Document - Bahrain: Women and children subject to increasing abuse


BAHREIN

MUJERES Y NIÑOS, VÍCTIMAS DE CRECIENTES ABUSOS



INTRODUCCIÓN


Desde principios de los años ochenta, el gobierno de Bahrein ha venido siguiendo una pauta sistemática de violaciones de derechos humanos. Los musulmanes chiitas suponen un porcentaje desproporcionado de víctimas de dichas violaciones, especialmente desde el establecimiento de la República Islámica de Irán en 1979. Tras un presunto intento de golpe de Estado en Bahrein en 1981, muchas personas sospechosas de tener vínculos con Irán fueron detenidas, declaradas culpables y condenadas a largas penas de prisión tras juicios sin las debidas garantías. Otras permanecieron recluidas en régimen de incomunicación de acuerdo con las Medidas de Seguridad del Estado de 1974, que permiten la detención administrativa por orden del ministro de Interior durante períodos de hasta tres años, renovables. El gobierno utilizó también el exilio forzoso como medida punitiva contra sus presuntos opositores o sus familias.


Bahrein no cuenta con una asamblea legislativa designada por elección; los partidos políticos están prohibidos y la constitución lleva suspendida desde 1975, año en que, por orden del emir Sheikh Issa bin Salman Al Khalifa, la Asamblea Nacional fue disuelta tan sólo dos años después de ser elegida. El Consejo Consultivo de Bahrein, compuesto por 30 miembros y creado en 1992, es designado por el emir y no tiene poderes legislativos; todas las leyes son decretos del emir o son presentadas por el emir y aprobadas por el gabinete. A principios de junio de 1996, el emir declaró que iba a ampliar las facultades del Consejo, pero aún no se han hecho públicos más detalles al respecto.


En 1991 y principios de 1992, la situación de los derechos humanos en Bahrein mejoró significativamente. Algunos presos políticos fueron liberados y Amnistía Internacional recibió pocos informes de individuos detenidos por motivos políticos. Sin embargo, desde mediados de 1992 la situación se fue deteriorando progresivamente una vez más hasta que en diciembre de 1994 se produjo un incremento alarmante y sin precedentes de las violaciones de derechos humanos en el país, tras la celebración de manifestaciones generalizadas «en favor de la democracia». Por primera vez, mujeres y niños de incluso nueve o diez años fueron víctimas de detenciones y, según los informes, muchos de ellos fueron maltratados bajo custodia. Para muchas mujeres, esta fue su primera participación activa y manifiesta en protestas públicas, lo cual supuso un cambio frente a su función tradicional alejada del terreno público. Algunos grupos de mujeres enviaron peticiones al emir en las que le instaban a restaurar la democracia y celebraron manifestaciones para pedir la liberación de sus familiares varones y de todos los presos políticos. Los niños se unieron también al movimiento de protesta: llevaron a cabo huelgas de brazos caídos en las escuelas y participaron en manifestaciones callejeras que, en ocasiones, desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El gobierno hizo frente a estos grupos de mujeres y niños sometiéndolos a detenciones arbitrarias, reclusiones durante períodos prolongados en régimen de incomunicación y, en muchos casos, tortura y malos tratos durante las investigaciones. Con estas prácticas se violaron sistemáticamente las normas internacionales relativas a la especial vulnerabilidad de las mujeres y los niños y las normas relativas a su detención y juicio.


Amnistía Internacional expuso las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Bahrein en un informe titulado Bahrein: Crisis de derechos humanos(Índice AI: MDE 11/16/95/s), publicado en septiembre de 1995. El informe detallaba una serie de casos de mujeres que habían permanecido recluidas en régimen de incomunicación durante meses antes de ser liberadas sin que llegaran a imputárseles cargos y sin comparecer ante un tribunal. Al igual que a la mayoría de los detenidos, a las mujeres se les privó de su derecho a ponerse en contacto con sus familiares o abogados durante su período de reclusión. Algunas sufrieron golpes y amenazas por su presunta participación en manifestaciones o por intentar impedir la detención de sus familiares varones. Algunas fueron detenidas y recluidas como «rehenes» para obligar a sus familiares varones a entregarse a las autoridades, mientras que otras fueron detenidas al parecer como castigo por las actividades de oposición de sus familiares varones que, o estaban detenidos, o habían conseguido evitar que los detuvieran. Parece ser que algunas mujeres fueron detenidas también para disuadir a otras de que se unieran a las protestas públicas.


