La guerra que libraron Israel y Hezbolá durante 34 días en julio y agosto de 2006 causó muertes y destrucción de forma generalizada tanto en Israel como en Líbano, y la población civil fue la más afectada por las operaciones militares.
El presente informe, el tercero que publica Amnistía Internacional sobre algunos aspectos del conflicto, se centra en los ataques israelíes que causaron la muerte a civiles así como en el impacto que han tenido entre la población civil otros ataques de las fuerzas israelíes. También examina la afirmación de que Hezbolá utilizó a civiles como "escudos humanos". En documentos anteriores, Amnistía Internacional centró su análisis en los ataques de Israel contra las infraestructuras de Líbano y en los bombardeos con cohetes llevados a cabo por Hezbolá contra el norte de Israel.
Durante el intenso bombardeo israelí por tierra, mar y aire murieron más de 1.000 civiles libaneses, de los cuales aproximadamente un tercio eran menores de edad. Algunas de las víctimas fueron alcanzadas en sus hogares; otras murieron en sus vehículos cuando trataban de acatar la orden israelí de evacuar sus pueblos. Y otras más perdieron la vida cuando los misiles y bombas israelíes cayeron sobre ambulancias, fábricas, escuelas y otros edificios civiles.
En Líbano, los bombardeos israelíes devastaron las infraestructuras, importantes carreteras y puentes, centrales eléctricas y plantas de tratamiento de agua. Millares de viviendas y propiedades comerciales quedaron reducidas a escombros. El conflicto causó el desplazamiento forzado de un millón de personas y, tras el alto el fuego, muchas familias se encontraron sin techo y en la miseria.
Este informe se basa en un considerable volumen de trabajo sobre el terreno llevado a cabo en Líbano e Israel durante la guerra y con posterioridad a ella, que incluyó conversaciones con autoridades israelíes y libanesas, así como en el análisis de las normas jurídicas pertinentes. El documento concluye que las fuerzas israelíes cometieron graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. En especial, las fuerzas israelíes lanzaron ataques indiscriminados y desproporcionados en gran escala. Entre ellos se cuentan el sostenido bombardeo de artillería en el sur de Líbano y, particularmente, el uso generalizado de bombas de racimo en zonas civiles durante los últimos días de las hostilidades, acto que ha dejado un legado mortífero que sigue ensombreciendo la vida de la población civil.
El informe recoge la conclusión, publicada anteriormente por Amnistía Internacional, de que los combatientes de Hezbolá también cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra tales como ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles. Los indicios que se examinan en este documento sugieren que, al menos en algunos de los casos, los combatientes de Hezbolá almacenaron cohetes Katyusha en el interior de algunos pueblos y los dispararon desde zonas civiles, aunque no está claro hasta qué punto se extendió esta conducta.
El documento finaliza con un llamamiento a todas las partes del conflicto para que lleven a cabo con prontitud investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre los informes de violaciones, hagan comparecer ante la justicia a los perpetradores y garanticen que las víctimas recibirán plena reparación.
También insta a la ONU a establecer una comisión internacional encargada de investigar los indicios de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal por las partes del conflicto; formular recomendaciones sobre la forma de abordar la impunidad de las violaciones cometidas e impedir violaciones futuras; y formular recomendaciones sobre las formas de reparación, incluida la indemnización económica. Amnistía Internacional exhorta a todos los Estados y a las partes del conflicto a que cooperen con dicha investigación.
Este texto resume el documento titulado Fuera de toda proporción: La población civil carga con la peor parte de la guerra (Índice AI: MDE 02/033/2006), publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:
http://www.amnesty.org/email/email_updates.html
Prefacio 1 Capítulo 1: Introducción 2 Capítulo 2: Normas de derecho internacional aplicables al conflicto 8
Fuera de toda proporción: La población civil carga con la peor parte de la guerra
Prefacio
Desde el estallido de la guerra entre Hezbolá e Israel, en julio de 2006, Amnistía Internacional instó a ambas partes a respetar las obligaciones que les imponía el derecho internacional humanitario (las leyes y costumbres de la guerra), especialmente las relativas a la protección de la población civil. En julio, Amnistía Internacional publicó el informe titulado Israel y el Líbano: Israel y Hezbolá deben preservar a la población civil. Las obligaciones de las partes en conflicto en Israel y el Líbano conforme al derecho internacional humanitario, un recordatorio para ambas partes de las obligaciones jurídicas que recaían sobre ellas.(1)
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Israel y Líbano durante las hostilidades con el fin de investigar las violaciones graves atribuidas a ambas partes. Al intensificarse el conflicto, y en medio de violaciones reiteradas del derecho internacional humanitario por ambas partes, Amnistía Internacional se unió a los llamamientos formulados por el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) Kofi Annan y líderes mundiales para que se declarara un alto el fuego, y los miembros de la organización siguieron pidiendo específicamente que se protegiera a la población civil.
Una vez que las hostilidades llegaron a su fin, Amnistía Internacional visitó nuevamente ambos países para proseguir sus investigaciones y sus conversaciones con las autoridades. El resultado de esta labor fueron dos publicaciones en las que se examinaban algunos aspectos del conflicto. En agosto, Amnistía Internacional publicó el documento titulado Israel / Líbano: ¿"Daños colaterales" o destrucción deliberada? Ataques israelíes contra la infraestructura civil.(2) En dicho documento, Amnistía Internacional señalaba que la organización había concluido que las fuerzas israelíes habían cometido ataques indiscriminados y desproporcionados, aplicando una estrategia que parecía tener el objeto de castigar a la población de Líbano y al gobierno de este país por no volverse en contra de Hezbolá, así como de dañar la capacidad militar de Hezbolá.
En septiembre, Amnistía Internacional publicó Israel/Líbano: En la línea de fuego. Los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel.(3) En dicho informe, la organización concluía que los bombardeos de Hezbolá habían constituido ataques directos contra civiles así como ataques indiscriminados. Los bombardeos también habían violado la prohibición impuesta por el derecho internacional humanitario de atacar a la población civil como represalia, con independencia de cuáles sean los abusos que esté cometiendo el enemigo.
El presente informe se centra en otros aspectos de la conducción de las acciones militares israelíes en Líbano y sus consecuencias, y examina la afirmación de que los combatientes de Hezbolá utilizaron a civiles como "escudos humanos". El documento cita las normas del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal pertinentes a este conflicto. También analiza los rasgos comunes de los ataques israelíes, así como una serie de incidentes concretos en los que se dio muerte a civiles en Líbano. Destaca, asimismo, el impacto que han tenido otros ataques israelíes sobre la vida de la población civil, incluido el legado del bombardeo generalizado del sur de Líbano con bombas de racimo por las fuerzas israelíes durante los últimos días de la guerra. En el capítulo final se resumen las conclusiones de Amnistía Internacional en lo relativo a la conducta general de Israel y Hezbolá y se formulan recomendaciones dirigidas a las partes del conflicto, así como a la comunidad internacional.
El informe se basa en labores de investigación sobre el terreno realizadas en Líbano e Israel en julio, agosto y septiembre de 2006, que incluyeron entrevistas con víctimas; una sesión informativa a cargo de un jefe militar israelí de alto rango, celebrada en septiembre de 2006, y otras conversaciones mantenidas con autoridades militares y gubernamentales israelíes y libanesas, así como con dirigentes de Hezbolá; información proporcionada por grupos no gubernamentales; y declaraciones oficiales e informes de los medios de comunicación. En septiembre y octubre, Amnistía Internacional pidió a las autoridades israelíes que le proporcionaran información concreta sobre los ataques de las fuerzas israelíes que se reseñan en el presente informe, pero no recibió dicha información.
Amnistía Internacional ha examinado la conducta de cada una de las partes del conflicto a la luz de los principios consagrados en las normas de derecho internacional que son vinculantes para ambas, tal como hace en otros conflictos. Ambas partes de este conflicto han cometido graves violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra. Estas violaciones se examinan de forma concreta e individual, en aras de la rendición de cuentas, el resarcimiento y la prevención de violaciones futuras.
Capítulo 1: Introducción
La guerra que destruyó a su familia y a tantas otras familias de Líbano e Israel, que se prolongó durante 34 días, comenzó el 12 de julio cuando el brazo militar de Hezbolá (conocido como al-muqawama al-islamiyya, Resistencia Islámica) cruzó la frontera con Israel y atacó a una patrulla israelí, dando muerte a ocho soldados israelíes y capturando a otros dos. Casi de inmediato se produjo un enfrentamiento militar de gran magnitud entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hezbolá.
En las primeras 24 horas, los ataques israelíes se cobraron la vida de al menos 38 civiles, muchos de ellos menores de edad, que se hallaban en sus hogares. Entre la víctimas figuraron 12 miembros de la familia Bze’a, muertos cuando la familia estaba desayunando en su casa del pueblo de Zibqin; 9 miembros de la familia Zein, del pueblo de Baflay; y 12 miembros de la familia Akash, del pueblo de Al Dweir.
Por su parte, los cohetes de Hezbolá mataron a una mujer de 40 años que se hallaba en su casa de Nahariya, en el norte de Israel, y a otro civil en la ciudad de Safed.
