Document - Egypt: Flawed Military Trials for Brotherhood Leaders - Human Rights Groups, Media Barred from Observing Trial

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 12/019/2007 (Público)

Servicio de Noticias 100/07

4 de junio de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE120192007



Egipto: Juicios militares defectuosos para los dirigentes de la Hermandad Musulmana. Se prohíbe observar el juicio a grupos de derechos humanos y medios de comunicación


El Cairo, 4 de junio de 2007.– El gobierno de Egipto se negó ayer a autorizar la presencia de observadores de grupos de derechos humanos en el juicio militar de 33 miembros dirigentes de la Hermandad Musulmana egipcia, y con ello restó credibilidad a la afirmación del gobierno de que los civiles serán juzgados con las debidas garantías ante los tribunales militares, según han manifestado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch.


Amnistía Internacional, la Comisión Árabe de Derechos Humanos, la Organización Egipcia de Derechos Humanos y Human Rights Watch habían enviado observadores al juicio de 33 miembros destacados de la Hermandad Musulmana. No se autorizó la asistencia de ninguno. Entre los acusados está Khairat al-Shatir, segundo guía supremo de la organización, detenido el 14 de diciembre de 2006 junto a otros 16 miembros destacados de la Hermandad Musulmana en el curso de una serie de redadas efectuadas antes del amanecer. Posteriormente fueron acusados de pertenecer a una organización prohibida, suministrar armas a estudiantes y facilitar instrucción militar. El 29 de enero de 2007, un tribunal penal de El Cairo desestimó todos los cargos contra al-Shatir y los demás acusados y ordenó su inmediata puesta en libertad. Las fuerzas de seguridad volvieron a detener a los hombres a las pocas horas de emitirse el fallo y, el 4 de febrero, el presidente Hosni Mubarak, haciendo caso omiso de la decisión judicial, ordenó que sus casos, así como los de otros 23 presuntos miembros de la Hermandad Musulmana, fueran transferidos a un tribunal militar. Un tribunal administrativo de El Cairo resolvió el 8 de mayo que la orden del presidente Mubarak no era válida, pero el gobierno recurrió y el 14 de mayo el Tribunal Administrativo Supremo revocó la decisión. Al concluir la sesión del 3 de junio, el tribunal aplazó la siguiente hasta el 15 de julio.


“Como no ha conseguido que los tribunales penales ordinarios dicten sentencias de culpabilidad, el gobierno recurre ahora a un tribunal militar en busca del fallo deseado” afirma Sarah Leah Whitson, directora para Oriente medio de Human Rights Watch.


Los observadores del juicio llegaron a las nueve de la mañana a las inmediaciones del Campo Militar de Haikstip, en el noreste de El Cairo, y estuvieron negociando con oficiales del ejército en el lugar y representantes de varios ministerios hasta las dos de la tarde, cuando un hombre que vestía de civil y varios agentes de la inteligencia militar acabaron por decirles que no se les permitiría la entrada. Las hijas y esposas de los acusados y sus representantes letrados sí obtuvieron permiso para asistir al juicio.


“Hace doce años, el tribunal me concedió acceso sin restricciones para asistir como observador a un juicio militar contra destacados miembros de la Hermandad Musulmana –ha manifestado el abogado palestino Anis Kassim, experimentado observador de juicios para Amnistía Internacional–. La actitud del gobierno en esta ocasión ha sido una gran decepción.”


Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado que juzgar a civiles ante los tribunales militares egipcios vulnera las normas internacionales relativas a juicios justos. De acuerdo con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Egipto ratificó en 1982, todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Además, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que Egipto es Estado Parte, sostiene en su artículo 26 que los “Estados firmantes [...] tendrán el deber de garantizar la independencia de los tribunales [...]”.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos –órgano creado para velar por la aplicación de la Carta Africana– amplió estos derechos en sus principios y directrices sobre el derecho a un juicio justo. “El único propósito de los tribunales militares será determinar delitos de naturaleza puramente militar cometidos por personal militar –escribió la Comisión Africana–. Los tribunales militares no deben, bajo ninguna circunstancia, ejercer su jurisdicción sobre la población civil”. La Constitución de Egipto sostiene, en su artículo 169, que “las audiencias de los tribunales son públicas, a menos que el tribunal decida que se celebren a puerta cerrada por razones de moralidad u orden público”.


Las organizaciones expresaron también su preocupación por el hecho de que el gobierno no hubiera comunicado los cargos precisos contra los acusados a sus representantes letrados con anterioridad a la sesión del 3 de junio, al considerar que con ello mermó el derecho de los acusados a preparar una defensa adecuada.

Tanto las organizaciones de derechos humanos como los órganos de derechos humanos de la ONU ya habían criticado los juicios militares contra civiles en Egipto por el hecho de que no era posible recurrir contra sus decisiones. Las enmiendas a la Ley de Justicia Militar egipcia aprobadas el 23 de abril introdujeron, entre otros cambios, un mecanismo de apelación.


“Introducir la posibilidad de apelar no resuelve el problema de la injusticia que implica juzgar a civiles ante tribunales militares” afirma Hassiba Hadj Sahraoui, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.


El nombramiento de jueces militares y la participación del presidente Mubarak en la remisión de casos a los tribunales militares plantean serias dudas respecto a la independencia e imparcialidad de los tribunales y a su capacidad para garantizar a los acusados un juicio justo, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.


Recordando el compromiso formulado por el gobierno de “reforzar [...] la independencia del poder judicial” con motivo de su elección al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado al gobierno egipcio que ponga fin al procesamiento de civiles ante tribunales militares, que acate la orden del tribunal penal de poner en libertad a 17 de los acusados y que garantice el procesamiento de todos los acusados ante tribunales independientes, imparciales y civiles.


Si desean más información, pónganse en contacto con:


En El Cairo:

(Amnistía Internacional) Hassiba Hadj Sahraoui (árabe, inglés y francés): +2-012-048-3550.

(Human Rights Watch) Gasser `Abd al-Razeq (inglés y árabe): +2-02-794-5036 o +2-010-502-9999 (móvil); y Elijah Zarwan (inglés): +2-010-130-3226.


En Londres:

(Amnistía Internacional) Nicole Choueiry (árabe, inglés y francés): +44-78-316-40-170


En Nueva York:

(Human Rights Watch) Sarah Leah Whitson (inglés y árabe): +1-212-216-1230, o +1-718-362-0172 (móvil).


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