Tras unos meses de calma relativa en primavera y verano de 1995, los disturbios volvieron a estallar a principios de noviembre de 1995 con las protestas de los estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria por la prolongada detención de activistas de la oposición. Decenas de estudiantes, muchos de ellos menores de dieciocho años y algunos de tan sólo siete años, fueron detenidos. La mayoría fueron liberados tras permanecer varios días en régimen de incomunicación. A causa de la gran cantidad de detenidos y de la brevedad de los períodos de reclusión resulta imposible obtener cifras exactas. Entre sesenta y ochenta de los detenidos durante los disturbios de 1994 y 1995 fueron juzgados por el Tribunal de Menores y declarados culpables de incendios provocados, disturbios y participación en reuniones ilegales, entre otros cargos. Fueron condenados en juicios que, por lo general, no cumplían las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías.


El 29 de febrero de 1996 diez mujeres fueron detenidas, al parecer en relación con las actividades de familiares varones detenidos o condenados o para impedirles que hicieran campaña en favor de la liberación de sus familiares. Algunas de estas mujeres ya habían permanecido recluidas durante unos meses en los disturbios de 1994 y 1995. Aunque todas ellas habían sido liberadas antes del 9 de mayo de 1996, sus detenciones señalan una tendencia creciente de violaciones de derechos humanos que viene teniendo lugar desde 1994. Estudiantes de sexo femenino de enseñanza secundaria de entre dieciséis y dieciocho años fueron detenidas también en las propias escuelas a fines de marzo de 1996 durante manifestaciones de protesta, al igual que decenas de niños.



DETENCIÓN ARBITRARIA Y RECLUSIÓN DE MUJERES EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN


Desde fines de 1994, las mujeres han adoptado un papel cada vez más activo y organizado en su campaña en favor de las reformas democráticas: han firmado peticiones que instaban a la restauración del parlamento y se han unido a manifestaciones que pedían la liberación de los detenidos políticos. Amnistía Internacional no sabe de ningún caso en los que se haya acusado a mujeres de participar en actos violentos. Al parecer, muchas mujeres fueron detenidas con el fin de disuadir a otras de que se les unieran en sus protestas públicas. La mayoría permanecieron recluidas en régimen de incomunicación, algunas en régimen de aislamiento, durante períodos de hasta dos meses antes de ser liberadas, normalmente sin que llegaran a imputárseles cargos y sin comparecer ante un tribunal. Según los informes, algunas afirmaron haber sido golpeadas o sometidas a otras formas de presión para que «confesaran» su participación en las manifestaciones. Otras declararon haber sido golpeadas por participar en manifestaciones o por tratar de impedir la detención de sus familiares varones.



Mujeres manifestantes protestan por la detención de presos políticos a principios de 1996.

Entre las mujeres aparentemente detenidas como castigo por las actividades de sus familiares varones se encontraba Afaf Abd al Amir al Jamri, hija de Sheikh Abd al Amir al Jamri, destacado clérigo musulmán chiita que permaneció detenido durante unos cinco meses en 1995. Esta mujer fue detenida al ir a visitar a su padre que se encontraba recluido el 9 de mayo de 1995. Según los informes, fue golpeada por agentes femeninas de policía y a continuación permaneció recluida durante casi un mes antes de ser liberada sin cargos ni juicio.


Entre otras mujeres recluidas aparentemente como «rehenes» en un intento de obligar a sus familiares varones a entregarse a las autoridades se encontraba Malika Abdullah Singais, de veintisiete años, maestra de árabe en una escuela secundaria femenina. Fue detenida el 6 de abril de 1996 en un ataque llevado a cabo al amanecer contra su domicilio en al Sanabes, y permaneció recluida en régimen de incomunicación en la comisaría de policía de al Khamis, según los informes en lugar de su hermano Adel Singais, buscado por las autoridades. Permaneció recluida sin cargos ni juicio durante más de dos meses. No se sabe si Adel Singais fue detenido o no.