La escala de los ataques y el elevado número de muertes entre la población civil durante las primeras 24 horas del conflicto suscitaron preocupación en el ámbito internacional. El 14 de julio, durante una conferencia de prensa celebrada en Tel Aviv, el teniente general Dan Halutz, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), afirmó rotundamente que Israel continuaría su ofensiva. Manifestó que Israel quería transmitir un mensaje inequívoco, advirtiendo:
El 14 de agosto, al acordarse el alto el fuego, 1.191 personas –cientos de ellas menores de edad– habían muerto y más de 1.400 habían resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes.(6)
La muerte y la destrucción se extendieron mucho más allá de los confines del sur de Líbano. Los ataques israelíes se centraron en el sur, donde destruyeron o dañaron decenas de miles de viviendas, pero también tuvieron como objetivo la capital, Beirut, y el valle de Bekaa, incluida la ciudad de Ba’albek.(7) En el barrio predominantemente musulmán de Dhahiyeh, del sur de Beirut, donde Hezbolá tiene su sede principal, aproximadamente 250 edificios de varias plantas, que albergaban al menos 4.000 apartamentos, quedaron destruidos. En Ba’albek y en el valle de Bekaa, una zona clave para la producción agrícola en Líbano, decenas de personas murieron, unas 400 viviendas fueron destruidas y se causaron daños importantes a huertos, fincas agrícolas, fábricas e infraestructuras.
Según cifras oficiales israelíes, en el curso de la guerra la fuerza aérea israelí atacó aproximadamente 7.000 objetivos de distintas partes de Líbano y la marina de guerra llevó a cabo 2.500 bombardeos en zonas cercanas a la costa.(8) Pero las autoridades israelíes no han proporcionado la cifra total de ataques contra Líbano, incluido el sostenido bombardeo de artillería contra pueblos del sur del país. De acuerdo con la evaluación realizada sobre el terreno por el Centro de las Naciones Unidas para la Coordinación de Actividades Relativas a las Minas (UNMACC, por sus siglas en inglés), en los ataques aéreos y terrestres lanzados por las fuerzas israelíes durante las primeras semanas de la guerra se utilizaron diariamente hasta 3.000 bombas, cohetes y cargas de artillería y, hacia finales de la guerra, este número alcanzó a 6.000.(9) Las fuerzas israelíes también usaron bombas de racimo y municiones de fósforo blanco en zonas civiles. Ahora el sur de Líbano está sembrado de hasta un millón de bombas pequeñas sin explotar, esparcidas por las bombas de racimo, que siguen matando e hiriendo a civiles. La presencia de estas bombas, además, dificulta el retorno de la población desplazada y los esfuerzos de reconstrucción y ayuda humanitaria.(10)
En Líbano, el bombardeo generalizado causó el desplazamiento de aproximadamente un millón de personas, casi la cuarta parte de la población del país. Unas 500.000 fueron a parar a Beirut. Se calcula que unos 200.000 libaneses siguen desplazados internamente.(11)
Los combatientes de Hezbolá dispararon aproximadamente 4.000 cohetes contra el norte de Israel; entre estas municiones había cohetes provistos de rodamientos destinados a causar el máximo daño posible a las personas, y cohetes que, según informes, contenían bombas de racimo. Estos ataques se cobraron la vida de 43 civiles, empujaron a unos 300.000 residentes del norte de Israel a desplazarse internamente y causaron daños generalizados a edificios.(12)
En cuanto a las bajas de combatientes, las autoridades israelíes sitúan en 117 el número de soldados israelíes muertos. Israel sostiene que tiene conocimiento de los nombres de 500 combatientes de Hezbolá muertos, pero no los ha hecho públicos. Hezbolá afirma que 74 de sus combatientes perdieron la vida. Asimismo, hubo un reducido número de muertes entre los combatientes pertenecientes a otros grupos que también se enfrentaron a Israel.(13) Cuatro miembros de las fuerzas de seguridad interna libanesas y unos 40 soldados libaneses perecieron como resultado de los ataques israelíes, pese a que las fuerzas armadas y de seguridad libanesas no participaron en las hostilidades.
No obstante, fue la población civil quien, de forma abrumadora, cargó con la peor parte de la guerra, no sólo en lo relativo a quienes murieron o sufrieron discapacidades que los afectarán toda la vida sino también a quienes se han visto sometidos a desplazamiento forzado, destrucción de viviendas, trauma psicológico y los efectos a largo plazo del conflicto sobre la economía y el medio ambiente.
Ambas partes pusieron fin a las hostilidades la mañana del 14 de agosto tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU, el 11 de agosto, de la Resolución 1701, que establecía los términos de la cesación de hostilidades y ampliaba las atribuciones de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). El 17 de agosto, el ejército libanés se desplegó en el sur de Líbano. El 7 y 8 de septiembre, Israel levantó el bloqueo aéreo y marítimo impuesto al comienzo de la guerra. El 1 de octubre, el ejército israelí anunció que se había retirado completamente de Líbano, aunque a principios de noviembre todavía mantenía un contingente en la sección libanesa del pueblo fronterizo de Al Ghajar.
Las fuerzas de Hezbolá siguen reteniendo a dos soldados israelíes capturados el 12 de julio.(14) Aunque los informes indican que los soldados siguen con vida, no se ha permitido que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los visite. Por su parte, las fuerzas israelíes capturaron a no menos de 20 personas con ciudadanía libanesa y siguen reteniendo al menos a tres de ellas. En Israel, de acuerdo con los informes, estas tres personas han sido acusadas formalmente de delitos entre los que se incluye pertenecer a Hezbolá.(15) El CICR las ha visitado. Además, las fuerzas israelíes llevaron a Israel los cuerpos de al menos 13 combatientes de Hezbolá y, según fuentes militares israelíes citadas en los medios de comunicación de Israel, los cuerpos "podrían ser usados en negociaciones sobre la devolución de [los] dos soldados secuestrados".(16)
Durante el conflicto y con posterioridad a él, ambas partes han tratado de justificar el recurso a la violencia y la modalidad de su conducción de las hostilidades. El 12 de julio, Hezbolá lanzó la "Operación Promesa Cumplida" que, según declaró, tenía por objeto conseguir la liberación de prisioneros libaneses y otros prisioneros árabes recluidos en Israel canjeándolos por soldados israelíes capturados, como había "prometido" su secretario general, Hasan Nasrallah. Después de la guerra, Hasan Nasrallah declaró que, si hubiera sabido que la respuesta de Israel iba a alcanzar tal magnitud, no habría dado la orden de llevar a cabo la operación del 12 de julio.(17)
No obstante, Hezbolá sigue considerando que defiende a Líbano, así como a los árabes y musulmanes en general, contra una agresión de Israel y sus aliados –concretamente Estados Unidos de América– que viene de antiguo. En especial, Hezbolá sostiene que su conflicto con Israel no llegó a su fin en 2000 cuando Israel se retiró de Líbano, ya que considera que la retirada israelí no fue completa. Hezbolá y el gobierno libanés afirman que la zona fronteriza conocida como las Granjas de Sheba’a pertenece a Líbano, pese a que la ONU considera que se trata de territorio sirio ocupado por Israel. También protestan por los frecuentes vuelos de la fuerza aérea israelí sobre territorio libanés, y siguen pidiendo a Israel que revele todos los detalles de la posición de los campos minados durante la anterior ocupación del sur de Líbano.
El primer ministro israelí Ehud Olmert declaró que el ataque llevado a cabo por Hezbolá el 12 de julio era un "acto de guerra" y, al emprender la "Operación Cambio de Dirección", prometió a Líbano una "respuesta muy dolorosa y de gran alcance".(18) Israel sostiene que el ataque de los combatientes de Hezbolá no había sido provocado, ya que Israel se había retirado de Líbano en 2000 y la demarcación de fronteras entre los dos países había sido reconocida por la ONU. Las autoridades israelíes también consideran que Hezbolá forma parte de un frente anti-israelí más amplio que incluye a la organización palestina Hamás, así como a Siria e Irán, y ven con especial preocupación la estrecha alianza entre Hezbolá e Irán, cuyo presidente ha formulado reiteradas amenazas contra el Estado de Israel. Para Israel, la campaña militar contra Líbano fue un acto realizado en defensa propia.
El gobierno libanés ha declarado que no recibió ningún aviso previo del ataque de Hezbolá, que el ataque no contó con su aprobación y que desde el principio trató de que se declarara el alto el fuego. El líder de Hezbolá dijo que él había dado la orden de ejecutar la operación del 12 de julio y que el gobierno libanés no había participado en la adopción de esa decisión.
La relación entre el Estado libanés y Hezbolá es compleja. En el ámbito político, en la época del conflicto Hezbolá estaba representado como partido tanto en el Parlamento como en el gobierno del primer ministro Fouad Siniora. En la esfera social, Hezbolá proporciona importantes servicios de salud y educación y otros servicios a la población libanesa, en especial a la población musulmana chií, sector tradicionalmente marginado. Hezbolá, cuyo brazo armado encabezó el combate contra las tropas israelíes en Líbano hasta la retirada de éstas en el año 2000, mantiene su capacidad militar pese a que, en su Resolución 1559, de septiembre de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU pide "que se disuelvan y desarmen" todas las milicias presentes en Líbano.
Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto de las amplias cuestiones de carácter ideológico y político que subyacen a las hostilidades entre Hezbolá e Israel, ni sobre el estatus de Hezbolá en Líbano. La organización no ha condenado a Hezbolá por llevar a cabo un ataque militar contra Israel el 12 de julio ni a Israel por lanzar una campaña militar contra Hezbolá en Líbano. No obstante, desde el principio de la guerra Amnistía Internacional exhortó a ambas partes a respetar las normas del derecho internacional humanitario. Estas disposiciones se aplican tanto a la parte agresora como a la que se defiende, y tanto a los grupos armados, como Hezbolá, como a los Estados.
Desde el final del conflicto, tanto en Israel como en Líbano se viene manteniendo un debate público sobre la conducción de la guerra. En Israel se han iniciado investigaciones oficiales sobre diversos aspectos de los preparativos israelíes para la guerra y sobre la respuesta a los ataques de Hezbolá, pero ninguna de estas investigaciones tiene el mandato de examinar la manera en que la conducción de las hostilidades cumplió con las obligaciones de Israel en virtud de las leyes de la guerra. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que ni el gobierno libanés ni Hezbolá estén llevando a cabo investigaciones oficiales.
