Document - Iran: The authorities must guarantee fundamental rights

Servicio de Noticias 134/99

ÍNDICE AI: MDE 13/18/99/s

14 de julio de 1999

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las autoridades iraníes deben garantizar los derechos fundamentales

Amnistía Internacional sigue sintiendo honda preocupación ante los últimos acontecimientos acaecidos en la República Islámica de Irán. Las manifestaciones que se han extendido en la capital, Teherán, y en varias provincias desde el 8 de julio de 1999, han ido seguidas de graves enfrentamientos entre manifestantes estudiantiles, fuerzas de seguridad y grupos de vigilantes no oficiales. Según los informes que ha recibido la organización de derechos humanos, decenas de personas han resultado heridas, algunas de gravedad; se han practicado cientos de detenciones, algunas de cuyas víctimas podrían ser presos de conciencia, y al menos cinco personas han perdido la vida.

«Como primera medida, las autoridades iraníes deben cumplir su compromiso de investigar exhaustiva e imparcialmente los homicidios y los ataques graves y hacer que comparezcan ante la justicia todos los responsables», ha declarado Amnistía Internacional.

La violencia comenzó el 8 de julio, cuando un pequeño número de estudiantes, que se había congregado en una manifestación pacífica frente a sus residencias universitarias, en el norte de Teherán, para protestar contra el cierre del diario Salam, fueron atacados por miembros armados de Ansar e Hezbollah, un grupo estudiantil de vigilantes que se opone a los actuales cambios políticos en Irán. Según los informes, las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar no intervinieron para proteger a los estudiantes. Unas horas después, miembros de Ansar e Hezbollah, junto con miembros de las fuerzas de seguridad, irrumpieron en las residencias utilizando gases lacrimógenos. A consecuencia de este ataque, al menos una persona murió. Los informes indican asimismo que, tras el incidente, que condenaron enérgicamente tanto el presidente, Hoyatoleslam Sayed Mohammad Jatami, como el líder supremo, el ayatolá ‘Ali Jamenei, fueron detenidos dos agentes de policía y se nombró un comité especial para investigar las causas de la violencia.

Al día siguiente, la dimensión y la naturaleza de las manifestaciones cambió de forma espectacular, y se intensificó la violencia. Pese a los llamamientos de algunos líderes estudiantiles y a la prohibición oficial de celebrar manifestaciones en Teherán, éstas continuaron y se difundieron a otras ciudades como Shiraz, Rasht, Isfahan, Mashad y Tabriz.

La organización de derechos humanos expresa asimismo su alarma ante el alcance de las detenciones arbitrarias, entre cuyos afectados podría haber presos de conciencia. Una de las personas que, según los informes, fueron detenidas el 13 de julio, es Maryam Shansi, líder estudiantil a la que unos asaltantes no identificados agredieron y golpearon en su casa el 12 de julio. Se desconoce su situación legal y su paradero actuales. Los informes indican que otros conocidos activistas estudiantiles se han ocultado por temor por su seguridad. Según otros informes no confirmados, también han sido detenidos Khosrow Sayf y Ahmad Namazi, miembros del Partido de la Nación Iraní (Hezb e Mellat e Iran), grupo de oposición no autorizado, aunque tolerado,.

Amnistía Internacional reconoce que todos los gobiernos tienen el derecho y la responsabilidad de mantener el orden público, aunque nunca a expensas de los derechos humanos fundamentales. La organización ha pedido a las autoridades de la República Islámica de Irán que tomen, sin más dilación, las siguientes medidas para proteger estos derechos, incluido el derecho a la vida y a la libertad de expresión, garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es Estado Parte:

* que abran una investigación exhaustiva e independiente sobre los homicidios y ataques graves y hagan que todos sus autores comparezcan ante la justicia;

* que garanticen que esta investigación se lleva a cabo de forma inmediata e imparcial, y que se hacen públicos sus métodos y sus resultados;

* que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas sólo por expresar pacíficamente sus convicciones;

* que hagan públicos los nombres de todas las personas detenidas en relación con los recientes disturbios;

* que garanticen que todos los detenidos reciben un trato humano y tienen acceso inmediato a un abogado y a su familia, así como que recibirán un juicio con las debidas garantías en un plazo de tiempo razonable o serán puestos en libertad;

* que ordenen a sus autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que respeten las normas internacionales de derechos humanos acordadas, incluidas las que regulan el uso de medios letales.

Información general

En los últimos meses, se han producido varios enfrentamientos entre organizaciones estudiantiles partidarias de diferentes tendencias políticas en la República Islámica de Irán.

∙ El 6 de julio de 1999, los activistas estudiantiles Mohammad Masud Salamati, Sayed Javad Emami y Parviz Safari permanecieron detenidos una noche, tras una manifestación celebrada frente a la oficina de la Naciones Unidas en Teherán para exigir la libertad de los periodistas Heshmatollah Tabarzadi y Hossein Kashani, detenidos a mediados de junio de 1999.

∙ El 7 de julio de 1999, el Tribunal Especial para el Clero (Dadgah e Vizhe ye Ruhaniyat) dictó una orden mediante la cual prohibió con carácter indefinido la publicación de Salam, diario que apoya las tendencias reformistas del gobierno iraní, después de que el Ministerio de Información (Vezarat e Ettela at) se quejó de que había publicado información «reservada». Aunque la queja oficial fue retirada al día siguiente, no está claro si esto se traducirá en el levantamiento de la orden de prohibición.

∙ El 7 de julio de 1999, el Parlamento (Majles) votó a favor de debatir un proyecto de ley que modifica la ley de prensa vigente, concebido para restringir severamente la libertad de prensa.

∙ El 9 de julio de 1999, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente (Índice AI: MDE 13/15799/s, AU 160/99) en la que instaba a las autoridades, entre otras cosas, a que garantizaran la integridad y la seguridad de todos los estudiantes de los campus universitarios, y recordaba al gobierno de Irán su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en concreto su artículo 3, que establece: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».

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