En abril de 1995, 20 mujeres profesionales presentaron una petición de seis puntos dirigida al emir y firmada por otras mujeres. En ella pedían que se pusiera fin al ciclo de violencia, que se iniciara un diálogo nacional, que se restauraran los derechos democráticos y que se garantizara el respeto de los derechos de quienes se encontraban bajo custodia. Posteriormente, estas mujeres fueron amenazadas con ser despedidas de sus puestos de trabajo si no retiraban su nombre de la petición. Al menos tres de ellas, Aziza al Bassam, Hassa al Khumairi y Munira Ahmad Fakhro, se negaron a hacerlo y posteriormente fueron despedidas de sus empleos en la Corporación de Radio y Televisión, en el Ministerio de Educación y en la Universidad de Bahrein, respectivamente.



El 29 de febrero de 1996, diez mujeres fueron detenidas tras presentarse ante la policía, tal como se les había solicitado. Al parecer, las fuerzas de seguridad habían atacado sus casas la noche anterior para detenerlas pero, en vez de eso, ante la negativa de sus familias a permitir que se las llevaran, les dejaron una citación para que se presentaran ante el Departamento de Investigación Criminal de Manama. Todas han sido ya liberadas tras permanecer recluidas durante períodos que oscilan entre varios días y unos dos meses. Durante el tiempo que permanecieron detenidas, sus familiares no supieron nada de ellas y, pese a sus continuas peticiones, no recibieron de las autoridades ninguna información sobre su paradero. Al igual que a otros detenidos, a estas mujeres les negaron su derecho a contar con asistencia letrada, algunas de ellas fueron recluidas en régimen de aislamiento y, según los informes, a todas ellas les obligaron a firmar declaraciones en las que se comprometían a desistir de sus actividades políticas como condición para ser liberadas. Al haber sido al parecer detenidas exclusivamente por sus actividades políticas no violentas, Amnistía Internacional considera que han sido presas de conciencia. De todas ellas, se cree que las que citamos a continuación fueron detenidas principalmente por su relación con activistas políticos encarcelados o detenidos:


# Mona Habib al Sharrakhi, de treinta y un años, hija política de Sheikh Abd al Amir al Jamri, destacado clérigo musulmán chiita. Su esposo, Mohammed Jamil al Jamri, cumple actualmente una sentencia de diez años de prisión tras ser sometido en 1990 a un juicio sin las debidas garantías en el cual fue declarado culpable de espionaje y de pertenecer a una organización no autorizada.


Mona fue liberada a principios de mayo, aparentemente sin que se le imputaran cargos y sin haber comparecido a juicio, tras pagar 200 dinares (500 dólares estadounidenses).


# Zahra Salman Hilal, de treinta y dos años. Su esposo, Ahmad Mahdi Salman, lleva recluido sin cargos ni juicio desde enero de 1995. Fue detenida anteriormente en abril de 1995 y permaneció recluida durante casi dos meses sin que se le imputaran cargos y sin comparecer a juicio. Tras su segunda detención, fue liberada el 8 de mayo de 1996, una vez más sin que se le imputaran cargos y sin comparecer ante un tribunal.


# Iman Salman Hilal, de veinticuatro años, hermana de Zahra y madre de dos niños de tres y cinco años. Fue liberada a principios de mayo de 1996 tras pagar 200 dinares (500 dólares estadounidenses). Permaneció recluida en régimen de aislamiento y, según los informes, como condición para ser liberada la obligaron a firmar una declaración en la que se comprometía a no participar en manifestaciones y a no comunicarse con la oposición en el exilio.


Desde febrero de 1996, las mujeres han salido a la calle en gran número para protestar por la detención de sus familiares varones, y han organizado manifestaciones o han participado en ellas para protestar por otros abusos contra los derechos humanos, como la ejecución de Issa Qambar tras un juicio sin las debidas garantías(1). Según los informes, a fines de marzo de 1996 se llevaron a cabo al menos en dos aldeas, al Sanabes y Sitra, manifestaciones exclusivamente de mujeres que protestaban por la ejecución de Issa Qambar.


