Document - Iran: New government fails to address dire human rights situation

Público

Amnistía Internacional

Irán

El nuevo gobierno no soluciona la grave situación de los derechos humanos

Febrero de 2006

Resumen

Índice AI: MDE 13/010/2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE130102006

Seis meses después de que el nuevo presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad, tomara posesión del cargo, la situación de los derechos humanos en Irán continúa siendo alarmante. Decenas de críticos y opositores al gobierno continúan encarcelados, muchos de ellos después de juicios extremadamente injustos; se aplica de forma generalizada la pena de muerte y la tortura es práctica común. Las autoridades mantienen un férreo control de la liberad de expresión y asociación y las minorías religiosas y étnicas sufren persecución. Las mujeres están muy discriminadas, tanto en las leyes como en la práctica, y las personas que se dedican a la abogacía, el periodismo y, en general, las que se atreven a defender los derechos humanos (la comunidad de valientes defensores de los derechos humanos en Irán) lo hacen exponiéndose constantemente al riesgo de sufrir hostigamiento, prisión u otros abusos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad, que pueden actuar con impunidad.

Muchas personas esperaban que esta situación de abusos reiterados, ya entonces muy prolongada, mejorara después de la elección en 1997 del presidente Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Jatami, candidato en una lista electoral reformista, o tras su reelección cuatro años después con una mayoría más amplia. A pesar de que durante su presidencia se suavizaron las restricciones de los derechos humanos, en la práctica las mejorías fueron relativamente pequeñas a causa del empate político existente entre el presidente Jatami y fuerzas incluso más conservadoras asociadas al líder supremo de Irán, el ayatolá Sayed ‘Ali Jamenei. Es más, durante los últimos años y meses del presidente Jatami en el cargo, se asistió a un renovado deterioro de los derechos humanos, caracterizado por aprehensiones, detenciones y un aumento del acoso contra críticos del sistema, especialmente, periodistas, autores de blogsde Internet y otros defensores y defensoras de los derechos humanos.

Sobre estos antecedentes, Mahmoud Ahmadinejad, ex alcalde de Teherán y ex miembro de las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria, se erigió como ganador inesperado pero convincente de las elecciones presidenciales de Irán en junio de 2005. Había hecho campaña respaldado por una plataforma principalmente económica, prometiendo poner fin a la corrupción e introducir políticas que mejorarían las condiciones de los más desfavorecidos. En general, se interpretó su elección como una continuación del proceso de consolidación del poder en el cargo del líder supremo, el ayatolá Sayed ‘Ali Jamenei.

Amnistía Internacional escribió al presidente Ahmadinejad con ocasión de su investidura en agosto de 2005, congratulándose de su compromiso de mejorar los derechos económicos y sociales y pidiéndole que concediera máxima prioridad a los derechos humanos durante el tiempo que ocupe el cargo. No obstante, no se ha observado ningún progreso en el historial de derechos humanos de Irán en los meses transcurridos desde que el Dr. Ahmadinejad tomara el poder. Por el contrario, mientras el presidente buscaba la controversia en relación con el programa nuclear de Irán y suscitaba las críticas internacionales generalizadas por sus declaraciones sobre el Holocausto e Israel, ha habido también indicios de que Irán está asistiendo al inicio de un nuevo recrudecimiento de la represión.

Por ello, este informe aborda las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en al menos los últimos seis meses y se centra particularmente en las medidas que las autoridades iraníes han tomado en respuesta al malestar generalizado entre las minorías étnicas del país, especialmente árabes y kurdos; la continuación de la represión de minorías religiosas, en particular los behaíes; y la continuación de las limitaciones de los derechos de libertad de expresión y asociación, cuyo impacto sufren sobre todo periodistas y otros defensores y defensoras de los derechos humanos. Aborda también las continuas denuncias de torturas y malos tratos y el amplio uso de la pena de muerte, incluso contra personas que eran menores de edad en el momento de comisión del presunto delito. Por último, recomienda medidas que deben tomar las autoridades iraníes para abordar éstos y otros abusos. El propósito de este informe no es ser exhaustivo, sino más bien captar la atención sobre las variadas y atroces violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar en Irán casi a diario. Amnistía Internacional no ha tenido acceso a Irán para realizar sus investigaciones sobre el país desde poco después de la Revolución Islámica de 1979, pero este informe se fundamenta en una amplia variedad de fuentes tanto de dentro como de fuera del país.

Este texto resume el documento titulado Irán. El nuevo gobierno no soluciona la grave situación de los derechos humanos (Índice AI: MDE 13/010/2006), publicado por Amnistía Internacional en febrero de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

Público

Amnistía Internacional

Irán

El nuevo gobierno no soluciona la grave situación de los derechos humanos

ÍNDICE

1. Introducción. 1

2. Represión de minorías 2

2.1 Minorías étnicas 3

2.1.1 Árabes 3

2.1.2 Kurdos 7

2.1.3 Turcos-azeríes 10

ltrpar2.2 Minorías religiosas 13

2.2.1 Cristianos 13

2.2.2 Behaíes 14

3. Defensores de los derechos humanos 16

3.1 Periodistas 17

3.2 Abogados 19

3.3 Miembros de sindicatos 20

4. Tortura, incluidas las penas crueles, inhumanas y degradantes 21

4.1. Casos de tortura documentados por Amnistía Internacional desde la elección del presidente Ahmadinejad 22

4.2 Zahra Kazemi, sus asesinos siguen gozando de impunidad 23

4.3 Negación de tratamiento médico 24

5. Pena de muerte 26

5.1 Ejecución de menores y adultos por delitos cometidos cuando eran menores de edad 26

5.2 Pena de muerte por relaciones sexuales mantenidas entre adultos de mutuo acuerdo 28

5.3 Pena de muerte por delitos políticos 28

5.4 Pena de muerte por beber alcohol 29

6. Motivos de preocupación de Amnistía Internacional y normas internacionales de derechos humanos 29

6.1. Encarcelación de presos de conciencia 29

6.2 Detención de niños con adultos 30

6.3 Juicios injustos para presos políticos 30

6.4 Negación de derechos de minorías 30

6.5 Defensores de los derechos humanos 31

6.6 Tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes 32

6.7 La pena de muerte 32

7. Recomendaciones de Amnistía Internacional 33

Irán

El nuevo gobierno no soluciona la grave situación de los derechos humanos

1. Introducción

Seis meses después de que el nuevo presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad, tomara posesión del cargo, la situación de los derechos humanos en Irán continúa siendo alarmante. Decenas de críticos y opositores al gobierno continúan encarcelados, muchos de ellos después de juicios extremadamente injustos; se aplica de forma generalizada la pena de muerte y la tortura es práctica común. Las autoridades mantienen un férreo control de la libertad de expresión y asociación y las minorías religiosas y étnicas sufren persecución. Las mujeres están muy discriminadas tanto en las leyes como en la práctica, y las personas que se dedican a la abogacía, el periodismo y, en general, las que se atreven a defender los derechos humanos (la comunidad de valientes defensores de los derechos humanos en Irán) lo hacen exponiéndose constantemente al riesgo de sufrir hostigamiento, prisión u otros abusos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad, que pueden actuar con impunidad.

Muchas personas esperaban que esta situación de abusos reiterados, ya entonces muy prolongada, mejorara después de la elección en 1997 del presidente Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Jatami, candidato en una lista electoral reformista, o tras su reelección cuatro años después con una mayoría más amplia. A pesar de que durante su presidencia se suavizaron las restricciones de los derechos humanos, en la práctica las mejorías fueron relativamente pequeñas a causa del empate político existente entre el presidente Jatami y fuerzas incluso más conservadoras asociadas al líder supremo de Irán, el ayatolá Sayed ‘Ali Jamenei. Es más, durante los últimos años y meses del presidente Jatami en el cargo, se asistió a un renovado deterioro de los derechos humanos, caracterizado por aprehensiones, detenciones y un aumento del acoso contra críticos del sistema, especialmente periodistas, autores deblogs de Internet y otros defensores y defensoras de los derechos humanos.

Sobre estos antecedentes, Mahmoud Ahmadinejad, ex alcalde de Teherán y ex miembro de las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria, se erigió como ganador inesperado pero convincente de las elecciones presidenciales de Irán en junio de 2005. Había hecho campaña respaldado por una plataforma principalmente económica, prometiendo poner fin a la corrupción e introducir políticas que mejorarían las condiciones de los más desfavorecidos. En general, se interpretó su elección como una continuación del proceso de consolidación del poder en el cargo del líder supremo, el ayatolá Sayed ‘Ali Jamenei.

Amnistía Internacional escribió al presidente Ahmadinejad con ocasión de su investidura en agosto de 2005, congratulándose de su compromiso de mejorar los derechos económicos y sociales y pidiéndole que concediera máxima prioridad a los derechos humanos durante el tiempo que ocupe el cargo.(1) No obstante, no se ha observado ningún progreso en el historial de derechos humanos de Irán en los meses transcurridos desde la toma de posesión de Mahmoud Ahmadinejad. Por el contrario, mientras el presidente buscaba la controversia en relación con el programa nuclear de Irán y suscitaba las críticas internacionales generalizadas por sus declaraciones sobre el Holocausto e Israel, ha habido también indicios de que Irán está asistiendo al inicio de un nuevo recrudecimiento de la represión. Por ello, este informe aborda las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en al menos los últimos seis meses y se centra particularmente en las medidas que las autoridades iraníes han tomado en respuesta al malestar generalizado entre las minorías étnicas del país, especialmente árabes y kurdos; la continuación de la represión de minorías religiosas, en particular los behaíes; y la continuación de las limitaciones de los derechos de libertad de expresión y asociación, cuyo impacto sufren sobre todo periodistas y otros defensores y defensoras de los derechos humanos. El propósito de este informe no es ser exhaustivo, sino más bien captar la atención sobre las variadas y atroces violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar en Irán casi a diario. Amnistía Internacional no ha tenido acceso a Irán para realizar sus investigaciones sobre el país desde poco después de la Revolución Islámica de 1979, pero este informe se fundamenta en una amplia variedad de fuentes tanto de dentro como de fuera del país.

2. Represión de minorías

A pesar de las garantías constitucionales de igualdad,(2) las personas pertenecientes a minorías(3)en Irán, que se cree que ascienden a aproximadamente la mitad de una población total de 70 millones de habitantes,(4) están sometidas a una serie de leyes y prácticas discriminatorias, como, por ejemplo, la confiscación de tierras y propiedades, la negación de empleos estatales o paraestatales de acuerdo con los criterios de la "selección" (gozinesh)(5) y las restricciones de libertades sociales, culturales, lingüísticas y religiosas que a menudo dan lugar a violaciones de derechos humanos, como son la encarcelación de presos de conciencia, el enjuiciamiento extremadamente injusto de presos políticos en Tribunales Revolucionarios, el castigo corporal y el uso de la pena de muerte, además de las restricciones de la circulación y la negación de otros derechos civiles.

Los grupos étnicos minoritarios en Irán son árabes, turcos azeríes, beluchis, kurdos y turcomanos, todos los cuales son, en su mayoría, musulmanes chiíes o sunníes. También hay minorías religiosas, de las cuales sólo a tres –cristianos (incluidos armenios, asirios, caldeos católicos y varias denominaciones de protestantes), judíos y zoroástricos– se les permite la práctica de su fe religiosa en aplicación del artículo 13 de la Constitución. Por el contrario, a los seguidores de religiones no reconocidas, como los behaíes, los ahl-e haq (seguidores de la verdad) y los mandeanos (sabeanos), no se les permite la libertad de practicar sus creencias y están especialmente expuestos al riesgo de discriminación o de otras violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Fue el relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada el que llamó la atención de la comunidad internacional sobre algunos de los problemas a los que se enfrentan actualmente los grupos minoritarios de Irán, cuando visitó el país en julio de 2005. En sus observaciones preliminares,(6)destacó que las minorías estaban sometidas a discriminación en la distribución de los recursos estatales, en el acceso a viviendas, al agua y a los servicios sanitarios facilitados en las áreas del país en las que residen, así como en la calidad de los recursos que reciben; y que están desproporcionadamente afectados por las políticas de "apropiación de tierras".

2.1 Minorías étnicas

Además de las minorías mencionadas a continuación, otras como los beluchis, los turcomanos y los nómadas también sufren formas similares de discriminación, pero Amnistía Internacional no ha recibido información sobre violaciones específicas de los derechos humanos contra miembros de estos grupos desde la elección del presidente Ahmadinejad.

2.1.1 Árabes

La comunidad árabe en Irán, en su mayoría musulmanes chiíes, constituye entre el 3 y el 8 por ciento del total de la población y vive principalmente en la provincia de Juzestán (conocida como Ahwaz por la comunidad árabe) adyacente a Irak, donde se encuentran gran parte de los recursos petrolíferos de Irán. Los miembros de esta comunidad objetan desde hace años contra los sucesivos gobiernos que los árabes han sido ignorados en lo que respecta a la distribución de los recursos destinados al desarrollo social. La frustración y las penurias económicas han desencadenado en los últimos meses un ciclo de protestas violentas y de represiones que probablemente continúe a menos que las autoridades iraníes tomen las medidas necesarias para atajar las injusticias sociales, económicas y de otro tipo que dieron lugar a los disturbios.

Derechos económicos, sociales y culturales:la población árabe de Irán es una de las más desfavorecidas económica y socialmente del país. Según informes, incluso en los lugares en los que la mayoría de la población local es árabe, en las escuelas no se puede enseñar utilizando la lengua árabe y la tasa de analfabetismo es alta, especialmente entre las mujeres árabes ahwazíes de las áreas rurales. Según informes, a los árabes se les ha negado también el acceso a los puestos de trabajo estatales de acuerdo con los criterios de la "selección" (gozinesh), y muchos pueblos y asentamientos tienen acceso limitado o nulo a agua corriente limpia o a otros servicios, como la electricidad.