El conflicto destrozó un sinnúmero de vidas y causó, tanto en Líbano como en Israel, una devastación que llevará años superar. Muchos de estos daños podrían haberse evitado si ambas partes hubieran observado las leyes de la guerra. Amnistía Internacional ha examinado la conducta de las dos partes a la luz de las obligaciones que les impone el derecho internacional con el objeto de lograr que se garantice la rendición de cuentas por parte de los perpetradores, la justicia para las víctimas y la prevención de abusos similares en el futuro.
Es inevitable que la guerra cause tragedias personales, pero cualquier vida segada o dañada como resultado de una violación de las reglas de la guerra exige que se pida cuentas de sus actos a los responsables y que se ofrezca reparación a las víctimas.
Capítulo 2: Normas de derecho internacional aplicables al conflicto
El marco jurídico que se analiza infra establece las normas y principios clave que atañen al conflicto entre Hezbolá e Israel. En algunos casos, Amnistía Internacional ha identificado violaciones flagrantes de estas normas y principios cometidas por una u otra de las partes en conflicto. Como se señala en las recomendaciones formuladas al final del presente informe, a fin de evaluar en mayor profundidad la conducta de las partes y el alcance de las violaciones cometidas será preciso que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de ámbito internacional.
A este conflicto se aplican varios ordenamientos jurídicos internacionales. El derecho internacional humanitario, también conocido como las leyes de la guerra, es vinculante para todas las partes de un conflicto, incluidos los grupos armados. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica tanto en tiempo de paz como de guerra y es vinculante para los Estados. En el derecho internacional penal, las personas incurren en responsabilidad penal por ciertas violaciones como los crímenes de guerra. Además, el derecho de la responsabilidad del Estado proporciona un marco para abordar la cuestión de la reparación debida a las víctimas de violaciones.
Derecho internacional humanitario
El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas y principios que tienen por objeto proteger a las personas que no participan en las hostilidades, en particular la población civil, pero también ciertos combatientes, incluidos los que han sido heridos o capturados. Este cuerpo de normas establece criterios mínimos de conducta humanitaria y limita los medios y métodos que pueden utilizarse en la conducción de las operaciones militares. Su finalidad principal es reducir, en la medida de lo posible, el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado.
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977 son los principales instrumentos del derecho internacional humanitario. Israel es Estado Parte en los Convenios de Ginebra de 1949 pero no en el Protocolo I relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Líbano es Estado Parte en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo I.
Por su parte, Hezbolá ha aceptado acatar algunas de las normas básicas del derecho internacional humanitario, por ejemplo cuando suscribió el acuerdo de abril de 1996 mediante el que se puso fin a anteriores hostilidades con Israel. El acuerdo tenía por objeto proteger la vida de la población civil mientras continuaba el combate en el sur de Líbano.(19) Tras el reciente conflicto, Hezbolá ha reiterado su compromiso de observar los términos de este acuerdo.
Las disposiciones fundamentales del Protocolo I, incluidas las normas que se citan infra, se consideran parte del derecho internacional consuetudinario y, en consecuencia, son vinculantes para todas las partes de un conflicto.(20) Las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I constituyen crímenes de guerra. Las definiciones aceptadas de estos crímenes de derecho internacional consuetudinario están formuladas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Prohibición de los ataques directos contra personas civiles y bienes de carácter civil: el principio de distinción
El art. 48 del Protocolo I establece la "norma fundamental" relativa a la protección de la población civil: el principio de distinción, que constituye uno de los pilares del derecho internacional humanitario:
El art. 52.1 del Protocolo I dispone:
La interpretación del concepto de "ventaja militar" no deberá ser tan amplia que haga que esta norma resulte ineficaz. Cuando se invoca esta disposición para justificar ataques destinados a perjudicar el bienestar económico de un Estado o desmoralizar a su población civil con el fin de debilitar la capacidad de combatir, se tergiversa el significado jurídico del concepto de "ventaja militar", se menoscaban principios fundamentales del derecho internacional humanitario y se plantea una grave amenaza contra la población civil.
Prohibición de los ataques indiscriminados o desproporcionados
El art. 51.4 del Protocolo I prohíbe los ataques indiscriminados, que son aquellos que:
Además, las pérdidas y los daños incidentales nunca deberán ser elevados.(25) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente, constituye un crimen de guerra.(26)
Precauciones en el ataque
El art. 57.1 exige que todas las partes actúen con un cuidado constante "de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil". El art. 57.2 establece que quienes se dispongan a atacar deberán:
ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil;
iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan.
Las partes en conflicto también tienen la obligación de tomar todas las precauciones factibles para proteger a las personas civiles y a los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control contra los efectos de los ataques de su adversario. El Protocolo I exige que cada parte evite situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas (art. 58.b).
El Protocolo I también prohíbe expresamente recurrir a tácticas como el uso de "escudos humanos" para impedir un ataque contra objetivos militares. El art. 51.7 dispone:
Pero el Protocolo I también aclara que, aun cuando una de las partes esté protegiéndose detrás de civiles, tal violación no "dispensará a las Partes en conflicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las personas civiles".
Además, el art. 50.3 manifiesta que:
Los ataques dirigidos como represalia contra la población civil o personas civiles o bienes de carácter civil a los que se refieren los artículos 51.6 y 52.1 del Protocolo I están expresamente prohibidos en el derecho internacional humanitario y se considera generalmente que están prohibidos en el derecho internacional consuetudinario. El hecho de que exista la posibilidad de que una de las partes haya violado las leyes de la guerra no puede, en consecuencia, servir de base para que su adversario cometa actos ilegítimos, ya sea con el fin de obligar a la parte infractora a acatar la ley o como medio de represalia o castigo.
Según el art. 33 del IV Convenio de Ginebra:
El art. 55 del Protocolo I dispone que deberá velarse por la protección del medio ambiente natural "contra daños extensos, duraderos y graves". Se prohíben los métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar tales daños al medio ambiente natural o de los que quepa prever que los causen.
Conforme al art. 8.2.b.iv del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es un crimen de guerra:
Está prohibido atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (Protocolo I, art. 54.2). Las partes en conflicto deberán permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria suministrada de forma imparcial (Protocolo I, art. 70). Las partes deberán respetar y proteger al personal sanitario y sus vehículos (Protocolo I, arts. 15 y 21).
Armas
El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de armas de efectos indiscriminados y el uso de armas que sean de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. El Comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre los Protocolos Adicionales menciona, como ejemplo de las armas de efecto indiscriminado, los misiles de largo alcance que no puedan apuntarse directamente al objetivo.
Entre las demás armas utilizadas durante el conflicto para lanzar ataques indiscriminados figuraron las armas de racimo. Las bombas o proyectiles de racimo esparcen decenas de bombas pequeñas o submuniciones sobre una vasta superficie, que suele tener las dimensiones de uno o dos campos de fútbol. Pueden ser lanzadas desde aeronaves o disparadas con armas de artillería o lanzacohetes. Según el tipo de submunición que se utilice, del 5 al 20 por ciento de las bombas pequeñas de racimo no hacen explosión en el acto y quedan atrás como legado explosivo de la guerra, representando, para la población civil, una amenaza similar a las minas terrestres antipersonal. El uso de estas bombas en zonas densamente pobladas por civiles viola la prohibición de los ataques indiscriminados debido a la vasta superficie cubierta por las numerosas bombas esparcidas y al peligro que suponen para todas aquellas personas, incluidas las personas civiles, que entran en contacto con las bombas pequeñas sin detonar.
Según informes, en este conflicto las fuerzas israelíes también han usado armas de fósforo blanco en zonas donde había población civil. Esta sustancia se coloca en granadas y proyectiles utilizados para marcar objetivos, producir cortinas de humo que oculten los movimientos de las tropas, "trazar" la trayectoria de las balas, y como arma incendiaria.(29) El Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III adicional a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, adoptada por la ONU en 1980) prohíbe el uso de este tipo de armas contra civiles. Se trata de una norma del derecho internacional consuetudinario y es, por consiguiente, vinculante para Israel y Líbano aun cuando no sean estados Partes en el Protocolo III. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, es norma de derecho internacional consuetudinario que el uso de armas incendiarias contra los combatientes está prohibido a menos que no sea factible utilizar un arma menos perjudicial para poner a una persona fuera de combate. Esta norma no está recogida en el Protocolo III.
Derecho internacional de los derechos humanos
Como han afirmado la Corte Internacional de Justicia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos no cesa en tiempo de conflicto armado internacional, de forma análoga al derecho internacional humanitario.(30) Ambos ordenamientos jurídicos son esenciales para garantizar la protección de las personas durante los conflictos armados.
Líbano e Israel son Estados Partes en importantes tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como ha señalado inequívocamente el Comité de Derechos Humanos, las obligaciones contraídas por los Estados en la esfera de los derechos humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen efectos extraterritoriales.(31) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no prevé expresamente ninguna limitación relativa a la jurisdicción territorial.
Entre las obligaciones aplicables al conflicto que se incumplieron durante las hostilidades figuran el respeto del derecho a la vida (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6); del derecho a vivienda y alimentación adecuados (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11); del disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12), que incluye el derecho al agua; y del derecho a la educación (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 13).(32) Las acciones que tenían el propósito de destruir o dañar la infraestructura necesaria para el goce de estos derechos, incluidos hospitales y escuelas, o que era probable que tuvieran como consecuencia tal destrucción o daño, son violaciones de las cuales se puede pedir cuentas a las partes.