Bahrein ha firmado la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, en las que los gobiernos reafirman su compromiso para con los instrumentos internacionales de derechos humanos que salvaguardan los derechos de la mujer, en especial la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Bahrein aún no ha ratificado esta última Convención, un acto que la Plataforma de Acción de Pekín pide con toda claridad. Las prácticas del gobierno de Bahrein de detener y recluir en régimen de incomunicación a presos de conciencia, de atacar a mujeres a causa de su relación con detenidos o presos políticos varones y de maltratar a las mujeres detenidas violan claramente estas normas(2).



TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES A ESTUDIANTES DE SEXO FEMENINO


Las autoridades de Bahrein comenzaron a detener a estudiantes de sexo femenino de enseñanza secundaria durante su oleada de detenciones de activistas y manifestantes a raíz de los disturbios de 1994 y 1995, y establecieron así lo que ha resultado ser una pauta sistemática. Al mismo tiempo, las estudiantes detenidas durante las manifestaciones escolares no violentas en apoyo de los detenidos «en favor de la democracia» permanecieron en la mayoría de los casos recluidas en régimen de incomunicación durante varios días en la sección juvenil o de mujeres de una comisaría de policía antes de ser liberadas sin cargos.


Durante los disturbios de este año, unas veinte estudiantes de enseñanza secundaria fueron detenidas en marzo de 1996 en relación con manifestaciones escolares y callejeras en protesta por la ejecución de Issa Qambar. Permanecieron recluidas durante más de un mes sin acceso a su familia ni sus abogados y, según los informes, muchas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante los interrogatorios. Todas ellas fueron liberadas tras pagar sumas de hasta 850 dólares estadounidenses, al parecer sin que se les imputaran cargos y sin que comparecieran a juicio. Los casos de detenciones en la escuela que exponemos a continuación ilustran la violación de las normas internacionales que salvaguardan los derechos humanos de grupos vulnerables como las mujeres y los niños:


# Safeya Yunis Ali Darwish, Nawal Ali Ebadi y Ahlam Abd al Aziz Salman Ali, todas ellas de dieciocho años de edad. Según los informes, las agentes que las interrogaban las dejaron en ropa interior y las obligaron a permanecer de pie durante períodos de cuatro horas mientras las interrogaban.


Como condición para ser liberadas, a las tres las obligaron a firmar una declaración en la que admitían haber participado en una manifestación de protesta contra la ejecución de Issa Qambar en la Escuela Superior de Medinat Hamad; a continuación las liberaron tras pagar 300 dinares (750 dólares estadounidenses) cada una, aunque quedaban pendientes de un posible juicio. Además, las tres fueron expulsadas de la escuela hasta nuevo aviso.


# Además, según los informes, a Ahlam Salman Ali le negaron el alimento durante más de veinticuatro horas su primer día de detención, y a Nawal Ali Ebadi le negaron el uso de instalaciones higiénicas durante más de veinticuatro horas.



Se han producido varios informes de amenazas de violación contra estudiantes de enseñanza secundaria detenidas. En un caso, la estudiante declaró que había sido conducida junto con otras detenidas a las oficinas del Ministerio de Interior antes de ser liberadas, y que allí un funcionario las amenazó con violarlas y las sometió a insultos y agresiones verbales de carácter sexual.

Los tratos crueles, inhumanos y degradantes están prohibidos en virtud del artículo 19(d) de la constitución de Bahrein, que manifiesta claramente que «ninguna persona será sometida a tortura física o mental, engaño o trato degradante, y la ley estipulará penas para estos actos». El código penal también prohíbe los abusos de oficio o autoridad por parte de los funcionarios públicos, por ejemplo en su artículo 75(1), que estipula: «Ningún policía o cualquier otra persona con autoridad utilizará la violencia o las amenazas o las promesas de beneficio contra ninguna persona durante una investigación sobre la comisión de un delito con el fin de influir en la declaración que ésta pueda prestar». Los tratos crueles, inhumanos o degradantes a las estudiantes detenidas violan también claramente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y suponen un desprecio de las recomendaciones internacionales relativas a la especial vulnerabilidad de las mujeres detenidas.



MUERTE BAJO CUSTODIA, DETENCIONES ARBITRARIAS Y JUICIOS SIN LAS DEBIDAS GARANTÍAS DE NIÑOS


Entre las personas detenidas durante los arrestos en masa llevados a cabo durante los disturbios del año pasado y los disturbios más recientes se encuentran niños de tan sólo siete años de edad.