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales el abastecimiento de agua en la ciudad de Ahvaz sufre cortes frecuentes e irregulares, aparentemente, porque se desvía el agua del río Karún a ciudades como Isfahán y Sanandaj. En diciembre de 2005, la situación era, según informes, tan grave que los habitantes no podían ducharse más de una vez a la semana y se veían obligados a comprar agua potable de cisternas en las calles. También en diciembre de 2005, miembros del Majles(7)por la provincia de Juzestán presentaron, según informes, una petición para acusar al ministro de Energía por la continua desviación del agua del río Karún a las provincias de Rafsanjan e Isfahán, y en enero de 2006, según informes, amenazaron con presentar su dimisión en masasi continuaba la desviación. También se ha informado de que, a pesar de la escasez de agua en la provincia, el agua del río Karje, que cruza el área árabe ahwazí de Howizeh y Boustan, se desvía para ser vendida a Kuwait.

Además, la expropiación de tierras por parte de las autoridades iraníes es, según informes, tan generalizada que parece constituir una política destinada a desposeer a los árabes de las tierras que les pertenecen por tradición. Aparentemente es parte de una estrategia dirigida a la reubicación forzosa de los árabes en otras áreas, a la vez que se facilita el traslado de población no árabe a Juzestán, y tiene relación con políticas económicas como la concesión de préstamos sin interés cero que no están disponibles para los árabes de la zona.

En octubre de 2005, salió a la luz una carta del 9 de julio de 2005 en la cual la organización de la Zona Franca de Arvand esbozaba los planes para la confiscación de 155 km², incluyendo territorios y pueblos árabes, para establecer la zona franca de Arvand entre Abadan y la frontera iraquí,(8) por lo que se confiscaría la tierra a todos los habitantes de la zona. De acuerdo con la ley iraní, no se puede apelar la confiscación, sólo se puede impugnar la cantidad ofrecida como compensación, que, según informes, en otros planes ha sido de hasta una cuadragésima parte de su valor en el mercado.

El relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada declaró en una entrevista(9)después de su visita a Irán, en julio de 2005:

[…] [C]uando uno visita Ahwaz [...] ve miles de personas que viven con alcantarillas abiertas, sin servicios sanitarios ni acceso regular al agua, a la electricidad ni al gas [...] ¿[A] qué se debe eso? ¿Por qué ciertos grupos no se benefician? [...] De nuevo en Juzestán, [...] fuimos en automóvil a unos 20 km del centro de la ciudad para visitar las áreas en las que se están realizando grandes proyectos de desarrollo, como plantaciones de caña de azúcar y otros proyectos a lo largo del río, y nos indicaron que se calculaba que entre 200.000 y 250.000 árabes van a ser desplazados de sus localidades a causa de estos proyectos. Y la pregunta que me viene a la cabeza es: ¿A qué se debe que estos proyectos se ubiquen directamente en las tierras donde han vivido estas personas durante generaciones? Pregunté a los funcionarios, pregunté a la gente con la que estábamos. Existen otras tierras en Juzestán donde estos proyectos podrían haberse ubicado y que habrían minimizado los desplazamientos.

El relator también mencionó los intentos del gobierno para trasladar a población no árabe al área, como en el caso de Shirinshah, una ciudad nueva habitada principalmente por personas no árabes procedentes de la provincia de Yazd, y destacó la discrepancia entre la riqueza que generan los recursos petrolíferos de Juzestán y la humildad que vio en los barrios árabes.

Uso de la fuerza:Desde la elección del presidente Ahmadinejad, varias personas han resultado muertas y decenas heridas por las fuerzas de seguridad, posiblemente por uso excesivo de la fuerza, en el contexto de los disturbios violentos que se están produciendo en la provincia de Juzestán. Este fenómeno comenzó en abril de 2005(10) y en él se inscriben las explosiones de bombas en la ciudad de Ahvaz en octubre de 2005 y en enero de 2006, donde murieron al menos 12 personas y cientos resultaron heridas, además de atentados contra infraestructuras petrolíferas de importancia económica en septiembre y en octubre de 2005. Las autoridades iraníes han acusado al gobierno británico de participar en los atentados, cosa que el Reino Unido ha negado.

· Según informes, a mediados de septiembre de 2005 las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron fuego real, gas lacrimógeno y porras contra los manifestantes para que dejaran de lanzar piedras. Hubo informes de que al menos dos personas murieron y muchas resultaron heridas, y que posteriormente las autoridades cortaron el abastecimiento de agua de algunos pueblos de la tribu al-bughobeysh, posiblemente en represalia por la participación de los habitantes en las manifestaciones.

· El 4 de noviembre de 2005, festividad de‘Id al-Fitr, es posible que en parte en protesta por detenciones anteriores (véase infra), varios cientos de manifestantes iraníes árabes comenzaron una marcha hacia el centro de la ciudad de Ahvaz, donde se encontraron con las fuerzas de seguridad iraníes. Se debieron de iniciar refriegas. Según los informes, las fuerzas de seguridad iraníes lanzaron granadas de gas lacrimógeno a la multitud y dos jóvenes árabes, al parecer víctimas de una parálisis transitoria causada por el gas, murieron ahogados al caer al río Karún. Decenas, si no cientos, de manifestantes fueron detenidos. Amnistía Internacional escribió a las autoridades iraníes instando a que se investigaran esas muertes y pidiendo que se aclararan las normas que rigen el uso de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley iraníes y si en este caso se intentó dispersar a la multitud con medios no violentos y se le advirtió antes de utilizar el gas lacrimógeno. A principios de febrero de 2006 no se había recibido respuesta alguna.

· Según informes, al menos tres hombres murieron y unos 40 resultaron heridos los días 11 y 12 de enero de 2006 en enfrentamientos que tuvieron lugar en Juzestán entre las fuerzas de seguridad iraníes y miembros de la comunidad árabe ahwazí. Los conflictos siguieron a una manifestación inicialmente pacífica en ‘Id al-Adha, la Fiesta del Sacrificio musulmana. Según los informes, los manifestantes pedían que se acabara con la persecución, la pobreza y el desempleo de los árabes y se pusiera en libertad a los presos políticos detenidos desde abril de 2005.

Detención:Cientos de árabes han sido detenidos desde la elección del presidente Ahmadinejad y se teme que muchos hayan sido torturados o hayan sufrido malos tratos. Las prisiones de la provincia de Juzestán y en particular las de la capital, Ahvaz, están, según informes, extremadamente masificadas a causa del gran número de detenciones. Al parecer, un ex detenido calculó que, mientras estuvo en la prisión de Karún –construida, según informes, para alojar a alrededor de 800 presos– el número de internos pudo haber superado los 3.000, y que las celdas estaban tan abarrotadas que los detenidos se veían obligados a dormir en turnos porque no había espacio suficiente para que todos se acostaran a la vez. Según informes, este grado de masificación dio lugar a condiciones extremadamente antihigiénicas. Ha habido informes sobre niños de 12 años recluidos con presos adultos. Al parecer, algunos de los detenidos fueron condenados a prisión o a muerte tras juicios enormemente injustos en Tribunales Revolucionarios.

De las personas que según informes han sido detenidas desde la elección del presidente Ahmadinejad, Amnistía Internacional ha recibido los nombres de más de 250. A continuación mencionamos algunos casos ilustrativos:

· En agosto, Hajj Salem Bawi, líder tribal árabe y hombre de negocios, junto con sus cinco hijos, su sobrino y otros dos familiares lejanos fueron detenidos. Hajj Salem Bawi fue puesto en libertad posteriormente, pero según informes dos de sus hijos, Imady Zamel, fueron condenados a muerte en octubre de 2005. Amnistía Internacional no conoce los cargos exactos por los que fueron condenados. Hajj Salem Bawi afirmó después de quedar en libertad que había visto a tres de sus hijos en la prisión de Amaniya, en la ciudad de Ahvaz, y había advertido que habían sido maltratados o torturados durante su detención. En diciembre de 2005, no había constancia de que ninguno de los que seguían detenidos hubiera tenido acceso a abogados o familiares.

Moslem Bawi, Mohsen Bawi y Hani Bawi, todos ellos detenidos en agosto de 2005 © Particular

· Hamid Gate’Pour,director de educación en el Área 2 de la ciudad de Ahvaz, fue detenido el día 15 de septiembre de 2005, o alrededor de esta fecha, en esa misma área. Mohammad Hezbawi, director del periódico regional Hamsaye, fue detenido el 18 de septiembre de 2005, posiblemente en conexión con un artículo que había publicado sobre la detención de Hamid Gate’Pour, y puesto en libertad varios días después.

· Al menos 81 personas fueron arrestadas el 3 de noviembre de 2005 durante la semana anterior a la festividad de fin del ramadán, ‘Id al-Fitr, mientras estaban en una reunión cultural árabe conocida como Mahabisque tradicionalmente tiene lugar durante el iftar (interrupción del ayuno). Entre los detenidos se encontraban Zahra Nasser-Torfi, directora del centro cultural Ahwaz al-Amjad, que según informes fue torturada bajo custodia (véase el punto 4.1); Hamid Haydari, poeta; y seis miembros de la misma familia: Mohammad Mojadam, Hamid Mojadam, Mehdi Mojadam, Rasoul Mojadam, Khaled Bani-Salehy Hassan Naisi.Según informes, el 14 de noviembre de 2005 algunas de estas personas, entre ellas Zahra Nasser-Torfi, fueron puestas en libertad bajo fianza en espera del juicio.

· Decenas de personas, incluidos al menos tres niños, fueron detenidas el 11 de enero de 2006 tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que tuvieron lugar después de una manifestación inicialmente pacífica (véase supra), encabezada por Sheikh Saleh al-Haydari, el imán(maestro de oración)de la mezquita Da’ira de Ahvaz. Él mismo se encontraba entre los detenidos y, según informes, comenzó una huelga de hambre el 25 de enero de 2006 para protestar por su detención. El 12 de enero de 2006, decenas de personas fueron detenidas en la ciudad de Hamidiya tras manifestarse contra las detenciones del día anterior.

2.1.2 Kurdos

Se cree que los kurdos en Irán, en su mayoría musulmanes sunníes, constituyen entre el 7 y el 10 por ciento de la población y viven principalmente en las provincias del noreste, próximas a Irak y Turquía, predominantemente agrícolas. Durante muchos años, las organizaciones kurdas como el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI) y Komalallevaron a cabo un movimiento de resistencia armada a la República Islámica de Irán, aunque recientemente han abandonado la lucha armada en favor de una solución federal. Irán continúa haciendo frente a la posición armada, principalmente a la del Partido por una Vida Independiente en el Kurdistán (PJAK), afiliado al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) de Turquía, que, según informes, comenzó a operar en 2004. En septiembre de 2005, el presidente de la Magistratura Provincial en Azerbaiyán Occidental declaró que desde marzo de 2005 habían muerto más de 120 miembros de las fuerzas de seguridad en enfrentamientos contra el PJAK, y 64 habían resultado heridos.(11)

A consecuencia de todo esto, hace mucho tiempo que las autoridades iraníes miran a la población kurda con recelo y los kurdos vienen experimentando desde hace décadas la negligencia oficial en lo que respecta al desarrollo de las áreas kurdas y el suministro de los servicios básicos, incluidos los esenciales para hacer realidad los derechos humanos. Por ejemplo, el relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada, en sus observaciones preliminares,(12) afirma: "[R]egiones ocupadas históricamente por los kurdos, como es Ilam, parecen sufrir una inadecuación desproporcionada de servicios como el agua y la electricidad además de que los esfuerzos de reconstrucción son insatisfactorios". La población kurda también se enfrenta a desventajas en la educación: según los informes, la tasa de analfabetismo entre las mujeres, que gira en torno al 25 por ciento en la población general, alcanza el 43,3 por ciento en las áreas kurdas.(13)

Los disturbios violentos en las áreas kurdas estallaron en julio de 2005 poco después de la elección del presidente Ahmadinejad y continuaron durante varias semanas, hasta que las fuerzas de seguridad iraníes mataron a disparos a un activista de la oposición kurda, Shivan Qaderi, y, según informes, arrastraron su cuerpo por las calles colgado de un jeep. Miles de kurdos salieron a las calles a protestar. Según informes, las fuerzas de seguridad utilizaron armas ligeras y pesadas en respuesta a las manifestaciones que, al menos en algunos lugares, incluyeron asaltos a edificios y oficinas gubernamentales por parte de los manifestantes. Hasta 20 personas resultaron muertas y hubo cientos de heridos, según informes. Las autoridades admitieron la muerte de cinco personas, incluidas dos en Saqez: Mohammad Shariati, un maestro jubilado de 55 años, y Farzad Mohammadi, de 18 años. Además, declararon que se estaban investigando las muertes. Fuentes kurdas afirmaron que agentes de las fuerzas de seguridad dispararon a Mohammad Shariati en la cabeza con munición real al intentar dispersar a los manifestantes. Al menos 190 personas fueron detenidas, según informes oficiales, aunque es muy posible que la cifra real sea superior.

