Document - Egypt: Egyptian authorities failing to protect religious minorities

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

12 de enero de 2010

Índice AI: MDE 12/001/2010


Egipto: Las autoridades egipcias no protegen a las minorías religiosas

Amnistía Internacional ha condenado hoy, 12 de enero, el tiroteo efectuado el 6 de enero desde un vehículo que causó la muerte a siete persones y heridas a decenas en el sur del país, en un ataque dirigido contra la minoría copta de Egipto. A la luz de las repetidas amenazas contra la población copta del país, la organización ha pedido a las autoridades egipcias que emprendan una verdadera investigación sobre los disparos y que tomen medidas para proteger a las minorías religiosas de tales ataques.

El tiroteo se produjo cuando los fieles salían de una iglesia en la ciudad de Nagaa Hammadi, Alto Egipto, tras una misa de medianoche que celebraba la vigilia de la Navidad copta, el 6 de enero. Murieron seis fieles y un agente de policía, que según los informes no estaba de servicio. El 8 de enero, las autoridades egipcias anunciaron que habían detenido a tres personas en relación con el atentado.

Según los informes recibidos, el ataque se lanzó en represalia por la presunta violación de una niña musulmana de 12 años a manos de un hombre cristiano en noviembre de 2009. A raíz de las noticias de la presunta violación, centenares de manifestantes musulmanes incendiaron tiendas de comerciantes cristianos en la localidad de Farshout, cerca de Nagaa Hammadi. Se ha detenido a un hombre cristiano por la presunta violación de la niña y, según los informes, permanece bajo custodia en espera de juicio.

Aunque hubo amenazas de más ataques contra la población copta en Nagaa Hammadi tras los disturbios que se desataron en la región en noviembre de 2009, las autoridades egipcias no parecen haber proporcionado la protección adecuada ni intensificado las medidas de seguridad. Fue notable la ausencia de fuerzas de seguridad que de costumbre se despliegan durante las festividades para proteger las iglesias y las zonas circundantes y para limitar el tráfico en las calles adyacentes.

El tiroteo de la semana pasada es el ataque más mortífero contra la población copta desde el atentado de 2000 que acabó con la vida de al menos 20 personas en el pueblo de Kosheh, gobernación de Sohag, unos 500 km al sur de El Cairo.

El 7 de enero, varios cientos de manifestantes cristianos se reunieron ante la morgue en la que se encontraban los cadáveres y corearon eslóganes contra el gobierno. Se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, que dispararon gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Los coptos a menudo se quejan de que las autoridades egipcias no hacen lo suficiente para protegerlos ni para enjuiciar a sus atacantes y de que los responsables que comparecen ante la justicia suelen recibir condenas leves.

Por otra parte, estallaron enfrentamientos entre musulmanes y coptos en varias localidades cercanas, como Bahgoura, a 3 km de Nagaa Hammadi, donde fueron incendiadas decenas de tiendas y varias casas de propietarios coptos. Una anciana que quedó atrapada en una de las casas incendiadas murió por asfixia. Según los informes oficiales, se detuvo a 28 coptos y a 12 musulmanes en relación con los altercados.

La violencia entre las comunidades cristiana y musulmana a menudo estalla a raíz de disputas familiares o personales. Amnistía Internacional y organizaciones egipcias de derechos humanos han observado un aumento de los ataques sectarios contra la comunidad cristiana copta de Egipto, formada por entre 6 y 8 millones de personas.

Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias a tomar medidas positivas para garantizar que se respeta el derecho a la seguridad e integridad personales de la población copta y de otras minorías religiosas y que los sospechosos comparecen ante la justicia en procedimientos que se ajustan a las normas internacionales sobre juicios justos y en los que no se impone la pena de muerte.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Egipto tiene la obligación de proteger a los grupos raciales o religiosos y a las personas que pertenecen a ellos, con el fin de garantizarles el disfrute pleno y en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Egipto es parte, garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que incluye la libertad de toda persona de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila la aplicación del PIDCP, especificó en su Observación general al artículo 2 que “sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre particulares o entidades privadas”.

El reciente ataque contra la comunidad copta de Egipto es un amargo recordatorio de la necesidad de que las autoridades del país tomen más medidas para proteger a las minorías religiosas. Con este fin, deben autorizar de inmediato la visita a Egipto del relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias, cuya solicitud sigue pendiente de respuesta.

Información complementaria

En Egipto también han sido objeto de ataque otras minorías religiosas. En abril de 2009, habitantes del pueblo de Al Shuraniyya, gobernación de Sohag, incendiaron los hogares de varias familias bahaíes, tras el llamamiento de un periodista del diario gubernamental Al Goumhuria que incitaba al odio y a la violencia contra la comunidad bahaí en un programa de televisión y en artículos de periódico. Varios bahaíes se vieron obligados a abandonar sus hogares a causa de la violencia que se desató. Seis organizaciones de derechos humanos emitieron una declaración conjunta en la que instaban al fiscal general a que abriese una investigación sobre el ataque y a que procesase al periodista de Al Goumhuria. Aunque sigue en curso la investigación emprendida por el fiscal general sobre la incitación al odio, no consta que nadie haya sido detenido en relación con el ataque contra los hogares de bahaíes en Sohag.

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