Document - Bahrain: Amnesty International calls for a halt to unfair trials

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ÍNDICE AI: MDE 11/03/97/s

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA - 17 DE MARZO DE 1997


BAHREIN: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE QUE SE PONGA FIN A LOS JUICIOS INJUSTOS


Las autoridades bahriníes deben actuar de inmediato para detener los juicios injustos que se están celebrando ante el Tribunal de Seguridad del Estado contra 59 personas acusadas de participar en una presunta conspiración apoyada por Irán para derrocar al gobierno, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando se esperan en breve los veredictos del primer juicio.


«Estos juicios han sido enormemente injustos en todas sus fases, y ninguno de los acusados tendrá derecho a apelar ante un tribunal superior. Esta situación es especialmente alarmante porque, si declaran culpables a los acusados, algunos de ellos podrían ser condenados a muerte ─ha afirmado la organización de derechos humanos─. Independientemente de los cargos que se les imputen, los acusados tienen derecho a un juicio justo y público conforme a las normas internacionales».


Un total de 81 personas han sido acusadas en este proceso, pero sólo 59 han comparecido ante el tribunal. Se cree que las demás están aún en libertad, y el gobierno ha anunciado que las juzgarían in absentia.


La mayoría de las sesiones de los juicios que comenzaron el 1 de marzo se han celebrado a puerta cerrada en la sede del servicio de guardacostas en al Muharraq. Han distribuido a los acusados en ocho grupos y les están juzgando por separado, en lugar de como a un solo grupo. Sólo en la primera sesión de cada juicio, que consiste en la lectura de los cargos, se ha permitido que estén presentes familiares de los procesados. No se autoriza que asistan a los juicios observadores independientes.


A finales de febrero y principios de marzo, varios de los aproximadamente 20 abogados de la defensa que participan en los juicios fueron entrevistados por medios de comunicación extranjeros. Poco después de las entrevistas, todos ellos fueron convocados por el Ministerio de Justicia y, según informes, se les advirtió que no se toleraría la difusión de ningún tipo de información sobre los juicios y que se atuvieran a las consecuencias si contravenían esta instrucción.


«Esto es una muestra clara de que el gobierno está resuelto a mantener oculta la información sobre el procedimiento de estos juicios», ha afirmado Amnistía Internacional.


A los principales inculpados en el caso se les acusa, en virtud del artículo 122 del Código Penal, de conspirar con un Estado extranjero para llevar a cabo actos hostiles contra Bahrein, un delito punible con la muerte. Se les acusa también en virtud del artículo 159 del Código Penal, al igual que a casi todos los demás procesados, de pertenecer a una organización cuyo objetivo es derrocar por la fuerza «el sistema político, social y económico del Estado», delito que puede castigarse incluso con cadena perpetua. A algunos procesados también se les imputan cargos relacionados con la tenencia ilegal de armas de fuego.


El gobierno bahriní ha afirmado que los acusados son miembros del ala militar de una organización prohibida, Hezbolá-Bahrein, de la que se dice que está radicada en Teherán y que cuenta con la ayuda económica y militar de Irán. Su presunto objetivo es establecer, por medios violentos, una república islámica en Bahrein leal a Irán. Algunos de los principales procesados están acusados de mantener contactos con agentes de los servicios de inteligencia que operan en la Guardia Revolucionaria de Irán y de haber recibido formación militar tanto en Irán como en campamentos de Hezbolá en el Líbano.


La mayoría de los 59 acusados fueron arrestados en diferentes momentos a principios de 1996; el 3 de junio el gobierno bahriní anunció que se había descubierto una conspiración de golpe de Estado. Dos días después, las «confesiones» de algunos de ellos fueron retransmitidas por la televisión bahriní. A varios de los acusados los habían arrestado tras ser devueltos a la fuerza a Bahrein desde los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.


«Todos estos acusados han estado recluidos en régimen de incomunicación desde que los arrestaron y no se les ha permitido acceder a familiares ni a abogados defensores. Tememos que sus 'confesiones' puedan haber sido extraídas bajo tortura», ha afirmado Amnistía Internacional.


En Bahrein, tales «confesiones» se utilizan habitualmente como única base para dictar sentencias condenatorias en el Tribunal de Seguridad del Estado. Según informes, a la hermana de uno de los acusados y a la esposa de otro las llevaron a la cárcel y, delante de ellos, amenazaron con violarlas si los acusados se negaban a participar en las confesiones televisadas. Los abogados defensores han solicitado que al menos tres de los acusados sean reconocidos por un médico, al parecer para verificar denuncias de tortura.


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, a los abogados defensores sólo les permitió acceder a sus clientes en el primer día del juicio, justo antes de que comenzara la sesión. Se limitó su acceso a los documentos de la acusación y no les dieron tiempo suficiente para preparar la defensa.


«Parece que, hasta ahora, los argumentos de la acusación se basan principalmente en las 'confesiones' de los acusados, extraídas durante los interrogatorios realizados mientras estaban detenidos en régimen de incomunicación. No hay noticia de que se haya presentado ningún otro documento como prueba resolutoria de la existencia de Hezbolá-Bahrein ni de los vínculos de los acusados con tal organización», ha afirmado la organización de derechos humanos.


Amnistía Internacional pide al gobierno que facilite a la organización copias de todos los documentos pertinentes de estos juicios, como las listas de inculpados con expresión completa de las acusaciones, los expedientes médicos y los informes de las investigaciones que se hayan realizado sobre denuncias de torturas o malos tratos, y que cumpla estrictamente las normas internacionales aplicables a los juicios en los que se contempla la pena de muerte.


«En juicios anteriores solicitamos también información de este tipo y el gobierno respondió con silencio, al igual que a nuestros llamamientos para que se nos permitiera acceder al país y observar los juicios», ha explicado Amnistía Internacional.


INFORMACIÓN GENERAL


La situación de los derechos humanos en Bahrein ha sido grave desde que en diciembre de 1994 estallaron protestas masivas que pedían el restablecimiento de los derechos democráticos. En la actualidad, entre 1.000 y 1.500 detenidos y presos políticos están recluidos, la mayoría de ellos sin cargos ni juicio. La tortura y los malos tratos, también infligidos a mujeres y niños, siguen siendo prácticas muy habituales. Desde marzo de 1996 más de 150 personas han sido condenadas en juicios celebrados sin las debidas garantías ante el Tribunal de Seguridad del Estado; a tres de ellas las condenaron a muerte.

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