En julio de 1995, diez días después de haber sido detenido, un estudiante de dieciséis años, Said Abd al Rasul al Iskafi, murió bajo custodia en circunstancias que sugieren claramente que la tortura fue un factor que contribuyó a su muerte. Según los informes, había sido detenido como sospechoso de haber pintado graffitiantigubernamentales en algunos muros cerca de su domicilio. Amnistía Internacional obtuvo fotografías de su cadáver y las envió a un experto patólogo forense del Guy's Hospital, en el Reino Unido, quien destacó que algunas señales que se apreciaban en el cuerpo coincidían «con lesiones causadas por golpes o por la presión del extremo de un objeto tubular contra la piel». Según la conclusión del patólogo: «Las apariencias indican que el fallecido ha sido sometido a malos tratos de carácter prolongado y muy doloroso». Amnistía Internacional también recibió informes que indicaban que Said al Iskafi y al menos otro niño más habían sido agredidos sexualmente mientras permanecieron bajo custodia.


Aunque la mayoría de los niños detenidos tanto el año pasado como recientemente han sido ya liberados, en el momento de redactar este informe muchos otros están siendo detenidos o capturados durante redadas en sus casas, en el transcurso de manifestaciones o tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En algunos casos, las fuerzas de seguridad capturan a niños para mantenerlos como «rehenes» hasta que sus familiares buscados por la policía se entregan. El número de detenidos varía de un día para otro pero se cree que, en cualquier momento dado, en el país puede haber unos sesenta niños recluidos sin acceso a asistencia letrada ni a sus familiares.


Las detenciones constantes parecen acentuar aún más la pauta iniciada durante los disturbios de 1994 y 1995, cuando Amnistía Internacional documentó los casos de al menos 43 niños(3)que permanecieron recluidos tras las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en algunas aldeas o distritos específicos, o tras manifestaciones de protesta. En aquel momento, muchos de los niños detenidos permanecieron recluidos durante largos períodos en régimen de incomunicación antes de comparecer ante el Tribunal de Menores. Otros fueron liberados sin cargos. En ambos casos, los niños permanecieron recluidos sin acceso a asistencia letrada ni a sus familiares.


En 1995, al menos sesenta acusados fueron juzgados y declarados culpables por el Tribunal de Menores por cargos como incendio provocado contra la propiedad pública, disturbios, participación en reuniones ilegales e incitación al odio contra el gobierno. A algunos niños les impusieron la pena máxima de diez años de prisión, que debía cumplirse en un correccional (islahiyya). En la apelación, algunas de estas sentencias se redujeron a dos o tres años. Por ejemplo, Muhammad Ali Muhammad al Ikri, de catorce años, fue acusado en julio de 1995 de lanzar un cóctel molotov contra un policía y fue condenado a diez años de prisión. Su sentencia se anuló en la apelación y en septiembre de 1995 fue liberado, pero continúa sometido a supervisión policial y tiene prohibido viajar al extranjero. Algunos acusados fueron absueltos.


Desde que comenzaron de nuevo los disturbios en noviembre de 1995, la práctica de detener arbitrariamente a niños y mantenerlos recluidos en régimen de incomunicación ha ido en aumento. Aunque muchos de los detenidos fueron liberados sin cargos al cabo de varios días, la cifra de niños detenidos parece ser superior a la de los disturbios de 1994 y 1995. Muchos niños han sido detenidos de forma arbitraria tras manifestaciones, huelgas de brazos caídos en las escuelas y otras actividades políticas no violentas. Según los informes, a algunos los sacaron a la fuerza de autobuses escolares, y la asistencia a la escuela empezó a disminuir a medida que los padres decidieron mantener a los niños en casa por temor a que fueran detenidos. En marzo y abril de 1996 decenas de niños fueron detenidos tras las manifestaciones de protesta contra la ejecución de Issa Qambar, y a algunos se los llevaron de sus casas en redadas domiciliarias llevadas a cabo al amanecer.




Un joven se une a una manifestación de protesta encabezada por mujeres a principios de 1996

En otros casos, las detenciones de niños se produjeron tras enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, por ejemplo cuando, según los informes, varios jóvenes y niños arrojaron piedras contra comercios y semáforos.