Con respecto al derecho a la vivienda, ciertas acciones llevadas a cabo durante el conflicto –a saber, la destrucción generalizada de decenas de miles de viviendas– pueden constituir un acto ilegítimo de desalojo forzoso, en contravención del art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define "desalojos forzosos" como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos".(33) El Comité incluye entre estos desalojos los causados por los "conflictos armados internacionales, las disensiones internas y la violencia comunitaria o étnica".(34)
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no prevé la derogación de los derechos y obligaciones que se derivan de él, ni siquiera en situaciones de emergencia, y sólo permite las limitaciones "determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática". Como ha señalado claramente el Comité, las limitaciones deberán ser proporcionadas y "deberán corresponder a la solución menos restrictiva de entre los tipos de limitaciones previstos".(35)
Derecho internacional penal
Las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario son crímenes de guerra. La lista de crímenes de guerra recogida en el art. 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional refleja el derecho internacional consuetudinario en vigor en la fecha de adopción del Estatuto.
El art. 86 del Protocolo I establece que "las Partes en conflicto deberán reprimir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas las demás infracciones de los Convenios [de Ginebra de 1949] o del presente Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar".
Los individuos, ya sean civiles o militares, y con independencia de su rango, podrán incurrir en responsabilidad penal por tales violaciones. Los jefes podrán ser considerados responsables de los actos de sus subordinados. Como señala el art. 86.2:
Hay varios mecanismos que pueden utilizarse para investigar y procesar a los perpetradores de violaciones del derecho internacional humanitario, en juicios que deberán ser imparciales y en los que no deberá caber la posibilidad de que se imponga la pena de muerte. Ellos son:
(a) Por las propias partes
Cada una de las partes en conflicto debe hacer comparecer ante la justicia a cualquiera de sus ciudadanos de quien se sospeche que ha cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario. Esta obligación recae sobre Israel y Líbano.
(b) Por otros Estados
Los demás Estados deben cumplir con su obligación de llevar a cabo investigaciones penales sobre cualquier presunta infracción grave del derecho internacional humanitario cometida durante el conflicto. Si dispone de suficientes pruebas admisibles y el sospechoso se halla dentro de su jurisdicción, el Estado deberá procesar al sospechoso o de lo contrario extraditarlo a otro Estado que esté dispuesto a procesarlo y que pueda hacerlo.
Además de estar obligados a ejercer la jurisdicción universal en casos de infracciones graves de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I, los Estados tienen derecho a ejercer la jurisdicción universal frente a otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Si tras una investigación dispone de suficientes pruebas admisibles y el sospechoso se halla dentro de su jurisdicción, el Estado deberá procesar al sospechoso o de lo contrario extraditarlo a otro Estado que esté dispuesto a someterlo a juicio y pueda hacerlo.
(c) Por la Corte Penal Internacional
Ni Israel ni Líbano han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No obstante, Israel y Líbano podrían reconocer la jurisdicción de la Corte sobre sus respectivos territorios mediante una declaración formulada con arreglo al art. 12.3 del Estatuto de Roma, o bien el Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir la situación a la Corte conforme al art. 13.b del Estatuto.
La reparación y la responsabilidad del Estado
El principio de que los Estados son responsables ante la comunidad internacional por "hechos internacionalmente ilícitos" ha sido incorporado en los Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, elaborados en 2001 por la Comisión de Derecho Internacional. Estos Artículos, que codifican el derecho de la responsabilidad del Estado, fueron señalados a la atención de los gobiernos por la Asamblea General de la ONU en 2002.(36) El Artículo 31 dispone lo siguiente:
El derecho que asiste a las víctimas, a título individual, a obtener reparación también es un principio establecido firmemente en el derecho internacional de los derechos humanos como elemento clave del derecho a disponer de recursos proclamado en tratados de derechos humanos de ámbito internacional y regional.(37) En el estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario(38) del Comité Internacional de la Cruz Roja se concluye, en la Regla 150: "Un Estado responsable de violaciones del derecho internacional humanitario tiene la obligación de proporcionar plena reparación por la pérdida o el daño causado". Además, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 2005 (Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005) consagran el deber de los Estados de proporcionar a las víctimas recursos efectivos, incluida la reparación. En este instrumento se codifican las distintas formas de reparación, enunciadas en los arts. 19 a 23, a saber: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Los grupos armados y la reparación
El derecho de la responsabilidad del Estado establece que a un grupo armado sólo se le podrá exigir que ofrezca reparaciones cuando se convierta posteriormente en el nuevo gobierno de un Estado o consiga fundar un nuevo Estado en una parte del territorio de un Estado preexistente o en un territorio bajo la administración de dicho Estado.
El derecho internacional de los derechos humanos se centra primordialmente en las obligaciones de los Estados y, en consecuencia, no genera obligaciones para los grupos armados, salvo la obligación que recae sobre el Estado de ejercer la diligencia debida a la hora de prevenir, castigar, investigar o remediar los daños causados por tales actores. En este contexto, incumbiría a Líbano tal obligación respecto de los actos de Hezbolá.
El Comité Internacional de la Cruz Roja observa que los propios grupos armados tienen el deber de respetar el derecho internacional humanitario. Mientras no se resuelva la cuestión de si los grupos armados están obligados a ofrecer plena reparación por violaciones del derecho internacional humanitario,(39) la práctica indica que se requiere que tales grupos ofrezcan un grado adecuado de reparación.(40)
Capítulo 3: La justificación israelí de la legitimidad de los ataques
Israel ha sostenido en reiteradas ocasiones que, todo a lo largo del conflicto, al lanzar sus ataques contra Líbano observó las normas del derecho internacional, respetando, entre otras cosas, el principio de distinción (distinguir entre objetivos civiles y militares) y el requisito de la proporcionalidad (asegurarse de que los ataques no causarán daños a civiles u objetos civiles que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista). Las autoridades israelíes dijeron a Amnistía Internacional que antes de atacar un objetivo se sometía el plan al examen de especialistas en derecho internacional humanitario, y que las muertes de civiles y la destrucción causadas en Líbano eran un daño colateral legítimo o el resultado de errores.
Pero las autoridades de Israel culpan en última instancia a Hezbolá, por haber iniciado el conflicto, y lo consideran responsable de las muertes de civiles causadas por los ataques de las fuerzas israelíes. Las autoridades aducen que los combatientes de Hezbolá utilizaron deliberadamente a civiles como "escudos humanos", práctica que dificultó enormemente el esfuerzo de las fuerzas israelíes por evitar matar y herir a civiles en Líbano. Por ejemplo, en el periodo que siguió al ataque que causó la muerte de al menos 28 civiles en una casa de Qana el 30 de julio (véase infra), el general de brigada Amir Eshel, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, ofreció el siguiente panorama general de las operaciones militares israelíes:
Las normas también establecen límites con respecto a las tácticas que pueden emplear de forma legítima los grupos guerrilleros. Los desafíos que enfrentan los grupos armados cuando combaten contra fuerzas estatales más poderosas y mejor equipadas y organizadas tampoco pueden justificar la comisión de violaciones graves del derecho internacional humanitario.
En una sesión informativa ofrecida a Amnistía Internacional en septiembre de 2006, las autoridades militares israelíes afirmaron que durante la campaña sus fuerzas habían cometido sólo dos errores de envergadura, a saber: un ataque contra un puesto de observación de la ONU situado en las cercanías de Al Khiam, que se cobró la vida de cuatro observadores de la ONU, y un ataque contra un edificio de Qana, que causó la muerte de 28 civiles. No obstante, las explicaciones ofrecidas por las autoridades israelíes en ambos casos, en respuesta, al parecer, a la preocupación y el interés expresados en el ámbito internacional, fueron insuficientes, dejando sin responder una serie de cuestiones clave.
Ataques contra un puesto de la ONU situado en las inmediaciones de Al Khiam y contra una casa de Qana
Un puesto de observación de la ONU próximo a Al Khiam fue destruido el 25 de julio por un ataque directo lanzado desde el aire por las fuerzas israelíes tras un día de nutrido fuego de artillería. La ONU declaró que su personal se había puesto en contacto en reiteradas ocasiones con las autoridades israelíes durante un periodo de varias horas, pidiendo que las fuerzas israelíes dejaran de lanzar proyectiles cerca del edificio de la ONU. La FPNUL comunicó que 21 proyectiles aéreos habían caído a 300 m o menos de la base y que 12 descargas de artillería habían caído a 100 m o menos y 4 de éstas habían caído directamente en la base.(42)
Al día siguiente, el Consejo de Seguridad de la ONU declaró que estaba "profundamente consternado y afligido" por el ataque y exhortó al gobierno de Israel a que llevara a cabo una investigación exhaustiva de este incidente. También el 26 de julio, las fuerzas israelíes indicaron que estaban realizando operaciones en la zona de Al Khiam, "desde la que Hezbolá ha estado lanzando ataques con misiles contra Israel". Las fuerzas israelíes expresaron su pesar por el incidente y declararon que estaban "emprendiendo una investigación exhaustiva en estrecha coordinación con la ONU".(43) Sin embargo, Israel se negó a realizar una investigación conjunta con la ONU y no explicó qué clase de investigación estaba llevando a cabo ni reveló sus resultados. Tras las indagaciones realizadas por la Junta de Investigación de la ONU, la Oficina del Secretario General de la ONU declaró lo siguiente:
"La Junta de Investigación observa que las autoridades israelíes han aceptado plena responsabilidad por el incidente y han presentado sus excusas a las Naciones Unidas por lo que llaman un error ‘a nivel operativo’. La Junta no tuvo acceso a los jefes de las FDI encargados de cuestiones operativas o tácticas que participaron en el incidente y, por consiguiente, no pudo determinar la razón por la cual los ataques contra la posición de la ONU no habían cesado pese a las reiteradas gestiones del personal de la ONU ante las autoridades israelíes, tanto sobre el terreno como en la Sede."(44)
El 30 de julio, un ataque israelí contra una casa de tres plantas de Qana causó la muerte de al menos 28 civiles, en su mayoría menores de edad, que se refugiaban en ella (para más detalles, véase el capítulo 4).
