Document - Statements to the CSCE Human Dimension Implementation Meeting, Warsaw, 27 September-15 October 1993

DECLARACIONES ANTE LA REUNIÓN DE LA CSCE SOBRE

LA APLICACIÓN DE LA DIMENSIÓN HUMANA


VARSOVIA

27 DE SEPTIEMBRE - 15 DE OCTUBRE DE 1993


NOVIEMBRE DE 1993 RESUMEN ÍNDICE AI: IOR 52/03/93/s

DISTR: SC


Amnistía Internacional presentó cinco declaraciones orales en la primera Reunión sobre la Aplicación de la Dimensión Humana (RADH) de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), celebrada en Varsovia entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de 1993. La RADH constituye la principal reunión de la CSCE sobre derechos humanos y se celebra cada dos años. Por vez primera en este tipo de reuniones, se ha concedido el derecho a realizar declaraciones orales a las organizaciones no gubernamentales. En la reunión se establecieron dos grupos de trabajo: El Grupo Subsidiario de Trabajo 1 (GST1) tenía como misión examinar en qué medida los 53 Estados participantes llevaron a la práctica sus compromisos con la CSCE en materia de derechos humanos, y el Grupo Subsidiario de Trabajo 2 (GST2) presentó recomendaciones para perfeccionar y consolidar los mecanismos de derechos humanos de la CSCE. Amnistía Internacional presentó tres declaraciones ante el GST1: Sobre las torturas cometidas en los países de la CSCE, sobre la libertad de expresión y la objeción de conciencia, y sobre la protección a los refugiados. Igualmente, realizó dos declaraciones en el GST2 relativas a la función de las organizaciones no gubernamentales en la CSCE, la primera, y sobre los derechos humanos en las misiones de la CSCE, la segunda.


En la alocución denominada La Tortura en los Estados de la CSCE, Amnistía Internacional mostró que la tortura todavía constituye un importante problema en la región de la CSCE. Igualmente, recordó ante la Conferencia que ni la democracia ni la ratificación de los instrumentos internacionales concebidos para proteger los derechos humanos establecen garantías contra la tortura si los gobiernos no muestran la voluntad política necesaria para acabar con ella. Amnistía Internacional expuso ejemplos de torturas cometidas en Alemania, Bulgaria, España, Hungría, Italia, Portugal, Rumanía y Turquía.


En la declaración titulada La protección a los refugiados en riesgo: Elaboración de una respuesta común ante una crisis regional, Amnistía Internacional hizo un llamamiento para que se elaborara una respuesta regional común ante la crisis de los refugiados en Europa. También reiteró su preocupación ante las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea (UE) y las graves consecuencias que acarrean, como una reacción en cadena, en Europa Oriental. Amnistía Internacional exhortó a la CSCE, prácticamente el único organismo que puede reunir a todos los Estados afectados, a que participe en la elaboración de una respuesta común a los problemas de los refugiados en Europa y a que garantice que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las organizaciones no gubernamentales desempeñan una función fructífera en este proceso.


En la declaración de Amnistía Internacional que lleva por título Libertad de expresión y objeción de conciencia al servicio militar, se insistió en la necesidad de que la CSCE garantice que todos los Estados participantes respeten las normas mínimas de derechos humanos. También se llamó la atención sobre las violaciones de la libertad de expresión que se producen en Tayikistán, Uzbekistán, Grecia y Turquía. En la segunda parte de esta declaración se acogió con satisfacción el hecho de que un creciente número de Estados de la CSCE estén efectuando cambios para reconocer el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, pero se señaló también que en países como Grecia, Francia y Chipre todavía se encarcela a personas por sus convicciones contrarias al cumplimiento del servicio militar.


En la declaración llamada Misiones de larga duración y misiones de dimensión humana, Amnistía Internacional resaltó la necesidad de que todas las misiones de larga duración incluyan un componente de derechos humanos. También exhortó a la CSCE a que elabore informes públicos sobre dichas misiones. Por lo que respecta a las misiones de dimensión humana, Amnistía Internacional insistió en la preocupación que le causa el hecho de que sean pocas las misiones que se han llevado a cabo, y urgió a los Estados participantes a que empleen ese mecanismo. La organización subrayó la necesidad de que la CSCE contemple tales misiones como parte de un proceso en marcha y no deje de realizar un seguimiento de las mismas.


