Document - Iran: Ensure free presidential election

AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: MDE 13/046/2009
15 de mayo de 2009

Irán: Garantizar elecciones presidenciales libres

Amnistía Internacional ha pedido hoy 15 de mayo a las autoridades iraníes que se aseguren de que en las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el 12 de junio de 2009 no hay discriminación –especialmente contra las mujeres–, y que garanticen a candidatos y votantes el ejercicio real de sus derechos a la libertad de expresión y reunión durante la campaña electoral. La organización ha hecho este llamamiento en una carta dirigida al ayatolá Jannati, presidente del Consejo de Guardianes, tras acabar el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones. El Consejo de Guardianes es el órgano que interpreta la Constitución, supervisa las elecciones y examina la constitucionalidad de las leyes y su conformidad con la ley islámica.

El Consejo de Guardianes examina todas las candidaturas para “garantizar su idoneidad para la presidencia”. El artículo 115 de la Constitución dispone que los candidatos deben ser “personalidades religiosas y políticas” (rejal en persa) y reunir las siguientes características: “Origen iraní, nacionalidad iraní, capacidad y recursos como administradores; buena trayectoria; honradez y devoción; así como una sólida fe en los principios fundamentales de la República Islámica de Irán y en la religión oficial del país”. En anteriores elecciones, la mayoría de los candidatos inscritos –incluidas todas las mujeres– fueron descalificados por no cumplir estos criterios. Al parecer, la exclusión de las mujeres se debió a una interpretación de la palabra rejal con el significado de “hombres”.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la aparente contradicción de estos requisitos con otros artículos de la Constitución que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, exigen el respeto de los derechos de las mujeres y prohíben investigar las creencias de los ciudadanos. Además, también contradicen los artículos 2, 3, 18, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte y que prohíben cualquier tipo de discriminación y exigen que el Estado respete y proteja la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los criterios de selección también violan el artículo 25 del Pacto, según el cual todos los ciudadanos tienen derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos sin discriminación.

Amnistía Internacional ha instado al Consejo de Guardianes a asegurarse de que no se excluye a ninguna persona que se presente como candidato únicamente por su raza, color, sexo, idioma, religión, origen social u opiniones políticas o de otro tipo, y en concreto a garantizar que ninguna de las 42 mujeres que se presentan son excluidas como candidatas únicamente por su género. La organización ha dicho que a este respecto le han resultado muy alentadoras las palabras del doctor Abbas Ali Kadkhodaei, portavoz del Consejo de Guardianes, que afirmó el 11 de abril de 2009 que no existía “ninguna restricción jurídica” para las candaturas de mujeres.

A Amnistía Internacional también le preocupa la represión de la disidencia en Irán, que ha empeorado en los últimos meses. La organización teme que los iraníes que deseen expresar sus opiniones o ejercer su derecho a reunirse durante la campaña electoral se encuentren con restricciones, como hostigamiento, detención arbitraria y juicios injustos.

Amnistía Internacional ha recibido informes que indican un aumento de las oleadas de detenciones arbitrarias y el hostigamiento, en especial contra miembros de las comunidades religiosas y étnicas de Irán, estudiantes, sindicalistas y activistas en favor de los derechos de las mujeres. Muchas de estas personas detenidas corren peligro de ser torturadas o sufrir otros malos tratos. Personas detenidas antes de este periodo han sido condenadas a muerte. Además, han sido clausurados varios periódicos, y se ha limitado el acceso a sitios de Internet, entre ellos algunos que tienen que ver con los derechos humanos o son gestionados por empresas de comunicación extranjeras. En diciembre de 2008, la Fiscalía de Teherán anunció la formación de “un departamento especial para estudiar delitos y violaciones relacionados con Internet y con los mensajes de texto (SMS)”, y afirmó que dicho departamento examinaría las violaciones perpetradas durante la campaña electoral y los “comentarios ofensivos” enviados por SMS. En parte, estas medidas podrían tener como objetivo reprimir el debate, evitar la organización de manifestaciones pacíficas y silenciar a quienes critican a las autoridades antes de las elecciones.

En el periodo previo a las elecciones presidenciales, todos los particulares y grupos deben poder ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, aunque al hacerlo discrepen de las políticas y prácticas del Estado. Cualquier persona actualmente detenida por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones. Otros detenidos deben quedar en libertad salvo que sean juzgados sin demora por algún delito común reconocible. Todas las personas detenidas deben ser protegidas de la tortura y otros malos tratos.

Algunos casos recientes que preocupan a Amnistía Internacional:

El 19 de abril de 2009, agentes del Tribunal Revolucionario detuvieron en Teherán a Mehdi Mo’tamedi Mehr, miembro del Comité para la Defensa de Elecciones Libres, Sanas y Justasy del partido político prohibido Movimiento de la Libertad de Irán. Antes de ser detenido, había recibido la llamada de un funcionario del Ministerio de Información que le advirtió que la publicación de una declaración del Comité, titulada “La sociedad civil como observadora electoral: garantía de unas elecciones libres, sanas y justas”, sería considerada un acto contra la seguridad nacional. A pesar de ello la declaración fue publicada y Mehdi Mo’tamedi Mehr fue detenido y acusado de “actuar contra la seguridad del Estado”. El 29 de abril, las fuerzas de seguridad impidieron que otros miembros del Comité celebraran una reunión en el Instituto Legal “Raad”, propiedad de Mohammad Ali Dadkhah, destacado abogado y miembro del Consejo de Supervisión del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Este centro tuvo que cerrar sus puertas en diciembre de 2008 y desde entonces no ha podido volver a abrir.

Al menos tres estudiantes de la Universidad Amir Kabir, detenidos en febrero de 2009, siguen recluidos sin juicio en la Sección 209 de la cárcel de Evin de Teherán. Otros estudiantes detenidos con ellos y puestos en libertad después afirman que fueron torturados bajo custodia. El 28 de abril de 2009, el juez de un Tribunal Revolucionario declaró que ocho estudiantes, entre los que figuraban los tres que siguen detenidos, habían sido acusados de cooperar con la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, grupo de oposición en el exilio. El juez afirmó que los estudiantes pretendían “llevar a cabo actividades en la universidad” durante las elecciones.

El ayatolá Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi, que aboga por la supresión de la religión de la base política del Estado, cumple una condena de 11 años de cárcel impuesta el 13 de agosto de 2007. Inicialmente había sido condenado a muerte por “enemistad contra Dios”, pero le fue conmutada la pena. El 5 de mayo de 2009, al parecer fue golpeado mientras estaba en régimen de aislamiento en la cárcel de Yazd, donde permanece en exilio interno tras mandar una carta abierta al secretario general de la ONU Ban Ki-Moon solicitando que se envíen a Irán observadores internacionales para ayudar al pueblo iraní en un referéndum abierto sobre el sistema de gobierno del país. Desde entonces no se le ha permitido tener contacto con sus familiares, que han declarado que los funcionarios de la prisión les dijeron que el ayatolá estaba siendo castigado por su declaración sobre el referéndum.

Más de 100 personas fueron detenidas en Teherán y Sanandaj antes, durante y después de reuniones pacíficas organizadas para celebrar el Día del Trabajo de 2009. Aunque algunas de ellas han quedado en libertad, al parecer hay decenas aún encarceladas, entre las que figuran Ja’far Azimzadeh, Shahpour Ehsani y Bahram (Issa) Abedini, así como seis miembros de la Campaña “Un millón de firmas”: Nikzad Zanganeh, Amir Yaghoubali, Kaveh Mozafari, su esposa Jelveh Javaheri, Pouria Poushtareh y Taha Valizadeh.

