Document - OSCE advocates for the abolition of the death penalty



LA osce DEFIENDE LA ABOLICIÓN DE LA pena de muerte

La Asamblea Parlamentaria de la OSCE adopta una resolución en la que se pide la suspensión inmediata de las ejecuciones


La Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) adoptó durante el periodo anual de sesiones, celebrado del 29 de junio al 3 de julio en Vilna, Lituania, una resolución en la que se pide una moratoria sobre el uso de la pena de muerte con miras a su abolición.

La resolución, adoptada el 3 de julio de 2009 como parte de la Declaración de Vilna, expresa la preocupación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE con respecto a la aplicación de la pena de muerte e insta a los Estados participantes a que establezcan una suspensión inmediata de las ejecuciones.

Los párrafos 40-43 de la resolución hacen un llamamiento expreso a Bielorrusia y Estados Unidos, Estados participantes en la OSCE, para que aprueben la suspensión inmediata de las ejecuciones, y piden a Kazajistán y Letonia que modifiquen las disposiciones de su legislación nacional que continúan permitiendo la imposición de la pena de muerte para determinados delitos cometidos en circunstancias excepcionales.

En sus últimos párrafos, la resolución reconoce la importancia de las actividades de sensibilización contra la reinstauración de la pena de muerte y anima a los Estados participantes en la OSCE y a las ONG a que promuevan la abolición de la pena capital.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN SOBRE UNA MORATORIA DE LA PENA DE MUERTE Y EL CAMINO HACIA SU ABOLICIÓN, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA OSCE EN VILNA EL 3 DE JULIO DE 2009

1. Recordando la resolución sobre la abolición de la pena de muerte adoptada en el décimo periodo anual de sesiones celebrado en París en julio de 2001,

2. Recordando la resolución sobre los presos detenidos por los Estados Unidos en la base de Guantánamo adoptada en la decimosegunda sesión anual celebrada en Rotterdam en julio de 2003, que “[s]ubrayando la importancia de la defensa de los derechos democráticos, aún frente al terrorismo y otros métodos no democráticos”, exhorta a Estados Unidos de América a “abstenerse de poner en práctica la muerte”,

3. Recordando la resolución sobre el refuerzo de una supervisión parlamentaria efectiva de las agencias de seguridad e información adoptada en el decimoquinto periodo anual de sesiones celebrado en Bruselas en julio de 2006, que expresa alarma “ante determinadas prácticas que violan la mayor parte de los derechos humanos y las libertades fundamentales y vulneran los tratados internacionales de derechos humanos que conforman la piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial”, incluida la “la extradición a países donde es probable que se aplique la pena de muerte o se haga uso de la tortura o los malos tratos, y la detención y hostigamiento fundados en la participación en actividades políticas o religiosas”,

4. Recordando la resolución sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de la OSCE adoptada en el decimosexto periodo anual de sesiones celebrado en Kiev en julio de 2007, que “[r]eafirma el valor de la vida humana e impulsa la abolición en los Estados participantes de la OSCE de la pena de muerte, sustituyéndola por otros medios más justos y humanitarios de impartir justicia”,

5. Constatando que, el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la histórica resolución 62/149 en la que se pide una moratoria mundial del uso de la pena de muerte con vistas a su abolición, que fue aprobada por una aplastante mayoría, con el voto a favor de 104 Estados miembros de las Naciones Unidas, el voto en contra de 54 países y 29 abstenciones,

6. Constatando que la resolución 63/168 sobre la aplicación de la resolución 62/149 de la Asamblea General de 2007 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008, con 106 votos a favor, 46 en contra y 34 abstenciones,

7. Recordando la inclusión de la cuestión de la pena capital en la lista de compromisos de la dimensión humana de la OSCE en virtud del Documento de Clausura de Viena de 1989 y el Documento de Copenhague de 1990,

8. Recordando el punto 100 de la Declaración de San Petersburgo de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de 1999 y el punto 119 de la Declaración de Bucarest de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de 2000,

9. Constatando que la pena de muerte es un castigo inhumano y degradante, un acto de tortura inaceptable para los Estados que respetan los derechos humanos,

10. Constatando que la pena de muerte es un castigo discriminatorio y arbitrario y que su aplicación no influye en modo alguno en la evolución de la delincuencia violenta,