Los niños que citamos a continuación forman parte de los al menos 150 menores detenidos desde noviembre de 1995, algunos de los cuales pueden permanecer aún recluidos. Amnistía Internacional siente preocupación porque muchos de ellos fueron detenidos exclusivamente por su participación no violenta en manifestaciones o fueron tomados como «rehenes», y porque la aparente ausencia de salvaguardias jurídicas fundamentales les hace vulnerables a los malos tratos y a los procedimientos injustos en su contra.


# Taha Aman, de nueve años, fue detenido cuando las fuerzas de seguridad dispersaron una manifestación en la aldea de Karraneh usando gas lacrimógeno y balas de goma el 4 de mayo de 1996. Con él fueron detenidos al menos otros 12 niños cuyas edades oscilaban entre los diez y los catorce años.


# Hussein Ali Madan, de catorce años, de la aldea de Deir, fue detenido junto con su padre el 8 de marzo de 1996 y permaneció recluido hasta que su hermano Abbas se rindió a la policía al día siguiente.


# En enero de 1996, Al Sayyed Majed al Sayyed Hassan, de ocho años, fue detenido en la aldea de Barbar y permaneció recluido varias días por presunta insolencia con la policía durante las manifestaciones. Con él fueron detenidos también Ali Mahdi Mahmoud, de ocho años, y Yasser Ammar, de siete. Todos ellos fueron liberados bajo fianza en espera de ser juzgados ante el Tribunal de Menores.

# Salman Abdullah Salman, de doce años y de la aldea de Sitra, fue detenido durante una manifestación escolar en solidaridad con los detenidos en noviembre de 1995.


Aunque Bahrein es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha incumplido sistemáticamente estipulaciones tales como el artículo 37(b) de dicha Convención, que subraya que «[Los Estados Partes velarán por que:...] ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente», y que «la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda». El artículo 37(d) afirma que «todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción». Además, el artículo 9(4) de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a las autoridades, si así se les pide, a informar a la familia sobre el paradero de un niño detenido.



EXILIO FORZOSO DE FAMILIAS


Amnistía Internacional lleva recibiendo desde principios de los años ochenta informes sobre la práctica del gobierno de Bahrein de someter a exilio forzoso a presuntos activistas políticos o a sus familias. Por ejemplo, tras el estallido de las manifestaciones en diciembre de 1994, siete ciudadanos de Bahrein fueron obligados a exiliarse, entre ellos algunas destacadas personalidades religiosas. En algunos casos, las mujeres y los niños de una familia sufrieron a consecuencia de ese exilio forzoso. Un ejemplo típico es el caso de Sayyid Haidar al Sitri, de cuarenta y un años, obligado a exiliarse a los Emiratos Árabes Unidos el 15 de enero de 1995. Después de su exilio, las autoridades de Bahrein se negaron a permitir que su esposa y sus hijos se reunieran con él durante siete meses.


En otros casos, en los que el cabeza de familia estaba encarcelado, a las mujeres y a los niños de su familia que habían pasado varios años en el extranjero para evitar el hostigamiento se les prohibió entrar en Bahrein y se les envió inmediatamente al exilio forzoso.


En el momento de redactar este informe el gobierno aún continúa con esta práctica, principalmente en lo que respecta a la prohibición del regreso al país de presuntos opositores y de sus esposas e hijos tras pasar varios años exiliados voluntariamente en el extranjero. Entre las víctimas se encuentran personas que huyeron para evitar el encarcelamiento y familiares de presos políticos que huyeron para escapar del hostigamiento. Otras habían pasado distintos períodos en el extranjero por motivos de estudios o de trabajo. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad mantuvieron a estas personas retenidas durante varios días en el aeropuerto internacional de Bahrein, donde las interrogaron sobre sus presuntas actividades políticas antes de enviarlas de vuelta a su antiguo país de residencia. En la mayoría de los casos, a los presuntos opositores y a sus familias se les concede un pasaporte de Bahrein de un año de validez que debe ser renovado mientras permanecen en el extranjero. No se dan explicaciones sobre los motivos de la expulsión ni tampoco información sobre la base jurídica de esta medida. A los afectados se les niega cualquier oportunidad de apelar contra su expulsión o de impugnar en los tribunales la legalidad de esta medida.


