Document - Middle East and North Africa: Challenging Repression: Human Rights Defenders in the Middle East and North Africa



DESAFÍO A LA Represión

Defensores y defensoras de los derechos humanos
en Oriente Medio
y el Norte de África














Desafío a la Represión



Defensores y defensoras de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África



Nota: La región de Oriente Medio y el Norte de África a la que se refiere este texto comprende los siguientes países: Arabia Saudí, Argelia, Autoridad Palestina, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Iran, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos y el Sáhara Occidental, Omán, Qatar, Siria, Túnez y Yemen





Desafío a la Represión

Defensores y defensoras de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África



Enero de 2009

Índice AI: MDE 01/001/2009


Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido


www.amnesty.org



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Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones

de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar

con los abusos graves contra los derechos humanos.


Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos

los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.


Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico

y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones

de nuestra membresía y con donativos.








ÍNDICE

GLOSARIO



Liga Árabe

Liga de los Estados Árabes

Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos

UE

Unión Europea

PIDCP

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDESC

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

organización no gubernamental









1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los gobiernos de la región de Oriente Medio y el Norte de África tienen una actitud hostil hacia los defensores y defensoras de los derechos humanos. Las legislaciones nacionales y las acciones emprendidas por los agentes del Estado buscan acallar sus voces, penalizar sus actividades e intimidarlos hasta el punto de hacerlos desistir de sus actividades. En lugar de valorar positivamente su papel esencial en la promoción y defensa de los derechos humanos universales –civiles, políticos, económicos, sociales y culturales–, las autoridades han calificado a estos valientes de “subversivos”, “traidores”, “agitadores” y “colaboradores con entidades extranjeras”. Esta actitud tiene consecuencias nefastas para los defensores y defensoras de los derechos humanos y obstruye la realización de los derechos humanos de los habitantes de la región.

Las actividades de los defensores de los derechos humanos y su misma existencia tienen como premisa el disfrute de derechos tales como los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Sin embargo, en los países de Oriente Medio y el Norte de África, estos derechos se limitan o simplemente se niegan, lo que significa que en toda la región los activistas son víctimas de violaciones de los mismos derechos que intentan defender.

Las autoridades han efectuado registros en las sedes de algunas organizaciones de derechos humanos establecidas en la región para promover la libertad de asociación y otros derechos fundamentales y en algunos casos han llegado a clausurarlas, y sus miembros han sido amenazados y perseguidos judicialmente. Mientras tanto, activistas y periodistas que intentan hacer públicos los abusos contra los derechos humanos se exponen a una serie de medidas represivas tendentes a impedir que ejerzan su derecho a la libertad de expresión. Profesionales de la abogacía que intentan defender los derechos de sus clientes a no sufrir torturas o detención arbitraria, a tener acceso a asistencia letrada y a ser juzgados en procesos con todas las garantías, a menudo son víctimas de abusos similares. Personas que se manifiestan pacíficamente en demanda de la mejora de los derechos de las mujeres, de los trabajadores y de las comunidades minoritarias corren el riesgo de sufrir detención, prisión, palizas e incluso de ser asesinadas por las fuerzas de seguridad, simplemente por ejercer su derecho a la libertad de reunión.

Pese a esta represión continuada, los defensores de los derechos humanos siguen activos en toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, incluso en países en los que tienen lugar conflictos graves o donde se ejerce una severa represión. A pesar de todas las vicisitudes y obstáculos que encuentran en su camino, siguen causando un impacto significativo y contribuyen a hacer realidad el cambio que tanto se necesita. En efecto, su compromiso con los derechos humanos universales y sus experiencias en la búsqueda de estos derechos –algunas de las cuales se describen en este informe– son inspiradores y demuestran con claridad la necesidad de actuar con urgencia para proteger sus derechos.

Por ejemplo, la joven kurda Hana Abdi, defensora de los derechos de las mujeres en Irán, se encuentra en prisión simplemente a causa de su trabajo de derechos humanos. Kamal al-Labwani, activista en pro de la democracia, deberá permanecer en una prisión siria hasta 2023 por expresar públicamente sus opiniones. Fathi el-Jahmi, crítico con el gobierno, se encuentra encarcelado en un hospital psiquiátrico de Libia a pesar de que un informe médico contradijo el fallo judicial que lo declaraba mentalmente incapacitado. A Louisa Saker se le impuso una cuantiosa multa por participar en una marcha en demanda de verdad y justicia para las familias de miles de personas de las que no se volvió a tener noticias después de que fuesen detenidas en Argelia en la década de 1990. El doctor Matrouk al-Faleh, catedrático y activista de derechos humanos, se encuentra de nuevo en prisión en Arabia Saudí por escribir sobre la persecución de otros defensores de los derechos humanos. Taiba al-Mawali, una activista de derechos humanos de Omán, pasó seis meses en prisión por haber enviado mensajes por teléfono e Internet sobre un juicio injusto. A Saleh Kamrani, activista por los derechos de la minoría azerí y abogado en Irán, lo secuestraron en su oficina, lo encarcelaron y se le prohibió ejercer la abogacía; también fue detenido en repetidas ocasiones. Musaad Suliman Hassan, novelista y defensor de los derechos de la población beduina en Egipto, permanece en prisión pese a que varias órdenes judiciales han requerido su liberación.

Amnistía Internacional publica este informe para llamar la atención sobre el valiente modo en que estos defensores de los derechos humanos y otros muchos desafían la represión en Oriente Medio y el Norte de África, y para expresarles su apoyo y alentar su labor de protección y promoción de los derechos humanos. Utilizando como ejemplo numerosos casos particulares, el informe expone cómo los derechos básicos de quienes defienden los derechos humanos, garantizados en los tratados internacionales de derechos humanos y la mayoría de las Constituciones y legislaciones nacionales, se limitan o deniegan en virtud de otro tipo de disposiciones legales, como la legislación de excepción y la antiterrorista.

Tras revisar la amplia variedad de violaciones de derechos humanos que se infligen a los defensores de los derechos humanos, el informe se centra en algunos colectivos de activistas que se encuentran entre los más perseguidos: profesionales de los medios de comunicación y de la abogacía, defensoras de los derechos de las mujeres, sindicalistas y personas que promueven los derechos de las minorías culturales y religiosas. El informe también se ocupa de las gravísimas circunstancias que rodean a los defensores de los derechos humanos en un entorno de conflicto armado, examinando la situación en Irak y en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, para concluir con una serie de recomendaciones a los gobiernos y a los actores nacionales, regionales e internacionales destinadas a proteger a las personas que defienden los derechos humanos y a promover su labor.



El doctor Matrouk al-Faleh, el doctor Abdullah al-Hamid y el escritor Ali al-Damayni se encontraban entre los 11 profesores de universidad e intelectuales detenidos en Arabia Saudí el 15 de marzo de 2004 después de que dirigieran una petición al gobierno firmada por más de 100 intelectuales. En ella pedían reformas políticas, criticaban a la Sociedad Nacional de Derechos Humanos creada por el gobierno y manifestaban su voluntad de crear su propio comité independiente de derechos humanos. Después de que estos tres hombres se negaran a firmar un documento comprometiéndose a no repetir sus críticas, en mayo de 2005 los condenaron en una sesión a puerta cerrada tras un juicio injusto a penas de entre seis y nueve años de prisión por cargos como “promover la disidencia y desobedecer al gobierno” y participar en actos que, entre otras cosas, “justificaban el terrorismo” y “fomentaban la violencia e incitaban a causar disturbios civiles”. En agosto de 2005, el jefe del Estado, rey Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud, les concedió el indulto.

El 19 de mayo de 2008, el doctor Matrouk al-Faleh fue detenido de nuevo, dos días después de la publicación de un artículo que escribió tras su visita a la prisión de Al Buraida, en el norte de Riad. En el artículo se refería a los hermanos Abdullah e Issa al-Hamid, que habían sido detenidos en julio de 2007 durante una manifestación de mujeres que pedían que sus familiares, detenidos políticos, fuesen acusados y juzgados en juicios justos o, de lo contrario, fuesen liberados. Los hermanos fueron condenados a seis y cuatro meses de prisión respectivamente por “incitación a la protesta” y se encontraban detenidos en la prisión de Al Buraida en el momento de la visita; en la actualidad ambos han cumplido sus condenas y se encuentran en libertad. En el momento de redactarse este informe, mediados de noviembre de 2008, el doctor Matrouk al-Faleh seguía detenido, no se le había permitido el acceso a un abogado o a asistencia letrada y sólo tenía un acceso muy limitado a su familia.



Defensores y defensoras de los derechos humanos

Desde sus orígenes, Amnistía Internacional ha trabajado con y por las personas que defienden los derechos humanos en todo el mundo. Apoyar los derechos de estos activistas es una de las formas principales de garantizar que la promesa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional se convierte en realidad.

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (en adelante, Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos o simplemente la Declaración) fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. Desde entonces, la expresión “defensor de los derechos humanos” se ha utilizado de manera creciente para describir a las personas que actúan de muchas formas distintas y en ámbitos muy diferentes para proteger y promover los derechos humanos.

Algunos defensores trabajan contra abusos específicos, como la tortura o los desalojos forzosos. Otros defienden los derechos de grupos o sectores de la población discriminados o desfavorecidos, como los pueblos indígenas, las minorías étnicas o religiosas, las mujeres del medio rural, los niños y niñas de la calle y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

A pesar de su diversidad, los defensores de los derechos humanos tienen varias características comunes. Defienden el principio fundamental de universalidad, a saber, que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, con independencia de su género, raza, etnia o cualquier otra condición. Además, se comprometen a respetar los derechos y libertades de los demás en sus propias acciones.



Kamal al-Labwani, activista en pro de la democracia en Siria, cumple en la actualidad una condena de 15 años de prisión impuesta tras una serie de procesos judiciales manifiestamente injustos. Lo detuvieron en noviembre de 2005 al regresar a Damasco después de pasar varios meses viajando por Europa y Estados Unidos en una gira relacionada con los derechos humanos. El 11 de mayo de 2007, cuando ya llevaba 18 meses en prisión, el Tribunal Penal de Damasco lo condenó a 12 años de cárcel por “conspirar o comunicarse con un país extranjero con el propósito de incitar a una agresión contra Siria”, acusación que él niega categóricamente. En abril de 2008 lo condenaron a una nueva pena de tres años de prisión por “difundir noticias falsas o exageradas que pueden afectar a la moral del país”.

La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y otros documentos afines definen al defensor o defensora de los derechos humanos como “la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos”.1 Los defensores de los derechos humanos, por tanto, se distinguen por sus acciones para promover y proteger los derechos humanos, más que por su identidad o condición. Defensores de los derechos humanos pueden ser, pues, aquellas personas que recaban y difunden información sobre violaciones de derechos humanos, como periodistas, investigadores y autores de blogs. También, personas que trabajan para lograr la rendición de cuentas democrática y para poner fin a la corrupción y al abuso de poder, que apoyan a las víctimas de abusos contra los derechos humanos o exigen justicia para ellas, o que se dedican principalmente a educar a otras personas en los derechos humanos y en la forma de acceder a ellos en la práctica.

Con independencia de la labor que realicen, los defensores de los derechos humanos se ven afectados por su entorno. La Declaración enumera algunos derechos especialmente pertinentes en relación con su trabajo. Entre ellos se encuentran los derechos a la libertad de asociación, reunión y expresión; el derecho a recabar, obtener, recibir y poseer información relacionada con los derechos humanos; el derecho a denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con los derechos humanos; y el derecho a acceder sin restricciones y a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. Estos derechos se consagran en instrumentos internacionales legalmente vinculantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

La Declaración también asigna a los Estados la responsabilidad primordial y el deber de:

proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.2

En 2000 se nombró una representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (en adelante, la representante especial), que “informará sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en todas las partes del mundo y sobre los medios posibles de aumentar su protección en plena conformidad con la Declaración”.3 En 2008, se decidió continuar el mandato sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y se nombró una relatora especial.4 La relatora especial vigila la situación de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, emite peticiones urgentes a las autoridades estatales para impedir o poner fin a una violación, lleva a cabo visitas de país, participa en talleres promocionales y otras actividades e informa periódicamente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU.

La única visita de país que la relatora especial ha realizado hasta la fecha a la región de Oriente Medio y Norte de África fue en octubre de 2005, cuando visitó Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Las reiteradas peticiones de la relatora especial para visitar Egipto y Túnez no han recibido respuesta de los gobiernos de ambos países. El gobierno de Irak invitó a la relatora especial a visitar el país, pero las condiciones de seguridad han imposibilitado la realización de la visita hasta este momento. Las autoridades iraníes han emitido una invitación permanente a todos los procedimientos especiales de la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, pero hasta ahora no se ha fijado ninguna fecha para la visita de la relatora especial.

Algunas organizaciones regionales multilaterales en otras partes del mundo han reconocido la importancia de los defensores de los derechos humanos, principalmente mediante la adopción de resoluciones o directrices. Por ejemplo, en junio de 2004 la Unión Europea adoptó sus directrices sobre los defensores de los derechos humanos, que aportaban “sugerencias prácticas para mejorar la acción de la UE” en relación con ese asunto.5 Sin embargo, en Oriente Medio y el Norte de África, los defensores de los derechos humanos han recibido escaso o nulo reconocimiento, lo cual refleja la arraigada oposición de la mayoría de los Estados de la región a la Declaración.

Los Estados miembros de la Liga Árabe se encontraban entre los Estados que obstruyeron el proceso de redacción de la Declaración, que duró 13 años y, tras su adopción formal, suponían casi la mitad6 de los 26 Estados que apoyaron una “declaración interpretativa”. Presentada por Egipto en nombre de los 26 países, este documento pretendía socavar la Declaración, destacando que “los derechos y obligaciones” estipulados en ella debían ejercerse “de plena conformidad con el derecho interno”.7 Los 26 Estados afirmaron no sentirse vinculados por la Declaración y declararon que “toda interpretación encaminada a crear derechos y obligaciones no previstos en el derecho interno no concuerda con [su] interpretación”.8 También hicieron hincapié en que “[la] defensa de nuevos principios e ideas en materia de derechos humanos deberá ajustarse al derecho interno";9 que las personas o grupos sólo podrán presentar denuncias ante mecanismos internacionales después de haber agotado todos los recursos del derecho interno; y que los defensores sólo podrán solicitar, recibir y utilizar recursos “de conformidad con el derecho interno”.10

Un año después de la adopción de la Declaración, 55 Estados pidieron al secretario general de la ONU que estudiase formas adecuadas para la promoción e implementación efectivas de la Declaración, como el nombramiento de un relator o representante especial. Ninguno de estos Estados pertenecía a la región de Oriente Medio y el Norte de África.

Refiriéndose específicamente a la región de Oriente Medio y el Norte de África, en 2007 la anterior representante especial expresó su inquietud ante:

la aparente tendencia más restrictiva de la legislación y el aumento de la violencia de la vigilancia policial en las manifestaciones, y que se utilicen consideraciones de seguridad como pretexto explícito para adoptar nuevas leyes o medidas más estrictas contra los defensores en muchos países del mundo. Los más perjudicados por estas nuevas leyes o normas son, al parecer, los activistas a favor de la democracia y los que organizan actividades pacíficas públicas o participan en ellas afirmando su derecho a la independencia o la libre determinación.11

La represión y el silenciamiento de los defensores de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África deben analizarse en este contexto, el de una arraigada hostilidad hacia los activistas por parte de la mayoría de los Estados.



Saleh Kamrani, abogado y defensor de los derechos de la minoría azerí en Irán, fue víctima de desaparición forzada después de que lo secuestraran en su despacho en junio de 2006. Reapareció en la prisión de Evin, en Teherán, donde permaneció recluido más de tres meses en régimen de aislamiento. Acusado de “propaganda contra el Estado” en relación con sus actividades políticas y de derechos humanos en defensa de la comunidad azerí, y acusado de contactar con Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, lo condenaron a un año de prisión y lo privaron del derecho a ejercer la abogacía. En agosto de 2007 lo detuvieron de nuevo y permaneció recluido cuatro meses en la prisión de Evin por razones que no se han aclarado pero que también pueden tener relación con su trabajo de derechos humanos.



De manera poco sorprendente, a tenor de la oposición a la Declaración expresada por una mayoría de los Estados miembros de la Liga Árabe, la versión revisada de la Carta Árabe de Derechos Humanos no hace ninguna referencia a los defensores de los derechos humanos ni a la importancia de su trabajo e intenta limitar los derechos a la libertad de opinión, expresión e información al exigir que se ejerzan “de conformidad con los valores fundamentales de la sociedad”.12 Por el contrario, en junio de 2004, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución sobre defensores de los derechos humanos y nombró un relator especial.13

Recientemente, la Liga Árabe ha dado un paso en la dirección correcta al empezar a conceder el estatuto de observadoras a organizaciones de la sociedad civil, aunque dichas organizaciones deben estar registradas legalmente y operar de acuerdo con la legislación nacional. Sin embargo, organizaciones independientes de derechos humanos, a muchas de las cuales sus gobiernos les impiden registrarse legalmente, no han podido obtener el estatuto de observadoras y contribuir directamente al trabajo de la Liga Árabe.



2. CONTEXTO POLÍTICO

Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África operan en una región en la que, en general, los gobiernos y otras autoridades estatales no respetan las obligaciones contraídas por sus Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos ni toleran la disidencia. En la mayoría de los países, un poder legislativo débil y un sistema judicial carente de independencia no logran equilibrar con eficacia ni limitar a un poder ejecutivo excesivamente fuerte. Los derechos y libertades que establece el derecho internacional y que a menudo las legislaciones nacionales reconocen y en apariencia protegen, en la práctica no se respetan y las autoridades no asumen sus responsabilidades para adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra índole necesarias a fin de garantizar a las personas dentro de su jurisdicción el máximo disfrute posible de sus derechos. Tampoco garantizan la investigación y el castigo de las violaciones de derechos humanos ni un recurso efectivo para las víctimas. En algunos países, las violaciones de derechos humanos están tan extendidas y son tan sistémicas que el disfrute de prácticamente todos los derechos está restringido. En esas condiciones, el trabajo continuado de los defensores de los derechos humanos es de vital importancia.

A pesar de este ambiente y de la represión, el movimiento de derechos humanos en la región ha crecido y poco a poco ha encontrado su voz. La persistencia de los activistas en su lucha contra las violaciones de derechos humanos en muchos casos ha provocado cambios, si bien limitados, y ha allanado el camino para crear una región en la que al fin puedan cumplirse las promesas que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En algunos países los avances han sido notables. En Kuwait, por ejemplo, la sensibilización en materia de derechos humanos ha aumentado a raíz de los abusos cometidos durante el conflicto de 1990-1991 que siguió a la invasión del país por Irak. Grupos como la Sociedad Kuwaití de Derechos Humanos han trabajado para garantizar una mayor adhesión al Estado de derecho y una observancia más escrupulosa de las normas de derechos humanos, y las ONG, aunque siguen estando obligadas a registrarse legalmente, ahora pueden cumplir ese requisito con mayor facilidad.14

Tales esfuerzos han alentado al gobierno a comprometerse a incluir la educación en derechos humanos en el plan de estudios de las escuelas y han movido a otras personas a emprender acciones. Por ejemplo, los familiares de ciudadanos kuwaitíes detenidos por las autoridades estadounidenses en la Base de Guantánamo, en Cuba, han llevado a cabo actividades de campaña en favor de la liberación de sus familiares y han participado en eventos de derechos humanos en la región.15 Además, los activistas de derechos humanos kuwaitíes han prestado una atención creciente a los abusos que afectan a la nutrida comunidad extranjera formada por trabajadores migrantes, que causaron profundo malestar, sobre todo entre los trabajadores originarios de Bangladesh, en julio y agosto de 2008. En julio, trabajadores de los medios de comunicación crearon el primer sindicato independiente de periodistas en el Golfo.

Mientras tanto, la creciente confianza del movimiento en favor de los derechos de las mujeres a finales de la década de 1990 tuvo como consecuencia el surgimiento de ONG dedicadas a promover la igualdad de la mujer. Las mujeres presentaron reiterados recursos judiciales y organizaron numerosas manifestaciones antes de obtener el derecho al voto. La labor de defensoras y defensores contribuyó a que las mujeres kuwaitíes obtuvieran el derecho al voto y a participar en las elecciones como candidatas por primera vez en 2005. En la actualidad las mujeres pueden votar y tienen voz al elegir a sus gobernantes, e incluso algunas han sido designadas para ocupar cargos importantes. Aún queda mucho por hacer, dado que la legislación kuwaití sigue incluyendo disposiciones que discriminan a las mujeres –por ejemplo, en los ámbitos de la propiedad, los derechos de nacionalidad y la herencia–, pero se han producido avances importantes. Estos éxitos no pueden dejar de reconocerse.

El movimiento de las mujeres en Irán, incluida la Campaña por la Igualdad, ha trabajado sin descanso para que se deroguen aspectos de la legislación que discriminan a las mujeres. En mayo de 2008, el Parlamento iraní (Majles) aprobó un proyecto de ley que equiparaba la cantidad en concepto de indemnización que las compañías aseguradoras deben pagar a hombres y mujeres heridos en accidentes de tráfico. También a mediados de 2008, las mujeres ejercieron presión para que dos polémicos artículos relacionados con el matrimonio fuesen eliminados de un proyecto de Ley de Protección a la Familia que se estaba debatiendo en el Parlamento, y lo consiguieron. Uno de los artículos eliminaba el requisito que obligaba a los hombres a obtener la aprobación de su primera esposa antes de tomar una segunda, y el otro gravaba con un impuesto la mehrieh, contribución que hace el novio al matrimonio en señal de buena voluntad aunque, en la práctica, la mayoría de las mujeres no llegan a recibir pago alguno. Las defensoras de los derechos humanos en Irán siguen haciendo frente a grandes retos y sufren la presión constante de las autoridades estatales, pero pese a ello continúan, imperturbables, esforzándose por que sus voces se oigan.

En general, las defensoras de los derechos humanos en la región del Golfo han logrado romper el silencio en relación con la discriminación y la violencia basadas en el género, antaño temas tabú en sus sociedades. Su activismo ha hecho que estos problemas sean más visibles y los ha situado con firmeza en la agenda de varios Estados. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2004.

En Irak, las mujeres defensoras de los derechos humanos también han logrado éxitos importantes haciendo frente a desigualdades casi insuperables en un país asolado por el conflicto. Recientemente, el Parlamento aprobó una ley que debe ser ratificada por el presidente para establecer una comisión de derechos humanos independiente. Los defensores de los derechos humanos en Irak venían pidiendo que una comisión independiente sustituyese al Ministerio de Derechos Humanos con el fin de permitir la participación activa de representantes de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos para todas las personas. Asimismo, el Gobierno Regional de Kurdistán modificó la ley sobre el estatuto personal para incluir artículos más progresistas. El cabildeo activo y las actividades de campaña de las defensoras de los derechos de las mujeres en Irak han contribuido a esos avances.

En Bahréin se han creado varias ONG de derechos humanos. La contribución de algunas organizaciones, en especial el prohibido Centro de Derechos Humanos de Bahréin y la Sociedad por los Derechos Humanos de Bahréin, así como varios grupos que defienden los derechos de las mujeres, ha sido clave para la promoción y protección de los derechos humanos en el país, mediante sus actividades de campaña a favor de los derechos de las mujeres y de los trabajadores migrantes y contra la trata de personas. También han vigilado, documentado y realizado actividades de campaña contra violaciones de derechos humanos, como la detención arbitraria, la tortura y los juicios injustos. Algunas de estas organizaciones son miembros de la Coalición por la Corte Penal Internacional.

El Centro de Derechos Humanos de Bahréin participó en varias actividades de campaña a favor de la liberación de las personas que llevaban años detenidas sin cargos ni juicio en la base de la Bahía de Guantánamo, entre ellas varios ciudadanos de Bahréin. Los defensores de los derechos humanos bahreiníes han logrado que su gobierno ratifique varios tratados internacionales de derechos humanos y han proporcionado informes sombra, alternativos y extraoficiales a distintos organismos de la ONU cuando éstos se disponían a examinar el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esas actividades, junto con la labor de cabildeo y la presión ejercida por las organizaciones internacionales de derechos humanos y otros organismos, han impelido al gobierno bahreiní a adoptar varias medidas positivas. Entre ellas se encuentra su adhesión al PIDCP en 2006 y al PIDESC en 2007, así como su compromiso de implementar las numerosas recomendaciones formuladas tras el estudio del historial de derechos humanos de Bahréin por parte del Consejo del Derechos Humanos de la ONU en el marco de su Examen Periódico Universal en 2008.

En Qatar, el Comité de Derechos Humanos, aunque establecido por el gobierno, continúa planteando casos de violaciones de derechos humanos ante las autoridades y ha organizado cursos de formación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en colaboración con el departamento de derechos humanos del Ministerio del Interior. La organización qatarí Alkarama, con base en Ginebra, también ha desempeñado un papel fundamental al denunciar y documentar casos de violaciones de derechos humanos en la región del Golfo, y sigue informando a los mecanismos de derechos humanos de la ONU sobre casos pertinentes.

Las autoridades de Arabia Saudí han patrocinado el establecimiento de dos organismos de derechos humanos oficiales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Sociedad Nacional de Derechos Humanos, que han aumentado la visibilidad de los derechos humanos. En agosto de 2008, la primera de estas agencias instó al gobierno a poner fin a los matrimonies precoces y en septiembre anunció que abriría en la capital, Riad, una sección dedicada especialmente a investigar abusos contra mujeres, niñas y niños. Previamente, al parecer este organismo tuvo un papel decisivo en la preparación del informe del gobierno al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en enero de 2008, facilitando un debate más amplio sobre las muchas y muy graves formas de discriminación que sufren las mujeres en Arabia Saudí. Posteriormente, el gobierno autorizó la visita al país de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, realizada en febrero de 2008.

Por su parte, la Sociedad de Derechos Humanos de Arabia Saudí ha informado sobre cientos de casos de violencia doméstica que se han puesto en su conocimiento, ha organizado debates sobre la violencia contra la mujer y en su primer informe sobre derechos humanos publicado en 2007 declaró haber realizado visitas a prisiones saudíes. Aún no se ha publicado su segundo informe de derechos humanos.

En 2002 se creó una tercera organización, Human Rights First Society. Aunque todavía no ha concluido su proceso de registro legal, difunde información relacionada con los derechos humanos, contribuyendo así a una mayor concienciación de la población saudí en relación con esta materia.

En el Norte de África, defensores y defensoras de los derechos humanos siguen activos y han obtenido éxitos importantes. Por ejemplo, en Egipto han trabajado sin descanso para acabar con la tortura y ofrecen asistencia letrada gratuita a las víctimas de tortura. Esto ha contribuido a cuestionar la cultura de la impunidad. Algunos agentes de policía han comparecido ante la justicia y han sido condenados a prisión. Entre las organizaciones se encuentran la Asociación de Derechos Humanos y Asistencia Letrada (AHRLA), la Organización Egipcia de Derechos Humanos, el Centro Jurídico Hisham Mubarak y el Centro Nadim de Atención y Rehabilitación de Víctimas de Violencia, que también ofrece rehabilitación médica y psicológica gratuita para las víctimas de tortura.

Autores de blogs egipcios han tenido un papel decisivo en la denuncia de la tortura y otros malos tratos infligidos en comisarías de policía. Así, han difundido varios fragmentos de vídeo de torturas y malos tratos grabados en teléfonos móviles. Un ejemplo estremecedor es el de las imágenes que mostraban cómo Emad al-Kabir era violado con un palo cuando se encontraba en una sala de interrogatorios. Los dos agentes de policía responsables fueron detenidos después de que las imágenes fuesen colgadas en Internet. Gracias al esfuerzo concertado de abogados, periodistas y autores de blogs, en noviembre de 2007 el tribunal condenó a los dos agentes a tres años de cárcel.

En Egipto, varias organizaciones han sido perseguidas por sacar a la luz violaciones de derechos humanos. Sin embargo, han logrado resistir los intentos de las autoridades de obstruir su trabajo o simplemente de clausurarlas. Recientemente, en octubre de 2008, AHRLA ganó un caso ante un tribunal administrativo, que decidió autorizar la reanudación de las actividades de la asociación después de que fuese disuelta en septiembre de 2007 (véase infra). De igual modo, en marzo de 2008, el Centro de Servicios de los Trabajadores y los Sindicatos consiguió que un tribunal lo autorizase a inscribirse en el registro de asociaciones como una ONG y a reanudar su labor de apoyo a los trabajadores y de asesoramiento sobre sus derechos. El Centro había recurrido ante el tribunal administrativo una decisión gubernamental de abril de 2007 en la que se ordenaba el cierre del Centro y se prohibía su inscripción en el registro de asociaciones por motivos espurios relacionados con la seguridad.

Incluso en áreas de conflicto, los defensores y defensoras de los derechos humanos han desempeñado un papel fundamental. Por ejemplo, organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas han trabajado juntas presentando varias demandas ante el Tribunal Supremo Israelí. El proceso es largo, difícil y frustrante. Las causas judiciales pueden prolongarse durante años y con demasiada frecuencia se puede predecir que el resultado será negativo. Sin embargo, ha habido algunos éxitos. En 1999, el Tribunal Supremo Israelí, a consecuencia del gran número de casos presentados por defensores de los derechos humanos israelíes y palestinos, dictó una sentencia histórica que ilegalizaba efectivamente el uso de la tortura por las fuerzas israelíes.

Recientemente, los defensores de los derechos humanos han presentando decenas de peticiones ante el Tribunal Supremo Israelí para que ponga fin a los trabajos de construcción de la valla/muro de 700 km que el ejército israelí está levantando mayoritariamente en suelo palestino de Cisjordania confiscado ilegalmente. Aunque en la mayoría de los casos el Tribunal Supremo ha respaldado las acciones ilegales del ejército, en algunos ha ordenado el cambio del trazado del muro. El primero de estos éxitos parciales llegó en julio de 2004, y desde entonces ha habido algunos más.

Los defensores de los derechos humanos israelíes e internacionales también han desempeñado un papel esencial protegiendo de los ataques de colonos israelíes a los campesinos palestinos que residen en áreas rurales aisladas de la Cisjordania ocupada. La presencia de estos defensores ha impedido que los colonos israelíes atacasen a los campesinos palestinos y sus propiedades y ha permitido a éstos acceder a sus tierras. En casos de ataques particularmente crueles e incesantes por parte de los colonos israelíes, la presencia de estos defensores de los derechos humanos ha permitido que los campesinos palestinos permaneciesen en sus aldeas. Además, el proyecto de una ONG que distribuyó decenas de cámaras entre los campesinos palestinos de los Territorios Ocupados ha permitido a las comunidades rurales aisladas defenderse de los abusos. El material de vídeo grabado por los campesinos en el que aparecen colonos y soldados israelíes cometiendo abusos graves contra la población palestina ha contribuido a poner de manifiesto los abusos y a reducir en cierta medida la impunidad generalizada de la que disfrutan los colonos y soldados israelíes.

Los defensores de los derechos humanos israelíes y palestinos también han iniciado actuaciones judiciales en países europeos contra altos mandos del ejército israelí por abusos graves contra los derechos humanos cometidos por soldados israelíes en los Territorios Ocupados. En algunos casos se han dictado órdenes de detención. Aunque todavía no ha habido detenciones ni enjuiciamientos, se ha enviado a las autoridades militares el mensaje inequívoco de que la era de la impunidad puede estar tocando a su fin. Varios altos mandos del ejército han cancelado viajes a Europa debido a las órdenes de detención dictadas contra ellos.