En la declaración titulada Función de las organizaciones no gubernamentales en la labor de dimensión humana de la CSCE, Amnistía Internacional presentó varias recomendaciones prácticas en las que se expone la manera en la que la CSCE puede mejorar la aplicación de los compromisos adquiridos con las organizaciones no gubernamentales por los que se obliga a conceder a dichas organizaciones una función significativa en el trabajo de derechos humanos de la CSCE. Las recomendaciones se centran en las formas en las que la CSCE puede beneficiarse de la experiencia de las organizaciones no gubernamentales, mejorar la transparencia del trabajo de la CSCE y ampliar sus atribuciones en la protección de quienes defienden los derechos humanos.


PALABRAS CLAVE: CSCE1 / TORTURA/MALOS TRATOS / CENSURA1 / OBJETORES DE CONCIENCIA1 / REFUGIADOS1 / ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / MUERTE BAJO CUSTODIA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / CONDICIONES PENITENCIARIAS / DISCRIMINACIÓN RACIAL / INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL / IMPUNIDAD / AMNISTÍAS PARA VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS / CARGOS PENALES POR MOTIVOS POLÍTICOS / PRESOS DE CONCIENCIA / PRESOS POLÍTICOS / ACTIVISTAS POLÍTICOS / ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS / PERSONAS DESPLAZADAS / ESCRITORES / PERIODISTAS / MINORÍAS / GRUPOS ÉTNICOS / DELINCUENTES COMUNES / CIUDADANOS EXTRANJEROS / GRUPOS RELIGIOSOS - TESTIGOS DE JEHOVÁ / POLICÍA / MILITARES / PERSONAL PENITENCIARIO / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / VIOLENCIA POLÍTICA / LEGISLACIÓN / LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA / BOSNIA-HERZEGOVINA / BULGARIA / CROACIA / CHIPRE / ESPAÑA / FEDERACIÓN RUSA / FRANCIA / ALEMANIA / GRECIA / HUNGRÍA / ITALIA / PORTUGAL / RUMANIA / SUIZA / TAYIKISTAN / TURQUÍA / UZBEKISTAN / CE /


Este informe resume un documento titulado Declaraciones ante la Reunión de la CSCE sobre la Aplicación de la Dimensión Humana, Varsovia, 27 de septiembre - 15 de octubre de 1993 (Índice AI: IOR 52/03/93/s), publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 1993. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deberán consultar el documento completo.


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA





DECLARACIONES ANTE LA REUNIÓN DE LA CSCE SOBRE

LA APLICACIÓN DE LA DIMENSIÓN HUMANA



VARSOVIA

27 DE SEPTIEMBRE - 15 DE OCTUBRE DE 1993



































Diciembre de 1993

Índice AI: IOR 52/03/93/s

Distr: SC





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA







LA TORTURA EN LOS ESTADOS DE LA CSCE



Reunión de la CSCE sobre la Aplicación de la Dimensión Humana, Varsovia, octubre de 1993

Grupo Subsidiario de Trabajo Nº 1

Grupo 2 Declaración Oral: 7 de octubre de 1993

La tortura constituye un grave problema en la región de los países de la CSCE. El pasado año, Amnistía Internacional recibió informes sobre torturas u otra clase de malos tratos procedentes de 42 Estados participantes en la CSCE.


La democracia no es una garantía contra la tortura. Más de la mitad de los países de los que haré mención concreta son antiguas democracias de Europa Occidental; en su mayor parte, cuentan con salvaguardias teóricas contra la tortura, así como con procedimientos para investigar denuncias de torturas. También gozan de una prensa libre y de un poder judicial independiente. Todos los países que se mencionan más adelante han ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura, e igualmente han ratificado o firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos; a pesar de ello, todavía se producen torturas en países que disfrutan de todos estos beneficios. ¿Por qué?


A menudo la causa reside en la falta de voluntad que muestran los gobiernos para acabar con la tortura. [Incluso cuando la prensa, los abogados, organismos nacionales y las organizaciones no gubernamentales llaman la atención sobre este hecho a los gobiernos, en la mayoría de los casos éstos se apresuran a negar que pueda sucecer tal cosa, declaran que las investigaciones internas llevadas a cabo han demostrado que nada ha ocurrido, ponen en cuestión los motivos de quienes han denunciado los hechos, y solamente en última instancia ─si es que emprenden alguna acción─ pondrán en marcha una investigación completamente independiente e imparcial que conduzca a los responsables ante la justicia.]


La principal preocupación de los gobiernos con frecuencia parece ser la protección de las fuerzas militares o encargadas de hacer cumplir la ley; unas veces porque dependen de ellas para atajar las verdaderas amenazas a la ley y el orden, y otras porque, según parece, la negación es un acto reflejo.