Amnistía Internacional ha recibido los nombres de más de treinta ciudadanos de Bahrein a los que se ha negado la entrada al país desde 1995. Entre ellos se encuentran:

# Sheikh Hamid Hassan al Madeh, de treinta y ocho años, exiliado forzoso a los Emiratos Árabes Unidos junto con su esposa y sus siete hijos tras intentar regresar al país a principios de enero de 1995, y Sheikh Munir al Matuq, que fue expulsado más o menos al mismo tiempo a Líbano junto con su esposa y tres hijos.


Entre los casos más recientes se encuentran:


# Abd al Sadeq Habib Hassan Abdullah, de veintinueve años, que llegó al aeropuerto de Bahrein junto con su esposa y sus dos hijos el 4 de noviembre de 1995 y permaneció retenido allí durante un día antes de ser enviado de vuelta a los Emiratos Árabes Unidos.


# Yasser Mirza Ahmed Abdullah y su esposa permanecieron durante cuatro días en el aeropuerto de Bahrein cuando intentaban regresar de Shiraz, en Irán, a principios de febrero de 1996; a continuación los enviaron a los Emiratos Árabes Unidos. Según los informes, Yasser Abdullah declaró que había sido interrogado durante esos cuatro días y, según dijo, «pasamos todo el tiempo en sillas sin un sitio donde dormir. También nos prohibieron hablar con otras personas o ponernos en contacto con nuestros familiares en Bahrein».


Cuando posteriormente la esposa de Yasser Abdullah intentó entrar en Bahrein desde Arabia Saudí a través de la calzada del Rey Fahd, los agentes de inmigración la enviaron de vuelta.


La práctica del exilio forzoso contraviene las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 13(2) afirma: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». El exilio forzoso también está expresamente prohibido en virtud del artículo 17(c) de la constitución de Bahrein, que dice que «ningún ciudadano será deportado de Bahrein, y a ninguno se le negará el regreso al país».



RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL AL GOBIERNO DE BAHREIN


A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha planteado reiteradamente sus preocupaciones al gobierno de Bahrein, pero apenas ha obtenido ninguna respuesta sustancial. La organización ha intentado enviar delegaciones al país para que investigaran y para que se reunieran con el gobierno, pero no ha recibido ninguna respuesta positiva. Amnistía Internacional también ha presentado una serie de recomendaciones al gobierno de Bahrein, algunas de las cuales repetimos a continuación. Si se aplican, estas medidas pueden contribuir a que se consiga una mejora sustancial de la situación de los derechos humanos en el país.


1. Deben ratificarse sin límite ni reserva los tratados internacionales que protegen los derechos humanos en general y los derechos de la mujer y el niño en particular. Entre estos tratados deben encontrarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con su primer Protocolo Facultativo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Las salvaguardias incluidas en estos importantes tratados deben ser aplicadas sin demora tanto en la ley como en la práctica.

2. Deben tomarse medidas inmediatas y efectivas para garantizar que las mujeres y los niños detenidos están protegidos frente a cualquier forma de tortura y malos tratos, incluidos el hostigamiento y la agresión sexual.


3. Debe garantizarse que hay personal femenino presente en todo momento durante los interrogatorios de las detenidas y las presas; dicho personal femenino será el único responsable de llevar a cabo cualquier registro corporal; dicho registro no debe ser realizado de forma que constituya un trato cruel, inhumano o degradante.


4. Debe garantizarse que todas las mujeres tienen acceso a la atención médica adecuada que puedan necesitar. También debe garantizárseles el derecho a ser examinadas por un médico de su elección. La negativa a proporcionar tratamiento o asistencia médica, el personal de salud necesario y los medios para una higiene adecuada puede constituir una pena cruel, inhumana o degradante.


5. Deben tomarse medidas para garantizar que ninguna mujer y ningún niño son detenidos o recluidos como «rehenes» a causa de su relación con un sospechoso varón ni como medio para intimidar a familiares o a otras personas. No debe tolerarse la práctica de los malos tratos o de la intimidación a mujeres para presionar a su familiares. Los responsables de tales actos deben comparecer ante los tribunales.