Estos y otros hechos positivos no pueden, sin embargo, ocultar la persistente falta de libertades fundamentales en la región de Oriente Medio y el Norte de África en su conjunto, así como la represión generalizada contra las personas que son consideradas críticas con el gobierno. En gran medida, los avances registrados en el terreno de la tolerancia de las críticas expresadas por la sociedad civil han sido simbólicos y no han ido acompañados de cambios estructurales.

En Marruecos, por ejemplo, la comunidad de derechos humanos goza de una libertad relativa y se ha creado la primera comisión de la verdad del mundo árabe (Comisión de Equidad y Reconciliación), con el objeto de investigar más de cuatro décadas de abusos –desapariciones forzadas, detención arbitraria y otras violaciones graves de derechos humanos– entre 1956 y 1999. Sin embargo, en Sáhara Occidental, que Marruecos se anexionó en 1975,16 defensores y defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo la represión. La sensibilidad política que rodea la cuestión de Sáhara Occidental, que las autoridades marroquíes consideran parte integral de Marruecos, hace que el debate sobre el estatus de esta región sea considerado tabú. No son sólo los saharauis partidarios de la autodeterminación y la independencia los que corren riesgo de ser detenidos o encarcelados, sino también los defensores de los derechos humanos que abogan por sus derechos y vigilan e informan sobre las violaciones que están expuestos a sufrir a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes.

En Argelia, el hostigamiento y la presión constantes por parte de las autoridades han debilitado a la comunidad de derechos humanos. A los periodistas que critican las políticas o acciones del gobierno se los procesa por difamación y otros delitos. En 2006, el gobierno introdujo unas medidas de amnistía aparentemente destinadas a poner fin al conflicto interno que devastó el país en la década de 1990 y en el que murieron o desaparecieron decenas de miles de personas. Además de extender la inmunidad a muchos autores de abusos graves, las medidas de amnistía ordenaban el encarcelamiento de las personas –ya fueran víctimas o sus familiares, defensores de los derechos humanos, periodistas u otras– que resultaran culpables de documentar, denunciar o protestar por la conducta de las fuerzas de seguridad durante el conflicto interno.

En Túnez, las autoridades estatales han multiplicado las formas de hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos. Entre ellas, cabe mencionar la vigilancia intensiva de sus despachos y sus domicilios, así como la intervención y el bloqueo de líneas telefónicas, acceso a internet y comunicaciones electrónicas.

La comunidad de derechos humanos en Egipto es activa y vibrante, aunque se sigue obstaculizando su labor mediante la restrictiva Ley de Asociaciones de 2002 y por otros medios. Los activistas llevan a cabo su trabajo sabiendo que las autoridades pueden clausurar su organizaciones sin que medie ninguna decisión judicial o encarcelarlos si reciben fondos del extranjero sin autorización del gobierno.

Con excesiva frecuencia, cuando las reformas políticas significativas parecían inminentes, las esperanzas se han visto frustradas rápidamente. Por ejemplo, en Siria, lo que se dio en llamar la “Primavera de Damasco” de 2001 fue un breve periodo en el que las restricciones impuestas desde hacía tiempo sobre la libertad de expresión y asociación se relajaron tras el acceso al poder del presidente Bashar al-Assad. El debate sobre la necesidad de reforma floreció brevemente, sólo para desaparecer tras una nueva campaña represiva que llevó a la detención de decenas de activistas en pro de la democracia y defensores de los derechos humanos. La mayoría quedaron en libertad, pero ocho personas fueron condenadas a penas de hasta 10 años de prisión. En 2006 hubo nuevas detenciones, esta vez de personas signatarias de la “Declaración Beirut-Damasco”, una petición firmada por unos 300 ciudadanos sirios y libaneses en pro de la normalización de las relaciones entre los dos países. Una vez más se liberó a la mayoría de los detenidos, aunque tres personalidades destacadas, Anwar al-Bunni, Michel Kilo y Mahmoud ‘Issa, recibieron condenas de hasta cinco años de cárcel y otras dos personas fueron condenadas in absentia a 10 años de prisión. Varios funcionarios del Estado que habían firmado la petición fueron despedidos sin recibir explicaciones de los ministerios correspondientes. Desde entonces, las autoridades sirias han seguido reprimiendo a las personas críticas con el gobierno. (véase el recuadro).



Nuevas medidas represivas en Siria

Casi 50 miembros de la Declaración de Damasco por el Cambio Nacional Democrático, organización que agrupa a diversas entidades en pro de la democracia, fueron detenidos en relación con una reunión que se celebró el 1 de diciembre de 2007 para elegir a sus líderes. Si bien 34 personas fueron liberadas sin cargos, otras 12 comparecieron ante el Tribunal Penal de Damasco acusadas de los delitos de “difundir noticias falsas o exageradas que pueden afectar a la moral del país”, “debilitar el sentimiento nacional”, “formar una organización con el objeto de cambiar el estatuto económico o social del Estado” e “incitar a las disputas raciales o sectarias”. Tras un juicio injusto, el tribunal declaró culpables a los 12 acusados y el 29 de octubre de 2008 los condenó a sendas penas de dos años y medio de prisión. Otro hombre, Kamal al-Mwayel, fue detenido en febrero de 2008 y liberado siete meses después.

Uno de los 12 condenados, Ali al-Abdullah, había sido trasladado el 21 de junio de 2008 a una celda subterránea donde permaneció una semana recluido en régimen de aislamiento. Este fue su castigo por no ponerse de pie cuando un funcionario de prisiones pasó a su lado. Como castigo adicional, a continuación lo trasladaron a unas dependencias aisladas de la prisión, conocidas como la Sección 13, donde las condiciones de vida son muy precarias y los presos se ven obligados a dormir en el suelo. A este recluso se le sigue negando tratamiento médico adecuado para una lesión de oído que le produjeron funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado durante su interrogatorio.

En el grupo de 12 personas condenadas también se encuentran Fayez Sarah, escritor y periodista conocido por su defensa pacífica de la necesidad de reformas en Siria, y Riad Seif, ex miembro independiente de la Asamblea del Pueblo Sirio (Parlamento), que fue encarcelado en el pasado por sus actividades en pro de la democracia. Riad Seif padece un cáncer de próstata en fase avanzada y necesita recibir tratamiento especializado fuera de Siria, pero las autoridades le han denegado reiteradamente el permiso para abandonar el país y recibir dicho tratamiento.



En toda la región, el poder sigue concentrado en la rama ejecutiva del Estado, a menudo reforzada por unos servicios de información que no rinden cuentas ante el poder legislativo o la opinión pública, sino sólo ante el Jefe del Estado. La interferencia y manipulación del gobierno en otras instituciones del Estado, incluida la judicatura, es común. Así, en países como Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Irak, Libia, Omán y Siria, existen tribunales excepcionales –por ejemplo, tribunales militares y de seguridad– que se utilizan para juzgar a civiles, lo que constituye una violación flagrante de las normas internacionales sobre juicios justos. En algunos casos, esos tribunales han juzgado a defensores de los derechos humanos.

En varios países, las autoridades mantienen un férreo control sobre la libertad de expresión, prohibiendo y castigando el debate o la información sobre asuntos que se consideran en conflicto con la ideología oficial, antipatrióticos o cuestionan de otro modo a las autoridades. En Siria, no se permite la existencia legal de ningún partido político salvo el Frente Nacional Progresista, del que forma parte el gobernante Partido Socialista Baás. El gobierno mantiene un control estricto sobre todas las críticas y opiniones disidentes, utilizando los poderes que le confieren el estado de excepción y la ley marcial, vigentes en el país de forma continuada desde hace unos 45 años.

En Libia, cualquier manifestación que se considere crítica con los principios de la Revolución de al-Fateh del 1 de septiembre de 1969, que aupó al poder al coronel Muamar al Gadafi, puede ser castigada. Varias disposiciones del Código Penal restringen gravemente la libertad de expresión. El artículo 178, por ejemplo, prescribe la pena de cadena perpetua para un delito con una definición tan imprecisa como la de “difundir información que desacredite la reputación [del país] o socave la confianza en él de los países extranjeros”. Cualquier actividad colectiva que se base en una ideología política contraria a los principios de la Revolución de al-Fateh está penalizada por la Ley 71 de 1972, que prohíbe los partidos políticos. En su artículo 3 prevé la pena de muerte por crear, formar parte, financiar o apoyar a esos grupos y por “promoverlos por el medio que sea”.

En Irán prevalece un clima de miedo y represión. Las fuerzas de seguridad, dirigidas por el Ministerio de Información y por la judicatura, han mantenido un ataque concertado contra la sociedad civil. Así, las autoridades han denigrado a los que critican al gobierno o son partidarios del cambio político, y han acosado y detenido a personas que defienden los derechos humanos. En abril de 2007, el ministro de Información, Gholam Hossein Eje’i, acusó públicamente a los movimientos estudiantiles y de defensa de los derechos de las mujeres de formar parte de una conspiración enemiga para provocar una “subversión soterrada” de la República Islámica, acusación que ambos colectivos rechazan categóricamente. Desde entonces, ONG que reciben ayuda de donantes internacionales como la organización neerlandesa Hivos han sido clausuradas, y las autoridades encargadas de velar por la seguridad han interrogado a sus dirigentes y trabajadores.

A estos problemas se suma que la región de Oriente Medio y el Norte de África ha sufrido especialmente los efectos de la “guerra contra el terror” dirigida por Estados Unidos y desencadenada por los ataques del 11 de septiembre de 2001 en ese país. Numerosos Estados de la región han invocado la lucha contra el terrorismo como justificación para mantener, e incluso endurecer los poderes y prácticas que emplean desde hace tiempo para reprimir las críticas y la disidencia, restringir las libertades civiles y políticas y cometer abusos contra los derechos humanos con impunidad. En varios Estados se han promulgado nuevas leyes antiterroristas que restringen aún más los derechos humanos y en toda la región la “guerra contra el terror” ha tenido un impacto negativo sobre el desarrollo de la sociedad civil y la función de los defensores de los derechos humanos. En general, al menos hasta ahora, estos últimos no han sido el objetivo de las nuevas políticas y legislación de los Estados en materia antiterrorista, pero el uso de estas medidas contra personas sospechosas de constituir una amenaza para la seguridad –lo que incluye detenciones y expulsiones masivas, así como otras actuaciones al margen del Estado de derecho–, ha creado un ambiente aún más hostil para las personas que defienden los derechos humanos.

3. LEYES OPRESIVAS

Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión son requisitos básicos para que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor. Estos derechos fundamentales se recogen en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDCP17 y el PIDESC,18 y son vinculantes para los Estados Partes en estos tratados, lo que significa que están obligados legalmente a ponerlos en práctica. Estos son todos los Estados de la región de Oriente Medio y el Norte de África con la excepción de cuatro países del Golfo –Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos– que no son partes ni en el PIDCP ni en el PIDESC. A pesar de ello, dado que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y forman parte del derecho consuetudinario internacional, todos los Estados están obligados a respetarlos.

Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión también se reconocen en las Constituciones o normas fundamentales de la mayoría de los Estados de Oriente Medio y el Norte de África. Sin embargo, a menudo se especifica que serán de aplicación “dentro de los límites de la ley”, una fórmula que, en la práctica, se utiliza para menoscabarlos. La mayoría de los Estados mantienen una batería de leyes nacionales que socavan específicamente estos derechos, como códigos penales, leyes de excepción y leyes antiterroristas, así como leyes sobre prensa y sindicatos y otros organismos que restringen sus actividades, a menudo bajo la amenaza de sanciones penales. Muchas de las disposiciones incumplen las obligaciones internacionales contraídas por los Estados y son contrarias a la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Con arreglo a los artículos 19, 21 y 22 del PIDCP, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión no puede someterse a otras restricciones que las expresamente fijadas por la ley y en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Los artículos 21 y 22 añaden que esas restricciones deben ser las necesarias en una sociedad democrática.

La mayoría de los Estados que han impuesto límites a estas libertades han incumplido estos requisitos y han aplicado restricciones mucho más amplias de lo que permite el derecho internacional, con el fin de restringir la expresión legítima, impedir la asociación legal y prohibir o perturbar las reuniones pacíficas, aunque a menudo se haga con el pretexto de mantener el orden público. Según la representante especial, “en muchos casos se imponen medidas administrativas para limitar o prohibir la libertad de reunión que son irrelevantes o no tienen debidamente en cuenta las auténticas preocupaciones sobre la seguridad, la protección o el orden públicos […]”.19 La representante especial ha recordado que los defensores de los derechos humanos sólo pueden estar sujetos a limitaciones con respecto a “declaraciones o acciones que, por definición, sean incompatibles con su condición de defensor de los derechos humanos”, como la apología de la violencia.20 Sin embargo, paradójicamente, se ha encarcelado a activistas que pedían el diálogo, la paz, la negociación y el respeto al Estado de derecho.

Criminalización de las actividades en favor de los derechos humanos

En toda la región, defensores y defensoras de los derechos humanos provocan la indignación de las autoridades al denunciar abusos contra los derechos humanos, criticar políticas y prácticas del gobierno o sacar a la luz la falta de respeto por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La mayoría de las autoridades no toleran esas críticas. A menudo se acusa a los defensores de delitos como “insultos”, “calumnias”, “difusión de información falsa” y “propaganda contra el Estado”. Algunos han sido condenados a penas de prisión acusados de “difundir propaganda contra el Estado”, “poner en peligro la integridad del Estado” o “difamar a funcionarios del Estado”, simplemente por llevar a cabo su labor cotidiana en favor de los derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos, que vigila la implementación del PIDCP, ha declarado que “cuando un Estado Parte considera procedente imponer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo”.21 Aunque los artículos 19, 21 y 22 permiten la imposición de restricciones, la formulación de estos artículos deja claro que esas limitaciones deben ser muy específicas. En especial, se deben satisfacer tres requisitos: la restricción debe venir estipulada por la ley; debe servir a uno de los propósitos legítimos especificados; y debe estar justificada como necesaria para conseguir dicho propósito. Aunque el respeto de los derechos de los demás se encuentra entre los propósitos legítimos de esas restricciones, y el derecho internacional también prohíbe la incitación al odio o la violencia nacional, racial o religiosa, eso no significa que el derecho internacional permita imponer restricciones a la expresión de las opiniones o creencias simplemente porque difieran de las opiniones de otras personas o de las políticas del gobierno en cuestión.

Teniendo en cuenta que varios organismos internacionales han condenado el uso de penas privativas de libertad para sancionar las declaraciones y otras formas de expresión pacíficas difamatorias,22 el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión pidió en 2003 que se aboliesen las leyes penales sobre difamación y se sustituyesen por leyes civiles, de modo que las sanciones por difamación no fuesen tan graves como para poner en peligro el ejercicio de la libertad de opinión y expresión.23

La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos destaca explícitamente el derecho de los defensores “a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento”.24 La anterior representante especial recalcó el papel fundamental de la crítica a los gobiernos como una herramienta legítima para promover el respeto por los derechos humanos, y afirmó que debe entenderse que los derechos a la libertad de expresión y asociación incluyen “la protección de la libertad de asociación de las organizaciones de derechos humanos cuya labor pueda incomodar a los gobiernos, incluidas las organizaciones que critican las políticas, dan publicidad a las violaciones de los derechos humanos cometidas por autoridades o ponen en tela de juicio los marcos jurídicos y constitucionales vigentes”.25 La representante especial también dejó claro que “los defensores de los derechos humanos están llamados a examinar de forma crítica las acciones de los gobiernos”.26

En la legislación ordinaria, de excepción o antiterrorista de los Estados de Oriente Medio y el Norte de África existen numerosas disposiciones que criminalizan las críticas a las políticas y prácticas de los gobiernos mediante la creación de delitos con definiciones tan poco precisas como “fomentar el odio al Estado”, “difundir falsedades y rumores”, “difamación” o “insultar al jefe del Estado”. Este arsenal de leyes nacionales restrictivas tiene el efecto tanto de limitar los derechos de los defensores de los derechos humanos como de reprimir sus actividades legítimas. En varios Estados, las leyes y el modo en que se interpretan impiden en la práctica hasta la existencia de las ONG de derechos humanos independientes; en otros, donde esas organizaciones sí existen, se utilizan leyes represivas para hostigar e intimidar a su membresía.

Los efectos de esas disposiciones a menudo se combinan con una legislación de excepción o antiterrorista que penaliza actos que serían legales en virtud de la legislación ordinaria. Como la representante especial recordó anteriormente:

El hecho de que los gobiernos recurran a las leyes de seguridad nacional en respuesta a las críticas de sus prácticas de derechos humanos es uno de los principales factores que amenazan la seguridad de los defensores y obstaculizan su contribución a la promoción y protección de los derechos humanos en los planos nacional e internacional.27

Legislación ordinaria

La legislación nacional a menudo invoca la “seguridad” o la “integridad” del Estado para deslegitimar las opiniones disidentes o las críticas relativas a las políticas o prácticas del gobierno. La criminalización de la expresión puede utilizarse fácilmente para amordazar a los defensores de los derechos humanos en temas muy diversos, como la falta de independencia del poder judicial y las violaciones de los derechos civiles. A menudo se usan las leyes penales junto a otras disposiciones legales –como las leyes de prensa y publicaciones o las que regulan el asociacionismo– para intentar silenciar a los defensores de los derechos humanos.

En algunos casos, la legislación nacional socava gravemente los derechos a la libertad de asociación y reunión. El artículo 610 del Código Penal de Irán, por ejemplo, estipula que “toda combinación de dos o más personas puede ser declarada asociación ilegal, y las manifestaciones, publicaciones o actividades que se lleven a cabo en nombre o en apoyo de esa asociación son ilegales y punibles con penas de cárcel que comporten la obligación de realizar trabajos forzados”.28

En Irán, las autoridades pueden apoyarse en al menos nueve leyes –muchas de las cuales son imprecisas y parcialmente coincidentes– para penalizar las críticas o las presuntas injurias o calumnias contra autoridades del Estado y otras personas. Además, en Irán existe al menos una ley que criminaliza la difusión de “información falsa”. Varios artículos del Código Penal prohíben las “críticas” a otros, la “propaganda contra el Estado”, la “[connivencia] para cometer o facilitar un delito no violento contra la seguridad interna o externa de la nación”, e “injuriar a otros, utilizando lenguaje soez o palabras indecentes”,29 sin que estos términos se definan claramente aunque todos ellos sean punibles con penas de prisión. Las críticas relativas a una larga lista de autoridades en relación con su desempeño profesional pueden castigarse hasta con seis meses de cárcel por “injurias”.30 En la práctica, estas disposiciones se han utilizado para detener y condenar a defensores de los derechos humanos, periodistas e intelectuales que han expresado de forma pacífica sus opiniones, por escrito o mediante declaraciones públicas.



Hana Abdi, de 21 años, activista en favor de la minoría kurda y defensora de los derechos de las mujeres en Irán, fue condenada en junio de 2008 a una pena máxima de cinco años de cárcel, a cumplir en una prisión situada a varios cientos de kilómetros de su hogar. La declararon culpable de “reunión y colusión para la comisión de un delito contra la seguridad nacional”. Las autoridades la acusaron de pertenecer a un grupo armado kurdo, pero Amnistía Internacional cree que la verdadera razón de su reclusión es su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y de la minoría kurda en Irán. Hana Abdi pertenece a dos ONG que promueven los derechos de las mujeres en Irán: la Campaña por la Igualdad y, la Organización de Mujeres de Sanadaj Azar Mehr, afiliada a la anterior. Su condena se redujo a 18 meses en apelación y el tiempo que ya ha pasado en prisión será considerado parte de la pena. En la actualidad permanece recluida en un lugar más próximo a su hogar y su liberación está prevista para mayo de 2009.

En Bahréin, las personas que defienden los derechos humanos pueden ser perseguidas judicialmente en virtud de las disposiciones del Código Penal que prohíben actos como “fomentar el odio contra el Estado”, “difundir falsedades y rumores”, “insultar a la judicatura” y “difundir en el extranjero información falsa o declaraciones o rumores sobre los asuntos internos del país […]”31.



Abdul Hadi al-Khawaja, ex director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, cuyo cierre ordenó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en septiembre de 2004, fue condenado en noviembre de 2004 a un año de cárcel en aplicación de disposiciones contenidas en el Código Penal, por “incitación al odio”, entre otros delitos, y por acusar a las autoridades de corrupción. El rey de Bahréin le concedió el indulto y fue excarcelado.

En Libia, los defensores de los derechos humanos no pueden operar abiertamente32 y la legislación nacional se utiliza para impedir el establecimiento de organizaciones de derechos humanos independientes.33 Las penas son extremadamente severas: la pertenencia a una organización que “promueva teorías y principios que tengan por objeto cambiar los principios de la constitución o el sistema básico de la sociedad o derrocar el sistema político, social o económico del Estado”34 puede castigarse con la muerte.

Esas disposiciones represivas se mantuvieron en el borrador del nuevo Código Penal de 2004,35 que estipula la pena de muerte para todo aquel que pida el establecimiento, establezca o forme parte de una organización que sea “contraria a la gran revolución en sus fines y sus medios”.36 En este contexto, sigue siendo muy difícil, y peligroso, llevar a cabo actividades independientes de derechos humanos, como demuestra la historia. En 1997, las autoridades frustraron los intentos de formar un comité independiente de derechos humanos y en 1998, un comité formado por profesionales de la abogacía pertenecientes al Colegio de Abogados fue obligado a cesar en sus actividades después de publicar un informe sobre los derechos humanos en Libia. Recientemente, en febrero de 2008, un grupo de profesionales de la abogacía, periodistas y escritores abandonó su intento de crear una nueva ONG para difundir “los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho en Libia” cuando las autoridades les denegaron la autorización para registrarse legalmente.

En Siria, cualquier expresión o acto pacífico que se considere una crítica a las autoridades puede ser reprimido en virtud de un decreto legislativo que castiga la oposición al sistema socialista o al Estado y que criminaliza la “oposición a la realización de la unidad entre las naciones árabes o a cualquiera de los objetivos de la revolución, o su obstrucción –mediante manifestaciones, reuniones, disturbios o la incitación a estos actos, o mediante la difusión de noticias falsas– con el objeto de crear inseguridad y socavar la confianza de las masas en los objetivos de la revolución”.37 Estos delitos pueden castigarse con penas que van desde la prisión con trabajos forzados a la muerte. De igual modo, los sindicatos y las organizaciones sociales y profesionales, aunque permitidos por la Constitución, están obligados a “contribuir a la construcción de una sociedad árabe socialista y a defender su sistema”.38

El derecho a la libertad de reunión, garantizado teóricamente por la Constitución siria,39 se ve gravemente menoscabado por otras disposiciones legales, como la Ley del Estado de Excepción (véase infra) y el Código Penal.

En varios países, el derecho a la libertad de expresión también está supeditado a la obligación de respetar los principios religiosos. Estos requisitos legales se formulan en términos poco precisos y pueden interpretarse de múltiples maneras, lo que permite reprimir las críticas legítimas a las políticas gubernamentales.

En Irán¸ por ejemplo, la Constitución permite las reuniones y manifestaciones públicas, así como la creación de partidos, sociedades y asociaciones políticas o profesionales, pero también exige que respeten los “principios de independencia, libertad y unidad nacional, los criterios del Islam y la base de la República Islámica”.40

En algunos países, aunque la Constitución garantice el derecho a la libertad de asociación, las leyes nacionales que regulan el establecimiento de nuevas organizaciones y asociaciones lo restringen gravemente, sobre todo mediante procedimientos administrativos obstructivos. Ello obliga a las ONG a desviar parte de sus limitados recursos a actividades distintas de su labor fundamental, con el fin de garantizar su supervivencia. En muchos casos, el proceso de inscripción legal de estas organizaciones es muy largo y está sujeto a diferentes formas de interferencia oficial, lo que implica que las ONG corren el peligro de ser clausuradas incluso después de transcurridos varios años en los que se han labrado una reputación por la calidad de su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos.



En agosto de 2006, el Ministerio del Interior iraní intentó ilegalizar el Centro de Defensa de los Derechos Humanos, cofundado por Shirin Ebadi, abogada de derechos humanos galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003. Sus actividades fueron declaradas ilegales y las autoridades anunciaron que los “infractores” serían perseguidos judicialmente. El Centro había presentado documentación en relación con su fundación en 2002 pero no había recibido respuesta, a pesar de que el Ministerio del Interior está obligado a dar respuesta a las solicitudes en el plazo de tres meses. Durante seis años, el Centro y sus miembros han sufrido acoso e intimidación por parte de las autoridades. En septiembre de 2006, el Ministerio del Interior anunció que concedería un permiso “si se realizaban cambios en la declaración de la misión [del Centro]”. El Centro ha seguido funcionando.



Los gobiernos de la región han utilizado numerosos pretextos para negarse a registrar legalmente a las ONG de derechos humanos y algunos excluyen los asuntos “políticos” del ámbito de las actividades de las ONG.

En Egipto, en virtud de la Ley de Asociaciones de 2002, todas las organizaciones de la sociedad civil egipcia debían inscribirse legalmente en el registro del Ministerio de Solidaridad Social en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley; los directores de las organizaciones que no cumplieran este requisito podían ser condenados a penas de hasta un año de cárcel. La ley prohíbe a las asociaciones implicarse en actividades “no autorizadas”; así, prohíbe “tomar parte en actividades políticas o sindicales reservadas a los partidos políticos y los sindicatos”. Sin embargo, el significado de la expresión “actividades políticas” no se define con precisión y puede ser objeto de múltiples interpretaciones, abriendo una vía para que la ley pueda usarse contra los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, podría emplearse contra activistas que promueven cambios constitucionales, políticos o legales, como puede ser una representación política más amplia, el fin del estado de excepción, la independencia del poder judicial o una mayor adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos. En 2007, las autoridades egipcias propusieron varias enmiendas a la ley, supuestamente por razones de seguridad. Las organizaciones de derechos humanos temen que tales enmiendas impongan nuevas restricciones y aumenten el control sobre sus actividades a través de la multiplicación de medidas administrativas.

La Ley de Asociaciones también otorga al Ministerio de Solidaridad Social –y no a los tribunales– la facultad de disolver cualquier ONG que se considere que lleva a cabo actividades “no autorizadas”, lo cual permite al gobierno ejercer un control injustificado sobre las operaciones de las ONG.

Las ONG se han tropezado con obstáculos cuando han solicitado el reconocimiento oficial de su condición ante el Ministerio. Algunas organizaciones han logrado registrarse, pero a muchas otras se les ha denegado el permiso sin una explicación adecuada. Por ejemplo, el Ministerio rechazó la solicitud de la Asociación Egipcia contra la Tortura, decisión que posteriormente confirmó un tribunal administrativo. El Ministerio también rechazó la solicitud de inscripción de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales], aunque más adelante un tribunal administrativo revocó en apelación la resolución denegatoria.

En 2002, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por “las restricciones que la legislación egipcia y la práctica imponen a la constitución de organizaciones no gubernamentales, así como a sus actividades, en lo que respecta especialmente a la búsqueda de financiación externa, que exige la autorización previa de las autoridades, so pena de sanciones penales (artículo 22 del Pacto).” El Comité recomendó a Egipto “reexaminar su legislación y su práctica para permitir a las organizaciones no gubernamentales el ejercicio de sus atribuciones sin sujeción a trabas incompatibles con lo dispuesto en el artículo 22 del Pacto, como son la autorización previa, el control de la financiación y la disolución administrativa”.41

En Bahréin, el Ministerio de Asuntos Sociales42 puede denegar la solicitud de inscripción de una organización por muchas y diversas razones. A varias ONG de derechos humanos se les ha impedido inscribirse al parecer porque el gobierno estimaba que tenían una relación demasiado estrecha con Haq, un grupo de oposición radical chií, aunque otras organizaciones han sido autorizadas.

En Túnez, las ONG de derechos humanos independientes están obligadas a inscribirse legalmente, pero las autoridades bloquean sistemáticamente sus solicitudes.43 Las organizaciones que no están reconocidas legalmente no pueden solicitar autorización oficial para celebrar actos públicos, ni alquilar locales para dichos actos, ni buscar fondos para financiar su labor. Sus actividades pueden ser consideradas delictivas y a sus dirigentes y miembros se les puede acusar de tomar parte en una reunión no autorizada o de pertenecer a una organización ilegal.

En virtud de la Ley de Asociaciones tunecina, cuando una ONG ha presentado su solicitud de inscripción, puede operar libremente mientras las autoridades procesan la demanda. Si la solicitud no es denegada en el plazo de 90 días, la ONG queda inscrita automáticamente. En la práctica, sin embargo, las autoridades bloquean la inscripción de las ONG independientes de derechos humanos negándose a aceptar su solicitud o a expedir un justificante de recepción de la solicitud. Algunas veces, la policía impide físicamente a los miembros de nuevas ONG la entrada a las oficinas de la gobernación para entregar la solicitud, y los funcionarios se muestran reacios a admitirla. Sin un comprobante, las ONG no pueden contradecir al gobierno si éste afirma que no han solicitado su inscripción. Así es como, en la práctica, se impide a las organizaciones operar legalmente. Estos métodos se han empleado para impedir la inscripción legal de destacadas organizaciones independientes de derechos humanos.44

En algunos Estados, las autoridades intentan paralizar las actividades de las ONG imponiendo restricciones severas e incómodos procedimientos que merman su capacidad de recaudación de fondos. En Egipto, por ejemplo, la Ley de Asociaciones prescribe la detención por un periodo de hasta seis meses para el director de una organización que reciba fondos o donaciones extranjeras sin la aprobación previa del Ministerio de Solidaridad Social.

La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos afirma el derecho de toda persona, “individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.45 La anterior representante especial destacó que los gobiernos deberían “permitir que las ONG accedieran a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, a la cual la sociedad civil tiene el mismo derecho que los gobiernos. Los únicos requisitos legítimos aplicables deberían ser los que atañen a la transparencia”.46



La Asociación de Derechos Humanos y Asistencia Letrada (AHRLA) en Egipto fue disuelta en septiembre de 2007 por recibir fondos del extranjero sin autorización del Ministerio de Solidaridad Social. Al parecer, las autoridades tomaron esta medida debido a la labor de AHRLA con las víctimas de tortura y exponiendo violaciones de derechos humanos en Egipto. AHRLA había facilitado asistencia letrada y había representado en los tribunales a presuntas víctimas de tortura policial. La Asociación recurrió ante el Tribunal Administrativo y, el 26 de octubre, éste revocó la decisión del gobierno de disolver la asociación al considerar que la decisión de las autoridades carecía de fundamentos jurídicos.



En Irán, aunque la ley no prohíba expresamente recibir financiación extranjera, muy pocas organizaciones de derechos humanos se arriesgan a aceptarla por temor a que las acusen de tener contactos o recibir apoyo de “organizaciones extranjeras hostiles”, de “espionaje” o de “actuar contra la seguridad del Estado”. Algunas ONG que han recibido financiación extranjera han sido calificadas de “agentes del imperialismo”, estigmatización que la anterior representante especial condenó en su momento.47 En enero de 2006, según los informes, el Ministerio del Interior estaba elaborando una lista de ONG que presuntamente habían recibido apoyo económico de “fuentes problemáticas internas y externas que pretenden derrocar el sistema”, con el objeto de restringir sus actividades; algunas habían recibido apoyo de la oficina del ex presidente Jatami.

Varios Estados han aprobado recientemente o están estudiando la introducción de legislación que limita aún más los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. En Bahréin, la Ley sobre Reuniones, Procesiones y Concentraciones Públicas (Código de Reuniones de Bahréin), adoptada en julio de 2006, restringe gravemente los derechos a la libertad de asociación y reunión. El Código exige la notificación previa de cualquier reunión pública, que se define como toda aquella “celebrada en un lugar público o privado, en la que participen personas sin invitación personal”.48 El Código impone penas, incluso de prisión, por conductas relacionadas con el uso de la palabra en situaciones en que no hay ninguna amenaza de violencia ni incitación a la violencia o al odio. También prohíbe las manifestaciones con fines electorales y restringe la libertad de reunión de los ciudadanos bahreiníes.