En ESPAÑA durante muchos años han salido a la luz informes sobre torturas y malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las personas detenidas en régimen de incomunicación prolongada en virtud de la legislación antiterrorista son las que más en peligro están. Las personas sospechosas de pertenecer a un grupo armado pueden permanecer detenidas por la policía en régimen de incomunicación hasta cinco días por orden judicial. Durante ese tiempo, no tienen acceso a su abogado ni pueden informar a su familia sobre su detención.


Las investigaciones judiciales que se han llevado a cabo en España sobre denuncias de torturas se han efectuado con lentitud. Los funcionarios muy rara vez comparecen ante la justicia, incluso en los casos más graves. En las pocas ocasiones en las que han resultado condenados funcionarios por estos delitos, casi nunca han cumplido condenas de prisión; se los ha indultado de forma rutinaria, y a veces hasta se les concede un ascenso. En algunos casos, los funcionarios condenados por torturas o malos tratos han seguido en el servicio activo, con lo que han continuado practicando las torturas.


[No es, pues, sorprendente que la incuria mostrada para que los responsables comparezcan ante la justicia, dé a entender a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que pueden actuar con impunidad.]

En PORTUGAL se ha sometido a torturas o malos tratos a presuntos delincuentes comunes. Habitualmente, la violencia se produce en las comisarías de policía, en los puestos de la Guardia Nacional Republicana (Guarda Nacional Republicana), en la calle y, aunque menos frecuentemente, también en las prisiones.


Las torturas más comunes a las que se somete a las víctimas son patadas, puñetazos, rodillazos y golpes con pistolas y porras. No obstante, a algunas víctimas también se les golpeó con mangueras de goma y de metal flexible o se les introdujeron objetos en el ano. [Los abusos raciales verbales han sido muy comunes en los casos que afectan a las minorías étnicas].


Portugal ha aprobado medidas legislativas y administrativas para combatir la tortura, entre las que se cuenta el establecimiento de un organismo para investigar y juzgar las denuncias, pero hasta el momento estas medidas no han resultado eficaces.


[Se han iniciado investigaciones judiciales sobre todas las denuncias que obran en conocimiento de Amnistía Internacional, pero se han realizado muy lentamente y son pocos los responsables que han comparecido ante la justicia.]


Con el objeto de imponer severas sanciones disciplinarias y penales a quienes aplican torturas, se han reforzado las leyes; sin embargo, los tribunales se han venido mostrando reiteradamente incapaces de imponer sanciones con las que se demostraría la gravedad del delito. En julio del pasado año, el Segundo Tribunal de lo Penal de Oporto declaró culpable a un funcionario de la Policía de Seguridad Pública (Policia de Seguranca Publica) de causar graves daños corporales a un joven. El joven había sido arrojado por una ventana; se le dieron 59 puntos en un brazo y quedó desfigurado de por vida. El funcionario fue condenado a una pena de seis meses de prisión, pero esta pena se sustituyó por una multa, y posteriormente ─en virtud de una ley de amnistía de 1991─ fue amnistiado.


Desde hace años, Amnistía Internacional ha venido recibiendo informes de ITALIA en los que se refiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley, entre ellos los carabineros, los aduaneros y la policía judicial (guardia di finaza) han ocasionado malos tratos, y en ocasiones torturas, a presuntos delincuentes. En la mayoría de los casos, los malos tratos se producen durante las primeras 24 horas en las que la víctima permanece bajo custodia, antes de comparecer ante un tribunal o ser trasladado a una prisión.


Durante 1992, también se produjo un incremento significativo en el número de informes sobre violencia física deliberada a manos de funcionarios de prisiones. [Los informes procedían de prisiones situadas en Brescia, Cagliari, Messina, Nápoles, Padua y Roma o en los alrededores de esas ciudades. Este incremento se ha producido en un momento en el que existe un exceso de población penitenciaria, acentuado por la lentitud del sistema judicial penal, las precarias condiciones sanitarias y una asistencia médica inadecuada.]


En la mayoría de los casos se condujeron investigaciones judiciales, pero algunas de ellas distaban mucho de ser completas. Se realizaron con mucha lentitud y a menudo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se negaban a cooperar.


La creciente ola de racismo que se extiende por Europa se refleja en el alarmante incremento de malos tratos de carácter racial perpetrados por la policía. Las minorías étnicas, los solicitantes de asilo, los trabajadores emigrantes, los turistas y estudiantes, todos estos grupos han sido víctimas del racismo.