Al principio las autoridades militares israelíes manifestaron que estaban respondiendo al disparo de cohetes Katyusha desde esa zona del pueblo y que el derrumbe de la casa podría haber sido resultado de la explosión de armas almacenadas allí por Hezbolá más que de los ataques israelíes.(45)
Tres días más tarde, el 2 de agosto, al anunciar la conclusión de una investigación, las autoridades israelíes señalaron que la casa había sido "seleccionada como objetivo conforme a directrices militares sobre el uso de fuego contra estructuras sospechosas situadas en pueblos a cuyos residentes se les ha advertido de que deben evacuar la zona y que son adyacentes a lugares desde donde se disparan cohetes contra Israel". Añadieron que, según la información que obraba en su poder, el edificio "se estaba usando como escondite de terroristas" y no albergaba a civiles. El comunicado también anunciaba que el jefe del Estado Mayor de las FDI había "ordenado que las directrices sobre el uso de fuego contra objetivos sospechosos se evaluaran y actualizaran de inmediato".(46)
En ambos casos, las autoridades israelíes se abstuvieron de proporcionar información sobre los métodos y resultados completos de las investigaciones realizadas, como datos sobre la naturaleza de los errores que consideraban que se habían cometido o si habían establecido responsabilidades por dichos errores. Tampoco han indicado si se llevó a cabo la revisión de las directrices sobre el uso de fuego anunciada el 2 de agosto y, de ser así, cuáles han sido sus resultados.
Con respecto a otros incidentes, las autoridades israelíes han expresado con frecuencia su pesar por las muertes de civiles ocurridas como resultado de ataques de sus fuerzas y han hecho declaraciones de política general. No obstante, en prácticamente todos los demás casos se han abstenido de proporcionar información específica sobre cada incidente, como el objetivo previsto, la consideración del factor de proporcionalidad y cualquier medida de precaución adoptada. Todos éstos son elementos esenciales para evaluar la legitimidad de un ataque, especialmente cuando los indicios disponibles sobre el terreno –en la medida en que Amnistía Internacional lo ha podido determinar en relación con los casos reseñados en el presente informe– no apuntan a que en el momento del ataque Hezbolá estuviera desarrollando ninguna actividad militar en las zonas atacadas.
Resultan particularmente inquietantes los casos en los cuales las autoridades israelíes han negado haber tenido conocimiento de que había civiles presentes en los lugares seleccionados como objetivo de sus ataques, dado que las fuerzas israelíes utilizaron sistemas de vigilancia muy avanzados, en especial los aviones teledirigidos de los que hicieron uso extendido en el espacio aéreo libanés durante el conflicto.
El 19 de julio, en el pueblo de ‘Ainata, la casa de la familia Wehbe fue alcanzada por proyectiles en dos ocasiones, ataques que se cobraron la vida de Mousa Wehbe, de 85 años, y su vecino Hussein Samhat, también de avanzada edad. Poco después, otra casa fue objeto de un ataque que causó la muerte de Mousa Darwish, su hija Amal, de 17 años, sus dos sobrinas, Zainab, de 17 años, y Salwa, de 20, y la empleada doméstica de la familia, de nacionalidad etíope, Alawiya Muzammal Awali. Otra hija y un hijo de Mousa Darwish resultaron gravemente heridos: Hymiam, de 18 años, estuvo en coma 10 días y sufrió pérdida de memoria, y su hermano menor, Mahmoud, perdió el uso de las piernas.
La casa estaba emplazada fuera del núcleo central del pueblo, entre un grupo de viviendas de una sola planta separadas por huertos. El hermanastro de Mousa Darwish, Samih, que vive al lado de la casa destruida, dijo a Amnistía Internacional:
"Aquí no había nada, aquí no tenemos Resistencia. Sólo nosotros, los miembros de la familia, vivimos aquí, y el camino termina aquí, de modo que ni siquiera hay transeúntes. Así que sabemos lo que ocurre y aquí no estaba ocurriendo nada, no había motivo para bombardearnos."
Las explicaciones generales de la política aplicada y de la interpretación hecha del derecho internacional que las autoridades israelíes han publicado o han discutido con Amnistía Internacional también suscitan graves motivos de preocupación.
Por ejemplo, durante la sesión informativa ofrecida por las autoridades militares israelíes en septiembre de 2006 se comunicó a Amnistía Internacional que si los soldados israelíes veían que un hombre disparaba un cohete y después entraba en una casa, estaban facultados para atacar la casa sin hacer preguntas. Amnistía Internacional considera que tal respuesta sería desproporcionada. El simple hecho de que un combatiente entre en una casa no legitima automáticamente un ataque: atacar la casa con el objeto de matar a un combatiente sin tratar de establecer si en su interior hay civiles es un acto que viola la prohibición de los ataques desproporcionados.
También causan grave preocupación varias declaraciones públicas de autoridades políticas y militares en las que se indicaba que las fuerzas israelíes consideraban que los civiles que no abandonaran el sur de Líbano eran objetivos legítimos. El 27 de julio, el ministro de Justicia israelí Haim Ramon manifestó: "Todas las personas que se hallan ahora en el sur de Líbano son terroristas que mantienen algún tipo de vínculo con Hezbolá".(47) También dijo: "Una ciudad como Bint Jbeil, cuyos residentes habían recibido aviso de que debían evacuar el lugar y se marcharon, y en la que sólo permanecían los hombres armados de Hezbolá, debe ser batida desde el aire y con artillería antes de que entren las tropas de tierra".(48) Ese mismo día, Dan Halutz, jefe del Estado Mayor de las FDI, declaró en una rueda de prensa: "Bint Jbeil fue bombardeada desde el aire y con artillería en el grado que estimamos suficiente. No se trata de una cuestión humanitaria, puesto que en Bint Jbeil ya no quedaban ciudadanos y la localidad estaba plagada de terroristas, tanto dentro como en los alrededores".(49)
No obstante, no es cierto que en la ciudad de Bint Jbeil "ya no quedaran ciudadanos". El 31 de julio y el 1 de agosto, cuando la prensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja pudieron visitar Bint Jbeil aprovechando que los ataques aéreos israelíes habían sido suspendidos durante un periodo de dos días, los medios de comunicación mostraron el rescate tanto de cadáveres como de sobrevivientes de entre los escombros de sus casas. Tres periodistas dijeron a Amnistía Internacional que habían encontrado a una mujer angustiada que excavaba con sus propias manos y les pidió que la ayudaran a encontrar a su hermana entre los escombros. Los periodistas la ayudaron y, finalmente, encontraron dos mujeres de avanzada edad, una de ellas con discapacidad y postrada en su cama, y su anciano hermano, que seguían con vida. Los tres septuagenarios habían permanecido más de una semana atrapados bajo los escombros de su vivienda del centro de Bint Jbeil.
Causa similar preocupación el contenido de los volantes arrojados en repetidas ocasiones por las fuerzas israelíes sobre el sur de Líbano, en los que se advertía de próximos ataques y se ordenaba a la población que evacuara la zona. Suscita especial inquietud un volante arrojado el 7 de agosto, en el que se anunciaba que "[t]odo vehículo de cualquier tipo que se desplace por la zona situada al sur del río Litani será bombardeado por presumirse que transporta cohetes, equipo militar y terroristas". Esto constituye una violación flagrante del principio de distinción y de la presunción de estatuto de persona civil: un ataque llevado a cabo en ejecución de esta amenaza habría sido un ataque indiscriminado y también podría haber sido un ataque directo contra civiles.
Otros volantes, así como algunos rasgos comunes de los ataques, indican que las fuerzas israelíes estaban seleccionando como objetivo ciertos tipos de vehículos, como camiones, camionetas y motocicletas, por presumirse que estaban siendo utilizados por combatientes de Hezbolá. En un volante arrojado el 25 de julio se advertía de que las "camionetas" o los "camiones" podían ser bombardeados por este motivo. Amnistía Internacional ha documentado (véase el capítulo 4) dos ataques aéreos mortales contra la camioneta de una panadería y contra un hombre que viajaba en una motocicleta, ambos ocurridos el 6 de agosto cerca de un convoy humanitario de la ONU que se desplazaba por una zona situada al norte de Tiro.
En septiembre de 2006, al solicitar Amnistía Internacional que le proporcionaran información sobre este tipo de ataques, las autoridades israelíes dijeron que en la mayoría de los casos se había contado con información secreta que indicaba que los vehículos en cuestión estaban cumpliendo "una misión de Hezbolá". No obstante, también señalaron que consideraban que los camiones que todavía transitaban la red vial después de haberse dado aviso a la población y de que ésta hubiera, en su gran mayoría, abandonado la zona, eran un objetivo legítimo, especialmente en la carretera principal que une a Líbano con Siria. Amnistía Internacional considera que cualquier ataque que no tenga en cuenta todas las circunstancias específicas de cada caso viola la presunción de estatuto de persona civil y constituiría un ataque indiscriminado y, posiblemente, un ataque directo contra civiles.
En todo caso, la huida no garantizaba la seguridad. Las fuerzas israelíes atacaron a civiles que habían abandonado sus pueblos y viajaban hacia el norte en respuesta a las instrucciones que las autoridades militares israelíes les habían dado en volantes arrojados desde aviones o por otros medios. Israel no ha proporcionado una explicación adecuada de los incidentes concretos en los que se dio muerte a civiles en tales circunstancias.
