Document - Egypt: Suleiman’s death must not prevent accountability for renditions to Egypt

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AMNISTÍA INTERNACIONAL DECLARACIÓN PÚBLICA Índice AI: MDE 12/026/2012 24 de julio de 2012

La muerte de Suleiman no debe impedir la rendición de cuentas por las entregas a Egipto La muerte de Omar Suleiman, ex director del Departamento General de Inteligencia de Egipto, acaecida la semana pasada, debe llevar a que las autoridades egipcias hagan rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las entregas realizadas a Egipto en la década del 2000, y no a pasar página respecto a ese tema. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Omar Suleiman, quien, durante 14 días, también fue vicepresidente en los últimos días del gobierno de Hosni Mubarak, fue el presunto cerebro de las entregas a Egipto. Según los informes, murió el 19 de julio en Estados Unidos tras someterse a unos exámenes médicos rutinarios.

Entre 2000 y 2006, un número indeterminado de individuos sospechosos de tener vínculos con el terrorismo fueron detenidos o secuestrados en diversos países de todo el mundo, trasladados forzosamente a Egipto en secreto o sin el proceso debido, e interrogados, recluidos en régimen de incomunicación durante largos periodos y torturados bajo custodia del Departamento General de Inteligencia egipcio y del ya desaparecido Departamento de Investigaciones de Seguridad del Estado.

Durante años, las dudas sobre las entregas a Egipto han permanecido sin respuesta. La muerte de Omar Suleiman debe dar lugar a investigaciones independientes e imparciales, largamente demoradas, sobre el papel desempeñado por Egipto en el programa de entregas encabezado por Estados Unidos.

Durante una visita a Estados Unidos en mayo de 2005, el ex primer ministro Ahmed Nazif admitió que los servicios de inteligencia estadounidenses habían trasladado a Egipto a 60 o 70 personas desde septiembre de 2001. Cuando, durante una visita a Londres en marzo de 2006, le interrogaron sobre esta declaración, Ahmed Nazif respondió que “esa cifra varía con el tiempo, así que es muy difícil darla con exactitud”.

Ni estas ni otras declaraciones de fuentes gubernamentales egipcias han aclarado qué autoridades fueron responsables de las detenciones y reclusiones, dónde se recluyó a los detenidos, si tenían acceso al mundo exterior o si estaba previsto acusarlos y juzgarlos. Las autoridades egipcias tampoco han divulgado las identidades de las personas detenidas ni las circunstancias de su entrega.

Entre las personas objeto de entrega a Egipto había ciudadanos tanto egipcios como de otros países. Puesto que el sistema de entrega eludía los procedimientos legales, las víctimas se veían privadas de su derecho a alegar que su envío a Egipto violaba sus derechos humanos, por ejemplo porque en Egipto corrían peligro de sufrir tortura o detención arbitraria.

Algunas de las personas enviadas a Egipto fueron de hecho detenidas y torturadas. Usama Mostafa Hassan Nasr (conocido como Abu Omar), ciudadano egipcio secuestrado en Italia y trasladado a Egipto en 2003, declaró haber sido torturado durante los 14 meses que pasó recluido en el Departamento General de Inteligencia y en las instalaciones del antiguo Departamento de Investigaciones de Seguridad del Estado, con métodos tales como descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, una especie de crucifixión sobre una puerta metálica y

un armazón de madera, golpes con cables eléctricos y mangueras, y latigazos. Quedó en libertad en abril de 2004, pero volvió a ser detenido 23 días después por decir a sus familiares que había sido torturado bajo custodia. Permaneció en detención administrativa sin cargos ni juicio hasta su liberación en febrero de 2007.

Muchos de los ciudadanos egipcios trasladados a Egipto habían sido juzgados in absentia en juicios flagrantemente injustos ante tribunales militares. Uno de esos juicios fue el de los “Retornados de Albania”, en el que varios de los acusados fueron condenados in absentia a penas de prisión en 1999. Entre ellos se encontraban Sayed Imam Fadl y otros cinco hombres, trasladados desde Yemen en 2002, y Ahmed Agiza, trasladado desde Suecia en 2001. Tanto Sayed Imam Fadl como Ahmed Agiza fueron excarcelados en Egipto el año pasado. Ahmed Agiza, que tenía condición de refugiado en Suecia antes de ser detenido y entregado a Egipto en 2001, ha podido obtener un permiso de residencia permanente en Suecia este mes.

Mohamed Mahjoub, otro acusado del juicio de los “Retornados de Albania”, fue detenido por las autoridades canadienses en el año 2000 en virtud de un “certificado de seguridad”, al parecer basándose, entre otras cosas, en su condena de 15 años de prisión en Egipto. Permanece recluido en Canadá en condiciones restrictivas.

Aunque Egipto fue un destino clave en la “guerra contra el terror” dirigida a nivel mundial por Estados Unidos, hasta el momento ninguna autoridad egipcia ha sido investigada en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas contra las víctimas de entrega.

Durante su discurso de toma de posesión como presidente de Egipto, Mohamed Morsi prometió establecer el Estado de derecho. Amnistía Internacional considera que un paso concreto para reforzar el Estado de derecho sería ordenar una investigación completa sobre el papel desempeñado por las autoridades y los servicios de inteligencia egipcios en el programa de entregas, y llevar a los responsables ante la justicia.

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