En Bulgaria, Rumania, la República Eslovaca y Hungría, Amnistía Internacional ha podido documentar casos de ataques, en apariencia sin mediar provocación alguna, cometidos por la policía contra gitanos.


En un caso ocurrido en marzo del presente año, un gitano de 33 años de edad fue arrestado en Stara Zagora, BULGARIA, como sospechoso de hurto. Le propinaron patadas y le golpearon con porras repetidamente con tal violencia que en el hospital se le hubo de extraer parte de un pulmón y de un riñón.


En julio del pasado año, entre 40 y 50 soldados de la policía militar de RUMANIA atacaron indiscriminadamente a miembros de la comunidad gitana en Piaţa Rahova, Bucarest, tras investigar una pelea entre personas ebrias. Los soldados iban embozados con máscaras negras y estaban armados con porras de goma, nunchakus, patas de sillas y piquetas. Según los informes, 13 gitanos resultaron heridos en este ataque, producido sin que mediara provocación alguna.


En HUNGRÍA, fueron torturados o sometidos a malos tratos ciudadanos extranjeros en el campo de detención de Kerepestarcsa, cerca de Budapest. En la comisaría del 5º Distrito Policial de Budapest, ciudadanos extranjeros sufrieron roturas de huesos y contusiones como consecuencia de las patadas y golpes recibidos.


En ALEMANIA, ciudadanos extranjeros, entre ellos solicitantes de asilo, han sido víctima de malos tratos policiales, y la policía no ha intervenido en el curso de ataques racistas.


Existen modos muy prácticos mediante los cuales los gobiernos podrían colaborar en la erradicación de la tortura. Tenemos la esperanza de que esta reunión sirva para determinar los más importantes.


En muchas de las situaciones descritas, los gobiernos se han mostrado incompetentes para garantizar que los abusos se investiguen de forma independiente e imparcial. No han sido capaces de que los torturadores comparezcan ante la justicia rápida ni sistemáticamente. La impunidad ─literalmente, la exención del castigo─ engendra un circulo vicioso de violencia.


Los gobiernos no han sido capaces de poner fin a la detención en régimen de incomunicación garantizando para ello un acceso rápido y común al mundo exterior, esto es, a jueces, familiares, abogados y médicos de elección propia. Los jueces no han supervisado las detenciones con la rigurosidad y continuidad adecuadas.


[Los gobiernos no han condenado la tortura, ni han puntualizado a todo el personal encargado de hacer cumplir la ley que la tortura resulta inaceptable en toda situación.]


Sin embargo, tal como hemos visto, estas medidas prácticas no se deben limitar a la letra de la ley, sino que se deben llevar a la práctica.


En el transcurso de esta reunión, han surgido considerables debates acerca de la situación de los derechos humanos en TURQUÍA. Es necesario insistir en algunos puntos fundamentales sobre la tortura en ese país:


1. La tortura está muy extendida, se practica rutinaria y sistemáticamente, especialmente en Estambul, Ankara y las diez provincias del sudeste sometidas al estado de emergencia. No se trata pues de incidentes aislados o casuales de brutalidad policial.


La tortura se utiliza por razones muy concretas: para extraer confesiones, para sonsacar nombres de otros miembros de organizaciones ilegales, para forzar a los habitantes de los pueblos a que abandonen toda oposición al sistema de vigilancia rural, para obligar a los detenidos a convertirse en informadores de la policía, y como castigo extraoficial para quienes apoyan a organizaciones ilegales.


A lo largo de este año, al menos 14 detenidos perecieron bajo custodia, al parecer como consecuencia de las torturas sufridas.


El grado de responsabilidad de los fiscales del estado es evidente al impedir que los detenidos puedan ver a un abogado, por no investigar las denuncias de torturas y por no iniciar acciones contra los torturadores. Los ministerios gubernamentales están al tanto de lo que sucede, pero con su silencio, respaldan activamente el sistema.


2. La existencia en Turquía de una democracia consolidada no ha influido en modo alguno en la práctica de la tortura. En la actualidad, la cuestión se debate libremente en los medios de comunicación. Los dirigentes políticos han menudeado sus declaraciones públicas en las que prometen reformas. [En 1991, Süleyman Demirel, antes de ocupar la presidencia, prometió que "los muros de todas las comisarías de policía serían de cristal".]. Pero ni los debates públicos ni la retórica política han cambiado la situación. Hoy día, los detenidos políticos están tan desprotegidos ante la tortura como lo estaban en 1983, cuando se restauró la autoridad civil.


