torturas que sufrió durante el interrogatorio.142

Un joven que el 6 de junio recibió un disparo durante una protesta violenta, y que desea permanecer en el anonimato, dijo a Amnistía Internacional que, aunque no vio a nadie sufriendo torturas, sí oyó gritos y que otros detenidos le contaron que les habían aplicado descargas eléctricas en los genitales.

Numerosas personas que fueron detenidas durante el periodo electoral se quejaron de las condiciones de detención y contaron lo que habían presenciado, que constituía trato cruel, inhumano y degradante. Describieron las palizas reiteradas que les habían propinado y el calor sofocante que habían soportado, hacinadas en celdas reducidas y sin ventilación en una época del año en que es normal que las temperaturas superen los 40 grados centígrados. Otros contaron que durante la noche se oían los gritos de los detenidos y que habían visto a internos con miembros fracturados después de las sesiones de interrogatorio. La novia de un detenido que fue puesto en libertad afirmó que éste sufría un trastorno psicológico debido al trato recibido. En sus declaraciones al periódico The Guardian dijo: “Lo acosaron, insultaron y torturaron. Los guardias lo tiraron por las escaleras con las manos atadas. Lo obligaron a arrastrarse por el suelo como un gusano”.143

Ahmad Zeidabadi, periodista de Roozonline, publicación en línea radicada en Bélgica, y portavoz de la Asociación de Antiguos Alumnos Universitarios, fue detenido el 21 de junio. Lo recluyeron en régimen de incomunicación hasta su aparición en público el 8 de agosto en la segunda vista de un “juicio espectáculo” (véase el Capítulo 7). Su esposa no consiguió visitarlo en la prisión de Evín hasta el 17 de agosto y dijo que lo había encontrado en un estado físico y psíquico deplorable. También dijo que Ahmad Zeidabadi le había contado que después de su detención había permanecido 35 días recluido en régimen de aislamiento, en una celda semejante a un ataúd, de sólo 1,5 metros de longitud. Al parecer mantuvo una huelga de hambre durante 17 días hasta que los médicos lo convencieron para que depusiera su actitud. Su esposa volvió a verlo a mediados de septiembre y en esta ocasión él le dijo que durante los interrogatorios lo habían golpeado brutalmente. En una entrevista con Radio Farda el 23 de septiembre, su esposa contó que la persona que lo interrogaba le había dicho:

Nos han ordenado que te subyuguemos; si no cooperas podemos hacer lo que queramos contigo y si no rellenas los documentos del interrogatorio te obligaremos a comértelos.144

Ali Kheradnejad describió a Amnistía Internacional las pésimas condiciones de detención en la prisión de Evín y la falta de asistencia médica:

En Evín, un miembro del personal médico examinaba a todos los detenidos cuando ingresaban. En un principio me enviaron a la Sección 240. Allí vi a un joven con un dedo fracturado: en la base del dedo pulgar, justo debajo de la piel se podía ver un hueso sobresaliendo. Pero además otro hueso le sobresalía justo por encima de la rodilla. Alguien había pedido que lo llevaran a la enfermería de la prisión, pero nos dijeron que éramos “detenidos de seguridad” y no teníamos acceso a las dependencias médicas. El joven no recibió tratamiento al menos durante los 12 días que yo permanecí con él. Otros detenidos enfermaron por la comida […] Lo que parecía ser carne o arroz recalentado hacía enfermar a la gente. Algunos se sentían mal, otros tenían diarrea, pero nadie recibió tratamiento.

En la Sección 240 éramos ocho personas en una celda de unos 2,5 x 3 metros. No había camas para dormir y nos acomodábamos unos junto a otros en el suelo. A alguien le tocaba tumbarse junto al inodoro y el lavabo, que estaban en un rincón de la habitación, separados por una cortina de plástico. La ventana estaba muy alta y en esa época del año hacía mucho calor y no corría el aire, así que algunas personas habían logrado romper los cristales.

Más tarde también estuve en la Sección 209 con otras tres personas. Estoy seguro de que esta celda –como máximo de 3 x 4 metros– se utilizaba habitualmente para recluir a una persona en régimen de aislamiento, ya que cuando nos metieron allí no había cortina alrededor del inodoro y la ducha. Esa noche vinieron a colgar una.

Según los informes, también se emplearon torturas contra detenidos en Pasargad, antigua fábrica de armas en el suroeste de Teherán que la Guardia Revolucionaria utiliza como centro de detención. Al igual que otros centros de detención administrados por distintos servicios de seguridad, no está sometido a la supervisión del poder judicial. El periodista Hanif Mazrouie afirmó en julio:

Uno de nuestros amigos periodistas que había sido detenido hace un tiempo fue golpeado brutalmente en ese centro de detención [Pasargad]. Querían que respondiese a una pregunta y le golpearon la cabeza contra una mesa tantas veces que perdió el conocimiento.145

Personas detenidas fuera de Teherán también sufrieron torturas después de su arresto. Un joven que permaneció detenido casi un mes en el norte del país, y que no quiere que se lo identifique, dijo a Amnistía Internacional que durante su arresto en su domicilio fue golpeado brutalmente por funcionarios del Ministerio de Información, agentes de policía y “algunos atletas y culturistas [que habían sido] contratados por el Ministerio [de Información] para pegarme”. En un principio lo llevaron a un centro de detención del Ministerio de Información, donde lo ataron a un poste de metal y volvieron a golpearlo. Después lo trasladaron a otra ciudad donde fue recluido en régimen de aislamiento y sometido a presiones psicológicas.146

Otras personas detenidas murieron en circunstancias poco claras.

El centro de detención de Kahrizak

Lamentablemente, la grave conducta indebida de los funcionarios del centro de detención de Kahrizak [ha tenido] como consecuencia el asesinato de decenas de jóvenes […] El director general de la policía iraní tiene la obligación de ofrecer una explicación clara a este respecto.

Parlamentario Hamid Reza Katouzian, 5 de agosto de 2009147


Los internos que provocaron los disturbios en el centro de detención sufrieron malos tratos y castigos físicos a manos de tres guardianes […] Ningún preso murió a consecuencia de tortura […] si algún preso murió fue por enfermedad.

General de brigada Esmail Ahmadi Moghaddam, director general de la policía, 9 de agosto de 2009148


El centro de detención de Kahrizak, situado a las afueras de Teherán, al sur de la ciudad, al parecer fue creado como un centro de detención para “matones y gamberros”, bajo el control de la policía, hace aproximadamente cinco años.149Sin embargo, según informes, en 2007 el poder judicial había llegado a la conclusión de que no cumplía los requisitos y era ilegal, llegando a recomendar su cierre, algo que nunca sucedió.150

Los abusos en el centro de detención de Kahrizak, al sur de Teherán, comenzaron a salir a la luz casi inmediatamente después de que hasta 145 personas detenidas durante las protestas del 10 de julio de 2009 fuesen transferidas allí debido a la saturación de la prisión de Evín. Las autoridades han reconocido que al menos tres personas murieron en Kahrizak.

Los detenidos han descrito cómo los recluían en contenedores de mercancías en condiciones atroces y los sometían a tortura y otros malos tratos. Algunos contaron que, con el fin de infligirles mayor dolor, los funcionarios penitenciarios los empapaban de agua antes de golpearlos con cables y bastones eléctricos.

Mohsen Rouholamini tenía 25 años cuando murió. Hijo del doctor Abdolhossein Rouholamini, prestigioso científico e importante consejero del candidato presidencial Mohsen Rezaei, fue detenido el 9 de julio durante una protesta y recluido en el centro de detención de Kahrizak. El 27 de julio, el director general de Prisiones de Teherán comunicó a la Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes (Iran Students News Agency) que Mohsen Rouholamini y al menos otro detenido habían muerto bajo custodia por meningitis.151El 31 de agosto, la agencia de noticias Mehr informó de que la Oficina del Pesquisidor había negado que Mohsen Rouholamini hubiese muerto de meningitis, añadiendo que “la muerte fue causada por estrés físico, pésimas condiciones de vida, agresiones reiteradas y por el hecho de que el cuerpo había sido arrojado contra superficies duras.”152

Según informes, Mohsen Rouholamini estaba siendo trasladado en mal estado desde el centro de detención de Kahrizak a la prisión de Evín cuando su salud empeoró. Lo llevaron a un hospital pero murió poco después. Según el parlamentario Hamid-Reza Katouzian, el doctor Abdolhossein Rouholamini afirmó que su hijo había sido torturado y presentaba varias heridas graves en el rostro.153

En otro caso, un ex detenido contó a Activistas de Derechos Humanos en Irán –grupo que informa sobre violaciones de derechos humanos en Irán– que, a mediados de junio, agentes vestidos de civil y miembros de la guardia especial lo detuvieron y condujeron a la base de la milicia Basij en Meghdad. Según su relato, desde el mismo momento de la detención comenzaron a golpearlo e insultarlo y continuaron haciéndolo en la base de Meghdad. Menos de 24 horas después lo condujeron al centro de detención de Kahrizak donde, afirma, permaneció recluido en un contenedor de carga alrededor de 58 días. Sólo le dijeron dónde se encontraba y le permitieron llamar a su familia cuando llevaba 43 días encarcelado.

Nos llevaron en una furgoneta, esposados y con los ojos vendados, a un lugar desconocido […] Nos metieron […] en un sótano. Cuando me quitaron la venda me di cuenta de que estaba en el interior de un contenedor. Había una bombilla de 100 watios y un tubo para permitir la entrada del aire. Éramos 75 en el contenedor […].

En una de las sesiones de interrogación me mostraron unas imágenes filmadas de mi hijo en una calle de Teherán. El que me interrogaba me dijo que tenían a mi hijo y que lo violarían si no confesaba. Después de ver la filmación perdí el control y empecé a llorar, implorando que no le hicieran daño. Entonces me golpearon con una porra hasta que me desmayé y me llevaron de vuelta al contenedor.

Durante toda la noche podíamos oír los gritos de otros detenidos a quienes presionaban para que confesasen.

A veces nos llevaban a cinco de una vez y nos pegaban hasta que perdíamos el conocimiento. La tortura me produjo el desgarro del lóbulo de la oreja derecha y tengo hematomas por todo el cuerpo causados por los porrazos. Tengo que añadir que nos pegaban con las porras al menos tres veces a la semana y nos interrogaban diariamente. Durante los 58 días que permanecí detenido me interrogaron 58 veces.154

También dijo:

No había sitio para sentarse, y las paredes y puertas estaban cubiertas de manchas de sangre. De pronto varias personas empezaron a llorar y a lamentarse porque alguien había muerto. Los llantos venían del fondo de la sala pero no podíamos movernos porque estábamos pegados unos a otros. Entonces aparecieron unos guardias vestidos de civil, rompieron las lámparas y comenzaron a pegar a la gente en la oscuridad. Golpeaban todo y a todos a su paso. Durante media hora no dejaron de pegarnos. Algunos de los detenidos perdieron el conocimiento y varios murieron incluso a consecuencia de los golpes.