11. Constatando que, habida cuenta de la falibilidad de la justicia humana, recurrir a la pena de muerte conlleva inevitablemente el riesgo de que pueda matarse a personas inocentes,

12. Recordando las disposiciones del Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que prohíbe a los Estados miembros del Consejo de Europa aplicar la pena de muerte,

13. Recordando las disposiciones del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1989 y la Conferencia Mundial sobre la Pena Capital celebrada en Estrasburgo en 2001, así como el Protocolo Adicional núm. 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales orientado a la abolición universal de la pena de muerte,

14. Constatando que en el Estatuto de Roma de 1998 se excluye la pena de muerte, pese a que la Corte Penal Internacional, junto con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, las Salas Especiales de Delitos Graves de Dili (Timor Oriental) y las Salas Especiales de los tribunales de Camboya son competentes en casos de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra,

15. Constatando que en octubre de 2008 la Unión Europea y el Consejo de Europa, en una declaración conjunta, instauraron un Día Europeo contra la Pena de Muerte,

16. Recordando que en las reuniones de implementación de la dimensión humana de la OSCE celebradas en Varsovia en 2006, 2007 y 2008 diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Hands Off Cain, Amnistía Internacional, Reforma Penal Internacional, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y la Federación Internacional de Helsinki por los Derechos Humanos, expresaron su apoyo a las resoluciones sobre una moratoria mundial de la pena de muerte presentadas a la Asamblea General de las Naciones Unidas,

17. Constatando que 138 Estados en todo el mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica, de los cuales 92 Estados la abolieron para todos los delitos, 10 la aplican únicamente a delitos excepcionales como los cometidos en tiempo de guerra, y 36 no han llevado a cabo ninguna ejecución en al menos 10 años o han adquirido el compromiso de aplicar una moratoria de la pena de muerte,

18. Acogiendo con beneplácito la reforma constitucional de Georgia con respecto a la abolición total de la pena de muerte, firmada el 27 de diciembre de 2006,

19. Acogiendo con beneplácito la abolición de la pena de muerte en Kirguistán, de acuerdo con el nuevo artículo 14 de la Constitución aprobado el 15 de enero de 2007,

20. Acogiendo con beneplácito la abolición de la pena de muerte en Uzbekistán, en vigor desde el 1 de enero de 2008,

21. Constatando que en algunos Estados participantes de la OSCE se retiene la pena de muerte en la legislación, aunque existe una moratoria de las ejecuciones en Kazajistán, Federación Rusa y Tayikistán, si bien en Letonia pueden llevarse a cabo ejecuciones en tiempo de guerra,

22. Constatando que el 21 de mayo de 2007 se introdujo una enmienda en la Constitución de la República de Kazajistán por la cual se abolió la pena de muerte en todas las circunstancias, salvo en el caso de actos de terrorismo que se salden con la pérdida de vidas humanas y de crímenes especialmente graves cometidos en tiempo de guerra,

23. Constatando que en el seno de la OSCE sólo dos de los 56 Estados participantes siguen, no obstante, aplicando la pena de muerte,

24. Profundamente preocupada por el hecho de que en Belarús y en Estados Unidos de América se siga condenando a muerte y ejecutando a personas,

25. Constatando que, según el informe publicado por Amnistía Internacional en marzo de 2009 “Ending executions in Europe – Towards abolition of the death penalty in Belarus”, en Belarús existen indicios creíbles de que la tortura y los malos tratos se emplean para extraer “confesiones”; los presos condenados pueden no tener acceso a mecanismos efectivos de apelación; y para los presos condenados a muerte y sus familiares la naturaleza inherentemente cruel, inhumana y degradante de la pena de muerte se combina con el secretismo que rodea a la pena de muerte. Ni a los presos ni a sus familiares se les comunica la fecha de la ejecución con antelación y los presos deben vivir con el miedo de que cada vez que se abre su celda puede ser para llevárselos al patíbulo,

26. Constatando que tanto la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como la Unión Europea han instado en repetidas ocasiones a Belarús a abolir la pena de muerte,

27. Constatando que los datos sobre la pena de muerte en Belarús son secreto y que, según el Código Penal Ejecutivo, la pena de muerte se lleva a cabo en privado mediante fusilamiento, la dirección del centro de detención informa al juez de las ejecuciones y el juez informa a los familiares; el cadáver de la persona ejecutada no se entrega a los familiares para que lo entierren y no se les comunica el lugar donde ha sido enterrado,