En Jordania, dos nuevas leyes, la Ley de Reuniones y Concentraciones Públicas y la Ley de Sociedades, recibieron el apoyo de la Cámara Alta a mediados de 2008 y están a la espera de recibir la aprobación del rey. Ambas continuarán imponiendo restricciones al derecho a la libertad de reunión. La Ley de Sociedades también ampliará el control del gobierno sobre las organizaciones. A menos que el rey la enmiende, la Ley de Sociedades impondrá a las ONG la obligación de contar con la aprobación gubernamental para recibir cierto tipo de donaciones y permitirá a las autoridades exigir ver el plan de trabajo de una ONG, clausurarla por infracciones menores y nombrar a un funcionario público para que ejerza temporalmente las funciones de presidente de la ONG en cuestión.

La Ley de Reuniones y Concentraciones Públicas, aprobada por el Parlamento, introduciría algunas mejoras; por ejemplo, permitiría a las ONG celebrar sus asambleas generales sin tener que solicitar la autorización previa del gobierno. Sin embargo, en virtud de esta ley, las personas que deseen celebrar reuniones públicas han de obtener previamente el permiso del gobernador administrativo. El gobernador tiene autoridad para poner fin o dispersar por la fuerza aquellas reuniones o manifestaciones que no se ajusten a los objetivos por las que fueron autorizadas.



Legislación de excepción

Varios países han aprobado una legislación de excepción que restringe drásticamente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. El derecho internacional reconoce que las autoridades del Estado pueden declarar el estado de excepción durante “situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”,49 pero esta disposiciones extremas sólo deberán adoptarse “en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación”, sobre todo en lo que se refiere a duración, alcance material del estado de excepción y medidas adoptadas para la suspensión de derechos.50

Las autoridades tanto de Siria como de Egipto han ignorado de modo flagrante este requisito y han mantenido estados de excepción nacionales durante periodos en exceso prolongados: desde 1963 en Siria y, con una breve interrupción, desde 1967 en Egipto.51 Ambos países han adoptado legislaciones de excepción de una forma casi permanente para restringir derechos legítimos en contra de lo que establecen sus Constituciones y el derecho internacional, incluido el PIDCP, en el que ambos son Estados Partes. El Comité de Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación por estos estados de excepción tan prolongados y ha pedido a Egipto que considere “la posibilidad de proceder a un nuevo examen de la necesidad de mantener el estado de excepción”52 y a Siria que lo levante formalmente “a la mayor brevedad posible”.53

Aun cuando la imposición de un estado de excepción esté justificada, las personas que defienden los derechos humanos deben poder seguir trabajando a pesar de la admisible restricción de ciertas actividades. Como ha declarado la representante especial, “[en] un estado de excepción es legítimo limitar el ejercicio de ciertos derechos. Sin embargo, independientemente de la gravedad de la situación, no puede suspenderse la actividad de defensa de los derechos humanos”.54

Los efectos perjudiciales de la legislación de excepción casi siempre se ven agravados por otras leyes o decretos restrictivos, en especial la legislación que restringe gravemente los derechos a la libertad de prensa y de reunión, y por el enjuiciamiento de los defensores de los derechos humanos ante tribunales especiales cuyos procedimientos no respetan las garantías procesales. Por lo general, esos tribunales operan de un modo no acorde con el debido proceso y las normas internacionales sobre juicios justos. Las vistas se celebran en secreto, se reducen las garantías normales de vigilancia judicial, se aplican salvaguardias menos estrictas en relación con el periodo máximo de detención preventiva, se niega el derecho de recurso, se restringe el acceso a asistencia letrada y a las pruebas, los jueces y fiscales son militares, se admiten pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, y así sucesivamente.

En Siria, el derecho a la libertad de reunión, garantizado en principio en su Constitución,55 se ve gravemente restringido por la Ley del Estado de Excepción56 y el Código Penal que, entre otras cosas, castiga con penas de prisión la congregación de más de siete personas en lugares públicos57 y las reuniones que “causen disturbios”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha concluido que esas restricciones exceden con mucho las permitidas por el artículo 21 del PIDCP y ha instado al gobierno sirio a “proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas de toda restricción que obstaculice sus actividades y proceder de modo que los periodistas puedan ejercer su profesión sin temor a tener que comparecer ante la justicia y ser perseguidos por haber criticado la política gubernamental”.58 Hasta la fecha, las autoridades sirias no han hecho apenas nada para satisfacer esta demanda.

La Ley del Estado de Excepción permite a las autoridades censurar la correspondencia, las comunicaciones y los medios de comunicación. Varios decretos relacionados prevén la creación de tribunales militares y del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado59 cuyos procedimientos no respetan las garantías mínimas internacionales sobre juicios justos y, por tanto, son “incompatibles” con el derecho internacional, incluido el PIDCP.60 El Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, concebido para procesar a personas acusadas de delitos políticos y relacionados con la seguridad del Estado, ha sido utilizado para imponer largas penas de prisión a numerosos defensores de los derechos humanos después de juicios injustos. En virtud de la Ley del Estado de Excepción se pueden reprimir las manifestaciones pacíficas y los actos o expresiones que se consideren críticos con las autoridades. Por tanto, en la práctica es casi imposible que los defensores de los derechos humanos critiquen las leyes del país, su sistema político o las políticas gubernamentales en materia de derechos humanos sin correr el riesgo de ser detenidos y encarcelados.

En julio de 2002, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado condenó a ‘Aref Dalilah, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Aleppo, a 10 años de prisión por “intentar modificar la Constitución por medios ilegales” en relación con su implicación en grupos emergentes de la sociedad civil y en foros de debate durante el movimiento reformista denominado “Primavera de Damasco”. Cumplió siete años de su condena, la mayoría en régimen de aislamiento, en la prisión de Adra, cerca de Damasco. El 7 de agosto de 2008 fue excarcelado tras beneficiarse de una amnistía presidencial.



En Egipto, la Ley del Estado de Excepción61 restringe gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión aunque la Constitución egipcia en apariencia los garantiza. El presidente está facultado para restringir “la libertad de reunión, circulación, residencia y tránsito de la población en periodos y lugares concretos”, mientras que el ministro del Interior puede ordenar el arresto y la reclusión indefinida sin cargos ni juicio de “personas sospechosas de delitos o peligrosas para la seguridad pública o el orden público”62. El presidente puede censurar y ordenar el cierre y embargo de periódicos por motivos de “seguridad pública” y “seguridad nacional”.

El efecto de estas disposiciones sobre las actividades de los defensores de los derechos humanos en Egipto ha sido de largo alcance; algunos defensores han sido detenidos mientras que otras personas que deseaban apoyarles y colaborar en su labor han cambiado de opinión.



Musaad Suliman Hassan, conocido como Musaad Abu Fagr, novelista y fundador del movimiento con base en Sinaí Wedna Na’ish (Queremos vivir), fue detenido el 26 de diciembre de 2007. Su arresto se produjo después de las manifestaciones que tuvieron lugar en julio y diciembre de 2007 para pedir un mayor reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los beduinos de Sinaí. Las protestas terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Sinaí Norte.

Musaad Abu Fagr fue acusado de incitar a otras personas a la protesta, ofrecer resistencia a las autoridades y atacar a agentes de policía durante el ejercicio de sus funciones, pero no ha sido juzgado y permanece en detención administrativa. Los tribunales han ordenado su puesta en libertad en varias ocasiones, también en septiembre de 2008. En lugar de obedecer, el Ministerio del Interior ha emitido una nueva orden de detención administrativa contra él utilizando los poderes que le confiere la Ley del Estado de Excepción. Musaad Abu Fagr continua recluido en la prisión de Borg Al-Arab en Alejandría.

En Argelia, las autoridades impusieron el estado de excepción después de que el Frente Islámico de Salvación (FIS) ganase la mayoría de los escaños en la primera vuelta de las elecciones legislativas multipartidistas celebradas en diciembre de 1991.63 El estado de excepción se prorrogó indefinidamente en 1993, contra lo que establece la Constitución argelina, y sigue en vigor aunque las autoridades argelinas han reconocido que la situación de seguridad ha mejorado y pese a que en 2005 se adoptó mediante referéndum una Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional.

En 1995, las autoridades también incorporaron las leyes de excepción, casi en su totalidad, al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, introduciendo, entre otras cosas, una amplia definición de los delitos de terrorismo que permite la criminalización del ejercicio pacífico de ciertos derechos civiles y políticos. En esta amplia definición tienen cabida no sólo los actos que puedan considerarse una amenaza para la seguridad del Estado y la integridad territorial del país, sino también aquellos que obstaculicen la libertad de circulación, obstruyan la actuación de las autoridades e instituciones públicas, causen daño a los símbolos nacionales o republicanos o perjudiquen el medio ambiente, los medios de transporte o comunicación o el libre ejercicio de la religión y las libertades públicas.



Legislación antiterrorista

Incluso antes de producirse los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los países de Oriente Medio y el Norte de África habían empezado a abordar el problema del terrorismo colectivamente, con la adopción en 1998 de la Convención Árabe para la Represión del Terrorismo, redactada por la Liga Árabe.

Muchas disposiciones de la Convención no son acordes con las obligaciones de los Estados miembros con arreglo al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La Convención define el terrorismo como “todo acto o amenaza de violencia, con independencia de sus motivos o propósitos, que se perpetra como parte de un plan delictivo individual o colectivo con la intención de sembrar el terror entre las personas causándoles daño o poniendo en peligro su vida, su libertad o su seguridad, o con la intención de causar perjuicios al medio ambiente o daños en instalaciones o propiedades privadas o públicas o de ocupar o apoderarse de alguna de ellas, o con la intención de poner en peligro los recursos naturales”.64 Una definición tan amplia no cumple las exigencias internacionales de legalidad y puede utilizarse para reprimir a los defensores de los derechos humanos con el pretexto de que sus acciones son “violentas”, por ejemplo, sin definir con precisión lo que ello significa. La Convención también contempla la imposición de censura y de restricciones a la libertad de expresión y reunión en virtud de disposiciones que pueden ser interpretadas en sentido amplio.

Posteriormente, la definición de terrorismo incluida en la Convención ha servido de inspiración a otras leyes antiterroristas nacionales, cuyo denominador común es una definición de terrorismo en exceso general y que se presta a múltiples interpretaciones, haciendo peligrar gravemente los derechos a la libertad de expresión y reunión. Argelia, Egipto y Arabia Saudí habían promulgado disposiciones antiterroristas mucho antes de septiembre de 2001.

En 2004, los Estados miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico –Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos– ratificaron colectivamente la Convención Árabe para la Represión del Terrorismo, mientras que Qatar y Emiratos también adoptaron leyes antiterroristas de ámbito nacional.

La Ley Antiterrorista de Qatar criminaliza el uso de la fuerza con el objeto de “lesionar la Constitución, perturbar el orden público o socavar la seguridad pública”. La ley permite recluir a personas sin cargos ni juicio hasta un máximo de seis meses, en virtud de órdenes de detención renovables quincenalmente. Durante este periodo se priva a los detenidos de sus derechos judiciales.65

El Decreto Ley de Emiratos Árabes Unidos sobre la lucha contra los delitos terroristas penaliza incluso los intentos no violentos de “perturbar el orden público, socavar la seguridad, poner en peligro a personas o destruir el medio ambiente”.66

De igual modo, la Ley Antiterrorista adoptada en 2003 en Túnez contiene una definición muy amplia de terrorismo, en la que se incluyen actos como “influir sobre la política gubernamental” ilegítimamente y “perturbar el orden público”67, y que podría afectar gravemente a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

En mayo de 2003, pocos días después de producirse los atentados con bomba de Casablanca, las autoridades de Marruecos adoptaron una ley antiterrorista que modificaba el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal.68 Esta ley contiene una definición imprecisa de “terrorismo” y deja abierta la posibilidad de ser utilizada para reprimir a los grupos de oposición. También incrementa los poderes de la policía para efectuar registros en propiedades y vigilar las comunicaciones, y amplía a 12 días el plazo máximo legal de la detención preventiva (garde à vue). Además, la ley permite a las autoridades judiciales retrasar 48 horas más el encuentro entre los detenidos y sus representantes legales tras el periodo inicial de 96 horas que permite la detención preventiva. Esto significa que es posible denegar a una persona detenida el acceso a su abogado hasta seis días. Los largos periodos sin acceso a asistencia letrada aumentan la vulnerabilidad de las personas detenidas frente a la tortura u otros malos tratos, además de afectar a su derecho a una defensa adecuada.

En Jordania se aprobó la Ley de Prevención del Terrorismo en 2006. Dado que contiene una definición muy amplia de terrorismo y criminaliza actos como “dañar las infraestructuras”, podría utilizarse para penalizar acciones de los defensores de los derechos humanos alegando que sus actividades –por ejemplo, celebrar una manifestación pacífica– pueden provocar daños menores a la propiedad. El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha expresado su preocupación por la “definición demasiado amplia de terrorismo, porque es vaga en lo que concierne a intenciones y objetivos, y puede interpretarse como en desacuerdo con el principio de legalidad”.69 Al potencial impacto negativo de unas definiciones tan ambiguas y su posible uso indebido se añade que los acusados serían juzgados ante el Tribunal de Seguridad del Estado, cuyos procedimientos son manifiestamente injustos.

En Bahréin, la ley antiterrorista, “Proteger a la sociedad de las acciones terroristas”, ratificada en agosto de 2006, amenaza con frenar los progresos en materia de derechos humanos. La ley define como terrorista cualquier organización que “contravenga las disposiciones de la Constitución de Bahréin o de su legislación, o que impida a cualquiera de las agencias estatales o autoridades públicas el desempeño de su deber” o “dañe la unidad nacional”.70 Esta amplia definición podría utilizarse indebidamente para restringir las actividades legítimas de los defensores de los derechos humanos y hace que estas personas corran un riesgo importante de ser encarceladas. La criminalización71 de la posesión de documentos que “promuevan” actos terroristas es tan amplia que socava el derecho a recabar, recibir e impartir información o ideas, que garantizan tanto el derecho internacional como la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.72 La ley también prevé la pena de muerte y aumenta el riesgo de detención arbitraria.

Antes de la promulgación de la ley, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación porque varias de sus disposiciones reducían las salvaguardias contra la tortura y podían “restablecer condiciones que caracterizaron anteriores abusos al amparo de la legislación sobre las medidas relacionadas con la seguridad del Estado”.73 El relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo destacó el peligro de que la ley pueda ser utilizada para criminalizar manifestaciones pacíficas.74

La legislación ordinaria también contiene disposiciones sobre delitos de terrorismo. El Código Penal de Egipto contiene un artículo sobre terrorismo,75 que se define como “todo acto de fuerza, violencia, amenazas o intimidación […] con el objeto de alterar el orden público o poner en peligro la seguridad de la sociedad”.76 Varias disposiciones están redactadas de modo impreciso y podrían utilizarse para penalizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos y encarcelar a los defensores de los derechos humanos por sus actividades pacíficas. Dado que el Código Penal define como terrorista a toda organización que persiga la “suspensión de las disposiciones incluidas en la Constitución y en la legislación nacional […] o traspasar los límites de la libertad individual de los ciudadanos o de otras libertades […] o causar daño a la unidad nacional o la paz social”,77 los miembros de las organizaciones de derechos humanos que defienden la introducción de cambios legislativos o constitucionales, por ejemplo, o que convocan manifestaciones en apoyo de determinados derechos civiles que puedan desembocar, de forma involuntaria, en alteraciones del orden público, corren el riesgo de ser encarcelados.78

En Egipto, en mayo de 2008 se amplió el estado de excepción dos años más o hasta que se promulgara una nueva ley antiterrorista.79 Se teme que la nueva legislación haya introducido en la ley ordinaria disposiciones propias de las leyes de excepción, que siempre deben ser excepcionales y limitadas en el tiempo.

Aunque hasta la fecha, según la información de que dispone Amnistía Internacional, la legislación antiterrorista no se ha utilizado de forma generalizada para reprimir a los defensores de derechos humanos en la región, la reciente promulgación de leyes antiterroristas en varios Estados representa una amenaza nueva y constante para las personas que defienden los derechos humanos. En la década de 1990, por ejemplo, las autoridades argelinas utilizaron la legislación antiterrorista para perseguir a los abogados de derechos humanos que defendían a personas acusadas de delitos de terrorismo.80



La amplitud de cierta legislación relativa a la seguridad es tal que su abuso puede hacer que se convierta en un instrumento de terrorismo de Estado.

Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos81





4. FORMAS DE REPRESIÓN

En toda la región, los defensores de los derechos humanos son víctimas de violaciones de derechos humanos en todas sus formas. Sufren intimidación, acoso, amenazas y detención, y se los condena a largas penas de prisión o a muerte en juicios injustos. Permanecen recluidos en régimen de incomunicación durante días o semanas, sin cargos ni juicio, y se los tortura. Otras veces se los detiene reiteradamente y se los somete a formas diversas y combinadas de abusos. A algunos los obligan a “confesar” crímenes que aseguran no haber cometido o a firmar documentos en los que se comprometen a poner fin a sus actividades de derechos humanos. Otros son liberados bajo fianza o con la obligación de cumplir ciertas condiciones, bajo la amenaza constante de ser encarcelados de nuevo. En ocasiones se les impide viajar al extranjero o se niega el acceso al país a personas que quieren visitarlos. En unos pocos países, los clientes, familiares o amigos de los defensores de derechos humanos son objeto de intimidación, acoso o vigilancia y tienen restringidas sus actividades.



Abdullah Hussein Ali Ahmed al-Malki fue privado de la nacionalidad qatarí poco después de haber criticado a las autoridades de Qatar en unas declaraciones difundidas por la cadena de televisión por satélite Al Yazira en mayo de 2005. Posteriormente se le restituyó la nacionalidad.



Detención y encarcelamiento

Casi todos los Estados de la región de Oriente Medio y el Norte de África recurren a la detención y el encarcelamiento para reprimir a las personas que trabajan en favor de los derechos humanos.

Normalmente, los defensores de los derechos humanos son arrestados después de publicar o difundir información o por criticar públicamente violaciones de derechos humanos. En muchos casos, permanecen detenidos durante días o incluso semanas en régimen de incomunicación y sin que se los acuse de ningún delito.

En Irán, Yousuf Azizi Bani Toruf, escritor y periodista árabe iraní, fue detenido el 25 de abril cuando regresaba de una conferencia de prensa celebrada en el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos en Teherán. Durante el acto había criticado a las fuerzas de seguridad por haber reprimido con violencia las manifestaciones en contra del gobierno celebradas ese mismo mes en la provincia de Juzestán. En junio de 2005 fue puesto en libertad bajo fianza y en agosto de 2008 lo declararon culpable de “reunirse y conspirar contra la seguridad interna del Estado” y recibió la pena máxima de cinco años de cárcel. En la actualidad se encuentra en libertad en espera del resultado de su apelación.



Represión de la disidencia en Libia

Fathi el-Jahmi fue detenido el 26 de marzo de 2004 después de criticar al líder libio, coronel Muamar al Gadafi, y pedir reformas políticas en varias entrevistas para medios internacionales. Permaneció recluido en un lugar no revelado, a menudo en régimen de aislamiento, y sólo se le permitió recibir visitas esporádicas de su familia. Según una declaración de la Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas, en septiembre de 2006 un tribunal declaró a Fathi el-Jahmi mentalmente incapacitado y ordenó su ingreso en un hospital psiquiátrico,82 donde permaneció hasta julio de 2007. Después lo trasladaron al Centro Médico de Trípoli, donde se encuentra en la actualidad sometido a vigilancia constante. Según un reconocimiento médico independiente realizado por un facultativo de la organización Physicians for Human Rights en marzo de 2008, Fathi el-Jahmi padece una enfermedad coronaria que exige procedimientos quirúrgicos invasivos y, en contra de lo afirmado por el tribunal según los informes, no existen pruebas de que sufra “discurso delirante” o “trastorno de pensamiento”.

En junio de 2008, Idriss Boufayed –otro ciudadano libio crítico con el gobierno– y otras 10 personas fueron condenados a penas de hasta 25 años de cárcel. Idriss Boufayed había regresado al país en septiembre de 2006 después de haber permanecido en el exilio en Suiza. Los condenados habían intentando organizar una protesta pacífica con motivo del primer aniversario del homicidio de al menos 12 personas a manos de las fuerzas de seguridad libias durante una manifestación celebrada en Bengasi en febrero de 2006. Los 11 hombres fueron juzgados ante el Tribunal de Seguridad del Estado, creado recientemente, acusados de delitos que no están definidos claramente, entre ellos los de “intentar derrocar el sistema político”, “difundir rumores falsos sobre el régimen libio” y “comunicarse con potencias enemigas”. El juicio no fue justo. Idriss Boufayed fue liberado el 8 de octubre por razones humanitarias al habérsele diagnosticado un cáncer de pulmón, pero los 10 hombres que fueron acusados con él continúan detenidos. Sigue sin conocerse el paradero de Abdelrahman Al Qateewy, también detenido en relación con los preparativos de la manifestación.



En Siria, siete activistas en pro de la democracia –Husam ‘Ali Mulhim, Tarek Ghorani, Maher Ibrahim, Ayham Saqr, ‘Alam Fakhour, ‘Omar ‘Ali al-’Abdullah y Diab Sirieyeh– cumplen largas penas de prisión en la cárcel de Sednaya, cerca de Damasco, por crear un grupo juvenil de debate y por publicar en Internet artículos en favor de la democracia. Los siete fueron detenidos a principios de 2006 y condenados por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado a penas de entre cinco y siete años de prisión por “emprender acciones o hacer declaraciones verbales o por escrito que podrían poner en peligro al Estado, perjudicar su relación con un país extranjero o exponerlo a acciones hostiles”. Dos de ellos también fueron declarados culpables de “difundir noticias falsas”. Todos los acusados negaron los cargos y en el juicio afirmaron que habían "confesado" bajo tortura durante su detención en régimen de incomunicación. El tribunal aceptó las confesiones como prueba para condenarlos y no investigó estas afirmaciones.

Fouad Ahmed al-Farhan, autor de un blog, fue recluido en régimen de incomunicación en Yidda, Arabia Saudí, después de que agentes de las fuerzas de seguridad lo detuvieran en su despacho el 10 de diciembre de 2007, al parecer por utilizar su blog para criticar la reclusión sin cargos ni juicio de presos de conciencia en el país. Según informes, un funcionario del Ministerio del Interior le había avisado de que corría el riesgo de ser interrogado en relación con los artículos sobre presos políticos que publicaba en su diario en Internet. El Ministerio del Interior reconoció su detención tres semanas después de haberse producido. En abril de 2008 fue liberado sin cargos.

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades prohibieron a dos destacados activistas de derechos humanos ofrecer entrevistas o escribir artículos para los medios de comunicación locales durante varios años y los amenazaron con detenerlos. Mohamed ‘Abdullah al-Roken, abogado y ex presidente de la Asociación de Juristas, fue detenido en dos ocasiones, en julio y agosto de 2006, por agentes de los servicios de seguridad del Estado. El abogado afirma que durante los tres días que permaneció recluido en agosto, sus interrogadores lo amenazaron con prohibirle la práctica de la abogacía, adulteraron con drogas sus alimentos y le impidieron utilizar el cuarto de baño. Lo liberaron sin cargos pero le confiscaron el pasaporte (más adelante lo recuperó). En junio de 2006, las autoridades dictaron una orden de detención contra su colega Mohamed al-Mansoori, presidente de la Asociación de Juristas, presuntamente por “insultar al Fiscal General” en sus críticas a la situación de los derechos humanos en los Emiratos en entrevistas con medios de comunicación internacionales. En septiembre de 2007, más de un año después, regresó al país y no lo detuvieron.



En Siria, Habib Saleh, fundador de la sección de Tartus del Foro de Diálogo Nacional, grupo de debate no autorizado, ha sido detenido y encarcelado en repetidas ocasiones por criticar públicamente a las autoridades. El 7 de mayo de 2008 fue detenido por última vez y permaneció alrededor de tres meses recluido en un lugar desconocido sin acceso al mundo exterior. En el momento de redactarse este informe, Habib Saleh estaba siendo juzgado ante el Tribunal Penal de Damasco acusado de “debilitar el sentimiento nacional” y “provocar la lucha sectaria”, delitos que pueden ser castigados hasta con 15 años de prisión. Habib Saleh ya había cumplido una pena de tres años de cárcel que le impuso un tribunal militar en agosto de 2005 por cargos similares, a consecuencia de unos artículos críticos con las autoridades sirias que había publicado en Internet.



En julio de 2005, el poeta y escritor Abdulla Al Riyami permaneció una semana detenido en régimen de incomunicación en Omán. Según los informes, durante su detención fue llevado ante un juez del Tribunal Supremo e interrogado en relación con sus críticas a las autoridades y con la investigación que había realizado sobre el empleo de la tortura en las comisarías de policía de Omán. Finalmente lo liberaron sin cargos.

Desapariciones forzadas

Entre los miles de activistas políticos y otras personas que en las últimas décadas han sido víctimas de desaparición forzada, sobe todo en Argelia, Irak, Líbano, Marruecos y Sáhara Occidental, y Yemen, hay defensores de los derechos humanos. Aunque en ocasiones esas atroces violaciones de derechos humanos ocurrieron hace 40 años, como en el caso de Yemen, el derecho internacional considera que la desaparición forzada es un delito permanente “mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”.83

En Argelia, defensores de los derechos humanos que habían pedido a las autoridades que investigasen la suerte de los muchos miles de personas que desaparecieron durante el conflicto interno de la década de 1990 y que enjuiciasen a los responsables, han sufrido ellos mismos la represión.



Louisa Saker, cuyo esposo, Salah Saker, desapareció en mayo de 1994, ha sufrido persecución por parte de las autoridades argelinas debido a su esfuerzo permanente para averiguar la suerte que corrieron su esposo y el resto de las personas desaparecidas. El 6 de febrero de 2008 compareció ante un tribunal de la ciudad de Constantina, acusada de “socavar la autoridad de funcionarios del Estado”, “organizar una marcha no autorizada”, “desacato a funcionarios civiles con uso de armas” y robo. Los cargos tenían que ver con su participación en una manifestación pacífica de familiares de desaparecidos que se celebró en 2004. Al término de la manifestación la policía la detuvo, la golpeó y la obligó a firmar un documento comprometiéndose a no volver a participar en ese tipo de manifestaciones. En marzo de 2008 fue declarada culpable de participar en una marcha no autorizada y se le impuso una multa de 20.000 dinares (unos 300 dólares estadounidenses). Fue absuelta del resto de las acusaciones. Tanto ella como la Fiscalía han recurrido el fallo.



Las autoridades argelinas han negado reiteradamente a grupos de derechos humanos el permiso para celebrar actos públicos, y han detenido y multado por “delitos contra el orden público” a familiares de víctimas que hacían campaña en pro de la verdad y la justicia. En Argelia, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas no están reconocidas legalmente y desde 1998 sus protestas semanales se vienen llevando a cabo sin autorización oficial. Aunque en general sus reuniones se toleran, esporádicamente las fuerzas de seguridad han disuelto las manifestaciones por la fuerza y golpeado a los participantes.

Por ejemplo, en 2004 y 2005, las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente o impidieron por la fuerza varias manifestaciones en Constantina y Argel, en los días previos a la celebración del referéndum sobre la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, en septiembre de 2005. En febrero de 2007, las autoridades impidieron a defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales que hacían campaña en favor de los desaparecidos que celebrasen una conferencia en Argel sobre “Verdad, paz y reconciliación”, a pesar de que el gobierno acababa de firmar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Carta, adoptada mediante referéndum, otorga una amnistía general a los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias armadas por el gobierno responsables de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, y criminaliza las actividades de los defensores de los derechos humanos en pro de la verdad y la justicia para las personas desaparecidas y sus familias. La Carta establece penas de hasta cinco años de cárcel para las personas que debatan en público el asunto de las desapariciones forzadas.

En Marruecos y Sáhara Occidental, más de un millar de personas, muchas de ellas saharauis, desaparecieron a manos de los servicios de seguridad marroquíes entre 1956, año de la independencia, y principios de los años noventa, a manos de los servicios de seguridad marroquíes. Varios cientos de saharauis y marroquíes fueron liberados en las décadas de 1980 y 1990 después de pasar hasta 18 años en detención secreta, pero se teme que la mayoría de los desaparecidos hayan muerto o sido víctimas de homicidio después de su detención.

Entre las personas desaparecidas había defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, Brahim Sabbar, destacado activista saharaui de derechos humanos, fue detenido en 1981 cuando tenía 22 años y permaneció recluido sin cargos ni juicio en centros de detención secreta hasta su liberación en 1991. Las autoridades marroquíes nunca dieron una razón oficial de su detención y desaparición, pero se cree que lo eligieron como objetivo por demandar de forma pacífica el derecho del pueblo de Sáhara Occidental a la libre determinación.

En 2004, las autoridades marroquíes crearon la primera comisión de la verdad del mundo árabe, la Comisión de Igualdad y Reconciliación, para investigar las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias entre 1956 y 1999. En su informe final, publicado en 2006, la Comisión declaró haber resuelto 742 casos y que un comité de seguimiento, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos, continuaría la investigación en relación con otros 66 casos. Este Consejo debía publicar una lista detallada de los casos resueltos y de los que aún requerían investigaciones ulteriores a mediados de 2006, pero más de dos años después aún no lo había hecho. Antes del establecimiento de la Comisión de Igualdad y Reconciliación, las autoridades en ocasiones acosaron e incluso persiguieron judicialmente a personas que buscaban profundizar en la verdad sobre los abusos cometidos en el pasado y el fin de la impunidad. En mayo de 2001, por ejemplo, 36 defensores de los derechos humanos fueron condenados a tres meses de prisión y una multa por organizar una manifestación no autorizada de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Rabat.



Agresiones y procesos judiciales de manifestantes

La policía, las fuerzas de seguridad y los partidarios del gobierno a menudo han utilizado fuerza excesiva para dispersar reuniones de defensores de los derechos humanos, hiriendo gravemente y en ocasiones matando a participantes. El uso de fuerza excesiva viola las normas internacionales sobre control policial de reuniones públicas.84 En algunos casos, la policía también detuvo a un gran número de manifestantes y los mantuvo recluidos durante horas o días con el fin de intimidarlos y disuadir a otros manifestantes en potencia, actuando a menudo contra periodistas y fotógrafos con el fin de impedir que filmasen o expusiesen de otro modo la represión.

En Líbano, en abril de 2004, las fuerzas de seguridad golpearon y produjeron lesiones a una docena de personas durante una concentración pacífica de personas para manifestarse ante la sede beirutí de la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental. Los manifestantes pretendían presentar una petición de liberación de los detenidos políticos libaneses recluidos en Siria. Entre los manifestantes golpeados se encontraba el defensor de los derechos humanos Ghazi ‘Aad, que se desplaza en silla de ruedas.

Más adelante, el 29 de junio de 2007, tres manifestantes resultaron muertos durante una manifestación pacífica para pedir que se permitiera el regreso a sus hogares de los refugiados desplazados de Nahr al-Bared, un campo de refugiados palestinos en Líbano. Los soldados del ejército libanés abrieron fuego contra los manifestantes y, según los informes, no intervinieron cuando civiles libaneses atacaron a los manifestantes.

En Egipto, la policía dispersó violentamente una manifestación multitudinaria celebrada en abril de 2006 en apoyo de la independencia del poder judicial, que había congregado a defensores de los derechos humanos, miembros de partidos de oposición, activistas en pro de la reforma y sindicalistas. Al menos 300 participantes fueron detenidos y algunos, entre los que había jueces, fueron golpeados. La mayoría de los detenidos permanecieron bajo custodia a instancias de la Fiscalía, que ordenó su reclusión durante 15 días mientras se llevaba a cabo una investigación. Según los informes, se los acusó de participar en manifestaciones, difamar al presidente, ofrecer resistencia a la autoridad y obstruir la aplicación de la ley. El mes siguiente, el ministro del Interior prohibió las manifestaciones ante la sede del Tribunal Superior.

En Túnez, en varias ocasiones se ha hecho uso de fuerza excesiva en el curso de manifestaciones. Por ejemplo, al joven Hafnaoui Maghzaoui lo mataron el 6 de junio de 2008 en Redeyef, Gafsa, en el suroeste de Túnez, en los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía durante una protesta por el desempleo y el incremento del coste de la vida. La policía utilizó gases lacrimógenos y armas de fuego para dispersar a la multitud. Hafnaoui Maghzaoui murió de un disparo y alrededor de 20 personas resultaron heridas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos lamentó el incidente pero negó que la policía hubiera cometido ninguna acción ilegal. También afirmó que se llevaría a cabo una investigación, pero hasta la fecha no se hecho público ningún resultado. Otro manifestante, Abdelkhalek Amaidi, que resultó herido de gravedad cuando la policía abrió fuego el 6 de junio, murió en el hospital de Sfax el 13 de septiembre de 2008.

En varios países, las manifestaciones han ido acompañadas de detenciones, en ocasiones a gran escala. En Marruecos, por ejemplo, las grandes manifestaciones celebradas en mayo de 2005 contra la administración marroquí de Sáhara Occidental fueron seguidas de detenciones masivas. Entre las personas detenidas había no sólo manifestantes, sino también defensores de los derechos humanos que vigilaban la actuación de las fuerzas de seguridad y presenciaron los abusos que cometieron. En diciembre de 2005 y enero de 2006, varios defensores de los derechos humanos fueron condenados a penas de hasta dos años de cárcel tras juicios injustos. Aminatou Haidar, por ejemplo, fue condenada a siete meses de cárcel; los golpes que le propinaron miembros de las fuerzas de seguridad durante su detención le produjeron lesiones que precisaron tratamiento hospitalario y 12 puntos de sutura.

En 2007, siete miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos fueron detenidos tras participar en las manifestaciones celebradas en Agadir y Ksar el Kebir el 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, y condenados a penas de hasta cuatro años de prisión por “socavar la monarquía”. Otros diez miembros de la Asociación que habían participado en una sentada el 5 de junio de 2007 en la ciudad de Beni Mellal fueron detenidos y acusados del mismo delito. Todos ellos fueron puestos en libertad en abril de 2008 en virtud de un indulto real.

En Yemen, varios activistas –el general de brigada Nasser al-Nouba, Hassan Ba’oom, Ahmed Omar bin Farid y Ahmed al-Qama’a– fueron detenidos por participar en las protestas pacíficas que tuvieron lugar el 1 de septiembre de 2007 en varias ciudades contra la presunta discriminación de los habitantes del sur de Yemen. Permanecieron varios meses recluidos antes de quedar en libertad sin cargos. Al general de brigada Nasser al-Nouba y a Hassan Ba’oom se les negó atención médica adecuada cuando enfermaron de gravedad.

El 25 de julio de 2008, cuatro activistas de derechos humanos fueron detenidos en Túnez después de participar en una manifestación ante la sede de la gobernación de Bizerta en la que pedían más libertad. Faouzi Sadkaoui y Othman Jemili, miembros de la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos; Khaled Boujamaa, miembro de Libertad e Igualdad; y Ali Neffati, ex preso político, fueron conducidos a la sede del Ministerio del Interior en la capital para ser interrogados. El 5 de agosto de 2008, un tribunal de distrito de Bizerta impuso a Faouzi Sadkaoui y a Khaled Boujamaa sendas condenas condicionales de seis meses de prisión y condenó a Othman Jemili y a Ali Neffati a seis meses de prisión por “reunión pública y ataques a la moral pública”. Faouzi Sadkaoui y Khaled Boujamaa fueron liberados el mismo día. El Tribunal de Apelación de Bizerta puso a Othman Jemili y Ali Neffati en libertad bajo fianza el 19 de agosto de 2008.



Trabas a la colaboración internacional

Algunos gobiernos han intentado poner fin a los contactos entre las personas que defienden los derechos humanos en su país y las organizaciones y redes internacionales de defensores. Se ha detenido a defensores y defensoras de los derechos humanos para impedirles que viajasen al extranjero y asistiesen a actos relacionados esos derechos o por tener contacto con organizaciones extranjeras. También se ha impedido la entrada al país de activistas extranjeros que pretendían visitar ONG locales o asistir a conferencias.

En Yemen, por ejemplo, ‘Ali al-Dailami, director ejecutivo de la Organización Yemení para la Defensa de los Derechos y Libertades Democráticos fue detenido en octubre de 2006 en el aeropuerto cuando se disponía a viajar a Dinamarca para participar en una reunión de organizaciones de derechos humanos. Lo recluyeron en régimen de incomunicación en un lugar sin confirmar y un mes después salió en libertad sin cargos de la prisión de Seguridad Política, donde había permanecido en régimen de aislamiento.

En Irán, Ramin Jahanbegloo, de nacionalidad canadiense e iraní, intelectual y autor de ensayos sobre democracia y no violencia, fue detenido en abril de 2006 y permaneció cuatro meses recluido sin cargos. Tras su liberación afirmó que lo habían acusado de “actos contra la seguridad nacional” y “contactos con extranjeros” en relación con su labor académica para la institución estadounidense Marshall Fund.

Las autoridades de Siria se han negado a expedir pasaportes o visados de salida a varios activistas de derechos humanos. En 2007, las autoridades impidieron a los abogados de derechos humanos Muhannad al-Hasani, Khalil Ma’atouq, Mustafa Osso, Radif Mustafa y Hasan Masho que viajaran a Egipto para asistir a un taller organizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos.

En diciembre de 2005 se denegó el visado para entrar en Argelia a la ONG Abogados sin Fronteras, que pretendía establecer allí un centro de asesoramiento legal gratuito para las víctimas de abusos contra los derechos humanos. En junio de 2006, varios miembros del personal de Amnistía Internacional no lograron obtener los visados para celebrar un seminario de formación en derechos humanos en el país.

En Arabia Saudí, cientos de presos de conciencia, activistas de derechos humanos y partidarios del cambio político pacífico tienen prohibido viajar al extranjero. Entre ellos se encuentran el doctor Matrouk al-Faleh (véase el capítulo 1) y Abdel Rahman al-Lahem (véase más adelante), a quien el Ministerio del Interior comunicó que no se le autorizaría a viajar al extranjero hasta marzo de 2009.



En marzo de 2008, las autoridades impidieron a Parvin Ardalan, destacada defensora de los derechos de las mujeres en Irán, que viajara a Suecia para recibir el premio Olof Palme de Derechos Humanos. También pueden condenarla a al menos tres penas de prisión, algunas de ellas con suspensión, después de haber sido declarada culpable de varios delitos contra la seguridad nacional que no están claramente definidos, en relación con su labor de derechos humanos. El mismo mes, las autoridades confiscaron el pasaporte de otra mujer, Mansoureh Shoja’i, y le impidieron viajar a Dubai para asistir a un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Le dijeron que su participación en cualquier reunión en el extranjero se consideraba contraria a los intereses del Estado. En julio de 2008, ella y una colega comparecieron ante un tribunal que las acusó “actuar contra la seguridad del Estado al mantener contactos con iraníes residentes en el extranjero”.

Acoso e intimidación

Tanto los activistas de derechos humanos como las ONG de la región son víctimas de numerosas formas de acoso e intimidación por parte de las autoridades. Entre los métodos empleados se encuentran los impedimentos administrativos para la inscripción legal de las ONG, las restricciones para viajar, la detención de familiares, las amenazas y la incitación a otros para que ataquen físicamente a defensores y defensoras de los derechos humanos. Todos esos métodos han sido empleados para amedrentarlos y conseguir que pongan fin a sus actividades.

En Egipto, tanto el Centro Nadim de Atención y Rehabilitación de Víctimas de Violencia como su personal han sido elegidos como objetivos. El centro, creado en 1993, proporciona servicios vitales a las víctimas de tortura, incluidas personas torturadas por la policía y las fuerzas de seguridad, así como mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. En 2004, después de una serie de visitas que las autoridades definieron como “de inspección”, en las que funcionarios confiscaron archivos personales y hostigaron al personal, el Ministerio de Salud acusó al centro de infracciones relacionadas con la salud y amenazó con cerrarlo.

El 30 de abril de 2008, la directora del Centro Nadim, Magda Adly, sufrió dos fracturas en el hombro, entre otras lesiones, al ser agredida en la sede del tribunal de Kafr Dawwar, cuando esperaba, en compañía de otros abogados de derechos humanos, para asistir a una vista de apelación contra la detención preventiva de tres víctimas de tortura. El agresor, que fue aprehendido por miembros del público, afirmó que obedecía órdenes del jefe de investigaciones de la comisaría de Kafr Dawwar. Horas antes del ataque, el Centro Nadim había pedido públicamente que se investigasen algunos casos concretos de presuntas torturas y otros malos tratos contra detenidos.

En Irán, Shirin Ebadi, abogada de derechos humanos galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha recibido numerosas amenazas de muerte. Según afirmó en abril de 2008, las amenazas son cada vez más frecuentes. En septiembre de 2008 expresó públicamente su preocupación porque los artículos que se publicaban en los medios de comunicación controlados por el Estado atacando a su persona podían tener como objetivo preparar el camino para su asesinato. En esos artículos se afirmaba que Shirin Ebadi había “cambiado de religión, trabajaba con enemigos de Irán y era agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense”, acusaciones que ella ha desmentido con rotundidad.


En Bahréin, en ocasiones los activistas de derechos humanos han sufrido hostigamiento en forma de llamadas telefónicas anónimas y amenazantes, así como cartas, mensajes de texto y llamadas telefónicas insultantes. Por ejemplo, Nabeel Rajab, director del prohibido Centro de Derechos Humanos de Bahréin, ha sido objeto de hostigamiento y vigilancia por agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil que se desplazaban en vehículos sin placas de matriculación. El 19 de julio de 2005, varios agentes de policía lo agredieron durante una manifestación pacífica en solidaridad con las personas desempleadas. Su esposa Soraya fue objeto de una campaña de difamación en 2005 y 2006 y, según los informes, se le ha impedido ascender de categoría en el lugar donde trabaja, el Ministerio de Transportes, al parecer debido a las actividades de su esposo.

El 3 de noviembre de 2008, Mohammad al-Jeshi, abogado y activista de derechos humanos, se disponía a viajar a Ginebra para asistir a un curso de formación cuando fue abordado por agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil, que le confiscaron el teléfono móvil y el ordenador portátil durante más de una hora. También lo interrogaron sobre el objeto de su viaje y la índole de su trabajo. Finalmente le permitieron subir al avión.

El 6 de noviembre de 2008, los periódicos bahreiníes publicaron unas declaraciones atribuidas al ministro del Interior en las que afirmaba que cualquier ciudadano barheiní que fuera miembro de una asociación política, una asamblea parlamentaria o una ONG debía obtener la autorización del gobierno antes de participar en conferencias, seminarios o reuniones en el extranjero en los que estuviese previsto debatir sobre los asuntos internos de Bahréin, incluida la situación económica, política y de derechos humanos, y antes de hacer ninguna declaración en esos foros. El ministro añadió que se impondrían penas de cárcel y multas a quienes incumpliesen esa obligación.

En Argelia, el despido y la amenaza de despido se encuentran entre los métodos empleados para intimidar a las personas que defienden los derechos humanos.



Cherifa Keddar, presidenta de Djazairouna, ONG que defiende el derecho de las familias de las víctimas de terrorismo en Argelia a buscar la verdad y la justicia, fue destituida en mayo de 2008 del alto cargo que ocupaba como funcionaria en el órgano de gobierno regional (wilaya) de Blida, localidad situada 45 km al sureste de Argel, y recolocada en un puesto administrativo. Aunque no recibió una explicación oficial de las razones de su destitución, algunos de sus colegas afirmaron que se debió a que en abril de 2008 había participado en un seminario organizado en Marruecos por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, organización con base en Estados Unidos. Tras el seminario, miembros de las fuerzas de seguridad la visitaron y amenazaron con detenerla si no ponía fin a sus actividades.



Familiares de defensores de los derechos humanos también han sido objeto de ataques. En Irán, las esposas de algunos defensores han sido víctimas de acoso y amenazas por parte de agentes de las fuerzas de seguridad que perseguían a sus esposos. En ocasiones las han encarcelado junto a sus hijos y las han agredido para obligar a sus esposos a entregarse. Por ejemplo, Ma’soumeh Ka’bi, esposa de Habib Nabgan, destacado activista por los derechos de la minoría árabe en Irán, permaneció recluida con su hijo de dos años desde febrero hasta abril de 2006. Su esposo obtuvo asilo en Dinamarca, pero recibió amenazas en las que le decían que torturarían o matarían a su familia si no volvía a Irán. La propia Ma’soumeh Ka’bi logró huir de Irán en mayo de 2008 y las autoridades danesas le concedieron permiso para reunirse con su esposo, pero cuando ella y sus hijos se disponían a viajar de Siria a Dinamarca fueron devueltos a Irán, donde los detuvieron. En el momento de redactarse este informe, Ma’soumeh Ka’bi y sus cinco hijos se encontraban detenidos en la ciudad de Ahvaz.

En Sáhara Occidental –al igual que sucede en otras partes de la región– se han utilizado trabas administrativas basadas en motivos políticos para impedir a los grupos de derechos humanos su inscripción legal y para restringir el ámbito de sus actividades. Así, las autoridades de El Aaiún se han negado reiteradamente a reconocer el recibo de la solicitud de inscripción presentada por la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, lo cual deja a la organización en una precaria situación legal. Al no estar inscrita oficialmente, sus miembros pueden ser detenidos por pertenecer a una organización “no autorizada”. Brahim Sabbar, secretario general de la Asociación, fue condenado a una pena de dos años de prisión por este motivo, entre otros, antes de ser puesto en libertad en junio de 2008.

Otra red de derechos humanos, el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos, no pudo celebrar su congreso fundacional el 7 de octubre de 2007 porque las autoridades locales se negaron a reconocer que la organización había solicitado el permiso para celebrar una reunión pública.

Los activistas de derechos humanos saharauis también sufren el acoso directo de las autoridades marroquíes. Por ejemplo, una fuerte presencia policial alrededor del domicilio de Brahim Sabbar impidió que activistas y amigos pudieran visitarlo tras su puesta en libertad en junio de 2008. En otra ocasión se le advirtió que no visitara el barrio de El Aaiún donde residían otros miembros de la Asociación Saharaui de Víctimas. También se ha impedido a varios defensores saharauis de los derechos humanos que viajasen al extranjero para asistir a conferencias y reuniones internacionales de derechos humanos.

En Túnez, los defensores de los derechos humanos son objeto de graves actos de acoso e intimidación. Los agentes del Estado espían, vigilan y perturban sus comunicaciones, impiden a las ONG que celebren reuniones y asambleas anuales o de otro tipo, e impiden físicamente el acceso a sus sedes. En algunos casos, parece ser que las autoridades también han intentado infiltrarse en ONG independientes que han logrado inscribirse legalmente, con el fin de socavarlas, mientras que otras organizaciones siguen sin poder hacerlo. Los defensores de los derechos humanos también han sufrido restricciones a la hora de viajar.

En ocasiones, agentes de las fuerzas de seguridad han sometido las sedes de las organizaciones de derechos humanos a una vigilancia intensa, abierta y opresiva con el fin de impedir la entrada a sus oficinas y de intimidar a sus miembros y simpatizantes. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2007, la policía rodeó la sede del Consejo Nacional para las Libertades en Túnez antes de que se celebrase una conferencia de prensa conjunta del Consejo y Reprieve, ONG con base en el Reino Unido. Los agentes sólo permitieron la entrada al portavoz del Consejo Nacional, a cuyo nombre estaba alquilado el local. La policía mantuvo este bloqueo hasta el 2 de julio de 2007.

Mediante bloqueos similares, la policía impidió que miembros de la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos celebrasen una reunión preparatoria de su Asamblea General en septiembre de 2007, y en abril de 2008 clausuró de hecho la sede de otra ONG, Libertad y Equidad, durante tres días. Además, desde el 7 de mayo de 2007, agentes de policía estacionados frente a la sede de la Liga Tunecina por la Defensa de los Derechos Humanos, impiden el acceso al edificio a toda persona excepto los miembros de la junta directiva de la ONG.

Las autoridades también han orquestado campañas de desprestigio contra defensores de los derechos humanos en los medios de comunicación progubernamentales. Los ataques a las mujeres incluían connotaciones sexuales: miembros de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas han sido tachadas de lesbianas, un término que la sociedad tunecina considera peyorativo, mientras que la portavoz del Consejo Nacional para las Libertades en Túnez ha sido acusada de “actuar como una prostituta”, “vender su alma” y servir a los intereses de los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

En Túnez, el 7 de diciembre de 2007, tres agentes de policía introdujeron a la fuerza en un vehículo a Samir Ben Amor, abogado de derechos humanos y miembro de la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos. Anteriormente los agentes habían acudido a su despacho y le habían pedido que los acompañase, pero él se había negado porque los policías no llevaban una citación por escrito, en contra de lo que exige la ley. Después de meterlo a la fuerza en el vehículo, los agentes lo condujeron a la comisaría de Sidi Béchir, donde una autoridad policial le ordenó que dejase de permitir que miembros de la Asociación celebrasen reuniones en su despacho y lo avisó de que sus actividades en nombre de la Asociación se consideraban ilegales ya que no era una asociación “reconocida” en Túnez.



A pesar de las numerosas amenazas, los obstáculos e impedimentos legales y otros intentos por parte de las autoridades estatales de silenciar a los defensores de los derechos humanos, en toda la región de Oriente Medio y el Norte de África hay personas que siguen expresándose públicamente y trabajando de formas muy diferentes para promover y proteger los derechos humanos universales. La represión, a menudo generalizada e intensa, no ha logrado silenciar a los defensores de los derechos humanos; de hecho, hay muchos motivos para pensar que la determinación de muchos defensores no ha hecho sino aumentar. Esto ha llevado a algunos gobiernos a optar por el acoso judicial a sus críticos más tenaces, procesándolos reiteradamente por distintos delitos o haciendo que otras personas, aparentemente a título individual, emprendan acciones legales contra ellos.

En Egipto, por ejemplo, Saad Eddin Ibrahim, fundador del centro de derechos humanos Ibn Jaldún, fue condenado in absentia a dos años de prisión en agosto de 2008 por “dañar la reputación de Egipto”.85 La demanda había sido interpuesta por un grupo de personas partidarias del gobierno, a título particular, después de que Said Eddin Ibrahim criticase el historial de derechos humanos de Egipto en una conferencia internacional celebrada en Qatar. A consecuencia de ello se enfrenta a una pena de prisión si regresa a Egipto.



En Líbano, el doctor Muhamad Mugraby, abogado y activista de derechos humanos, está siendo juzgado por segunda vez por criticar el sistema de tribunales militares libanés en una reunión con la Delegación para las Relaciones con los Países del Mashreq, del Parlamento Europeo, en noviembre de 2003. En particular, criticó la, a su juicio, inadecuada formación jurídica de los jueces de tales tribunales y el hecho de que no se ocuparan debidamente de las denuncias de los acusados que aseguraban que los habían sometido a tortura durante su reclusión preventiva para que confesaran. El 27 de noviembre estaba prevista la última sesión del juicio ante el tribunal penal, por cargos de “difamación” en virtud del artículo 383 del Código Penal.

El doctor Muhamad Mugraby fue juzgado por primera vez por el Tribunal Militar Permanente en abril de 2006, acusado de “difamar al estamento militar de Líbano y a sus miembros” en virtud del Código Penal Militar.86 Finalmente se retiraron los cargos y el Tribunal Militar de Casación falló que el Tribunal Militar Permanente, que lo había condenado, no era competente en esa causa.



En Túnez, el abogado y defensor de los derechos humanos Mohamed Abbou fue condenado el 29 de abril de 2005 a dos años de prisión por agredir supuestamente a otro abogado, aunque varios testigos afirmaron que la acusación carecía de fundamento. También lo condenaron a 18 meses de prisión por escribir un artículo en el que denunciaba las torturas en Túnez. El juicio fue injusto; entre otros defectos, el tribunal se negó a oír a los testigos de la defensa. En noviembre de 2005, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que Mohamed Abbou había sido detenido arbitrariamente. En julio de 2007 fue excarcelado en virtud de un indulto presidencial concedido con motivo del 50 aniversario de la República de Túnez, pero se le prohibió viajar durante un año. Él solo tuvo conocimiento de esta prohibición cuando se disponía a viajar a Londres para una entrevista a la cadena de televisión Al Yazira.

En Marruecos, en julio de 2008, Brahim Sabaa Al-Layl, miembro del Centro Marroquí de Derechos Humanos, fue condenado a seis meses de prisión por un tribunal de Rabat después de haber criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad al dispersar por la fuerza a los manifestantes que habían bloqueado el puerto de Sidi Ifni el 7 de junio. Fue imputado en virtud del artículo 264 del Código Penal, que penaliza el hecho de denunciar un delito ante las autoridades públicas a sabiendas de que no se produjo o presentar pruebas falsas en relación con un delito figurado. El 26 de junio permaneció varias horas detenido tras denunciar presuntas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en una conferencia de prensa celebrada por el Centro Marroquí de Derechos Humanos. El tribunal de apelación de Rabat confirmó la condena.



Taiba al-Mawali, activista de derechos humanos y ex parlamentaria de Omán, cumplió una pena de seis meses de prisión. La detuvieron en junio de 2005 por enviar mensajes, vía teléfono móvil e Internet, en los que criticaba el juicio ante el Tribunal de Seguridad del Estado de 31 hombres acusados de amenazar la seguridad nacional. Fue condenada a 18 meses de prisión que se redujeron a seis en apelación. El 30 de junio de 2006 fue excarcelada.





5. DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SITUACIÓN ESPECIAL DE RIESGO

Algunos defensores y defensoras de los derechos humanos deben hacer frente a riesgos especiales debido a su profesión o a la causa que defienden. Quienes trabajan para los medios de comunicación son objeto de estrecha vigilancia debido a las repercusiones potencialmente amplias de su trabajo. Los profesionales del derecho sufren hostigamiento debido a su proximidad a las personas encausadas, y a menudo las autoridades los asocian a la causa de sus clientes.87 Las defensoras de los derechos humanos hacen frente con frecuencia a represalias en una región donde siguen predominando los valores tradicionales, conservadores y patriarcales.

Defensores y defensoras que trabajan para los medios de comunicación

Los profesionales de los medios de comunicación que defienden y promueven los derechos humanos en su trabajo desempeñan un papel decisivo. Su información puede forjar la opinión pública y el conocimiento sobre cuestiones de derechos humanos. La voz fuerte e independiente de los medios de comunicación es un indicador de la capacidad de la comunidad de derechos humanos para actuar con eficacia y sin injerencias indebidas.

La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos garantiza el derecho de toda persona “individualmente y con otras [...] a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.88

Sin embargo, la represión del Estado impone notables restricciones a la libertad de prensa en Oriente Medio y el Norte de África. Aunque en la mayoría de los países la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión y de prensa, en muchos de ellos los códigos de prensa y los códigos penales establecen como delitos la difusión de “noticias falsas”, la “difamación”, “insultar al líder del país y hacer propaganda antigubernamental” o dañar la “reputación del país”. Por lo general estos delitos son punibles con la cárcel.

Estos códigos de prensa, a menudo formulados en términos imprecisos, dejan escaso margen para la crítica de las políticas o prácticas del Estado, y disuaden de forma decisiva a los profesionales de escribir o informar sobre temas relacionados con los derechos humanos. También se encuentran disposiciones legales que limitan la libertad de prensa en otras leyes, como los códigos penales, que se pueden invocar para procesar a periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación.

Se ha detenido a profesionales de los medios cuando informaban sobre detenciones y excarcelaciones de presos, concentraciones públicas o denuncias de corrupción de funcionarios del Estado. Se ha detenido a periodistas que habían tomado fotografías que las autoridades consideraban delicadas, se ha confiscado su material y se han efectuado registros en sus oficinas. Se ha hostigado e intimidado a corresponsales extranjeros que se ocupaban de cuestiones de derechos humanos, y se les ha impedido llevar a cabo su trabajo.

El entorno represivo ha impulsado a muchos periodistas a practicar la autocensura al informar sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, entre otras.

En Irán, los medios de comunicación sufren graves restricciones. En octubre de 2005 se reactivaron los tribunales de prensa para procesar a los periodistas acusados de violar el Código de la Prensa. Este código prohíbe la publicación de artículos que contengan insultos personales, e incluye otros delitos redactados en términos imprecisos. Estos delitos pueden invocarse para castigar a profesionales de los medios de comunicación que mantienen una actitud crítica hacia las políticas o prácticas gubernamentales. Posteriormente, las autoridades comenzaron a vigilar de cerca a decenas de periodistas y periódicos, lo que en varios casos desembocó en condenas condicionales de prisión. Muchos periodistas fueron citados por el Ministerio de Información y Seguridad para advertirles que no criticasen al gobierno. Los permisos de publicación de personas acusadas de “insultar” a las autoridades pueden ser cancelados, y los periodistas pueden ser juzgados ante un Tribunal de Prensa aun en el caso de que no se haya presentado ninguna denuncia formal.



Emaddedin Baghi, presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Presos, ha cumplido recientemente una condena de un año de prisión en Irán a pesar de su precario estado de salud. El 14 de octubre de 2007 lo detuvieron y lo acusaron de “publicar documentos secretos del gobierno”. A su familia se le dijo que, en vez de ser puesto en libertad bajo fianza, debía cumplir una condena condicional de un año de prisión que se le había impuesto después de un juicio sin garantías en 2003, durante el cual no tuvo a acceso a un abogado. Emaddedin Baghi también fue condenado a otra pena de prisión, de tres años, el 31 de julio de 2007.

El 29 de abril de 2008, un tribunal de apelación absolvió a Emaddedin Baghi de “actividades contra la seguridad nacional” y de “publicidad en favor de oponentes del régimen”. Al parecer, estos cargos guardaban relación con entrevistas concedidas a medios de comunicación por Emaddedin Baghi y con cartas que había dirigido a las autoridades, en las que criticaba las condenas a muerte impuestas a varios árabes iraníes por su presunta implicación en atentados con bomba en Ahvaz, provincia de Juzestán, entre junio y octubre de 2005. Estas condenas a muerte se impusieron después de juicios sin garantías. El ministerio fiscal apeló contra la absolución y Emaddedin Baghi puede ser encarcelado todavía.

Además, se han presentado nuevos cargos en su contra relacionados con el uso que hizo de los medios de comunicación en 2006, al criticar el comportamiento de las autoridades penitenciarias cuando intentaron impedir que un preso asistiera al funeral de su padre.

Se temió que Emaddedin Baghi no hubiera recibido tratamiento médico adecuado mientras estaba en la cárcel. También ha sufrido hostigamiento por motivos políticos en la cárcel a través de interrogatorios de funcionarios del Ministerio de Información y de la apertura de nuevas causas en su contra. Aunque estaba en libertad al haber expirado su condena, se hallaba en espera de juicio por otros cargos.



En mayo de 2006, el gobierno iraní comenzó a utilizar una base de datos de filtrado de ámbito nacional para vigilar las actividades de todos los usuarios de Internet en el país. Desde enero de 2007 exige el registro ante las autoridades de todos los sitios web y blogs iraníes, una regulación que se desacata ampliamente. Las antenas parabólicas privadas que permiten recibir señales de satélites, que aun siendo ilegales eran toleradas hasta entonces, comenzaron a ser confiscadas en gran número.

Entre los sitios web que se filtran se cuentan los de grupos de derechos humanos como la Organización Kurda de Derechos Humanos; Meydaan, que ofrecía información sobre los derechos humanos de la mujer; y la Campaña por la Igualdad, que aboga por el fin de la discriminación contra las mujeres. Con el pretexto de que eran “inmorales o contrarios a los principios del Islam”, las autoridades cerraron muchos sitios que ofrecían información sobre violaciones de derechos humanos. Se han cerrado sitios web como Zanestan, gestionado por el Centro Cultural de Mujeres, una ONG de Teherán.

Este ataque contra el acceso a la información es claramente contrario a la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que afirma el derecho de los defensores a “conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos”.89

En enero de 2008, la Junta de Vigilancia de la Prensa revocó la licencia de la influyente revista mensual Zanan (Mujeres), que se publicaba desde hacía más de 16 años. La directora ejecutiva, Shahla Sherkat, no fue informada de la decisión al principio pero, según informes de prensa, la decisión se basó en la opinión de las autoridades de que Zanan “ponía en peligro la salud espiritual, mental e intelectual de sus lectores, transmitía la impresión de inseguridad en la sociedad y trazaba una imagen sombría de la situación de la mujer en la sociedad islámica con la publicación de ciertos artículos”.

En julio de 2008, la magistratura presentó para su consideración parlamentaria un anteproyecto de ley con objeto de “intensificar el castigo de la alteración de la seguridad psicológica de la sociedad”. El anteproyecto contemplaba la posibilidad de que los autores de blogs y los periodistas de Internet pudieran ser condenados a muerte por escritos que se considerase que promovían la “corrupción moral” o el ateísmo. El fiscal adjunto de Teherán, al hablar de la introducción de esta pena, dijo:

Aquellos que son enemigos del orden y de la Revolución hacen todo lo posible para inducir a error a las mentes de la gente y de la juventud; y aquellos dentro de Irán que los apoyan y difunden sus metas merecen la intensificación del castigo; como Salman Rushdie, que al ser un apóstata, el veredicto del imán Jomeini (que su alma sea santificada) es muy claro sobre él; y creemos que como apóstata está condenado a muerte y llevaremos a cabo este veredicto allí donde esté.

Según los informes, el ministro de Cultura y Orientación Islámica promulgó en septiembre de 2008 una directiva que prohibía a los periódicos publicar artículos sobre el aumento del número de ejecuciones en Irán, que había sido objeto de numerosas críticas en los medios internacionales, y conminó a los directores a despedir a los periodistas que insistieran en escribir tales artículos.

Periodistas que investigaron los asesinatos de intelectuales y otros periodistas en la década de 1990 (los “asesinatos en serie”) han sido especialmente perseguidos. Akbar Ganji, periodista de investigación que destapó la implicación todavía impune de funcionarios estatales en los “asesinatos en serie”, quedó en libertad en marzo de 2006 tras cumplir seis años de prisión por “reunir documentos estatales confidenciales para poner en peligro la seguridad del Estado” y “difundir propaganda”. Autores de blogs, periodistas de Internet y sitios web también han sufrido la persecución de las autoridades iraníes.

Zahra Kazemi, fotógrafa iraní-canadiense, fue detenida en 2003 mientras tomaba fotografías de una manifestación de protesta en el exterior de la prisión de Evin contra el encarcelamiento de activistas estudiantiles. Murió bajo custodia en un hospital 19 días después. Según una investigación gubernamental, falleció como consecuencia de un golpe en el cráneo mientras estaba bajo vigilancia en el hospital. Un portavoz del gobierno confirmó que había sido asesinada. Se detuvo a cinco funcionarios; cuatro quedaron en libertad rápidamente, y el único procesado fue absuelto. En noviembre de 2007, el Tribunal Supremo ordenó que se celebrase un nuevo juicio.



En Egipto, periodistas y autores de blogs siguen siendo objeto de amenazas, palizas y encarcelamiento. Por ejemplo, Huweida Taha, productora de la cadena de televisión Al Yazira, fue condenada en mayo de 2007 a seis meses de prisión y al pago de una multa de 20.000 libras egipcias (unos 3.600 dólares estadounidenses) por producir un documental sobre la tortura y otros malos tratos cometidos por la policía egipcia. Se la acusó de “realizar o estar en posesión de imágenes susceptibles de dañar la reputación del país”. El 11 de febrero de 2008, un tribunal de apelación confirmó la multa pero anuló la pena de prisión.

Este caso puso de relieve el incumplimiento por las autoridades del compromiso contraído por el presidente Mubarak en 2004 de abolir las condenas de cárcel para los delitos relacionados con la edición. En julio de 2006 se introdujeron enmiendas en la Ley de Prensa para excluir las penas de prisión para ciertos delitos, pero se mantuvo la prisión como pena para los periodistas declarados culpables de difamar al presidente de Egipto o a jefes de Estado de otros países.

En Marruecos y Sáhara Occidental, los periodistas han tenido que hacer frente a graves dificultades cuando intentaban informar sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas con el Sáhara Occidental. Por ejemplo, a Ali Lmrabet, periodista marroquí y ex preso de conciencia, se le prohibió trabajar como periodista durante 10 años y se le impuso una cuantiosa multa a principios de 2005. Fue declarado culpable de infringir el Código Penal y el Código de la Prensa tras publicar un informe propio sobre la primera visita realizada por un periodista marroquí a los campos de refugiados gestionados por el Frente Polisario en el suroeste de Argelia, en noviembre de 2004. Fue acusado de difamar al portavoz de una organización marroquí que había calificado de refugiados a los saharauis de los campos y hacía campaña por su “liberación”.

Los periodistas marroquíes que informan sobre otras cuestiones delicadas deben hacer frente a diversos riesgos. En junio de 2008, el Ministerio de Comunicación marroquí retiró a Hassan Rachidi, jefe de la oficina de Al Yazira en Marruecos, su acreditación de prensa tras la emisión en esta cadena de televisión de información sobre posibles muertes durante la ruptura del bloqueo del puerto de Sidi Ifni. También fue acusado, en virtud del artículo 42 de la Ley de Prensa y Publicaciones, de difundir afirmaciones e información falsas; lo declararon culpable y se le impuso una multa, pero no fue encarcelado.

En Túnez, el Código de la Prensa de 197590 impone graves restricciones al derecho a la libertad de expresión. Las personas que trabajan en medios de comunicación que son declaradas culpables de publicar “noticias falsas” o de difamación91 pueden ser condenadas a prisión. Después de su visita a Túnez en diciembre de 1999, el relator especial de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión concluyó que “el actual Código de la Prensa desempeña una función limitadora que contribuye a mantener la censura y la autocensura en las redacciones de los periódicos tunecinos”.92

En marzo de 2004, un grupo de periodistas tunecinos llamó valientemente la atención sobre la censura omnipresente en una carta abierta que se distribuyó entre funcionarios estatales y organizaciones de la sociedad civil. Dos meses más tarde, unos 150 periodistas formaron una asociación profesional, el Sindicato de Periodistas Tunecinos, como organismo independiente dedicado a la defensa de los derechos de los periodistas y a la promoción de la libertad de los medios de comunicación. Las actividades de este sindicato han estado sometidas a numerosas restricciones por parte de las autoridades del Estado. El departamento de seguridad del Ministerio del Interior ha citado en repetidas ocasiones a su presidente, Lotfi Hajji, para interrogarlo sobre las actividades del sindicato. En agosto de 2005 lo interrogaron durante seis horas y después las autoridades lo informaron de que el primer congreso del sindicato, que debía celebrarse el mes siguiente, había sido prohibido. No se ofreció explicación alguna. En abril de 2006, la policía impidió la celebración de reuniones de la junta ejecutiva del sindicato. El 13 de enero de 2008 se constituyó uno nuevo, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos



El periodista tunecino Slim Boukhdir fue condenado a un año de prisión el 4 de diciembre de 2007 por los cargos de “insultar a un funcionario público en el desempeño de sus obligaciones” e “infringir la moralidad pública”. También se le impuso una multa de 5 dinares (4 dólares estadounidenses) por negarse a mostrar su tarjeta de identidad. En su juicio hubo varias irregularidades: el tribunal declinó garantizar que algunos testigos fueran citados y contrainterrogados, y no examinó presuntas irregularidades en los informes y los interrogatorios policiales señaladas por los abogados defensores. El Tribunal de Apelación de Sfax confirmó la condena el 18 de enero de 2008.

Slim Boukhdir había recibido amenazas de muerte en mayo de 2007 después de conceder una entrevista a al-Hiwar (Diálogo), un canal de televisión con sede en Londres, en la que acusó a un pariente del presidente Ben Ali de responsabilidad en una desbandada durante un concierto en la que habían muerto siete personas. Quedó en libertad el 21 de julio de 2008 con condiciones. Desde su liberación no ha podido obtener su tarjeta de identidad, por lo que corre peligro de ser detenido y no puede acceder a servicios básicos, como abrir una cuenta bancaria. A menudo es objeto de estrecha vigilancia por agentes de policía.



El endurecimiento de la penalización y la represión de las actividades de los medios de comunicación también se ha observado en Yemen. Periodistas críticos con el gobierno, especialmente los que informan sobre la corrupción, han sido golpeados, amenazados de muerte y detenidos, y se les han confiscado archivos y ordenadores. Trabajadores de medios de comunicación que fotografiaban detenciones han sido golpeados y sólo han quedado en libertad con la condición de que dejasen de tomar tales fotografías. Otros profesionales que han informado sobre la liberación de personas sospechosas de planear un atentado terrorista han sido procesados por las autoridades por vulnerar la ley de prensa y la “seguridad del Estado”.



Abdulkarim al-Khaiwani, periodista que desde hace tiempo critica las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de la comunidad zaidí, fue condenado a seis años de prisión en Yemen tras ser declarado culpable el 9 de junio de 2008 de cargos relacionados con su labor informativa sobre los enfrentamientos armados entre fuerzas gubernamentales y partidarios del difunto Hussein Badr al-Din al-Huthi, clérigo chií zaidí que murió tras los ataques perpetrados por las fuerzas gubernamentales entre junio y septiembre de 2004 en la provincia septentrional de Sada. Abdulkarim al-Khaiwani quedó en libertad el 26 de septiembre de 2008 tras serle concedido un indulto.

Abdulkarim al-Khaiwani ha sido blanco de reiterados ataques por su labor periodística y ha sufrido durante años hostigamiento, amenazas de muerte, palizas y detención arbitraria. En 2007 fue secuestrado por hombres armados en el exterior de la oficina de un periódico, al parecer por haber escrito un artículo sobre violaciones de derechos humanos en las prisiones yemeníes. En septiembre de 2004 fue condenado a un año de prisión y el periódico Al-Shura, del que era redactor jefe, fue cerrado durante seis meses por haber apoyado a Hussein Badr al-Din al-Huthi. Abdulkarim al-Khaiwani quedó en libertad tras un indulto presidencial el 23 de marzo de 2005.



En Líbano se ha dado muerte a algunos periodistas que habían planteado cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, Samir Qasir, destacado escritor del periódico an-Nahar, fue asesinado el 2 de junio de 2005 por la explosión de un vehículo bomba a la puerta de su casa. Era conocido por sus críticas a las autoridades libanesas y a las actividades de Siria en Líbano, así como por otros escritos críticos. En octubre de 1997 accedió a formar parte de un grupo de expertos para la presentación en Beirut del primer informe de Amnistía Internacional sobre Líbano, en una época en que la gente se cuidaba muy mucho de que la asociaran con la organización o de criticar de otro modo los abusos contra los derechos humanos que se cometían en el país. Él siguió apoyando a Amnistía Internacional y su trabajo en la región.

El 12 de diciembre de 2005 mataron a otro destacado periodista libanés. Gibran Tueni, director ejecutivo del periódico an-Nahar y parlamentario desde mayo de 2005, murió en un atentado con vehículo bomba en el que también perdieron la vida su conductor y otras dos personas. Unos días antes, Gibran Tueni había pedido públicamente que se preguntase al entonces presidente de Líbano, Émile Lahoud, por una fosa común que se había descubierto poco antes en unos terrenos del Ministerio de Defensa en al-Yarze, ya que el presidente era jefe militar de Líbano en 1990, fecha en la que al parecer se enterraron allí los cuerpos.

Una tercera periodista fue blanco de ataques ese año: May Chidiac, periodista televisiva de la Radiotelevisión Libanesa (LBC), resultó gravemente herida en un atentado con vehículo bomba en septiembre de 2005.

En Libia la prensa independiente no está permitida y las autoridades utilizan cargos de motivación política para atacar a los trabajadores de los medios de comunicación. Por ejemplo, el periodista y escritor Abdurrazig al-Mansouri fue detenido el 12 de enero de 2005 en su domicilio de Tobruk; estuvo recluido en régimen de incomunicación en un lugar no revelado a disposición de la Agencia de Seguridad Interna y después fue trasladado a la prisión de Abu Salim, en Trípoli. Según los informes, hasta que compareció ante el fiscal el 28 de mayo de 2005 no supo a qué cargos se enfrentaba ni se le permitió ver a su familia ni a un abogado. El 19 de octubre de 2005 fue condenado a 18 meses de prisión por estar en posesión de una pistola y munición sin licencia. Abdurrazig al-Mansouri sostiene que el arma era una vieja pistola que había pertenecido a su padre, que no funcionaba ya y que la conservaba como recuerdo, y que la munición eran balas usadas que su padre había recogido a la orilla del mar. Según su familia, parece ser que los agentes de la Agencia de Seguridad Interna no encontraron la pistola hasta el día siguiente de su detención. Los agentes le preguntaron después por los artículos críticos que había escrito sobre política y derechos humanos en Libia y que se habían publicado en el sitio web de noticias Akhbar Libya, con sede en Reino Unido, poco antes de su detención. Abdurrazig al-Mansouri quedó en libertad el 2 de marzo de 2006, junto con unos 130 detenidos más, como consecuencia de una amnistía.



Dhaif al-Ghazzal, ex periodista del periódico oficial de los Comités Revolucionarios, fue detenido en mayo de 2005 en Bengasi por hombres que se identificaron como miembros de la Agencia de Seguridad Interna de Libia. Las autoridades negaron después que estuviera detenido. Unos días más tarde se encontró su cuerpo mutilado en un suburbio de Bengasi. Había sido torturado y le habían disparado en la cabeza. Dhaif al-Ghazzal había renunciado a su puesto en el periódico oficial unos meses antes en señal de protesta por la corrupción, que había seguido denunciando en sus escritos y colaboraciones en una web de noticias. También promovió reformas políticas. Según los informes, recibió varias amenazas de muerte anónimas. Tres personas, al parecer pertenecientes a la Guardia Revolucionaria, fueron, según los informes, declaradas culpables el 19 de julio de 2007 del asesinato de Dhaif al-Ghazzal y condenadas a muerte por fusilamiento por un tribunal ad hoc o “especializado” de Trípoli.



En Jordania, un real decreto adoptado en octubre de 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, enmendó el Código Penal para permitir el encarcelamiento de personas por “publicar un artículo, discurso o acto que de cualquier manera ofenda la unidad nacional, incite a cometer delitos, inculque el odio entre miembros de la sociedad, incite al sectarismo y el racismo, insulte la dignidad y las libertades personales de los individuos, promueva rumores inventados, incite a otros a participar en disturbios o sentadas o a organizar reuniones públicas que violen las leyes del país”.93 Los infractores son enjuiciados ante el Tribunal de Seguridad del Estado, que puede imponer penas de hasta seis meses de prisión y generalmente no permite recursos. Estas enmiendas suscitan nuevos motivos de preocupación en relación con la libertad de la prensa y aumentan los riesgos a que se enfrentan los periodistas que informan sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

En Argelia, a mediados de 2001 se enmendó el Código Penal para establecer penas de hasta un año de prisión y una multa para los periodistas que “difamen” o “insulten” al presidente o a las instituciones del Estado. La enmienda ha motivado un acusado aumento del número de causas incoadas contra periodistas y directores de periódicos, ya que el gobierno ha intentado desincentivar las informaciones desfavorables en la prensa de titularidad privada. Esto ha obligado a los periodistas a ejercer una moderación extrema para evitar ser encarcelados.

Periodistas que han sacado a la luz prácticas deficientes del gobierno o casos de corrupción han sido condenados a prisión y multados. Algunos fueron condenados por informar de casos de tortura o criticar la lentitud de las investigaciones sobre denuncias de tortura u otros malos tratos de detenidos. En mayo de 2004, por ejemplo, Hafnaoui Ghoul, periodista argelino, activista de los derechos humanos y portavoz de un grupo político no oficial, fue condenado a un total de ocho meses de prisión por, entre otras cosas, informar sobre denuncias de tortura, mala gestión pública y corrupción.



En enero de 2008 se impusieron a Athmane Senadjki, redactor jefe del periódico argelino El Khabar, y al periodista Hamed Yes sendas condenas condicionales de un mes de prisión y multas por “desacreditar a un organismo del Estado”. Los cargos guardaban relación con un artículo en el que se afirmaba que la administración de la prisión de Serkadji había obligado a desnudarse a presos.



La libertad de prensa continúa sometida a severas restricciones en Siria, y es frecuente que las personas que defienden los derechos humanos sean procesadas. Por ejemplo, Muhammad Bedia’ Dekalbab, miembro de la Organización Nacional de Derechos Humanos, no autorizada por las autoridades, fue condenado por el Tribunal Militar a seis meses de prisión en junio de 2008. Lo declararon culpable de “difundir información falsa o exagerada [...] susceptible de menoscabar el prestigio del Estado”. Muhammad Bedia’ Dekalbab fue detenido el 2 de marzo de 2008 y quedó en libertad el 14 de septiembre de 2008.

Las personas que intentan informar sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las minorías en Siria son severamente castigadas. Yahia al-Aws y los hermanos Muhannad y Haytham Qutaysh fueron detenidos en 2003, recluidos arbitrariamente y condenados después de juicios sin garantías por escribir artículos sobre los kurdos para un periódico de Internet de los Emiratos Árabes Unidos y por tomar fotografías de una manifestación kurda pacífica y subirlas a Internet. Se los acusó de “obtener y alentar la transferencia de información secreta que debía seguir siendo secreta por la seguridad del Estado y en beneficio de un Estado extranjero”, “difundir noticias en el extranjero” y “realizar escritos no aprobados por el gobierno que exponen a Siria y a la población siria a la amenaza de actos hostiles que perjudiquen las relaciones de Siria con un Estado extranjero”. En julio de 2004, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado condenó a Muhannad Qutaysh, Haytham Qutaysh y Yahia al-Aws a cuatro, tres y dos años de prisión, respectivamente. Los tres quedaron en libertad tras cumplir sus condenas.

El periodista Ali al-Abdullah y su hijo Muhammad fueron detenidos el 23 de marzo de 2006, al día siguiente de haber estado en el exterior del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado junto con familiares de encausados que comparecían ante el tribunal. Ali y Muhammad al-Abdullah intervinieron cuando la policía hostigó a los familiares, lo que motivó una discusión con un agente acerca de la continuidad de las leyes de excepción en Siria. El caso se remitió a un tribunal penal y finalmente a un tribunal militar, que en octubre de 2006 los condenó a seis meses de prisión por “difundir en el extranjero noticias falsas o exageradas susceptibles de perjudicar la reputación del Estado o su situación económica” y por insultar al presidente del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Muhammad al-Abdullah fue acusado asimismo de participar en una reunión que propugne “disturbios, o muestre indicios de causar una alteración general de la seguridad pública, o cause alborotos o protestas”. Quedaron en libertad un día después de dictarse la sentencia por haber cumplido ya seis meses de prisión.


En Kuwait, a pesar de ciertas novedades positivas como la constitución de un sindicato independiente de periodistas, las personas que trabajan en los medios de comunicación siguen haciendo frente a la censura y a algunas medidas represivas. En enero de 2008, por ejemplo, la televisión Al Yazira fue multada en relación con un programa emitido en febrero de 2002 que presuntamente difamaba a dirigentes políticos kuwaitíes. En marzo de 2008 se retiró la licencia a las publicaciones semanales al-Abrai y al-Sha’ab, y sus directores fueron multados por la publicación de artículos que los tribunales consideraron difamatorios y “políticos”, respectivamente.



[Todos los gobiernos deben suprimir] las penas de prisión para delitos de prensa, salvo cuando se hayan hecho observaciones racistas o discriminatorias o se haya instigado a la violencia. Para delitos como el libelo, las injurias o la difamación del jefe del Estado y la publicación o difusión de informaciones falsas o alarmistas, las penas de prisión son reprobables y no guardan proporción con el daño infligido a la víctima. En todos esos casos, la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos.”94

Relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Profesionales del derecho

En muchos países de Oriente Medio y el Norte de África, el poder judicial carece de independencia y las autoridades ejecutivas se inmiscuyen en su trabajo. No se respetan las garantías procesales reconocidas en las normas internacionales, lo que incluye el uso de la detención en régimen de incomunicación, la reclusión prolongada sin cargos ni juicio, la falta de acceso a abogados y familiares, el procesamiento de civiles por tribunales militares y la admisión –a menudo incondicional– de confesiones como prueba pese a existir indicios convincentes de que se obtuvieron mediante tortura.

A pesar del entorno represivo, algunos profesionales del derecho se han esforzado por defender y promover el Estado de derecho, a menudo con un coste personal elevado. Algunos han sido procesados y condenados a prisión. Otros han sido detenidos por defender a clientes concretos. Jueces que intentaban mantener la independencia de la judicatura han sido objeto de medidas disciplinarias. Se ha acusado a algunos abogados de difamación por criticar públicamente procedimientos judiciales injustos.



Derechos de los profesionales de la abogacía

Los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados dejan clara la importancia de que estos profesionales puedan hablar libremente sobre los derechos humanos. El principio 14 afirma:

Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión.

El principio 23 afirma:

Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión. [...] En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos.

Las normas internacionales ponen de relieve el deber de los gobiernos de garantizar “que los abogados [...] puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”.95 Asimismo, afirman con claridad que los abogados “no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”96 y que no sufrirán ni estarán “expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.97



En Marruecos, Tawfik Moussaef, prestigioso abogado defensor de los derechos humanos, fue declarado culpable en julio de 2008 por un tribunal de apelación de Rabat de infringir la ley que regula la profesión jurídica por revelar presuntamente información sobre una investigación en marcha. El procurador general de la Corona abrió la causa cuando Tawfik, en unos artículos publicados por un periódico marroquí, expresó su preocupación por la posibilidad de que un cliente suyo, detenido por delitos relacionados con el terrorismo, hubiera sufrido tortura u otros malos tratos. En 2006, el Consejo del Colegio de Abogados de Rabat, que supervisa la profesión jurídica, concluyó que Tawfik Moussaef no había vulnerado la ley tal como se le acusaba.



Anwar al-Bunni, prestigioso defensor de los derechos humanos y abogado de Siria, cumple actualmente cinco años de prisión por “difundir información falsa perjudicial para el Estado” por hacer en abril de 2006 una declaración a un periódico de Qatar en la que afirmaba que la muerte bajo custodia de Muhammad Shaher Haysa se había producido “como consecuencia de malos tratos posiblemente equivalentes a tortura”. Anwar al-Bunni se negó a apelar, pues consideraba que la sentencia y el juicio fueron “sumamente políticos y constituyeron una flagrante violación de la libertad de opinión y de expresión”; llegó a la conclusión de que el tribunal de apelación no sería diferente.

Anwar al-Bunni ha sufrido sistemáticamente hostigamiento y abusos. En octubre de 2005 fue atacado por tres hombres que circulaban en motocicletas. Lo sacaron por la fuerza de su automóvil, lo agredieron y después se alejaron a toda velocidad. Es creencia generalizada que el ataque fue ordenado o llevado a cabo por funcionarios del Estado que lo habían sometido a una presión creciente debido a su trabajo relacionado con los derechos humanos, en particular la representación de presos de conciencia y otros presos políticos, y a la expresión franca de su opinión sobre cuestiones de derechos humanos en Siria. También debía haber sido el presidente de un centro de derechos humanos financiado por la Unión Europea en Damasco que las autoridades sirias cerraron poco después de su inauguración en marzo de 2006.

Anwar al-Bunni también ha sido llamado para mantener reuniones con las fuerzas de seguridad, ha sido objeto de medidas disciplinarias por parte del Colegio de Abogados de Damasco y se le ha impedido viajar al extranjero. El ministro de Asuntos Sociales y Trabajo ha pedido que se prive a Anwar al-Bunni de su ciudadanía. La esposa de Anwar al-Bunni fue despedida de su trabajo de empleada del Estado en la Compañía General del Transporte por Carretera; la autorización fue firmada por el primer ministro.



En Túnez, los profesionales de la abogacía son objeto de estrecha vigilancia, intimidación y hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad, que en ocasiones han presionado a los encausados para que cambien de abogado si quieren que su causa “progrese en la dirección correcta”. Las autoridades del Estado intimidan y hostigan de forma sistemática a los abogados que representan a detenidos en casos relacionados con el terrorismo. Cuando presentan denuncias por estos actos de hostigamiento, injerencia y en ocasiones violencia física, sus denuncias no se investigan de forma adecuada.

Durante todo 2005, las autoridades intimidaron a la Asociación de Magistrados Tunecinos, obstruyeron sus actividades y restringieron su derecho a la libertad de expresión. Cuando los jueces reclamaron más independencia para el poder judicial y criticaron públicamente las injerencias del gobierno en la judicatura, se cortaron las líneas telefónicas de la Asociación. El hostigamiento culminó en septiembre de 2005, cuando se impidió por la fuerza el acceso de miembros de la Asociación a su despacho en el Palacio de Justicia de la ciudad de Túnez por orden del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los jueces fueron trasladados arbitrariamente a zonas aisladas, lejos de sus familias, en un intento de intimidarlos y silenciarlos.



Abderaouf Ayadi, abogado y defensor de los derechos humanos, fue agredido por un agente de policía en Túnez en abril de 2007, cuando se disponía a entrar en la sala de un tribunal para representar a un encausado por cargos relacionados con el terrorismo. En junio de 2007, su automóvil fue destrozado por personas que al parecer eran agentes estatales tunecinos. En noviembre de 2007 fue insultado, arrojado al suelo y arrastrado por agentes de policía que trataban de impedir que visitara a un activista de los derechos humanos y un periodista que estaban en huelga de hambre. Las autoridades no emprendieron acción alguna contra los responsables de las agresiones sufridas por Abderaouf Ayadi.



En Irán se ha acusado a algunos abogados de “actuar contra la seguridad del Estado” por el mero hecho de quejarse de deficiencias en el juicio de su cliente. Abogados que han defendido casos delicados que entrañaban violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado han sido condenados a largas penas de prisión y se les ha prohibido practicar su profesión, como castigo por cuestionar la impunidad de los funcionarios y también para disuadir a otros abogados. A principios de 2008, cuatro abogados, miembros del Centro de Defensores de los Derechos Humanos –Mohammad Dadkhah, Dr. Hadi Esmailzadeh, Fatemeh Gheyrat y Abdolfattah Soltani–, fueron inhabilitados para presentarse como candidatos a las elecciones a la Junta Directiva del Colegio Central de Abogados por orden de la magistratura en virtud de los criterios de selección discriminatorios conocidos como gozinesh.

Nasser Zarafshan, abogado que representaba a familiares de víctimas de los “asesinatos en serie” (véase supra), quedó en libertad en marzo de 2007 tras cumplir cinco años de prisión después de un juicio sin garantías ante un tribunal militar. También se le prohibió el ejercicio de la abogacía. Entre otras cosas, lo acusaron de “difundir información confidencial” en relación con estos asesinatos y de posesión ilegal de armas de fuego y alcohol, que al parecer habían colocado subrepticiamente en su oficina para inculparlo.

En Argelia se ha castigado indirectamente a abogados por defender a clientes acusados de delitos relacionados con el terrorismo y se han enfrentado a cargos de motivación política que pretendían disuadirles de continuar con su trabajo en casos de esa índole. Amine Sidhoum, abogado defensor de los derechos humanos, fue condenado en abril de 2008 a seis meses de prisión, suspendidos, por “desacreditar al poder judicial”. Tanto Amine Sidhoum como la acusación han apelado, ésta solicitando una condena más severa. La vista del recurso está prevista para noviembre de 2008. Los cargos guardan relación con un artículo publicado en 2004 en el periódico Ech Chouroukh, en el que se citaba a Amine Sidhoum afirmando que los 30 meses que uno de sus clientes había pasado recluido sin juicio equivalían a una “sentencia abusiva.” Amine Sidhoum sostiene que en realidad dijo que se trataba de un caso de “detención arbitraria”. Dada su condición de abogado, incluso una condena condicional de prisión tiene enormes repercusiones sobre su capacidad para ejercer su profesión. En otra causa que pareció obedecer a motivos políticos, Amine Sidhoum y otro abogado defensor de los derechos humanos, Hassiba Boumerdessi, fueron absueltos en abril de 2007 de hacer llegar objetos prohibidos a sus clientes en la cárcel.

Amine Sidhoum es uno de los pocos abogados de Argelia dispuestos a representar a personas cuyos derechos humanos han sido violados por el Estado. Es muy conocido por su labor de oposición a la tortura y a los juicios sin garantías de personas acusadas de terrorismo. Su trabajo en favor de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada en Argelia también lo ha expuesto al acoso de las autoridades. Por ejemplo, en 2006, un funcionario estatal intentó disuadirlo de plantear motivos de preocupación relacionados con la situación de los derechos humanos en Argelia en el 39 periodo de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, advirtiéndole que sería condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.

En Egipto se ha perseguido a profesionales de la abogacía que han criticado la falta de independencia del poder judicial. Dos vicepresidentes del Tribunal de Casación, Hisham Bastawisi y Mahmoud Mekki, solicitaron una investigación sobre un presunto fraude electoral en el que estuvieron involucrados jueces progubernamentales durante las elecciones parlamentarias de noviembre y diciembre de 2005, que fueron supervisadas por la judicatura. En vez de investigar la denuncia de fraude, las autoridades citaron a los dos jueces para que comparecieran ante una junta disciplinaria en El Cairo en abril de 2006. Mahmoud Mekki fue absuelto, pero Hisham Bastawisi fue amonestado y declarado culpable de menospreciar al Consejo Judicial Supremo y de hablar con la prensa. Estos hechos dieron lugar a importantes manifestaciones callejeras en apoyo de los jueces y de la independencia del poder judicial, protestas que fueron dispersadas de forma violenta.



Abdel Rahman al-Lahem, abogado defensor en Arabia Saudí, fue objeto de acciones disciplinarias en 2007 cuando defendía a una víctima de violación en grupo. Su cliente fue condenada a seis meses de prisión y 200 latigazos por cometer un delito de khilwa (hallarse solos un varón y una mujer que no sean familiares inmediatos). El tribunal consideró asimismo que ella era parcialmente responsable de su violación. Cuando Abdel Rahman al-Lahem criticó la decisión del tribunal de tratarla como delincuente, el Ministerio de Justicia emprendió una acción disciplinaria en su contra, acusándolo de “insultar al Consejo Judicial Supremo y desobedecer las reglas y normas” de la judicatura. Estos cargos podrían haber conducido a su suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. En diciembre de 2007, después de protestas públicas de ámbito nacional e internacional, el rey de Arabia Saudí indultó a la víctima de violación. La acción disciplinaria contra Abdel Rahman al-Lahem se cerró entonces y se le permitió reanudar su trabajo.

Abdel Rahman al-Lahem había sido detenido previamente en marzo de 2004, dos días después de aparecer en el canal de televisión Al Yazira criticando la detención de 11 profesores universitarios e intelectuales –a todos los cuales representaba– que habían reclamado reformas políticas (véase el Capítulo 1). Abdel Rahman al-Lahem quedó en libertad dos meses después, pero lo detuvieron de nuevo en noviembre de 2004 tras la publicación de un llamamiento remitido por tres de los encausados al príncipe heredero Abdullah en el que criticaban la falta de imparcialidad de la judicatura.



La intimidación, el hostigamiento y el enjuiciamiento de profesionales del derecho por cumplir con su deber constituyen una violación de los derechos de los abogados y sus clientes y, en muchos casos, privan a las personas encausadas de su derecho a una asistencia letrada adecuada. La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos recuerda el derecho de toda persona, “individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos”.98



Personas que defienden los derechos de la mujer

Los defensores y defensoras de los derechos de la mujer –mujeres que defienden los derechos humanos y todas las personas que promueven y protegen activamente los derechos de la mujer– muestran hoy una actitud más firme y están mejor organizados en Oriente Medio y el Norte de África.

Las mujeres hacen frente a los mismos tipos de violaciones de derechos humanos que los hombres en todo el mundo, pero la represión que experimentan tiene a menudo un fuerte componente de género y también un impacto de género. La opresión social y cultural de las mujeres, arraigada en legislaciones discriminatorias y en su relegación tradicional a papeles estereotipados dentro de la esfera doméstica, han impedido en gran medida que las mujeres irrumpan como agentes visibles y audibles en la sociedad.

Dado que muchas defensoras de los derechos humanos se han centrado en la igualdad de género, a menudo se considera que desafían las normas, estructuras y prácticas sociales. Al desmitificar y poner en entredicho el papel tradicional de la mujer, corren el riesgo de ser condenadas al ostracismo. Como ha subrayado la representante especial, “las defensoras de derechos humanos enfrentan riesgos diferentes y más grandes por ser mujeres. Son objeto de persecución porque frecuentemente desafían las normas sociales de ‘feminidad’”.99

En todo Oriente Medio y el Norte de África, las autoridades han intentado sofocar las campañas de las mujeres contra la discriminación y otros abusos que sufren de forma especial.

En Irán, el intento de silenciar las voces de las mujeres ha sido sistemático. Se han denegado reiteradamente las solicitudes de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres para celebrar concentraciones públicas. Pese a ello, han celebrado reuniones y concentraciones, algunas de las cuales han sido disueltas de forma violenta por las autoridades. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2006, guardias revolucionarios y miembros de la milicia Basij vestidos de civil dispersaron violentamente a cientos de mujeres que se habían congregado de forma pacífica en Teherán para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Decenas de mujeres fueron golpeadas. Según los informes, periodistas que filmaban el acto fueron detenidos y no quedaron en libertad hasta que se confiscaron sus películas y fotografías. Nueve personas que habían resultado heridas presentaron una denuncia ante la Fiscalía en mayo de 2006.

En junio de 2006, de nuevo la policía golpeó a mujeres que participaban en otra manifestación pacífica para reclamar reformas legales, incluida una nutrida unidad de mujeres policías que detuvo a unas 70 personas por participar en lo que según las autoridades era una manifestación ilegal. Se detuvo a periodistas que habían cubierto las manifestaciones. La mayoría de las personas detenidas quedaron en libertad poco después, aunque un manifestante –Sayed Ali Akbar Mousavi Kho’ini– estuvo recluido durante más de cuatro meses y fue torturado.

Varias de las mujeres detenidas, entre ellas las organizadoras Fariba Davoudi Mohajer, Shahla Entesari, Parvin Ardalan, Noushin Ahmadi Khorassani y Sussan Tahmasebi, fueron condenadas a prisión por cargos como “reunión y connivencia para actuar contra la seguridad del Estado”, “participar en una concentración ilegal” o “propaganda contra el sistema”. En septiembre de 2008, todas continuaban en libertad pero la mayoría esperaba el resultado de sus apelaciones.

Delaram Ali, entre otras, fue condenada a ser azotada además de a una pena de prisión en relación con la manifestación de junio de 2006. El presidente de la magistratura suspendió temporalmente la ejecución de la condena tras una campaña generalizada de ámbito nacional e internacional. Pese a existir indicios de que agentes de policía habían usado fuerza excesiva contra ella durante la manifestación, los cargos en contra de los agentes se desestimaron. Delaram Ali fue condenada a 10 azotes y 34 meses de prisión (reducidos a 30 meses en apelación). El presidente de la magistratura ordenó que un juez examinase el caso para determinar si había adolecido de irregularidades. Delaram Ali está en libertad, en espera del resultado de esa investigación, pero persiste el riesgo de que sea encarcelada.

El 4 de marzo de 2007, primer día del juicio de cinco de las mujeres que organizaron la manifestación de junio de 2006, se detuvo a simpatizantes que se habían congregado en el exterior del tribunal para protestar pacíficamente contra el juicio. Entre las detenidas se encontraban cuatro de las encausadas y la abogada Shadi Sadr. Todas quedaron en libertad unos días después. Sin embargo, Shadi Sadr y Mahboubeh Abbasgholizade –que también participaban en una campaña por el fin del castigo judicial de la muerte por lapidación– estuvieron recluidas durante más de dos semanas antes de ser puestas en libertad bajo fianza. En una sesión del Tribunal Revolucionario celebrada en agosto de 2007, a la que no se permitió asistir a su abogado y durante la cual se interrogó a las mujeres sobre sus ONG y sus actividades en la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre”, se las acusó formalmente de reunión ilegal, connivencia contra la seguridad nacional, alteración del orden público y negativa a obedecer las órdenes de la policía. En septiembre de 2008, al menos otras 26 personas detenidas el 4 de marzo habían sido citadas a juicio o juzgadas, de las cuales al menos siete fueron condenadas a penas de hasta dos años de prisión. Al menos a cuatro se les impusieron condenas condicionales de flagelación. Ninguna estaba privada de libertad en el momento de redactarse el presente informe.

Tras la manifestación de junio de 2006, activistas de los derechos de las mujeres iraníes lanzaron la Campaña por la Igualdad el 27 de agosto de ese año. Se redactó una petición con el objetivo de reunir “un millón de firmas para reclamar cambios en las leyes discriminatorias”. La petición está abierta para su firma por la población iraní en el sitio web de la campaña, que ha sido bloqueado al menos en 16 ocasiones.

Decenas de activistas y simpatizantes de la Campaña por la Igualdad han sido detenidos, algunos mientras recogían firmas para la petición. Nasim Sarabandi y Fatemeh Dehdashti fueron las primeras en ser condenadas a prisión por recoger firmas. El 12 de agosto de 2007 se las condenó a seis meses de prisión, con una suspensión de dos años, por “actuar contra la seguridad del Estado por medio de propaganda contra el sistema”.



Detenida en Irán en 2004, Mahboubeh Abbasgholizadeh estuvo recluida en régimen de aislamiento durante 23 días en una celda minúscula y fue sometida a una presión mental y emocional extrema durante los interrogatorios. La interrogaron por sus actividades en favor de los derechos de las mujeres. Sus interrogadores le preguntaron de forma intrusiva y trataron de que hiciera declaraciones potencialmente incriminatorias en relación con su vida privada, como: “Dinos con quién te has acostado”. La amenazaron con llevar a su hija a la cárcel si no cooperaba. Mahboubeh Abbasgholizadeh fue acusada, entre otras cosas, de mantener “relaciones ilícitas” y “relaciones con extranjeros”, de ir vestida de forma inapropiada (sin pañuelo en la cabeza) y de estar en posesión de alcohol. Tras quedar en libertad bajo fianza un mes más tarde, Mahboubeh Abbasgholizadeh tuvo que recibir tratamiento psicológico privado para superar la terrible experiencia que había vivido en la cárcel. En marzo de 2007 la detuvieron de nuevo (véase supra) y cerraron su ONG.



También se ha detenido y encarcelado a defensoras de los derechos humanos en otros países de la región. Algunas han sido sometidas a juicio. En junio de 2005 compareció ante un tribunal Ghada Jamsheer, destacada defensora de los derechos humanos en Bahréin y directora del Comité de Petición de las Mujeres, grupo creado en octubre de 2002 para propugnar la reforma de los tribunales sobre la condición personal (tribunales de familia) y la codificación de las leyes de familia. Se enfrentaba a los cargos de “insultos al poder judicial”, difamación y calumnia de un juez de un tribunal de familia, y calumnia del esposo de una víctima de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. El primer cargo tenía su origen en las peticiones y los artículos publicados por el Comité entre octubre de 2002 y junio de 2003 que reclamaban la reforma del sistema de tribunales de familia y la capacitación adecuada de los jueces que aplicaban las leyes de familia. Ghada Jamsheer negó todos los cargos, que se retiraron posteriormente.

En Siria, el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo declaró ilegal la Asociación de Mujeres Sirias en enero de 2007, aun cuando llevaba funcionando desde 1948. En septiembre de 2007, el ministro de Asuntos Sociales y Trabajo se negó a conceder autorización a cinco ONG, entre ellas la Organización de Apoyo a Mujeres y Víctimas de la Violencia de Género en el Ámbito Familiar.

En los Territorios Palestinos Ocupados, las defensoras de los derechos humanos han sentido de forma especialmente grave las repercusiones de la ocupación. Sus esfuerzos de tanto tiempo para acabar con la discriminación por motivos de género se han visto frustrados por la sensación de que la necesidad primordial es poner fin a la ocupación israelí. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, afirmó tras visitar los Territorios Palestinos Ocupados: “el ahondamiento del conflicto en los Territorios Palestinos Ocupados y la expansión de las herramientas de ocupación han debilitado el poder de negociación de las mujeres palestinas para cuestionar el contrato de género patriarcal que se ha convertido, en parte, en un mecanismo de defensa para mantener intacta la sociedad”.100

En un lugar donde, tal como lo describe la relatora especial, el “aumento de la transgresión de las tierras [palestinas] ha dejado el honor como único motivo viable para la preservación de la identidad social, en detrimento de las mujeres”,101 a las defensoras de los derechos humanos les resulta cada vez más difícil promover el principio de la igualdad de género. De hecho, mujeres defensoras que han propugnado reformas legales y han apoyado a víctimas de violencia de género en el ámbito familiar han sido perseguidas por agentes estatales y otros. Como consecuencia, estas activistas han sido progresivamente marginadas. Esta situación contrasta vivamente con el periodo de la primera Intifada (1987-1993), durante la cual los activistas de derechos humanos y los grupos de mujeres lograron una visibilidad importante en la defensa de estos principios.

En Irak se han constituido numerosas ONG desde la invasión dirigida por Estados Unidos en 2003. Muchas de ellas se centran en el empoderamiento de las mujeres en Irak y abarcan una amplia gama de actividades, como atención de la salud, proyectos para la generación de ingresos, educación, formación profesional, asistencia jurídica y protección de mujeres en situación de riesgo.

Muchas defensoras de los derechos humanos iraquíes que trabajan para ONG que ofrecen apoyo y asistencia a mujeres o que están afiliadas a ellas también realizan una labor de defensa de los derechos de la mujer. La creación de redes formales y de alianzas específicas de organizaciones de mujeres iraquíes ha contribuido a fortalecer sus voces de las mujeres en el proceso político. En 2004, activistas de los derechos de las mujeres iraquíes hicieron con éxito gestiones de cabildeo ante la Autoridad Provisional de la Coalición encabezada por Estados Unidos para introducir una cuota mínima de mujeres en la composición de la Asamblea Nacional iraquí. La cuota mínima del 25 por ciento de mujeres parlamentarias se incorporó después a la Constitución iraquí de 2005 (artículo 49). Sin embargo, muchas defensoras de los derechos de la mujer consideran motivo de preocupación el hecho de que la Constitución reabriera el debate sobre la revisión de la Ley de la Condición Jurídica y Social de las Personas (artículo 47), que temen que conduzca a una mayor influencia de las autoridades religiosas en asuntos relativos a la condición jurídica y social, como el matrimonio, el divorcio y la herencia.

Aunque la continuidad de la violencia generalizada representa una amenaza para todas las personas en Irak, las defensoras de los derechos humanos deben hacer frente a riesgos especiales. Han sido hostigadas y amenazadas por diversas razones, como reivindicar sus derechos civiles y políticos, propugnar una mayor libertad para las mujeres o brindar protección a niñas y mujeres vulnerables, como las que están amenazadas de “homicidio por motivos de honor”.

El 17 de mayo de 2008, Leila Hussein murió por disparos en Basora mientras caminaba con dos defensoras de los derechos humanos que la estaban ayudando a escapar de Irak. Las otras dos mujeres resultaron heridas en el ataque. Se sabía que la vida de Leila Hussein estaba en peligro tras haber denunciado primero y abandonado después a su esposo, que en marzo de 2008 había matado a la hija adolescente de ambos, Rand Abd al-Qader, por su amistad con un soldado británico destinado en Basora. Durante las últimas semanas de su vida, Leila Hussein vivió escondida con el apoyo de una organización local de derechos de las mujeres.



Bajo el fuego en Irak

Defensoras de los derechos humanos que trabajan en casas refugio para mujeres en la región iraquí de Kurdistán denuncian amenazas frecuentes de familiares de mujeres que han buscado protección. Se ha producido al menos un ataque armado contra una casa refugio: el 11 de mayo de 2008, hombres armados que al parecer eran parientes de una mujer que residía en la casa refugio de ASUDA (Organización para Combatir la Violencia contra las Mujeres) en Suleimaniya, hicieron varios disparos contra la casa refugio desde un edificio próximo que causaron heridas graves a la mujer.

Profesionales de la abogacía que representaban a mujeres en asuntos relacionados con la condición jurídica y social también han sufrido persecución. Una abogada de la región de Kurdistán dijo a Amnistía Internacional que había recibido amenazas en su teléfono móvil de familiares de una mujer que había sufrido abusos de su esposo y a quien la abogada había ayudado a solicitar el divorcio. Uno de los mensajes que recibió en 2008 decía: “¿Dónde vas a esconderte? Si ella consigue el divorcio nos tomaremos la justicia por nuestra mano. Sabemos que eres su abogada. Podemos localizarte y matarte”.





6. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión que experimentan las personas o las organizaciones que defienden los derechos civiles y políticos se reflejan en el área de los derechos económicos, sociales y culturales. Aun cuando la represión de activistas y organizaciones que defienden estos derechos está menos documentada y recibe menos publicidad, lo cierto es que sucede. Entre los abusos se cuentan el hostigamiento, la intimidación, las detenciones y, en algunos casos, la cárcel.



Derechos de los trabajadores

Las leyes y normas internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,102 así como la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (Convenio 87) de 1948, ambos de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen el derecho a la libertad de asociación y el derecho a sindicarse y a formar sindicatos independientes. El respeto de este derecho presenta grandes variaciones en la región: en los países del Norte de África, con la excepción de Libia, el pluralismo sindical está permitido aunque con algunas excepciones y restricciones de ámbito sectorial. En otros lugares de la región, sólo Israel y Líbano reconocen el derecho a formar sindicatos independientes o afiliarse a ellos, aunque Líbano limita este derecho a algunos sectores y priva de él a los refugiados palestinos.

Las autoridades de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos no permiten los sindicatos independientes, y en cambio permiten los “comités de trabajadores”, menos eficaces. En otros países sólo existen sistemas de sindicato único.

La ausencia de sindicatos independientes tiene consecuencias especialmente graves para los trabajadores migrantes en el golfo Pérsico, que constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo y en muchos casos trabajan en condiciones atroces.103 En este sentido, Bahréin constituye una notable excepción, ya que la Ley del Trabajo de 2002 permite a los no ciudadanos afiliarse a sindicatos (aunque una nueva ley sobre reuniones les prohíbe participar en manifestaciones y concentraciones).

En cambio, la nueva Ley del Trabajo adoptada en Arabia Saudí en 2005 no reconoce el derecho a formar sindicatos ni el derecho de huelga. Además, y en contra de la jurisprudencia internacional, que hace hincapié en el derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad de asociación de los extranjeros,104 la ley no es de aplicación a los trabajadores domésticos, cuya necesidad de protección legal es especialmente grande. En Kuwait, donde no se ha adoptado todavía el nuevo código de trabajo prometido hace 10 años, los trabajadores domésticos continúan excluidos de la protección de la ley y no pueden fundar sindicatos ni pertenecer a ellos.

Los derechos de los trabajadores migrantes en el golfo Pérsico, en su mayoría procedentes de Asia, se violan de forma ostensible y sistemática. Los trabajadores extranjeros son introducidos en el país por medio de un kefala, o fiador, a quien el empleado está legalmente vinculado por contrato y atado a menos que se llegue a acuerdos alternativos, lo que sucede en contadas ocasiones. Los trabajadores migrantes soportan a menudo jornadas laborales de duración extrema, restricciones de circulación, confinamiento forzoso, falta de alimentos, falta de salvaguardias de salud y seguridad, horas extraordinarias no remuneradas, discriminación en el trabajo basada en la nacionalidad, impago –en ocasiones durante meses– de los salarios, etc.

Los derechos de los trabajadores migrantes, y en particular de los trabajadores domésticos, son objeto de graves violaciones. Muchas de estas personas han sufrido abusos sexuales por parte de su empleador y algunas han perdido la vida. En ciertos países, como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, las personas empleadas en el servicio doméstico (en su mayoría mujeres) son procesadas si abandonan a sus empleadores sin la autorización adecuada, que resulta muy difícil de obtener. Esta limitación ha inducido a muchas de ellas a soportar condiciones de trabajo intolerables por miedo a perder sus ingresos. Dado que la ley prohíbe a los trabajadores migrantes afiliarse a sindicatos, no pueden intentar organizarse para defender sus derechos.

En Kuwait, debido a la falta de sindicatos independientes o de organizaciones que defiendan los derechos de los trabajadores migrantes –casi el 70 por ciento de la población–, los trabajadores extranjeros se abstienen de luchar contra de las violaciones de sus derechos por miedo a la repatriación. Los intentos de constituir organizaciones de trabajadores o de organizar huelgas pueden considerarse incumplimiento de contrato. Por ejemplo, más de 60 trabajadores migrantes indios que protagonizaron una sentada en septiembre de 2005 para protestar contra las deficientes condiciones de vida y los retrasos en el pago de salarios fueron detenidos y expulsados a India. En alguna ocasión se ha detenido a trabajadores migrantes que intentaban organizarse.

En una iniciativa excepcional, a mediados de 2008, limpiadores bangladeshíes de edificios gubernamentales protagonizaron manifestaciones y llevaron a su contratista a los tribunales por impago de salarios y otras cuestiones. Ganaron. Durante las manifestaciones se causaron daños a propiedades, cientos de bangladeshíes resultaron heridos y se practicaron numerosas detenciones. Algunos dijeron que la policía kuwaití les había infligido tortura u otros malos tratos. A numerosos trabajadores se los acusó formalmente de delitos contra el orden público y se los expulsó del país.

Después de los disturbios, la Sociedad Kuwaití de Derechos Humanos y la Sociedad Kuwaití para el Desarrollo de la Democracia se pronunciaron en favor de los derechos de los trabajadores migrantes. Posteriormente, tras una iniciativa encabezada por el Comité de Derechos Humanos del Parlamento kuwaití, la mayoría de los parlamentarios pidieron un debate urgente sobre los derechos de los trabajadores. En septiembre, el gobierno anunció que sopesaría la posibilidad de cambiar el programa de patrocinio mediante fiadores para mejorar la vida de los trabajadores migrantes.

En los Emiratos Árabes Unidos, un proyecto de ley del trabajo, dado a conocer en febrero de 2007 para normalizar las prácticas de empleo, dispone el castigo de los trabajadores que se declaren en huelga pero no el derecho a sindicarse, a la negociación colectiva o la huelga. El proyecto excluye a los trabajadores migrantes, los agricultores, los trabajadores del sector público y el personal de seguridad privada. Se sigue negando la protección de la legislación laboral a las personas migrantes que trabajan en el servicio doméstico. Como consecuencia, no tienen derecho oficialmente a un día de descanso semanal, a una jornada laboral limitada, a vacaciones pagadas ni a formas de compensación. Entre los abusos denunciados figuran los abusos sexuales y otros malos tratos y el impago de salarios.



En agosto y octubre de 2007, cientos de trabajadores de la construcción, todos trabajadores migrantes, se declararon en huelga en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, para protestar por los bajos salarios y las deficientes condiciones de alojamiento, lo que incluía la falta de abastecimientos de agua seguros. En julio de 2008, según los informes, unos 3.000 trabajadores indios fueron detenidos en Abu Dabi tras el estallido de protestas contra las deficientes condiciones de vida y los bajos salarios. Las autoridades los acusaron de incendio provocado y de causar disturbios.



A pesar de las restricciones legales, los trabajadores de otros lugares del golfo Pérsico han intentado organizar sentadas y huelgas en contadas ocasiones, casi siempre por el impago de salarios. Por ejemplo, en agosto de 2005, unos 600 trabajadores (la mayoría procedentes del subcontinente indio) se declararon en huelga en Qatar para protestar contra el impago de sus salarios durante seis meses y las deficientes condiciones de trabajo.

En algunos países, la actividad sindical y la filiación política están vinculadas. Las autoridades han impuesto una federación sindical única y han prohibido a los sindicatos participar en “actividades políticas”, término definido ampliamente que incluye las demandas legítimas de aplicación de los derechos de los trabajadores. Es el caso de Siria, donde la única federación sindical oficial está controlada por Baás, el partido en el poder, y de Jordania, donde el gobierno subvenciona a la única federación permitida.

En Egipto, las autoridades imponen el monopolio de la Federación Sindical Egipcia, que tiene estrechos vínculos con el Partido Nacional Democrático del presidente Mubarak. Sindicalistas que defienden los derechos de los trabajadores han recibido amenazas y han sufrido agresiones físicas a manos de representantes del gobierno. Se han cortado de raíz manifestaciones de protesta contra el sistema de federación única. Por ejemplo, en marzo de 2004, un millar de soldados impidieron las protestas de los ingenieros contra las restricciones que pesaban sobre los sindicatos, y a mediados de octubre de 2004 la policía ocupó una mina de fosfatos y amenazó con apagar los mecanismos de ventilación de la mina en un intento de obligar a los mineros en huelga a volver al trabajo.

No obstante, desde 2006 ha tenido lugar una importante oleada de huelgas en Egipto en las que han participado decenas de miles de trabajadores. Algunas huelgas se intentaron contrarrestar con prohibiciones que condujeron al estallido de la violencia. El 5 de abril de 2008, el gobierno prohibió todas las manifestaciones antes de una huelga general prevista para el 6 de abril en apoyo de las acciones de los trabajadores del sector textil de Mahala, al norte de El Cairo. Miles de efectivos de la policía y las fuerzas de seguridad fueron desplegados en Mahala, El Cairo y otras ciudades, pero esto no impidió las protestas en Mahala, que degeneraron en violencia al chocar la policía con los manifestantes que protestaban contra el alza del coste de la vida. Tres personas perdieron la vida y muchas resultaron heridas. De las personas que fueron detenidas, unas 258 quedaron en libertad sin cargos pero 49 permanecieron recluidas durante una semana o comparecieron ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para el estado de excepción) de Tanta por cargos que incluían participar en una concentración ilegal susceptible de “alterar el orden público” y destruir bienes públicos. El juicio continuaba en octubre. Los juicios celebrados ante estos tribunales supremos de seguridad para el estado de excepción generalmente no se ajustan a las normas relativas al proceso debido ni a las normas internacionales sobre garantías procesales.

En Irán, la represión de sindicalistas ha revestido una especial severidad. Trabajadores que intentaban organizarse o realizar huelgas han sido agredidos, dispersados violentamente y detenidos. Trabajadores detenidos por participar en manifestaciones no han quedado en libertad hasta firmar documentos en los que prometían abstenerse de “implicarse en la política”. Incluso se ha detenido y recluido durante meses a trabajadores que habían expresado a título individual su simpatía por compañeros en huelga.

En febrero de 2005, siete dirigentes sindicales fueron juzgados por llevar a cabo el año anterior una celebración del Día Internacional del Trabajo que las autoridades consideraron ilegal. Entre las pruebas utilizadas contra uno de los encausados, Mahmoud Salehi, sindicalista activo que ocupaba cargos en varios comités de trabajadores, figuraban: un artículo sobre la manera de calcular el índice del coste de la vida; una declaración de condena de la muerte de trabajadores en huelga a manos de las fuerzas de seguridad en enero de 2004; los contactos mantenidos con una delegación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres poco antes de las celebraciones de mayo de 2004; y una detención anterior por actividades sindicales. Mahmoud Salehi fue condenado a cinco años de prisión y tres años de destierro en otra ciudad.

Los cargos contra otros encausados que habían asistido a la celebración del Día Internacional del Trabajo incluían cometer delitos contra la seguridad interna del país, establecer una organización para trabajadores desempleados, crear un sitio web para los trabajadores y “congregarse para cometer actos delictivos contra la seguridad nacional”, que se refería a una reunión con representantes de la citada confederación sindical internacional. Varios trabajadores fueron condenados a hasta dos años de prisión. Las condenas fueron anuladas posteriormente en apelación. Sin embargo, tras celebrarse nuevos juicios a finales de 2006, Mahmoud Salehi fue condenado a cuatro años de prisión por cargos similares. La condena quedó reducida a un año de prisión y una condena condicional de tres años de prisión. Comenzó a cumplir la pena el 9 de abril de 2007 y quedó en libertad un año después.



Las autoridades iraníes han reprimido de forma implacable los intentos de organizarse de los trabajadores de la Empresa de Autobuses de Teherán y los Suburbios. Siete miembros del sindicato fueron hostigados, despedidos de su trabajo y finalmente detenidos tras intentar constituir formalmente un sindicato independiente y protestar por el impago de salarios. Se los acusó formalmente de “alterar el orden público” y de “actividades sindicales ilegales”. También se detuvo a cientos de miembros del sindicato durante las protestas contra la reclusión de sus compañeros.

Entre los detenidos estaba Mansour Ossanlu, que quedó en libertad y fue arrestado de nuevo en varias ocasiones. En julio de 2007, tres semanas después de asistir a una conferencia sindical internacional en Europa, fue apresado en un autobús cerca de su domicilio en Teherán por personal de seguridad no identificado. Más tarde fue condenado a cinco años de prisión por los cargos de “actuar contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el Estado”, delitos de redacción imprecisa y motivación política, ninguno de los cuales constituye en la práctica un delito común reconocible. Mansour Ossanlu continúa en la cárcel.



Los sindicalistas también sufren persecución en Túnez. El sindicalista Adnan Hajji fue detenido en su casa de Redayef el 22 de junio de 2008, después de oleadas de manifestaciones en varias ciudades de la región de Gafsa contra el desempleo y el alza del coste de la vida. Fue acusado formalmente, junto con otros, de diversos delitos, como formar un grupo con el objetivo de incitar a la destrucción de bienes públicos y privados, destrucción deliberada de bienes, resistencia a las autoridades, incitar a otros a protestar y bloquear vías públicas. El 23 de junio compareció ante el juez de instrucción, que aplazó la vista hasta el 26 de junio. La vista se pospuso en varias ocasiones más. Los abogados de Adnan Hajji pudieron comunicarse con él después de su detención, pero posteriormente se les ha impedido visitarlo, la última vez el 2 de agosto de 2008. Continúa en la prisión de Kassrine.

En algunos lugares, los familiares de activistas sindicales también sufren intimidación, hostigamiento o agresiones. En Bahréin, por ejemplo, a Abbas ‘Abd ‘Ali, miembro del Comité de Desempleados, lo sacaron por la fuerza de su automóvil, lo agredieron físicamente y lo dejaron inconsciente cerca de su casa en julio de 2006 tras haber confirmado que era hermano de Musa ‘Abd ‘Ali, uno de los fundadores del Comité. No se identificó a los agresores.

Incluso en países donde el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos está reconocido en la ley, se ha agredido y detenido a sindicalistas. En junio de 2005, en Marruecos, policías con material antidisturbios acompañados de agentes de los servicios de información irrumpieron en una oficina principal regional del Sindicato Marroquí del Trabajo, donde varios dirigentes sindicales celebraban una reunión, y trataron de desalojar a miembros desempleados que habían organizado previamente una sentada para reclamar su derecho al trabajo. La policía golpeó a los sindicalistas, causado lesiones de gravedad a algunos, y detuvo a varios activistas. Las autoridades prohíben terminantemente la actividad sindical en la industria textil y en las zonas de procesamiento de exportaciones.

En Argelia se ha hostigado con frecuencia a miembros del Sindicato Nacional Autónomo de Personal de la Administración Pública y se les ha impedido crear delegaciones y celebrar asambleas generales. Se han denegado sus solicitudes para crear una confederación nacional con otros sindicatos autónomos. Las autoridades también han sancionado, amenazado y despedido a trabajadores de las administraciones locales en varios sectores públicos (agua, obras públicas, etc.) para impedirles organizarse. Se han presentado demandas contra los líderes sindicales del Consejo Nacional de Enseñanza Superior que convocaron una huelga en mayo de 2006; el coordinador nacional fue detenido y estuvo recluido durante unos días.



Derechos culturales

Algunos gobiernos perciben a las minorías étnicas de Oriente Medio y el Norte de África como una amenaza para la integridad del Estado. Como consecuencia, son objeto de discriminación y represión para silenciar la afirmación de su identidad de grupo.

En Irán, por ejemplo, a pesar de las garantías de igualdad consagradas en la Constitución, personas pertenecientes a diversas minorías étnicas y religiosas sufren discriminación generalizada, tanto en la legislación como en la práctica, en las áreas del empleo público, la propiedad, el acceso a los recursos y la propiedad de la tierra. También suelen estar restringidas sus libertades culturales, lingüísticas, sociales y religiosas.



Ya’qoub Mehrnehad, iraní de 28 años de edad, de etnia baluchi105 y activista de la sociedad civil, fue ejecutado el 4 de agosto de 2008. Lo detuvieron tras criticar a las autoridades locales en su sitio web y en una reunión pública. El 12 de abril de 2007, un mes antes de su detención, criticó a las autoridades provinciales en su blog. Según los informes, fue torturado cuando estaba en prisión preventiva, privado de acceso a un abogado y sometido a un juicio gravemente injusto a puerta cerrada ante un tribunal de Zahedán. Lo declararon culpable de moharebeh (enemistad con Dios) y de ifsad fi’l arz (corrupción en la tierra), cargos que al parecer guardaban relación con sus presuntos “contactos con el grupo Jondallah [grupo armado de oposición baluchi que ha cometido abusos contra los derechos humanos]” y por los que fue condenado a muerte.

Ya’qoub Mehrnehad era periodista y director de una ONG inscrita oficialmente, Sociedad Juvenil Popular “La Voz de la Justicia”, que organiza actos y cursos educativos para jóvenes baluchis y recauda fondos para ayudar a los pobres. En febrero de 2008 dijo a su familia durante una breve visita: “No soy culpable y esto ha sucedido injustamente y si me ejecutan, la gente sabrá que me han ejecutado sin [haber cometido] un delito”.

Después de las protestas por su ejecución tanto en Irán como en otros países, las autoridades iraníes hicieron nuevas declaraciones en relación con las presuntas actividades violentas de Ya’qoub Mehrnehad en nombre del Movimiento Popular de Resistencia de Irán (antes conocido como Jondallah). Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna prueba de que Ya’qoub Mehrnehad utilizase o propugnase la violencia, y teme que estas afirmaciones fueran un intento de justificar su ejecución.



Las autoridades han reaccionado con profunda desconfianza ante las crecientes demandas de la minoría azerbaiyana iraní de que se reconozcan sus derechos culturales y lingüísticos, especialmente el uso de la lengua túrquica azerbaiyana (a menudo llamada “turco” en Irán), lo que ha impulsado al gobierno a acusarlos de “panturquismo”.106 Activistas que defendían los derechos de esta minoría –la más numerosa de Irán– han sido objeto de hostigamiento, represión y en ocasiones amenazados de tortura o muerte.

Las autoridades han reprimido violentamente concentraciones tradicionales de la comunidad azerbaiyana iraní, como la que se celebra anualmente a finales de julio y principios de agosto en el castillo de Babek, en Kalyaber, noroeste de Irán, cuando miles de azeríes se dirigen a pie hasta el castillo para celebrar el aniversario de un héroe del siglo IX. En agosto de 2005, numerosos participantes fueron detenidos y al menos 21 fueron condenados a penas de hasta un año de prisión.



Abbas Lisani, activista de los derechos de la comunidad azerbaiyana iraní, ha sido detenido en varias ocasiones desde 2004. Los cargos presentados en su contra incluían la asistencia a una concentración conmemorativa del Día de la Constitución en agosto de 2005; las concentraciones en el castillo de Babek en 2003 y 2005; y una protesta en una mezquita de Ardebil en 2004. Fue condenado por “alterar el orden público” y “difundir propaganda antigubernamental”, entre otros delitos, que se referían a su participación en la manifestación del castillo de Babek en 2005. También lo acusaron de recitar poemas azerbaiyanos, de publicar y distribuir un calendario en lengua túrquica azerbaiyana y de pretender promover el nacionalismo y la independencia túrquicos azerbaiyanos. Fue torturado y privado de tratamiento médico. Abbas Lisani fue liberado de la prisión de Yazd, en el centro de Irán, el 29 de octubre de 2008, tras cumplir dos condenas consecutivas de un total de 30 meses. Sin embargo, unos días antes de su liberación, las autoridades amenazaron a su familia con detenerlo de nuevo si participaba en cualquier acto o movimiento en una ciudad azerbaiyana.



Las autoridades iraníes también han reprimido a activistas que defendían los derechos culturales de los árabes ahwazíes, a quienes miran con recelo y que sufren marginación social y económica.107 Cientos de árabes ahwazíes han sido detenidos en los últimos años, incluso durante manifestaciones masivas para reclamar el respeto de sus derechos. Algunas concentraciones en principio pacíficas terminaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad, y decenas de participantes perdieron la vida o resultaron heridos.

El hostigamiento de activistas que defienden los derechos de la comunidad kurda en Irán ha sido aún más severo.108 Esto se debe en parte a que la demanda de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los kurdos se ha expresado hasta fechas recientes por medios que han incluido la oposición armada al Estado iraní,109 lo que ha aumentado los recelos del gobierno ante las legítimas demandas del pueblo kurdo de que se respeten sus derechos como minoría.

Miembros de organizaciones kurdas de derechos humanos han sido golpeados, detenidos y condenados por defender y promover de forma pacífica los derechos de su comunidad. A varias organizaciones de defensa de los derechos de los kurdos, como el Instituto de Investigación Cultural del Este de Kurdistán, se les ha denegado el permiso para desarrollar sus actividades, en tanto que otras ONG, como la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán, han sido objeto de hostigamiento reiterado y sus miembros han sufrido represión.

Las autoridades han respondido a menudo a las manifestaciones masivas de la comunidad kurda con el uso excesivo de la fuerza. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han sido frecuentes, como sucedió en julio de 2005, cuando miles de kurdos salieron a la calle para protestar contra la muerte por disparos de un activista de la oposición kurda, Shawan Qaderi. Más de 21 personas perdieron la vida, decenas resultaron heridas y casi 200 participantes fueron detenidos, algunos de los cuales fueron condenados a varios años de prisión.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas que participaron en las manifestaciones de julio de 2005 recibieron amenazas de muerte o fueron detenidos por haber informado de los hechos. Mohammad Sadeq Kabudvand, presidente de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán y director de una revista semanal prohibida en 2004, fue condenado a un año de prisión por “difundir mentiras con la intención de alterar la opinión pública”, y a seis meses de prisión por “difundir cuestiones tribales y publicar artículos provocadores”. También se le prohibió trabajar como periodista durante cinco años. Fue condenado además por “publicar mentiras y artículos destinados a crear tensión y discordia raciales y tribales”. Lo detuvieron de nuevo en julio de 2007. En junio de 2008 fue condenado a 10 años de prisión por “actuar contra la seguridad del Estado estableciendo la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán” y a un año de prisión por “propaganda contra el sistema”.

La minoría kurda de Siria también sufre una discriminación sistemática, especialmente en relación con los derechos civiles y políticos.110 Defensores y defensoras de los derechos humanos que promueven el respeto de los derechos de la minoría kurda son objeto de fuertes medidas de represión y en muchos casos se les acusa de “incitar a conflictos sectarios”. Riad Drar al-Hamood, miembro activo de los Comités para el Resurgimiento de la Sociedad Civil, no autorizados por las autoridades, fue detenido en junio de 2005 tras pronunciar un discurso en el funeral de un destacado sheij islámico kurdo que había sido secuestrado y asesinado tras ser aparentemente torturado. En abril de 2006, Riad al-Hamood fue condenado por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado a cinco años de prisión por los cargos de pertenecer a una “organización secreta”, “publicar noticias falsas” e “incitar a conflictos sectarios”. Este último se utiliza habitualmente contra defensores y activistas de los derechos humanos que intentan promover los derechos de la población kurda de Siria.



Sheikh Muhammad Ma’shuq al-Khiznawi, conocido miembro de la comunidad kurda de Siria que mantenía una actitud crítica hacia la violencia y el terrorismo, murió el 30 de mayo de 2005; había desaparecido unos 20 días antes, tras estar aparentemente detenido por los servicios sirios de Información Militar en un lugar desconocido. Aunque las autoridades sirias negaron que estuviera bajo su custodia, entregaron el cadáver a su familia. Antes de su muerte había reclamado reformas en Siria y más diálogo entre los grupos religiosos.



En Siria se han reprimido manifestaciones pacíficas que reclamaban el respeto de los derechos de la comunidad kurda, y se ha detenido y procesado ante tribunales excepcionales a personas que participaban en ellas. Se ha acusado con frecuencia a miembros de la comunidad kurda de pertenecer a una “organización secreta” y de “intentar segregar parte del territorio sirio y anexionarlo a un Estado extranjero”. En junio de 2003, por ejemplo, las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente una manifestación pacífica en el exterior del edificio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Damasco para reclamar el respeto de los derechos de la población kurda de Siria, incluido el derecho a enseñar la lengua kurda en la escuela. Un año más tarde, siete participantes kurdos –Muhammad Mustafa, Sherif Ramadhan, Khaled Ahmad ‘Ali, ‘Amr Mourad, Salar Saleh, Hosam Muhammad Amin y Hussayn Ramadhan– fueron detenidos y acusados formalmente de “pertenecer a una organización secreta” e “intentar segregar parte del territorio sirio y anexionarlo a un Estado extranjero”; el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado los condenó a entre uno y dos años de cárcel. Los cuatro condenados a un año de prisión quedaron en libertad de forma inmediata debido al tiempo que habían pasado ya en prisión preventiva. Los otros tres, Muhammad Mustafa, Sherif Ramadhan y Khaled ‘Ali, siguieron sufriendo malos tratos en la cárcel. Estuvieron recluidos en régimen de aislamiento y sólo se les permitieron visitas limitadas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos que promueven los derechos culturales de la población amaziguita del Magreb también han sido objeto de hostigamiento, aunque el respeto de los derechos culturales de esta comunidad presenta grandes variaciones dentro de la subregión.111 En Marruecos, las autoridades han restringido en varias ocasiones el derecho a la libertad de asociación y reunión de los miembros de organizaciones que defienden y promueven los derechos de la comunidad amaziguita, en particular su demanda de que la lengua amaziguita sea reconocida en la Constitución. Las autoridades han denegado el reconocimiento a varias organizaciones y a menudo han impedido reuniones pacíficas con el pretexto de que podían plantear una “amenaza para el orden público”, restricciones que han sido condenadas por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.112 Por ejemplo, la Red Amaziguita para la Ciudadanía no fue legalizada hasta 2007, cuatro años después de presentar su solicitud.

En el contexto de la aplicación de una política agrícola que tuvo como resultado la expropiación de tierras amaziguitas, activistas de derechos humanos que defienden los derechos de la comunidad amaziguita han sido hostigados y detenidos. En diciembre de 2006, cinco personas, entre ellas el secretario general del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Pobres, fueron condenadas a sendas condenas condicionales de cuatro meses de prisión por participar en una manifestación pacífica contra las expropiaciones llevadas a cabo en la región en mayo de 2006. En diciembre de 2006 se prohibió en el último momento una conferencia sobre “Los amaziguitas y el desarrollo humano” en el sur de Marruecos. La decisión se aplicó mediante el despliegue de un numeroso contingente policial. Durante la manifestación callejera que siguió, la policía agredió a los manifestantes y detuvo a seis personas, entre ellas el coordinador local de la Liga Amaziguita de Derechos Humanos.

Durante años, la minoría amaziguita de Argelia113 ha sido la más activa de la región a la hora de promover la identidad de su pueblo. En muchos casos las manifestaciones han terminado en enfrentamientos violentos, sobre todo en abril de 2001 y en los meses siguientes, cuando más de 120 manifestantes perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades han usado a menudo fuerza excesiva contra los manifestantes, que han pedido el respeto de sus derechos y han denunciado la represión política y el deterioro de las condiciones socioeconómicas de su comunidad.

En marzo y abril de 2002, unas 10 personas desarmadas, entre ellas un niño de 14 años, murieron a manos de las fuerzas de seguridad en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno. Según los informes, algunas de estas personas murieron como consecuencia de disparos, otras apaleadas o apuñaladas, y otras por el impacto de balas de goma o granadas con gas lacrimógeno disparadas, al parecer, a las cabezas de los manifestantes. Decenas de manifestantes fueron detenidos durante o después de estas protestas, que convulsionaron algunas zonas del país, sobre todo la región predominantemente amaziguita de la Kabilia, en el nordeste de Argelia. Decenas de manifestantes fueron juzgados y condenados a entre varios meses y varios años de prisión.

Derechos de los grupos religiosos

En Oriente Medio y el Norte de África, las violaciones de los derechos de miembros de minorías religiosas han afectado principalmente a ramas minoritarias del Islam (como las comunidades chiíes en un entorno donde la inmensa mayoría es sunní, o viceversa) y también a las comunidades cristianas y judías. En algunos casos, las minorías religiosas coinciden en parte con las minorías étnicas, como es el caso de las comunidades kurda y baluchi de Irán, por ejemplo, que son mayoritariamente sunníes en un entorno donde la inmensa mayoría es chií. En muchos casos, las violaciones de derechos humanos no se limitan a impedir que esas personas practiquen su religión de acuerdo con sus propios ritos o a restringir ese derecho, sino que también afectan a sus derechos socioeconómicos, como el acceso al empleo. Los defensores y defensoras de los derechos humanos que se pronuncian en favor de esas comunidades e intentan defender sus derechos han sufrido persecución.

En Irán se ha detenido, hostigado e incluso asesinado a miembros de las minorías religiosas por causa de su fe. Miembros de las minorías religiosas judía, cristiana y zoroástrica, que están reconocidas por la Constitución iraní, así como seguidores de religiones no reconocidas, como los bahaíes, los ahl-e haq y los sabeos (mandeos), sufren discriminación en la ley y en la práctica. Por ejemplo, a los bahaíes se les niega el derecho de reunión y se les impide practicar libremente su religión. Las autoridades también limitan su acceso a la educación y al empleo y les niegan la igualdad de acceso al trabajo. Desde 2005 ha aumentado la represión contra esta comunidad en forma de ataques perpetrados por agresores no identificados, actos vandálicos en cementerios y lugares sagrados, y confiscación de sus bienes por el Estado.

Mehran Kawsari y Bahram Mashhadi, defensores de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí de Irán, fueron detenidos, privados de acceso a asistencia letrada y condenados a principios de 2005 a tres años y un año de prisión, respectivamente. En noviembre de 2004 habían dirigido al presidente Jatamí una carta abierta en nombre de toda la comunidad bahaí en la que exponían en detalle violaciones de derechos humanos contra personas bahaíes en Irán y pedían que se respetaran sus derechos.



Las autoridades iraníes también han perseguido a dirigentes que defendían los derechos de la comunidad chií sufí y han usado fuerza excesiva para perturbar el desarrollo de sus congregaciones religiosas.114 Un gran ayatolá promulgó un edicto en el que declaraba “nulo” el sufismo y se acusaba a los seguidores sufíes de participar en una conspiración extranjera contra el Estado iraní.

En varias ocasiones a lo largo de 2006, dirigentes sufíes y sus seguidores fueron hostigados y agredidos reiteradamente, y decenas de creyentes fueron condenados a un año de prisión. Dos abogados que representaban al grupo también fueron condenados a prisión y se les prohibió ejercer la profesión jurídica. En febrero de 2006, miembros de la comunidad sufí Nematollahi que se habían negado a evacuar su lugar de culto en Qom fueron dispersados violentamente por las fuerzas de seguridad. Más de 1.000 personas que habían intentado organizar una sentada pacífica para protestar contra las órdenes gubernamentales que disponían el cierre de su mezquita fueron detenidas. Unas 170 continuaban recluidas al terminar el mes, mientras que algunas de las personas liberadas tuvieron que renunciar formalmente al sufismo. Tres meses más tarde, 52 sufíes fueron condenados a un año de prisión, una pena de flagelación y una multa (la condena quedó reducida más tarde a una multa en apelación). Gholamreza Harsini, abogado que había representado a sufíes en Qom, fue condenado a cinco años de suspensión de la práctica de la abogacía, un año de prisión y una multa. Un tribunal de apelación lo absolvió posteriormente de todos los cargos porque no se pudo demostrar su presencia en Qom cuando se produjeron los hechos.

En algunos países, el hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos que intentaban llamar la atención de la opinión pública hacia las restricciones sobre la libertad de religión que sufría su comunidad ha sido tan sistemático que ha logrado silenciarlos. En Egipto, donde el debate público sobre las relaciones entre las distintas confesiones es prácticamente inexistente y, por ejemplo, no se debate la discriminación que sufre la minoría copta en la educación y el acceso al trabajo, los activistas recurren cada vez más a Internet.115



Hala Helmy Boutros, egipcia copta que había creado un blog para informar sobre el hostigamiento que sufre su comunidad, fue acusada de complicidad en ataques contra coptos en enero de 2006, cuando la iglesia que intentaban restaurar cerca de Luxor fue destruida durante los disturbios. Dos coptos perdieron la vida y varios resultaron heridos durante los disturbios. Tras la creación del blog, las líneas de teléfono y de Internet de Hala Helmy Boutros fueron cortadas. Se le prohibió salir del país y se la acusó de “difundir noticias falsas” y de “alterar la armonía social entre las comunidades musulmana y cristiana”. Sometida a un acoso constante, cerró finalmente su blog.



En algunos países, las autoridades prohíben terminantemente toda expresión de creencias religiosas distintas del Islam. En Arabia Saudí, por ejemplo, a los cristianos se les prohíbe practicar su religión, lo que impide que cualquier persona defienda y promueva públicamente los derechos de su comunidad. En Emiratos Árabes Unidos, el Código Penal castiga con cárcel y trabajos forzados el “establecimiento de una organización o la convocatoria de una reunión o conferencia con el propósito de combatir o tratar indebidamente los fundamentos o las enseñanzas de la región islámica o de llamar a la práctica de otra religión”.116 Esta prohibición legal tan amplia impide a cualquier persona defender y promover los derechos de los seguidores de religiones distintas del Islam.





7. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS

En los últimos 25 años, aproximadamente, la región de Oriente Medio y Norte de África ha sido escenario de graves conflictos armados internacionales e internos, en particular la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), la invasión israelí de Líbano en 1982, la guerra del golfo Pérsico de 1990-1991, el conflicto interno de Argelia en la década de 1990, la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos en 2003 y el conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano en 2006. La región también se ha visto profundamente afectada por el prolongado conflicto vinculado a la ocupación israelí de territorios palestinos. Defensores y defensoras de los derechos humanos, que han estado en primera línea a la hora de ayudar a las víctimas de estos conflictos y de reclamar el respeto de los derechos humanos, han pagado un precio inmenso.

Aunque la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos reconoce “la relación entre la paz y la seguridad internacionales y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, también subraya que la “ausencia de paz y seguridad internacionales no excusa la inobservancia de esos derechos”.117 Sin embargo, durante los conflictos de Oriente Medio y el Norte de África, los abusos contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tanto por parte de fuerzas estatales como no estatales, en muchos casos han sido tan graves y generalizados que han paralizado casi por completo las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos, que a menudo han tenido que luchar por su propia supervivencia y en muchos casos han sido ellos mismos el blanco de estos abusos.



Irak

En Irak, antes de la guerra de 2003, el gobierno baasista dirigido por Sadam Husein no permitía ni toleraba ningún activismo independiente en favor de los derechos humanos. Había algunas ONG, pero no eran independientes y sólo se les permitía trabajar sobre cuestiones que se consideraban de interés para el gobierno, como las repercusiones de las sanciones de la ONU. No se permitía vigilar, documentar o informar de modo independiente sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno.

Tras la invasión de 2003 dirigida por Estados Unidos surgieron cientos de ONG y miles de personas comenzaron a participar en un amplio espectro de actividades relacionadas con los derechos humanos. Este entusiasmo inicial de la sociedad civil por su derecho recién descubierto a la libertad de expresión, asociación y reunión fue sustituido paulatinamente por el aumento de las preocupaciones relacionadas con la seguridad en medio del desorden y la violencia graves y generalizados. Al intensificarse la violencia sectaria entre militantes chiíes y sunníes tras el atentado con bomba contra la mezquita de Al Askari en Samarra, perpetrado en febrero de 2006, defensores y defensoras de los derechos humanos, junto con muchos otros ciudadanos pacíficos, fueron amenazados, secuestrados, torturados y asesinados. En el contexto de las graves restricciones a la libertad de circulación impuestas por la Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos y por el gobierno iraquí, y de la gradual separación geográfica de las comunidades religiosas por medio de la violencia o el exilio autoimpuesto en otros barrios, defensores y defensoras de los derechos humanos han experimentado dificultades extremas incluso cuando intentaban llevar a cabo actividades mínimas.

Las violaciones de los derechos de los defensores en Irak tienen su origen en un complejo conjunto de causas que se superponen. Los defensores son víctimas de las mismas clases de abusos contra los derechos humanos que decenas de miles de sus conciudadanos; son perseguidos simplemente por sus creencias políticas reales o supuestas, nacionalidad, identidad religiosa y comunitaria, acciones pasadas o “colaboración con el enemigo estadounidense”, o simplemente con fines delictivos. También son víctimas de ataques indiscriminados, como atentados suicidas con bomba.

Además, defensores y defensoras de los derechos humanos son perseguidos específicamente por vigilar e informar sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por las diversas partes en el conflicto. Sin embargo, dado que la violencia tiene su origen en cuestiones interrelacionadas de índole política, religiosa, comunitaria y social, las víctimas pueden sufrir ataques por cualquiera de estos factores.



El doctor Ahmed al-Moussawi, director de la Sociedad de Derechos Humanos de Irak, fue secuestrado el 6 de marzo de 2006 en la sede de su organización en Bagdad. Siguen sin conocerse su suerte y su paradero.



Durante la primera quincena de abril de 2006, Zuhair Yaseen, miembro de la Organización de Prisioneros de Guerra, fue asesinado a la puerta de su casa en Baquba, gobernación de Diyala. Otro miembro de la organización resultó herido en el mismo incidente.



El doctor Adib Ibrahim al-Jalabi, médico sunní y figura destacada de la Organización Islámica por los Derechos Humanos (Mosul), fue asesinado el 12 de mayo de 2007 por hombre armados, al parecer miembros de Al Qaeda, al salir de su clínica en Mosul.



Decenas de abogados y jueces han perdido la vida desde la invasión de Irak en 2003, en algunos casos en asesinatos aparentemente selectivos. Un abogado principal del equipo de defensa de Sadam Husein murió abatido por disparos, al parecer por haberse atrevido a defender al ex presidente iraquí en su juicio. Khamis al-’Obeidi fue secuestrado de su domicilio en el distrito bagdadí de Al Adhamiya el 21 de junio de 2006. Unas horas más tarde se encontró su cadáver acribillado a balazos y abandonado en la ciudad Al Sadr. Otros abogados y jueces que participaron en los juicios de antiguos dirigentes gubernamentales también han sido asesinados.

Profesionales de los medios de comunicación que informan sobre cuestiones de derechos humanos han sufrido mucho como consecuencia de la violencia endémica en Irak. Al menos 217 periodistas y auxiliares de los medios, casi todos iraquíes, han perdido la vida desde marzo de 2003. Muchos periodistas que trabajaban para emisoras de televisión o periódicos creados y financiados por la Fuerza Multinacional recibieron cartas en las que se les advertía que los matarían si no abandonaban su trabajo.

Decenas de personas del entorno universitario también han sido víctimas de homicidio desde 2003. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2006, el profesor ‘Issam al-Rawi, presidente del Sindicato de Profesores de la Universidad de Bagdad, fue abatido a tiros a la puerta de su casa en Bagdad, según los informes por tres hombres armados. Aunque había recibido amenazas, se había negado a salir de Irak. Había proporcionado información a organizaciones internacionales de derechos humanos sobre iraquíes del entorno universitario asesinados desde 2003.

Activistas que defendían los derechos de las mujeres han sido víctimas de graves violaciones, que en algunos casos podían atribuirse directamente a sus actividades de derechos humanos (véase el Capítulo 5).

Defensores y defensoras de los derechos humanos iraquíes y extranjeros que trabajaban para organizaciones humanitarias también han sido víctimas de graves violaciones, como secuestro, tortura y homicidio. En agosto de 2003, un atentado suicida con bomba contra la sede de la ONU causó la muerte de 22 personas, entre ellas el alto comisionado para los derechos humanos, que actuaba como representante especial del secretario general de la ONU para Irak. Al demostrar que la bandera azul de la ONU no protegía la sede de los ataques y que era posible matar a su personal al azar, el atentado, cualesquiera que fuesen sus verdaderos motivos, transmitió un mensaje potente y ominoso, y fue el preludio de un periodo de creciente vulnerabilidad de la comunidad de derechos humanos en el país.

Los frecuentes ataques y secuestros sufridos por personal iraquí y extranjero de organizaciones humanitarias, que continuaron después del atentado contra la ONU, condujeron finalmente a la reducción o suspensión de sus actividades y a la retirada de la mayoría de los trabajadores humanitarios extranjeros del país, tanto de las ONG como de los organismos de ayuda de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja. En cuanto al personal local, en muchos casos no les quedó otra alternativa que abandonar su trabajo o salir de Irak.

Los sindicalistas también han pagado un precio muy alto. Decenas de cargos sindicales han sido amenazados, secuestrados y asesinados por atacantes desconocidos. Decenas de personas afiliadas a sindicatos han sido asesinadas y torturadas por individuos no identificados. Otras han sufrido hostigamiento e intimidación constantes por intentar movilizar a los trabajadores. La policía ha registrado y cerrado oficinas de sindicatos. Esto ha tenido lugar cuando las leyes laborales que se remontaban a la época de Sadam Husein estaban técnicamente en vigor todavía y no se había promulgado legislación para reintroducir los derechos sindicales, por lo que seguía en vigor el sistema de sindicato único.

A principios de 2005 empeoró el entorno regulador para todas las organizaciones de la sociedad civil: se empezó a exigir a las ONG nacionales el pago de una tasa de registro y la presentación de información detallada sobre sus miembros. En cuanto a las ONG internacionales, tendrían que pagar una cuota de inscripción exorbitante, presentar fotografías de sus miembros y ajustarse a nuevos procedimientos administrativos no publicados. Como consecuencia de la oposición masiva, unos meses después se revocaron estos procedimientos excesivamente restrictivos.

Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Las personas que defienden los derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados trabajan en dos contextos muy diferentes. En el interior de Israel, defensores y defensoras israelíes actúan en un entorno de relativa libertad. Circulan libremente por el país, tienen acceso a las autoridades gubernamentales, al Parlamento (Knesset), al personal diplomático y a la comunidad internacional.

En los Territorios Palestinos Ocupados, sin embargo, circular con libertad es difícil y en ocasiones peligroso. A los defensores y defensoras palestinos de Cisjordania les cuesta mucho franquear los bloqueos y controles israelíes dentro de Cisjordania, y no se les permite viajar a Jerusalén Oriental ni a Israel. Aunque la Franja de Gaza y Cisjordania forman parte de los Territorios Palestinos Ocupados, están totalmente separados desde hace ocho años, y a los defensores y defensoras de los derechos humanos les resulta imposible viajar de una zona a otra.

Viajar de Israel a los Territorios Palestinos Ocupados también es difícil, ya que el ejército israelí impide a la población israelí entrar en la Franja de Gaza y en las ciudades y aldeas palestinas de Cisjordania. Como consecuencia, es difícil que defensores y defensoras israelíes y palestinos se encuentren. A menudo es más fácil que tales encuentros tengan lugar en conferencias internacionales celebradas en otros países, eso en el supuesto de que las autoridades israelíes permitan viajar a los defensores y defensoras palestinos.



Sha’wan Jabarin, director de la organización de derechos humanos Al Haq de Ramala, tiene prohibido entrar en Israel y viajar al extranjero desde marzo de 2006. Con anterioridad estuvo sometido a detención administrativa bajo custodia de Israel, una detención que ha sido declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.118



Desde hace más de un año se deniega sistemáticamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos de Gaza el permiso para salir del territorio. En septiembre de 2008, por ejemplo, se prohibió a cuatro defensores de Gaza, entre los que figuraban Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, e Issam Younis, director del Centro Al Mezan de Derechos Humanos, salir de Gaza para asistir a una conferencia en Bélgica sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en los Territorios Palestinos Ocupados y a otros actos en otros países de Europa.



El trabajo sobre violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina en los Territorios Palestinos Ocupados


En términos generales, las organizaciones israelíes de derechos humanos pueden actuar libremente. Sin embargo, en febrero de 2008, el procurador general militar pidió al fiscal general que ordenase la apertura de una investigación criminal sobre Nueva Perspectiva, una ONG que se opone a la militarización de la sociedad israelí, lo que incluye prestar apoyo a quienes se niegan a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia y asesorar a quienes preguntan cómo negarse al reclutamiento forzoso. Con arreglo a la legislación israelí, “alentar a otra persona a conseguir la exención del deber militar” es delito, aunque hasta ahora no se ha acusado formalmente a nadie de haberlo cometido. Sin embargo, en septiembre de 2008, el fiscal adjunto del Estado anunció la apertura de una investigación sobre Nueva Perspectiva y sobre Objetivo 21, un sitio web en lengua rusa que contiene consejos para obtener la exención del servicio militar.


Las ONG árabes-israelíes son más vulnerables, sobre todo si parecen tener vínculos con organizaciones islamistas. Las autoridades israelíes cerraron en septiembre de 2006 la ONG Ansar al Sajeen, que proporcionaba asistencia letrada a los detenidos palestinos en las cárceles israelíes y ayuda económica a las familias de los detenidos. La orden de cierre de esta ONG, que también tiene una delegación en los Territorios Palestinos Ocupados, se basó en el Reglamento de Defensa (de Emergencia) de 1945, y no en la Ley de Asociaciones israelí de 1980. La policía también registró la oficina principal de Ansar al Sajeen en Israel –en Majd al Krum, Galilea– y confiscó sus bienes, incluidos 14.000 nuevos shekel israelíes (unos 4.000 dólares estadounidenses) destinados a los presos y sus familias, además de cientos de expedientes judiciales y documentos y equipo de oficina. El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados señaló a este respecto:

Se expresó la preocupación de que el cierre de las oficinas de Ansar Al-Sajeen en Israel y en Cisjordania, así como el registro de la casa de su presidente, pudieran constituir una represalia por las actividades legítimas de la organización en la defensa de los derechos de los presos palestinos recluidos en Israel.

La respuesta del gobierno de Israel al relator especial indica que considera ilegal el apoyo económico a las familias de los palestinos que están detenidos o que han perdido la vida:

La asociación se prohibió debido al hecho de que gestiona un aparato bien engrasado para la transferencia de dinero principalmente de Hamás a presos de seguridad en prisiones israelíes y a sus familias. La ISA [Agencia de Seguridad de Israel] y el aparato de seguridad de Israel consideran la transferencia de dinero de Hamás a los presos de seguridad en Israel una recompensa por cometer actos terroristas y un estímulo para que otros sigan su ejemplo.

Los activistas israelíes que defienden los derechos de los palestinos a menudo son objeto de hostigamiento o restricciones de sus actividades por el ejército israelí en los Territorios Palestinos Ocupados. Por ejemplo, la policía israelí ha detenido a Arik Asherman, director de la ONG Rabinos por los Derechos Humanos, en varias ocasiones. La más reciente, en marzo de 2008, fue acusado formalmente de “incitar a la oposición a la policía”. Aunque el riesgo de que sean encarcelados es sumamente bajo,119 los defensores y defensoras de los derechos humanos israelíes se enfrentan a restricciones crecientes impuestas por el ejército y la policía israelíes que limitan su capacidad para actuar en los Territorios Palestinos Ocupados.

En zonas como Hebrón, los frecuentes ataques de colonos israelíes, unidos a la complicidad de la policía y el ejército israelíes, han hecho que sea muy difícil, y a menudo imposible, la actuación de las ONG israelíes –incluidas Breaking the Silence y Taayush– así como de los defensores y defensoras de los derechos humanos extranjeros.

Los ataques de colonos israelíes contra defensores y defensoras de los derechos humanos palestinos, israelíes e internacionales han aumentado en los últimos años en todos los Territorios Palestinos Ocupados. En muchos casos los ataques han tenido lugar en presencia de soldados israelíes que se han negado a intervenir. Cuando se llama a las fuerzas armadas y a la policía israelíes para se ocupen de esa clase de ataques, tienden a plegarse a las reclamaciones de los colonos y a exigir a los defensores que abandonen la zona, e incluso a detenerlos. Sin embargo, las autoridades israelíes casi nunca procesan a los colonos israelíes que llevan a cabo tales ataques.

Los defensores palestinos tienen más probabilidades de ser detenidos y agredidos o incluso de recibir disparos, sobre todo en el contexto de manifestaciones no violentas y otras protestas en los Territorios Palestinos Ocupados. Por ejemplo, el 20 de junio de 2008, Nasser al-Nawaj’ah, que trabaja con la organización de derechos humanos israelí B'Tselem, fue agredido por soldados israelíes en los montes del sur de Hebrón cuando filmaba cómo colonos israelíes insultaban a unos pastores palestinos mientras unos soldados presenciaban la escena sin intervenir. Otro trabajador de campo de B'Tselem, Aissa ‘Amro, también fue agredido por colonos y soldados israelíes mientras filmaba los disturbios protagonizados por colonos israelíes el 19 de enero de 2008 en Hebrón. Después fue detenido y acusado de agresión. Sin embargo, un vecino había grabado el incidente y Aissa ‘Amro quedó en libertad más tarde gracias a esta prueba.

En los Territorios Palestinos Ocupados, el uso temerario de fuego real por los soldados y las fuerzas de seguridad israelíes durante manifestaciones no violentas y en situaciones en que las vidas de los agentes no estaban en peligro ha causado heridas a numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos palestinos. Activistas por la paz israelíes e internacionales también han resultado heridos en tales actos, aunque con menor frecuencia.

Varios activistas palestinos de los derechos humanos han sido objeto de detención administrativa por parte del ejército israelí durante periodos prolongados sin cargos ni juicio. En 2006, la representante especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que la información recibida sobre la detención administrativa de activistas de derechos humanos “sugiere que ésta se usa como medio de impedir que los defensores lleven a cabo sus actividades”.120



Saed Bassam Fathallah Yassin, director de la delegación en Cisjordania del grupo de defensa de los derechos de los presos Ansar al-Sajeen, está detenido desde marzo de 2006. Primero lo condenaron a ocho meses de prisión por cargos de canalización ilegal de fondos, en relación con la distribución de fondos a las familias de detenidos por parte de la organización. Cuando esta condena expiró, en noviembre de 2006, no fue puesto en libertad sino en detención administrativa, sin cargos ni juicio. Su orden de detención administrativa ha sido renovada ya seis veces sin que ni él ni su abogado hayan tenido nunca la oportunidad de examinar e impugnar las pruebas que el ejército israelí afirma poseer en su contra.



Los defensores y defensoras de los derechos humanos extranjeros también se encuentran con dificultades cada vez mayores para conseguir el acceso a los Territorios Palestinos Ocupados. En los últimos años, cientos de ellos han sido expulsados de los Territorios o se les ha denegado la entrada, y muchos han sufrido agresiones físicas o incluso han recibido disparos de colonos y soldados israelíes. Entre ellos figuran miembros de ONG como Equipos Cristianos de Acción por la Paz –que trabaja en Hebrón desde 1992 acompañando a personas palestinas en situación de riesgo y dando publicidad a los abusos–, Operation Dove, Servicio Internacional de Mujeres por la Paz, Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel del Consejo Mundial de Iglesias y Movimiento Internacional de Solidaridad.

Además, las fuerzas israelíes han matado o herido de gravedad a defensores y defensoras internacionales. Entre ellos figuran Rachel Corrie, que murió aplastada por un bulldozer del ejército israelí cuando estaba ante una casa amenazada de demolición en Rafá en marzo de 2003; Tom Hurndall, alcanzado mortalmente por un disparo en la cabeza en abril de 2003 en Rafá, cuando intentaba proteger a niños y niñas de los disparos del ejército israelí; y Brian Avery, herido en el rostro por un disparo efectuado desde un tanque israelí en Yenín en abril de 2003.

Los responsables de estos y muchos otros ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos nunca han comparecido ante la justicia, excepto por la muerte de Tom Hurndall. En este caso, sólo se impartió cierta forma de justicia después de una prolongada batalla legal emprendida por su familia, que demostró que el soldado que había afirmado que Tom Hurndall esgrimía un arma cuando recibió el disparo había prestado falso testimonio. Finalmente, en 2005, un sargento del ejército israelí fue condenado a ocho años de prisión por homicidio sin premeditación. No se investigó la afirmación del sargento de que las órdenes de sus superiores le permitían disparar contra civiles desarmados ni se presentaron cargos contra ninguno de sus oficiales al mando.

En su lucha contra la impunidad, B'Tselem puso en marcha el proyecto “Shooting Back” en enero de 2007, y distribuyó 100 cámaras de vídeo entre la población palestina de todos los Territorios Palestinos Ocupados. La grabación de algunos abusos ha tenido repercusiones importantes. Por ejemplo, las imágenes que mostraban a un soldado israelí disparando contra un palestino esposado y con los ojos vendados en Nilin causaron una protesta pública y obligaron al ejército a tomar medidas, aunque muy limitadas, contra el responsable.121



Defensores y defensoras de los derechos humanos en zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina

Cuando se estableció la Autoridad Nacional Palestina en 1994, las ONG de derechos humanos comenzaron a criticar de forma abierta a las autoridades. La Autoridad Nacional Palestina reaccionó deteniendo a quienes criticaban.



Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos con sede en Gaza, fue detenido en 1996. Iyad Sarraj, comisionado general de la Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos, una comisión nacional de derechos humanos creada por el presidente Arafat, y director del Programa de Salud Mental de la Comunidad de Gaza, fue detenido y estuvo recluido en tres ocasiones en 1995 y 1996.



A partir de 1997 disminuyó el hostigamiento del que eran objeto las ONG palestinas, y los activistas de derechos humanos siguieron vigilando y exponiendo abusos contra los derechos humanos tanto de forma confidencial como pública, al tiempo que mantenían contactos con representantes de la Autoridad Nacional Palestina, incluso mediante programas de formación. Sin embargo, la Ley de Asociaciones Benéficas y Comunitarias, ley palestina promulgada finalmente en 2000, puso a las ONG y las sociedades benéficas bajo el control del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Justicia, como pedían las ONG.

Los activistas palestinos suelen decir que caminan por la cuerda floja, pues tienen que plantear las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel, por la Autoridad Nacional Palestina, que tiene jurisdicción en parte de los Territorios Palestinos Ocupados, y por Hamás, que es la autoridad de hecho en la Franja de Gaza desde junio de 2007.

En los últimos años, los defensores y defensoras de los derechos humanos se han visto afectados asimismo por el creciente desorden en los Territorios Palestinos Ocupados y las luchas intestinas entre diferentes fuerzas de seguridad y grupos armados palestinos, sobre todo de 2005 a 2007. Defensores de los derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación han sido amenazados, secuestrados y en algunos casos heridos por milicias armadas por sacar a la luz abusos cometidos por las diferentes partes en intentos aparentes de sofocar la labor informativa independiente y crítica. A este respecto, la representante especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos afirmó en su informe de 2006:

Las condiciones de desgobierno y de impunidad por las violaciones de derechos humanos han afectado a la seguridad de los defensores de los derechos humanos, especialmente a los que sacan a la luz violaciones cometidas por personal de seguridad.122

Desde junio de 2007, la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y la administración de hecho de Hamás en Gaza han hostigado e intimidado con frecuencia a quienes las critican o hacen campaña por los derechos humanos. Unas y otras autoridades han reprimido las críticas y han cerrado medios de comunicación, sobre todo los que apoyan a facciones políticas rivales. En 2008 se ha detenido a varios periodistas en Cisjordania y Gaza,123 a menudo en múltiples ocasiones y durante periodos de hasta dos meses o más sin cargos ni juicio. En Cisjordania, la Autoridad Palestina cerró órganos informativos como la emisora de televisión Al Aqsa, afiliada a Hamás, y detuvo a varios de sus trabajadores, mientras que la administración de Hamás en Gaza cerró las oficinas de periódicos como Al Ayyam y Al Hayat al Jadida dos veces durante el año, detuvo a sus directores y suspendió la distribución de los periódicos en Gaza. Bajo la Autoridad Palestina, Mustafa Sabri, periodista por libre y miembro del consejo municipal de Qalqiliya, afiliado a Hamás, estuvo detenido al menos en tres ocasiones durante el año. En julio fue detenido por el Servicio General de Información de la Autoridad Palestina y después fue transferido a la inteligencia militar. El 10 de septiembre de 2008, el Tribunal Superior de Justicia palestino de Ramala ordenó su liberación y el día siguiente quedó en libertad durante unos minutos; fue detenido de nuevo de forma inmediata.



Aumentan los ataques contra organizaciones defensoras de derechos debido a las divisiones palestinas

Desde que tuvo lugar la división entre Gaza, bajo la administración de Hamás, y Cisjordania, bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, en junio de 2007, han aumentado los ataques contra ONG vinculadas o supuestamente vinculadas a facciones rivales o consideradas demasiado independientes. La Autoridad Nacional Palestina ha cerrado, registrado y saqueado sedes de ONG de carácter benéfico en Cisjordania a las que consideraba cercanas a Hamás, y, en la Franja de Gaza, Hamás ha registrado, cerrado y confiscado bienes de las oficinas de ONG más seculares o a las que consideraba críticas con Hamás o cercanas a Fatah.



En junio de 2007, inmediatamente después de que Hamás tomara el poder en Gaza, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, promulgó un decreto que estipulaba que todas las ONG debían solicitar de nuevo la inscripción en el plazo de una semana. En agosto, el Ministerio del Interior de la Autoridad Nacional Palestina cerró 103 organizaciones aduciendo irregularidades de índole administrativa o económica. La mayoría de estas organizaciones se habían registrado durante el mandato del ministro del Interior del gobierno anterior, que estaba controlado por Hamás. La medida se consideró partidista. Era de conocimiento público que muchas otras ONG no habían cumplido el requisito de volver a solicitar el registro pero no se las había sometido a auditoría ni sanción alguna, y que la Autoridad Nacional Palestina sólo perseguía a las ONG y las organizaciones benéficas cercanas o consideradas cercanas a Hamás.

En julio de 2008, después de una campaña de atentados con bomba contra Hamás que causaron la muerte de algunos de sus miembros, la administración de Hamás en Gaza cerró más de 200 organizaciones que apoyaban a Fatah o eran independientes. Miembros de las fuerzas de seguridad de Hamás y su grupo de milicias –las Brigadas Izz Al Din Al Qassam– practicaron registros en decenas de locales de ONG. Por ejemplo, unos hombres que portaban armas, al parecer pertenecientes a las fuerzas de seguridad interna de Hamás o a las Brigadas Izz Al Din Al Qassam, se dirigieron a un teatro y centro juvenil de la Asociación Cultura y Libre Pensamiento en Jan Yunis. Amenazaron a la directora y se negaron a hablar con ella por ser mujer. También se llevaron todas las propiedades del centro. Esa misma noche, hombres armados de las mismas fuerzas de seguridad y milicias registraron de arriba abajo el Centro de Crédito para Mujeres de Gaza, afiliado a la Asociación Cultura y Libre Pensamiento. Organizaciones de derechos humanos de Gaza y el parlamentario local de Hamás intervinieron en apoyo de los centros. El mes siguiente se devolvieron las llaves de los centros devastados pero no la mayoría de los ordenadores requisados ni otros materiales.

Mientras tanto, el 6 de agosto de 2008, en Cisjordania, miembros de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina registraron varias asociaciones benéficas islámicas, entre ellas el Centro Cultural Islámico de Tuffouh, cerca de Hebrón, y el Orfanato Islámico de Beit Omar. Confiscaron archivos y ordenadores. Al parecer, cuando un empleado del orfanato pidió una orden por escrito, lo golpearon.





8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con algunas excepciones, los gobiernos de la región de Oriente Medio y Norte de África rechazan las premisas mismas que sirven de base a la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y se niegan a proporcionar un espacio suficiente para los defensores y defensoras de los derechos humanos. Como consecuencia, la situación de la mayoría de los activistas en la región es precaria, sobre todo la de aquellos que hacen campaña por los derechos civiles y políticos. Las personas que intentan promover los derechos económicos, sociales y culturales también corren el riesgo de sufrir intimidación, hostigamiento, detención y cárcel. Ni siquiera en los países donde se han registrado algunas mejoras los defensores y defensoras de los derechos humanos están totalmente a salvo.

De hecho, el entorno para los defensores y defensoras de los derechos humanos en la región ha empeorado en términos generales desde que la “guerra contra el terror” dirigida por Estados Unidos brindó un pretexto adicional para silenciar la disidencia. La situación se ha agravado debido a la adopción de numerosas leyes antiterroristas que pueden interpretarse fácilmente como restrictivas de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y reunión y que sitúan a los defensores y defensoras de los derechos humanos en grave riesgo de ser encarcelados o incluso de muerte.

La falta de respeto por muchos derechos civiles y políticos está en la raíz de la grave represión que sufren quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos. En algunos países, las restricciones que se imponen a las organizaciones independientes de la sociedad civil impiden en la práctica la aparición de todo movimiento de derechos humanos, mientras que las violaciones sistemáticas y graves de derechos humanos, en particular de trabajadores migrantes, reclama con urgencia la intervención efectiva de activistas que defiendan esos derechos.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son reprimidos tanto física como legalmente. Las autoridades han promulgado un arsenal de leyes restrictivas en las que los delitos se definen en términos imprecisos, lo que permite la penalización del ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. En algunos países se han impuesto estados de excepción durante decenios para amordazar a la oposición política y a quienes mantienen actitudes críticas hacia el Estado. Esas personas han sido condenadas a graves penas después de juicios ante tribunales excepcionales. La intensidad de la represión ha creado un entorno de miedo que ha conducido a la autocensura de algunos activistas de los derechos humanos.

En una región donde los gobiernos persisten en no respetar los derechos humanos, el papel de los defensores y defensoras de los derechos humanos es más decisivo si cabe. Su valor, tenacidad y compromiso son un constante recordatorio a las autoridades de su profundo incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, y son fundamentales para la introducción de cambios duraderos. Cuando los Estados intentan por todos los medios silenciar a las personas que defienden los derechos humanos, es cuando su voz es más necesaria y decisiva.

En su lucha diaria en la región de Oriente Medio y Norte de África, los defensores y defensoras de los derechos humanos deben poder contar con el apoyo de la comunidad internacional hasta que sus campañas sean reconocidas y sus aspiraciones se hagan realidad.


Recomendaciones de Amnistía Internacional


A los gobiernos:

  • Liberar y absolver de todos los cargos a defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

  • Investigar las denuncias de violaciones de los derechos de defensores y defensoras de los derechos humanos, poner a disposición judicial a los responsables y poner fin a la impunidad para los autores.

  • Garantizar que no se imponen restricciones a la libertad de asociación o expresión ni a otras actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos más allá de las permisibles conforme al derecho internacional.

  • Garantizar que no se imponen restricciones a la libertad de circulación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluido el derecho a viajar al extranjero, más allá de las estrictas limitaciones que permite el derecho internacional.

  • Garantizar que no se imponen restricciones legales, administrativas o de otra índole al establecimiento de organizaciones destinadas a defender y promover los derechos humanos. Establecer y aplicar un sistema de declaración o notificación efectivo y transparente en lugar del sistema de inscripción en un registro para la creación de nuevas ONG, con un plazo establecido por ley: en ausencia de respuesta, la ONG se considerará legalmente operativa.

  • Revisar la legislación, incluida la legislación de seguridad y antiterrorista, para garantizar que las leyes y las normas administrativas nacionales relacionadas con las ONG y las organizaciones de la sociedad civil cumplen con las leyes y normas internacionales, incluida la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, especialmente en lo relativo a la libertad de expresión, asociación y reunión. Revisar las leyes y políticas para permitir el acceso a financiación internacional como parte de la cooperación internacional, así como el acceso a información y a sitios

  • Establecer un sistema de notificación en vez de autorización para la tramitación de solicitudes para celebrar concentraciones y reuniones públicas.

  • Reconocer públicamente la legitimidad, la condición y el importante papel de los defensores y defensoras de los derechos humanos y declarar el compromiso inequívoco del gobierno con el respeto y la promoción de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos en los ámbitos nacional e internacional. Adoptar medidas en consecuencia, por ejemplo mediante el establecimiento de centros de coordinación o foros auténticos y eficaces para consultas entre las autoridades y los defensores, a fin de fortalecer el diálogo.

  • Publicar y difundir ampliamente el texto de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos en árabe, persa y otras lenguas que se hablan en la región de Oriente Medio y Norte de África, incluidas las lenguas que hablan los grupos étnicos y las minorías.

  • Cooperar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, entre otros la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, lo que incluye cursar invitaciones abiertas y responder positivamente a las peticiones de invitación ya formuladas por la relatora especial, así como presentar los informes que debían haberse presentado ya a los diversos órganos de vigilancia de los tratados. Los países del Norte de África que son Estados miembros de la Unión Africana deben cooperar con el relator especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

  • Ratificar los tratados internacionales de derechos humanos y levantar las reservas formuladas a los ya ratificados, especialmente los que restringen el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

  • Investigar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y homicidios extrajudiciales. Si se reúnen pruebas admisibles suficientes, los responsables deben ser juzgados en procedimientos que reúnan todas las garantías procesales que exigen las normas internacionales y que no conduzcan a la imposición de la pena de muerte.



A la Liga Árabe:

  • Enmendar las normas que regulan la participación de las ONG en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y otros organismos de la Liga Árabe para suprimir el doble requisito de que las ONG se constituyan o registren en un Estado miembro y que éste acceda a la participación de la ONG. Conceder la condición de observadoras a las ONG internacionales. Reforzar la independencia y los poderes del Comité. La Comisión Permanente de Derechos Humanos debe establecer el mecanismo de un relator especial con el mandato de vigilar la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos similar al que existe en la ONU y en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

  • Adoptar una resolución que reconozca la importancia capital de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y reconocer públicamente la legitimidad, la condición y el papel de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las ONG nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos en el desarrollo de las sociedades árabes.

  • Enmendar la Convención Árabe para la Represión del Terrorismo para incluir disposiciones sobre salvaguardias de los derechos humanos y armonizarla con el derecho internacional.

  • Crear un mecanismo de evaluación imparcial y creíble para evaluar el respeto hacia los derechos humanos de los Estados Partes en la Carta Árabe de Derechos Humanos, prestando una atención especial a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos.



A la Unión Europea:124

  • Poner en práctica las Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos en toda la región, especialmente mediante su difusión y promoción efectivas (como la traducción de las Directrices y de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos a las lenguas relevantes), y garantizar que todas las misiones y delegaciones de la Unión Europea en la región adoptan estrategias proactivas en relación con los defensores y defensoras de los derechos humanos, como garantizar su acceso a los recursos y al fomento de la capacidad de acción en la sociedad civil local. En casos concretos de defensores en situación de riesgo, la Unión Europea debe considerar la posibilidad de ofrecer visados de emergencia y supervisión de juicios con el seguimiento apropiado.

  • Garantizar el uso de las recomendaciones para la aplicación específicamente relacionada con el género de las Directrices de la Unión Europea, en particular mediante el uso de las Directrices para formar al nuevo personal que trabaje en todas las misiones y delegaciones de la Unión Europea. Establecer subcomités de derechos humanos con todos los países que tengan acuerdos de asociación, allí donde no existan todavía, con el fin de vigilar la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en cada país y emprender iniciativas eficaces cuando sea necesario.125

  • Acatar el artículo común a todos los acuerdos de asociación (artículo 2, “cláusula de derechos humanos”), basado en la premisa del respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales tal como se exponen en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Establecer mecanismos concretos dentro de cada Plan de Acción, con parámetros mensurables, para evaluar el respeto de esta cláusula, especialmente en relación con la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y elaborar respuestas efectivas en caso de incumplimiento reiterado.

  • Emitir una declaración pública y poner en marcha medidas concretas cuando los defensores y defensoras de los derechos humanos sean objeto de intimidación, hostigamiento o restricciones en su trabajo.

  • Garantizar que los informes de actualización anuales sobre la aplicación de los Planes de Acción en relación con los países abarcados por la Política Europea de Vecindad contienen un análisis detallado de la situación de los derechos humanos en los países mediterráneos, con un apartado concreto sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

  • Garantizar que, durante las cumbres de la Asociación, todos los asociados se comprometen sin ambigüedad a respetar y aplicar la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

  • Incluir sistemáticamente la cuestión de los defensores en los diálogos entre la Unión Europea y terceros países, en todos los niveles, y desarrollar actividades de divulgación proactivas para hacer partícipes a los gobiernos asociados de la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos.



A los defensores y defensoras de los derechos humanos (personas y ONG):

  • Promover, crear y fortalecer las iniciativas nacionales y regionales y las redes de defensa –incluidas las que se ocupan de cuestiones temáticas– para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos a fin de aumentar la coordinación, la cooperación y la solidaridad con los activistas de los derechos.

  • Establecer o fortalecer contactos regulares con mecanismos regionales e internacionales. Hacer gestiones de cabildeo con gobiernos pertinentes para que enmienden las normas que regulan la participación de las ONG en la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Liga de los Estados Árabes y se acometan los cambios sistémicos necesarios para empoderar a la Comisión para que examine la situación de los defensores de los derechos humanos y promueva su trabajo.

  • Mejorar la formación de las ONG y de los defensores y defensoras individuales de los derechos humanos en el uso de instrumentos regionales e internacionales, así como de mecanismos especiales para la protección de los defensores.

  • Organizar consultas regionales de mujeres defensoras de los derechos humanos para compartir experiencias y desarrollar nuevas estrategias y enfoques para proteger a las mujeres defensoras contra los ataques de agentes estatales, parientes, miembros de la comunidad y otras personas por motivos de género.

  • Vigilar estrechamente y analizar los proyectos de nuevas leyes o las leyes vigentes para asegurarse de que cumplen las normas internacionales y regionales sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y elevar la conciencia sobre ellas.

  • Promover y fortalecer la difusión de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos entre las audiencias pertinentes: autoridades, instituciones de derechos humanos, opinión pública y otros defensores de los derechos humanos.

  • Idear estrategias para ayudar a las organizaciones de derechos humanos a reaccionar con eficacia ante casos de emergencia mediante acciones de respuesta rápida por la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

  • Contactar con las misiones y delegaciones de la Unión Europea para familiarizarlas con el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos locales y establecer contacto regular, tal como se recomienda en las directrices de la Unión Europea. Poner en claro a todas las misiones y delegaciones de la Unión Europea la importancia que se atribuye a los compromisos contraídos en las Directrices.


1 Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos, Folleto informativo Nº 29, Naciones Unidas.

2 Artículo 2 de la Declaración.

3 Véase la Resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos, de 26 de abril de 2000. La primera representante especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilan, fue sustituida en marzo de 2008 por Margaret Sekaggya.

4 Véase la Resolución 7/8 del Consejo de Derechos Humanos: Mandato de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 27 de marzo de 2008. http://www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/index.htm.

5 Puede encontrarse una copia de las Directrices de la UE en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/web10056re01.es04.pdf

6 Argelia, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar y Siria. Sólo un tercio de los miembros de la Liga Árabe no suscribieron la “declaración interpretativa”.

7 A/53/679, párrafos 1 y 2.

8 Ibíd., párr. 3.

9 Ibíd., párr. 3.

10 Ibíd., párr. 3.

11 Informe de la Representante Especial, A/61/312, párr. 6.

12 Artículo 32b. La Carta Árabe de Derechos Humanos fue aprobada en mayo de 2004, varios años después de la adopción de la Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, aunque no entró en vigor hasta el 15 de marzo de 2008, después de que la ratificasen siete Estados miembros de la Liga Árabe.

13 Entre los Estados miembros de la Unión Africana se encuentran también miembros de la Liga de los Estados Árabes, a saber: Argelia, Egipto, Libia y Túnez.

14 Ley Nº 24 de 1962 sobre la Organización de Clubes y Sociedades de Servicio a la Comunidad.

15 En abril de 2004, personas de toda la región participaron en una conferencia celebrada en Sana, Yemen, que culminó en el Llamamiento de Saná. Véase www.amnesty.org/en/library/asset/POL30/018/2004.

16 En 1988, las autoridades marroquíes y el Frente Polisario –que persigue la creación de un Estado independiente en Sáhara Occidental y cuenta con un autoproclamado gobierno en el exilio en los campos de refugiados del suroeste de Argelia– acordaron un “Plan de Arreglo” auspiciado por la ONU, que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991. Ambas partes acordaron la celebración de un referéndum sobre el estatus final del territorio (es decir, independencia o integración en Marruecos), bajo el patrocinio de la ONU. El referéndum debía celebrarse en 1992, pero eso nunca ocurrió. En junio y agosto de 2007 tuvieron lugar unas conversaciones sobre Sáhara Occidental entre el gobierno marroquí y el Frente Polisario con la mediación de la ONU. Marruecos propuso un plan de autonomía para el territorio mientras que el Frente Polisario mantuvo que debía celebrarse el referéndum sobre la autodeterminación, tal y como establecían las resoluciones anteriores de la ONU.

17 Artículos 19, 22 y 21, respectivamente.

18 Artículo 8, entre otros.

19 Informe de la Representante Especial, A/61/312, párr. 56.

20 Informe de la Representante Especial, A/58/380, párr. 67.

21 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 10, Libertad de opinión, 29 de junio de 1983, párr. 4.

22 Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, E/CN.4/2000/63, 18 de enero de 2000, párr. 48.

23 Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, E/CN.4/2003/67, párrafo 73.

24 Artículo 8.

25 Informe de la Representante Especial, A/59/401, párr. 49.

26 Ibíd.

27 Informe de la Representante Especial, A/61/312, párr. 83.

28 Artículos 54.2.c, 55 y 56.a.

29 Artículos 500, 514, 608, 609 y 610.

30 Artículo 609.

31 Respectivamente, artículos 134, 165, 168, 216 y 222 del Código Penal de 1976.

32 La única organización de derechos humanos que puede operar libremente en Libia es la Sociedad de Derechos Humanos de la Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas, dirigida por Saif al Islam al Gadafi, hijo del coronel Muamar al Gadafi.

33 Artículo 3 de la ley Nº 71/1972.

34 Artículo 207.

35 Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ningún cambio posterior en el borrador del nuevo Código Penal.

36 Artículo 173 del borrador del nuevo Código Penal.

37 Decreto legislativo Nº 6 de 1965.

38 Artículo 49 de la Constitución.

39 Artículo 39.

40 Respectivamente, artículos 27 y 26.

41 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Egipto. CCPR/CO/76/EGY, 28/11/2002, párr. 21.

42 En 2005, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se dividió en dos: el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Asuntos Sociales.

43 Ley de 7 de noviembre de 1959 (modificada en 1988 y 1992).

44 El Consejo Nacional para las Libertades en Túnez, el Centro Tunecino para la Independencia del Poder Judicial (Centre de Tunis pour l’indépendance de la justice), la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos (Association internationale de soutien aux prisonniers politiques), Libertad e Igualdad (Liberté et Equité), la Asociación de Lucha contra la Tortura en Túnez (Association de lutte contre la torture en Tunisie) y RAID-Attac.

45 Artículo 13.

46 Informe de la Relatora Especial, A/59/401, párr. 82(l).

47 Informe de la Relatora Especial, E/CN.4/2006/95/Add.5, párr. 502.

48 Artículo 8.

49 Artículo 4 del PIDCP.

50 Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 29 (Estados de emergencia), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, agosto de 2001, párr. 13(b). El Comité contra la Tortura también ha expresado su preocupación porque el prolongado estado de excepción en Egipto está obstaculizando “la plena consolidación del imperio de la ley en Egipto”. El Comité ha pedido a Egipto que reconsidere la decisión de mantener el estado de excepción. Véanse las conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Egipto. CAT/C/CR/29/4, 23/12/2002, párrs. 5 (a) y 6 (a).

51 El estado de excepción fue declarado en 1967 y sólo se levantó entre mayo de 1980 y octubre de 1981, tras el Acuerdo de Camp David entre Israel y Egipto. Volvió a imponerse tras el asesinato del presidente Sadat en 1981. Desde entonces se ha renovado regularmente, la última vez en mayo de 2008 por un periodo de dos años.

52 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales, CCPR/CO/76, 28, noviembre de 2002, párr. 6.

53 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales, CCPR/CO/71, 24, abril de 2001, párr. 6.

54 Informe de la Representante Especial, A/58/380, párr.49.

55 Artículo 39.

56 Decreto legislativo Nº 51, de 9 de marzo de 1963.

57 Artículo 336.

58 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales, CCPR/CO/71/SYR, 9 de agosto de 2005, párr. 23.

59 Establecido en virtud del Decreto legislativo Nº 6 de 1965.

60 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales, CCPR/CO/71/SYR, 24 de abril de 2001, párr. 16.

61 Ley Nº 162 de 1958, modificada.

62 Artículo 3.1.

63 Decreto Nº 92-44 de 9 de febrero de 1992.

64 Artículo 1.3.

65 Ley Nº 3, 2004.

66 Decreto ley Nº 1, 2004.

67 Ley relativa al apoyo a los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo e impedir el blanqueo de dinero, Nº 75, de 10 de diciembre de 2003. El artículo 4 contiene una larga definición de lo que constituye un delito terrorista.

68 Ley Nº 03-03 relativa a la Lucha contra el Terrorismo.

69 Comunicado de prensa: Relator especial de la ONU pide cambios en la Ley Antiterrorista de Jordania, 7 de septiembre de 2006.

70 Artículo 6.

71 Artículo 11.

72 Artículo 6.

73 Comité contra la Tortura, Conclusiones y Recomendaciones: Bahréin, 21 de junio de 2005. CAT/C/CR/34/BHR, párr. 5 (i).

74 Comunicado de prensa: El Relator Especial de la ONU pide nuevas enmiendas a la ley Antiterrorista de Barhéin, 25 de julio de 2006.

75 Artículo 1, parte 2 (Delitos mayores y menores internamente perjudiciales para el Estado), Ley Nº 97 de 1992.

76 Artículo 86.

77 Artículo 86 bis modificado en virtud de la Ley Nº 97 de 18 de julio de 1992.

78 El incumplimiento del artículo 86 bis puede conllevar una pena de hasta cinco años de prisión.

79 Según declaraciones del primer ministro.

80 Por ejemplo, el defensor de los derechos humanos Rachid Mesli fue condenado a tres años de cárcel en julio de 1997 después de un juicio injusto, por “alentar el terrorismo”.

81 Informe de la Relatora Especial, A/58/380, párr. 8.

82 Declaración de la Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas, 2 de febrero de 2008.

83 Declaración de la ONU sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, artículo 17.1.

84 Por ejemplo, el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1979 (en especial su artículo 3), y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

85 También se le impuso el pago de una fianza de 10.000 libras egipcias.

86 Artículo 157.

87 La disposición 18 de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados afirma: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”.

88 Artículo 6.b.

89 Artículo 6.a.

90 Enmendado en 2002 para incluir varias disposiciones restrictivas del Código Penal.

91 Artículo 8.

92 Informe del relator especial, E/CN.4/2000/63/Add.4, párr. 33.

93 Artículo 150.

94 Informe del relator especial, E/CN.4/2000/63, párr. 205.

95 Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, principio 16.a.

96 Ibíd., principio 18.

97 Ibíd., principio 16.c.

98 Artículo 9.

99 Declaración de la representante especial del secretario general de la ONU para los defensores de los derechos humanos, citada en las Actas de la Consulta Internacional sobre Defensoras de Derechos Humanos, Sri Lanka 2005, p. 10, disponible en

http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/WHRD-Proceedings-Spanish-web.pdf.

100 Informe de la relatora especial, E/CN.4/2005/72/Add.4, párr. 50.

101 Ibíd., párr. 48.

102 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22.1) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8).

103 Los extranjeros representan aproximadamente el 50 por ciento de la población en Omán, el 60 por ciento en Bahréin y Arabia Saudí, el 75 por ciento en Qatar, el 80 por ciento en Kuwait y el 90 por ciento en Emiratos Árabes Unidos.

104 Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 15 (La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto), párr. 7.

105 Se cree que la minoría baluchi de Irán constituye entre el 1 y el 3 por ciento de la población total del país, que es de unos 70 millones. La mayoría de las personas de etnia baluchi viven en la provincia de Sistán-Baluchistán, y en menor número en la provincia de Kermán. Sin embargo, los baluchis han migrado a otras zonas de Irán, especialmente a Teherán, en busca de trabajo. Muchos tienen fuertes vínculos tribales y familiares con las poblaciones baluchis de los vecinos Pakistán y Afganistán, y se cree que varios cientos de miles han migrado en busca de trabajo a otros países del golfo Pérsico. Los baluchis de Irán hablan mayoritariamente el baluchi como primera lengua, aunque una minoría habla brahoui. La mayoría son musulmanes sunníes, aunque la mayoría de los iraníes (en torno al 90 por ciento) son chiíes. Se calcula que 20.000 de los 1,7 millones de habitantes de la provincia de Sistán-Baluchistán son nómadas. Se ha registrado un aumento de las violaciones de derechos humanos contra la minoría baluchi a manos del gobierno iraní después de varios ataques contra funcionarios iraníes, incluido el homicidio de personal capturado por el grupo armado baluchi Movimiento Popular de Resistencia de Irán, antes conocido como Jondallah. Esto ha incluido detenciones generalizadas y un acusado aumento del número de ejecuciones de personas de etnia baluchi, a menudo después de juicios gravemente injustos y sumarios.


106 Los azerbaiyanos iraníes son en su mayoría musulmanes chiíes y representan entre el 25 y el 30 por ciento de la población. A veces se los llama turcos azeríes.

107 Comunidad árabe que vive principalmente en el suroeste de Irán, en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, y que se cree que representa entre el 3 y el 8 por ciento de la población total.

108 Se cree que la población kurda iraní representa entre el 7 y el 10 por ciento de la población total de Irán.

109 Principalmente a través de organizaciones kurdas como el Partido Democrático del Pueblo de Kurdistán y Komala.

110 Por ejemplo, como a decenas de miles de kurdos se les niega la nacionalidad siria, siguen siendo apátridas y no disfrutan de acceso pleno al empleo, la educación, la salud u otros derechos. Además, no son libres para hablar su propia lengua y practicar su propia cultura.

111 También llamada ‘bereber’, aunque sus integrantes no emplean este término. La comunidad amaziguita se extiende por nueve países del Norte de África. En Marruecos, donde reside aproximadamente la mitad de la población amaziguita, se calcula que representan entre el 30 y el 60 por ciento de la población total.

112 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales, 21 de marzo de 2003, CERD/C/62/CO/5, párr. 16.

113 Que representa aproximadamente el 20 por ciento de la población (es decir, 5 millones de personas).

114 El sufismo es una tradición del Islam que abarca una amplia gama de creencias y prácticas dedicadas a Dios. Las órdenes sufíes pueden asociarse con el Islam sunní o chií o con otras corrientes del Islam.

115 La comunidad copta constituye entre el 9 y el 10 por ciento de la población total.

116 Artículos 317 y 320.

117 Preámbulo.

118 Decisión Nº 16/1994 (Israel).

119 En las causas contra defensores de los derechos humanos que terminan en los tribunales, la condena máxima puede ser de servicios a la comunidad. Cuando Jeff Halper, del Comité Israelí contra las Demoliciones de Viviendas, fue detenido por octava vez el 2 de abril de 2008, en Anata, Jerusalén Oriental, por tratar de impedir la demolición de una vivienda palestina, comentó: “Se me han acabado las horas de servicio a la comunidad así que tendrán que meterme en la cárcel, pero dudo que esto suceda”. Lo detuvieron de nuevo en agosto de 2008 cuando salió de Gaza tras llegar en uno de los barcos que rompieron el bloqueo.

120 Informe de la representante especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, E/CN.4/2006/95/add.3, párr. 36. Aunque la mayoría de las acciones israelíes están dirigidas hacia organizaciones islamistas, las autoridades desconfían de todas las organizaciones de derechos humanos palestinas. En mayo de 2003, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó: “La mayoría de las oficinas de derechos humanos de Cisjordania y la Franja de Gaza proporcionan refugio a terroristas”.

121 Mientras tanto, la policía de fronteras había mantenido bajo custodia durante 26 días al padre de la joven que grabó el incidente.


122 Informe de la representante especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, E/CN.4/2006/95/add.3, párr. 72. Traducción de AI.

123 En el momento de redactarse el presente documento, 10 periodistas estaban bajo custodia de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y tres bajo custodia de Hamás en Gaza.

124 La Asociación Euromediterránea está formada por 35 miembros (25 asociados europeos y 10 mediterráneos). Uno de sus componentes es el acercamiento entre los pueblos a través de una asociación social, cultural y humana que abarca los derechos humanos y la democracia.

125 La Unión Europea ha establecido acuerdos de asociación con ocho Estados (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía) y un acuerdo provisional con la Autoridad Nacional Palestina, y ha iniciado un acuerdo con Siria que no se ha firmado todavía. La Unión Europea ha comenzado negociaciones con Libia con el fin de concluir un acuerdo.


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