Después de los disturbios, el gobierno y el Majles iniciaron sendas investigaciones, aunque no se publicaron los resultados. Hay informes de que varios miembros kurdos del Majleshan criticado la gestión del gobierno en lo referente a las quejas de la población kurda; uno de ellos ha sido Hushang Hamidi, parlamentario por Sanandaj, que afirmó: "No tenemos problemas a la hora de suscitar la cuestión, pero, a pesar de que nuestras demandas son legítimas, sí tenemos problemas para plantear soluciones y eliminar las deficiencias [...] Planteamos exigencias de carácter civil. Queremos derechos de ciudadano. Queremos asistencia social y que se observen los derechos legales y la igualdad en varios aspectos, como en la gestión y la meritocracia en las regiones kurdas. Es en estas áreas en las que no se ha cumplido el artículo 48 de la Constitución".(14)Amin Shabani, otro miembro kurdo del Majles, declaró: "La verdadera raíz u origen de estos disturbios fueron las promesas que las autoridades hicieron cuando se encontraron cara a cara con las demandas de los kurdos, pero hasta ahora, estas promesas continúan sin cumplirse". Shabani acusó a las fuerzas encargadas de hacer cumplir las leyes de utilizar una fuerza excesiva, criticó a la radio y a la televisión estatales por no proporcionar información exacta y señaló el desempleo como uno de los factores causantes de los disturbios. También criticó la ausencia de musulmanes sunníes en el gabinete ministerial.(15)

Entre los kurdos detenidos en agosto de 2005 se encontraban periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

· Roya Toloui, miembro y una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Kurdas en Defensa de la Paz y los Derechos Humanos (Kanoun-e Zanan-e Kord-e Modafa’ Solh va Hoqouq-e Bashar)y directora de la revista cultural Rassan, fue detenida en su domicilio en Sanandaj el día 2 de agosto de 2005. No se le permitió ver a su familia ni a un abogado durante varias semanas. Fue puesta en libertad bajo fianza en octubre de 2005. En enero de 2006, declaró: "En total presentaron [al menos 10] cargos contra mí. Todo lo que no era delito para otros se consideraba delito en mi caso, por ejemplo, la publicación de mi libro en idioma kurdo [en Al-Sulaymaniyah], en Irak, se consideró un delito. Había otros cargos, el más importante de los cuales era actuar contra la seguridad nacional. Además se consideró que conceder entrevistas a diferentes emisoras de radio extranjeras era propagar mentiras contra los dirigentes".(16) Roya Toloui había sido interrogada varias veces durante los meses anteriores a su detención.(17)

· Ajlal Qavami, periodista de la publicación semanal Payam-e mardom-e Kurdestany miembro del consejo editorial del periódico Payam-e Mardom(Mensaje del Pueblo) y Sa’id Sa’edi, periodista freelanceque también trabaja para la publicación semanal Asou, fueron también detenidos el 2 de agosto de 2005. Según informes, Ajlal Qavami llevó a cabo una huelga de hambre por su detención. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza en octubre de 2005 y según los informes también tuvieron que hacer frente a cargos vagamente definidos que pueden acarrear la pena de muerte.

· Madeh Ahmadi, periodista, fue detenido el 28 de julio de 2005 en la zona fronteriza de Sarvabad tras visitar la parte kurda del vecino Irak y permaneció cuatro meses en la prisión de Marivan, según informes por varios cargos, entre ellos salir ilegalmente del país. Madeh Ahmadi llevó a cabo una huelga de hambre en septiembre de 2005 en protesta por su detención. Según los informes, en noviembre de 2005, cuando las autoridades no acataron la orden judicial de ponerlo en libertad bajo fianza, volvió a declararse en huelga de hambre y se cosió los labios en señal de protesta. Cuando quedó en libertad el 28 de noviembre de 2005 informó de que se enfrentaba a 29 cargos, incluyendo "amenazar la seguridad nacional, realizar entrevistas con medios de comunicación extranjeros y estar en contacto con la oposición". En enero de 2006, hubo informes de que acababa de ser condenado a un año de prisión y 50 latigazos tras ser declarado culpable de entrar y salir del país ilegalmente.

· Borhan Divargar, activista sindical y defensor de los derechos de la infancia, permaneció detenido seis semanas durante las cuales, según los informes, fue golpeado. También él fue puesto en libertad bajo fianza con cargos, según informes, entre los que se incluyen la pertenencia al Comité de Seguimiento de la Creación de Organizaciones Sindicales Libres, pertenencia a la recién creada Organización de Trabajadores sin Empleo, gestión de un sitio web sindical en Irán llamado Tashakol (www.tashakol.com) y participación en las manifestaciones de Saqez. Hasta noviembre de 2005 los informes indicaban que todavía no se había permitido a su abogado ver el expediente y en diciembre de 2005 se dijo que Divargar se encontraba entre los 51 kurdos procesados ante la Sala 1 del Tribunal Revolucionario de Saqez en relación con los acontecimientos de julio y agosto, de los cuales cuatro continuaban detenidos.

· Mohammad Sadeq Kabudvand, director del semanario publicado en kurdo y farsi Payam-e mardom-e Kurdestan y presidente de la Organización Kurda de Derechos Humanos (RMMK), con sede en Teherán, permaneció detenido brevemente en agosto de 2005 durante los disturbios iniciados en julio. Posteriormente fue condenado por el Tribunal Revolucionario de Sanandaj a un año de cárcel por "difundir mentiras con la intención de perturbar a la opinión pública" y a seis meses de cárcel y la prohibición de trabajar como periodista durante cinco años por "difundir asuntos cuestiones tribales y publicar artículos provocadores". El tribunal declaró el carácter condicional de las dos penas de cárcel. Además, las autoridades cerraron su periódico.

· Otros detenidos también han sido condenados a prisión o a castigos crueles e inhumanos tras juicios injustos ante Tribunales Revolucionarios en relación con los disturbios. Según los informes, en octubre de 2005 Morteza Soleymanifue condenado por el Tribunal Revolucionario de Sanandaj a un año de prisión por los cargos de "actuar contra la seguridad nacional" y "hacer la guerra al sistema" (moharebeh ba nezam). Según informes, Anwar Derakhshani, de Marivan, ha sido condenado a un año y ocho días de prisión y 70 latigazos. Según los informes, Shahram Ansari,Loghman Mohammadi,Jamal Aminiy Bakhtiar Khoshnam, todos ellos de Saqez, fueron condenados a cuatro, uno, dos y dos años de cárcel, respectivamente. Amnistía Internacional no conoce los cargos que se presentaron contra ellos.

Las autoridades clausuraron al menos otros dos periódicos kurdos, Asouy Ashti, aproximadamente en la misma época en que se realizaron las detenciones, según informes por su cobertura de los disturbios. También ha habido informes de que las autoridades han cerrado los departamentos de idioma kurdo de varios centros de educación superior, incluida la Universidad de Sanandaj.

· El 25 de octubre de 2005, después de la noticia de que Mostafa Rasulnia, detenido cuando murió Shivan Qaderi (véase supra), se enfrentaba a la pena de muerte en la prisión de Oroumieh, las fuerzas de seguridad, según informes, hirieron gravemente a dos personas como mínimo en un enfrentamiento con manifestantes en Mahabad. Al parecer, una de ellas, Rasoul Yusufi, fue hospitalizada en cuidados intensivos. Se realizó un número indeterminado de detenciones. Posteriormente hubo informes de que Mostafa Rasulnia había sido condenado a muerte tras confesar –según los informes después de ser torturado– haber matado a un miembro de las fuerzas de seguridad, aunque después se le conmutó la pena por cinco años de prisión.

· Con ocasión de la festividad de ‘Id al-Fitr,el 4 de noviembre de 2005 tuvieron lugar nuevas manifestaciones cuando las fuerzas de seguridad impidieron a los residentes de Mahabad visitar la tumba de Shivan Qaderi. Según informes, las fuerzas de seguridad golpearon y posteriormente dispararon a los manifestantes, que arrojaban piedras y coreaban consignas. Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales hasta diez personas fueron detenidas, entre ellos Yusuf Solemani, y tres, Shoresh Chukali,Mohammad Chukali ySoleyman Alunam, resultaron heridas.

2.1.3 Turcos azeríes

Los turcos azeríes de Irán, que son principalmente musulmanes chiíes, son la minoría más grande del país y se cree que constituyen entre el 25 y el 30 por ciento de la población. Se localizan sobre todo en el norte y el noroeste de Irán. Al ser chiíes, no están sometidos al mismo tipo de discriminación que las minorías de otras religiones y están bien integrados en la economía; sin embargo, está aumentando la demanda de mayores derechos culturales y lingüísticos, como la aplicación de su derecho constitucional a la educación en idioma turco. Una pequeña minoría aboga por la secesión del Azerbaiyán iraní de la República Islámica de Irán y la unión con la República de Azerbaiyán. Las autoridades iraníes miran con desconfianza a los que quieren promover la identidad cultural turcoazerí y a menudo los acusan de cargos vagamente definidos, como "promover el panturquismo".

A finales de junio de 2005, fueron detenidos decenas de turcos azeríes de Irán que participaban en una reunión cultural anual celebrada en el castillo de Babek, en Kalayber. Según los informes, al menos 21 fueron condenados posteriormente a penas de prisión de entre tres meses y un año, algunas de ellas declaradas condicionales, tras ser declarados culpables de cargos como "difundir propaganda contra el sistema" y "crear organizaciones contra el sistema". A algunos se les prohibió también la entrada a Kalayber durante 10 años.

· Abbas Lisani, carnicero azerí iraní que ya había sido golpeado y detenido en 2004, fue detenido durante los sucesos del castillo de Babek y puesto en libertad bajo fianza en julio de 2005. Un mes después, fue condenado a un año de prisión que cumpliría en destierro tras ser declarado culpable de cargos como "difundir propaganda" y "perturbar la opinión pública". En enero de 2006, había apelado su sentencia y seguía libre bajo fianza.

· Hojjatoleslam val Moslemin Ezimi Qedimi, clérigo musulmán azerí iraní de Verziqan, un municipio próximo a Tabriz, la capital de la provincia de Azerbaiyán, fue detenido el 5 de agosto de 2005 en Tabriz, en el mausoleo de un héroe azerí llamado Baghir Khan, uno de los autores de la Constitución de 1906 de Irán, que llevó al país al primer Parlamento surgido de elecciones. Las fuerzas de seguridad interrumpieron una celebración pacífica en el mausoleo del aniversario de la introducción de la Constitución. Según informes, Hojjatoleslam Ezimi Qedimi fue puesto en libertad bajo fianza alrededor del 24 de octubre de 2005 a la espera del juicio, según informes acusado de "liderar una reunión ilegal en el mausoleo; ofrecer una entrevista publicada en el sitio web de Shams-e Tabriz; conceder una entrevista a la cadena de televisión Ana Yurdu; oposición a la República Islámica; desacato al tribunal; colaborar en la creación y distribución de la publicación Rasule inducir al error a jóvenes estudiantes de religión en la ciudad de Qom". Según informes, el 1 de enero de 2006 Hojjatoleslam Ezimi Qedimi fue condenado, a puerta cerrada, sin acceso a un abogado ni a un traductor, por una sala del Tribunal Especial para el Clero(18) en Tabriz, a un año de prisión por "hacer propaganda en nombre de grupos de oposición al Estado" y se le despojó de sus credenciales de alfaquí durante diez años por "socavar la integridad del clero". También se le impuso la prohibición de viajar, que le impedía salir de Irán y se le prohibió volver a las provincias de Azerbaiyán Oriental, Azerbaiyán Occidental, Ardebil y Zanjan durante cinco años. Se cree que a finales de enero de 2006 quedó libre bajo fianza pendiente de una apelación.

· Abbas Nikravan, director de la Asociación Musical Salmas y activista turco azerí fue, según informes, detenido el 1 de noviembre de 2005 mientras esperaba los resultados de la apelación que presentó ante el Tribunal Supremo contra una sentencia anterior a cuatro meses de prisión por el cargo de "propagar el panturquismo y abogar por el separatismo" posiblemente en conexión con su obra musical, relacionada con la música y la danza azerí. Al parecer también se encontró en su casa una fotografía de Mahmoudali Chehregani.(19)Según informes, su caso se presentará ante el Tribunal Revolucionario de Khoy. En enero de 2006 seguía detenido en la prisión de Salmas, a pesar de que se había dictado la orden de ponerlo en libertad bajo fianza de 20 millones de riales (casi 22.000 dólares americanos).

· Javad Abbasi, profesor y activista azerí de Salmas, comenzó, según informes, a cumplir una pena de seis meses de prisión el 22 de diciembre de 2005 después de haber sido condenado por el Tribunal Revolucionario de Khoy, al parecer por "promover el separatismo y por conexión con grupos ‘panturcos’". Según informes, también se le acusó de participar en el evento del castillo de Babek, trabajar para derrocar la República Islámica de Irán, perturbar la seguridad nacional e imprimir y publicar material en favor del Movimiento Nacional de Azerbaiyán. Según informes, en su sentencia se hacía mención al hecho de que había impartido clases a escolares en lengua turca. Los informes señalan que necesita tratamiento médico por una enfermedad de la garganta.

· Hedayat Zaker, profesor y activista de Tabriz, fue detenido, según informes, el 24 de diciembre de 2005 tras haber sido condenado a prisión por el Tribunal Revolucionario de Tabriz. Fue detenido en su casa el día anterior a la fecha en que debía presentarse para comenzar a cumplir su condena, aparentemente porque las fuerzas de seguridad temían que intentara escapar. Según informes, su abogado anunció que la pena había sido confirmada por el Tribunal Supremo, pero que ni él ni Hedayat Zaker habían recibido copia del fallo.

· Yashar Haqqaqpour Maraghei, estudiante de arquitectura de la Universidad de Zanjan y miembro de la Asociación de Estudiantes Islámicos de esta misma universidad, fue detenido, según informes, delante de la tienda de su padre en Maragheh el 21 de enero de 2006 por las fuerzas de seguridad que, según informes, no tenían orden de detención. Se desconoce a dónde lo condujeron. Al parecer, después, miembros de las fuerzas de seguridad registraron el hogar familiar. El día 2 de febrero de 2006, según informes, Yashar Haqqaqpour Maragheicomunicó a su familia por teléfono que había sido trasladado a Tabriz.

· Davoud Azimzadeh, licenciado en Ciencias Medioambientales y profesor procedente de Maragheh, fue detenido, según informes, por agentes del Ministerio de Información el 23 de enero de 2006, después de haber sido citado para comparecer ante el Departamento de Educación local. Los informes indican que puede haber sido detenido por una serie de artículos que escribió sobre la contaminación medioambiental en Maragheh.

