Document - Iran: Nobel Laureate Shirin Ebadi and Rights Groups Demand Moratorium on Executions

AMNESTY INTERNATIONAL


AMNISTÍA INTERNACIONAL

HUMAN RIGHTS WATCH

REPORTEROS SIN FRONTERAS

CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS EN IRÁN

LIGA IRANÍ PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (LDDH)

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS


Índice AI: MDE 13/015/2011



Irán: La premio Nobel Shirin Ebadi y varios grupos de derechos humanos piden una moratoria de las ejecuciones


(París, 16 de febrero de 2011) – La premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, y seis organizaciones de derechos humanos, han declarado hoy que la ONU y otros países deben denunciar la ola de ejecuciones que está teniendo lugar en Irán. Shirin Ebadi y los grupos de derechos humanos pidieron al Parlamento y a la Magistratura iraníes la suspensión inmediata de las ejecuciones.


Al menos 86 personas han sido ejecutadas desde comienzos de 2011, de acuerdo con la información recibida por las seis organizaciones: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin fronteras, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, la Federación Internacional de Derechos Humanos, y su organización nacional afiliada, la Liga Iraní para la Defensa de los Derechos Humanos (LDDH). De entre las personas ejecutadas en enero, al menos ocho eran presos políticos, declarados culpables de “enemistad contra Dios” (moharebeh) por participar en manifestaciones, o por su presunta vinculación con grupos de la oposición.


Las autoridades iraníes han demostrado que ya no se conforman con detener y condenar a quienes protestan contra la reelección de Mahmoud Ahmadinejad, sino que a partir de ahora están dispuestas a recurrir a las ejecuciones”, ha declarado Shirin Ebadi.


Están empleando la consabida estrategia de llevar a cabo ejecuciones políticas a la vez que ejecuciones masivas de presos condenados por delitos comunes. Si el mundo continúa en silencio, estas ejecuciones irán en aumento”, ha añadido.


El incremento de las ejecuciones se produce tras la entrada en vigor, a finales de diciembre de 2010, de una nueva ley antinarcóticos enmendada, redactada por el Consejo de Conveniencia y aprobada por el lider supremo, ayatolá Ali Khamenei. Las autoridades también han prometido intensificar la aplicación de medidas contra el narcotráfico. De las personas ejecutadas durante el mes de enero, 67 habían sido declaradas culpables de tráfico de drogas. La cifra real de ejecuciones puede que sea mayor, han afirmado las organizaciones, ya que, según informes fidedignos, en las cárceles se están llevando a cabo ejecuciones que no son anunciadas públicamente.


Otra de las personas que fueron ejecutadas durante el mes de enero fue Zahra Bahrami, de doble nacionalidad iraní y neerlandesa. La fiscalía presentó cargos contra ella por posesión y tráfico de drogas tras haber sido detenida por participar en una manifestación después de las elecciones. A Zahra Bahrami no se le permitió recurrir la sentencia, ya que su pena de muerte había sido ratificada por la Fiscalía General. A pesar de la intervención de las autoridades neerlandesas y de los llamamientos de la Unión Europea para que no fuese ejecutada, las autoridades iraníes ejecutaron a Zahra sin previo aviso. No le permitieron reunirse con su abogado ni notificaron su ejecución con 48 horas de antelación, como exige la ley.


Las autoridades llevan años deteniendo y juzgando a sus oponentes por delitos comunes de motivación política, tales como posesión de alcohol o drogas, y tenencia ilícita de armas”, ha manifestado Shirin Ebadi. “Han encarcelado a abogados y periodistas, algunos de ellos compañeros míos, por cargos falsos como estos. Dado el notable aumento en el número de las ejecuciones, la falta de transparencia del sistema judicial iraní y las modificaciones recientes en la ley antinarcóticos, existe un grave peligro de que las autoridades hagan uso de cargos comunes para condenar a muerte a sus oponentes”.


Las recientes ejecuciones también hacen temer por la vida de dos hombres: Saeed Malekpour y Vahid Asghari. Se cree que ambos han sido condenados a muerte en sendos juicios injustos por tribunales revolucionarios, acusados de “corrupción en la tierra”.


El 30 de enero, el fiscal de Teherán, Abbas Ja’fari Dowlatabadi, anunció que las penas capitales impuestas a dos “administradores de páginas web obscenas” no identificados habían sido remitidas al Tribunal Supremo para su revisión. Los activistas de derechos humanos en Irán creen que el fiscal hacía referencia a Saeed Malekpour y Vahid Asghari.