Después encendieron linternas y las enfocaron sobre nuestros rostros, diciendo que nos meterían las porras en […] si hacíamos ruido.

Cuando me pusieron en libertad me enteré de que una semana antes se había anunciado el cierre de la prisión de Kahrizak. Cuando yo salí todavía había cientos de detenidos en Kahrizak. La noticia de su cierre no era cierta en aquel momento. Estoy convencido de que sigue habiendo mucha gente inocente recluida en Kahrizak. Además del contenedor donde yo estaba, había otros similares. Desconozco el número, pero a juzgar por las voces que se oían por la noche, no me cabe duda de que había otras dependencias secretas en Kahrizak.155

El 27 de julio se anunció que el líder supremo de Irán había ordenado el cierre de Kahrizak, afirmando que no garantizaba los derechos de los detenidos. La orden de cierre podía haber sido dictada hasta 10 días antes,156ya que cuando Mohsen Rouholamini murió, al parecer lo estaban trasladando desde Kahrizak a la prisión de Evín a consecuencia de la orden.

El 15 de agosto, las autoridades afirmaron que se habían emprendido acciones disciplinarias contra 12 agentes y un juez en relación con los abusos cometidos en Kahrizak. Según informes, algunos fueron detenidos y procesados; otros se enfrentaban a la suspensión en sus funciones o a la destitución. Sin embargo, el 12 de septiembre, el fiscal militar de Teherán afirmó que siete personas habían sido enjuiciadas por presuntos abusos en Kahrizak, incluido el director del centro.157A finales de septiembre, Parviz Soruri, presidente de la Comisión Parlamentaria Especial (véase infra), afirmó que se habían abierto 104 investigaciones judiciales en relación con los delitos cometidos en Kahrizak, pero no facilitó más detalles.158

El 4 de agosto, el director general de la policía dijo que la policía estaba construyendo un centro de detención regular para sustituir a Kahrizak, que estaría listo para entrar en funcionamiento en el plazo de un mes.159En el momento de redactarse este documento no estaba claro si seguía utilizándose Kahrizak –reformado o no– como centro de detención.

También se teme que las autoridades hayan colocado en su punto de mira a personas con información sobre lo que pasó realmente en Kahrizak. La sospechosa muerte, acaecida el 10 de noviembre, del doctor Ramin Pourandarjani (véase el Capítulo 8), que había tratado a personas internadas en Kahrizak como parte de su servicio militar y que había testificado ante el Parlamento sobre las condiciones en aquel lugar, parece indicar que entre las autoridades hay quien está dispuesto a ocultar la verdad a cualquier precio. Amnistía Internacional ha pedido que su muerte sea investigada con prontitud e imparcialidad.160

Violaciones bajo custodia

Cuando los funcionarios públicos recurren a la violación, los sufrimientos infligidos pueden ir más allá del sufrimiento que causa la tortura clásica, en parte debido al aislamiento intencionado y a menudo subsiguiente del superviviente. En algunas culturas es posible que la víctima de la violación sea rechazada por su familia o desterrada oficialmente de su comunidad. Tal rechazo constituye un obstáculo importante para la recuperación psicológica de la víctima y suele condenarla a la indigencia y la pobreza extrema.

Relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak161



Ebrahim Sharifi, estudiante de 24 años de Teherán, fue aprehendido por agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil el 22 de junio y recluido en régimen de incomunicación durante una semana antes de ser puesto en libertad. No sabe dónde lo recluyeron, pero cree que pudo ser en el centro de detención de Kahrizak. En noviembre dijo a Amnistía Internacional que lo ataron, le vendaron los ojos y lo golpearon antes de violarlo y torturarlo de otras maneras.162 Fue víctima de palizas brutales y de simulacros de ejecución. Cuando intentó presentar una denuncia ante los juzgados, al parecer agentes de los servicios de información lo amenazaron a él y a su familia. El juez del caso, señor Moghaddammi, le dijo: “Es posible que hayas aceptado dinero [para decir esto, y] si sigues adelante, sin duda pagarás por ello en el infierno”. Ebrahim Sharifi se vio obligado a esconderse y, el 13 de septiembre, la Comisión Judicial que investigaba los sucesos tras las elecciones anunció que sus denuncias de violación eran falsas y estaban políticamente motivadas.163

Ebrahim Sharifi contó a Radio Free Europe/Radio Liberty:

El cuarto día, cuando dijeron que iban a ejecutarme, en realidad nos sometieron a un simulacro de ejecución […] Alguien me dio una patada en el estómago y caí al suelo. Continuó dándome patadas en el estómago y luego le dijo a alguien: ‘Anda y déjalo preñado’ y siguió dándome patadas. Yo vomitaba sangre y tenía mal el estómago. Me arrastró a otra habitación y me ató las manos a la pared.

Creo que [me violó] una sola persona, pero no puedo estar seguro si lo hizo físicamente o si utilizó un instrumento […].

Finalmente pude conseguir una carta de la oficina del médico porque seguía con lesiones en la espalda y el estómago. Hablé con un amigo y él me sugirió que hablase con el clero o con Karrubi. Fui a ver a Karrubi. […] Me preguntó si [la violación] había ocurrido; yo le contesté ‘sí’ y me eché a llorar.164

Ebrahim Sharifi dijo a Amnistía Internacional que si la declaración que había ofrecido al Comité de Seguimiento de Personas Heridas y Detenidas en los Acontecimientos Recientes de Mehdi Karrubi y Mir Hoseín Musavi hubiese servido para poder obtener reparación y justicia por lo ocurrido, habría permanecido en Irán para intentarlo. En vez de eso, la información que ofreció fue confiscada (véase el Capítulo 8).

Conforme empezaron a conocerse informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas durante los disturbios postelectorales, se hizo evidente que la violación bajo custodia, a menudo perpetrada con un instrumento, emergía como una constante bien definida de violación de derechos humanos.

LA VIOLACIÓN como TORTURA EN VIRTUD DEL DERECHO INTERNACIONAL

Aunque las definiciones legales de violación difieren de un sistema legal a otro, el derecho consuetudinario internacional considera que la violación incluye los actos cometidos por la fuerza o bajo amenaza de fuerza contra hombres o mujeres que conllevan la introducción de objetos –entre ellos, pero no exclusivamente, los órganos sexuales– en los orificios anales o genitales, o la introducción de los órganos sexuales en otros orificios corporales.165

Se admite por lo general, como lo hacen tanto el relator especial sobre la tortura como la jurisprudencia regional, que la violación constituye tortura cuando se perpetra por instigación o con el consentimiento y la aquiescencia de funcionarios públicos. Organismos de derechos humanos regionales e internacionales han resuelto que la violación a cargo de funcionarios públicos siempre constituye tortura y no puede considerarse como un acto “personal” o “privado” ni, por tanto, un acto delictivo común.166

A principios de agosto el asunto llegó a los titulares de los periódicos después de que se filtrase una carta dirigida a finales de julio por el candidato presidencial derrotado Mehdi Karrubi al presidente de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Conveniencia, Alí Akbar Hachemí Rafsanyani, detallando casos de violación y exigiendo una investigación.167Mehdi Karrubi afirmaba que había recibido varios informes de antiguos jefes del ejército y otros altos funcionarios, así como de ex detenidos, que indicaban que varios manifestantes, hombres y mujeres, habían sido violados bajo custodia. También colgó en su sitio web extractos de presuntos testimonios de ex presos en los que describían otras formas de abuso sexual, entre ellas cómo otros detenidos eran “obligados a desnudarse y a desplazarse sobre manos y rodillas como animales, con los guardias montados sobre su espalda”. Los detalles son coherentes con varios testimonios que ha visto Amnistía Internacional.

El 14 de agosto, en su sermón de la oración del viernes, el ayatolá Ahmad Jatamí afirmó que las denuncias de Mehdi Karrubi constituían una “calumnia total contra el sistema islámico”.168El día anterior había pedido que Mhedi Karrubi fuese procesado por difamación, delito punible con 80 latigazos, si no era capaz de probar sus denuncias.169

Las acusaciones de violación –un asunto extremadamente delicado en Irán– se han multiplicado desde entonces provocando reacciones intensas tanto por parte de la población iraní como de las autoridades gubernamentales, quienes han hecho todo lo posible para desacreditar las denuncias de violación y evitar su difusión.

Maryam Sabri, de 21 años, dijo a Amnistía Internacional en noviembre que había sido violada en cuatro ocasiones por guardias penitenciarios después de su detención en el cementerio de Behesht-e Zahra el 30 de julio, durante la 40 jornada de luto por la muerte de Neda Agha Soltan.170Contó que su horrible experiencia comenzó cuando intentaba escapar del gas lacrimógeno lanzado en un momento de la manifestación pacífica. Recibió un golpe en el estómago propinado con una porra eléctrica que, según contó, le hizo doblarse por la cintura, dejándola sin respiración y causándole un intenso dolor en el estómago. Entonces varios hombres no uniformados, al parecer miembros de la milicia Basij, se la llevaron y la arrojaron al interior de una furgoneta.

Después de circular alrededor de una hora, ella y otras personas fueron sacadas del vehículo con los ojos vendados y las manos atadas. Más tarde supo que se encontraban en un lugar llamado Seoul, administrado por el Ministerio de Información, pero al que ella se refería como Abu Ghraib.

Maryam Sabri contó a Amnistía Internacional que la habían recluido en régimen de aislamiento en lo que creía que era una celda en el subsuelo, sin ventanas y tan pequeña que no podía permanecer de pie. No tenía forma de saber qué hora era. La interrogaban en una habitación adyacente, siempre con los ojos vendados y las manos atadas. Le preguntaron quién la dirigía y por qué razón había acudido a la conmemoración. Maryam dijo que sus interrogadores parecían saberlo todo sobre ella e hicieron burla de la muerte de su madre. Y añadió, bajando la voz:

Durante dos o tres días fue así. Luego me dijeron que trabajase con ellos y tomase fotos para ellos [pero] durante el cuarto interrogatorio me violaron […] El violador era como un animal […].

La violación duró entre 30 minutos y una hora. Pero no terminó ahí. “Me violaron cuatro veces –dijo Maryam Sabri–, hombres con voces diferentes.”

Maryam Sabri fue puesta en libertad sin cargos el 12 de agosto. No tuvo acceso a representación letrada ni a un profesional de la salud. No se atrevió a volver a su casa y huyó de Irán. Más tarde se enteró de que el día después de su huida se le había prohibido viajar.

Ebrahim Mehtari, de 26 años, que también habló públicamente de su violación y otras torturas que sufrió en prisión, es un estudiante de informática a quien anteriormente se le había prohibido proseguir su educación. Según su relato a Amnistía Internacional, fue detenido el 20 de agosto de 2009 frente a la sede central en Teherán de la Organización Muyahidín de la Revolución Islámica, muchos de cuyos principales miembros ya habían sido arrestados por agentes del servicio de información de la Guardia Revolucionaria, que normalmente no tienen autoridad para efectuar detenciones. Le apuntaron con una pistola y recibió una descarga eléctrica que lo dejó sin conocimiento.