3. El conjunto de medidas legislativas aprobado por la Gran Asamblea Nacional de Turquía el pasado noviembre está en flagrante contradicción con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con los compromisos de la CSCE. A tenor de esas medidas, los detenidos por razones políticas en el sudeste del país ─esto es, aquellos que más riesgos corren de ser objeto de torturas─ pueden permanecer detenidos por la policía en régimen de incomunicación hasta 30 días antes de comparecer ante un juez. La ley establece sin ambigüedades el derecho de aquellos detenidos en calidad de delincuentes comunes a ver a un abogado. Pero de hecho, la ley priva de este derecho a los detenidos por causas políticas. En la práctica, antes de la promulgación de la nueva ley y con posterioridad a la misma, es del dominio público en Turquía que a miles de detenidos se les impide ver a su abogado, lo que ha motivado que se produjeran torturas y muertes bajo custodia.


4. Resulta evidente que el gobierno turco tiene que hacer frente a un grave problema de violencia política y de oposición armada. Amnistía Internacional continua recogiendo información sobre los abusos cometidos por el PKK (Partido de los Trabajadores Kurdo) y por Devrimci Sol (Izquierda Revolucionaria), y los condena sin paliativos, incluidos los homicidios de civiles y personas apresadas. [Recientemente, el 28 de agosto, en el pueblo de Yoncalibayir, en la provincia de Elaziǧ, nueve de sus habitantes fueron muertos, como si de una ejecución se tratara, por el PKK.] No obstante, apenas es necesario repetir que la prohibición contra la tortura es absoluta en cualquier situación.


5. La Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, que tanta publicidad ha recibido, no ha resultado eficaz. Las discrepancias que dividen a los partidos la han paralizado, y han obstaculizado sus tentativas de visita a las comisarías de policía y a las prisiones. Tampoco puede sustituir a las acciones directas y enérgicas de los Ministerios de Interior y de Justicia, del primer ministro o del presidente.


No hay duda de que la tortura está muy extendida en Turquía. Las organizaciones no gubernamentales no son las únicas que lo afirman. Después de varias misiones en el país y de largas conversaciones con el gobierno, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura (CEPT), apoyándose en las pruebas más objetivas, ha confirmado esta conclusión. El CEPT sólo hizo pública la declaración como último recurso, después de que las autoridades turcas no contribuyeran a mejorar un ápice la situación.


Ahora es el momento para que el gobierno emprenda acciones. No se trata simplemente de un problema que necesite una solución a largo plazo, con una educación progresiva. Se trata de un problema urgente, al que se debe ─y puede─ hacer frente en este momento. Para empezar, el gobierno turco debe enmendar la ley de inmediato, de forma que todos los detenidos en todo el país comparezcan con prontitud ante un juez; dados los riesgos que corren en Turquía, esto se debe producir antes de un plazo de 24 horas desde el momento del arresto. En segundo lugar, el gobierno debe garantizar que, no sólo en teoría, también en la práctica, todos los detenidos tengan acceso a su abogado poco después de que se produzca el arresto. Los detenidos deben ser autorizados a solicitar a un tribunal una orden urgente dirigida a la policía para que permitan dicho acceso.


¿Qué acciones emprenderá la CSCE para garantizar que se ponga término a la tortura en Turquía?







LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA

AL SERVICIO MILITAR



Reunión de la CSCE sobre la Aplicación de la Dimensión Humana, Varsovia, octubre de 1993

Grupo Subsidiario de Trabajo Nº 1

Grupo 1

Declaración Oral: 5 de octubre de 1993

1. Libertad de expresión


Los compromisos de dimensión humana de la CSCE establecen las normas mínimas de derechos humanos que todos los Estados participantes deben respetar, ya se hayan incorporado hace poco o mucho tiempo. En particular, se resalta que ni las dificultades internas o circunstancias excepcionales pueden justificar jamás el uso de la tortura o los homicidios arbitrarios. Es responsabilidad de la CSCE que cada Estado participante cumpla los compromisos adquiridos. En algunos de los Estados de la CSCE se encarcela a las personas arbitrariamente o son objeto de homicidios o torturas para suprimir su derecho a la libertad de expresión.


En TAYIKISTÁN, se ha encarcelado a activistas de la oposición por expresar pacíficamente sus opiniones, algunos falsamente acusados de delitos relacionados con armas de fuego.


Bozor Sobir, un famoso poeta que con anterioridad había sido miembro del Partido Democrático, se encuentra en espera de juicio tras haber criticado públicamente a un grupo de diputados del Consejo Supremo de Tayikistán. También escribió un poema denominado "amalgama de sangre y harina" en el que criticaba el legado de la influencia rusa. Creemos que los cargos contra él, entre los que se encuentra el de "tentativa de enardecimiento de la discordia interétnica", carecen de fundamento. Debe ser puesto en libertad de forma inmediata.


En la región de Leninabad, al norte de Tayikistán, los activistas de la oposición también pueden haber sido falsamente acusados de delitos relacionados con armas de fuego para silenciarlos. Se les han impuesto condenas de hasta diez años de prisión.


Tenemos profundos temores de que cuatro presos políticos en Tayikistán, periodistas de la televisión, sigan siendo sometidos a torturas en una prisión dependiente del Ministerio del Interior, en Dushanbé. Habían sido arrestados en enero por varios cargos, incluidos los de traición y conspiración para derrocar al gobierno. En una respuesta pública, el Ministerio del Interior acusó a Amnistía Internacional de "derramar lágrimas de cocodrilo porque tal preso político pase una noche sin dormir o porque a tal otro se le ha roto la nariz." Y añadía "Las prisiones son para encerrar a los criminales, no son sanatorios donde mejorarles la salud".


En UZBEKISTÁN prosigue la represión de la disidencia. Se ha detenido a activistas de la oposición bajo la acusación de promover el derrocamiento del Estado, se les ha juzgado por injurias al presidente o se les ha condenado acusados de delitos penales aparentemente amañados con antelación. El "arresto administrativo" de corto plazo todavía se utiliza para sancionar a quienes ejercen el derecho a la libertad de asociación. Asaltantes desconocidos han atacado a periodistas independientes o a opositores al gobierno.


Tanto en Tayikistán como en Uzbekistán es preocupante el alto número de casos de activistas de oposición y de derechos humanos a quienes se arresta por períodos breves para impedirles salir del país y que no puedan asistir a conferencias, o para que no se reúnan con delegaciones foráneas. En este punto, la CSCE tiene una responsabilidad bien definida: En abril se detuvo a varios activistas de oposición y de derechos humanos para impedirles que se reunieran con la delegación del presidente en funciones enviada a Uzbekistán.


Amnistía Internacional se siente crecientemente preocupada por el progresivo aumento del número de personas a quienes se condena en GRECIA por expresar pacíficamente opiniones opuestas a las del gobierno.


Christos Sideropoulos y Anastasios Boulis fueron condenados a cinco meses de prisión por declarar a una revista, entre otras cosas, que "tenían conciencia de pertenecer a una etnia macedonia". Ambos fueron condenados por difundir información falsa sobre el "carácter no griego de Macedonia" y la existencia de una minoría macedonia en territorio griego, y por promover conflictos entre ciudadanos griegos mediante la diferenciación entre los hablantes de una lengua eslava y los griegos. Permanecen en libertad, en espera de la apelación presentada.


Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre cuestiones territoriales; sin embargo, al igual que la CSCE, defendemos el derecho de todos a expresar pacíficamente sus opiniones. Pero, ¿constituye ésta una condición previa fundamental para disfrutar el resto de las garantías de la CSCE?


Amnistía Internacional se siente profundamente preocupada por la profusión de homicidios políticos de que son víctima periodistas de investigación y activistas políticos en TURQUÍA, lo que apunta hacia posible implicación de la policía.


Once periodistas activos y vigilantes ante los abusos de derechos humanos en el sureste de Turquía han resultado muertos desde enero de 1992.


Desde enero de 1992 han sido asesinados 54 miembros del Partido Democrático o de su predecesor, el Partido Popular de los Trabajadores (HEP).


Habip Kiliç, miembro del Consejo del Partido Democrático (DEP) de la ciudad de Batman, fue detenido el pasado invierno. La policía le aseguró que de proseguir con sus actividades políticas no le arrestarían, sino que le matarían directamente. Habip Kiliç murió por los disparos recibidos en una concurrida calle de Batman el 1 de septiembre de 1993.


Mehmet Sincar, miembro del parlamento por el Partido Democrático, y Metin Özdemir, Presidente del Partido Democrático de Batman, murieron por los disparos que tres hombres armados descargaron sobre ellos a plena luz del día el 4 de septiembre en la ciudad de Batman. Habitualmente, esta ciudad es una de las que dispone de más vigilancia policial en Turquía; sin embargo, el 4 de septiembre las calles permanecían misteriosamente desiertas de policías.


Existen informes insistentes y dignos de crédito que hablan de amenazas de muerte de la policía contra activistas kurdos. En Silvan, en la provincia de Diyarbakir, se pudo grabar una conversación en la que un jefe de la gendarmería local alentaba a un joven para que asesinara a un político de la localidad. Por la información que obra en conocimiento de Amnistía Internacional, no se han emprendido acciones judiciales contra ese funcionario.


El gobierno turco no ha adoptado ninguna medida seria por cuanto se refiere a las denuncias en las que se acusa a las fuerzas de seguridad de estar implicadas, e incluso ser las inductoras, de los asesinatos políticos.


Casi indefectiblemente, las investigaciones ─si es que se ha producido alguna─ han sido dirigidas por fiscales del Estado, quienes carecen de independencia real de la policía.


La investigación parlamentaria a la que se refirió la delegación turca la pasada semana supone, ciertamente, un comienzo; reconocía que existe un problema grave, pero parece que se ha hecho caso omiso de sus recomendaciones.


Evidentemente, los cientos de homicidios acaecidos en circunstancias misteriosas, incluidas las muertes de decenas de periodistas y activistas políticos, exigen una comisión de investigación independiente e imparcial que debe disfrutar de amplios poderes judiciales para citar a testigos, solicitar el testimonio de peritos y proteger a los testigos. Igualmente, debe emitir un informe público, y los responsables deben comparecer ante la justicia. Esta es la reacción mínima que un Estado participante en la CSCE debe adoptar para defender el compromiso de la CSCE con el prevalecimiento de la ley y del respeto a los derechos humanos.



2. Objeción de conciencia al servicio militar


Amnistía Internacional acoge con satisfacción el llamamiento que la delegación danesa ha realizado a los Estados para que intercambien información sobre la objeción de conciencia al servicio militar. Después de todo, con ello no se hace sino reiterar el compromiso adquirido en Copenhage.


La CSCE también acordó en Copenhage mantener a examen la cuestión. Un creciente número de Estados de la CSCE está avanzando hacia el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. En mayo del pasado año, los habitantes de SUIZA votaron mayoritariamente en un referéndum nacional la reforma de la Constitución y que se introdujera una alternativa civil al servicio militar obligatorio, si bien todavía no se ha terminado de preparar la legislación necesaria para ello. La Constitución de la FEDERACIÓN RUSA contempló ese derecho a inicios del presente año, pero todavía no existe la legislación pertinente.


No obstante, algunos de los Estados participantes todavía encarcelan a las personas que conscientemente mantienen creencias contrarias al servicio militar.


En GRECIA, unos 400 testigos de Jehová permanecen todavía en prisión a causa de las creencias religiosas que en el uso de sus facultades sostienen. A pesar de sus continuas promesas, el gobierno griego apenas ha mostrado voluntad alguna de reformas. Muy al contrario, se escuda tras un dictamen de asesoramiento del Consejo de Estado Jurídico, sin carácter vinculante, para afirmar que el servicio civil alternativo sería incompatible con la Constitución Griega. Este mismo año, el Parlamento Europeo condenó "el modo de proceder de Grecia, por el que los objetores de conciencia reciben el tratamiento de delincuentes y se les condena a largos períodos de cárcel que cumplen en prisiones militares".


En el documento de Copenhage se declara que el servicio alternativo no debe ser de carácter punitivo. Este principio no se respeta en algunos países. En FRANCIA, por ejemplo, la duración del servicio alternativo es de 20 meses, el doble que el servicio militar ordinario. El pasado año, entre 750 y 1.000 testigos de Jehová fueron encarcelados por un período no inferior a 18 meses cada uno. Se habían negado a realizar tanto el servicio militar como el inadecuado servicio alternativo. Amnistía Internacional considera a estos objetores como presos de conciencia.


En CHIPRE, la nueva legislación es defectuosa debido al carácter punitivo de la larga duración del servicio alternativo: 42 meses en lugar de los 26 del servicio militar.


Una de las tareas de esta reunión debe ser determinar la disparidad de criterios utilizada en los distintos compromisos de la CSCE. El compromiso sobre objeción de conciencia acordado en Copenhage es más inconsistente y de ámbito más estrecho que las normas internacionales en uso. A medida que otras organizaciones intergubernamentales progresan en la elaboración y consolidación de este derecho, la CSCE se encuentra cada vez más aislada en este sentido.