Atacados cuando huían
"El ejército nos dijo que abandonáramos el pueblo, pero bombardeó y mató a los que se marcharon. ¿Por qué? ¡Un automóvil lleno de niños!"
Así describió su desesperación y su desconcierto un miembro de la familia ‘Abdallah que sobrevivió a un ataque israelí contra una caravana de familias que huían del pueblo de Marwahin. El ataque, lanzado el 15 de julio, se cobró la vida de 23 civiles, en su gran mayoría menores de edad. Los residentes de Marwahin sólo evacuaron su pueblo cuando les ordenaron hacerlo unos soldados israelíes a través de un altavoz. El sobreviviente dijo:
"Los soldados israelíes que se hallaban cerca de la valla de la frontera nos acusaron de ayudar a la Resistencia y dijeron que debíamos marcharnos, pero nosotros no tenemos nada que ver con la Resistencia. En el pueblo había un solo combatiente de Hezbolá y le dejamos claro que nos oponemos a que se lancen ataques desde el pueblo o se almacenen armas en el pueblo."
Al llegar a la zona situada entre Shama’a y Bayada, el convoy fue objeto de un ataque sostenido de misiles disparados, al parecer, por helicópteros y por un buque de guerra de la armada israelí. La enumeración de las muertes ocasionadas en este incidente es penosa:
Zahra Fares ‘Abdallah, de 45 años, madre de 10 hijos, su hijo Hedi, de 6 años, y su hija Mirna, de 12; Sana’ Muhammad ‘Abdallah, de 30 años, y cinco de sus hijos –‘Ali, de 15 años, Muhammad, de 13, Hussein, de 12, Hassan, de 10, y Lama, de 2–; Muhammad Mousa Ghannam, de 47 años, su esposa Suha, de 35 años, y sus seis hijos –Qasem, de 16 años, Mustapha, de 15, Hussein, de 11, Fatima, de 14, Zainab, de 10, y Do’a, de 7; Mariam Brahim ‘Abdallah, de 27 años; ‘Ali Kamil ‘Abdallah, de 55 años, su hijo Muhammad, de 17 años, y su anciana madre, Subha Hassan ‘Abdallah; y dos hermanas de avanzada edad, Latifa y Fawzia Abu Hadla.
Muchas otras personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas un anciano, Mousa Touhan Seif, que perdió ambas piernas.
Otro motivo de grave preocupación es la interpretación que hace Israel del concepto de "ventaja militar" al considerar la cuestión de la proporcionalidad. Israel sostiene que la ventaja militar "no atañe a ese ataque específico sino a la operación militar en su conjunto".(50) Las autoridades israelíes han indicado a Amnistía Internacional que el solo hecho de que algunos objetos, como las plantas de electricidad y combustible, pudieran ofrecer una ventaja militar, los convertiría, en su opinión, en un objetivo legítimo.
Esta interpretación es demasiado amplia. Una acción que ofrezca una ventaja militar legítima no puede ser aquella que ofrezca únicamente una ventaja potencial o indeterminada; de lo contrario, esta interpretación podría usarse de hecho para justificar cualquier ataque, ya que casi todos los objetos civiles, hasta el agua y los alimentos, son susceptibles de ser utilizados con fines militares. En lugar de ello, debe encontrarse siempre el justo equilibrio entre la ventaja militar prevista y los daños que se prevé que sufrirá la población civil, y las fuerzas militares deben abstenerse de lanzar un ataque cuando el segundo factor sea de mayor consecuencia que el primero.
El alcance y las características comunes de los ataques israelíes contra la infraestructura de Líbano, unidos a las declaraciones de las autoridades israelíes, reflejan esta interpretación excesivamente amplia del concepto de ventaja militar. Estos ataques parecen haber tenido el objeto de infligir una forma de castigo colectivo a la población libanesa a fin de inducir al gobierno libanés a volverse contra Hezbolá, así como de dañar la capacidad militar de Hezbolá.(51) En este contexto, las fuerzas israelíes parecen haber llevado a cabo ataques directos contra bienes de carácter civil, como la destrucción de fábricas y del pequeño puerto de Al Ouza’i y su flota pesquera (véase el capítulo 5).
La posible naturaleza punitiva de los ataques contra las infraestructuras se puso de manifiesto en las declaraciones oficiales de Israel. En fases tempranas del conflicto, tras capturar Hezbolá a los dos soldados israelíes, el jefe del Estado Mayor de las FDI amenazó: "Si no se devuelve a los soldados, retrasaremos el reloj del Líbano 20 años".(52) Según el periódico The Jerusalem Post, un oficial de alta graduación de las FDI amenazó con que Israel destruiría las centrales eléctricas libanesas si los combatientes de Hezbolá disparaban misiles de largo alcance contra instalaciones estratégicas del norte de Israel.(53) El 24 de julio, durante una sesión informativa ofrecida por un oficial de alta graduación de la fuerza aérea israelí, se comunicó a los periodistas que el jefe del Estado Mayor había ordenado a las fuerzas israelíes que destruyeran 10 edificios de Beirut por cada cohete Katyusha que hiciera explosión en Haifa.(54) Según el periódico The New York Times, el jefe del Estado Mayor dijo que los ataques aéreos tenían por objeto mantener la presión sobre las autoridades libanesas y transmitir al gobierno libanés el mensaje de que debía asumir responsabilidad por las acciones de Hezbolá.(55)
De todas maneras, parece que gran parte de la destrucción de las infraestructuras libanesas causada por Israel tuvo el efecto principal de obstaculizar el desplazamiento de los civiles que huían y de los convoyes humanitarios, más que impedir que Hezbolá transportara materiales y combatientes.
Jiyye: una catástrofe para el medio ambiente
El bombardeo israelí de la central de energía eléctrica de Jiyye, llevado a cabo los días 13 y 15 de julio, tuvo un efecto devastador sobre el medio ambiente, así como sobre la economía y los medios de vida de muchas personas.
De 10.000 a 15.000 toneladas de gasóleo se derramaron al mar. Otras 55.000 toneladas de gasóleo ardieron, produciendo un humo espeso y depositando pequeñas gotas de gasóleo sobre una vasta zona.
El derrame cubrió de gasóleo, en distintos grados, unos 120 km de la costa mediterránea, y contaminó vastas zonas del lecho marino, causando daños a los ecosistemas costeros y marinos, incluidos peces y aves.(56)
El director de la central eléctrica, ‘Abd al-Razaq al-Eitani, dijo a Amnistía Internacional que el primer tanque, que contenía 10.000 toneladas de combustible, fue blanco de un ataque aéreo el 13 de julio. Dos días después, un tanque que contenía 15.000 toneladas de combustible fue bombardeado, lo que provocó el incendio de un tanque que contenía 25.000 toneladas de combustible. El director dijo que, como consecuencia de los ataques, una persona había resultado levemente herida y varias personas, incluido él mismo, habían sufrido los efectos de la inhalación de humo.
El gobierno libanés estimó que la recuperación completa de la zona llevaría 10 años; la ONU calculó que el coste de la limpieza inicial alcanzaría a 64 millones de dólares estadounidenses.
Dado que la central eléctrica y sus tanques de combustible están emplazados inmediatamente junto al mar, era altamente probable que su bombardeo tuviera efectos devastadores inmediatos y a largo plazo sobre el medio ambiente marino. Tales riesgos superaban claramente cualquier ventaja militar prevista. Amnistía Internacional considera que los ataques lanzados contra la central de energía de Jiyye fueron desproporcionados. También violaron la prohibición de utilizar métodos o medios de conducción de las hostilidades de los que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente.
Entre los ataques israelíes que parecen haber sido extremadamente desproporcionados figuran los llevados a cabo en el barrio de Dhahiyeh, en el sur de Beirut, donde Hezbolá tiene su sede central.
El barrio de Dhahiyeh fue objeto de un bombardeo nutrido y extenso desde el mar y el aire, que se prolongó mucho después de que la mayoría de sus residentes lo hubieran abandonado. Los ataques causaron enormes daños: según informes, aproximadamente 250 edificios de varias plantas, que albergaban al menos 4.000 apartamentos, quedaron destruidos.(57) Se calcula que de 30.000 a 60.000 personas perdieron su hogar.(58) Si bien es cierto que los centros de mando militares que albergaba la sede de Hezbolá habrían sido un objetivo legítimo, la magnitud de los daños causados indica que los bombardeos israelíes tenían como blanco cualquier edificio en el que se desarrollara cualquier actividad vinculada con Hezbolá, incluidas las actividades que no eran de carácter militar. En este sentido, habrían constituido ataques directos contra objetos civiles, y también podrían haberse llevado a cabo como una forma de castigo colectivo a los residentes de Dhahiyeh.
A lo largo de la guerra, las fuerzas israelíes batieron el sur de Líbano desde el aire, la tierra y el mar, disparando miles de proyectiles prácticamente a diario. Este bombardeo causó la muerte de civiles y destruyó o volvió inutilizables millares de viviendas y otros edificios. Es posible que estas operaciones hayan formado parte de la táctica descrita por las FDI como "[disparar] contra las zonas de lanzamiento para impedir o estorbar lo más posible la eficiencia de sus operaciones [las de Hezbolá]".(59)
Pero el bombardeo de artillería en el sur de Líbano fue indiscriminado. "En la reciente guerra de Líbano disparamos como locos, sin aplicar ningún límite de seguridad", dijo, según informes, un oficial de artillería.(60) Un soldado israelí manifestó a Amnistía Internacional que las coordenadas de los objetivos que les habían proporcionado a principios de agosto eran acordes con la "inundación" –bombardeo nutrido– de varios pueblos libaneses, uno de los cuales, según creía, era Tayyabah (véase el capítulo 4).]