Sajad Khaksari, periodista del semanario Qalam-e Moalem(El lápiz del profesor) e hijo de Mohamad Khaksari y Soraya Darabi, ambos dirigentes de la Asociación Sindical de Profesores Iraníes, fue detenido el 26 de abril de 2009 ante el Ministerio de Educación, cuando cubría las protestas de los profesores que pedían al gobierno la aplicación de una ley de igualdad salarial, aprobada en 2007, que igualaría su sueldo con el de otros funcionarios.

Dos defensoras de los derechos de las mujeres, ambas miembros de la Campaña “Un millón de firmas” (también llamada Campaña por la Igualdad), que recoge firmas reclamando la igualdad de derechos para las mujeres, llevan detenidas desde el 7 de mayo de 2009. Ambas activistas, que llevan muchos años defendiendo los derechos de las mujeres en Qom, habían investigado recientemente un homicidio en nombre del “honor” perpetrado en Qom, y esto había atraído la atención de las autoridades. Fatemeh Masjedi fue detenida en Karaj, junto con Gholam Reza Salami, investigador sobre el movimiento de mujeres, tras el registro de su domicilio en Qom por agentes del Ministerio de Información, que confiscaron algunas de sus pertenencias. Maryam Bidgoli fue detenida posteriormente ese mismo día en Qom. La abogada de ambas, Shadi Sadr, cree que fueron detenidas ilegalmente, ya que no les mostraron ninguna orden ni les dijeron el motivo de la detención.

Narges Mohammadi, vicepresidenta del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y presidenta del Equipo de Aplicación del Consejo Nacional por la Paz, y Soraya Azizpanah, también miembro del Consejo Nacional por la Paz, directora ejecutiva del Centro de Despeje de Campos Minados(Centre to Clean Mine Fields)y directora de la revista Rasan, no pudieron viajar para asistir a una conferencia en Guatemala organizada por la organización Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel (Nobel Women’s Initiative) y titulada “Mujeres que redefinen la democracia para la paz, la justicia y la igualdad”.

Información complementaria

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señaló en su Observación general 25, del 12 de julio de 1996, que garantizar el respeto del derecho a votar y a presentarse para cargos públicos, reconocido en el artículo 25 del Pacto, exige que se garanticen estos derechos a toda la ciudadanía sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.(Comité de Derechos Humanos, Observación general 25: Derecho a participar en asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas (Art. 25),12 de julio de 1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.)

Los Estados deberán adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para garantizar que los ciudadanos cuentan realmente con la posibilidad de gozar de estos derechos sin discriminación, y eliminar los impedimentos o restricciones que limiten el disfrute de tales derechos. Cualquier condición que afecte al ejercicio de los derechos protegidos por el artículo 25 deberá basarse en criterios objetivos y razonables. Por consiguiente, las personas que reúnan las condiciones exigidas para presentarse como candidatas no deberán ser excluidas mediante la imposición de requisitos irrazonables o de carácter discriminatorio. Exigir que la ciudadanía pertenezca a determinado credo religioso reconocido oficialmente por el Estado o tenga determinada opinión o afiliación política no se ajusta a las exigencias del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Amnistía Internacional lleva muchos años haciendo campaña para que se ponga fin a diversas violaciones de derechos humanos en Irán. La impunidad, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, así como el uso de la pena de muerte siguen siendo frecuentes. Algunos sectores de la sociedad, como las minorías étnicas, continúan sufriendo una gran discriminación, mientras que para otros grupos –especialmente ciertas minorías religiosas– la situación ha empeorado mucho desde el inicio de la Revolución Islámica, en 1979. Quienes se considera que discrepan de políticas oficiales explícitas o implícitas sufren graves restricciones en sus derechos a la libertad de creencias, expresión, asociación y reunión. Las mujeres continúan sufriendo discriminación, tanto en la ley como en la práctica, y hay una impunidad generalizada de los abusos contra los derechos humanos.

Si desean más información, consulten:

Iran: Human Rights in the spotlight on the 30th Anniversary of the Islamic Revolution, Índice AI: MDE 13/010/2009

Iran: Worsening Repression of Dissent as Election Approaches, Índice AI: MDE 13/012/2009

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