28. Constatando que en Belarús la pena capital, en virtud de la Constitución, es una medida excepcional y provisional que se toma sólo en casos extremos, y que Belarús ha dado pasos sustanciales para limitar la aplicación de la pena de muerte reduciendo a la mitad el número de artículos del Código Penal que contemplan la imposición de la pena capital,

29. Constatando que, el 11 de marzo de 2004, el Tribunal Constitucional resolvió que el jefe del Estado y el Parlamento podían promulgar la abolición de la pena de muerte o, como primer paso, la aplicación de una moratoria,

30. Constatando que Belarús no ha publicado estadísticas completas del número de condenas a muerte dictadas y de ejecuciones realizadas, incumpliendo así el compromiso adquirido en tanto que Estado participante de la OSCE de “[facilitar] al público información relativa a la aplicación de la pena de muerte”, de conformidad con lo establecido en el Documento de la Reunión de Copehague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la CSCE, aprobado el 29 de junio de 1990,

31. Constatando que, de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América, en 38 está vigente la pena de muerte, si bien cuatro de ellos no han llevado a cabo ninguna ejecución desde 1976, y una ley federal tipifica 42 delitos punibles con la pena capital,

32. Constatando que en Estados Unidos de América el número de ejecuciones y condenas a muerte se ha reducido significativamente en los últimos años y que muchos estados están contemplando la adopción de una moratoria o la abolición, reflejo del apoyo decreciente que recibe la pena de muerte por parte de la opinión pública,

33. Acogiendo con beneplácito el hecho de que algunos estados, entre ellos Carolina del Norte, Montana, Nueva Jersey y Nueva York, hayan tomado partido en contra de la pena de muerte a través de medidas como la aplicación de una moratoria de las ejecuciones o su abolición,

34. Constatando que la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado recientemente sentencias históricas que instituyen mayores salvaguardias y tienen en cuenta la evolución de las normas de la justicia,

35. Acogiendo con beneplácito la decisión que el gobernador de Nuevo México tomó en marzo 2009 de prohibir la pena capital en su estado por ser incoherente con los principios estadounidenses básicos de justicia, libertad e igualdad,

36. Constatando que, el 19 de marzo de 2009, un senador de Estados Unidos aprobó una Ley Federal sobre la Abolición de la Pena de Muerte con el objeto de abolir esta práctica a escala federal,

La Asamblea Parlamentaria de la OSCE:

37. Condena toda las ejecuciones allí donde se produzcan;

38. Hace un llamamiento a los Estados participantes que aplican la pena de muerte para que declaren una moratoria inmediata de las ejecuciones;

39. Anima a los Estados participantes que no hayan abolido la pena de muerte a respetar las salvaguardias que protegen los derechos de quienes están condenados a muerte, de conformidad con las Salvaguardias del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas;

40. Pide a Belarús que adopte inmediatamente medidas para abolir la pena de muerte, estableciendo sin demora una moratoria de todas las condenas a muerte y ejecuciones con vistas a abolir la pena capital de conformidad con la resolución 62/149 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007, y la resolución 63/168, adoptada el 18 de diciembre de 2008;

41. Hace un llamamiento al gobierno de Estados Unidos de América para que apruebe una moratoria de las ejecuciones que conduzca a la abolición total de la pena de muerte en la legislación federal, y para que retire la reserva presentada al artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

42. Hace un llamamiento a la República de Kazajistán para que, con vistas a la abolición total de la pena de muerte, modifique su Código Penal de acuerdo con la enmienda constitucional aprobada el 21 de mayo de 2007;

43. Hace un llamamiento a Letonia para que modifique su Código Penal a fin de abolir la pena de muerte en los casos de asesinato con circunstancias agravantes si se cometen en tiempo de guerra;

44. Hace un llamamiento a los Estados participantes retencionistas para que animen a la OIDDH y a las misiones de la OSCE, en cooperación con el Consejo de Europa, a llevar a cabo actividades de sensibilización contra la pena de muerte, en particular entre los medios de comunicación, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los responsables de formular políticas y el público en general;

45. Sigue alentando las actividades de las ONG que trabajan en favor de la abolición de la pena de muerte.





Índice AI: IOR 52/003/2009 Amnistía Internacional, agosto de 2009

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