En la abrumadora mayoría de los edificios destruidos o dañados que inspeccionó, Amnistía Internacional no encontró nada que indicara que estuvieran siendo utilizados por combatientes de Hezbolá como escondites o para almacenar armas. En la mayoría de los casos, los rasgos comunes de los daños indicaban que las propiedades habían sido seleccionadas como blanco con el fin de volverlas inutilizables, más que para matar a combatientes individuales o destruir armas almacenadas en ellas. Normalmente, el tipo de daños infligidos a los edificios por esta cortina de fuego de artillería no habría impedido que Hezbolá rescatara sus armas, de haber estado éstas almacenadas allí. En los numerosos edificios examinados, la delegación de Amnistía Internacional no observó incendios que hubieran sido resultado del bombardeo de un depósito de municiones, ni siquiera en aquellos casos en que se habían producido fuegos como consecuencia del uso de proyectiles incendiarios u otros factores.
Durante los últimos tres días de hostilidades, después de acordarse el alto el fuego, los ataques aéreos y de artillería de Israel se intensificaron e incluyeron el uso generalizado de bombas de racimo en zonas residenciales. Aproximadamente cuatro millones de bombas pequeñas, la cuarta parte de las cuales no hizo explosión, fueron esparcidas en el sur de Líbano, cayendo en pueblos, casas, campos, caminos y huertos, como se describe en el capítulo 5.
Marwa y Sikne Me’ri, ambos de 12 años de edad, y Hassan Tehini, de 10, resultaron heridos cuando una bomba de racimo explotó cerca de su casa, en el pueblo de ‘Ait Al Sha’b, el 17 de agosto de 2006. Marwa dijo a Amnistía Internacional que estaba jugando con Sikne y Hassan entre los escombros de la casa de un familiar, que había sido destruida por las fuerzas israelíes, cuando notó un pequeño objeto:
"Agarré la bomba, pero no sabía que era una bomba. Hassan dijo que la tirara y, cuando la tiré, explotó."
Los tres niños resultaron heridos. Hassan sufrió heridas graves en el estómago. Marwa y Sikne sufrieron heridas de metralla por todo el cuerpo. El primer médico que examinó a Hassan dijo:
"Las heridas que sufrió el niño eran horribles, tenía las vísceras colgando y estábamos muy preocupados porque pensábamos que podíamos perderlo. Afortunadamente, sobrevivió."
La madre de Marwa dijo a Amnistía Internacional:
"Al día siguiente de estallar la guerra, agarré a los niños y huimos porque el ejército israelí estaba bombardeando el pueblo. Pasamos un mes fuera de casa y sólo regresamos el 15 de agosto, al día siguiente de terminar la guerra, pero encontramos que nuestra casa había sido destruida, y ahora nos alojamos en casa de unos familiares. Yo pensaba que al menos ahora, con la guerra terminada, íbamos a estar seguros, pero por todas partes hay bombas sin explotar. Ahora ni siquiera tenemos un hogar y este año la escuela comenzará más tarde porque las escuelas y todas las cosas del pueblo han sido destruidas, de modo que los niños salen fuera a jugar con más frecuencia y me aterrorizo cada vez que los pierdo de vista."
Las bombas de racimo representan una grave amenaza para la población civil. Las submuniciones que esparcen son pequeñas y tienen distintas formas: algunas tienen forma de pelota de tenis y otras se parecen a la pila de una linterna. Esto las hace atractivas para los niños y mucho más difíciles de detectar que otros artefactos sin explotar.
El enorme número de pequeñas bombas sin explotar siguen matando y mutilando a la gente de forma indiscriminada y es muy probable que continúen haciéndolo durante años. Israel defendió su utilización de bombas de racimo diciendo que, conforme al derecho internacional, dichas armas son legales, y que hizo "denodados esfuerzos" para evitar la muerte de civiles. No obstante, el uso de bombas de racimo está sujeto a las normas del derecho internacional humanitario de la misma manera que cualquier otra arma, y en este sentido su uso masivo en zonas pobladas constituyó claramente un ataque indiscriminado.
Amnistía Internacional también observó que las características de la destrucción causada por los ataques israelíes indicaban que las fuerzas israelíes habían atacado objetos que eran indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidos supermercados y otros centros de distribución de alimentos, estaciones de servicio y estaciones de bombeo de agua. Los efectos de esta tónica de destrucción se vieron agravados por el bloqueo aéreo y naval impuesto por Israel desde el inicio del conflicto hasta casi cuatro semanas después del alto el fuego. Israel sostuvo que el bloqueo era necesario para cortar el suministro de armas y otros materiales a Hezbolá y, tras el alto el fuego, retrasó el levantamiento del bloqueo aduciendo que antes debía desplegarse un contingente de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz a fin de impedir el rearme de Hezbolá desde el mar y el aire.
Aunque el derecho internacional humanitario no prohíbe la imposición de bloqueos, éstos no deben impedir que los alimentos y otros artículos esenciales lleguen a la población civil. Los bloqueos israelíes impidieron o dificultaron el suministro de ayuda humanitaria y artículos de primera necesidad a las personas que necesitaban de ellos, y es posible que hayan sido impuestos como forma de castigo colectivo, además de como medio de obstaculizar las operaciones militares de Hezbolá.
Es de crucial importancia que la información que apunta a la comisión de violaciones del derecho internacional humanitario –como los datos que se presentan en este informe– sea investigada adecuadamente. Será preciso que se lleve a cabo tal investigación a fin de que se haga comparecer ante la justicia a los responsables de las violaciones, incluidos crímenes de guerra, se proporcione plena reparación a las víctimas y se implementen nuevas políticas y otras medidas necesarias para impedir la repetición de dichas violaciones.
Capítulo 4: Civiles en la línea de fuego
Atrapados y aterrorizados
Algunas personas no pudieron huir debido a su avanzada edad o a su estado de salud. Algunas deseaban marcharse, pero pensaban que viajar era demasiado peligroso o carecían de los medios para hacerlo. Otras no querían abandonar su hogar.
La gente empezó a abandonar sus pueblos desde los primeros días de la guerra. Pero el ataque lanzado el 15 de julio por las fuerzas israelíes contra los vehículos que huían del pueblo de Marwahin (véase el capítulo 3), así como los ataques generalizados contra la red vial y otras infraestructuras, parecen haber disuadido a muchas personas de marcharse. El 30 de julio, Israel anunció que al día siguiente comenzaría una suspensión de los ataques aéreos que se prolongaría durante un periodo de 48 horas. Muchos habitantes de los pueblos del sur que todavía no se habían marchado aprovecharon esta oportunidad para huir. El 1 de agosto, al finalizar el periodo de 48 horas, muchos pueblos del sur de Líbano habían quedado prácticamente abandonados.
Durante la segunda semana del conflicto, las fuerzas israelíes arrojaron volantes sobre el sur de Líbano indicando a los residentes que debían marcharse. En general, los volantes no mencionaban pueblos concretos sino que ordenaban a la gente que evacuara la totalidad de la zona situada al sur del río Litani.
Pero a esta altura del conflicto a los residentes ya les resultaba sumamente difícil marcharse. Muchos caminos habían quedado intransitables y los ataques israelíes contra vehículos en marcha hacían cada vez más peligroso viajar por los caminos que todavía estaban abiertos.
Además, el combustible escaseaba debido al bloqueo y a los ataques de las fuerzas israelíes contra los depósitos de combustible y las estaciones de servicio. La mayor parte de las estaciones de servicio a las que no se les había agotado el combustible o que no habían sido destruidas estaban cerradas, pues sus propietarios temían que fueran blanco de ataques. En consecuencia, incluso las personas que disponían de vehículos para huir no podían hacerlo por falta de combustible.
Para quienes carecían de vehículos, el precio del transporte, incluso en los trayectos más cortos, aumentó de manera espectacular debido a la escasez de combustible y al peligro que suponía viajar, poniéndolo fuera del alcance de la mayoría. Incluso quienes podían costear el viaje no tenían, a menudo, medios para comunicarse con las ciudades a fin de organizar el transporte porque para entonces las redes telefónicas y eléctricas habían sido inutilizadas por los bombardeos israelíes y la gente no podía usar líneas de tierra ni cargar sus teléfonos móviles, ya que no había suministro de energía eléctrica.
Inicialmente, los volantes arrojados por las fuerzas israelíes ordenaban a todo el mundo que abandonara la totalidad de la zona situada al sur del río Litani, donde residían unas 500.000 personas. Los volantes arrojados posteriormente decían que todo vehículo de cualquier tipo que se hallara en la zona sería atacado. De tal forma se colocó a la población civil en una situación sin salida en la que arriesgaba la vida ya se marchara o se quedara. Ni siquiera era seguro viajar en convoyes coordinados con las fuerzas israelíes, como lo demostró el ataque contra las personas que huyeron de Marjayoun el 11 de agosto (véase infra).
A los residentes de los pueblos del sur del río Litani
Debido a las operaciones terroristas que se están ejecutando desde sus pueblos y viviendas contra el Estado de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel se ven obligadas a tomar represalias inmediatas por estos actos, incluso dentro de sus pueblos.
¡¡¡Por su seguridad!!!
Se requiere que evacuen sus pueblos de inmediato en dirección al norte del Litani (62)
Al pueblo de Líbano
¡¡Presten atención a estas instrucciones!!
Las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] intensificarán sus actividades y efectuarán fuertes bombardeos de toda la zona desde la cual se están lanzando cohetes contra el Estado de Israel.
¡Cualquiera que se halle en estas zonas está poniendo en peligro su vida!
Además, se presumirá que cualquier camión o camioneta que se desplace por la zona situada al sur del río Litani transporta cohetes y armas y podrá ser objeto de un bombardeo.
