Document - Iran: Amnesty International urges new President to make human rights a top priority
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública
Índice AI: MDE 13/041/2005 (Público)
Servicio de Noticias: 210/05
3 de agosto de 2005
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE130412005
Irán: Amnistía Internacional insta al nuevo presidente a que conceda la máxima prioridad a los derechos humanos
El nuevo presidente de Irán, Dr. Mahmoud Ahmadinezhad, debe conceder la máxima prioridad a los derechos humanos una vez que tome posesión de su cargo, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 3 de agosto de 2005, que ha advertido que en las últimas semanas se han registrado nuevas violaciones de derechos humanos en el país.
La organización de derechos humanos ha expresado su preocupación por varios hechos recientes, entre ellos la ejecución pública de personas que eran menores de edad en el momento de cometerse el presunto delito.
Amnistía Internacional ha escrito al nuevo presidente y a otras dos personalidades clave, el líder supremo de la República Islámica de Irán y el presidente de la magistratura, para instarles a que aprovechen el momento de la toma de posesión del Dr. Ahmadinezhad para poner en marcha un programa de reformas en materia de derechos humanos.
La organización ha afirmado que consideró alentadoras las promesas formuladas por Ahmadinezhad antes de las elecciones en lo relativo a aplicar la justicia y combatir la pobreza, la corrupción y la discriminación. De llevarse a la práctica, estas promesas podrían beneficiar a muchos iraníes. Pero los avances en estas cuestiones deben ir acompañados de reformas rápidas y de gran alcance en cuanto a los derechos humanos. Debe permitirse que los ciudadanos de Irán disfruten de los derechos humanos fundamentales que durante tanto tiempo se les han negado –libertad de expresión, acceso a la justicia y seguridad frente a la tortura y la pena de muerte– o, de lo contrario, se menoscabará todo progreso en estas y otras cuestiones, ha afirmado Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional consideró asimismo alentador un informe reciente encargado por el presidente de la magistratura, ayatolá Shahroudi, que exponía en detalle violaciones de derechos humanos en centros de detención de Irán. La organización está recabando información sobre las medidas que podrían tomarse para reparar estas violaciones y para aplicar una ley que prohíbe la tortura aprobada siguiendo una directiva dictada por el ayatolá Shahroudi. La verdadera prueba será si se pone a disposición judicial a los funcionarios que han ordenado o administrado la tortura, ha afirmado Amnistía Internacional.
Como primera medida, la organización de derechos humanos ha instado al nuevo presidente de Irán y al presidente de la magistratura a que ordenen la libertad inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia, incluidos el periodista Akbar Ganji y el defensor de los derechos humanos Nasser Zarafshan, que se encuentran en libertad condicional en sendos hospitales de Teherán. Akbar Ganji ha mantenido una huelga de hambre desde el 11 de junio, para pedir tratamiento médico, acceso sin restricciones a familiares y abogado y su liberación.
Estos dos hombres no deberían haber sido encarcelados, pero ahora están enfermos y deben quedar en libertad incondicional, ha afirmado Amnistía Internacional. La organización ha pedido asimismo la revisión inmediata pero rigurosa de todos los casos de presos políticos para asegurar que los presos de conciencia quedan en libertad y los demás son juzgados en juicios con las debidas garantías, incluido Manuchehr Mohammadi, encarcelado después de las manifestaciones estudiantiles del “18 Tir” de 1999, que protagoniza actualmente una huelga de hambre en la prisión de Evin para pedir el acceso a tratamiento médico adecuado.
Amnistía Internacional solicita asimismo:
Salvaguardias contra la tortura, incluida la investigación inmediata e independiente de todas las denuncias de tortura y el procesamiento y encarcelamiento de los funcionarios que utilicen, ordenen o toleren la tortura.
La revocación de todas las leyes que permiten el encarcelamiento de presos de conciencia y la discriminación por motivos de raza, origen étnico, género, sexualidad o idioma.
La abolición de tribunales especiales como los Tribunales Revolucionarios y el Tribunal de Prensa y del Tribunal Especial para el Clero, cuyos procedimientos incumplen las normas internacionales en lo relativo a juicios con garantías.
El respeto del derecho a que cada persona practique libremente su propia fe, o ninguna fe, sin miedo a sufrir persecución.
La suspensión de la aplicación de la pena de muerte y acciones inmediatas para impedir nuevas ejecuciones de presos que sean menores de edad o que eran menores cuando se cometió el presunto delito.
La investigación urgente e imparcial de todas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, y el fin de la impunidad para los autores de tales actos.
La revocación de las disposiciones legales que facilitan los crímenes por motivos de “honor” y la introducción de nuevas leyes y otras medidas para asegurar el respeto pleno e igual de los derechos humanos de la mujer.