Las publicaciones en lengua turca y los periodistas que escriben en esta lengua también han estado sometidos a represión y hostigamientos. En septiembre de 2005 se le retiró el registro a Araz–una publicación periódica de carácter político, cultural e histórico que publican los estudiantes de la Universidad de Tabriz desde 1999 en persa y turco– según informes por haber publicado un mapa de la República de Azerbaiyán en la portada. Qizil Uzen, publicación en turco de los estudiantes de la Universidad de Zanjan dirigida por Reyhaneh Purgenifue, según informes, cerrada el 30 de noviembre de 2005 por el comité de vigilancia de las publicaciones de estudiantes, al parecer por fomentar la división y el separatismo. Según los informes, Reyhaneh Purgeni, que también es miembro de la Asociación de Estudiantes Islámicos de la Universidad de Zanjan, fue detenida el 20 de enero de 2006 después de que su padre recibiera una llamada en la que le comunicaban que Reyhaneh debía presentarse en el Departamento de Información de Zanjan. Marefatollah Fazli, director de otra publicación de estudiantes de la Universidad de Zanjan, Zangan Sozlari, también fue citado para ser investigado en enero de 2006.

2.2 Minorías religiosas

Desde la elección del presidente Ahmadinejad, miembros de minorías religiosas de Irán también han resultado muertos, detenidos o han sufrido hostigamientos meramente a causa de su fe. Incluso las minorías religiosas reconocidas, como la judía, la cristiana y la zoroástrica, se enfrentan a discriminaciones en la ley y en la práctica en lo que respecta a empleo, al matrimonio y a las sanciones penales. Las religiones no reconocidas como la behaí, la ahl-e haq y la sabeana (mandeana) corren especial peligro de discriminación. Los conversos del islam a otra religión se arriesgan a detenciones, agresiones o a la pena de muerte.(20) De vez en cuando declaraciones oficiales crean una atmósfera que puede alentar a la comisión de abusos contra los derechos humanos por parte de agentes no estatales contra las minorías. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2005, el ayatolá Jannati, secretario general del Consejo de Guardianes que estudia las leyes aprobadas por el Majlespara garantizar su conformidad con la ley islámica, declaró en un discurso durante la conmemoración de los muertos en la guerra librada entre 1980 y 1988 contra Irak que "los seres humanos, con la excepción de los musulmanes, son animales que vagan por la Tierra y caen en la corrupción".

2.2.1 Cristianos

El preso de conciencia Hamid Pourmand, musulmán convertido al cristianismo hacía más de 25 años, seguía encarcelado después de ser condenado a tres años de prisión por un tribunal militar en febrero de 2005 acusado de haber engañado a las fuerzas armadas iraníes sobre su religión y de realizar "actos contra la seguridad nacional". En mayo de 2005 fue absuelto de otras acusaciones de apostasía. Fue detenido en Karaj junto con 84 personas más durante la conferencia general anual de la Iglesia de las Asambleas de Dios iraní, en septiembre de 2004; todos los demás fueron puestos en libertad posteriormente.(21)

A Ghorban Dordi Tourani, de 50 años, de etnia turcomana, anteriormente musulmán y pastor de una "casa iglesia" independiente de cristianos conversos en Gonbad-e-Kavus, lo mataron dos asaltantes desconocidos el 22 de noviembre de 2005. Según informes, después del hallazgo del cadáver a la puerta de su casa, otros 10 cristianos fueron detenidos brevemente por agentes del Ministerio de Información y tal vez fueron torturados. Según los informes, a los líderes cristianos se les ha advertido de que digan a los pastores protestantes de "casas iglesias" que "el gobierno sabe qué están haciendo y pronto vendrá por ustedes". Ghorban Dordi Tourani es el quinto pastor protestante asesinado por desconocidos en 11 años.(22)

2.2.2 Behaíes

Los miembros de la comunidad behaí, una minoría religiosa no reconocida en Irán, están sometidos a leyes y normas discriminatorias que violan su derecho a practicar libremente su religión y que les niega la igualdad de derechos para trabajar y poseer un nivel de vida decente al restringir su acceso al empleo y a prestaciones sociales tales como las pensiones. La comunidad informó de un aumento de la represión en 2005, con ataques de agresores no identificados, actos de vandalismo y destrucción de cementerios y lugares sagrados, así como confiscación por parte del Estado de propiedades de behaíes. Dos behaíes, Mehran Kawsariy Bahram Mashhadi, fueron encarcelados como presos de conciencia y cumplían penas de tres años y un año impuestas a principios de 2005 después de haber sido juzgados sin garantías en relación con una carta abierta dirigida al presidente Jatami en noviembre de 2004. En la carta se detallaban violaciones cometidas contra la comunidad behaí en Irán y se pedía la restauración de sus derechos humanos.

La represión contra la comunidad behaí ha continuado desde la elección del presidente Ahmadinejad. Se sabe que al menos 32 behaíes han sido detenidos desde la elección del nuevo presidente. Todos han sido puestos en libertad bajo fianza y al parecer están en espera de juicio. Amnistía Internacional no dispone de detalles concretos de los cargos que se les imputan, pero la organización teme que hayan podido ser detenidos únicamente por sus actividades pacíficas a favor de los asuntos religiosos y administrativos de la comunidad behaí o por su identidad behaí. También existen motivos de preocupación en relación con lo que parece ser una creciente "demonización" de los no musulmanes, en especial de la comunidad behaí, por las autoridades iraníes y en los medios de comunicación controlados por el Estado. Además de la declaración del ayatolá Jannati antes mencionada, por ejemplo, desde noviembre de 2005, según los informes, el periódico Keyhanha incluido más de 30 artículos extremadamente negativos o difamatorios sobre la fe behaí o sobre los behaíes, lo que provoca en esta comunidad el temor de que agentes no estatales puedan sentirse autorizados a cometer abusos contra ellos con impunidad.

· Behrouz Tavakkolifue detenido en Meshed junto con Fariba Kamalabadi Taefiel 26 de julio de 2005 al llegar a la estación de autobuses desde Teherán para reunirse con otros behaíes y ocuparse de algunos asuntos administrativos. Fariba KamalabadiTaefi, que fue puesta en libertad bajo fianza el 19 de septiembre de 2005, es miembro de un grupo de coordinación que supervisa los trabajos de curso de behaíes de Irán que quieren estudiar su religión. Ya había sido detenida anteriormente, el 25 de mayo de 2005, y puesta en libertad bajo fianza el 28 de junio de ese mismo año. Behrouz Tavakkoli, que desempeñaba funciones administrativas para la comunidad en el ámbito nacional, fue puesto en libertad bajo fianza el 15 de noviembre de 2005.

· Nasim Ashrafi, Pooya Movahhed, Nasim Naderiy Emad Sharghi, todos ellos dedicados a la educación de jóvenes de la comunidad behaí, fueron detenidos el 5 de agosto de 2005 y quedaron en libertad bajo fianza el 15 de agosto. El 5 de septiembre, según informes, los cuatro fueron condenados a diez meses de prisión por un tribunal de Karaj, acusados de "oposición a la República Islámica de Irán", cargo que se aplicaba antiguamente a los behaíes que eran detenidos. Al parecer el cargo se les comunicó verbalmente y cuando pidieron un documento escrito, el tribunal se negó a emitirlo. Continúan libres bajo fianza mientras esperan que se resuelva la apelación.

· Sima Rahmanian Legha’i, Changiz Derakhshaniany Mina Hamranfueron detenidos en la ciudad de Ghaem Shahr el 14 de septiembre de 2005. Changiz Derakhshanian fue puesto en libertad bajo fianza tres días después, el 17 de septiembre. Sima Rahmanian Leha’i y Mina Hamran quedaron en libertad bajo fianza el día 2 de octubre de 2005. Según la información de que se dispone, ninguno ha sido acusado formalmente.

· El 21 de septiembre de 2005, Misagh Lagha’i, Shahin Sana’iy Mahvand Lagha’ifueron detenidos en la ciudad de Babol Sar. El día 11 de octubre de 2005 fueron puestos en libertad bajo fianza y no se tiene conocimiento de que hayan sido acusados formalmente.

· Según informes, Afshin Akrami, Shahram Boloori, Vaheed Zamani yMehraban Farman-Bordarifueron detenidos el 8 de noviembre de 2005 en Karaj. El mismo día, Sohrab Hamidfue detenido en Qal’ih Hasan (cerca de Karaj) y Hooshang Mohammad-Abadifue detenido en Fardis, localidad también próxima a Karaj. Todos ellos fueron puestos libertad bajo fianza el 7 de diciembre de 2005, aparentemente sin que se hayan presentado formalmente cargos contra ellos.

· Otro preso de conciencia behaí, Dhabihullah Mahrami,(23) murió en la prisión de Yazd el 15 de diciembre de 2005. Al parecer se informó a su familia de que había muerto de un infarto y se les entregó su cuerpo, que ha sido enterrado. Según informes, sin embargo, Dhabihullah Mahrami gozaba de buena salud inmediatamente antes de su fallecimiento y no se sabía que padeciera ninguna cardiopatía, a pesar de que, al parecer, se le obligaba a realizar extenuantes trabajos físicos en la cárcel, lo que suscita la preocupación de que esto pudiera haber causado o contribuido a causar su muerte. También se dice que había recibido amenazas de muerte. Amnistía Internacional pidió a las autoridades iraníes que investigaran su fallecimiento de acuerdo con los Principios Relativos a la Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas, y que la persona considerada responsable de su muerte fuera llevada ante la justicia y juzgada de forma inmediata y justa.

La comunidad behaí ha denunciado también una serie de casos de confiscación de tierras y propiedades. Se teme que las cuantiosas fianzas exigidas para dejar en libertad a las personas arriba mencionadas, que en muchos casos se satisficieron ofreciendo como garantía escrituras de propiedad o licencias de negocio, puedan ocasionar nuevas confiscaciones de bienes y la privación de los derechos económicos de los behaíes.

También se ha negado a jóvenes behaíes la igualdad en el derecho a la educación universitaria. Durante décadas se ha negado a los estudiantes behaíes el acceso a la educación superior mediante un requisito oficial que establecía que los solicitantes debían afirmar su lealtad al islam o a una de las otras tres religiones oficiales. A pesar de que ya no se mantiene este requisito, en agosto de 2005 un gran número de behaíes que habían realizado los exámenes de acceso a la universidad descubrieron que figuraban como musulmanes en los boletines de resultados, y protestaron por ello. Algo parecido ocurrió en 2004, el primer año en que no se requirió indicar la religión en los exámenes de acceso; en aquella ocasión, a pesar de que se dijo a los estudiantes que se corregiría el error en la designación de la religión en los boletines de resultados, sólo diez de los aproximadamente 800 estudiantes que aprobaron fueron finalmente admitidos. Estos diez se negaron a ocupar sus plazas en protesta por la exclusión de sus compañeros behaíes.

3. Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los "defensores de los derechos humanos" son hombres y mujeres que actúan individual o colectivamente para promover o proteger los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos actúan en diferentes esferas y su labor, que se inspira en las normas internacionales de derechos humanos, incluye, entre otras cosas, la búsqueda de la verdad y la justicia; el fortalecimiento del Estado de derecho; la consecución de una mayor rendición de cuentas del gobierno; la promoción de la igualdad de género, de sexo y de razas; así como de los derechos de la infancia y de las minorías, las personas refugiadas y otros grupos vulnerables. En Irán, la valiente comunidad de defensores de los derechos humanos incluye a hombres y mujeres que trabajan como periodistas, abogados, sindicalistas o que son miembros de asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos profesionales que trabajan para promover y proteger los derechos de las minorías, de la infancia y de las mujeres, entre otros.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Irán deben hacer frente a graves limitaciones en su trabajo. La legislación iraní restringe severamente la libertad de expresión y asociación, de modo que los defensores de los derechos humanos se enfrentan en el desempeño de su tarea a represalias en forma de hostigamientos, intimidaciones, agresiones, detenciones, encarcelamientos y torturas. A muchos se les imponen prohibiciones de viajar que les impiden salir del país. El proceso de registro de las organizaciones no gubernamentales independientes, incluidas organizaciones de derechos humanos como el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, dirigido por Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz, es complejo y con frecuencia se deniega el registro, con lo que las ONG quedan expuestas al riesgo de la clausura forzosa. Muy pocos se arriesgan a aceptar financiación extranjera por miedo a exponerse a ser acusados de mantener contactos con "organizaciones extranjeras hostiles" y de apoyarlas o ser acusados de "espionaje". Por ejemplo, en enero de 2006, se dijo que el Ministerio del Interior estaba compilando una lista de ONG que presuntamente recibían financiación de "fuentes internas y externas problemáticas dirigidas a derrocar el sistema", algunas de las cuales habían recibido apoyos del gabinete del anterior presidente, Jatami. Se decía que el Ministerio del Interior estaba preparando medidas para restringir sus actividades.(24)

3.1 Periodistas

En octubre de 2005 se reintrodujeron los Tribunales de Prensa para juzgar casos de incumplimiento del Código de Prensa. Este código contiene disposiciones de redacción ambigua que pueden utilizarse para sancionar la expresión pacífica de las opiniones.(25) Estos Tribunales están compuestos por tres jueces y un jurado seleccionado por la judicatura. Algunas organizaciones de periodistas criticaron la composición de los jurados. Anteriormente, en abril de 2005, el Majles había suspendido la ley que exigía que los jurados de los Tribunales de Prensa incluyeran dirigentes de sindicatos de prensa y otros representantes de la sociedad civil. Tras la reintroducción de los Tribunales de Prensa, se comenzaron a examinar decenas de casos de periodistas y periódicos y en varios casos esto supuso la imposición de condenas condicionales de cárcel.

También hubo informes de que funcionarios del Ministerio de Información y Seguridad convocaron a al menos 10 periodistas y les advirtieron que no criticaran al gobierno del presidente Ahmadinejad y que no escribieran sobre temas delicados, como el programa nuclear de Irán. En enero de 2006, también se informó de que la Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes (ISNA) y la Agencia de Noticias del Trabajo Iraní (ILNA) también habían "recibido instrucciones" de no informar sobre casos de estudiantes o de otros activistas políticos sin "coordinarse" antes con el Ministerio de Información y Seguridad y el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. Las autoridades utilizaron cada vez más los filtros de Internet para prohibir el acceso a una amplia variedad de sitios web y, en diciembre de 2005, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional declaró ilegal la cadena independiente de televisión por satélite Saba TV, radicada en Dubai y creada por Hojjatoleslam val Moslemin Mehdi Karroubi, ex presidente del Majles. La cadena, cuya inauguración había sido anunciada a mediados de año, decidió entonces retrasar el inicio de sus emisiones y declaró el 26 de diciembre de 2005 que presentaría una denuncia contra el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. La Constitución prohíbe el funcionamiento de cadenas de televisión y emisoras de radio independientes en Irán.

El preso de conciencia Akbar Ganji, periodista de investigación que reveló la implicación, aún impune, de funcionarios del Estado en el asesinato de intelectuales y periodistas en la década de los noventa –lo que se conoció como "asesinatos en serie"– continuaba cumpliendo una condena de seis años de prisión. Detenido en abril de 2000 y condenado a diez años de cárcel, en la apelación su pena se redujo a seis meses por "participar en un delito contra la seguridad nacional" y por "propaganda contra el sistema islámico". En julio de 2001 volvió a ser procesado, esta vez acusado de "recopilar documentos confidenciales del Estado para poner en peligro la seguridad estatal" y "difundir propaganda", y fue condenado a seis años de prisión.

Después de una huelga de hambre en protesta porque se le había negado tratamiento médico independiente fuera de la prisión, hecho que suscitó considerables protestas nacionales e internacionales, entre ellas la de Amnistía Internacional, fue puesto en libertad temporalmente en julio de 2005 para que recibiera tratamiento médico. Sin embargo, volvió a prisión en septiembre de ese mismo año y permaneció recluido en régimen de aislamiento. Su esposa, después de haberlo visitado en octubre de 2005, declaró que le había contado que había sido golpeado por agentes de las fuerzas de seguridad estando en el hospital antes de volver a ingresar en la prisión.

· Masoud Bastani, periodista autor de una serie de artículos sobre el caso de Akbar Ganji, fue detenido el 25 de julio de 2005, junto con otras 14 personas, mientras informaba sobre una manifestación que estaba teniendo lugar delante del hospital donde Akbar Ganji recibía tratamiento.(26) Salió de la prisión de Evín el 6 de agosto de 2005, y una semana después volvió a ser detenido y trasladado a la prisión de Arak, donde se suele recluir a presos no políticos. En 2003 había sido condenado a seis meses de prisión y 70 latigazos y se le había prohibido trabajar como periodista durante cinco años, acusado de difamación. Se le dijo que el propósito de la detención de agosto de 2005 había sido que cumpliera el resto de la condena, a pesar de que el demandante del caso había retirado la denuncia. De acuerdo con la legislación iraní, eso debería haber comportado su liberación, pero, según informes, el fiscal provincial, que había sido juez en la vista de este caso, rechazó dar la orden de puesta en libertad. Según la esposa de Masoud Bastani, el fiscal exigía para ponerlo en libertad que su marido escribiera una carta de arrepentimiento pidiendo el indulto. Añadió que Bastani permanecía recluido en una celda con presos violentos, no políticos y que necesitaba tratamiento médico que se le negaba. Bastani fue puesto en libertad con un permiso condicional de un mes en octubre de 2005 y volvió a la cárcel el 5 de noviembre de 2005. En un breve mensaje desde la prisión que transmitió a través de su esposa en una entrevista con el periódico Roozel 7 de enero de 2006, Masoud Bastani declaraba que no estaba dispuesto a pedir perdón. Según informes, expresó que "aunque vivir en la cárcel es difícil [...], no estoy dispuesto a pedir perdón por un pecado que no he cometido. La libertad es dulce, pero su precio es más importante".

· Según informes, Sayed Ahmad Sayed Sigarchi, autor de un blog de Internet, recibió 30 latigazos en la prisión de Tabriz en octubre de 2005. Fue detenido el 29 de junio de 2005 en relación con un blogque había iniciado en 2003 y el Tribunal Revolucionario de Tabriz le impuso una pena de flagelación y seis meses de prisión (que en la apelación se redujo a flagelación y cuatro meses de prisión) tras ser condenado por cargos entre los que se incluían el de "difamar al líder y a altos cargos" y el de "propaganda contra el sistema". Según informes, el acusado había dicho que durante los cuatros meses de detención previos a su juicio se le había negado el acceso a las visitas de su familia o de un abogado y que había sido golpeado.(27)

· A Ahmad Reza Shiri, natural de Meshed y autor de un blog de Internet, se le impuso una condena condicional de tres años el 8 de enero de 2006, aparentemente por cargos relacionados con artículos que había escrito en su blogen 2004 pidiendo que se boicotearan las elecciones. En febrero de 2004 pasó 21 días en prisión y en junio de 2005 se le impuso una condena condicional de un año. Se le confiscó la computadora y se cerró su blog, aunque abrió otro poco después. Ahmad Reza Shiri ha declarado que el Ministerio de Información pidió que se lo volviera a juzgar por cargos nuevos, incluyendo el hecho de que concediera entrevistas a emisoras de radio extranjeras, lo que dio lugar a la nueva condena.(28)

· Arash Sigarchi, otro autor de blogsy ex director del periódico Gilan-e Emrooz, fue encarcelado en enero de 2006 para comenzar a cumplir una condena de tres años por "colaborar con el enemigo (Estados Unidos)" mediante una entrevista que concedió a Radio Farda, por "insultar al Líder Supremo" y por "propaganda contra el sistema". En enero de 2005 había estado detenido durante dos meses tras haber criticado una oleada de detenciones de otros autores de blogsiniciada en octubre de 2004. Condenado a 14 años de prisión por el Tribunal Revolucionario, fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de que se resolviera el recurso presentado contra esta condena. Según informes, el Tribunal de Apelación redujo la condena a tres años en junio de 2005 pero no informó al interesado hasta el 22 de enero de 2006. Cuando se presentó en el Tribunal de Apelación el 26 de enero de 2006 para solicitar una copia de la resolución, fue detenido y trasladado a la prisión de Rasht para comenzar su condena.

3.2 Abogados

Nasser Zarafshan, abogado que representó a familias de intelectuales y periodistas asesinados por agentes del Ministerio de Información en 1998 (los "asesinatos en serie") y preso de conciencia, siguió cumpliendo una condena de cinco años de prisión impuesta tras un juicio injusto en marzo de 2002 por, entre otros cargos, "difundir información confidencial" en relación con el caso de los "asesinatos en serie" y por posesión ilegal de armas. Condenado también a flagelación por posesión de alcohol, Amnistía Internacional cree que las armas y el alcohol fueron colocados en su oficina para desacreditarlo y que las actuaciones que se emprendieron en su contra tienen motivación política con el objetivo de disuadir a otros defensores de los derechos humanos para que no denuncien casos de impunidad.

Nasser Zarafshan comenzó una huelga de hambre en protesta porque se le negó acceso a un tratamiento médico independiente. En julio y noviembre de 2005, tras una acción internacional en la que participó Amnistía Internacional, entre otros, se le concedieron permisos condicionales para que recibiera tratamiento para su problema de cálculos en el riñón.

Abdolfattah Soltani, abogado y cofundador del Centro de Defensa de los Derechos Humanos, fue detenido en julio de 2005. Según informes, fue acusado de publicar "información nacional secreta y confidencial" en relación con su trabajo de defensa de clientes acusados de espionaje. Con anterioridad a su detención, también había sido miembro del equipo legal que representó a Akbar Ganji y a la familia de Zahra Kazemi (véase infra). Permaneció detenido en régimen de incomunicación durante más de seis semanas antes de que se le permitiera recibir la visita de su esposa en septiembre de 2005. En diciembre de ese mismo año, se le amplió otros tres meses más el periodo de detención preventiva, durante el cual a los detenidos no se les permite el acceso a abogados.

3.3 Sindicalistas

· Borhan Divargar(véase el apartado 2.1.2) fue también condenado el día 9 de noviembre de 2005, o en fechas próximas, por el Tribunal Revolucionario de Saqez a dos años de prisión tras ser declarado culpable de cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica que tuvo lugar el Día Internacional del Trabajo en 2004 y después de la cual él y otros seis activistas sindicales fueron detenidos y puestos en libertad bajo fianza.

De las otras seis personas detenidas al mismo tiempo y acusadas de cargos similares, dos fueron absueltas. Mahmoud Salehi, director del Comité de Organización para la Creación de Sindicatos, ex presidente de la Asociación de Trabajadores de Panadería de Saqez y cofundador del Comité de Coordinación para la Constitución de Organizaciones de Trabajadores, fue condenado a cinco años de prisión y tres años de exilio en la ciudad de Ghorveh. Según informes, en su juicio el fiscal señaló sus actividades sindicales como pruebas en su contra y mencionó una reunión que había mantenido con miembros de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en abril de 2004, poco antes de las manifestaciones celebradas el Día Internacional del Trabajo. También fue detenido alrededor de una hora, el día 4 de agosto de 2005, durante las manifestaciones en el Kurdistán iraní y, según informes, se le advirtió de que no participara en ninguna manifestación.

Mohammad Abdipour © Particular Mahmoud Salehi © Particular

· Jalal Hosseini, miembro de la Asociación de Trabajadores de Panadería de Saqez, fue condenado a tres años de prisión. Mohsen Hakimi, miembro de la Asociación de Escritores Iraníes, y Mohammad Abdipourf0 , miembro también de la Asociación de Trabajadores de Panadería de Saquez, fueron condenados a dos años de prisión. Según informes, todos ellos fueron hallados culpables en virtud del artículo 610 del Código Penal iraní(29) tras haber sido acusados de participar en las actividades del Día Internacional del Trabajo en 2004. Los tres hombres fueron acusados posteriormente de pertenecer a la organización kurda ilegal Komala, cargo que puede acarrear la pena de muerte, si bien fueron absueltos de este cargo en sus juicios, que sufrieron reiterados retrasos. Según informes, en enero de 2006 los tres fueron puestos en libertad bajo fianza a la espera de la resolución de un recurso contra sus condenas.

Jalal Hosseini © Particular Mohsen Hakimi © Particular

· El 22 de diciembre de 2005, la policía detuvo en sus domicilios a 12 de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Autobuses de Teherán y los Suburbios (Sharekat-e Vahed)(30) aunque cuatro de ellos fueron puestos en libertad rápidamente. Otros miembros del sindicato fueron detenidos el 25 de diciembre de 2005 mientras organizaban una huelga de autobuses en Teherán para pedir la libertad de sus compañeros. Ellos y todos los detenidos anteriormente fueron puestos en libertad en los días siguientes con la excepción de Mansour Ossanlu,quien a finales de enero de 2006 continuaba recluido en la prisión de Evín, sin acceso a un abogado, posiblemente acusado de estar en contacto con grupos de oposición en el exilio y de instigar una revuelta armada, delitos punibles con la muerte.

· Según los informes, siete sindicalistas, Mansour Hayat Ghaybi,Ebrahim Madadi,Reza Tarazi, Gholamreza Mirza’i,Abbas Najand Kouhiy Ali Zad Hossein, fueron citados para que comparecieran ante un Tribunal Revolucionario de Teherán el día 1 de enero de 2006 para hacer frente a cargos de orden público, pero la protesta de otros sindicalistas fuera del tribunal hizo que se aplazara el juicio. Según los informes, el 7 de enero de 2006 se detuvo a cinco conductores cuando trabajadores de la compañía de autobuses llevaban a cabo otra huelga, aunque más tarde los detenidos quedaron en libertad. Después se efectuaron detenciones masivas de líderes de organizaciones sindicales y de cientos de sindicalistas antes de una huelga planeada para el 28 de enero de 2006. A principios de febrero de 2006 se creía que la mayoría de ellos continuaban aún detenidos en la prisión de Evín, en Teherán, al parecer sin acceso a sus familias ni a abogados.

4. Tortura, incluidas las penas crueles, inhumanas y degradantes

La tortura se ha utilizado sistemáticamente en Irán durante muchos años con el fin de extraer información y confesiones. La tortura se propicia mediante leyes y procedimientos que regulan la detención y la interrogación los cuales permiten la reclusión en régimen de aislamiento y prohíben a los detenidos el acceso a abogados hasta que el proceso de investigación haya concluido; se propicia también mediante la existencia de instituciones paralelas y, en ocasiones, no oficiales que administran sus propios centros de detención, a los que el poder judicial no tiene acceso.

En julio de 2005, las autoridades anunciaron que la judicatura había preparado un informe en el que se presentaban evidencias detalladas de violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura y los malos tratos, de presos y detenidos en prisiones y centros de detención, y en el que se hacía referencia, entre otras cosas, al problema de los centros de detención paralelos. Se dijo que el informe confirmaba que se habían tomado medidas para abordar los problemas detectados, pero no se revelaron datos como el ámbito de aplicación o la eficacia de tales medidas. No obstante, Amnistía Internacional ha continuado recibiendo nuevas denuncias de tortura y malos tratos de detenidos y le preocupa que la tortura y otros abusos sigan siendo habituales en muchas de las prisiones y centros de detención iraníes. La negación de tratamiento médico como forma de ejercer presión sobre los presos políticos también se presenta como práctica cada vez más frecuente (véanse supralos casos de Akbar Ganji y Nasser Zarafshan).

Además, la legislación iraní permite el uso de penas crueles, inhumanas y degradantes que equivalen a torturas, como la flagelación y las amputaciones.

4.1. Casos de tortura documentados por Amnistía Internacional desde la elección del presidente Ahmadinejad

· En agosto de 2005, un grupo de casi 40 personas formado por seguidores y familiares del fallecido gran ayatolá Mohammad Hossein Shirazi fueron agredidas por miembros de las fuerzas de seguridad cuando intentaban visitar la tumba del gran ayatolá en el santuario de Sayedeh Ma’soumeh en Qom. Antes de ser detenidas, las personas integrantes del grupo, compuesto en su gran mayoría por mujeres, aunque había niños y seis hombres, fueron golpeadas con cables y porras por agentes que probablemente pertenecieran al Ministerio de Información. Todas ellas quedaron en libertad al día siguiente, después de que al menos algunas fueran torturadas o maltratadas nuevamente durante la detención. Como mínimo dos personas necesitaron tratamiento en el hospital: Amirah Shirazi, que tenía una pierna fracturada y muchas contusiones, y Rayhana Shirazi, de 11 años de edad, quien, según informes, tenía contusiones en el cuello por estrangulamiento y al parecer había sido arrastrada por el suelo unos 100 metros antes de ser empujada a un vehículo que pertenecía a las fuerzas de seguridad. No se tiene conocimiento de que se haya realizado ninguna investigación, ni de que ninguno de los agentes responsables de este ataque brutal y no provocado haya sido sancionado o llevado a juicio.

· En septiembre, Arezoo Siabi Shahrivar, fotógrafa, fue detenida junto con otras 14 mujeres durante una ceremonia de conmemoración de la "masacre en la prisión" de 1998 en la que miles de presos políticos fueron ejecutados. Arezzo Siabi Shahrivar contó a Amnistía Internacional que había recibido patadas y puñetazos de los agentes de seguridad que la detuvieron y declaró: "cuando [los interrogadores] se dieron cuenta de que no averiguarían nada interrogándome, me esposaron y me colgaron de las barras de acero del techo, de modo que apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies. Después comenzaron a azotarme con un látigo hecho de un cable muy duro. Me azotaron tanto que casi no podía respirar del dolor. Dos personas me pegaban constantemente y mientras tanto me insultaban y acosaban sexualmente [...] Continuaron golpeándome hasta alrededor de la medianoche, cuando yo ya no podía aguantar más".

· Un hombre de Shiraz que ha sido identificado a Amnistía Internacional simplemente con el nombre de Amir, condenado a 100 latigazos por llevar a cabo actividades homosexuales en 2004, denunció que había sido torturado y que había sufrido hostigamientos y amenazas de muerte por las fuerzas de seguridad.

Según los informes, la activista árabeZahra Nasser-Torfi(véase el apartado 2.1.1) fue torturada mientras se encontraba detenida en noviembre de 2005. Denunció que había sido brutalmente golpeada y que la habían amenazado con violarla y ejecutarla.

La defensora de los derechos humanos kurda Roya Toloui(véase el apartado 2.1.2) también denunció que había sido torturada y maltratada con palizas durante el tiempo que estuvo detenida. Según contó: "Durante la noche del 6 de agosto, [un funcionario] me torturó personalmente de las formas más brutales y me sometió a comportamientos que no se pueden expresar. Me forzaron a confesar. Escribí que sólo hablaría en presencia de mi abogado y se rieron de mí. Escribí que eso iba en contra de los derechos humanos y que tenía derecho a ver a mi abogado. Perdieron la paciencia y ordenaron que trajeran a mis hijos y me amenazaron diciéndome que los quemarían vivos delante de mí." Añadió: "Es muy difícil para mí hablar [sobre lo que pasé] [...] En parte me preocupa que las mujeres que participan activamente en el movimiento de mujeres teman que puedan sufrir tortura en caso de que sean detenidas. Pero mi mensaje a todas las mujeres iraníes que luchan por sus derechos es que la batalla debe [continuar] con valor".(31)

En este periodo, los tribunales han continuado imponiendo y aplicando condenas a flagelación con frecuencia. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2005, el diario ‘Etemadinformó de que tres hombres habían sido flagelados en público en la plaza Velayat de Jahrom tras ser condenados por beber alcohol y por comportamiento indisciplinado por la Sala 102 del Tribunal General de Jahrom.

También se han aplicado penas de amputaciones. Según informes, en noviembre de 2005 una cadena de televisión iraní con sede en Juzestán anunció que, habiendo confirmado la sentencia el Tribunal Supremo, una persona identificada únicamente como Abbas Gsufriría la amputación del pie izquierdo en la prisión de Karún, en la ciudad de Ahvaz. Según informes, un funcionario del Ministerio de Justicia local dijo: "Fue condenado por un Tribunal Revolucionario de Mahshahr a que se le cortara en público la mano derecha y la pierna izquierda por participar en un atraco a mano armada y por suscitar miedo entre los ciudadanos".(32)El 28 de noviembre de 2005, la ISNA informó de que también se amputaría el pie izquierdo a un hombre identificado únicamente como Adel en la prisión de Karún tras haber sido declarado culpable de atraco a mano armada por el Tribunal Revolucionario de Mahshahr, sentencia que había sido confirmada por la Sala 32 del Tribunal Supremo. El 2 de enero de 2006, el periódico Iran informó que un hombre de 32 años no identificado había sido sentenciado a tres años y medio de prisión, 40 latigazos y la amputación de una mano por repetidos delitos de robo con allanamiento de morada.

4.2 Impunidad de los asesinos de Zahra Kazemi

El 23 de junio de 2003, la reportera gráfica iranocanadiense de 53 años Zahra Kazemifue detenida por tomar fotografías fuera de la prisión de Evín. De acuerdo con una investigación oficial, Zahra Kazemi murió como resultado de un golpe en el cráneo mientras se encontraba bajo custodia en el hospital Baghiyetollah (o Baghiyeta’zam) de Teherán.

El 16 de noviembre de 2005, se anunció el fallo del Tribunal de Apelaciones por el cual se confirmaba la absolución de Mohammad Reza Aghdam, un funcionario del Ministerio de Información que había sido acusado en relación con la muerte de Zahra Kazemi. El acusado fue juzgado el 2 de octubre de 2003 y absuelto el 24 de julio de 2004. Durante su juicio, los abogados que representaban a la familia Kazemi afirmaron que el responsable de la muerte no era el acusado, sino otro funcionario judicial contra el que no se habían presentado cargos. El abogado de Mohammad Reza Aghdam dijo a los periodistas que la judicatura había llegado a la conclusión de que había habido defectos en la investigación de la muerte bajo custodia de julio de 2003 y que había ordenado la remisión del caso al Tribunal General y al Tribunal Revolucionario para que se iniciara una nueva investigación.

Amnistía Internacional recibió con satisfacción el anuncio de una nueva investigación y pidió que ésta fuera exhaustiva e independiente. Las personas encargadas de llevar a cabo la investigación debían estar facultadas para:

· citar a testigos, incluidos los miembros de la Fiscalía de Teherán,

· exigir la revelación de documentos,

· asegurar la protección de los testigos contra hostigamientos o intimidaciones,

· desarrollar mecanismos para evitar que se repitan en el futuro las mismas violaciones de derechos humanos.

4.3 Negación de tratamiento médico

Una serie de presos de conciencia y presos políticos condenados tras juicios injustos denunciaron que se les estaba negando tratamiento médico, posiblemente como castigo adicional por los delitos que se les atribuían o por su comportamiento en prisión. Por ejemplo:

· Mehrdad Lohrasabi, detenido durante las manifestaciones estudiantiles de julio de 1999 (conocidas como las manifestaciones del "18 Tir"), que fue en un principio condenado a muerte tras un juicio injusto ante el Tribunal Revolucionario y posteriormente se le redujo la condena a 15 años de prisión, se encuentra actualmente recluido en la prisión de Reja’i Shahr. En una carta escrita desde la prisión y fechada el 1 de noviembre de 2005, afirma: "En este momento me encuentro extremadamente enfermo y tengo todo tipo de padecimientos, desde problemas en la rodilla izquierda, los pulmones, las encías y los dientes (escorbuto) hasta un tumor que ha comenzado a crecer rápidamente en la parte izquierda del cerebelo y que me han dicho que podría ser maligno y, probablemente, canceroso. He solicitado un permiso médico a las autoridades de la prisión y éstas se han negado categóricamente a permitirme recibir atención médica".

· Khaled Hardani,(33) fue condenado a muerte por participar en el intento de secuestro de un avión de pasajeros de 30 plazas en enero de 2001. Según informes, el Presidente de la Magistratura suspendió la ejecución el 19 de enero de 2005, el día anterior a la fecha en que debía ser ejecutado, y desde entonces Khaled Hardani permanece en una situación legal indefinida. Se dice que sufre una grave infección cutánea por una herida en la parte superior del pecho que recibió durante el intento de secuestro. Ha sido operado varias veces y al parecer empleados del personal médico de la prisión han recomendado que reciba tratamiento especializado fuera de la cárcel, lo que hasta la fecha le ha sido negado. Según los informes, el 24 de octubre de 2005 fue golpeado por guardias de la prisión ante su esposa e hijos, que se encontraban visitándolo en aquel momento.

· Bina Darabzand, miembro fundador del Partido Democrático de Irán (Hezb-e Demokrat-e Iran), fue detenido el 17 de agosto de 2004 en el exterior de las oficinas de las Naciones Unidas en Teherán, donde se manifestaba pacíficamente pidiendo mejor tratamiento para los presos políticos, y fue condenado a tres años y medio de prisión, cinco años de privación de sus derechos civiles y 50 latigazos. Según los informes, este preso de conciencia intervino para intentar que dejaran de apalear a Khaled Hardani en octubre de 2005 (véase supra). Ambos presos fueron sacados del área de visitas sin haber recibido a sus visitas. Según informes, Bina Darabzand sufre problemas cardiacos, renales, dentales y oculares para los cuales requiere tratamiento médico urgente.

· A Behrooz Javid Tehrani, detenido al mismo tiempo que Bina Darabzand (supra) y condenado a siete años de prisión y 74 latigazos (la pena se redujo en la apelación a cuatro años de prisión y 74 latigazos), se le negaron, según informes, las visitas de familiares en octubre de 2005 después de conceder una entrevista a una emisora de radio externa (Radio Farda) sobre la severa tortura a la que fue sometido en la prisión de Evín cuando fue detenido. Según los informes, ha perdido la visión y se le ha diagnosticado un tumor cerebral maligno.

· Arzhang Davoodi, escritor, poeta y director del Centro Cultural y Educacional Parto-e Hekmat de Teherán, fue detenido en octubre de 2003 después de haber colaborado en la elaboración de un documental de televisión filmado en secreto e ilegalmente, titulado Forbidden Iran (Irán prohibido), en el que criticaba a las autoridades iraníes. Fue recluido en régimen de aislamiento durante más de tres meses en un centro de detención dirigido por la Guardia Revolucionaria, donde fue severamente torturado, lo que le produjo diversas lesiones (fractura de un omóplato, hemorragia en el ojo izquierdo, sordera, fractura de la mandíbula y rotura de dientes). Posteriormente fue trasladado a la prisión de Evín, después a la prisión de Reja’i Shahr y, en septiembre de 2005, según informes, fue trasladado a la prisión de Bandar Abbas, situada en una ciudad costera lejos de su familia.

En una comunicación hecha desde prisión, al parecer en julio de 2005, Arzhang Davoodi declaró que había sido condenado a 15 años de prisión, 70 latigazos y 5 años de arresto domiciliario y que la pena había sido confirmada en la apelación. Dijo que había sido declarado culpable de los cargos de establecer y dirigir el Movimiento de Liberación Iraní, escribir un libro en el que pedía un Irán secular, organizar a presos políticos dentro de la prisión y a otros activistas políticos para debilitar al Estado y cooperar en la producción del documental Forbidden Iran. Arzhang Davoodi explicó: "El gobierno tiene una cuenta especial en la que se pide a los familiares de los presos que ingresen dinero para que sus seres queridos puedan recibir tratamiento médico. A pesar de las pruebas de que hay disponibilidad de fondos, el personal de la prisión me ha negado una y otra vez los cuidados médicos privados que necesito desesperadamente".

5. Pena de Muerte

Amnistía Internacional ha registrado 69 ejecuciones entre julio de 2005 y finales de enero de 2006, incluida la ejecución de dos jóvenes que, según informes, eran menores de 18 años en el momento de la ejecución. Además, la organización ha registrado más de 30 condenas de muerte en el mismo periodo, entre las que figuran al menos seis impuestas a acusados que eran menores de 18 años en el momento de la comisión del presunto delito. Probablemente las cifras reales sean muy superiores. Se continúan imponiendo penas de muerte por cargos vagamente definidos, principalmente de naturaleza política como el de "corrupción en la Tierra", por relaciones sexuales mantenidas en privado y de mutuo acuerdo entre adultos y por otros delitos como beber alcohol, además de por violación, asesinato y tráfico de drogas.

5.1 Ejecución de menores y adultos por delitos cometidos cuando eran menores de edad

· El 13 de julio de 2005, ‘Ali Safarpour Rajabi, de 20 años, fue ahorcado por matar a Hamid Enshadi, un agente de policía de Poldokhtar. Amnistía Internacional registró que la condena a muerte se dictó en febrero de 2002, cuando el acusado tenía 17 años y cree que el crimen podría haberse cometido cuando sólo tenía 16 años.

· El 19 de julio de 2005, Ayaz Marhoni, de 18 años, y Mahmoud Asgari, menor de edad, fueron ahorcados públicamente en la ciudad de Meshed, situada en el noreste del país. De acuerdo con los artículos de prensa, fueron declarados culpables de un agresión sexual a un chico de 13 años y habían sido detenidos 14 meses antes. Con anterioridad a su ejecución, ambos recibieron 228 latigazos cada uno por beber, perturbar la calma y por robo.

· En septiembre de 2005, un hombre iraní de 22 años de edad condenado por violación fue ahorcado públicamente en Fars, provincia del sur del país. De acuerdo con el periódico E’temad, había sido sentenciado a muerte en 2000, de donde se infiere que era menor de 18 años cuando se cometió el delito.

