Document - Egypt: Time for Justice: Egypt's corrosive system of detention: Recommendations to the Egyptian authorities

Time for Justice: Egypt’s corrosive system of detention

AMNISTÍA INTERNACIONAL

20 de abril de 2011

Índice AI: MDE 12/032/2011

La hora de la justicia: El corrosivo sistema de detención de Egipto

RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que:

Levanten el estado de excepción:

que pongan fin de inmediato al estado de excepción y deroguen todas las disposiciones de la Ley del Estado de Excepción;

que hagan pública la cifra de personas que permanecen recluidas en detención administrativa, las acusaciones específicas que se les imputan y el número de órdenes de detención dictadas contra ellas;

que eliminen el sistema de detención administrativa, deroguen todas las disposiciones legislativas que lo permiten y pongan fin a todo uso de la detención indefinida sin un juicio penal;

que pongan en libertad a todas las personas que, según se cree, permanecen detenidas en virtud de la Ley del Estado de Excepción y cuya liberación ha sido ordenada por un tribunal competente;

que pongan en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, es decir, a todas las personas privadas de su libertad exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión o expresión;

que garanticen que ni cualquier nueva legislación ni la nueva Constitución afianzan las prácticas que han facilitado los abusos contra los derechos humanos durante el estado de excepción, incluida la detención indefinida sin un juicio penal, y que garanticen que se llevan a cabo una consulta y una revisión de la ley transparentes y de amplia base, lo cual incluye contar con la sociedad civil nacional e internacional;

que trabajen para derogar toda la legislación que pretende otorgar a la policía amplios poderes de detención y permitir que las autoridades ejecutivas sorteen a los tribunales ordinarios y remitan a sospechosos de terrorismo a tribunales militares y especiales.

Pongan fin a la impunidad y refrenen a las fuerzas de seguridad:

que lleven a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre todas las denuncias de abusos –como tortura y otros malos tratos, o negación de visitas y atención médica adecuada– perpetrados por el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (SSI) y otras fuerzas de seguridad contra detenidos y sus familias; que se hagan públicos los resultados de estas investigaciones y que los responsables rindan cuentas de sus actos;

que tomen todas las medidas penales o administrativas adecuadas contra los funcionarios que no cumplan las salvaguardias frente a los abusos contra los derechos humanos;

que garanticen que no se permite a ningún miembro del aparato de seguridad actuar por encima de la ley;

que emprendan una revisión fundamental de todos los cuerpos de seguridad y encargados de hacer cumplir la ley y que hagan pública una estructura clara que abarque a los diversos órganos de seguridad y tenga una cadena de mando clara;

que establezcan un órgano de supervisión con capacidad para hacer rendir cuentas de los abusos a las fuerzas de seguridad. Este órgano ha de contar con un mecanismo independiente, efectivo e imparcial que atienda las denuncias de conducta indebida de las fuerzas de seguridad, incluidas violaciones de derechos humanos. Dicho mecanismo debe disponer de equipos independientes de investigación, que se ocupen específicamente de las denuncias contra las fuerzas de seguridad o relacionadas con ellas.

que establezcan inmediatamente una comisión de investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por el SSI durante el gobierno de Hosni Mubarak. Tal comisión ha de contar con medios suficientes para realizar su labor de manera efectiva y con prontitud, y tener atribuciones para acceder a todos los documentos pertinentes y a otras pruebas y personas. Sus conclusiones han de incluir recomendaciones dirigidas a poner fin a los abusos contra los derechos humanos e impedir que se repitan y a garantizar la justicia, la verdad y una reparación plena a las víctimas, que incluya restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Amnistía Internacional está dispuesta a poner su archivo de informes de derechos humanos a disposición de las autoridades egipcias para ayudar a realizar tal investigación.

Otorgar reparación adecuada:

que cumplan –sin demora y con pleno respeto– las resoluciones judiciales que ordenan el pago de una indemnización a los detenidos y sus familias por la detención ilegal y otras violaciones de derechos humanos sufridas bajo custodia;

que ofrezcan a las víctimas de violaciones de derechos humanos una compensación económica y otras formas de reparación adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la violación y a las circunstancias de su caso.

Tomen todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones de reclusión, lo que incluye, entre otras cosas:

reducir el hacinamiento y proporcionar alimentación y atención médica adecuadas, de acuerdo con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión;

adoptar un mecanismo que establezca la realización obligatoria de visitas independientes, sin restricciones y sin previo aviso a todos los lugares de detención (lo que incluye mantener entrevistas confidenciales con cualquier detenido que el órgano visitante elija), incluidas las instalaciones militares y de seguridad nacional dedicadas a la lucha contra el terrorismo que, según se ha identificado, se utilizan para recluir a personas.

Refuercen la protección durante la detención. Para ello deben:

poner fin de inmediato al uso de la detención en régimen de incomunicación;

garantizar que los funcionarios que practican detenciones se identifican ante las personas detenidas y les notifican por escrito los motivos de su detención, la autoridad que la ordena y el lugar donde permanecerán recluidas;

garantizar que las familias de los detenidos son informadas sin demora del lugar donde se encuentran recluidos sus seres queridos y de cualquier traslado posterior a otros lugares de detención;

garantizar que todos los detenidos pueden ejercer su derecho a ser examinados por un médico independiente en el momento de su detención y tras cada periodo de interrogatorio; supervisar la calidad de los informes médicos;

garantizar que todos los detenidos comparecen ante un juez en un plazo de 24 horas desde su detención;

garantizar que todos los detenidos pueden ejercer su derecho a consultar en privado con un abogado de su elección, y pueden contar con la presencia de un abogado durante los interrogatorios y cuando presten declaración, desde el inicio de la detención y durante todo el periodo que permanezcan bajo custodia;

tomar medidas inmediatas para poner fin a la tortura y otros malos tratos, lo que incluye investigar todas las denuncias de esos abusos y llevar a los responsables ante la justicia;

modificar la definición del delito de tortura en la legislación egipcia para conformarla plenamente a la definición contenida en el artículo 1.1 de la Convención de la ONU contra la Tortura. Deben prohibirse explícitamente todas las formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante. Debe dejarse claro que la prohibición es absoluta y no debe suspenderse en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de guerra o de cualquier otra emergencia pública;

someter a revisión sistemática las normas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio con vistas a prevenir cualquier caso de tortura u otros malos tratos, de acuerdo con las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Ratiquen sin reservas, y apliquen plenamente:

el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura;

la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que incluye aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada en virtud de los artículos 31 (recepción de denuncias individuales) y 32 (denuncias entre Estados).

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