Sepan que cualquiera que viaje en un camión o en una camioneta está poniendo en peligro su vida.
El Estado de Israel(63)
A los civiles libaneses del sur del río Litani
Lean este anuncio con cuidado y sigan las instrucciones
Las FDI intensificarán sus operaciones, y atacarán con gran fuerza a los grupos terroristas que los están explotando como escudos humanos, y que disparan cohetes desde sus casas contra el Estado de Israel.
Todo vehículo de cualquier tipo que se desplace por la zona situada al sur del río Litani será bombardeado por presumirse que transporta cohetes, equipo militar y terroristas.
Toda persona que viaje en cualquier vehículo está poniendo en peligro su vida.
El Estado de Israel (64)
Estos volantes no llegaron a todos los pueblos, y en algunas zonas fueron arrojados después de haberse bombardeado el lugar.(65) En los pueblos visitados por Amnistía Internacional, muchas personas dijeron que no habían visto ningún volante. Las emisoras de radio y televisión libanesas mencionaron ampliamente los volantes, pero en muchos pueblos los residentes habían perdido rápidamente el acceso a los medios de comunicación y el contacto con el mundo exterior porque los ataques israelíes habían destruido las redes de electricidad, radiotelevisión y comunicación.
En otros casos, las personas que habían visto volantes que anunciaban que Israel bombardearía las zonas desde las que se estaban lanzando cohetes o que habían oído hablar de tales volantes llegaron a la conclusión de que era más seguro permanecer en su casa si sabían que no se estaban lanzando cohetes desde sus cercanías. También pensaban que si se desplazaban era posible que, sin advertirlo, entraran en zonas desde las que se estaban disparando cohetes o en las que se estaban produciendo enfrentamientos terrestres entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hezbolá.
En algunos pueblos o ciudades, como ‘Ainata, ‘Aitaroun y Bint Jbeil, en cuyas inmediaciones las fuerzas israelíes habían estado presentes desde principios del conflicto, los residentes se habían visto atrapados rápidamente por los encarnizados combates que se libraban en los alrededores de sus pueblos. En otros pueblos, la gente sabía que las tropas israelíes habían penetrado en el sur del territorio libanés para combatir contra Hezbolá sobre el terreno, pero no sabía con precisión dónde se hallaban estas fuerzas, por lo cual temía desplazarse.
Muertos en sus hogares
En los casos que se reseñan en este capítulo, Amnistía Internacional no encontró indicios de actividades militares de Hezbolá en los lugares atacados o en sus inmediaciones. Amnistía Internacional pidió a las autoridades israelíes que le proporcionaran información sobre la mayoría de estos casos, y en especial sobre los motivos de estos ataques, en los cuales murieron civiles, y sobre su justificación en virtud de las leyes de la guerra. Las autoridades israelíes comunicaron a Amnistía Internacional que los objetivos militares se evaluaban y aprobaban con la asistencia de asesoramiento jurídico, pero no proporcionaron más detalles. Hasta la fecha las autoridades no han suministrado la información adicional solicitada por Amnistía Internacional que podría indicar si estos ataques se llevaron a cabo de conformidad con el derecho internacional humanitario. Fundándose en los indicios disponibles, y en ausencia de la información concreta solicitada a las autoridades, Amnistía Internacional considera que es probable que las muertes de civiles y las lesiones causadas a civiles hayan sido resultado de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas israelíes.
Zibqin: 13 de julio
Doce miembros de la familia Bze’a murieron y otros dos resultaron heridos de gravedad como consecuencia de un ataque aéreo israelí lanzado el 13 de julio contra la vivienda de Fatima Ahmad Bze’a, de 78 años, en el centro de Zibqin, cuando la familia estaba desayunando. Varios familiares que vivían en casas situadas en otras partes del pueblo estaban quedándose en la casa de la abuela para hacerle compañía o porque temían que sus casas fueran más peligrosas, ya que estaban situadas en los alrededores del pueblo, que habían sido blanco de ataques el día anterior.
Las víctimas mortales fueron: Fatima Ahmad Bze’a; su hermana Thania, de 60 años; su hija Amal, de 44 años, y las tres hijas de ésta, Khouloud, de 18 años, Farah, de 14, y ‘Aziza, de 12; su nuera Mariam al-Husseini Bze’a, de 45 años, y los tres hijos de ésta, los mellizos de 17 años Malik y Mohammed, y Hussein, de 12 años; su nuera Sou’ad Nassour Bze’a, de 40 años; y su nieto Na’im Wa’el Bze’a, de 18 años.
Los dos hijos de Fatima, ‘Ali y Darwish Bze’a, dijeron a Amnistía Internacional:
Zahra Bandar, vecina de la familia Bze’a, dijo a Amnistía Internacional:
También pasaron por allí algunos vehículos blindados de la FPNUL y tratamos de detenerlos para pedirles que nos evacuaran, pero no podían. Algunos fuimos a refugiarnos en otra casa; cada vez nos cambiábamos a un lugar que parecía más seguro, pero entonces caían las bombas cerca de donde estábamos. Vimos otra patrulla de la FPNUL, esta vez con un vehículo del ejército libanés, pero tampoco podían evacuarnos. Seguimos moviéndonos de casa en casa. Una vez, cuando salimos de una casa y cruzamos la calle para meternos en una casa vacía, de una señora que había muerto, un proyectil cayó en la calle justo después de cruzarla nosotros, exactamente en el mismo lugar por donde habíamos cruzado dos minutos antes. Sentimos que nos habían elegido como blanco.
También el 13 de julio, los ataques aéreos lanzados por Israel antes de la madrugada causaron la muerte de al menos 25 civiles, muchos de ellos menores de edad, en otros tres pueblos: Baflay, Al Dweir y Srifa.
Nueve miembros de la familia Zein murieron en su casa de Baflay: Mounir Zein, agricultor, su esposa Najla, sus cinco hijos y el esposo y el suegro de su hija.
Doce miembros de la familia Akash murieron en su casa de Al Dweir, a unos 15 km al norte de Tiro: ‘Adil Akash, clérigo, su esposa Rabab y sus 10 hijos, cuyas edades oscilaban entre los dos meses y los 18 años. Una empleada doméstica de la familia, ciudadana de Sri Lanka, también resultó muerta. Según informes, ‘Adil Akash estaba vinculado con el ala política de Hezbolá, pero no hay indicios de que ni él ni ninguno de los ocupantes de la casa estuviera implicado en actividades militares.
Un ataque aéreo lanzado aproximadamente a las cuatro de la mañana contra una casa de dos plantas de Srifa se cobró la vida de cuatro miembros de la familia Mer’i: ‘Aqil Mer’i, su esposa Ahlam, su hijo de nueve años Hedi y su hija de seis años Fatima. A Hedi y Fatima se los oyó llorar hasta las ocho de la mañana. Todos eran ciudadanos brasileños que habían viajado a Líbano de vacaciones para visitar a sus familiares. Se alojaban con sus primos, que estaban durmiendo en otra parte de la casa y resultaron ilesos. El primo de las víctimas dijo a Amnistía Internacional:
Durante los días siguientes continuaron aumentando los ataques aéreos israelíes y creció el número de muertos entre la población civil.
‘Aitaroun y Tiro: 16 y 17 de julio
Más de 30 civiles –también, en esta ocasión, muchos de ellos menores de edad– murieron y varios resultaron heridos durante tres ataques aéreos lanzados los días 16 y 17 de julio contra el pueblo de ‘Aitaroun y la ciudad de Tiro, la ciudad más populosa del sur de Líbano.
El 16 de julio, 12 miembros de la familia al-Akhras murieron como consecuencia de un ataque aéreo israelí contra la casa de dos plantas donde vivía la familia en el centro de ‘Aitaroun. Entre las víctimas mortales hubo varios menores de edad y personas de edad avanzada. Los muertos fueron: Ali Ahmad al-Akhras; su esposa Amira Raslan y sus cuatro hijos pequeños –Saja, de 7 años, Zeinab, de 5, Ahmad, de 3, y Salam, de 1–, los seis ciudadanos canadienses; sus tías Fadda y Haniya, ambas sexagenarias; su abuelo Hassan Mahmoud, de 82 años; sus tíos, Muhammad Mahmoud, de 86 años, y Ali Hassan, de 65; y la hermana de Amira Raslan, Manal Raslan, de 16 años. El padre de Ali al-Akhras, Ahmad Hassan, de 65 años, también ciudadano canadiense, y su hermana Fatima Hassan, resultaron heridos.
Fatima y Sikne al-Akhras, hijas de Muhammad Mahmoud al-Akhras, se hallaban en otra parte de la casa y salieron ilesas. Fatima dijo a Amnistía Internacional:
Cuando la bomba cayó en la casa, Sikne y yo estábamos en el patio y todos los demás estaban en la cocina, salvo Amira y dos de sus hijos, Saja y Salam, que estaban fuera, cerca del pozo. Sus cuerpos quedaron 35 días dentro del pozo porque para rescatarlos se precisaba un buldócer y era imposible traer un buldócer; era peligroso, cualquier vehículo de ese tipo sería bombardeado. Finalmente pudimos sacar los cuerpos cuando volvimos, después del alto el fuego.
Tras la matanza de nuestra familia, permanecimos dos días en el pueblo, aterrorizados; después huimos a Rmeish [un pueblo cercano] y nos quedamos allí 12 días; había decenas de miles de refugiados de muchos pueblos y no había casi alimentos y el pueblo estaba lleno a rebosar. Al fin pudimos marcharnos en una caravana de cientos de vehículos y nos fuimos a Sidón.
Otros 12 miembros de la familia se hallaban en una casa contigua y sobrevivieron al ataque. Uno de ellos dijo a Amnistía Internacional:
