Document - Middle East: Fear, flight and forcible exile in the Middle East




Oriente Medio





















Miedo, huida y exilio forzado

Refugiados en Oriente Medio



AMNISTÍA INTERNACIONAL

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA


Amnistía Internacionales un movimiento mundial de voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos. Amnistía Internacionaltrabaja principalmente para:


- obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas encarceladas en cualquier parte del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que tales personas no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso;


- lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos;


- conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos;


- acabar con las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones».


Amnistía Internacionalse opone también a los abusos de los grupos de oposición: a la toma de rehenes, a la tortura y homicidio de prisioneros, y a otros homicidios arbitrarios y deliberados.


Amnistía Internacional, reconociendo que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, se esfuerza por promover todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales mediante programas de educación en derechos humanos y campañas para que se ratifiquen los convenios internacionales de derechos humanos.


Amnistía Internacionales imparcial. Es independiente de todo gobierno, ideología política y credo religioso. Ni apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos trata de proteger. Lo que pretende en cada caso particular es proteger los derechos humanos, sea cual sea la ideología de los gobiernos o de las fuerzas de oposición o las convicciones de las víctimas.


Amnistía Internacionalno clasifica a los gobiernos según su trayectoria en derechos humanos. No trata nunca de establecer comparaciones, sino que se esfuerza por poner fin a las violaciones de derechos humanos específicas de cada caso.


Amnistía Internacionalcuenta con aproximadamente un millón de miembros y suscriptores repartidos entre 162 países y territorios. Tiene 4.273 Grupos locales formalmente registrados en el Secretariado Internacional de la organización, y varios miles de grupos escolares, universitarios, profesionales y de otra índole en más de 80 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía. Para asegurar la imparcialidad, cada grupo trabaja en casos y campañas de cualquier país excepto el propio, seleccionados por su diversidad geográfica y política. La investigación sobre las violaciones de derechos humanos corre a cargo del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Ninguna Sección, Grupo o miembro ha de procurar información sobre su país, y ninguna Sección, Grupo o miembro tiene responsabilidad alguna en las acciones o declaraciones de la organización sobre su propio país.


Amnistía Internacionalmantiene relaciones de trabajo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ecosoc); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco); el Consejo de Europa; la Organización de los Estados Americanos; la Organización de la Unidad Africana y la Unión Interparlamentaria (uip).


Amnistía Internacionalse financia con las donaciones y suscripciones de sus miembros en todo el mundo. Ni solicita ni acepta financiación de ningún gobierno. Para salvaguardar la independencia de la organización, todas las contribuciones están estrictamente controladas por las directrices del Consejo Internacional de la organización.









Fotografía de la portada: Una mujer kurda iraquí y su hijo esperan en la frontera, cerca la localidad de Piranshahr, para pasar a Irán en 1991. © David Stewart-Smith


ÍNDICE




Prefacio 1


Introducción 2


1.- Obligaciones y realidad 5

Derecho internacional 5

Violación de los procedimientos de concesión de asilo

con las debidas garantías 6

Acuerdos bilaterales y multilaterales 10


2.- La huida de los refugiados 12

Iraq 12

Respuesta internacional a los refugiados de Iraq 15

Irán 18

Como país de acogida 20


3.- Exiliados 22

Derecho internacional 22

Los palestinos 23

Las causas de la huida de los refugiados palestinos 23

Su condición especial de acuerdo con el

derecho internacional 25

Los refugiados y el proceso de paz 27

Expulsados de Bahrein 29


4.- Recomendaciones 32























































Título original:

Fear, flight and forcible exile.

Refugees in the Middle East



Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8 DJ

Reino Unido

web site: http://www.amnesty.org


Fecha de publicación:

3 de septiembre de 1997

MDE 01/01/97/s



Oriente Medio

Miedo, huida y exilio forzado


Prefacio


El millón de miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo cree que los derechos humanos son para todos. Son personas que ejercen presión sobre los gobiernos de todo el mundo para que mejoren su expediente de derechos humanos y utilicen su influencia sobre otros Estados con el fin de ampliar la protección de los derechos humanos, trabajan con los medios de comunicación para exponer los abusos y movilizar a la opinión pública, se organizan local, nacional e internacionalmente para crear el impulso necesario para el cambio, y colaboran con otras organizaciones, incluidos grupos de refugiados, en la lucha para construir un mundo más justo y seguro.


Como parte de esta labor, Amnistía Internacional se opone a la devolución (refoulement) de cualquier persona a un país en el que corra peligro de ser encarcelada como preso de conciencia**Para Amnistía Internacional son presos de conciencia las personas detenidas en cualquier parte del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso.o ser víctima de tortura, «desaparición», ejecución extrajudicial o pena de muerte. Se trata de un importante elemento de trabajo preventivo de derechos humanos: actuar para prevenir los abusos, en lugar de responder una vez que éstos se han producido. Las normas que regulan el trabajo de Amnistía Internacional sobre refugiados se basan en el Mandato de la organización, el cual está centrado deliberadamente en cuestiones concretas de derechos humanos. Pero esto no significa que sólo se considere refugiados a quienes están expuestos a sufrir estos abusos contra los derechos humanos. El término «persecución» en el derecho internacional sobre refugiados abarca una gama mucho más amplia de preocupaciones que definen a todas las personas que necesitan protección internacional. En este informe, el término «refugiados» se aplica a todos los solicitantes de asilo que huyen de situaciones de persecución y de violaciones de derechos humanos, incluidos los que no han sido reconocidos oficialmente como refugiados conforme al derecho internacional.


Amnistía Internacional insta a los gobiernos a proporcionar procedimientos de concesión de asilo satisfactorios y con las debidas garantías. La organización pide que no se rechace a ningún solicitante de asilo sin ofrecerle la oportunidad de presentar su solicitud para que sea examinada debidamente. Asimismo, insta a todos los Estados a garantizar que no enviarán a ninguna persona a un país que a su vez pueda devolverla a la fuerza a una situación de peligro.


Gran parte del trabajo de Amnistía Internacional en favor de los refugiados se lleva a cabo a través de las Secciones nacionales de la organización radicadas en los países donde los refugiados buscan protección. Los miembros de Amnistía Internacional facilitan información a los gobiernos, a los responsables de decidir sobre las solicitudes de asilo y a los abogados y demás personas que trabajan en favor de los solicitantes de asilo sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en los países de origen de los solicitantes. Las Secciones de Amnistía Internacional también vigilan las políticas y prácticas de asilo de los gobiernos y se aseguran de que son adecuadas para identificar y proteger a quienes corren peligro. En algunos casos, los miembros de la organización intervienen directamente ante las autoridades para evitar la devolución de un refugiado.


Este documento, junto con otros cuatro informes regionales sobre refugiados, forma parte de una campaña mundial organizada por Amnistía Internacional en favor de los derechos humanos de los refugiados. La campaña, iniciada en marzo de 1997, se centra en tres premisas básicas, cada vez más amenazadas, menoscabadas o desatendidas por los gobiernos de todo el mundo.



p0

C La protección de los derechos humanos en los países de origen: actuación para evitar las violaciones de derechos humanos, con el fin de que nadie se vea obligado a dejar su país de origen en busca de seguridad;


C La protección de los derechos humanos en los países de asilo: actuación para garantizar que quienes huyen de violaciones de derechos humanos logran alcanzar un lugar seguro, que reciben protección real contra la devolución y que en el país de acogida se respetan sus derechos humanos;


C La protección de los derechos humanos en el ámbito internacional: actuación para garantizar que las consideraciones de derechos humanos son fundamentales en las decisiones sobre temas de protección a los refugiados, como la necesidad de proteger a los desplazados dentro de su propio país, los avances en el derecho internacional sobre refugiados y en su aplicación, y los programas para que los refugiados vuelvan a su país.


Los activistas de derechos humanos que trabajan con refugiados se enfrentan a un doble reto en el ámbito internacional. Deben defender la protección que ofrece el derecho internacional sobre refugiados y las leyes de derechos humanos frente a los esfuerzos cada vez mayores de los gobiernos para eludir sus obligaciones, y además deben luchar para garantizar que el sistema de protección internacional es capaz de solucionar con éxito los nuevos problemas de derechos humanos a medida que éstos se presentan.


Amnistía Internacional insta a todos aquellos a quienes les preocupan los derechos humanos a que participen en esta campaña para recordar a los gobiernos de todo el mundo que cada refugiado es un ser humano con derechos que deben ser respetados.




Introducción


«Abandonen sus pueblos para salvar la vida», anunció la radio. Poco después, los aviones se lanzaron en picado sobre la zona. Comenzaron a estallar bombas al lado de las casas, en medio de la calle, sobre los automóviles. Al cabo de unos días, centenares de miles de civiles libaneses habían empaquetado unas cuantas pertenencias y huido hacia el norte para escapar de la operación «Uvas de la ira», intervención militar de Israel en el sur del Líbano en 1996. Casi todos los que huyeron regresaron a sus hogares en el transcurso de unas semanas una vez acabada la operación militar israelí..


Los refugiados no abandonan sus hogares por capricho. Unos huyen de una amenaza inminente y terrible. Otros toman la difícil decisión de marcharse de su país después de un largo y angustioso periodo de incertidumbre, cuando no les queda ya otra opción. Todos ellos se han visto obligados a abandonar sus hogares, amigos y medios de vida. Todos han visto trastocada su vida por fuerzas que escapan a su control. Cada uno de ellos correría peligro si regresara y, por consiguiente, tiene derecho a pedir protección internacional..


Según cálculos aproximados, Oriente Medio. En este informe se entiende que también pertenecen a Oriente Medio los países magrebíes del norte de África.acoge a 5.600.000 refugiados, incluidos los palestinos. World Refugee Survey 1996(Comité de EE.UU. para los Refugiados).. La mayoría de ellos han huido de países de la región a causa de violaciones de derechos humanos. Los gobiernos ordenan o consienten estas violaciones por conveniencia política e interés propio. Permiten que la policía y los funcionarios de prisiones torturen a los presos. Animan a sus fuerzas a matar a los opositores políticos y a las personas calificadas de «indeseables». Ordenan o consienten campañas de violencia, discriminación e intimidación contra grupos étnicos que consideran una amenaza para su autoridad. Por otro lado, los grupos armados de oposición cometen abusos contra los derechos humanos, como homicidios deliberados y arbitrarios. Debido a ello, numerosas personas, familias y comunidades enteras se ven obligadas a buscar refugio en otros países de Oriente Medio o de otras regiones del mundo.









Refugiados kurdos entrando a la región iraní de Piranshahr. © Nickelsberg/Time/Katz Pictures


Los conflictos de la región, relacionados siempre con abusos contra los derechos humanos, también han causado huidas masivas de hombres, mujeres y niños. A comienzos de los años noventa, por ejemplo, la Guerra del Golfo generó una crisis de refugiados que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados describió en mayo de 1991 como «una tragedia humana... que se despliega ante mis propios ojos». Desde agosto de 1990, cuando Iraq invadió Kuwait, hasta el final del año, centenares de miles de kuwaitíes, iraquíes y ciudadanos de otros países huyeron de Kuwait e Iraq. Después de la guerra, cuando las fuerzas del gobierno sofocaron brutalmente los levantamientos en el norte y el sur de país, huyeron de Iraq alrededor de dos millones más de iraquíes kurdos y árabes.


Estas crisis no son un fenómeno nuevo en Oriente Medio. En 1948 y 1949 alrededor de 750.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de la formación del nuevo Estado de Israel. En 1956, más de 200.000 argelinos huyeron a Marruecos y a Túnez. La guerra de los años ochenta entre Irán e Iraq obligó a cruzar la frontera con los países vecinos a millares de personas. También son muy numerosos los refugiados llegados a Oriente Medio como consecuencia de la guerra civil que sigue desarrollándose en Afganistán. Hasta 1989 pasaron a Irán, el país con el mayor número de refugiados del mundo, alrededor de dos millones de afganos. En la actualidad hay cerca de 1.400.000 refugiados afganos en Irán, así como casi 600.000 iraquíes.


Raro es el año en que no se produce un nuevo movimiento masivo de refugiados en la región. A finales de agosto de 1996, las fuerzas del gobierno iraquí y el Partido Demócrata del Kurdistán (PDK) lanzaron un ataque conjunto sobre la ciudad kurda de Arbil, que había caído en manos de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK). Al menos 70.000 refugiados kurdos huyeron a Irán cuando los combates entre el PDKy la UPKse extendieron a Sulaimaniya. La mayoría de estos refugiados kurdos regresaron posteriormente a las zonas de las que habían huido.. Asimismo, ha habido un flujo constante de refugiados de la región que han presentado solicitudes individuales de asilo a causa de graves abusos contra los derechos humanos, cometidos especialmente en países como Irán, Iraq y Siria.

El gran número de refugiados existente no debe hacer que pasen desapercibidas las tragedias personales. Cada refugiado tiene una historia distinta que contar, caracterizada siempre por el miedo y la huida. Si los gobiernos y los grupos armados de oposición respetasen los derechos humanos en todas las circunstancias, ningún hombre, mujer ni niño tendría que enfrentarse a un futuro incierto en un territorio extranjero y quienes se encuentran en el exilio podrían regresar a su país con seguridad.


En este informe se explica la legislación internacional sobre refugiados, su aplicación en Oriente Medio y el motivo de que no haya servido para proteger a muchas de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en esta región del mundo. También se expone en él por qué la gente ha tenido que buscar refugio fuera de su país. El informe se ocupa de los solicitantes de asilo y de las personas reconocidas como refugiados de acuerdo con el derecho internacional, así como de las que se han visto obligadas a exiliarse o han huido de situaciones de violencia generalizada durante conflictos.


En el capítulo primero se exponen los derechos de los refugiados y se demuestra que el sistema internacional, que se supone que tiene que proteger a éstos, no cumple su función ni en Oriente Medio ni en otras regiones del mundo. En el capítulo segundo se describe la situación en Iraq y en Irán con el fin de poner de manifiesto la causa de la huida de los refugiados (el temor a las violaciones de derechos humanos) y de mostrar lo que les ocurre cuando huyen. El capítulo tercero trata del problema concreto del derecho a regresar, que es de particular importancia en la región debido a la presencia de millones de refugiados palestinos y al exilio forzado de centenares de personas de Bahrein.


El informe acaba con una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Oriente Medio y a la comunidad internacional. Amnistía Internacional cree que es urgente aplicar las medidas que recomienda a fin de garantizar que a todas estas personas, que ya han sufrido bastante, se les ofrece la protección internacional que tan desesperadamente necesitan y a la que tienen derecho.



1.- Obligaciones y realidad


Derecho internacional


Los refugiados son personas que se ven obligadas a exiliarse por circunstancias que escapan a su control. Son víctimas de violaciones de derechos humanos o corren peligro de serlo. Están expuestos a ser sometidos a abusos que, como reconoce la comunidad internacional entera, ningún ser humano debe sufrir. Su país de origen no puede o no quiere protegerlos de ese peligro. Unas veces son objeto de persecución por sus circunstancias personales; otras, por pertenecer a determinada comunidad. Cualquiera que sea el caso, necesitan la protección de la comunidad internacional y tienen derecho a ella.


La base de esa protección se explica en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de la ONUsobre los Refugiados), que es un tratado legalmente vinculante, así como en su Protocolo de 1967, que amplió la protección a los refugiados de todo el mundo y eliminó la limitación de la Convención a los «acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951». Sobre la definición de refugiado según la Convención de la ONU sobre los Refugiados, véase el capítulo 3, Su condición especial según el derecho internacional. Existe un organismo internacional con responsabilidad estatutaria sobre los refugiados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo mandato consiste fundamentalmente en proteger y asistir a los refugiados y a otras personas que necesitan tal protección y en buscar soluciones permanentes a sus problemas.


La protección de los refugiados se basa en un principio muy sencillo y tan ampliamente aceptado que se considera de obligado cumplimiento para todos los Estados, hayan firmado o no los tratados sobre refugiados. Se trata del principio fundamental de no devolución (non-refoulement), que obliga a los Estados a no enviar contra su voluntad a ninguna persona a un país donde esté expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos.


Los refugiados de Oriente Medio han pagado muy caro el incumplimiento por parte de los gobiernos del principio de no devolución. A Bouasria Ben Othman, solicitante de asilo argelino, presunto partidario del Frente Islámico de Salvación (FIS), le costó la vida. El 15 de julio de 1996, las autoridades belgas le devolvieron a Argelia, tras rechazar su solicitud de asilo a pesar de los claros riesgos que corría en su país. «Desapareció» inmediatamente. Cuatro meses más tarde y tras reiteradas peticiones de información, las autoridades belgas comunicaron a Amnistía Internacional que había sido detenido a su llegada a Argelia, liberado posteriormente y detenido de nuevo a mediados de noviembre cuando intentaba cruzar la frontera con Libia. El 26 de noviembre, Bouasria apareció en la televisión argelina diciendo que estaba bien y que dejaran de preguntar por él. Una semana después, la policía dijo a su familia que se había matado al arrojarse por una ventana del lugar donde se encontraba detenido. Tenía 31 años. Se ha denunciado que murió a causa de la tortura a la que fue sometido. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha realizado ninguna investigación independiente sobre el caso.


Son muchos los solicitantes de asilo de Oriente Medio cuyos derechos se han violado cuando han buscado refugio en países de la región. La mayoría de los Estados de Oriente Medio no se han adherido formalmente a los tratados internacionales sobre refugiados. De los 18 países de la región, sólo siete (Argelia, Egipto, Irán, Israel, Marruecos, Túnez y Yemen) han ratificado la Convención de la ONUsobre los Refugiados y su Protocolo de 1967. Los otros 11 (Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar y Siria) no lo han hecho.


La Liga Árabe hizo un loable intento de mejorar la protección de los refugiados, pero no obtuvo apenas apoyo. En 1994 aprobó la Convención Árabe sobre el Estatuto de los Refugiados en los Estados Árabes. Hasta la fecha sólo Egipto la ha ratificado, y no se ha hecho casi nada para promoverla.


Este capítulo muestra que los derechos de los refugiados se violan en todo Oriente Medio, incluso en los Estados que se han comprometido a hacer respetar la legislación internacional sobre refugiados. En él se ponen de manifiesto las consecuencias humanas del hecho de que, tanto en ésta como en otras regiones del mundo, los gobiernos no cumplan sus obligaciones para con los solicitantes de asilo de Oriente Medio.


Violación de los procedimientos de concesión de asilo con las debidas garantías


La Guerra del Golfo acabó. Mientras los kuwaitíes lo celebraban y el mundo condenaba casi unánimemente las violaciones de derechos humanos que se cometían a diario en Iraq, Kuwait expulsó sumariamente a Iraq a centenares de personas atemorizadas.


La mayoría de estas personas eran iraquíes y palestinos a los que se privó de su derecho a contar con asistencia letrada, solicitar asilo y apelar contra el rechazo de su solicitud. Millares de miembros de la comunidad bidun(apátrida) quedaron atrapados en el lado iraquí de la frontera al acabar la guerra y no se les permitió regresar a Kuwait.


Tras la oleada inicial de expulsiones que se produjeron en los dos meses posteriores al alto el fuego, las autoridades kuwaitíes llegaron a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por el que sólo se podía repatriar a los ciudadanos iraquíes si su regreso se realizaba sin coacción. El acuerdo se respetó en gran medida, aunque en 1995 se recibió información según la cual entre 150 y 200 iraquíes habían sido detenidos y deportados sumariamente, con toda probabilidad a Irán. Al parecer no se examinaron sus solicitudes de asilo ni se permitió que accedieran a ellos los representantes del ACNUR. Amnistía Internacional pidió aclaraciones sobre estos informes a las autoridades kuwaitíes, pero no recibió ninguna respuesta.


En toda la región se violan con frecuencia los procedimientos acordados internacionalmente para proteger a los solicitantes de asilo. En ocasiones han sido objeto de devolución incluso personas reconocidas como refugiados por el ACNUR. Tal fue lo que ocurrió en Yemen en 1995, cuando se expulsó del país a centenares de refugiados somalíes.


Una práctica más común en Oriente Medio es que los gobiernos devuelvan a personas a las que se ha negado el acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado o a las que se han aplicado procedimientos sin las debidas garantías. En 1995, por ejemplo, alrededor de 100.000 afganos fueron obligados a salir de Irán, mientras que Libia devolvió a su lugar de origen a unos 1.000 egipcios, así como a personas de otras nacionalidades. World Refugee Survey 1996.. En tales casos, a menudo resulta difícil saber si las víctimas eran verdaderamente refugiados, pero todas fueron expulsadas o devueltas a sus países de origen en aplicación de procedimientos dudosos.


Los refugiados de Oriente Medio que han solicitado asilo en Turquía se han enfrentado a muchos problemas y peligros. En 1994, el gobierno turco estableció una nueva reglamentación que obligaba a todos los solicitantes de asilo a presentar su solicitud en el plazo de cinco días a partir de su llegada al país. Quien no lo hiciera así podía ser deportado de inmediato, sin examinar detenidamente su solicitud. Muchas personas corrieron esta suerte. Sin embargo, el hecho de no poder satisfacer estos requisitos de procedimiento no justifica la devolución de una persona que puede ser víctima de graves violaciones de derechos humanos en el país al que es devuelta. Según el ACNUR, si bien se puede exigir a los solicitantes de asilo que presenten su solicitud en un plazo determinado, el hecho de que no lo hagan en ese plazo o de que no cumplan otros requisitos formales no debe impedir que se considere la solicitud.


El Ministerio del Interior turco ha establecido también el requisito de que los solicitantes de asilo que no disponen de la debida documentación han de presentar un documento de identidad válido al hacer su solicitud. Varias personas que no podían satisfacer este requisito han sido víctimas de devolución. El ACNURha mostrado su oposición a esta política declarando que, dadas las circunstancias de su huida y la imposibilidad de ponerse en contacto con las autoridades de su propio país para pedir los papeles necesarios, no es razonable esperar que todos los solicitantes de asilo lleven consigo un documento de identidad válido.


Turquía se ha adherido a la Convención de la ONUsobre los Refugiados, pero con una reserva geográfica que excluye a los solicitantes de asilo no europeos. Por consiguiente, el gobierno turco no reconoce oficialmente como refugiados a los iraquíes ni a los iraníes, que constituyen los dos grupos de refugiados más numerosos del país.


Una de las razones por las que Turquía deporta a muchos refugiados es que éstos, bien por temor o porque ignoran el requisito de los cinco días de plazo, se inscriben primero en el ACNUR, en vez de presentarse inmediatamente ante las autoridades turcas. El ACNURestá sometido a una gran presión en Turquía y a veces ni siquiera puede impedir que las personas a las que reconoce como refugiados sean devueltas a países donde están expuestas a sufrir graves violaciones de derechos humanos. Con el fin de que se reduzca el número de personas que son deportadas por no haber presentado su solicitud de asilo en el plazo de cinco días estipulado, en julio de 1996 el ACNURabrió oficinas en los principales puntos de entrada al país para entrevistar a los refugiados indocumentados en la misma frontera e informarles sobre las consecuencias de incumplir la reglamentación turca.


En los últimos años, muchos refugiados de Oriente Medio han participado en programas de repatriación voluntaria administrados por el ACNURo han regresado por iniciativa propia a su país. En 1995, por ejemplo, lo hicieron más de 195.000 afganos y 8.000 iraquíes acogidos en Irán, así como alrededor de 500 iraquíes más que vivían en Arabia Saudí. World Refugee Survey 1996.. Sin embargo, en algunos casos los refugiados han estado sometidos a una gran presión para obligarlos a repatriarse, lo que hace dudar de que su regreso haya sido realmente voluntario.


Muchos países de otras regiones del mundo han vuelto la espalda a los refugiados de Oriente Medio. Algunos les dificultan la entrada. Otros, incumpliendo lo estipulado en la Convención de la ONUsobre los Refugiados, no reconocen el temor verdadero a sufrir persecución como razón suficiente para conceder la condición de refugiado.




Assam Edalatjow

Assam Edalatjow, enfermera que desarrollaba actividades políticas en Irán, se dio cuenta de que su vida corría mucho peligro cuando en 1987 la llamaron para ser interrogada. Huyó a Suecia y describió así el clima de terror del que había escapado:


Había muchas detenciones, y no hacían distinciones entre los distintos niveles de actividad, por lo que cualquiera podía ser detenido sólo por haber vendido un libro. También detenían y ejecutaban a adolescentes de sólo 14 o 15 años. La situación era especialmente crítica para las mujeres, ya que se consideraba que no tenían "demasiado cerebro" y por lo tanto no era apropiado que participaran en actividades políticas.



Explosión de una bomba en una zona residencial del este de Argel el 29 de octubre de 1995. Murieron al menos seis civiles y resultaron heridos otros 83. © AP

Las autoridades suecas decidieron que Assam no había sido realmente objeto de persecución individual y la enviaron a Turquía, el país por el que había escapado, a pesar de que corría el riesgo de que desde allí la devolvieran a Irán. Consiguió regresar a Suecia, pero su solicitud de asilo volvió a ser rechazada. Estaba a punto de ser deportada cuando llegó una carta en la que un fiscal iraní decía que se habían presentado cargos contra ella e iba a ser juzgada. Entonces le concedieron asilo. «Fue horrible estar tanto tiempo esperando la decisión -dice Assam-. Era una tortura; los días me parecían años».


Una de las principales razones por las que muchos refugiados de Oriente Medio no reciben protección internacional, particularmente en Europa Occidental, es la conveniencia política y económica. En los últimos años, los gobiernos europeos han aplicado interpretaciones cada vez más restrictivas de la definición de refugiado que se hace en la Convención de la ONUsobre los Refugiados. Como consecuencia de ello, el porcentaje de solicitudes de asilo rechazadas ha aumentado. Los políticos han aprovechado este aumento para afirmar que la mayoría de los solicitantes de asilo no son auténticos refugiados, sino inmigrantes económicos en busca de un nivel de vida más alto que intentan burlar los controles de inmigración. Tal política ha permitido devolver a su lugar de origen a muchas personas que podían ser víctimas de tortura y ejecución.


Tal es el caso, en particular, de los argelinos que huyen de la violencia política que estalló en su país en 1992. Tras el homicidio de más de un centenar de extranjeros en Argelia, los gobiernos europeos han instado a sus ciudadanos a salir del país o a no visitarlo porque consideran que es demasiado peligroso y que las autoridades argelinas no están en condiciones de protegerlos. Sin embargo, estos mismos gobiernos se niegan a reconocer que los solicitantes de asilo argelinos también corren peligro si regresan a su país, aun sabiendo que en los últimos cinco años las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición han matado a más de 50.000 personas. Amnistía Internacional ha visto muchas copias de documentos en los que se rechazan solicitudes de asilo aduciendo que los refugiados argelinos pueden recibir protección de las autoridades de su país.


Varias embajadas de países de Europa Occidental en Argelia, tales como la británica y la francesa, no expiden ya visados a los argelinos. Muchas otras sólo se los conceden si demuestran que van a regresar. A quienes consiguen salir del país se les niega cada vez más la condición de refugiados. Los Estados de acogida han llegado a decir a los argelinos que huían de la persecución de grupos armados que no había indicios de que tal persecución, aunque se confirmase, fuese fomentada o tolerada por las autoridades y que, por tanto, la Convención de la ONU sobre los Refugiados no era aplicable en su caso. Sin embargo, está ampliamente demostrado que las autoridades argelinas no podían ni, en algunos casos, querían proteger a estas personas. También se ha rechazado la solicitud de asilo de personas que huían de la persecución de las fuerzas de seguridad.


Algunos ciudadanos argelinos, en especial los miembros del poder judicial, pertenecen a ambas categorías. Si realizan su trabajo corren peligro de morir a manos de grupos armados; si se niegan a realizarlo, se arriesgan a que las autoridades tomen medidas punitivas contra ellos. Un ejemplo de esta situación es el caso de Ali**Seudónimo, magistrado que tuvo que juzgar casos de individuos acusados de «terrorismo». Cuando tuvo el valor de pedir que se realizara un examen médico a los detenidos, quienes, según dijo, habían sido torturados tan brutalmente que ni siquiera podían hablar, las autoridades le trasladaron a un tribunal especial en una región conocida como bastión de grupos armados que se definían como «islámicos». Sabía que su vida corría peligro, en especial porque su esposa procedía de esa zona y los grupos armados conocían a la familia. Sus temores aumentaron cuando supo que habían matado a otro magistrado y que varios más habían recibido amenazas de muerte. Al final decidió que el peligro era demasiado grande y huyó a Francia.


En vez de dispensarle un buen recibimiento, la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas y el tribunal de apelaciones rechazaron su solicitud de asilo. Entonces le dijeron que tenía que regresar a Argelia en el plazo de un mes. Tras una intensa labor de captación de apoyos realizada por grupos de derechos humanos, en mayo de 1996 las autoridades francesas le concedieron un año de asile territorial(permiso temporal de residencia), pero no la condición de refugiado. Esta decisión supone que a su esposa y a su hijo les resultará prácticamente imposible reunirse con él en Francia. En la mayoría de los países, la reunión de familiares normalmente sólo es posible si se ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre los refugiados.. De acuerdo con los procedimientos franceses, se le debe renovar el permiso de residencia hasta que pueda regresar a Argelia con seguridad. Sin embargo, Ali no tiene garantías de ello. Vive todavía con incertidumbre y temor, víctima de una interpretación insostenible de la Convención de la ONUsobre los Refugiados que ha arruinado la vida de millares de argelinos y de personas de otras nacionalidades que huyeron a Francia en busca de seguridad.


Los solicitantes de asilo de varios países más de Oriente Medio se enfrentan a problemas similares e incluso peores cuando llegan a las fronteras de los Estados europeos, a pesar de haber indicios abrumadores de violaciones generalizadas de derechos humanos en los países de los que huyen. A Ahmad****Seudónimo, refugiado sirio que había solicitado asilo en Rumanía, lo pusieron en un avión en 1996 y lo enviaron de regreso a su país. Había huido de Siria en 1995, poco después de ser excarcelado. En 1987, cuando tenía 25 años, lo detuvieron por su presunta pertenencia al Partido de Acción Comunista y pasó varios años en la cárcel como preso de conciencia. Al llegar a Bucarest solicitó asilo, y elACNURcomenzó a tramitar su solicitud. Sin embargo, la noche del 5 de marzo de 1996 lo devolvieron a Siria. Las autoridades rumanas afirmaron que el regreso había sido «voluntario», pero las personas que presenciaron los hechos dijeron que lo habían obligado a subir al avión. Semanas después de su aparente devolución desde Rumanía, su esposa habló con él desde un país europeo donde le habían concedido asilo. Tal como se temía, lo habían detenido al llegar Siria y había estado un mes bajo custodia. Cuando lo dejaron en libertad le prohibieron salir de nuevo del país para reunirse con su familia.


Las personas que llegan aterrorizadas a las fronteras de un país en busca de asilo no piden caridad, sino simplemente que se respeten sus derechos humanos. Cuando los gobiernos se niegan a respetar estos derechos, no sólo violan la legislación internacional sobre refugiados y sobre derechos humanos, sino que, en muchos casos, condenan también a los afectados a sufrir tortura e incluso a morir.

Acuerdos bilaterales y multilaterales


Lotfi Amami tendría que haber estado a salvo. Había huido de Túnez y llegado a Turquía, donde solicitó asilo y fue reconocido como refugiado por elACNUR. Sin embargo, en 1993 las autoridades turcas le devolvieron a Túnez, aun cuando era evidente que allí estaba expuesto a sufrir graves violaciones de derechos humanos. Un tribunal tunecino le había juzgado in absentiaen 1991 y, tras un proceso que careció de las garantías más elementales, condenado a 12 años de cárcel acusado, entre otras cosas, de pertenecer a la asociación ilegal al-Nahda. Ocurrió lo que se temía: Lofti fue detenido al llegar a Túnez y, al parecer, sometido a tortura en un centro secreto de detención. En la actualidad, está todavía en prisión.


Lotfi Amami es una de las muchas víctimas de los acuerdos bilaterales y multilaterales de seguridad o «antiterroristas» que han firmado algunos gobiernos de Oriente Medio para hacer posible la devolución de los activistas políticos. En su caso, la deportación se realizó en virtud de un acuerdo de seguridad firmado en abril de 1993 que permite el «intercambio» de opositores políticos entre Túnez y Turquía, cuando es bien sabido que en ambos países tales personas están expuestas sufrir graves violaciones de derechos humanos. Cuando se firmó el acuerdo había en Turquía decenas de solicitantes de asilo tunecinos, algunos de los cuales habían sido condenados a cadena perpetua en su país por desarrollar actividades políticas no violentas. A muchos de ellos no les quedó más remedio que salir de Turquía para no ser deportados a Túnez.


Hay otros acuerdos entre gobiernos de Oriente Medio que han tenido consecuencias similares. En marzo de 1994, Irán entregó a las autoridades de Turquía a 14 kurdos turcos en medio de una campaña publicitaria con la que pretendía demostrar su intención de cumplir un tratado bilateral de seguridad firmado meses antes. Según el ministro del Interior iraní, este acuerdo formaba parte de una iniciativa conjunta para sofocar los movimientos separatistas. Los informes recibidos indican que se ha renovado. En septiembre de 1996, por ejemplo, un alto cargo del Ministerio del Interior iraní dijo que 35 turcos, todos ellos presuntos miembros del Partido de los Trabajadores Kurdos de Turquía habían sido entregados a las autoridades de su país. Anatolia News Agency, 20 de septiembre de 1996..


Un acuerdo especialmente amplio, de consecuencias negativas para los refugiados, es la Unión del Magreb Árabe (UMA). Firmado en 1989 por Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez, este tratado permite a los ciudadanos de dichos países residir en cualquiera de ellos. Las autoridades han interpretado esta disposición en el sentido de que las personas que lleguen a un país de la UMAhuyendo de la persecución de la que son objeto en otro país de laUMAno pueden ser reconocidas como refugiados ni, por tanto, recibir protección. La única excepción es la población de refugiados del Sahara Occidental que vive en los campos de refugiados del Polisario en el sur del Argelia.. Asimismo, se las puede expulsar en cualquier momento. Dado que los países de la UMAson todos vecinos y que la mayoría de los refugiados huyen a la frontera más próxima, las consecuencias del tratado son sumamente serias, en particular porque en algunos Estados del Magreb el gobierno y las fuerzas de la oposición cometen de manera generalizada graves abusos contra los derechos humanos.


De hecho, la UMAha tenido trágicas consecuencias humanas. En los últimos años Argelia ha deportado a su país al menos a 20 solicitantes de asilo tunecinos, casi todos ellos simpatizantes de al-Nahda.La mayoría habían sido reconocidos como refugiados por el ACNUR, pero Argelia hizo caso omiso de ello. Una de estas personas era Ameur Legraidi, a quien las autoridades argelinas detuvieron en junio de 1993 a pesar de estar inscrito en el ACNURcomo refugiado. En Túnez había sido condenado in absentiaa 11 años de cárcel en un juicio masivo de activistas islámicos, que los observadores de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos describieron como carente de las garantías más elementales. Las autoridades argelinas lo entregaron a los agentes gubernamentales tunecinos, que lo detuvieron. Cuando su padre lo vio meses después en una prisión de Túnez, Ameur estaba tan malherido que apenas podía tenerse en píe. Tenía hematomas y heridas abiertas por todo el cuerpo, incluida la cara.


Las autoridades libias también han expulsado a Túnez a varios solicitantes de asilo de este país. Entre ellos a Jamal Rizki y Habib Khmila, quienes fueron detenidos en Libia en febrero de 1992 y deportados de inmediato. Al regresar a Túnez, estuvieron detenidos en secreto en el Ministerio del Interior, donde, según informes, los torturaron colgándolos con los miembros retorcidos y golpeándolos. Asimismo, varios activistas de la oposición libia han sido devueltos a su país por Egipto y Túnez. En septiembre de 1992, por ejemplo, Egipto deportó a 18 libios, que fueron entregados a las autoridades de seguridad libias en la frontera. La mayoría están todavía recluidos sin cargos en la prisión de Abu Salim, de Trípoli. Entre ellos se encuentran Meftah al-Dawwadi, Nouri Mukhtar Nasrat y Mohammad 'Ashour al-Warfalli.


Adnan Karam Tu'ma fue otra víctima de este tipo de acuerdos bilaterales entre Estados vecinos. Activo miembro de la oposición iraquí, corría peligro de ser ejecutado si era apresado por las fuerzas de seguridad de Iraq. Muchos familiares suyos, incluidos su padre y varios hermanos, habían sido ejecutados ya por sus actividades políticas. Adnan huyó a Indonesia para solicitar allí asilo, pero el 13 de marzo de 1995 le enviaron a Jordania. Según informes, a su llegada a Amán las autoridades jordanas del aeropuerto se pusieron en contacto con la embajada de Iraq para gestionar su devolución allí. El 20 de marzo de dictó una orden de deportación contra él. Los representantes del ACNURpreguntaron por Adnan a las autoridades jordanas el 25 de marzo y les dijeron que les permitirían verlo dentro de dos días. Horas más tarde, fue deportado a Iraq. No se ha sabido nada de él desde entonces.


Varios miembros de grupos islámicos ilegales egipcios, expuestos a sufrir tortura e incluso a ser ejecutados, han sido enviados de regreso a su país como consecuencia de acuerdos secretos u oficiales firmados entre Egipto y otros países para hacer posible la devolución de activistas políticos buscados por las autoridades egipcias. La información de que dispone Amnistía Internacional indica que entre tales países se encuentran Arabia Saudí, India, Libia y Pakistán.


Mohammad Fadl Abu Gabal, Mohammad Salah al-Din Morsy, Mohammad 'Abd al-Rahim al-Sharqawi y Ramadhan Mohammad 'Abd al-Ghaffar, ciudadanos egipcios sospechosos de desarrollar actividades de oposición al gobierno de su país, fueron detenidos en Pakistán, encarcelados y devueltos a Egipto en virtud de un tratado de extradición firmado por ambos países en julio de 1994. Pakistán no es país signatario de la Convención de la ONUsobre los Refugiados, pero sí miembro del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR(EXCOM), organismo que marca la pauta en la aplicación de las leyes sobre refugiados. El EXCOMha hecho repetidas veces hincapié en la necesidad de que los países observen escrupulosamente el principio de no devolución.


Según informes, en octubre de 1996 Yemen devolvió a unos 20 ciudadanos saudíes a su país. Todos fueron detenidos al llegar, al parecer debido a sus actividades políticas o religiosas, y se cree que corrían peligro de ser sometidos a tortura. Su devolución parece ser el resultado de un acuerdo de seguridad firmado por ambos países en marzo de 1996.


Otro acuerdo de seguridad que parece burlar las leyes sobre refugiados es el que firmaron los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo en noviembre de 1984 para «contraatacar el terrorismo y la delincuencia en la región». El único país que no firmó el acuerdo fue Kuwait, que no aceptó una cláusula relativa a la extradición de delincuentes por considerar que era contraria a su constitución. La cláusula en cuestión permite a todo Estado miembro del Consejo deportar a los activistas políticos a otros Estados miembros si así lo solicitan, a pesar de que estén expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, Kuwait parece haberse olvidado de su preocupación sobre este punto. En 1996 deportó a Jamil 'Abd al-Ghani 'Abdullah a Bahrein por «razones de seguridad» cuando las autoridades de este país solicitaron su extradición. El deportado fue detenido por «motivos políticos» al llegar y estuvo varios días recluido en régimen de incomunicación. Cuando lo dejaron en libertad, las autoridades de Kuwait no le permitieron regresar allí para reunirse con su esposa y el resto de su familia.


Al menos nueve ciudadanos de Bahrein, entre los que había opositores políticos que habían huido del país, fueron detenidos en los Emiratos Árabes en junio de 1996 y devueltos a su país. Cuatro de ellos, incluidos Ja`far Hassan Sahwan y Ghazi Radi al-`Abed, estuvieron recluidos en régimen de incomunicación y sin cargos ni juicio durante más de nueve meses, hasta que comparecieron ante el Tribunal de Seguridad del Estado en marzo de 1997.


Todos estos tratados violan las normas legales internacionales que protegen los derechos de los refugiados. Ningún acuerdo de «intercambio» o «readmisión» entre países debe permitir a un Estado de acogida devolver a un solicitante de asilo sin hacer un examen individual, minucioso y con las debidas garantías de su solicitud.


2.- La huida de los refugiados


Iraq


Los cuerpos colgaban de postes. Sus siluetas y su hedor constituyen un recuerdo demasiado horrible para poder soportarlo. Eran los cadáveres de personas que habían huido horas antes para salvar la vida y habían caído en manos de soldados iraquíes que recorrían la zona arrasándolo todo a su paso.


Otros detenidos fueron rociados con gasolina y quemados vivos. A algunas personas las ataron a los tanques y las arrastraron hasta que murieron. A otras, atadas y con los ojos vendados, les pegaron un tiro a quemarropa delante de sus aterrorizados familiares. A las mujeres las obligaron a caminar delante de los tanques como «escudos humanos» para proteger a las sanguinarias tropas.


Todo esto ocurrió en cuestión de días, del 20 al 29 de marzo de 1991, en un sólo lugar, la localidad de Al-Samawa. Tales escenas se repitieron una y otra vez por todo el sur de Iraq en las semanas siguientes al levantamiento masivo de la región contra el gobierno.


A medida que se sucedían los homicidios, aparecían cadáveres por todas partes. Según testigos presenciales, en el distrito de Jubran, en Al-Hilla, el 5 de marzo dejaron caer desde un avión 13 cuerpos. Otros decían que los soldados arrojaban a un río a sus víctimas después de pegarles un tiro. Algunas parecían estar vivas, pero tenían las manos y los pies atados, por lo que era muy poco probable que sobrevivieran. Al borde de las carreteras aparecían cadáveres atados con alambre, con marcas de tortura y con agujeros de bala en la cabeza. Otros estaban mutilados; les habían cortado la lengua, las orejas y las manos antes de la ejecución. Algunos tenían la cara quemada por las bombas de fósforo arrojadas sobre zonas pobladas por civiles.






Grupo de refugiados de la comunidad árabe de los pantanos del sur de Iraq, fotografiados cerca de la localidad iraquí de Al-Qurna, próxima a la frontera iraní. © Frank Spooner/Chip Hires


Ante tal horror, el instinto humano básico es huir. Traumatizadas y aterrorizadas, familias enteras huyeron sin importarles el lugar, el caso era escapar de la pesadilla. Nadie se preocupaba ya de sus propiedades; sólo había tiempo para salvar la vida. Formando una larga cadena de sufrimiento humano, centenares de miles de iraquíes del sur se dirigieron a Irán, a Kuwait o a cualquier otro lugar donde les pareció que podrían llegar vivos.


En el norte de Iraq se produjo al mismo tiempo un éxodo aún mayor. También allí el pueblo se rebeló contra el gobierno y una vez más el ejército utilizó los métodos más brutales para sofocar la rebelión. Al final de esos funestos meses de marzo y abril, al menos un millón y medio de kurdos iraquíes habían pasado a Irán, y centenares de miles más se habían desplazado hasta la frontera turca.


Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas iraquíes no eran un fenómeno nuevo. La novedad fue la atención del mundo, que se centró de pronto sobre Iraq cuando su ejército invadió Kuwait en agosto de 1990. Tanto antes como después de la consiguiente Guerra del Golfo, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han informado con regularidad de tales violaciones cometidas en Iraq, si bien las atrocidades raras veces han alcanzado tal magnitud. El temor que los abusos han infundido en la población ha llevado a muchos ciudadanos iraquíes a huir al extranjero en busca de seguridad, en unos casos porque son objeto de persecución individual, pero con frecuencia porque pertenecen a comunidades cuya misma supervivencia como grupo se ha visto amenazada.


Idris**Seudónimo, refugiado iraquí de 37 años, residente ahora en los Países Bajos, relató su caso a Amnistía Internacional. Durante la guerra entre Irán e Iraq fue reclutado y enviado al frente, pero le impresionó tanto lo que vio allí, que desertó. Le detuvieron poco después y fue torturado en las instalaciones de Basora de los servicios iraquíes de




«Idris» © Angus Bremner

información. El 7 de abril de 1986, Idris y varios desertores más fueron llevados a un estadio de fútbol para ser ejecutados. Sólo él sobrevivió. Perdió el conocimiento y los soldados le dieron por muerto; cuando lo recobró iba en un camión junto con los cadáveres de las víctimas. Escapó, pero lo volvieron a capturar y lo enviaron de nuevo a su unidad. Entonces desertó por segunda vez. En agosto de 1988 lo detuvieron nuevamente y estuvo recluido en diversas instalaciones militares y de seguridad, donde fue torturado. En febrero de 1991 lo dejaron por fin en libertad, y dos años después huyó del país por temor a ser víctima de nuevas violaciones de derechos humanos.


En los casos de violaciones masivas de derechos humanos cometidas contra comunidades iraquíes enteras, a las víctimas no les ha quedado más remedio que huir. Entre 1987 y 1989, en una campaña punitiva conocida como «Operaciones Anfal», las autoridades destruyeron alrededor de 4.000 pueblos kurdos, obligando a abandonar sus hogares a centenares de miles de personas. Al menos 100.000 kurdos «desaparecieron» en el transcurso de cuatro meses en la primera mitad de 1988. En marzo de ese año, en una serie de ataques con armas químicas efectuados en Halabja durante más de dos días, murieron un número aproximado de 5.000 civiles kurdos desarmados. El recuerdo de lo ocurrido allí ha infundido a muchos kurdos un profundo temor a las tropas iraquíes. A veces, la realización de maniobras militares en la zona es suficiente para que la gente recoja atemorizada sus cosas y abandone sus hogares.


Los kurdos han huido también de sus pueblos como consecuencia de los combates librados entre las dos organizaciones kurdas más importantes (el Partido Demócrata del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán) en zonas del norte del país que están bajo su control. Muchos refugiados han informado de amenazas y abusos contra los derechos humanos cometidos por ambas organizaciones.


Es imposible saber el número total de personas que han huido de sus hogares en Iraq, porque el acceso al país se ha restringido mucho. Por otro lado, las autoridades iraquíes han intentado impedir que sus ciudadanos se marchen al extranjero. Con el objeto de frenar, en particular, la salida de dinero y de mano de obra del país, en 1994 crearon un impuesto punitivo de salida y aprobaron una serie de leyes que restringían el derecho a viajar libremente. Las personas que huyen por temor raras veces intentan conseguir un visado; prefieren recurrir a métodos ilegales, aunque se expongan a sufrir graves violaciones de derechos humanos si las descubren.


Aunque había indicios indiscutibles de la larga historia de violaciones flagrantes de derechos humanos cometidas por el gobierno iraquí, la comunidad internacional no ejerció prácticamente presión sobre él para que mejorase su historial de derechos humanos hasta 1990, cuando Iraq invadió Kuwait. La respuesta internacional a la huida masiva de refugiados ha de abordar en primer lugar sus causas. Hasta que no se ponga fin al terror que obliga a las personas a abandonar su hogares no se encontrará ninguna solución a largo plazo a la crisis de los refugiados.




Respuesta internacional a los refugiados de Iraq


La crisis de refugiados que se produjo en 1991 tras la Guerra del Golfo se exacerbó cuando Turquía cerró sus puertas a la corriente de familias que, aterrorizadas, llegaban a ellas para salvar la vida. La respuesta del Reino Unido, Estados Unidos y Francia consistió en crear una «zona de seguridad» en el norte de Iraq, protegida mediante un bloqueo aéreo de la coalición militar dirigida por Estados Unidos. El objeto de esta medida era ofrecer protección a más de un millón y medio de personas, kurdas en su mayoría, que habían huido para salvar la vida. La realidad fue algo distinta.


La intervención permitió a los refugiados escapar temporalmente de las violaciones de derechos humanos y recibir alguna ayuda humanitaria. Sin embargo, el compromiso internacional no alcanzó a aplicar medidas fiables para resolver las causas de la huida masiva ni garantizar la seguridad de los refugiados. De hecho, la «zona de seguridad» estaba en un territorio sobre el que sólo las autoridades iraquíes, el mismo gobierno responsable de la huida masiva, tenía derechos de soberanía. Además, la ausencia de toda autoridad reconocida en la zona causó serios problemas a los refugiados y a la población en general.


En marzo de 1995, millares de soldados turcos fueron desplegados en la región fronteriza con Iraq, e incluso en la «zona de seguridad», para efectuar una ofensiva contra el grupo armado kurdo de Turquía PKK. En esta operación, las tropas cometieron violaciones de derechos humanos. Estados Unidos y otros gobiernos suspendieron los vuelos de protección aérea, las actividades humanitarias se interrumpieron y, una vez más, miles de iraquíes se vieron desplazados de sus hogares. El ACNURtuvo que buscar alojamiento a unos 14.000 refugiados turcos que vivían en la zona. En julio de 1996, el ejército iraní lanzó una ofensiva similar contra la oposición armada kurda de Irán, que tenía sus bases en el norte de Iraq. Dos mil soldados cruzaron la frontera, después de bombardear la zona, con el propósito de poner fin a los ataques efectuados desde Iraq. El ACNURdeclaró entonces que estaba intentando ocuparse de al menos 2.500 refugiados, casi todos ellos mujeres y niños, que habían huido para salvar la vida cuando se produjeron los bombardeos.


El ACNUR, si bien es partidario de que a las personas que huyen se les ofrezca protección en su propio país, insiste en que no se debe buscar tal solución como alternativa al asilo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados comentó que «enfrentados a las dificultades obvias de la protección dentro del país, es esencial que salvaguardemos la institución del asilo».


La institución del asilo ha estado sometida a una presión extrema debido al gran número de iraquíes que han solicitado asilo en Oriente Medio y en otras regiones del mundo. Algunos países han hecho todo lo que han podido, a pesar de la carga que los refugiados han supuesto para sus economías. Otros han respondido volviendo la espalda a numerosas personas que necesitaban desesperadamente protección internacional.


La mayoría de los iraquíes que han huido al extranjero han acabado en campos de refugiados y ciudades iraníes donde, en general, han encontrado seguridad y asistencia básica. Según estadísticas oficiales, en la actualidad hay en Irán alrededor de 580.000 iraquíes, llegados allí en varias oleadas en 1975, durante los años ochenta y en 1991. La mayoría fueron expulsados de sus hogares debido a su presunto origen iraní. Se hallan diseminados por todo Irán, y muchos se han integrado en comunidades locales. Algunos han podido documentar su origen iraní y son ahora ciudadanos de Irán. No obstante, muchos, como los kurdos feyli , son apátridas, considerados iraníes por Iraq e iraquíes por Irán.


De los 580.000 iraquíes que hay en Irán, 521.000 son kurdos y 58.400 árabes de los pantanos; 28.000 de los primeros y 36.500 de los segundos viven en campos de refugiados. En las provincias del suroeste, especialmente en Khuzestán, hay alrededor de 33.600 iraquíes chiítas, también en campos de refugiados. Se dividen en dos grupos principales; uno está formado por los que llegaron en 1991, y el otro es el de los que llegaron entre 1993 y 1995 huyendo del terror en los pantanos.


La mayoría de los refugiados iraquíes de Irán tienen documentos en los que se los reconoce como tales. Estos documentos son de dos tipos: cartillas y tarjetas verdes. Las cartillas se consideran más seguras, pues permiten a sus poseedores solicitar, por ejemplo, documentación para viajar al extranjero. En 1995 casi 4.000 kurdos iraquíes se repatriaron con ayuda delACNUR, y el gobierno iraní informó de que otros 13.485 se habían repatriado por su cuenta. (La situación de los refugiados en Irán se examina con mayor detenimiento en el siguiente apartado.)


Los kurdos iraquíes que buscaron refugio en Turquía han corrido peor suerte. En agosto y septiembre de 1988 llegaron al país alrededor de 57.000 huyendo de los ataques militares efectuados en el norte de Iraq, en algunos casos con armas químicas. Aunque todos los días aparecían informes sobre «desapariciones», homicidios políticos y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el norte de Iraq, las autoridades turcas, utilizando como pretexto cinco amnistías oficiales anunciadas por el gobierno iraquí, coaccionaron a los refugiados para que regresaran a su país. Los métodos que emplearon para ejercer tal coacción consistieron en someter a los refugiados a malos tratos, reducirles la ración de alimentos y agua y permitir que funcionarios iraquíes visitaran los campos para inducir a sus ocupantes a regresar. No obstante, a unos 30.000 kurdos iraquíes se les permitió quedarse en Turquía.


Debido en parte a esta presión regresaron al menos 9.000 refugiados. Entre ellos había kurdos, asirios, árabes y turcomanos. El gobierno turco no permitió que el ACNURvigilara las repatriaciones. A quienes cambiaron de opinión cuando el ACNURanunció que no podía intervenir los obligaron a subir a los autobuses que se habían preparado para transportarlos a Iraq. Las autoridades turcas dijeron que nadie había sido repatriado a la fuerza, pero siguieron sin permitir al ACNURacceder con regularidad a los campos de refugiados.


Las amnistías anunciadas por el gobierno iraquí parecían tener por objeto atraer a posibles opositores del gobierno o hacerles salir de su escondite. Centenares de refugiados «desaparecieron» o fueron torturados o ejecutados al regresar. Tres kurdos -Arjan Mari Hassan, Mari Mari Hassan y Khaled Khudaida- que fueron devueltos bajo la amnistía de septiembre de 1989 «desaparecieron». Lo mismo les ocurrió a 33 cristianos asirios de la provincia de Duhok y a sus familias cuando regresaron acogiéndose a las amnistías. Otras personas fueron ejecutadas, entre ellas siete kurdos -Saber Sa'di, Qader Sa'di, 'Abdullah Mala Muhammad, Darwish Mala Muhammad, 'Abd al-Karim Chitto, Saber Hamad y Hatem Hamad- que se acogieron a amnistías decretadas específicamente para los kurdos. Los siete fueron ejecutados en la guarnición de Dibs, cerca de Kirkud, en abril de 1989, al parecer por sus pasadas relaciones con los Pesh Merga, los grupos armados kurdos.


Desde entonces Turquía ha negado completamente la entrada a los refugiados iraquíes en varias ocasiones, como lo hizo en el punto culminante de la crisis de 1991. No obstante, después de la Guerra del Golfo se permitió quedarse en Turquía a 12.000 solicitantes de asilo iraquíes, si bien a la mayoría sólo se les concedió un permiso temporal de residencia y el ACNUR tuvo posteriormente que reasentar a casi todos. Otros kurdos iraquíes refugiados en Turquía han regresado a sus lugares de origen voluntariamente; de ellos, 10.000 lo hicieron después de la guerra en el marco de los programas de repatriación organizados por las Naciones Unidas y las fuerzas aliadas, y 18.000 regresaron a finales de 1992 y principios de 1993 por medio del ACNUR.


A finales de 1996, Amnistía Internacional recibió información según la cual en octubre murieron en la frontera turco iraní, presuntamente a manos de fuerzas turcas, 28 iraquíes kurdos y asirios. Los hechos ocurrieron cuando 30 personas, procedentes en su mayoría de Sulaimaniya, intentaron cruzar la frontera huyendo de los combates que habían estallado en el norte de Iraq.


A finales de marzo de 1991, una vez acabada la Guerra del Golfo, millares de iraquíes intentaron buscar refugio en Arabia Saudí. Aunque al principio se mostraron reacias a admitirlos, las autoridades saudíes acabaron acogiendo temporalmente a unas 32.000 personas, a las que se alojó en dos campos de refugiados instalados en el desierto. A muchas de ellas se las presionó posteriormente para que regresaran a Iraq. Según el Comité deEE.UU. para los Refugiados, al menos 3.387 iraquíes fueron repatriados en 1991 sin haberles permitido entrevistarse con el ACNURni con elCICRWorld Refugee Survey 1992y 1993.. Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de devolución. En la actualidad, en el campo de Rafha, uno de los que se instalaron en el desierto, quedan unos 10.000 refugiados esperando el reasentamiento. Arabia Saudí, que no ha ratificado la Convención de la ONUsobre los Refugiados, no ha querido admitir de manera permanente a ningún refugiado iraquí, dejando como única solución el reasentamiento en un tercer país. ACNUR, 1994, Background paper on Iraqui refugees and asylum-seekers..


Hay refugiados iraquíes en casi todos los países de Oriente Medio. En el campo de El Hol, situado en el nordeste de Siria, queden varios millares, y hay muchos más, cuyo número exacto se desconoce, en otras regiones del país. En Líbano figuran inscritos como refugiados más de un millar. Muchos se encuentran en Pakistán, donde se les ha acogido temporalmente con la condición de que el ACNURorganice su reasentamiento en un tercer país. ACNUR, 1994, op. cit.. Esta posibilidad atrajo a Pakistán a muchos kurdos iraquíes que habían buscado refugio en Irán, por lo que en 1989 el ACNURy las autoridades pakistaníes llegaron a un acuerdo para dejar de acoger a los kurdos que habían recibido ya protección en Irán, excepto en el caso de que vinieran para reunirse con su familia. Las autoridades pakistaníes ordenaron también que todos los kurdos iraquíes vivieran en Quetta, localidad del suroeste de país, próxima a la frontera iraní, donde tenían prohibido integrarse en la población local. Muchos fueron encarcelados en cárceles locales. A los que se negaron a vivir en Quetta se les negó toda ayuda económica.


Centenares de miles de iraquíes han huido a Jordania, pero son relativamente pocos los que han solicitado asilo allí, debido, en parte, a que Jordania no es un país signatario de la Convención de la ONU sobre los Refugiados y, en general, no ofrece asilo a los refugiados, sino sólo protección temporal.. La mayoría de los iraquíes que llegan a Jordania acaban convirtiéndose en inmigrantes ilegales. Por lo general, al entrar al país se les concede un permiso de residencia de dos semanas, prorrogable hasta seis meses. Superado este plazo, tienen que pagar una multa por cada día de estancia en el país. Como no quieren o no pueden pagarla, muchos se ven obligados a vivir clandestinamente. Su situación ilegal les causa entonces más problemas, pues se arriesgan a ser descubiertos y detenidos y les resulta más difícil acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado.


Otra de las razones por la que muy pocos iraquíes han solicitado asilo en Jordania es el temor a que les obliguen a regresar a Iraq, en particular si son activistas políticos. 'Abd al-Rahim al-Rifa'i, hombre de negocios iraquí, huyó con su familia a Jordania en marzo de 1995. El mes anterior había estado detenido en Iraq, acusado de mantener contactos con la oposición iraquí en el extranjero. Según informes, durante 15 días fue sometido a sesiones de tortura en las que lo golpearon, lo colgaron por los pies y le aplicaron descargas eléctricas en los labios y en los genitales. Al final sobornó a un funcionario de la cárcel y logró escapar. En agosto de 1995 un tribunal penal iraquí lo condenó a muerte in absentia.


De acuerdo con los informes, en septiembre de 1996 las autoridades jordanas le ordenaron salir del país si no quería ser entregado a los funcionarios de fronteras iraquíes. Al parecer, la orden se dictó por sus artículos en periódicos jordanos criticando al gobierno de Iraq. En septiembre de 1996, 'Abd al-Rahim al-Rifa'i dijo a Amnistía Internacional: «Si alguien me garantiza un futuro seguro para mi esposa y mis hijos, estoy dispuesto a regresar a Iraq para enfrentarme a la pena de muerte». No tiene documentación válida para viajar y está buscando otro país de asilo.


A lo largo del tiempo, millares de iraquíes más han buscado refugio en Europa Occidental, donde cada vez les resulta más difícil conseguir asilo. Entre 1990 y 1993 solicitaron asilo en países europeos unos 37.000 ciudadanos iraquíes. Alrededor de 8.000 fueron admitidos como refugiados conforme a la Convención de la ONU, la mayoría en Suecia (2.200), los Países Bajos (1.600), Austria (unos 1.100) y Alemania (unos 1.100). ACNUR, 1994, op. cit..


El hecho de que un gobierno viole los derechos de sus ciudadanos no es sólo un problema «interno». La huida de refugiados que provoca afecta a muchos otros países, en particular a los vecinos. Estos países tienen el deber de respetar los derechos de cada uno de los refugiados que llega a sus fronteras, y es obligación de la comunidad internacional garantizar que se los ayuda a cumplir este deber.


Irán


A Neina**Seudónimole vendaron los ojos y la azotaron con un cable. Sus interrogadores continuaron flagelándola mientras le hacían preguntas a gritos. No recuerda cuántas veces la golpearon; el dolor era demasiado intenso. Por último fue liberada tras firmar un documento en el que se comprometía a abandonar sus actividades políticas.


Sin arredrarse, siguió distribuyendo folletos y vendiendo periódicos para una organización de oposición iraní. Los hombres uniformados no tardaron en volver a por ella, y la tortura se repitió. También se repitieron los azotes. Esta vez fue declarada culpable y condenada a ocho años de prisión por actividades políticas totalmente pacíficas.


En 1991, una vez cumplida la condena, quedó en libertad, pero estaba obligada a presentarse todos los meses en la prisión, el escenario de sus peores pesadillas. La última vez que acudió allí los funcionarios le dijeron que la encarcelarían a menos que apareciera en un vídeo denunciando a su organización política. Recientemente habían detenido a muchos amigos suyos. Al final estaba tan asustada que le resultaba imposible seguir viviendo en el país que amaba, por lo que huyo a los Países Bajos. Pidió a Amnistía Internacional que no publicara ningún dato por el que se la pudiera identificar, pues temía que las autoridades iraníes tomaran represalias contra sus familiares si se enteraban de que había denunciado las violaciones de derechos humanos que se cometen en Irán.




«Neina» © Angus Bremner

Las violaciones generalizadas de derechos humanos han obligado a buscar refugio en el extranjero a millares de iraníes más. Se siguen recibiendo con regularidad informes sobre tortura, ejecuciones tras procesos sumarios y condenas de prisión dictadas en juicios sin las debidas garantías. Se cree que en las cárceles hay centenares, si no miles, de presos políticos, algunos de los cuales son también presos de conciencia. El terror del Estado se hace sentir incluso en el extranjero: decenas de disidentes iraníes que vivían en el exilio, algunos de ellos reconocidos como refugiados, han sido asesinados en circunstancias que apuntan a ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del gobierno de Irán. La Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de la ONU, aprueban habitualmente resoluciones en la que se condenan las violaciones de derechos humanos cometidas en Irán, la más reciente en 1996.


Las autoridades iraníes procuran impedir que se examine fuera del país su espantoso historial de derechos humanos y han negado repetidas veces que se hayan cometido violaciones de tales derechos. Al Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se encarga de investigar las violaciones de derechos humanos en Irán, se le ha negado siempre la entrada al país desde 1991 (excepto en 1996), y Amnistía Internacional no obtiene permiso para realizar visitas de investigación o para entrevistarse con el gobierno desde 1979.


Sin embargo, el secretismo no impide que se filtre parte de la verdad. Los presos, por ejemplo, consiguen sacar furtivamente de las cárceles cartas llenas de información. En 1994, Amnistía Internacional recibió una de esas cartas, escrita por 'Abbas Amir Entezam, encarcelado por motivos políticos y posible preso de conciencia. ‘Abbas Amir Entezam fue excarcelado posteriormente, pero continúa recluido en una residencia del Gobierno.. Decía lo siguiente:


Pasé 15 meses en prisión antes de que me dijeran por qué me habían encarcelado... Mi juicio se celebró en la Prisión de Evin; no tuve asistencia letrada ni comparecí ante un jurado... Yo, personalmente, he sido sometido a diversas formas de tortura... Varias veces me dijeron que redactara mi última voluntad porque mi ejecución era inminente.


Uno de los principales indicativos de la magnitud de las violaciones de derechos humanos en Irán es el gran número de personas aterrorizadas que llegan cada año a puertos, aeropuertos y puestos fronterizos de todo el mundo solicitando asilo y contando espantosas historias sobre los motivos de su huida.


Areman no se ha recuperado completamente de la tortura que le hizo tomar la decisión de huir audazmente de Irán. En 1979 había sido partidario entusiasta de la nueva República Islámica, pero se desilusionó en seguida y se afilió a un grupo laico de izquierdas. En 1983, él y muchos otros miembros del grupo fueron detenidos. Durante sus cinco primeros meses de reclusión fue torturado tan brutalmente que sufrió un ataque cardiaco. Lo tuvieron tanto tiempo colgado de los brazos que se le fracturó una clavícula, y debido a los reiterados golpes que le dieron en la cabeza, se le fracturó un tímpano y perdió la vista en un ojo.

En 1984 lo trasladaron a la prisión de Evin, donde estuvo recluido en régimen de aislamiento. Entonces, un tribunal revolucionario islámico le condenó a 15 años de cárcel por sus actividades. En los largos años siguientes presenció la ejecución de millares de compañeros de prisión.


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En noviembre de 1991, poco después de la visita que realizó a Teherán el Representante Especial de la ONUsobre Irán, Areman salió de la prisión de Evin con un permiso de 15 días. Su familia había prometido llevarle de nuevo allí una vez transcurrido este tiempo, pero lo que hizo fue introducirle furtivamente en Turquía en el maletero de un automóvil. Temiendo que las autoridades turcas lo devolvieran a sus torturadores, Areman viajó con pasaporte falso al Reino Unido, donde le concedieron asilo tres meses después.


Muchos iraníes que realizan actividades políticas creen que en cualquier momento pueden ser detenidos, torturados y encarcelados y que, si eso sucede, apenas podrán confiar en el sistema legal para que se haga justicia. Asimismo, saben que pueden ser condenados a muerte. Desde 1979 han sido ejecutados decenas de miles de presuntos opositores al gobierno, y la pena capital se sigue aplicando ampliamente para castigar delitos como el espionaje y las «actividades contra la República Islámica de Irán», expresados a veces con términos tan vagos como «corrupción terrenal» y «enemistad contra Dios». Estos temores hacen que muchos ciudadanos busquen refugio en el extranjero.


Otros iraníes huyen porque piensan que cualquier día pueden aparecer muertos en medio de la calle. Se han dado algunos casos de conocidos disidentes muertos en circunstancias que apuntaban a ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas gubernamentales. Según informes, Molavi Ahmad Sayyad, líder de la minoría sunní de Beluchistán, apareció muerto cerca de la ciudad de Bandar Abbas el 2 de febrero de 1996. En 1990 había sido detenido y recluido sin cargos durante un periodo de alrededor de cinco años. En 1995 y 1996 murieron también en misteriosas circunstancias otros líderes religiosos y opositores, entre ellos tres personas -los poetas Ghaffar Hosseini y Ghazaleh Alizadeh, y Ahmad Mirala'i- que habían firmado un documento en el que pedían que se pusiera fin a la censura, así como Mohammad Bagher Yusefi, religioso de la Iglesia de las Asambleas de Dios en la provincia de Mazandaran; Abdolaziz Kazemi-Vajd, catedrático y destacado miembro de la comunidad sunní de Beluchistán, y Molla Mohammad Rabí'i. Muchas otras personas con similares actividades u opiniones han tenido que tomar la difícil decisión de abandonar a sus familiares y amigos para buscar seguridad en el extranjero.


Esa seguridad no está en absoluto garantizada. A los iraníes que huyen al extranjero les resulta cada vez más difícil obtener asilo, especialmente en Europa. El precio de esta intransigencia internacional puede ser la muerte.


Para Hassan**Seudónimo, miembro de un grupo de oposición iraní, probablemente sea ya demasiado tarde. Huyó a Turquía en 1987 y solicitó asilo por medio de los programas del ACNURestablecidos allí. La policía turca lo llevó a la región adyacente a la frontera para que su caso fuera examinado por otros policías turcos, que lo entregaron posteriormente a los funcionarios de fronteras iraníes. Según informes fue enviado a la prisión de Evin, en Teherán, y se cree que ha sido ejecutado.


Mehrdad Kavoussi, miembro de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, tuvo más suerte. En agosto de 1995, tras pasar 10 años en la cárcel y ser sometido a tortura, huyó a Turquía, porque temía que después de su excarcelación pudieran volver a detenerlo. El ACNURlo reconoció como refugiado, pero en abril de 1996 las autoridades turcas lo devolvieron a Irán por no haber presentado su solicitud de asilo en un plazo de cinco días a partir de su llegada. Una vez en Irán fue detenido e interrogado. Entonces, los miembros de Amnistía Internacional y de otras organizaciones comenzaron a enviar numerosos llamamientos en su favor desde todas las partes del mundo. Al final, Mehrdad quedó en libertad, tras haber accedido a viajar a Turquía y a escribir cartas a la ONUy las organizaciones de derechos humanos criticando a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán. Cuando llegó a territorio turco escapó de los agentes iraníes y volvió a solicitar asilo. Esta vez fue acogido en un país europeo.




Mehrdad Kavoussi y su esposa, Laya Gohari, después de encontrar refugio en Europa.

Como país de acogida


Irán es el país con mayor número de refugiados del mundo. Rodeado por todas partes de poblaciones que han sufrido violaciones de derechos humanos, les ha ofrecido refugio cuando lo han necesitado. Hoy día acoge a más de dos millones de refugiados.

Tradicionalmente, Irán ha ofrecido siempre su hospitalidad a los solicitantes de asilo. Quienes pedían protección allí encontraban pocos motivos de queja, y muchos refugiados incluso se integraban totalmente en el país. Tras la invasión soviética de Afganistán en 1979, por ejemplo, Irán acogió a unos dos millones de refugiados afganos. Durante la crisis de Iraq de 1991, alrededor de un millón y medio de refugiados iraquíes entraron en Irán en un periodo muy corto. En el momento culminante de la crisis, en 48 horas cruzaron la frontera 250.000 kurdos iraquíes. Irán se esforzó cuanto pudo para ofrecer protección y ayuda a todas estas personas.


Sin embargo, después de la crisis de 1991, la postura de Irán hacia los refugiados cambió significativamente. A mediados de 1991, el gobierno inició una campaña de «intimidación sutil», como lo calificaron algunos, para obligar a los refugiados kurdos a abandonar los campos de la zona adyacente a la frontera y trasladarse a otros situados más en el interior o regresar al norte de Iraq. Al parecer, una de las razones de tal cambio de actitud fue el temor de las autoridades a que estos refugiados fomentaran el nacionalismo entre la población kurda iraní. Las provisiones destinadas a los campos adyacentes a la frontera se llevaron a zonas del interior, y, según los propios refugiados, se les amenazó con trasladarlos a lugares próximos a la frontera con la ex Unión Soviética si se negaban a regresar a su país. «Asylum under attack», Lawyers Committee for Human Rights, abril de 1992.. Muchos volvieron a Iraq.


Irán se volvió también notablemente menos tolerante con los refugiados afganos. En 1995, el gobierno anunció que no iba a permitir ya más afluencias masivas de refugiados a través de sus fronteras. Señaló que, debido a la falta de apoyo internacional a la hospitalidad que había mostrado hasta entonces, pensaba imponer nuevas restricciones.


Algunos refugiados afganos llevan en Irán más de 15 años, y de todos ellos sólo una minoría continúan en campos de refugiados. En 1993, las autoridades iraníes iniciaron un programa de cooperación con el ACNURque permitió inscribirse como refugiados y obtener permisos temporales de residencia a más de medio millón de ciudadanos afganos. Uno de los objetivos del programa era repatriar a centenares de miles de refugiados, y al concluir 1995 se había devuelto a su país de origen a gran número de ellos. Sin embargo, existen dudas acerca del carácter «voluntario» de algunas de las repatriaciones.


En 1995, el gobierno iraní anunció que los refugiados afganos tendrían que marcharse en marzo de 1997. Asimismo, dijo que los que carecían de permiso de residencia o tenían sólo uno temporal debían abandonar el país si no querían ser trasladados a campos de refugiados próximos a la frontera con Afganistán. Las autoridades dejaron entonces de conceder permisos de trabajo a los afganos y suspendieron la asistencia sanitaria, por lo que para muchos refugiados las condiciones de vida se volvieron intolerables. En 1995 hubo momentos en los que se repatriaba todos los días a centenares de afganos, tal vez miles. Según la Organización Internacional para las Migraciones, a lo largo del año 100.000 más salieron de Irán por iniciativa propia, sin ayuda del ACNUR. No obstante, una vez más surgió la duda de si los refugiados que se repatriaron voluntariamente no lo hicieron en realidad porque fueron sometidos a presión.


La persistencia de la inestabilidad y de las violaciones masivas de derechos humanos en Afganistán desde 1995 ha obligado a buscar refugio en el extranjero a muchas más personas. Irán ha respondido cada vez con más frecuencia cerrando sus fronteras, si bien todavía han conseguido entrar al país muchos refugiados. En agosto de 1995, el jefe de la sección del Ministerio del Interior iraní que se ocupa de las expatriaciones dijo que todos los ciudadanos extranjeros que llegaran a Irán en busca de asilo serían alojados en zonas especiales para refugiados. Agencia de noticiasIRNA, 13 de agosto de 1995..


Irán llevaba mucho tiempo advirtiendo que podía cambiar de actitud en relación con los refugiados. A comienzos de los años noventa pidió más apoyo internacional a sus esfuerzos. Dijo que cada refugiado le costaba alrededor de 15 dólares estadounidenses diarios y que, a pesar de acoger a una considerable fracción del total de refugiados del mundo, recibía sólo el 1,3 por ciento del presupuesto de la ONUdestinado a los refugiados (13 millones de dólares en 1991). «Asylum under attack», op. cit..


Para garantizar que cada hombre, mujer y niño refugiado recibe protección y un trato digno, Irán y los países que se encuentran en la misma situación necesitan apoyo internacional. Las afluencias masivas de refugiados son responsabilidad de la comunidad internacional, no sólo de los países que las reciben por el simple hecho de ser el lugar seguro más próximo.






3.- Exiliados


Derecho internacional


Desde el lugar donde vive como refugiada, Nasreen Salah ve la otra orilla del río Jordán. Unos kilómetros más allá esta el pueblo donde jugaba de niña. No sabe si su casa está todavía en pie. Es palestina y lleva 48 años sin ver el lugar donde nació porque jamás se le ha permitido recorrer la corta distancia que la separa de él. 'Ali Nasser tiene 23 años y es de Bahrein. A principios de 1995, el gobierno de su país le obligó a exiliarse debido a sus opiniones políticas. Ahora vive en los Emiratos Árabes Unidos.


Los derechos fundamentales de Nasreen y de 'Ali han sido violados. El Artículo 13(2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país».


Amnistía Internacional se opone al exilio forzado, entendiendo como tal el hecho de que un gobierno obligue a una persona a abandonar su propio país a causa de sus convicciones políticas, religiosas o de otra índole, o debido a su origen étnico, sexo, raza, idioma, origen nacional o social, posición económica, linaje u otra condición, y le prohíba luego regresar, o de que, si la persona está ya fuera del país, le impida regresar a él por las mismas razones. Incluso en los casos de personas que se encuentran fuera de su país porque han huido de él, no porque hayan sido expulsadas a la fuerza, si esas personas desean regresar y se les niega la oportunidad de hacerlo, han de ser consideradas también exiliados forzosos. Amnistía Internacional cree que se debe impedir a los gobiernos no sólo encarcelar a sus opositores políticos, sino también exiliarlos. La organización se opone al exilio forzado de toda persona, incluso si ésta ha recurrido a la violencia o propugnado su uso, y pide que se permita regresar a los exiliados y, si están acusados de algún delito tipificado en el código penal, se los someta a un juicio justo.


Los palestinos


Miriam estaba haciendo la comida cuando oyó los disparos y los gritos. En seguida supo lo que tenía que hacer. El día anterior, las fuerzas armadas sionistas habían matado a muchos habitantes de un pueblo vecino. Apartó el puchero del fuego, tomó a su hijo pequeño y se unió a la corriente de personas que escapaban aterrorizadas del pueblo. Los huidos cruzaron el río Jordán y se quedaron esperando a que llegara el momento de regresar a sus hogares sin peligro. Miriam tiene ya nueve nietos y continúa esperando.


Diseminadas por todo el mundo hay alrededor de 5.400.000 personas, descendientes de los 1.400.000 árabes que vivían en Palestina antes de 1948, que se consideran palestinas.Janet Lippman Abu-Lughod. «The displacement of the Palestinians», The Cambridge Survey of World Migration, Robin Cohen, ed., 1995.. Mas de la mitad de ellas no tienen derechos de ciudadanía en ningún país. Desde hace ya casi medio siglo constituyen la mayor población de refugiados del mundo.


Los palestinos se diferencian de los demás refugiados en muchos aspectos, todos ellos derivados del hecho de que se declarara un Estado nuevo en su antiguo país. La comunidad internacional les ha reconocido su derecho a regresar o a recibir una compensación, pero pocos han podido ejercerlo, ni siquiera tras los acuerdos de paz de 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). A algunos se les ha permitido recientemente la entrada a las zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina como miembros de la nueva administración, y con el tiempo unos cuantos han podido regresar a Cisjordania o a la Franja de Gaza en el marco de programas de reunión familiar. La suerte de todos los que viven fuera de los territorios controlados por Israel o por la Autoridad Nacional Palestina se decidirá en la negociación de la resolución definitiva del conflicto existente entre ambas partes.


Las causas de la huida de los refugiados palestinos


La primera huida masiva de refugiados palestinos coincidió con la lucha por el control de Palestina entre los habitantes de la región y los sionistas. Los combates se intensificaron después de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de la ONUvotó a favor de un plan según el cual Palestina quedaba dividida en dos Estados independientes, uno árabe y otro judío. Asamblea General de la ONU, Resolución 181 (II) A, 29 de noviembre de 1947.. El 14 de mayo de 1948 concluyó el mandato de Gran Bretaña sobre la región y se proclamó el Estado de Israel. Un año después, la ONUaprobó el ingreso de Israel en la organización como miembro de pleno derecho, y 40 años más tarde la Asamblea General de la ONU reconoció en 1988 la proclamación del Estado de Palestina por el Consejo Nacional Palestino. Asamblea General de la ONU, Resolución 43/177..


Las protestas de los árabes contra la división de Palestina condujeron a la guerra entre los ejércitos árabe e israelí. Resultó victorioso el recién creado Estado de Israel, que amplió entonces sus fronteras de facto hasta mucho más allá de los límites propuestos en el plan votado en la ONU. Entre 600.000 y 780.000 árabes huyeron de las zonas controladas por Israel y se convirtieron en refugiados en los territorios vecinos. Otros 120.000 que vivían en zonas fronterizas fueron clasificados posteriormente como refugiados por la ONU, porque, aunque no perdieron sus casas, se quedaron sin tierras y sin medios de vida. Abu-Lughod, op. cit.. A finales de 1948, la Asamblea General de la ONUdeclaró que a los refugiados que desearan regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos se les debía permitir hacerlo lo antes posible. «The Protection of Palestine Refugees in the Territories occupied by Israel», International Journal of Refugee Law, julio de 1991..


La mayoría de los refugiados huyeron a zonas que habían pertenecido al territorio palestino bajo mandato, como Cisjordania y la Franja de Gaza. Otros se fueron a campos de refugiados construidos apresuradamente en Siria y Líbano o a otros países árabes, tales como Egipto. Las causas de la huida masiva de tantas personas han sido objeto de acaloradas controversias entre los israelíes y los palestinos. Pero un hecho sobre el que no cabe discusión alguna es que a la inmensa mayoría de los «refugiados de 1948» Israel les negó toda posibilidad de regresar alguna vez a su lugar de origen.









Palestinos del campo de refugiados de Jabalia, cerca de Gaza, 1993. © Howard J. Davies


El nuevo Estado israelí aprobó leyes cuya aplicación suponía que, al terminar el mandato británico sobre Palestina, los palestinos perderían su ciudadanía sin adquirir otra. El asunto se resolvió en 1952, cuando el Tribunal Supremo israelí vio el caso Hussein contra el director de la prisión de Acrey se aprobó la Ley de Nacionalidad. En dicho caso, el tribunal falló que la ciudadanía palestina había dejado de existir y que los palestinos no eran ciudadanos israelíes. La Ley de Nacionalidad confirmó la anulación de la ciudadanía palestina con efecto retroactivo hasta la fecha de la creación del Estado de Israel en 1948. Convertida en la única ley sobre asuntos de ciudadanía, estipulaba que ésta sólo se adquiría por medio del regreso (de acuerdo con la Ley del Regreso de 1950, aplicada exclusivamente a los judíos), la residencia, el nacimiento y la naturalización. «International Protection», Guy S Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Oxford, 1996.. Las estrictas condiciones impuestas a los ex ciudadanos palestinos de origen árabe impidieron obtener la nacionalidad israelí a la mayoría de los desplazados durante el conflicto de 1948. Las condiciones eran: haberse inscrito según la Ordenanza de Inscripción de Habitantes el 1 de marzo de 1952; haber sido habitantes de Israel el 14 de julio de 1952, y haber estado en Israel o en alguna zona que pasara a formar parte de Israel desde el día de la creación del Estado de Israel hasta el día de entrada en vigor de la ley, o haber entrado legalmente durante ese periodo. Se autorizó el regreso de algunos palestinos árabes para que se reunieran con su familia..


Muy pocos de los palestinos que huyeron a países árabes en 1948 han conseguido allí la nacionalidad, si bien la mayoría de ellos no han buscado esta solución a su problema.


Durante las décadas siguientes a la creación del Estado de Israel se vieron obligados a abandonar sus hogares centenares de miles de palestinos más. En la guerra de 1967 entre árabes e israelíes, los segundos ocuparon Cisjordania (incluido Jerusalén oriental) y la Franja de Gaza, así como los Altos del Golán, que eran territorio sirio, y el Sinaí, devuelto posteriormente a Egipto. La ocupación de estas zonas provocó una nueva huida de refugiados palestinos. Al concluir el año, cuando Israel hizo un censo de la población de los territorios recién ocupados, informó de que había de 350.000 a 400.000 palestinos menos que antes de la guerra. Muchos de estos «desplazados» eran refugiados que se vieron obligados a huir por segunda vez. Entre ellos había palestinos asentados en el sur de Siria que huyeron de allí cuando las fuerzas israelíes ocuparon los Altos del Golán, y alrededor de 150.000 y 38.500 personas inscritas como refugiados en Cisjordania y en la Franja de Gaza, respectivamente, que huyeron a Jordania. En la Resolución 242, el Consejo de Seguridad de la ONUdeclaró inadmisible la adquisición de territorio por medio de la guerra y pidió que se buscara una solución justa al problema de los refugiados.


Después de 1967 hubo nuevos conflictos que también provocaron la huida masiva de refugiados palestinos. En septiembre de 1970, el gobierno jordano emprendió una campaña contra los grupos armados palestinos que obligó a huir de Jordania a miles de familias, la mayoría de las cuales acabaron en el Líbano. En junio de 1982, las tropas israelíes invadieron el Líbano; durante la invasión y después de ella fueron otra vez víctimas del desarraigo muchos refugiados palestinos. Millares de ellos huyeron del país tras el prolongado sitio de Beirut, cuyo final se negoció en un acuerdo en aplicación del cual los combatientes de la OLPtuvieron que marcharse a diversos países árabes. Los centenares de miles de refugiados que permanecieron en el Líbano quedaron aún más vulnerables a los ataques, la pobreza y las restricciones para viajar. Su desprotección se puso trágicamente de manifiesto ese mismo año, al permitir el ejército israelí que las fuerzas falangistas libanesas entraran a los campos de refugiados de Sabra y Chatila y mataran a centenares de civiles palestinos.


Tras la invasión iraquí de Kuwait en 1990, se calcula que del 70 al 80 por ciento de los 450.000 palestinos que vivían allí fueron expulsados, y millares más se vieron obligados a huir a otros países árabes. Fawaz Hussein El-Hanafy fue uno de ellos. Su padres habían salido de Palestina en 1948 para acabar asentándose en Kuwait, donde nació él en 1966. Al concluir la Guerra del Golfo, grupos de civiles armados y personal militar recorrían las calles de las ciudades kuwaitíes en busca de los no kuwaitíes, incluidos los palestinos, especialmente de los jóvenes sospechosos de «colaboración» con las fuerzas iraquíes. Dos veces se presentaron en su casa para detenerle y las dos consiguió escapar. Al final huyo de Kuwait, aun sabiendo que jamás le permitirían volver a entrar en su país natal. «Dejar a la familia es algo muy triste. Pero... me dije que si conseguía sobrevivir, podría reunirme con mi familia algún día en cualquier otro sitio». Al final le concedieron protección como refugiado en Japón.





Fawaz Hussein El-Hanafy

Cuando se entablaron las negociaciones de paz entre Israel y la OLPen 1993, más de la mitad de los 5.400.000 palestinos que hay en mundo vivían fuera de los territorios que formaban Palestina en 1948. De los que residen en la región que estuvo bajo el mandato de la ONU, los únicos que tienen nacionalidad son israelíes

. «The Palestinian Diaspora», Howard Adelman, The Cambridge Survey of World Migration, Robin Cohen, ed., 1995.


Su condición especial de acuerdo con el derecho internacional


La condición especial de los refugiados palestinos según el derecho internacional está estrechamente relacionada con la primera huida masiva de palestinos en 1948. En diciembre de ese año, la Asamblea General de la ONUestableció una Comisión de Conciliación para Palestina encargada de buscar una solución definitiva al problema palestino. Asamblea General de la ONU, Resolución 194 (III), 11 de diciembre de 1948.. Un año más tarde se creó el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), organismo auxiliar de la Asamblea General cuya labor consistía en asistir a los refugiados palestinos que habían huido de sus casas debido al conflicto. El UNRWA fue creado por la Asamblea General de la ONU el 8 de diciembre de 1949, en virtud de la Resolución 302 (IV). Sucedió al Fondo Especial para el Socorro de los Refugiados Palestinos, establecido por la Asamblea General de la ONU en la Resolución 212 (III), del 19 de noviembre de 1948., principalmente en el campo de la ayuda humanitaria, la salud y la educación. Poco después, los encargados de elaborar la Convención de la ONUsobre los Refugiados tuvieron que decidir a qué personas se les debía ofrecer protección internacional como refugiados. Tras un largo debate se incluyó una cláusula por la que se impedía acogerse a la Convención a quienes recibieran protección o asistencia de un organismo especializado de la ONU. Quedaron excluidas muchas personas más, ya que la Convención de 1951 sólo era aplicable a los refugiados de acontecimientos anteriores a 1951 y tenía limitaciones geográficas. . Por consiguiente, los palestinos de la zona de actuación del UNRWAno podían recibir la protección universal de la Convención. El UNRWAexiste todavía y es el mayor y más antiguo de los organismos de este tipo. En 1995 se amplió su mandato hasta junio de 1999.


La condición especial de los palestinos se puede apreciar comparando la definición de refugiado que se aplica a todas las personas del mundo con la que se utiliza exclusivamente para ellos. La Convención de la ONUsobre los Refugiados define al refugiado como una persona que:


...debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país...


En cambio, el UNRWAdefine al refugiado palestino como:


Una persona cuya residencia habitual estuvo en Palestina durante un periodo mínimo de dos años con anterioridad al conflicto de 1948 y que, a causa de este conflicto, perdió su casa y sus medios de vida y buscó refugio en uno de los países donde elUNRWApresta socorro. Los refugiados incluidos en esta definición y sus descendientes directos tienen derecho a la asistencia del UNRWAsí están inscritos en él, viven en la zona de actuación del organismo y necesitan tal asistencia**Traducción no oficial.


La definición de la Convención de la ONUsobre los Refugiados es de carácter político, pues toma como punto de referencia el país de del que el refugiado es ciudadano. En el caso de los palestinos, el punto de referencia es de carácter geográfico, pues, según el mandato del UNRWA, los refugiados palestinos tienen que haber residido en Palestina durante dos años con anterioridad a 1948.


Otra diferencia es que en la Convención se define a los refugiados tomando como base la negación de derechos que supone la pérdida de la protección del país de origen (la persona que huye lo hace por temor a la persecución), mientras que a los refugiados palestinos se les define por sus necesidades (han perdido su casa y sus medios de vida).


A diferencia del ACNUR, el UNRWAtiene como objetivo fundamental proporcionar sustento a los refugiados, no protegerlos. La importancia de esta diferencia se aprecia, por ejemplo, en el derecho del refugiado a trabajar tal como se estipula en el artículo 17(1) de la Convención de la ONUsobre los Refugiados:


En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de países extranjeros.


Los artículos 18 y 19(1) establecen las mismas condiciones para los trabajadores autónomos y los profesionales. Con respecto al derecho a la educación y a la asistencia públicas, el Estado que ha proporcionado el asilo tiene el deber de ofrecer a los refugiados «el mismo trato que a los nacionales». El UNRWAno otorga explícitamente tales derechos.


De los países árabes donde actúa el UNRWA, sólo Jordania y Siria ofrecieron a los refugiados palestinos derechos de ciudadanía. En Jordania se les concedieron los mismos que a cualquier ciudadano jordano, si bien se les privó de algunos posteriormente, en 1988. En Siria, en aplicación del Protocolo de Casablanca de 1956, se les otorgaron también todos, excepto el derecho al voto. En los demás países árabes, los palestinos están sujetos a graves restricciones. En el Líbano, por ejemplo, no tienen derechos civiles y son los únicos extranjeros que no pueden naturalizarse jamás. Raras veces se les permite trabajar en el sector público, incluida la administración y la educación. Además, aunque pueden salir del país, no tienen derecho a regresar a él.


El trato especial que se aplica a los refugiados palestinos ha quedado también de manifiesto en las consecuencias del acuerdo de paz entre Israel y la OLP. Los inscritos en el UNRWAque viven bajo la jurisdicción de la recién creada Autoridad Nacional Palestina conservan la condición de refugiados tanto por proceder de lo que es hoy día Israel como por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONUque definen a los refugiados palestinos y las soluciones adoptadas en su favor. Estas resoluciones (194 y 394) se aprobaron antes de la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951.


La Resolución 194, aprobada en 1948, estipula sólo dos soluciones para los refugiados palestinos: la repatriación o la compensación. De acuerdo con ella,


...debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que deberán pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar a sus hogares y por todo bien perdido o dañado.

Esta resolución, reafirmada año tras año por la Asamblea General, tiene todavía validez. La Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina quedó encargada de facilitar la repatriación, el reasentamiento y la rehabilitación económica y social de los refugiados, así como el pago de compensaciones. Asimismo, de acuerdo con la Resolución 394 (V) de diciembre de 1950, la comisión tenía que continuar las consultas con las partes acerca de la adopción de medidas para la protección de los derechos, los bienes y los intereses de los refugiados. Esta resolución también está todavía en vigor. En 1973, la Asamblea General confirmó una vez más el derecho del pueblo palestino a regresar, basándose directamente en la Resolución 194.


Otra cuestión es la de los refugiados judíos. La afluencia masiva de judíos que recibió Israel después de 1948 se debió no sólo a los muchos que huyeron de la persecución en Europa, sino también a los más de 550.000 que habían vivido hasta entonces en países árabes. Según cifras oficiales israelíes.. Algunos de estos últimos huyeron porque sufrían persecución, manifiesta a veces en forma de homicidios de judíos, o porque sus actividades estaban sujetas a crecientes restricciones. Otros se marcharon porque Israel les animó a emigrar, incluso de lugares, como Marruecos, donde contaban con la protección del Estado. Sólo en el Líbano aumentó la población judía después de 1948. Algunos de estos judíos huyeron del país durante la guerra de 1967 y cuando estalló el conflicto armado de 1975. Hoy día quedan muy pocos judíos en el Líbano.. Durante los años siguientes a la creación de Israel, en algunos países, tales como Iraq y Yemen, centenares de miles de judíos se vieron obligados a marcharse dejando atrás todos sus bienes. Todavía hay demandas presentadas en estos países por judíos que reclaman una indemnización.


Los refugiados y el proceso de paz


Los palestinos somos como balones de fútbol; todo el mundo nos da patadas. Dondequiera que vamos nos tratan como si fuéramos gentuza. Los líderes árabes desahogan todos su ira contra nosotros y nos castigan. Reuters, 27 de octubre de 1995..

Así se expresó Zahya delante de los periodistas cuando ella y unos mil palestinos más quedaron desamparados en un campo de refugiados situado en pleno desierto de Libia al ordenar el líder libio, coronel Muammar Gaddafi, que fueran expulsados a las zonas autónomas palestinas de Cisjordania y la Franja de Gaza.


Protagonistas de un episodio propio de los campos de refugiados de 1948, los palestinos, desesperados y sin más protección contra el frío que finas mantas de lana, avanzaron en apretado grupo hacia la frontera egipcia. Alrededor de 30.000 palestinos fueron expulsados de Libia en 1995 con el objeto de, en palabras del líder libio, poner de manifiesto el «vergonzoso acuerdo de paz» entre la OLPe Israel.


Alrededor de 650 de estos palestinos desamparados fueron embarcados en un viejo transbordador de automóviles que acabó varado frente a las costas de Chipre al no obtener permiso para atracar en Siria. Después de muchas protestas, las autoridades sirias accedieron por fin a dejar entrar a la mayoría.


Muchos de los refugiados expulsados de Libia intentaron llegar a las zonas de Gaza y Jericó controladas por la Autoridad Nacional Palestina, pero sólo unos centenares lo consiguieron. Egipto y Jordania sólo admitirán a los que presenten permisos expedidos por Israel. En octubre de 1996, Médicos sin Fronteras informó de que 271 refugiados palestinos, 74 de ellos niños, que habían quedado abandonados en la frontera entre Libia y Egipto vivían en condiciones inhumanas y no soportarían un invierno más. Reuters, 16 de octubre de 1996.. En enero de 1997, el coronel Gaddafi declaró que los palestinos podían regresar a Libia. El 18 de abril de 1997 fueron recogidos por cuatro autobuses en el puesto fronterizo de Salloum y trasladados a Tobruk.


Según los acuerdos de paz, en las zonas bajo su jurisdicción la Autoridad Nacional Palestina es responsable de la educación y la cultura, la sanidad, la asistencia social, el turismo y el sistema tributario. La seguridad externa, la política exterior, el control de las fronteras y los asentamientos judíos siguen siendo competencia de Israel. Con excepción del campo de Shu'fat, que está en Jerusalén, todos los campos de refugiados de Cisjordania y la Franja de Gaza se encuentran ahora en zonas administradas por la Autoridad Nacional Palestina.


Para muchos de los refugiados de estas zonas sigue estando poco claro de qué modo los cambios políticos afectarán a su vida. La mayoría de los 683.000 de la Franja de Gaza inscritos en el UNRWAcontinúan viviendo en ocho campos de refugiados, y la zona sigue siendo una de las más densamente pobladas y empobrecidas del mundo. En Cisjordania, la cuarta parte de los 517.000 refugiados registrados viven en 19 campos. World Refugee Survey 1996..


Muchos llevan largo tiempo sin poder trabajar por haber cerrado Israel sus fronteras. Según el Banco Mundial, este hecho supone para la economía palestina una pérdida diaria en concepto de ingresos de alrededor de tres millones de dólares estadounidenses. Asimismo, el cierre de las fronteras perturba la vida cotidiana, como bien sabe 'Adnan Dukhan, refugiado del campo de Balata, situado en Nablús. Según informes, en julio de 1996 le denegaron un permiso de un día para pasar a Jerusalén a recoger a su novia, Rania Assila, y casarse con ella. Las dos familias y sus muchos invitados no tuvieron más remedio que dirigirse al puesto de control de Ram y celebrar allí la ceremonia rodeados de soldados israelíes.


Para los refugiados palestinos que viven fuera de las zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina, el futuro es sumamente incierto. Las conversaciones definitivas que estaba previsto entablar en el marco de los acuerdos de paz para decidir la suerte de los palestinos no residentes en Cisjordania ni en la Franja de Gaza se han aplazado. Entre los refugiados afectados se encuentran los que huyeron de sus hogares en 1948 y los «desplazados» de 1967. Según fuentes palestinas, se calcula que estos últimos, junto con sus descendientes, suman ya un total de entre un millón y un millón y medio de personas. Boletín Shamal,marzo de 1996.. Las autoridades israelíes sitúan el número de desplazados entre 150.000 y 200.000. Reuters, 12 de septiembre de 1995.y afirman que sería poco razonable e injusto pedirle a Israel que acepte unilateralmente una afluencia de centenares de miles de palestinos.


Debido al cambio de actitud de los países de acogida hacia los refugiados palestinos es urgente buscar una solución para ellos en el proceso de paz. Desde que Jordania cortó los vínculos administrativos y legales con Cisjordania en 1988, los palestinos carecen de derechos plenos de ciudadanía en ese país. Con los pasaportes jordanos de dos años de validez que se les proporciona desde entonces les resulta muy difícil conseguir visados para otros países de Oriente Medio, en especial para Siria, Líbano, Egipto y los Estados del Golfo.


Los centenares de miles de refugiados palestinos que viven todavía en el Líbano se enfrentan a crecientes problemas. El UNRWA, única autoridad a la que pueden recurrir en la práctica, centra cada vez más sus esfuerzos en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Privados del derecho a buscar trabajo, a viajar libremente o a solicitar asilo en otro lugar, a todos estos palestinos les aguarda un futuro desolador.


Desde comienzos de los años ochenta, los palestinos desplazados de la Franja de Gaza, que tienen documentación egipcia, han visto restringidos sus derechos de residencia y trabajo. Este hecho ha causado enormes problemas a muchos de ellos, en especial a algunos de los 70.000 palestinos de Gaza que viven en Jordania. Ahora se les niega la entrada a Egipto si no presentan un permiso de residencia y un visado de regreso válido.


En los Estados del Golfo vivían y trabajaban desde 1967 muchos palestinos que, al reducirse el mercado laboral, se vieron obligados a marcharse. Entonces se les planteó un grave dilema. No podían regresar a su patria, pero, en muchos casos, tampoco podían volver al país que les dio refugio ni al Estado donde les fueron expedidos sus documentos de viaje. Este dilema se puso especialmente de manifiesto durante la Guerra del Golfo, cuando millares de palestinos se vieron obligados a huir o fueron expulsados colectivamente de países de Oriente Medio. Según fuentes palestinas, se calcula que alrededor de 250.000 no encontraron un lugar seguro de residencia.


En la Resolución 237 de las Naciones Unidas, aprobada en junio de 1967, se pidió al gobierno de Israel que facilitara el regreso de los habitantes que habían huido ese año de la zona al estallar las hostilidades. En noviembre, la Resolución 242 instó a buscar una solución justa al problema de los refugiados. Desde que se aprobaron estas resoluciones Israel se ha comprometido en varias ocasiones a buscar la forma de solucionar el problema de los refugiados de 1967. Sin embargo, todavía no se ha hecho ningún progreso importante.


El proceso de paz en Oriente Medio no ha resuelto todavía el problema básico del derecho de los palestinos a regresar o a recibir una compensación. Como consecuencia de ello, millones de hombres, mujeres y niños continúan viviendo como refugiados y apátridas en todos los rincones del mundo, sumidos en la incertidumbre y, a menudo, en la más extrema pobreza.


Expulsados de Bahrein

Estaba embarazada de ocho meses. Se encontraba en su propio país tratando de protegerse a sí misma, a la criatura que llevaba en el vientre y a su hijo de 22 meses. Su gobierno había decidido que, por estar casada con un hombre que se había opuesto a la política oficial, debía marcharse del país; así que se deshizo de ella. A pesar de ser especialmente vulnerable por estar embarazada, las autoridades la torturaron y la obligaron luego a subir a un barco de pesca junto con más de 20 familias y ex presos políticos. Iban todos esposados. Después de quitarles sus pasaportes bahriníes y sus certificados de nacimiento, les entregaron documentos falsos en los que se decía que habían nacido en Irán. Luego les hicieron zarpar. Poco después de una travesía de cuatro días hasta Irán, la mujer dio a luz. Contó así su caso a Amnistía Internacional:


Me administraron una inyección intravenosa... para detener el parto... Llegaron a las 10 de la mañana y aporrearon la puerta... Estaba en tan mal estado que [ mi hermano] no me reconocía. Me llevaron a un jeep en una manta, sangrando... Me subieron a empujones al barco y caí sobre el estómago. Tenía sangre en la boca.


Centenares de ciudadanos bahriníes se han visto obligados a exiliarse de su país desde que sucedió todo esto a comienzos de los años ochenta. Al igual que los refugiados, han perdido la protección de su propio Estado y, por tanto, tienen que buscarla en otro lugar.


El exilio forzado de ciudadanos bahriníes comenzó a comienzos de los años ochenta, cuando después de un presunto intento de golpe de Estado se expulsó a Irán a numerosos miembros de la comunidad chiíta (a la que pertenece la mayoría de la población) sospechosos de estar relacionados con ese país. Muchas personas que habían estado detenidas anteriormente por motivos políticos fueron apresadas, a veces junto con toda su familia, y obligadas a embarcarse en pequeños barcos con destino a Irán. Previamente les habían quitado sus documentos de identidad o sus pasaportes bahriníes. La mayoría no habían estado nunca en Irán, no tenían parientes allí y no conocían el idioma. Un joven bahriní relató así lo que este hecho significaba en la práctica:

Eramos entre 10 y 15 personas e íbamos en un barco pequeño. Se suponía que en dos días llegaríamos a Irán, pero tardamos cinco. Hacía mal tiempo. Hubo un momento en que el barco se inundó y pensamos que íbamos a morir... Por supuesto, nos habían quitado a todos el pasaporte. En Irán nos llevaron a campos donde no había agua ni instalaciones sanitarias.

Otra víctima fue Ahmed Hussein Akbar 'Abbas. En 1982 le quitaron su documentación bahriní y lo expulsaron a Irán. Trató de regresar a su país en septiembre de 1993, pero lo detuvieron y, después de interrogarlo y, según informes, golpearlo, lo expulsaron al Líbano. Una vez allí, las autoridades lo devolvieron a Bahrein. Entonces lo enviaron una vez más al Líbano, donde al final le concedieron un permiso temporal de residencia. Cuando en 1994 trató otra vez de regresar a su país, estuvo detenido 12 días en el aeropuerto de Bahrein antes de ser devuelto al Líbano. Según informes, en esta ocasión le advirtieron de que si volvía a intentarlo lo pondrían en un barco con destino a Irán.


El moderno aeropuerto internacional de Al-Manama ha sido escenario de muchos otros casos de violaciones de los derechos fundamentales de los bahriníes. A finales de los años ochenta y principios de los noventa, intentaron regresar a Bahrein muchas personas que se habían marchado del país hacía tiempo y querían poner fin a su largo exilio voluntario. Eran esposas y familiares de presos políticos, individuos que habían huido por temor a ser encarcelados y torturados por motivos políticos y jóvenes que habían empezado a desarrollar actividades políticas cursando estudios en el extranjero. Muchas de estas personas estuvieron detenidas varios días en el aeropuerto antes de ser expulsadas. A algunas las golpearon mientras las interrogaban. A comienzos de los años noventa se habían vista obligadas a exiliarse del país centenares de ciudadanos bahriníes, la inmensa mayoría de ellos musulmanes chiítas.


En diciembre de 1994 se produjeron en Bahrein protestas generalizadas para pedir al gobierno que restableciera los derechos democráticos convocando de nuevo la Asamblea Nacional (disuelta en 1975) y respetando la constitución del país. La respuesta del gobierno fue reprimir duramente toda oposición, por lo que en los meses siguientes las protestas se intensificaron, a veces hasta hacerse violentas. Varios millares de hombres, mujeres y niños fueron detenidos y recluidos sin cargos ni juicio. La tortura y los malos tratos a los detenidos se convirtieron en una práctica generalizada y sistemática.


Desde que comenzaron las protestas, el gobierno de Bahrein ha continuado expulsando del país a muchos ciudadanos, en especial cuando le han parecido sospechosos de apoyar a la oposición. Entre las personas expulsadas ha habido autoridades religiosas acusadas de planear sabotajes y de incitar a otros a cometer actos de violencia. Sheikh 'Ali Salman, destacado estudioso religioso, fue expulsado a los Emiratos Árabes el 15 de enero de 1995, tras permanecer recluido en una prisión de Bahrein durante más de un mes, casi todo el tiempo en régimen de aislamiento. También en 1995, al menos 11 ciudadanos bahriníes que intentaron por primera vez regresar al país estuvieron detenidos en el aeropuerto y fueron luego expulsados.


En 1996 se negó la entrada y se expulsó de Bahrein al menos a 25 ciudadanos que intentaron regresar al país, algunos acompañados de toda su familia. Entre ellos se encontraban Yasser Mirza Ahmad y su esposa, que en febrero de 1996 fueron obligados a volver a los Emiratos Árabes tras permanecer detenidos cuatro días en el aeropuerto de Bahrein. Durante todo ese tiempo no se les proporcionó ningún lugar para dormir, fueron interrogados continuamente y no pudieron ponerse en contacto con ningún familiar o amigo, ni tampoco con ningún abogado.


Los bahriníes a los que se niega el derecho a regresar a su país no reciben ninguna explicación. No les ofrecen ninguna oportunidad de enfrentarse a la decisión de expulsarlos ni de conocer siquiera los motivos legales por los que se ha tomado tal medida. No tienen la menor posibilidad de poner en duda la legalidad de su expulsión apelando ante los tribunales. El trato que reciben estas personas no sólo viola el derecho internacional, sino que además está prohibido explícitamente en el artículo 17 (c) de la Constitución bahriní, que dispone: «Ningún ciudadano será deportado de Bahrein ni será privado del derecho a volver a entrar».


A algunas personas que regresan a Bahrein tras pasar mucho tiempo en el extranjero se les entrega un pasaporte bahriní nuevo, válido únicamente por un breve periodo y sólo para un pequeño número de países, tales como Siria, los Emiratos Árabes o Arabia Saudí. Estos pasaportes parecen expedirse con el único propósito de facilitar la expulsión de esas personas de Bahrein y su entrada a otro país. Varias víctimas de esta medida han declarado que no se les comunicó previamente a qué país iban a ser expulsadas, sino que sólo supieron el lugar de destino una vez en el avión. Se sabe que, en algunos casos, a estas personas no se les entregó un pasaporte, sino un simple pase expedido por el Ministerio del Interior y válido únicamente para ese viaje.


Desde que comenzaron las expulsiones en Bahrein, Amnistía Internacional ha expresado repetidas veces su preocupación acerca de esta práctica a las autoridades bahriníes. En algunos casos, éstas han afirmado que las personas en cuestión no tenían documentación válida para viajar y se les negó, por tanto, la entrada «con arreglo a la práctica internacional acostumbrada». Esta explicación no tiene en cuenta el deber de los Estados de readmitir a sus propios ciudadanos. El hecho de que las autoridades bahriníes expidan habitualmente pasaportes nuevos, si bien con limitaciones y restricciones, a quienes regresan al país con el pasaporte caducado o no válido demuestra claramente que el problema en cuestión no es la nacionalidad de las personas afectadas.


La respuesta de las autoridades tampoco tiene en cuenta que muchos ciudadanos bahriníes no se atrevían a renovar su pasaporte en el extranjero por temor a que se les obligase a regresar a Bahrein en un momento en que consideraban que podían sufrir violaciones de derechos humanos o a que la embajada no se lo devolviera o no quisiera renovarlo.


Es necesario poner fin de inmediato al exilio forzado de los ciudadanos bahriníes y a las demás violaciones de derechos humanos relacionadas con esta práctica. No se debe negar a ninguna persona la entrada a su propio país. Si la persona es sospechosa de un delito tipificado en el código penal, se la debe someter a un juicio con las debidas garantías, no enviarla contra su voluntad a un exilio permanente.







Shaikh ‘Ali Salman, Shaikh Hamza al-Dairi y Sayyid Haidar al-Sitri a su llegada al Reino Unido. Los tres se han visto obligados a exiliarse de Bahrein. © AI


4.- Recomendaciones


Amnistía Internacional insta a los gobiernos de Oriente Medio a tomar las siguientes medidas para garantizar que los refugiados reciben la protección internacional a que tienen derecho:. Se han formulado recomendaciones similares a los gobiernos de otras regiones del mundo.


C Dar a conocer los derechos de los refugiados y fomentar el apoyo de la opinión pública hacia ellos.

C Cumplir con la obligación que les impone el derecho internacional de respetar y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos a fin de que ninguna persona se vea obligada a huir de su propio país para buscar protección en el extranjero.

C Todos los Estados que no lo hayan hecho aún deben ratificar y aplicar inmediatamente tratados internacionales de derechos humanos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.




C Todos los Estados árabes que no lo hayan hecho aún deben ratificar y aplicar inmediatamente la Convención Árabe sobre el Estatuto de los Refugiados en los Estados Árabes.

C Permitir la entrada a todas las personas que huyen de la amenaza de violaciones de derechos humanos. Las medidas que limiten la entrada, tales como el control de visados, el cierre de fronteras o los procedimientos restrictivos, se deben revisar a fin de garantizar que los refugiados pueden entrar y solicitar asilo.

C Respetar el principio fundamental de no devolución. Ninguna persona será enviada a un país donde corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, tales como tortura, ejecución extrajudicial o «desaparición». La protección se ha de mantener hasta que se determine de manera concluyente y con absoluta independencia que tal peligro ya no existe.




C Garantizar que los solicitantes individuales de asilo son enviados a un organismo independiente y especializado, encargado de decidir si se concede o no el asilo. Todas las solicitudes se deben examinar mediante un procedimiento de asilo satisfactorio y con las debidas garantías y en todos los casos se ha poder ejercer el derecho a apelar. A los solicitantes de asilo se les debe permitir permanecer en el país de acogida durante todo el tiempo que dure el procedimiento de concesión de asilo, incluido el periodo de apelación.

C Tomar medidas eficaces para garantizar que las personas que huyen de su país tienen derecho a regresar y pueden ejercer ese derecho con seguridad.

C Poner fin al exilio forzado del propio país, cuyas víctimas no tienen más remedio que buscar protección en el extranjero.

C Garantizar que se respeta el derecho de los refugiados palestinos a regresar o a recibir una compensación. En el proceso de paz en Oriente Medio se debe conceder gran prioridad a este derecho.

C Conceder a todos los refugiados, incluidos los palestinos, los derechos plenos que se les reconocen en las normas internacionales.

C Garantizar que se protegen los derechos de los refugiados en las situaciones de éxodo masivo. En particular, incluso en los programas de repatriación voluntaria, se debe ofrecer a todo refugiado la oportunidad de identificarse como individuo que, por sus circunstancias personales, teme seguir siendo objeto de persecución si regresa a su lugar de origen.

C Poner fin inmediatamente a todos los acuerdos bilaterales y multilaterales que permiten a los Estados firmantes enviar a los solicitantes de asilo a países donde corren el riesgo de ser víctimas de devolución o de violaciones graves de derechos humanos.



Asimismo, Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a:


C Ejercer presión sobre los gobiernos de Oriente Medio para que respeten los derechos humanos.

C Respetar los derechos de los refugiados de Oriente Medio que solicitan asilo fuera de la región. Véase la amplia serie de recomendaciones expuestas en el informe publicado por Amnistía Internacional en 1997, Refugiados: Los derechos humanos no tienen fronteras(Índice AI: ACT 34/03/97/s)..

C Compartir plenamente la responsabilidad internacional de acoger y proteger a los refugiados. A las organizaciones internacionales responsables de ofrecer protección y asistencia a los refugiados se les debe permitir actuar sin intromisiones políticas y con fondos garantizados.


NOTAS FINALES





PALABRAS CLAVE: REFUGIADOS1/ REPATRIACIÓN FORZADA1 / PERSONAS DESPLAZADAS1 / APÁTRIDAS1 / EXILIO1 / ACTIVISTAS POLÍTICOS1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / CONFLICTO ARMADO1 / DESAPARICIONES / MUERTE BAJO CUSTODIA / JUICIOS / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / INCAPACITACIÓN / RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO / GRUPOS ÉTNICOS / GRUPOS RELIGIOSOS-MUSULMANES / GRUPOS RELIGIOSOS- CRISTIANOS ASIRIOS / GRUPOS RELIGIOSOS-JUDÍOS / MUJERES / EMBARAZO / ENFERMEROS / JUECES / MILITARES COMO VÍCTIMAS / GENTE DE NEGOCIOS / ESCRITORES / PERSONALIDADES ACADÉMICAS / SERVICIO MILITAR / ASILO / ACNUR / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS / DECLARACIONES DE LOS PRESOS / ACCIONES RECOMENDADAS / LIGA ÁRABE / BAHREIN / IRÁN / IRAQ / TURQUÍA





INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: MDE 01/01/97/s

Distr: SC/CO/GR (23/97)

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido


NO PUBLICAR ANTES DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1997



SEPARE ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO

PARA USO EXTERNO


MIIEDO, HUÍDA Y EXILIO FORZOSO EN ORIENTE MEDIO




ACCIONES RECOMENDADAS


Este es el tercero de los Informes Regionales publicados como parte de la Campaña de Refugiados.


Utilícenlo como parte de sus actividades de la campaña para ilustrar la relación existente entre los abusos que se cometen contra los derechos humanos y los flujos de refugiados.


Es de especial importancia el que se aseguren de que los gobiernos reconocen esta relación.


En agosto se enviará a las Secciones y Estructuras una circular de acciones recomendadas (Índice AI: MDE 01/03/97/s) para que la utilicen con este informe. Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copia de este documento a su atención, y de que se archiva debidamente para futuras consultas.


DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El Secretariado Internacional envía este documento directamente a:


Secciones de AI: Coordinadores de Campañas

Coordinadores de Refugiados

Coordinadores de la Red de Acción Regional de Oriente Medio (MERAN) y Coordinadores de País


Organizaciones No Gubernamentales internacionales de refugiados y Organismos Intergubernamentales pertinentes.




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