En septiembre y noviembre contó a Amnistía Internacional que lo habían llevado a un lugar en el este de Teherán que parecía un campamento militar. Lo recluyeron, solo, en una celda de aproximadamente 1,3 x 2 metros, con una lámpara encendida constantemente durante el caluroso verano. Los escritos en las paredes de la celda dejaban claro que se había detenido a un gran número de personas recientemente. Lo sacaban regularmente de la celda, con los ojos vendados, para ser interrogado. En el interrogatorio lo acusaron de “trabajar con redes de Facebook” y sitios web de la oposición; de protestar contra el resultado de las elecciones; y de trabajar con la Organización Muyahidín de la Revolución Islámica. Los interrogadores le pedían continuamente, mientras lo filmaban, que escribiera su “confesión” y en ocasiones apagaban la cámara y lo torturaban:

Me pegaban a menudo en la cara: me quemaron con cigarrillos debajo de los ojos, en el cuello y en la cabeza. Me golpearon en todo el cuerpo, incluidos brazos y piernas. Me amenazaron con ejecutarme y me humillaron […].

También describió cómo le rompieron un diente de un puñetazo en la boca y que sus torturadores le introdujeron un objeto estrecho en los orificios de la nariz y en el recto. Finalmente hizo lo que le exigían y firmó la “confesión”. Sólo el último día de su detención le permitieron ver a un médico, cuando apenas estaba consciente.

Cinco días después de su detención, Ebrahim Mehtari fue liberado. Lo condujeron en automóvil a una calle y lo arrojaron allí, sangrando y semiinconsciente. Un examen médico forense, realizado sin que se supiese quién era, corroboró sus denuncias de tortura. El examen encontró que tenía magulladuras, abrasiones y quemaduras en distintas partes del cuerpo, incluido alrededor del ano. Sin embargo, una vez se conoció que las lesiones no eran consecuencia de un secuestro a manos de delincuentes sino de torturas aplicadas por funcionarios públicos, todos los documentos y pruebas desaparecieron, a excepción de una copia del informe médico que Ebrahim Mehtari logró copiar y guardar (véase el Apéndice 1).

Tras la reunión de Ebrahim Mehtari con Mehdi Karrubi y miembros del Comité de Seguimiento de Personas Heridas y Detenidas en los Acontecimientos Recientes, al parecer Karrubi escribió al poder judicial preguntando quién había detenido a Ebrahim Mehtari y en dónde lo habían recluido. Según informes, el poder judicial respondió que no lo sabía. Ebrahim Mehtari huyó de Irán poco después.

Las autoridades se negaron a investigar las denuncias de Ebrahim Mehtari y les dijeron, a él y a su familia, que si hablaban de la tortura que había sufrido tendrían que hacer frente a graves consecuencias.171

Legislación iraní en materia de violación

El Código Penal iraní no contempla la violación como un delito diferenciado, y los jueces la tratan con arreglo a las disposiciones del Código Penal relativas al delito de zina (relaciones sexuales con penetración fuera del matrimonio), cuando se trata de casos de violación de mujeres, y dentro de las disposiciones relativas al delito de lavat (“sodomía”) cuando se trata de casos de violación de hombres. Unas y otras disposiciones se incluyen en la sección del Código Penal correspondiente a los delitos hudud. De acuerdo con la ley islámica, estos delitos se consideran delitos contra Dios, en lugar de delitos contra la persona, y no se tratan del mismo modo que los delitos definidos por el Estado (tazir) en relación con la prueba y el indulto.

El artículo 82.d del Código Penal prevé la pena de muerte para las “relaciones sexuales con penetración en presencia de fuerza y repugnancia”. El artículo 111 establece la pena de muerte por lavat “siempre que tanto la parte activa como la pasiva sean personas maduras, sanas y haya mutuo acuerdo”. En el caso de que se demuestre al tribunal, y éste acepte, que el lavat constituyó un acto violento realizado por la fuerza, el hombre víctima de la violación no será ejecutado.

La falsa acusación de zinao lavat, que se denomina qazf, puede castigarse con 80 latigazos en virtud del artículo 140 del Código Penal. Esto significa que la persona que denuncie una violación pero no pueda probarla se expone a ser enjuiciada, bien en virtud de las disposiciones relativas a qazf, bien en virtud de las disposiciones relativas al zina(si se prueba que tuvo lugar la penetración), aunque el artículo 67 del Código Penal suaviza sus efectos al establecer que “si la persona [acusada de] zinaafirma que ha sido obligada a cometer el delito, se admitirá esa afirmación siempre que no exista prueba de lo contrario”.

Las disposiciones relativas al zinay al lavatno se ocupan de la violación perpetrada con un objeto ni de actos en los que se introduce el órgano sexual en orificios distintos de los genitales o el ano. Normalmente las lesiones personales se abordan en las disposiciones relativas al castigo de qisas (retribución o ley del talión) del Código Penal, en virtud de las cuales las lesiones causadas con premeditación implican que la persona que comete el delito debe sufrir una lesión similar o pagar una indemnización (diyato dinero de sangre). El artículo 277 establece que, si no es posible producir una lesión equivalente, o hacerlo causaría la muerte, entonces sólo debe pagarse una indemnización.

El artículo 578 del Código Penal establece:

El funcionario o empleado –judicial o no– público, que torture o maltrate físicamente a un acusado para obligarlo a hacer una confesión, será condenado a una pena de prisión de seis meses a un año, dependiendo del caso, además de a una retribución en especie o al pago de dinero de sangre, y si alguien hubiese ordenado esos actos, sólo la persona que haya dado la orden recibirá el castigo mencionado de cárcel, y si la tortura y el maltrato fueran causa de muerte, el autor será condenado a la pena preceptiva por el delito de asesinato, y quien ordenase [la tortura] recibirá la pena preceptiva por ordenar un homicidio.

Parece que esta disposición podría ser utilizada para enjuiciar a los funcionarios que hubiesen violado a detenidos, pero sólo si su intención era obligar al detenido a hacer una “confesión”. También parece eliminar la obligación de enjuiciar al funcionario que comete una violación si había recibido la orden de hacerlo, aunque es posible entablar un proceso en virtud del artículo 614 del Código Penal, que establece que las lesiones corporales intencionales para las cuales no sea adecuada la retribución son punibles con la cárcel, además del pago de la diyat si así lo demanda la víctima.


Por tanto, no hay nada en la legislación iraní que afirme específicamente que la violación bajo custodia por funcionarios públicos constituye tortura. Amnistía internacional ha pedido a las autoridades iraníes que aclaren que la violación bajo custodia por funcionarios constituye tortura y que los autores deben ser enjuiciados por esos actos en virtud de las disposiciones que prohíben la tortura o los daños corporales, como los artículos 578 y 614 del Código Penal. Debe quedar claro que tanto los autores de la violación como los que pudieron haberla ordenado son susceptibles de enjuiciamiento.


En Irán, la violación como método de tortura –aplicado sobre todo a mujeres– no es un fenómeno nuevo y ya ha sido denunciado antes de ahora. Por ejemplo, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer informó en 2002 de que había planteado a las autoridades iraníes el asunto de la tortura sexual, especialmente en la prisión de Evín. Afirmó que había recibido informes de que “las presas son sometidas sistemáticamente a violación por parte de jueces y funcionarios de alto rango de la prisión. Se cree que en la prisión hay habitaciones disponibles para ese propósito específico”.172

Shadi Sadr, defensora de los derechos de las mujeres, apuntó lo mismo recientemente, señalando varios casos. Según informes, Zahra Kazemi, fotógrafa iranocanadiense detenida en 2003 después de tomar fotos de una manifestación frente a la prisión de Evín, fue violada bajo custodia y murió a los cuatro días de haber sido ingresada en un hospital a consecuencia de un golpe en la cabeza. Roya Toloui, mujer kurda detenida tras las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en zonas del Kurdistán iraní en 2005, también denunció que había sido violada bajo custodia. La doctora Zahra Bani Yaghoub fue presuntamente violada mientras se encontraba detenida en Hamedan, en 2007, antes de morir bajo custodia. 173

Sin embargo, hasta ahora muy pocos hombres han denunciado públicamente que fueron violados bajo custodia, posiblemente debido al estigma social que ello conlleva. Después de que saltase la noticia de las violaciones, Mojtaba Saminejad, autor de un blog detenido en 2004 y encarcelado en 2005, escribió que, mientras permaneció detenido lo amenazaron con violarlo con un instrumento, y que conoció a muchos otros detenidos que también habían sido violados.174En octubre de 2004, mientras era trasladado a la prisión de Evín, un guardia le dijo a Omid Memarian, autor de un blog: “Si Dios quiere, por fin van a hacer de ti un buen esposo”. Omid Memarian ha escrito que sabía que a los presos se les decía ese tipo de cosas antes de violarlos.

La índole de los acontecimientos postelectorales parece haber impulsado a un reducido número de hombres y mujeres jóvenes que afirman haber sido violados, a hablar públicamente de su experiencia y a luchar contra la impunidad de los que presuntamente los torturaron. No debe haber sido una decisión fácil dada la enorme afrenta a la dignidad que representa la violación en todas las sociedades, así como el pesado estigma personal que supone haber sido víctima de violación en Irán.

Existen indicios crecientes de que estas atrocidades no son incidentes aislados cometidos por personal “perverso”, sino que pueden haber sido fomentadas deliberadamente como parte de una política destinada a humillar y a quebrar la voluntad de los detenidos. Los documentos a los que ha tenido acceso el periódico The Times indican que, sólo en Teherán, 37 jóvenes de ambos sexos afirmaban que habían sido violados, y que existen informes médicos según los cuales dos hombres, de 17 y 22 años, murieron a consecuencia de graves hemorragias internas después de haber sido violados. Algunas de las mujeres que fueron víctimas de violación contaron que sus torturadores les habían dicho que tenían “permiso religioso” para violarlas ya que ellas eran “moralmente sucias”.175

Ebrahim Sharifi dijo a Amnistía Internacional en noviembre que había hablado con varias personas que habían sido violadas en el periodo postelectoral y que después habían abandonado Irán, pero que no habían hablado públicamente de su calvario. En su opinión, la violación bajo custodia parecía ser algo organizado o sistemático. No está claro cuántos de los más de 100 casos de abusos que al parecer han sido denunciados a la Comisión Parlamentaria Especial contienen denuncias de tortura.

Aunque el presidente del Parlamento negó que se hubiera producido ninguna violación, el 26 de agosto un miembro de la Comisión Parlamentaria Especial dijo lo siguiente al sitio web Parleman News, con la condición de permanecer en el anonimato: “No nos cabe duda de que algunas de las personas detenidas en los disturbios postelectorales han sido violadas con porras y botellas”.176

7. ‘Juicios espectáculo’, parodia de la justicia

Ningún sistema judicial puede considerar válida una confesión obtenida como resultado de técnicas violentas de interrogatorio o de tortura.

Relator especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, 13 de agosto de 2009177


Estas confesiones de presuntos delitos, tales como amenazas contra la seguridad nacional y traición, no deben, en ninguna circunstancia, ser admitidas como prueba por el Tribunal Revolucionario.

El Hadji Malick Sow, vicepresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria,

13 de agosto de 2009178


Si una persona acusada declara sobre sí misma ante un tribunal, la declaración sí es digna de crédito. Los que dicen que la confesión de alguien sobre sí mismo ante un tribunal no es válida, dicen tonterías; [su justificación] no tiene valor. Cualquier confesión ante un tribunal, delante de las cámaras, ante millones de espectadores es, desde el punto de vista religioso, y ante los ojos de las personas sabias, digna de crédito.

Ayatolá Alí Jamenei, 20 de septiembre de 2009179



En una grotesca parodia de la justicia, decenas de personas vestidas con el uniforme de la prisión y con aspecto demacrado, fueron llevadas ante el Tribunal Revolucionario de Teherán el 1 de agosto y acusadas colectivamente de “participar en revueltas, actuar contra la seguridad nacional, perturbar el orden público, destruir propiedad pública y tener vínculos con grupos contrarrevolucionarios”. Entre ellos había ex ministros, destacados miembros de partidos políticos de la oposición, periodistas y personal iraní de embajadas europeas. Algunos ni siquiera estaban siendo procesados, sino que parecía que los hubieran obligado a estar presentes para oír cómo otras personas “confesaban” y “ofrecían disculpas”.

Así empezó el primero de una serie de “juicios espectáculo” televisados de personas detenidas en relación con las elecciones y las protestas subsiguientes.180Unos 100 detenidos fueron llevados ante el tribunal sin que sus abogados y familiares recibiesen notificación alguna. Posteriormente se celebraron otras cuatro vistas en las que se acusó a alrededor de otros 50 detenidos. La cifra exacta no se ha llegado a conocer, ya que las autoridades no facilitaron una lista completa de personas acusadas y algunas comparecieron en más de una vista mientras que otras, aun estando presentes, no estaban procesadas.

Amnistía Internacional escribió al presidente de la Magistratura el 6 de agosto de 2009 pidiendo que autorizase el envío de un observador de la organización a los juicios. En el momento de redactarse este documento no se había recibido ninguna respuesta.

Estos juicios, manifiestamente injustos, tenían todas las características de lo que suele denominarse “juicio espectáculo”. Nunca se dudó del hecho de que los acusados serían declarados culpables. En los juicios, retransmitidos por televisión a todo el país, pudieron verse “confesiones” bajo coacción, “disculpas” e incriminación de otras personas. En lugar de someter a juicio a los responsables, el objetivo de las comparecencias era confirmar la versión de las autoridades sobre los disturbios postelectorales y dejar bien claras las graves consecuencias que acarreaba oponerse a ellas. Aunque los juicios fueron una burla de la justicia, el resultado para los acusados es extremadamente serio.

El 2 de agosto, el entonces fiscal jefe de Teherán, Said Mortazavi, advirtió que las personas que criticasen el juicio podrían ser enjuiciadas. El único medio de comunicación autorizado para cubrir las primeras vistas fue la agencia de noticias Fars News Agency, vinculada estrechamente a la Guardia Revolucionaria. Las últimas vistas no se televisaron, tras el nombramiento el 16 de agosto del ayatolá Sadegh Lariyani como nuevo presidente de la Magistratura. El 29 de agosto, éste designó a Abbas Jafari Dowlatabadi para sustituir a Said Mortazavi.181

El voluminoso escrito de acusación que se leyó en la primera vista contenía un ataque furibundo contra la sociedad civil en Irán. Basado en su mayor parte en el presunto testimonio de un “espía” no identificado que había sido detenido previamente, culpaba a los acusados de formar parte de una “revolución de terciopelo” orquestada por Estados Unidos y otros países. También citaba las “confesiones” de algunos de los acusados, entre ellos Mostafa Tajzadeh, ex viceministro del Interior, y Behzad Nabavi y Mohsen Safayee Farahani, ex miembros del Parlamento.182

Extrañamente, el escrito de acusación hacía referencia a algunas personas que ni siquiera se encontraban presentes, como la premio Nobel de la paz Shirin Ebadi, las activistas de derechos de las mujeres Shadi Sadr (véase el Capítulo 4), Parvin Ardalan y Noushin Khorasani, el sindicalista encarcelado Mansour Ossanlu y el activista de la sociedad civil Sohrab Razzaghi. También se acusó de formar parte de la “revolución de terciopelo” a grupos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, entre ellos el grupo estudiantil Oficina por la Consolidación de la Unidad, que en los últimos años ha hecho campaña en favor de la reforma política. El acta de acusación también se refería extensamente al papel desempeñado por los medios de comunicación –incluidos los medios occidentales– en la difusión de noticias sobre los disturbios postelectorales.183

el derecho a un juicio justo

El artículo 14 del PIDCP establece las garantías para un juicio justo:

• Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

• La prensa y el público normalmente no serán excluidos de los juicios, salvo por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o cuando la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.

• Ninguna persona será obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

• Toda sentencia será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario.

• Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

• Toda persona acusada de un delito penal tendrá derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, y a comparecer ante un tribunal sin demora en la presencia de su abogado.

• Toda persona tiene derecho a examinar a los testigos y a que se le proporcione un intérprete si lo necesita.

Los “juicios espectáculo” no cumplieron estas normas. Los abogados defensores no tuvieron acceso a los expedientes de sus clientes ni fueron informados de cuándo se celebrarían las vistas ante el tribunal. Algunos se encontraron con que el tribunal había asignado abogado arbitrariamente a sus clientes.

La mayoría de los acusados habían permanecido recluidos en régimen de incomunicación, algunos en régimen de aislamiento, aunque unos pocos habían podido hacer una o dos llamadas telefónicas y recibir breves visitas de sus familiares. Las personas que padecían problemas de salud no recibieron tratamiento adecuado. Algunas, a juzgar por el aspecto que presentaban cuando comparecieron ante el tribunal y según las declaraciones de sus familias, habían sufrido torturas.

Después de recibir ese trato, algunos se “confesaron” culpables de varios delitos. Seyed Mohammad Abtahiy Mohammad Atrianfar, por ejemplo, “confesaron” ante el tribunal que habían planeado organizar una campaña de protesta antes de las elecciones, y que no había nada de cierto en las denuncias de fraude electoral. Saeed Hajjarian, consejero político del ex presidente Jatamí (véase el Capítulo 3) se “confesó” culpable de fomentar los disturbios y pidió perdón al país. Compareció ante el tribunal en una silla de ruedas y con aspecto deplorable, y otra persona habló en su nombre.

Kian Tajbakhsh, Shahaboddin Tabatabaei, Hedayet Aghaei, Masoud Bastani y Saeed Hajjarian se encontraban entre las personas que fueron juzgadas en el “juicio espectáculo” del 25 de agosto.184Después de sufrir malos tratos durante un periodo prolongado y de que se les negase el acceso a sus abogados, declararon contra sí mismos y contra sus colegas.

El 17 de octubre, Saeed Hajjarianrecibió una condena condicional de cinco años por instigar presuntamente los disturbios postelectorales. Había permanecido más de 100 días recluido y fue liberado el 30 de septiembre. También el 17 de octubre, Shahaboddin Tabatabaei, destacado miembro de la campaña electoral de Mir Hoseín Musavi, fue condenado a cinco años de prisión al ser declarado culpable de actuar contra la seguridad nacional”, entre otros delitos, la misma condena que recibió Hedayet Aghaei, destacado miembro del partido Kargozaran, por “perturbar el orden público incitando a la revuelta” y “actuar contra la seguridad nacional”.

El 18 de octubre, el periodista Masoud Bastani fue condenado a seis años de prisión por “propaganda contra el gobierno” y por su presunta participación en la revuelta. Abdollah Momeni, portavoz de la Asociación de Antiguos Alumnos Universitarios, fue condenado a ocho años de prisión el 14 de noviembre, dos de ellos en relación con una causa anterior. Había comparecido en la quinta vista de los “juicios espectáculo”, celebrada el 14 de septiembre, donde lo acusaron de una serie de delitos relacionados con la seguridad nacional. El acta de acusación contra él afirmaba que, entre otras cosas, se había confesado culpable de socavar el sistema al cuestionar las elecciones para causar disturbios, y de haber tenido contactos con medios de comunicación contrarrevolucionarios extranjeros y con Amnistía internacional y Human Rights Watch con el fin de hacer “propaganda contra el sistema”.185

El 20 de octubre, Kian Tajbakhsh,sociólogo y urbanista con doble nacionalidad iranoestadounidense (véase el Capítulo 4), fue declarado culpable de “espionaje”, “cooperación con un gobierno enemigo” y “actuar contra la seguridad nacional” por participar en Gulf 2000 –foro de Internet de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos– y por trabajar para el Instituto para una Sociedad Abierta, con el que no había tenido relación desde 2007.186Fue condenado a 15 años de cárcel. La acusación no aportó ninguna prueba y, durante el juicio, su abogado, nombrado por el tribunal, calificó las acusaciones contra su cliente de “insostenibles”. El 29 de octubre, funcionarios judiciales no permitieron que su abogado presentase un recurso en su nombre, lo que contraviene la legislación iraní, aunque posteriormente pudo hacerlo dentro del plazo de 20 días permitido por la ley.187Al parecer ha sido tratado con especial dureza debido a su doble nacionalidad y a la índole de su labor académica.

Antes, el 10 de octubre, se anunció que dos hombres, identificados como M.Z. y A.P., iniciales que al parecer se corresponden a Mohammad Reza Ali Zamani y Arash Rahmanipour, ambos miembros de la Asamblea del Reino de Irán (Anjoman-e Padshahi Iran), que propugna la restauración de la monarquía de Irán, habían sido condenados a muerte. Otro hombre, N.A., iniciales que al parecer corresponden a Naser Abdolhasani,también fue condenado a muerte por pertenecer a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán.

Fuentes de la oposición afirmaron que un cuarto hombre, Hamed Rouhinejad, incluido en la primera acta de acusación de los “juicios espectáculo”, fue condenado a muerte por pertenecer a la Asamblea del Reino de Irán. Como el resto, había sido detenido antes de las elecciones y contó al grupo Activistas de Derechos Humanos en Irán que lo habían engañado para que dijera que había participado en los disturbios. Antes del juicio, había permanecido 40 días detenido en la Sección 209 de la prisión de Evín, donde lo amenazaron con torturarlo y matarlo. La ansiedad le provocó un brote de esclerosis múltiple tras el que perdió la sensibilidad en la parte derecha del cuerpo y se quedó prácticamente ciego del ojo derecho. No se le permitió recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas. En una carta enviada desde la prisión después de ser condenado, Hamed Rouhinejad escribió:

Sólo me enteré de que había habido elecciones un día después de su celebración. No tenía ni idea de lo que pasaba fuera de la prisión. No sabía nada de las protestas populares masivas que habían tenido lugar en todo el país. Me engañaron y me llevaron al juicio de las personas que habían protestado por los resultados electorales, sin haber tenido nada que ver con ello. Fui sólo porque mis interrogadores habían prometido devolverme mi vida anterior si obedecía. Así que fui al juicio y escribí en un papel lo que ellos querían, afirmando haber hecho lo que ellos decían.188

El abogado de Hamed Rouhinejad, Khalil Bahramian, que también representa a otro acusado, Ahmad Karimi, afirmó en relación con el caso:

En mi opinión, el señorMortazavi, fiscal de Teherán en aquel momento, intentó como siempre presentar un expediente muy voluminoso ante el tribunal y ofrecer una imagen desvirtuada del caso a la opinión pública. Mis dos clientes fueron detenidos antes de las elecciones y no tuvieron nada que ver con las protestas postelectorales. No me cabe ninguna duda de que ni Ali Zamani ni mis dos clientes tenían relación con la Asamblea del Reino de Irán ni sabían nada acerca de la organización. Eran simplemente tres jóvenes que, junto al hijo de Zamani, marcharon a Irak con la esperanza de viajar a algún país occidental más tarde. La pobreza y otros problemas obligaron a mis dos clientes a regresar a Irán, con la aprobación y coordinación del Ministerio de Información. Ellos contaron a las autoridades su peripecia sin ocultar nada.189

El 15 de noviembre se anunció una quinta condena a muerte, la que le fue impuesta a Reza Kazemi, que había sido detenido el 13 de junio. Las autoridades judiciales confirmaron el 17 de noviembre que hasta el momento se habían dictado cinco condenas a muerte.

En virtud de la legislación iraní, toda persona puede recurrir su declaración de culpabilidad y su condena, y la decisión sobre el recurso debe ser anunciada antes de que se ejecute la condena. Las autoridades judiciales han indicado que, al menos en algunos casos, se han visto los recursos y se han dictado sentencias definitivas.

La puesta en escena de los “juicios espectáculo” puso de manifiesto la arbitrariedad del sistema de justicia en Irán. También reveló el hecho de que, en casos políticamente delicados, el sistema de justicia es un instrumento de represión en manos de las autoridades. En el momento de redactarse este documento, además de las personas condenadas a muerte, más de 80 acusados habían sido condenados a penas de prisión, algunas de larga duración.

Algunas personas detenidas en relación con las elecciones fueron juzgadas individualmente, al margen de los “juicios espectáculo” descritos, especialmente fuera de Teherán. Algunas habían permanecido recluidas fuera del control judicial y a menudo alegaron que habían sufrido torturas u otros malos tratos y se les había negado el acceso a asistencia médica, representación letrada y familiares. Además, tuvieron que enfrentarse a procesos judiciales manifiestamente injustos ya que los juicios ante tribunales generales, revolucionarios o especiales en Irán incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos.

Entre las personas juzgadas al margen de los “juicios espectáculo” se encontraba Iman Sedighi, de 23 años. Era uno de los ocho estudiantes miembros de la Sociedad Islámica de la Universidad de Tecnología (Noshirvani) de Babol, que en septiembre fueron declarados culpables de actuar contra la República Islámica por “participar en una reunión ilegal”, “instigar la participación en revueltas” y “propaganda contra el Estado”.190Fue condenado a 10 meses de prisión y se le prohibió cursar estudios durante cinco años.

Algunas de las personas juzgadas han sido condenadas a recibir latigazos. Por ejemplo, el 12 de noviembre, según informes, la Sección 26 del Tribunal Revolucionario condenó a Soheyl Navidi-Yekta, detenido durante los disturbios postelectorales, a siete años de cárcel y a recibir 74 latigazos. El juicio se celebró a puerta cerrada. Lo habían acusado de “actuar contra la seguridad nacional”, “propaganda contra el sistema” y “perturbar el orden público”.191



8. Impunidad

Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones.192


lucha contra la impunidad

Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.193
El derecho de los derechos humanos impone a los Estados la obligación de impedir las violaciones de derechos humanos y de luchar contra la impunidad, investigando las denuncias de violaciones con prontitud, imparcialidad e independencia, y procesando a las personas de quienes se sospeche razonablemente que son responsables de las violaciones. Los Estados también deben ofrecer reparación por las violaciones sufridas.

Las autoridades han realizado numerosas declaraciones contradictorias sobre lo que les pasó realmente a los detenidos, evidenciando su falta de voluntad para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios. Como ya se ha mostrado, las autoridades en un principio negaron que se hubiese producido ningún homicidio, pero más tarde admitieron que había habido algunos. Cifraron el número de muertos en una cantidad muy inferior a la registrada por la oposición, y afirmaron que la cifra total incluía a miembros del personal de seguridad. Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna lista oficial de víctimas mortales.

En un principio las autoridades negaron que se hubiese enterrado a personas en secreto. Después iniciaron una investigación sobre las denuncias, pero no hicieron públicos los resultados. Intentaron culpar de algunos homicidios a extranjeros y grupos de la oposición, y exhibieron en público a personas que afirmaban falsamente ser las personas que habían muerto.

En los primeros días de disturbios, las autoridades negaron que nadie hubiese muerto en el centro de detención de Kahrizak, pero poco después tuvieron que retractarse, tras el anuncio de las muertes de Mohsen Rouholamini, Ramin Qahremani y Mohammad Kamrani. Incluso entonces, siguieron afirmando que los fallecidos habían muerto de meningitis y no a consecuencia de las torturas que los tres habían sufrido bajo custodia, hasta que los informes forenses mostraron algo muy distinto.

LA SOSPECHOSA MUERTE DEL DOCTOR Ramin Pourandarjani

Se teme que las autoridades estén colocando en su punto de mira a personas que poseen información sobre violaciones. El 10 de noviembre, un joven médico llamado Ramin Pourandarjani fue encontrado muerto en la habitación que ocupaba en un centro de salud. El director general de la policía iraní afirmó el 18 de noviembre que el doctor Pourandarjani se había suicidado a causa de una depresión, provocada porque lo habían citado para comparecer ante un tribunal y se enfrentaba a una posible condena de cinco años de cárcelpor cargos que se desconocían. Su familia rechazó el suicidio como la causa de la muerte, asegurando que la noche anterior a su fallecimiento habían hablado con él por teléfono y se encontraba con buen ánimo, y que las autoridades les habían proporcionado información contradictoria.

Durante los disturbios registrados tras las controvertidas elecciones presidenciales, el doctor Pourandarjani cumplía el servicio militar obligatorio en el centro de detención de Kahrizak como médico residente. Como médico del centro de detención, durante sus visitas semanales solía tratar a internos que habían sufrido torturas.Tras la orden del cierre de Kahrizak, según informes, Ramin Pourandarjani permaneció detenido durante una semana y fue obligado a firmar una declaración afirmando que Mohsen Rouholamini (véase el Capítulo 6) había muerto a consecuencia de una meningitis.

Tras su liberación, el doctor Pourandarjani declaró ante la Comisión Parlamentaria Especial y, al parecer, la víspera de su muerte se había reunido con varios parlamentarios. Parece ser queantes de morir había recibido amenazas para que no revelase la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el centro de detención de Kahrizak, y que había comentado a sus amigos que temía por su vida. No está claro por qué se habían presentado cargos penales contra él.

La Fiscalía de Teherán anunció el 16 de noviembre que se había abierto una investigación sobre la muerte del doctor Pourandarjani.194Esta investigación debe realizarse de un modo totalmente acorde con los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, y completarse con carácter de urgencia, y sus resultados deben hacerse públicos. Las personas que resultenresponsables de la muerte del doctor Pourandarjani deben ser procesadas sin demora y con todas las garantías, sin que pueda recurrirse a la pena de muerte.

Las autoridades se han esforzado especialmente en refutar las denuncias de tortura. El 10 de agosto, Alí Lariyani, presidente del Parlamento iraní, nombró una Comisión Parlamentaria Especial para investigar las denuncias de violación y las condiciones de reclusión de las personas detenidas durante los disturbios postelectorales que había hecho públicas Mehdi Karrubi. Dos días después anunció en nombre de la comisión que las denuncias de violación no tenían fundamento y que, tras “cuidadosos exámenes realizados a las personas detenidas en Kahrizak y en la prisión de Evín, no se había encontrado ningún caso que indicase que se hubiera cometido violación u otros abusos”.195El 25 de agosto, Farhad Tajari, miembro de la Comisión Parlamentaria Especial, también dijo que las denuncias de violaciones a detenidos formuladas por Mehdi Karrubi eran “infundadas”.196Sin embargo, la Comisión Parlamentaria Especial no ha hecho públicos sus resultados en detalle. El 13 de noviembre, Farhad Tajari afirmó que se había remitido un informe confidencial al presidente del Parlamento.197

Sin embargo, el 9 de agosto, el director general de la policía de Irán, general Esmail Ahmadi Moghaddam, reconoció que se habían perpetrado abusos contra los detenidos198y, como ya se ha mencionado, el 26 de agosto un miembro de la Comisión Parlamentaria Especial dijo al sitio web Parleman News, con la condición de permanecer en el anonimato: “No nos cabe duda de que algunas de las personas detenidas en los disturbios postelectorales han sido violadas con porras y botellas.”199

El 29 de agosto, el ayatolá Sadegh Lariyani, presidente de la Magistratura, nombró una Comisión Judicial formada por tres personas para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos. La Comisión estaba formada por Ali Khalafi, director de la Oficina del Presidente de la Magistratura; Gholam Hossein Mohseni Ejeie, el fiscal general que había sido ministro de Información durante las elecciones y Ebrahim Raeesi, vicepresidente de la Magistratura.