· En diciembre de 2005, Rostam Tajik, ciudadano afgano de 20 años, fue ejecutado públicamente en un parque de la ciudad de Isfahán tras ser declarado culpable del asesinato de una mujer cuando acusado sólo tenía 16 años. Había sido condenado al castigo de qisas(la familia de la víctima especifica el desagravio). El 9 de diciembre, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, pidió a las autoridades iraníes que no siguieran adelante con la ejecución, afirmando: "En un momento en que prácticamente todos los demás países del mundo han renunciado firme y claramente a la ejecución de personas por delitos que cometieron siendo menores, el enfoque iraní es especialmente inaceptable. Y resulta aún más sorprendente porque la obligación de abstenerse de esas ejecuciones no es sólo clara e indisputable, sino también porque el propio gobierno de Irán ha declarado que cesará esta práctica". [Traducción de EDAI]

· El 3 de enero de 2006, un tribunal de lo penal condenó a muerte por asesinato a Nazanin, mujer de 18 años de edad, que, según informes, había admitido haber apuñalado hasta la muerte a uno de los tres hombres que intentaron violarla a ella y a su sobrina de 16 años en un parque de Karaj en marzo de 2005. Nazanin tenía 17 años en ese momento. Su pena está sujeta a la revisión del Tribunal de Apelación y, si fuera confirmada, a la confirmación del Tribunal Supremo.

· Delara Darabi, de 19 años, fue condenada a muerte por un tribunal de la ciudad de Rasht por un asesinato cometido cuando tenía 17 años. Ella negó ser la autora del asesinato, pero el Tribunal Supremo confirmó la pena a principios de enero de 2006, a pesar de que, según informes, su abogado apeló la decisión. El servicio de noticias en lengua persa Aftabinformó de que Delara Darabi y un hombre de 19 años, Amir Hossein, entraron en una casa con la intención de robar, pero mataron a la mujer que vivía allí. Delara Darabi confesó inicialmente ser autora del asesinato, pero después se retractó y declaró que se había autoinculpado porque así se lo había pedido Amir Hossein, que pensaba que así se libraría de ser ejecutado y que a ella no la condenarían a muerte por ser menor de 18 años en el momento del asesinato. Delara Darabi declaró también que durante el robo se encontraba bajo la influencia de sedantes.

Durante unos cuatro años, las autoridades iraníes han estado reflexionando sobre la legislación que prohibiría el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por menores. Según informes, el 11 de octubre de 2005 el ministro de Justicia, Jamal Karimirad, en su condición de presidente de la Magistratura iraní, comunicó a la ISNA que si el Majles aprobaba este proyecto de ley, dejaría de ejecutarse a las personas menores de 18 años. No obstante, hizo una distinción entre el qisasy otros delitos que acarrean la pena de muerte, declarando que el qisasera un asunto privado y no del Estado, aunque declaró que se estaba intentado abordar también el asunto del qisas.

Parece obvio a partir de esta declaración que el proyecto de ley que se está estudiando es claramente insuficiente en cuanto a las medidas que se necesitan con urgencia en Irán para cumplir la obligación de no ejecutar a menores, con arreglo a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. La mayoría de las ejecuciones de menores en Irán son casos de qisasen los que la persona acusada ha sido declarada culpable de asesinato, de modo que no puede aceptarse en este respecto que las autoridades iraníes hagan distinción entre los casos de asesinato y otros delitos punibles con la muerte. Se requiere urgentemente una ley que asegure que ninguna persona será condenada a muerte en Irán por ningún delito, incluido el asesinato, cometido siendo menor de 18 años.

5.2 Pena de muerte por relaciones sexuales mantenidas entre adultos de mutuo acuerdo

Una mujer identificada simplemente como Soghrafue condenada a muerte por lapidación en octubre de 2005 tras ser declarada culpable de adulterio, a pesar de que en diciembre de 2002, en virtud de una directiva del Presidente de la Magistratura, se impuso la suspensión de las lapidaciones. Amnistía Internacional ha registrado la imposición de varias sentencias de lapidación desde que se anunció la suspensión, aunque no tiene conocimiento de que se haya llevado a cabo ninguna de ellas. La organización escribió a las autoridades iraníes en octubre de 2005 pidiendo que se aclarara en qué situación se encuentra exactamente la lapidación en Irán, pero en enero de 2006 no había recibido ninguna respuesta.

En noviembre de 2005, de acuerdo con un artículo aparecido en el periódico Keyhan, dos hombres identificados como Mokhtar N., de 24 años, y Ali A., de 25, fueron ejecutados públicamente en la plaza Shahid Bahonar, en Gorgan, por el delito de lavat(sodomía). El artículo afirmaba también que los hombres habían cometido otros delitos anteriormente, como secuestro, apuñalamiento y violación. Amnistía Internacional pidió a las autoridades iraníes que aclararan los cargos concretos por los que estos dos hombres fueron ejecutados, pero para principios de febrero de 2006 no había recibido respuesta alguna.

5.3 Pena de muerte por delitos políticos

En este periodo se ha ejecutado a personas declaradas culpables de delitos políticos vagamente definidos tras juicios injustos, normalmente celebrados ante Tribunales Revolucionarios. Otros muchos presos políticos condenados en juicios injustos continúan expuestos al riesgo de ser ejecutados.

· Esma’il Mohammadifue ejecutado el 3 de septiembre de 2005 en la prisión de Oroumieh. Sus familiares supieron de su muerte cuando fueron a visitarlo y les dijeron que había sido ejecutado. Les entregaron sus ropas y efectos personales, pero no su cuerpo. Había sido condenado a muerte en julio de 2003 tras un juicio injusto ante la Sala 1 del Tribunal Revolucionario de Oroumieh. Fue declarado culpable de "lucha armada contra el régimen islámico" y "pertenencia a una organización proscrita", cargos que se cree que podrían derivar de sus actividades en favor del grupo de oposición kurdo Komala..

· El 17 de septiembre de 2005, el árabe iraní Jassem Ma’rouf, conocido también como Abbas Khosreji, fue ejecutado en Ahvaz, según informes tras ser declarado culpable de moharebeh(enemistad contra Dios).

· Abu Baker Mirza’i Qaderi,Othman Mirza’i QaderiyQader Ahmadi se encontraban, según informes, en riesgo inminente de ejecución en septiembre de 2005 tras ser declarados culpables de delitos relacionados con sus actividades en favor del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI). En enero de 2006 no se tenían noticias de que hubieran sido ejecutados.(34)

· Sheikh Abbas Abou Ali Zalim, árabe ahwazí de Irán de 41 años, fue ahorcado en la prisión de Sepidar, en la ciudad de Ahvaz, a finales de noviembre o principios de diciembre de 2005. Según informes, entregaron su cuerpo a sus familiares alrededor del 5 de diciembre de 2005. Participó en los disturbios de abril. Se cree que fue detenido alrededor de septiembre de 2005 y que fue ejecutado tras ser declarado culpable de cargos relacionados con la participación en los disturbios de la provincia de Juzestán.

· Aziz Khalakani, kurdo, fue ejecutado el 18 de diciembre de 2005 después de pasar más de 9 años en la prisión de Oromieh tras ser declarado culpable de haber matado a un miembro de las fuerzas de seguridad. Masoud Shokeh, detenido al mismo tiempo, fue ejecutado dos semanas después, el día 1 de enero de 2006.

5.4 Pena de muerte por beber alcohol

Según informes, en noviembre, Karim Fahimi(conocido también como Karim Shalo), de 32 años, casado y padre de dos hijos, se encontraba en riesgo inminente de ser ejecutado por fusilamiento después de que su pena de muerte, impuesta originalmente en junio de 2005, fuera confirmada por el Tribunal Supremo. Había sido declarado culpable por cuarta vez de beber alcohol, adicción que padecía desde cuatro años antes, cuando quedó sin empleo. El artículo 174 del Código Penal iraní establece una pena de 100 latigazos para los condenados por consumir sustancias tóxicas. De acuerdo con el artículo 176, la tercera vez que se comete este delito se sanciona con la pena de muerte.

Según informes, los familiares de Karim Fahimi, que fue detenido después de que su familia llamara a la policía para pedir ayuda una noche que estaba ebrio en su casa, afirmaron: "Si hubiéramos sabido que en lugar de darle tratamiento médico lo iban a meter a la cárcel y condenarlo a muerte, nunca habríamos llamado y pedido ayuda al gobierno".

Karim Fahimi © Private

6. Motivos de preocupación de Amnistía Internacional y normas internacionales de derechos humanos

6.1. Encarcelación de presos de conciencia

Amnistía Internacional es consciente de que ha habido un alto nivel de violencia en algunas partes de Irán durante este periodo y reconoce los derechos y las responsabilidades de los gobiernos para hacer comparecer ante la justicia a los acusados de delitos comunes reconocibles como son la autoría de explosiones, el asesinato o la participación en manifestaciones violentas. No obstante, a la organización le preocupa que muchas de las personas mencionadas en este informe sean presos de conciencia que han sido detenidos o encarcelados por el sólo hecho de expresar pacíficamente sus convicciones profundas sobre política, religión u otras cuestiones o por su origen étnico, género o idioma. Todos estos presos de conciencia deben ser liberados de forma inmediata e incondicional. Estas detenciones se ven facilitadas por leyes iraníes que son a menudo vagas y contradictorias y que restringen el derecho reconocido internacionalmente a la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación, como recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Irán es Estado Parte.

6.2 Detención de menores con adultos

A Amnistía Internacional le preocupan los informes según los cuales en irán las personas menores de edad son detenidas junto con las personas adultas y en ocasiones son torturadas o maltratadas. Tanto el PIDCP como la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Irán también es Estado Parte, exigen que los menores estén separados de los adultos mientras se encuentren detenidos.

6.3 Juicios injustos de personas encarceladas por motivos políticos

Los juicios en Irán, ya sea ante Tribunales Generales, Revolucionarios u otros tribunales especiales no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos, especialmente las especificadas en los artículos 6 (en los casos de pena capital) y 14 del PIDCP. La independencia de la judicatura está comprometida, la independencia y la seguridad de los abogados están minadas y a los detenidos no se les concede acceso a asesoramiento legal hasta que se estima que las investigaciones han concluido. Todo lo anterior da lugar a periodos prolongados de detención en régimen de incomunicación, a veces, en centros de detención paralelos o no oficiales a los que la judicatura no tiene acceso, lo cual propicia el uso de la tortura y los malos tratos para obtener confesiones.(35)

6.4 Negación de los derechos de las minorías

A Amnistía Internacional le preocupa la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de personas pertenecientes a minorías en Irán. Este país es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los cuales exigen la prohibición inmediata de la discriminación de las minorías en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales –los derechos a la libre elección de empleo, a la vivienda, a la educación, a la participación igualitaria en actividades culturales y a los servicios sociales– y la adopción de medidas hacia la eliminación de esta discriminación. Los informes de diferencias descomunales entre las comunidades minoritarias y los grupos mayoritarios en lo referente a la alfabetización, el acceso a la educación y a servicios básicos como el abastecimiento adecuado de agua, los servicios sanitarios y la electricidad, así como los informes sobre un plan de "apropiación de tierras" que parece estar dirigido contra comunidades minoritarias, sugieren que Irán no está cumpliendo estas obligaciones internacionales.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó en el párrafo 14 de sus observaciones finales en 2004: "El Comité toma nota con preocupación de la discriminación que, según se informa, sufren ciertas minorías, incluidos los bahaíes, a quienes se deniegan ciertos derechos, y de que determinadas disposiciones de las leyes del Estado Parte parecen ser discriminatorias tanto por motivos étnicos como religiosos".

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha declarado en relación con el artículo 11.1 del PIDESC, que establece el derecho a una vivienda adecuada, que los desalojos forzosos de un lugar de residencia habitual sin consulta, sin el debido proceso o sin la garantía de un alojamiento alternativo adecuado, están prohibidos.(36) El Comité de Derechos Humanos comentó en relación con el párrafo 3 del artículo 12 del PIDCP: "El derecho de residir en el lugar escogido dentro del territorio incluye la protección contra toda forma de desplazamiento interno forzado. Este párrafo tampoco permite impedir la entrada y permanencia de una persona en una parte específica del territorio".(37)

6.5 Defensores y defensoras de los derechos humanos

A Amnistía Internacional le preocupan las restricciones impuestas al trabajo de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Irán, incluidos periodistas, abogados y sindicalistas, así como por las violaciones de los derechos humanos que sufren a consecuencia de sus actividades pacíficas para fomentar y proteger los derechos humanos.

La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,(38) aunque no es vinculante legalmente, reitera salvaguardias vinculantes del derecho a defender los derechos humanos, como el derecho a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho a beneficiarse de una reparación efectiva por las violaciones de derechos humanos y el derecho a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos. También se exige a los Estados que tomen las medidas necesarias para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos de actos violentos, amenazas, represalias, discriminación adversa en la ley o en la práctica, presión u otras acciones arbitrarias relacionadas con su labor.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de la ONU(39)señalan las líneas maestras de la protección de los profesionales jurídicos. En concreto, el artículo 16 estipula que los abogados deben poder trabajar "sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas", gozar de libertad para viajar dentro de su país y al extranjero y no deben ser juzgados ni sufrir otras sanciones o amenazas en relación con el desempeño legítimo de su profesión. El artículo 23 protege el derecho de los abogados a la libertad de expresión y asociación, en especial en lo que respecta al debate público de la legislación, la administración de la justicia y la protección y promoción de los derechos humanos.

