Document - Egypt: Freedom of expression under attack

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA


Índice AI: MDE 12/031/2007 (Público)

Servicio de Noticias 176/07

14 de septiembre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE120312007



Egipto: Ataques a la libertad de expresión



Las sentencias dictadas el 13 de septiembre por un tribunal egipcio contra cuatro directores de publicaciones forman parte de una campaña concertada de las autoridades para sofocar las críticas y reflejan la necesidad urgente de reformar la controvertida ley de prensa del país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.


Los cuatro –Ibrahim Eissa, director del diario Al-Dustour, Wael al-Abrashy, director del semanario Sawt al-Umma, Adel Hammouda, director del semanario Al-Fajr, y Abdel Halim Qandil, ex director del semanario Al-Karamaeach– han sido condenados a un año de prisión. A todos les fueron impuestas multas de 20.000 libras egipcias (unos 3.500 dólares estadounidenses) tras ser declarados culpables de "publicar información falsa tendente a alterar el orden público". Todos fueron puestos en libertad bajo fianza en espera de que se resuelva su recurso de apelación.


Estos cuatro directores fueron condenados en aplicación del artículo 188 del Código Penal egipcio, según el cual todo aquel que "publique con malevolencia noticias falsas, declaraciones o rumores tendentes a alterar el orden público" será sancionado con una pena máxima de un año de prisión y una multa que no exceda las 20.000 libras egipcias.


El juicio de estos cuatro hombres, a una de cuyas sesiones asistió Amnistía Internacional como observadora en abril de 2007, forma parte de una sucesión de ataques contra la libertad de prensa en Egipto. Ibrahim Eissa comparecerá ante un tribunal el 1 de octubre de 2007 en relación con la publicación de rumores sobre el presunto deterioro de la salud del presidente Mubarak, de 79 años.


En julio de 2006, el Parlamento aprobó una polémica ley de prensa que establecía más restricciones sobre la libertad de expresión. Con arreglo a esta ley, ciertos delitos de publicación -como el de insultar a cargos públicos- seguían comportando penas de privación de libertad. Periódicos independientes y de la oposición suspendieron por un día sus publicaciones en protesta por la nueva ley, y centenares de trabajadores de medios de comunicación protestaron a las puertas de la Asamblea Nacional.



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