6. Debe garantizarse que nadie es detenido o encarcelado exclusivamente por su sexo o por sus creencias o actividades no violentas.


7. Debe garantizarse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben formación para respetar y cumplir las salvaguardias internacionales relativas a las mujeres y los niños detenidos.


8. Deben llevarse a cabo investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre todos los informes de tortura y malos tratos. Las investigaciones deben ser llevadas a cabo por un órgano independiente de las fuerzas presuntamente responsables y sus métodos y conclusiones deben ser hechos públicos sin demora. Los responsables de violaciones de derechos humanos deben comparecer ante los tribunales.




9. Debe garantizarse que todos los detenidos permanecen recluidos exclusivamente en lugares de detención reconocidos oficialmente y que se proporciona sin demora información exacta sobre la detención, la reclusión y el paradero de cualquier persona a sus familiares, sus abogados, los médicos y los tribunales.


10. Deben crearse y mantenerse registros públicos locales y centrales de todos los detenidos, de acuerdo con instrumentos internacionales tales como la regla 7 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el principio 12 del Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; dichos registros deben ser actualizados de forma frecuente y periódica y deben ser puestos a disposición de los familiares, jueces, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos que lo soliciten.


11. Debe enmendarse el decreto ley de 1974 sobre Medidas de Seguridad del Estado para garantizar que la ley de Bahrein se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos, en especial en lo que respecta a garantizar que los detenidos comparecen en todos los casos sin demora ante un juez. Además, debe garantizarse que todas las personas sometidas a cualquier forma de detención tienen derecho a iniciar procedimientos ante un tribunal para que éste decida sin demora sobre la legitimidad de la detención y ordene la liberación si la detención fuera ilegítima; también debe garantizarse que los abogados tienen derecho a representar de forma efectiva a sus clientes durante todas las etapas del proceso.


12. Debe ponerse fin a la práctica del exilio forzoso, que contraviene el artículo 13(2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que está prohibida expresamente en virtud del artículo 17(c) de la constitución de Bahrein. El gobierno de Bahrein debe hacer una declaración pública en la que proclame que todos los ciudadanos de Bahrein tienen derecho a regresar al país.



INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: MDE 11/18/96/s

Distr: SC/CO/GR

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido




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MUJERES Y NIÑOS, VÍCTIMAS DE CRECIENTES ABUSOS




ACCIONES RECOMENDADAS


Les rogamos que se aseguren de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este documento, y de que éste se archiva debidamente para futuras consultas. Además, les rogamos que emprendan el mayor número posible de las acciones que recomendamos a continuación.


Les rogamos que utilicen el documento adjunto para captar apoyos en su propio gobierno y para actividades de publicidad.


Este documento se acompaña de una Acción de Mujeres que también se publicará en julio de 1996.



DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado directamente este documento a: todas las Secciones y los coordinadores MERAN y de país. Pedimos a los coordinadores de país que lo distribuyan a los grupos con Expedientes de Acción sobre Bahrein.


Nota:Hay disponible una traducción al árabe de este documento.



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(1) La ejecución de Issa Qambar, llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento el 26 de marzo de 1996, fue la primera que tenía lugar en Bahrein desde hacía veinte años. Este hombre había sido declarado culpable del asesinato de un policía en marzo de 1995. Véanse Bahrein: Crisis de derechos humanos, MDE 11/16/95/s, páginas 27-29, la Acción Urgente 162/95 (MDE 11/13/95/s, 6 de julio de 1995) y sus seguimientos (MDE 11/20/95/s, 8 de diciembre de 1995, MDE 11/06/96/s, 18 de marzo de 1996, MDE 11/07/96/s, 26 de marzo de 1996), y el Servicio de Noticias 63/96, 26 de marzo de 1996 (Índice AI: MDE 11/08/96/s).

(2) El párrafo 113 de la Plataforma de Acción define la expresión «violencia contra la mujer» como «todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, [...] perpetrado o tolerado por el Estado, dondequiera que ocurra». Además, la Plataforma pide que los gobiernos protejan a las activistas políticas.

(3) Véase Bahrein: Crisis de derechos humanos, MDE 11/16/95/s, páginas 16-17 y 28-29.

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