Según la televisión iraní, la Comisión debía llevar a cabo un “examen justo, firme y rápido de los casos relacionados con los incidentes posteriores a las elecciones presidenciales, la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán y el centro de detención de Kahrizak”. Asimismo, se encargaría de “supervisar el proceso que debía conducir a la identificación de los principales responsables de los delitos y a su enjuiciamiento, con independencia de sus cargos”. Al parecer, la Comisión también debía supervisar “todos los procedimientos de indagación, incluidas las investigaciones que se están llevando a cabo en la Fiscalía y en las vistas judiciales”, e informar al presidente de la Magistratura.200

Menos de dos semanas más tarde, el 12 de septiembre, Gholam Hossein Mohseni Ejeie afirmó que la Comisión no había encontrado “indicios de violación en los casos denunciados por el señor Karrubi”. También afirmó que las alegaciones eran “falsas y diseñadas para desviar la atención de la opinión pública” y pidió que se emprendieran acciones judiciales contra las personas que habían mentido y difamado, desacreditando al gobierno.201Al día siguiente se emitió en televisión una entrevista con Gholam Hossein Mohseni en la que éste reiteraba que las denuncias de Mehdi Karrubi eran “categóricamente falsas y que una corriente política [estaba] orquestando estas acciones después de los acontecimientos postelectorales”.202

No se dieron a conocer ni el mandato ni los poderes de ninguna de las dos comisiones de investigación, y los resultados de la comisión parlamentaria no se hicieron públicos. La rapidez con la que ambas desestimaron las numerosas denuncias de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, a menudo sustentadas con elocuentes vídeos y testimonios de testigos, reforzó el clima de impunidad en el que actuaban las fuerzas de seguridad y evidenció la necesidad de llevar a cabo investigaciones completas, independientes y exhaustivas de todos los abusos denunciados.

Las autoridades han adoptado otras medidas para ocultar la verdad. En primer lugar, personas que han acusado públicamente a sus carceleros de violación han sido víctimas de nuevas violaciones de derechos humanos. Al parecer las autoridades no las ven como personas que necesitan recibir un trato especial y obtener justicia y reparación, sino como una nueva amenaza para el Estado simplemente por revelar la verdad sobre los crímenes de los que han sido víctimas.

En segundo lugar, el 7 de septiembre, tan sólo unos días antes de que se anunciaran las conclusiones de la Comisión Judicial sobre las denuncias de violación, las fuerzas de seguridad procedieron al registro y clausura de las oficinas del Comité de Seguimiento de Personas Heridas y Detenidas en los Acontecimientos Recientes, creado tras una reunión entre Mehdi Karrubi, Mir Hoseín Musavi y el ex presidente Jatamí con el objeto de recabar pruebas de abusos bajo custodia. Siguiendo las órdenes del fiscal general, agentes de seguridad confiscaron ordenadores, ficheros y otra documentación de la sede del comité. Morteza Alviri (véase el Capítulo 4) yAlireza Beheshti, asesores de Mehdi Karrubi y Mir Hoseín Musavi, respectivamente, que colaboraban con el comité, fueron detenidos el 8 de septiembre.203Alireza Beheshti quedó en libertad el 12 de septiembre y Morteza Alviri permaneció bajo custodia hasta el 31 de octubre. Mohammad Reza Moghiseh, que también trabajaba con el comité, fue detenido en su domicilio el 14 de octubre y en el momento de redactarse este informe todavía no había sido puesto en libertad.204

También el 8 de septiembre, funcionarios judiciales cerraron la oficina de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Presos, fundada por el activista de derechos humanos Emaddedin Baghi, que también había reunido información sobre torturas y otros abusos contra los detenidos.

El mismo día, las autoridades cerraron las oficinas de Mehdi Karrubi y de su partido, Etemad e Melli. Mohammad Davari, director del sitio web oficial del partido, Saham News, fue detenido. A pesar de que dos días después de su detención se dictó una orden de libertad bajo fianza a su favor, permaneció recluido en la Sección 209 de la prisión de Evín y, según informes, fue juzgado en varias sesiones, entre ellas una vista celebrada el 22 de noviembre. Se enfrentaba a los cargos de “agruparse y conspirar para lesionar la seguridad nacional y propaganda contra el sistema”.

Según informes recibidos en octubre, sólo se juzgaría a quienes hubieran maltratado presuntamente a detenidos en el centro de detención de Kahrizak y no habría ningún intento sistemático de hacer rendir cuentas a las fuerzas de seguridad por las violaciones y otros abusos cometidos en otros centros de detención y prisiones, o en las calles.

El 13 de octubre, la agencia de noticias IRNA informó de que se había entablado un proceso judicial contra Mehdi Karrubi por sus denuncias de violación.205Desde que las hizo públicas, la mayoría de las presuntas víctimas que le ofrecieron su testimonio han huido de Irán, temiendo por su vida y la de sus familiares.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que adopten medidas concretas e inmediatas para poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos –incluidos los casos de homicidio ilegítimo y de violación y otras torturas que se destacan en este informe– emprendiendo investigaciones completas, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos. Estas investigaciones deben llevarse a cabo con vistas a llevar a los responsables ante la justicia en juicios que cumplan las normas internacionales de derechos humanos y sin que pueda recurrirse a la pena de muerte.



9. Conclusiones y recomendaciones



Ofrecí mi testimonio a [el comité de] Mehdi Karrubi pero llegaron y lo robaron todo. No habría huido de Irán; no me quedaría [aquí] más de una hora si pudiera obtener justicia en Irán […]

Ebrahim Sharifi206


Las elecciones presidenciales celebradas en Irán en junio de 2009 fueron el detonante de una movilización masiva de personas dispuestas a ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y reunión. La movilización sacudió a la clase dirigente, algunos de cuyos miembros recurrieron de forma creciente a medios de represión conocidos y de probada eficacia. Detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos, tortura y muchos otros abusos fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad en la confianza de que podían actuar con impunidad.

Ninguna instancia del Estado –ya fuera el Parlamento o el sistema de justicia, las autoridades locales o los jefes de las fuerzas de seguridad– estuvo a la altura de los desafíos planteados por los disturbios postelectorales. Como consecuencia, graves violaciones de derechos humanos no se han investigado adecuadamente. La impunidad es generalizada y la constante de la violación no remite. Mientras tanto, las víctimas y sus familias siguen sin obtener verdad, justicia y reparación, incluidas garantías de que los mismos crímenes no volverán a cometerse.

En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán está obligado a reconocer y a proteger un amplio conjunto de derechos humanos, entre los que se cuentan el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y asociación. También está obligado a proteger los derechos de los detenidos, incluido el derecho a ser acusados sin demora, a tener acceso a un abogado de su elección, a tener acceso sin demora a sus familiares, a no sufrir torturas u otros malos tratos y a ser juzgados con todas las garantías. Irán ha violado de forma rutinaria todos estos derechos, y lo ha hecho a gran escala, durante los disturbios electorales y con posterioridad.

Los casos que se detallan en este informe ponen de relieve una constante clara de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad iraníes, que han sido permitidas y hasta fomentadas por poderosas figuras políticas y religiosas en Irán. Las autoridades iraníes mantienen que aplican la ley y no toleran los abusos. Tal afirmación no es verosímil en ausencia de acciones significativas para investigar y poner fin a esas violaciones.

Recomendaciones

Es necesario emprender acciones urgentes y sustanciales para abordar los tipos de violación de derechos humanos que desde hace décadas se vienen observando en Irán y que ahora se están consolidando en manos de un aparato del Estado que se siente amenazado. Es imperativo que haya un escrutinio independiente de la situación de los derechos humanos en Irán. Por tanto, Amnistía internacional insta a las autoridades iraníes a que faciliten, con carácter de urgencia, las visitas a Irán de los relatores especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de modo que sus valoraciones y recomendaciones contribuyan a garantizar que los responsables de ordenar o cometer las violaciones son obligados a rendir cuentas.

Amnistía Internacional también insta a las distintas ramas del Estado a adoptar las siguientes medidas adicionales:

Libertad de expresión, asociación y reunión

  • Respetar los derechos a la libertad de creencia, expresión, asociación y reunión, revisando la legislación, entre otras medidas, con vistas a derogar o enmendar todas las disposiciones redactadas de forma imprecisa que puedan utilizarse para restringir la libertad de creencia, expresión, asociación y reunión, o que discriminen a las mujeres o a los miembros de minorías étnicas, religiosas o de otro tipo.

  • Declarar públicamente que la legislación iraní y el derecho internacional permiten a las personas participar en manifestaciones pacíficas.

  • Garantizar que las normas internacionales sobre libertad de expresión, asociación y reunión se respetan en las universidades y otras instituciones académicas, garantizando la autonomía de las instituciones de educación superior y poniendo fin al acoso que sufre el personal docente.

Detención y reclusión arbitrarias

  • Liberar a todos los presos de conciencia, es decir, las personas encarceladas en Irán por sus profundas convicciones políticas, religiosas o de otra índole o por su origen étnico, idioma, origen nacional o social, orientación sexual u otra condición, que no hayan utilizado ni hecho apología de la violencia o del odio.

  • Revisar los casos de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, incluidas las que fueron declaradas culpables en “juicios espectáculo”; liberar a las que no hayan sido juzgadas todavía, a menos que vayan a serlo sin demora y con todas las garantías, por delitos comunes reconocibles, representadas por un abogado de su elección y con la posibilidad de oír e interrogar a los testigos. 207

  • Garantizar que todas las detenciones se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y son realizadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley legalmente autorizados para ello.

  • Enmendar el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal para impedir que los miembros de la milicia Basij practiquen detenciones y para garantizar que se hace pública cualquier decisión por parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en relación con la identidad de las autoridades facultadas temporalmente para practicar detenciones.

  • Introducir legislación para garantizar que todas las personas detenidas tienen derecho, en la ley y en la práctica, a contar con representación letrada efectiva desde el momento de la detención.

  • Garantizar que se respetan los derechos de todas las personas detenidas, lo que incluye su puesta en libertad si no son acusadas sin demora de un delito común reconocible.

Homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza

  • Poner fin al uso de la milicia Basij en labores de vigilancia de las manifestaciones.

  • Garantizar que todo el personal de seguridad desplegado en labores de vigilancia de grupos numerosos de personas, está formado convenientemente y obedece la orden de utilizar métodos no letales de control de multitudes cuando proceda. Deben respetarse rigurosamente las normas internacionales de derechos humanos, entre ellas el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de la ONU. En especial, garantizar que no se permite el uso letal e intencional de armas de fuego, excepto como último recurso para proteger la vida.

  • Exigir a las fuerzas de seguridad que incorporen en su formación y práctica los contenidos pertinentes del Programa de 14 puntos de Amnistía Internacional para la prevención de las ejecuciones extrajudiciales.208

  • Introducir legislación destinada a reforzar la rendición de cuentas individual de los organismos del Estado.

Tortura y otros malos tratos

  • Establecer salvaguardias efectivas para que nadie sea sometido a tortura u otras formas de malos tratos, garantizando que ninguna persona es recluida en régimen de incomunicación, que se informa a todas las personas detenidas de sus derechos y que gozan de acceso inmediato y regular a familiares, abogados y profesionales de la salud.

  • Poner fin al castigo cruel, inhumano y degradante de la flagelación.

  • Adoptar medidas para adherirse a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y comprometerse públicamente a cumplir un calendario de ratificación.

  • Como primer paso hacia la ratificación, de acuerdo con las disposiciones de la Convención:

  • Prohibir explícitamente por ley todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con independencia de su intención.

  • Garantizar que todos esos actos se reconocen como delitos, punibles con penas proporcionadas a la gravedad de delito, sin que pueda recurrirse a la pena de muerte.

  • Garantizar que las declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos no pueden admitirse como prueba en los procesos judiciales, excepto contra una persona acusada de tortura, como prueba de que la declaración se realizó.

  • Introducir una disposición específica, independiente de las disposiciones relativas a los delitos de zina y lavat, que castigue la violación tanto de hombres como de mujeres e incluya la violación con un instrumento y otras formas de violencia sexual, y que deje claro que la violación bajo custodia a cargo de funcionarios constituye tortura.

  • Establecer una comisión judicial encargada de recabar y hacer pública información sobre la escala de la tortura, incluidas violaciones y otros abusos sexuales bajo custodia, e introducir medidas eficaces para impedir esos delitos.

  • Condenar públicamente el uso de la violación –incluida la violación con instrumentos– por parte de agentes del Estado contra personas de ambos sexos y hacer llegar a todas las fuerzas de seguridad el mensaje inequívoco de que la violación y otras formas de violencia sexual bajo custodia constituyen tortura y que los autores serán procesados y se enfrentarán a las penas correspondientes.

  • Desarrollar un sistema por el cual las víctimas de violencia sexual y otras formas de tortura reciban asistencia hasta que, mediante la correspondiente evaluación, se establezca que no necesitan seguir recibiendo ayuda.

Pena de muerte

  • Declarar una suspensión inmediata de las ejecuciones.

  • Adoptar medidas para poner fin al uso de la pena de muerte en la ley y en la práctica.

  • Mientras tanto, garantizar que, como mínimo, todos los juicios cumplen las normas internacionales sobre juicios justos, exigibles en todos los casos pero que son particularmente esenciales en los casos que implican la pena de muerte.

Impunidad

  • Emprender investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas las de homicidios ilegítimos, violación y otras torturas que se destacan en este informe, con vistas a llevar a los responsables ante la justicia en juicios que cumplan las normas internacionales de derechos humanos y sin que pueda recurrirse a la pena de muerte.

  • Garantizar que todos los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos son suspendidos en sus funciones mientras no se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre su conducta. Cuando existan indicios razonables de criminalidad, los acusados deben comparecer ante la justicia y ser juzgados con todas las garantías.

  • Hacer públicos en su totalidad los métodos y resultados de las comisiones judicial y parlamentaria que investigaron los disturbios postelectorales, estableciendo qué medidas se adoptaron y garantizando que todos los miembros de ambas comisiones están disponibles para responder a preguntas.

  • Aclarar qué ha sido de los testimonios y del resto del material confiscado el 7 de septiembre en las sedes de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Presos y del Comité de Seguimiento de Personas Heridas y Detenidas en los Acontecimientos Recientes. Dar garantías a las personas que ofrecieron su testimonio ante estas agencias de que al menos los parlamentarios sí emprenderán acciones en relación con sus denuncias, aunque otros no lo hagan.

  • Recordar una vez más a los cuerpos de seguridad de Irán que el artículo 9 del Código Civil los obliga a respetar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  • Garantizar que los jueces ordenan la apertura de investigaciones sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos a personas acusadas, y que no permiten que “confesiones” obtenidas bajo coacción se utilicen como prueba contra ellas.

  • Garantizar que todas las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos por tomar parte en protestas pacíficas o expresar sus opiniones de forma no violenta tienen acceso a un recurso efectivo, que incluye reparación adecuada y proporcionada a las violaciones sufridas.

Cooperación con organismos internacionales de derechos humanos

  • Implementar las recomendaciones que hicieron el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y los relatores especiales de la ONU sobre libertad de expresión y violencia contra la mujer tras sus visitas a Irán en 2003 y 2005, respectivamente.

Notas FINALES



Todos los enlaces tienen validez a fecha de 4 de diciembre de 2009.

Apéndice 1: Informe médico de Ebrahim Mehtari

Traducción al español (de la traducción inglesa)

Magistratura

Departamento General de Medicina Legal, Provincia de Teherán

25 de agosto de 2009

1/14/m/7698



Respetable Jefe de de la Comisaría de Policía 134, Shahrak e Qods



Saludos:

Con el debido respeto, en relación con la carta nº 100299/4177, de fecha 24 de agosto de 2009, el señor Ebrahim Ali Mehtari, hijo de Esmail, fue examinado.

  1. Amoratamiento e hinchazón debajo del ojo derecho

  2. Magulladura e hinchazón debajo del ojo derecho

  3. Erosión en la zona posterior izquierda de la cabeza

  4. Rasguños (superficiales) en el antebrazo derecho, brazo derecho y brazo izquierdo;

  5. Rasguños (profundos) alrededor de ambas muñecas y en las piernas;

  6. Dos laceraciones (superficiales) en la parte posterior de la tibia derecha;

  7. Erosión (superficial) en la mejilla izquierda;

  8. Quemaduras circulares superficiales de segundo grado en muñeca derecha, cabeza, parte posterior del cuello, hombro izquierdo y dorso de ambas manos, totalizando un 2 por ciento de la superficie corporal;

  9. Se aprecian magulladuras en ambos lados de la cadera y área externa del ano, causadas por el objeto contundente que había provocado las erosiones (1-7 y 9) y el objeto candente que había causado las heridas descritas en el punto 8.



Además, se aprecian varias lesiones superficiales paralelas alrededor de la parte superior del muslo derecho y ambos lados de la cadera. Para averiguar su causa sería útil llevar a cabo investigaciones judiciales y policiales.

Además, el paciente informa de dolores en el ano. Para realizar un examen con el fin de evaluar si se ha producido penetración anal, etc., se necesita una carta específica a tal efecto. No presenta fractura en el pómulo derecho.

Firmado y sellado: Jefe del Centro de Medicina Legal de Teherán Oeste

IRÁN

Represión en aumento ante las protestas por las elecciones





Los resultados de la elección presidencial de Irán en junio de 2009 presagiaron una represión aplastante y el estallido de protestas multitudinarias en una escala sin precedentes desde la revolución que estableció la República Islámica de Irán en 1979.

Antes de las elecciones existían duras restricciones sobre los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión y se practicaban detenciones contra políticos, periodistas, estudiantes y otras muchas personas. Durante los disturbios generalizados que sucedieron al controvertido resultado electoral, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, varias decenas resultaron muertas en las calles o bajo custodia y muchas, al parecer, sufrieron tortura u otros malos tratos. Especialmente alarmantes fueron los testimonios que se dieron a conocer de mujeres y, por primera vez, también de hombres que habían sido violados bajo custodia, a menudo con un instrumento, como una botella o una porra. Posteriormente se exhibió en la televisión estatal a unos 140 detenidos en una serie de “juicios espectáculo” masivos que fueron manifiestamente injustos.

Este informe contiene casos y testimonios conmovedores de personas que han sufrido abusos contra sus derechos humanos. Evidencia que las autoridades continúan predispuestas a recurrir a la violencia y adoptar medidas arbitrarias para acallar las protestas y la disidencia a pesar de que las protestas postelectorales remitieron hace tiempo. Disidentes políticos y religiosos, miembros de comunidades minoritarias étnicas y religiosas de Irán, estudiantes, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas de los derechos de las mujeres corren especial peligro.

El informe concluye con un conjunto de recomendaciones a las autoridades iraníes para acabar con la impunidad de que disfrutan las fuerzas de seguridad, en particular la milicia voluntaria Basij, y para garantizar mayor protección de los derechos humanos.

1 Empezando en agosto de 1988, justo al acabar la guerra de Irán e Irak, y continuando hasta poco antes del décimo aniversario de la revolución islámica en febrero de 1989, las autoridades iraníes llevaron a cabo una campaña masiva de ejecuciones de presos políticos –la más amplia desde las que se realizaron los dos primeros años tras la revolución iraní en 1979. En total fueron ejecutados, al parecer, entre 4.500 y 5.000 presos, entre los que había mujeres.

2 Véase el documento de Amnistía Internacional Iran: Worsening Repression of dissent as election approaches, MDE 13/012/2009, febrero de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/012/2009/en.

3 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general 25: Derecho a participar en asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas (Art. 25), 12 de julio de 1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (Observaciones generales).

4 Véase el documento de Amnistía Internacional Irán: Garantizar elecciones presidenciales libres, MDE 13/046/2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/046/2009/es .

5 Alireza Jamshidi, presidente de la Magistratura, en una conferencia de prensa ofrecida el 11 de agosto de 2009, http://www.presstv.com/classic/Detail.aspx?id=103230&sectionid=351020101.

6 Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido negaron toda participación.

11 Yadollah Javani, director de la Oficina Política de la Guardia Revolucionaria, en unos comentarios publicados en el sitio web de la Guardia Revolucionaria, núm. 402, 8 de junio de 2009, p. 8, descargado de http://www.sobhesadegh.ir/.

12 Amnistía Internacional instó al Consejo de Guardianes a garantizar que no excluían a una sola persona solamente por su origen racial, color de piel, sexo, idioma, religión, procedencia social o política u otras impresiones. En particular, pidió al Consejo que se asegurase de que las mujeres no eran excluidas simplemente por serlo, como ocurrió en 2005 cuando las 89 mujeres inscritas fueron descalificadas.

13 El 11 de abril, el doctor Abbas Ali Kadkhodaei, portavoz del Consejo de Guardianes, afirmó que no había “restricciones legales” a la candidatura de mujeres a pesar de que el portavoz del gobierno Gholam Hossein Elham había afirmado con anterioridad que sólo podían presentarse varones como candidatos a la presidencia. http://www.tehrantimes.com/PDF/10563/10563-12.pdf

14 Véase, por ejemplo, su declaración en Kalemeh Sabz; encontrarán una imagen de ella en http://windowsoniran.files.wordpress.com/2009/06/i-will-not-surrender-1.jpg.

15 Discurso del líder supremo a los estudiantes y otros, hecho público por Vision of the Islamic Republic of Iran Network 1, 26 de agosto de 2009.

16 Ahmadineyad afirma que los abusos a detenidos son parte de “la conspiración del enemigo”, http://presstv.ir/detail.aspx?id=104682&sectionid=351020101.

18 Farhad Rahbar, rector de la Universidad de Teherán, hablando para Canal 1 de Voice of the Islamic Republic of Iran el 18 de junio de 2009.

21 La radio iraní reconoció siete muertes pero, según AFP, los servicios de emergencia tenían información relativa a ocho muertes. AFP, 16 de junio de 2009, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hP9dwL4yZk9JolWtLhvjKa2kYDEA.

24 Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán, Abdollah Eraghi, en una entrevista para IRNA, http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-156/8807113497112922.htm.

26 Vision of the Islamic Republic of Iran, televisión provincial de Isfahán, 16 de junio de 2009.

28 Artículo 21 del PIDCP: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”. http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/pacto_internacional_derechos_civiles_politicos.html

29 El artículo 27 de la Constitución de Irán dispone: “Podrán celebrarse marchas y concentraciones públicas libremente, siempre que no se porten armas ni se actúe en perjuicio de los principios fundamentales del Islam”, http://www.servat.unibe.ch/law/icl/ir00000_.html.