El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos está claramente recogido en el derecho internacional, concretamente en el artículo 22 del PIDCP y el artículo 8 del PIDESC. Irán también es Estado Parte en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y está obligado a cumplir sus requisitos, como la resolución del Comité de Libertad Sindical de la OIT, según la cual no es legítimo que los Estados restrinjan el derecho a la huelga durante los conflictos relativos a los intereses profesionales y económicos de los trabajadores. Los Estados pueden restringir el derecho a la huelga únicamente en casos de emergencia nacional grave (y en ese caso, sólo durante un periodo limitado de tiempo). La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva son principios básicos de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que insta a todos los Estados Partes a "respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios [de la Declaración]".(40)

6.6 Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación los continuos informes de torturas y malos tratos en Irán, que también afectan a mujeres y niños. El artículo 7 del PIDCP establece: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". De acuerdo con el artículo 4.1 del mismo Pacto, esta disposición no podrá ser suspendida ni siquiera "en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación". La Convención sobre los Derechos del Niño reitera esta prohibición absoluta respecto a los niños. De acuerdo con el artículo 9 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "Siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura [...] [los Estados] procederán de oficio y con presteza a una investigación imparcial". El Comité de Derechos Humanos también ha declarado en relación con el artículo 7 del PIDCP (arriba citado) que "las denuncias [de tortura y malos tratos] deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por las autoridades competentes [...]".(41) Los castigos corporales judiciales como la flagelación y la amputación constituyen tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes y, por tanto, están prohibidas en todas las circunstancias.

Amnistía Internacional considera también que la negación de tratamiento médico adecuado a presos y detenidos es una violación del derecho y las normas internacionales, como las disposiciones del PIDCP según las cuales "toda persona privada de libertad será tratada humanamente" (artículo 10.1) y que establecen la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7).

6.7 La pena de muerte

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias considerándola una violación del derecho a la vida y la pena más cruel, inhumana y degradante. Además, Irán, como Estado Parte en el PIDCP y en la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación absoluta de no ejecutar a nadie por un delito cometido cuando la persona acusada era menor de 18 años. El artículo 6 del PIDCP establece: "No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad". El artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone: "No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad". Métodos de ejecución, como la lapidación, específicamente pensados para causar a la víctima un dolor extremo antes de morir constituyen un especial motivo de preocupación para Amnistía Internacional, por ser una forma extrema de tortura.

Amnistía Internacional se opone también a la criminalización de las relaciones sexuales mantenidas en privado entre adultos de mutuo acuerdo, incluidas las relaciones entre personas del mismo sexo. La organización insta a las autoridades iraníes a revisar urgentemente la legislación para garantizar que en Irán no se detiene ni castiga a nadie únicamente por este tipo de relaciones mantenidas de mutuo acuerdo.

7. Recomendaciones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional pide al gobierno iraní que tome medidas urgentes y concretas para abordar las violaciones de derechos humanos que se vienen produciendo desde hace tiempo y para garantizar la protección de todos los derechos humanos fundamentales de todas las personas de Irán independientemente de su género, etnia, fe religiosa u otras características que las definan. En particular, Amnistía Internacional insta al gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad a que adopte las siguientes medidas:

· Poner en libertad a todos los presos de conciencia de forma inmediata e incondicional;

· Revisar las leyes y las prácticas para garantizar que nadie pueda ser encarcelado como preso de conciencia ni discriminado únicamente por sus opiniones políticas, raza, etnia, género, sexualidad o idioma;

· Revisar con urgencia, mediante un organismo judicial independiente, los casos de todos los presos y presas políticos detenidos sin juicio o condenados en juicios injustos, así como ordenar la liberación inmediata de todas aquellas personas de las que no se posean pruebas de que hayan cometido un delito reconocible;

· Conceder a todos estos presos y presas acceso inmediato y periódico a abogados de su elección y a sus familias, además de acceso a la atención médica adecuada cuando sea necesario;

· Investigar todas las denuncias de tortura o malos tratos de forma inmediata y meticulosa. Los métodos y los resultados de dichas investigaciones deberán hacerse públicos. Los implicados en violaciones de derechos humanos deberán comparecer ante la justicia sin demora y con garantías, y las víctimas de tortura o malos tratos deberán recibir compensaciones;

· Tomar medidas efectivas para erradicar el uso de la tortura, incluyendo la plena aplicación de la legislación propia de Irán y la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, así como el cumplimiento de sus disposiciones;

· Asegurar que los y las menores sólo serán detenidos como última opción, durante el tiempo más breve posible y que no permanecerán recluidos con detenidos mayores de edad;

· Demostrar su respeto por el derecho inherente a la vida ordenando una suspensión de las ejecuciones y tomar medidas inmediatas para impedir nuevas ejecuciones de presos menores o que eran menores en el momento en que cometieron los presuntos delitos;

· Garantizar que en todos los juicios, incluidos los casos de pena capital, se respetan, como mínimo, las disposiciones pertinentes del PIDCP;

· Garantizar que se efectúan investigaciones exhaustivas e imparciales de los abusos contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, que las personas consideradas responsables sean procesadas y que se conceda a las víctimas o sus familiares una reparación;

· Tomar medidas efectivas para sancionar a los funcionarios públicos que hagan mal uso de los procedimientos legales en detrimento de los defensores y defensoras de los derechos humanos, como periodistas, abogados y sindicalistas, con la intención de hostigarlos o restringir sus actividades legítimas para la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

· Garantizar que los principios contenidos en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1988, se incorporan plenamente al derecho nacional y a los mecanismos para la protección de los derechos humanos. Las autoridades a todos los niveles del gobierno deberán comprometerse explícitamente a promover el respeto por los derechos humanos y a proteger a los defensores y las defensoras de estos derechos;

· Poner fin a todas las políticas de expropiación deliberada de terrenos o de traslado de población destinadas a desposeer a las poblaciones de minorías de sus tierras tradicionales;

· Cesar toda práctica de desalojos forzosos, es decir, el desalojo de personas de sus tierras o viviendas sin consulta, sin el debido procedimiento legal y sin garantía de recibir un alojamiento alternativo adecuado;

· Cesar los desplazamientos internos forzosos relacionados con los desalojos forzosos y la "apropiación de tierras";

· Tomar medidas inmediatas para la eliminación de la discriminación de hecho en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales como son los derechos a la educación, a una vivienda adecuada, a agua y a servicios sanitarios, además del acceso a los servicios públicos, como la electricidad; para lo que se adoptarán, cuando sea oportuno, medidas especiales como la educación multilingüe.

********

i-23

(1) Véase Irán: Amnistía Internacional insta al nuevo presidente a que conceda la máxima prioridad a los derechos humanos (Índice AI: MDE 13/041/2005).

(2) El artículo 3.14 establece la igualdad de todas las personas ante la ley. El artículo 15 permite el uso de "idiomas locales y étnicos" y la enseñanza de "literatura étnica" en los colegios, si bien define el persa como idioma oficial. El artículo 19 dispone que "todos los ciudadanos de Irán, sea cual sea el grupo étnico o la tribu al que pertenezcan, gozan de los mismos derechos; y el color, la raza, el idioma y otras características no confieren ningún privilegio". Traducción de EDAI.

(3) Amnistía Internacional es consciente de que actualmente no existe una definición de minoría aceptada internacionalmente. No obstante, con este término hacemos referencia a comunidades étnicas, religiosas o lingüísticas no dominantes, que no tienen por qué ser necesariamente minoritarias en número. Amnistía Internacional cree que la existencia de una minoría es una cuestión de hecho que debe determinarse en función de criterios razonables y objetivos. La pertenencia a una minoría debe ser electiva.; en ausencia de otros criterios, la pertenencia a una minoría debe determinarse por identificación personal.

(4) Irán no facilita estadísticas oficiales de la composición demográfica de su población.

(5) Una forma de selección ideológica que exige a los empleados públicos que demuestren, entre otras cosas, la lealtad al islam y a la República Islámica de Irán, incluido el concepto de jefatura de jurisprudencia religiosa (velayat-e faqih). Si desean información detallada sobre los procedimientos de gozinesh discriminatorios, consulten los motivos de preocupación de Amnistía Internacional pertinentes para la 91 Conferencia Internacional del Trabajo (Índice AI: IOR 42/003/2003)

(6) www.ohchr.org/english/press/docs/20050809PreliminaryNotesonSRMissiontoIran.doc

(7) La Asamblea Consultiva Islámica, o Majles, es el Parlamento iraní.

(8) La carta puede encontrarse en: http://www.ahwaz.org.uk/images/Arvand.pdf

(9) http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=48518&SelectRegion=Asia.

(10) Los disturbios comenzaron en abril de 2005, cuando al menos 31 árabes, posiblemente 54, murieron, cientos resultaron heridos y cientos más fueron detenidos después de manifestaciones de protesta contra una carta presuntamente escrita en 1999 por un asesor de la presidencia –que negó su autenticidad– en la que se definían políticas para la reducción de la población árabe de Juzestán, como reasentar a los árabes en otras regiones de Irán, reasentar a población no árabe en la provincia y sustituir los topónimos árabes por otros persas. El texto, y su traducción al inglés, pueden encontrarse en la página http://www.ahwaz.org.uk/images/ahwaz-Juzestán.pdf. Por otro lado, en la dirección http://www.webneveshteha.com/, el presunto autor niega haber escrito la carta y se incluye una explicación del contenido (en persa). Parece que las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza excesiva para detener la manifestación, y esto tuvo como consecuencia homicidios ilegítimos o posibles ejecuciones extrajudiciales. Según los informes, el gobierno y el Majles abrieron sendas investigaciones limitadas de los disturbios. Si desea más información, consulte Khuzestan, Iran: Amnesty International calls for an end to the cycle of violence in Khuzestan and an investigation into the root causes of recent unrest (Índice AI: MDE 13/017/2005). Decenas de personas fueron detenidas después de cuatro atentados con explosivos previos a las elecciones en Ahvaz y de otros dos en Teherán, en los que murieron hasta 10 personas y al menos 90 resultaron heridas.

(11) Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes (ISNA), 3 de septiembre de 2005.

(12) www.ohchr.org/english/press/docs/20050809PreliminaryNotesonSRMissiontoIran.doc. Traducción de EDAI.

(13) Agencia de Noticias del Trabajo Iraní (ILNA): 17 de octubre de 2005

(14) ISNA, 9 de agosto de 2005

(15) Mardom-e Salari, 13 de agosto de 2005

(16) Entrevista con Radio Farda el 27 de enero de 2006.

(17) Si desean información más detallada, consulten Irán: Es preciso poner fin a las amenazas contra los defensores de los derechos humanos kurdos (Índice AI: MDE 13/010/2005).

(18) Si desean información sobre el Tribunal Especial para el Clero, consulten el documento Iran: Human Rights Violations against Shi’a Religious Leaders and their followers (Índice AI: MDE 13/018/1997).

(19) Mahmudali Chehregani, ex profesor de la Universidad de Tabriz, fue detenido como preso de conciencia en 2000 por su defensa de los derechos de los turcos azeríes (véase el Índice AI: MDE 13/011/2000). Desde entonces reside fuera de Irán y es jefe del Movimiento de Conciencia Nacional del Azerbaiyán del Sur (GAMOH).

(20) La conversión del islam, o apostasía, está prohibida por la ley islámica, que dispone que los apóstatas deben ser condenados a muerte si se niegan a reconvertirse al islam. No existe ninguna disposición concreta para la apostasía en el Código Penal iraní, pero se encarece a los jueces que utilicen sus conocimientos de la ley islámica para resolver los casos para los que no hay legislación codificada.

(21) Si desean más información sobre este caso, consulten Hamid Pourmand. Encarcelado debido a las creencias religiosas (Índice AI: MDE 13/060/2005).

(22) Véase la página http://www.compassdirect.org/en/newslongen.php?idelement=4099

(23) Dhabihullah Mahrami pasó 10 años en prisión tras ser declarado culpable de apostasía. Según informes, se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua en 1999. Si desea información detallada de este caso, consulte Irán. Dhabihullah Mahrami: preso de conciencia (Índice AI: MDE 13/034/1996) e Irán: Es precsio abrir una investigación sobre la muerte del preso de conciencia behaí (Índice AI: MDE 13/004/2006).

(24) Aref News, 9 de enero de 2006

(25) Si desea más información sobre la legislación que restringe la libertad de expresión, consulte Irán. Un sistema legal que no protege las libertades de expresión y de asociación (Índice AI: MDE 13/045/2001)

(26) Véase Iran: Hunger Strikers at serious risk of death (Índice AI: MDE 13/042/2005).

(27) Tabriznews, 26 de enero de 2006.

(28) Veáse el artículo de Reporteros Sin Fronteras Iran: Blogger gets three year suspended sentence, en http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16207

(29) El artículo 610 establece: "Si dos o más personas se reúnen y actúan en connivencia para la comisión de delitos contra la seguridad interna o externa del país o preparan los medios para cometer tales delitos, si no son uno de los ejemplos de Mohareb (enemistad contra Dios), serán condenadas a entre dos y cinco años de prisión".

(30) El sindicato que representa a los trabajadores de autobuses de Teherán fue prohibido después de la Revolución Islámica de 1979 y posteriormente, en 2004, reanudó su actividad a pesar de no estar reconocido legalmente.

(31) Entrevista en Radio Farda, 27 de enero de 2006.

(32) Televisión de Juzestán, 22 de noviembre de 2005.

(33) Véase el Índice AI: MDE 13/003/2005

(34) Véase la Acción Urgente Índice AI: MDE 13/054/2005 para obtener información detallada.

(35) Si desean más información sobre los fallos del sistema legal iraní y los juicios injustos en Irán, consulten los documentos Irán. Un sistema legal que no protege las libertades de expresión y de asociación (Índice AI: MDE 13/045/01) e Iran: Unfair trials of political detainees (Índice AI: MDE 13/015/1992).

(36) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 4 (6º periodo de sesiones, 1991) y Nº 7 (16º periodo de sesiones, 1997).

(37) Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 27, párrafo 7 (67º periodo de sesiones, 1999)

(38) La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, Resolución 53/144, del 9 de diciembre de 1998.

(39) Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Cuba entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 1990.

(40) Adoptada en el 86 periodo de sesiones de la OIT, en Ginebra, en junio de 1988.

(41) Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 20, artículo 7, párrafo 14 (44º periodo de sesiones, 1992).