Saeed Malekpour, diseñador web de 35 años y con residencia fija en Canadá, fue condenado a muerte a finales de noviembre de 2010 por la creación de páginas web “pornográficas” y por “ofender la santidad del Islam”. Antes de ser detenido durante una visita familiar a Irán en 2008, había creado un programa que permitía a los usuarios subir fotos. Dicho programa fue utilizado posteriormente para subir fotografías pornográficas, hecho que, según Saeed, ocurrió sin su conocimiento. Se cree que Saeed pudo ser torturado en la cárcel de Evin mientras estuvo recluido en régimen de aislamiento durante más de un año.


Vahid Asghari, un estudiante de tecnología de la información de 24 años matriculado en una universidad de India, también ha estado detenido desde 2008 y ha sido, presuntamente, víctima de actos de tortura. Se cree que fue juzgado a finales de 2010, pero la resolución nunca se ha llegado a anunciar oficialmente.


También existen motivos de preocupación ante las circunstancias que rodean el caso de Yousef Nadarkhani, pastor de una congregación de unos 400 feligreses en el norte de Irán. Las autoridades lo detuvieron en octubre de 2009. Fue condenado a muerte en septiembre de 2010 por “apostasía del Islam”, a pesar de que este delito no aparece tipificado como tal en el código penal actual de Irán. En la actualidad, su sentencia se encuentra a la espera del fallo del Tribunal Supremo después de que se interpusiese un recurso contra la misma.


El 26 de enero, las autoridades anunciaron que Sayed Ali Gharabat había sido ejecutado en la prisión de Karoun, en la ciudad de Ahvaz, por “extender la corrupción” y por “apostasía” después de que, según las autoridades, afirmase falsamente haberse puesto en contacto con el decimosegundo imán. Los musulmanes chiitas de los doce creen que el decimosegundo imán está escondido, y que regresará a la tierra para traer justicia.


La libertad de religión y de creencias está garantizada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Irán es Estado Parte. El pacto incluye el derecho a cambiar de religión.


Después de China, Irán es el país en el que más personas son ejecutadas. Entre las ciento, si no miles, de personas condenadas a muerte puede haber alrededor de 140 que eran menores de 18 años en el momento de cometer, presuntamente, su delito. El derecho internacional prohíbe la ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.


Para poner fin a esta avalancha de homicidios, es necesario que otros países exijan a Irán que acabe de forma inmediata con estas ejecuciones y que respete sus obligaciones con el derecho internacional, han declarado Shirin Ebadi y las seis organizaciones de derechos humanos.


Durante los últimos cinco años, Irán ha hecho considearbles esfuerzos para obstaculizar el escrutinio de la situación en el país por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos. En vista de su trayectoria, Shirin Ebadi y las organizaciones de derechos humanos han instado a otros países a aprovechar el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos para designar a un enviado especial del secretario general de la ONU con el mandato de investigar y elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Irán.



Información complementaria


Desde 1979, Irán ha ejecutado a miles de hombres, mujeres e incluso niños y niñas por un sinfín de presuntos delitos.


El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece: “En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente”.


Irán nunca ha suscrito el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte, y ha votado en contra de las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que se pedía una moratoria en el uso de la pena capital; la más reciente fue el pasado diciembre.


Las organizaciones de derechos humanos, incluidas las seis que se han unido a este comunicado, han documentado numerosos abusos de derechos humanos durante las detenciones y los juicios. Estas violaciones incluyen presiones físicas y psicológicas, equivalentes a torturas, para forzar a los detenidos a “confesar” presuntos delitos, así como la reclusión generalizada en régimen de aislamiento, y la imposibilidad de acceder a representación letrada.


Asimismo, los tribunales revolucionarios celebran la mayoría de sus juicios a puerta cerrada, a pesar del requisito recogido en el artículo 168 de la Constitución iraní según la cual, los juicios por delitos “políticos” y “periodísticos” deben ser públicos.


En muchos casos, como en el de Zahra Bahrami, no se informa a los abogados de las personas condenadas a muerte de las ejecuciones de sus clientes hasta después de haber tenido lugar, a pesar de los requisitos legales que exigen informar con 48 horas de antelación.


Final/


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