33 Voice of the Islamic Republic of Iran, Teherán, 26 de junio de 2009.

35 La Guardia Revolucionaria afirmó en una declaración del 17 de septiembre: “Estamos advirtiendo a la gente y a los movimientos que desean ayudar al régimen sionista que si intentan causar alguna interrupción o altercado en la gloriosa concentración del Día del Qods, chocarán de frente con la decisiva oposición de los valientes niños de Irán”. Véase, por ejemplo, http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8707020560.

38 Vision of the Islamic Republic of Iran Network 1, Teherán, 30 de agosto de 2009.

41 “A new wave of purges of social science academicians”, 4 de octubre de 2009, última consulta realizada el 6 de octubre de 2009, http://www.iranian.com/main/news/2009/10/05/new-wave-purges-social-science-academicians-iranian-universities.

42 El artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”.

43 La autonomía se define como “el grado de autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones adoptadas por las instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas, gestión y actividades conexas”.

44 Observación general sobre el artículo 13, PIDESC, párr. 39.

45 Iranian Labour News Agency (ILNA), 11 de octubre de 2009, http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=82535.

46 El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” El artículo 19 establece que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. El artículo 29.1.b dispone que la educación del niño deberá estar encaminada a “inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

48 Declaración de Alireza Malekian, viceministro de Cultura y Orientación Islámica encargado de prensa y difusión de información, http://www.mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=7801#52120.

50 AFP, 13 de junio de 2009.

51 “BBC correspondant ordered to leave Tehran”, Press TV, 21 de junio de 2009, http://www.presstv.ir/detail/98678.htm?sectionid=351020101.

59 La Junta de Supervisión de la Prensa depende del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica y está facultada para retirar licencias, prohibir publicaciones y remitir quejas a un Tribunal de Prensa especial.

61 ILNA, 13 de noviembre de 2009.

65 Véase Comité de Derechos Humanos, observación general No.10: libertad de opinión, 29 de junio de 1983, párr. 4.

66 El diario británico The Guardian ha recopilado una lista de más de 1.000 personas que presuntamente han muerto o han sido detenidas durante los disturbios, véase http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/nov/04/iran-dead-detained-protests-elections.

67 Véase el artículo 15 (15.4 y 15.5).

69 Observación general 29: estados de excepción, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001, párr. 11.

  1. 70 La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define así la desaparición forzada en su artículo 2: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

71 Finalmente, las listas con los nombres de algunas de las personas detenidas en Teherán que habían sido “procesadas” se colgaron a las puertas del Palacio de Justicia de Teherán. Véase http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/news/iran-lista-detenidos-20090713.

72 Comunicaciones del Comité Estudiantil de Defensa de los Presos Políticos a Amnistía Internacional.

79 Sitio web de la agencia de noticias Fars, 9 de julio de 2009, http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8804180457.

80 Véase http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/ayatola-debe-retractarse-declaraciones-elecciones-iran-20091029.

86 El Tribunal Especial para el Clero, encargado de juzgar casos de clérigos, no forma parte de la Magistratura y su presidente es nombrado directamente por el líder supremo. Solamente pueden actuar como abogados defensores los clérigos asignados a este tribunal, que puede, al igual que otros tribunales iraníes, imponer la pena de muerte para ciertos delitos.

93 La transcripción íntegra del acta de acusación está en inglés en http://tinyurl.com/y9ne2wh.

97 Comunicación del Comité Estudiantil de Defensa de los Presos Políticos a Amnistía Internacional.

98 Comunicación del Comité Estudiantil de Defensa de los Presos Políticos a Amnistía Internacional.

100 Véase Iran: Worsening repression of dissent as election approaches, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/012/2009/en.

102 Artículo 15.1 del PIDCP: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

103 Su nombre completo no se revela por razones de seguridad.

104 En algunos casos, el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad puede haber sido legítimo para hacer frente a protestas violentas, pero esto sólo puede determinarse si se llevan a cabo investigaciones independientes sobre los incidentes.

106 En junio las autoridades afirmaron que ocho miembros de la milicia Basij habían muerto durante las protestas, pero no dieron más información. Véase http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1361451&Lang=P. Sin embargo, el 30 de agosto, el jefe de la Guardia Revolucionaria dijo que 20 miembros de la milicia Basij habían muerto en “ataques terroristas indiscriminados” y que sólo nueve manifestantes habían muerto. Véase http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090829_bd_jafari_guards.shtml.

  1. 110 “‘Torture, murder and rape’ – Iran’s way of breaking the opposition”, The Times, 18 de septiembre de 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6839335.ece.

  1. 112 “ ‘Torture, murder and rape’ – Iran’s way of breaking the opposition”, The Times, 18 de septiembre de 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6839335.ece.

114 Sitio web E'temad, 26 de agosto de 2009. Véase http://zamaaneh.com/news/2009/08/post_10242.html.

121 “’Torture, murder and rape’ – Iran’s way of breaking the opposition”, The Times, 18 de septiembre de 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6839335.ece

122 “’Torture, murder and rape’ – Iran’s way of breaking the opposition”, The Times, 18 de septiembre de 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6839335.ece

123 Véase http://homylafayette.blogspot.com/2009/11/journalist-beaten-after-touching-raw.html y http://www.zolfagar.blogfa.com/post-132.aspx

125 Dos médicos que huyeron de Irán declararon a Le Figaro que los cuerpos de los manifestantes muertos se los habían llevado del hospital y que, “bajo el pretexto de la donación de órganos, se había eliminado cualquier rastro de balas de los cadáveres”. Véase http://www.lefigaro.fr/international/2009/07/06/01003-20090706ARTFIG00225-des-medecins-iraniens-temoignent-de-la-repression-.php.

129 Entrevista con la madre de Neda Agha Soltan, Hajar Rostami, http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/11/05/neda.mom.speaks/index.html.

131 “’Torture, murder and rape’ – Iran’s way of breaking the opposition”, The Times, 18 de septiembre de 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6839335.ece.

134 “’Torture, murder and rape’ – Iran’s way of breaking the opposition”, The Times, 18 de septiembre de 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6839335.ece.

135 Dos amigos de Amirabad, en el centro de Teherán, ofrecieron su valoración a Amnistía Internacional a través de un intermediario alrededor del mediodía. Varias horas más tarde, los dos hombres fueron detenidos, interrogados y liberados a las pocas horas.

137 El subdirector de la policía Ahmad Reza Radan dijo en agosto: "Hemos investigado el asunto y encontrado a tres 'Taraneh Mousavi'. Una era una niña de dos años, y una de las otras dos era la mujer en cuestión. Su familia nos dijo que se había marchado a vivir a otro país hace muchos años”. Véase http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=59171.

139 Sitio web Jam e Jam,19 de agosto de 2009, http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100915110029.

140 Sohrab Soleymani, en una entrevista con ISNA el 27 de julio de 2009. Véase http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1376342.

142 Blog del hijo de Issa Saharkhiz, Mehdi: http://onlymehdii.wordpress.com/author/onlymehdi/.

146 Comunicación a Amnistía Internacional.

151 Sohrab Soleymani, en una entrevista con ISNA el 27 de julio de 2009. Véase http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1376342.

155 Ibídem.

161 Informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, 15 de enero de 2008, párr. 36, A/HRC/7/3.

162 Testimonio proporcionado por Ebrahim Sharifi a Amnistía Internacional, por teléfono, el 17 de noviembre de 2009.

165 Los Elementos de los Crímenes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como tribunales de derechos humanos internacionales y regionales, han desarrollado los principios a los que se deben atener las definiciones de violación en las legislaciones nacionales. El artículo 7.1.g.1 de los Elementos de los Crímenes especifica los dos elementos que constituyen violación:

1. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo.

2. Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento.

Además, cuando esa conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil, y cuando el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo, la violación constituye un crimen contra la humanidad.

Véase http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/15157C68-85AE-4226-B41A-C6F6E6E21026/0/Element_of_Crimes_Spanish.pdf.

166 Véase, por ejemplo, la decisión del Comité contra la Tortura, que en V.L. v. Switzerland (CAT/C/37/D/262/2005) encontró que “los abusos sexuales cometidos por la policía en este caso constituyen tortura, aunque hayan sido perpetrados fuera de los locales oficiales de detención”, párr. 8.10; véase también Mejía v. Perú, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1995, OEA/Ser.L/V/II.91. Doc. 7. rev., caso 10, 970. Véase también European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey (57/1996/676/866), 25 de septiembre de 1997. Véanse las sentencias en Prosecutor v. Delalic, et al., caso Nº IT-96-21-T, 16 de noviembre de 1998, y Prosecutor v. Furundzija, caso Nº IT-95-17/1-T, 10 de diciembre de 1998. Véase el informe del relator especial de la ONU contra la tortura, A/HRC/7/3, 15 de enero de 2008, párrs. 34 – 36.

170 En Irán, el luto dura 40 días y al final se celebra una ceremonia para conmemorar la muerte de la persona.

172 Véase E/CN.4/2002/83/Add.1, 28 de enero de 2002, párr. 49.

175 “’Torture, murder and rape’ – Iran’s way of breaking the opposition”, The Times, 18 de septiembre de 2009.

178 Ibídem.

179 Islamic Republic of Iran News Network, 20 de septiembre de 2009, http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=689599.

180 Véanse http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/news/juicio-sin-garantias-iranies-20090804 y http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/iran-amnistia-internacional-propone-abrir-juicio-teheran-20090811.

183 Ibídem.

185 Véanse http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/099/2009/es y http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/100/2009/es.

186 Véase http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/ayatola-debe-retractarse-declaraciones-elecciones-iran-20091029.

190 Los otros siete eran: Mohsen Barzegar, Ali Taghipour, Hamid-reza Jahan-Tigh, Siavash Saliminejad, Hesam Bagheri, Saeed Hosseinpour y Nima Nahavi.

192 Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, Principio 2.

193 Véase Conjunto de principios actualizado, “Definiciones”.

200 Vision of the Islamic Republic of Iran Network 1, Teherán, 16:30 horas GMT, 29 de agosto de 2009.

202 Vision of the Islamic Republic of Iran Network 2, Teherán, en persa, 18:14 horas GMT, 13 de septiembre de 2009.

206 Testimonio proporcionado por Ebrahim Sharifi a Amnistía Internacional, por teléfono, el 17 de noviembre de 2009.

207 Para más información, véase: Juicios Justos. Manual de Amnistía Internacional (POL 30/02/1998), disponible en: http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL30/002/1998/en/a08a268f-d9b1-11dd-af2b-b1f6023af0c5/pol300021998es.html

208 Véase http://www.amnesty.org/es/library/info/POL35/003/1993/es.

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