En marzo del presente año, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resaltó de nuevo que la objeción de conciencia es un derecho y constituye el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.


El mismo mes, el Parlamento Europeo confirmó que la libertad de conciencia "debe incorporarse al sistema legislativo de las Estados miembros como un derecho fundamental".


La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa estudia en la actualidad un proyecto de Recomendación que, entre otros asuntos, hace un llamamiento en favor de la creación de un nuevo Protocolo para el Convenio Europeo de Derechos Humanos, poniendo con ello de manifiesto que este derecho está garantizado.


Es hora de que la CSCE comience a avanzar en este sentido. Exhortamos a los miembros de esta reunión a que recomienden al Comité de Altos Cargos (CAC) que la objeción de conciencia al servicio militar necesita examinarse de nuevo en Budapest el próximo año. Allí, las normas de la CSCE pueden ponerse al mismo nivel de que gozan las de otros organismos internacionales.







LA PROTECCIÓN A LOS REFUGIADOS EN RIESGO

ELABORACIÓN DE UNA RESPUESTA COMÚN ANTE UNA CRISIS REGIONAL


Reunión de la CSCE sobre la Aplicación de la Dimensión Humana, Varsovia, octubre de 1993

Grupo Subsidiario de Trabajo Nº 1

Grupo IV

Declaración Oral: 11 de octubre de 1993

El sistema internacional para la protección de los refugiados, especialmente el principio contra la repatriación forzada, no puede funcionar si se prescinde de la solidaridad internacional.


Algunos Estados, tal sólo por el mero hecho de su situación geográfica, reciben cientos de miles de solicitantes de asilo y de refugiados, mientras que otros reciben muy pocos. Algunos Estados que acogen a un gran número de refugiados no poseen el dinero suficiente para atenderles.


Por desgracia, los gobiernos poderosos están destruyendo paulatinamente el concepto de solidaridad internacional y alientan un sentimiento adverso hacia la protección de los refugiados y de los solicitantes de asilo.


Los Estados de la CE se están apresurando para "armonizar" la política de refugiados, y adoptan actitudes comunes que en algunos casos infringen las normas internacionales existentes y que perjudican directamente a los Estados de Europa Central y Oriental. La CE ha urdido acuerdos secretos para enviar a los solicitantes de asilo a los llamados "terceros países seguros" y restringir sistemáticamente la entrada de los solicitantes de asilo en sus propios territorios; se cuenta con que miles de estos solicitantes que viajaron por estos países regresen de nuevo a Europa Central y Oriental. Sin embargo, estas zonas fueron excluidas de las principales reuniones en las que la CE adoptó esta decisión.


Entretanto, el gobierno de los EEUU está obligando a los refugiados haitianos a regresar directamente a su país sin darles ninguna oportunidad. Esta línea de conducta constituye un ultraje hacia los principios básicos del derecho internacional sobre refugiados y también una amenaza contra la solidaridad internacional.


Tan sólo la semana pasada, Sadako Ogata, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), advirtió que se sentía "preocupada ante el hecho de que los compromisos para con los principios de asilo se puedan ver conculcados en tal medida". Y prosiguió: "Los mismos Estados que apoyan generosamente nuestra acción en algunas partes del mundo, ultrajan el principio fundamental contra la repatriación forzada en otros lugares".


Sr. Moderador:


En Europa existe una crisis de refugiados que exige una respuesta internacional auténtica.


Este hecho se ha evidenciado recientemente con la respuesta especial dada a la crisis producida en la antigua Yugoslavia. En Africa, América Latina o Asia, a menudo se proponen soluciones regionales cuando se presenta una crisis de refugiados. Por el contrario, este tipo de propuestas brillan por su ausencia en las declaraciones realizadas por los gobiernos europeos en relación con los refugiados procedentes de la antigua Yugoslavia; en Europa, un país tras otro ha impuesto la necesidad de visado a los ciudadanos de Bosnia-Herzegovina, en una vergonzosa exhibición de mezquinos intereses nacionales, antepuestos a la protección de decenas de miles de personas desesperadas que huyen de exorbitantes violaciones de los derechos humanos.


Esto ha originado una reacción en cadena manifiesta: Los Estados europeos que no son miembros de la CE, de forma creciente, también han empezado a exigir visado de entrada. Esto se debe en gran medida por el temor a recibir un número desmesurado de refugiados como consecuencia de las restricciones impuestas en el resto de Europa.


Asimismo, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que ya no se puede considerar a Croacia como un país que ofrezca seguridades para dar asilo a los refugiados musulmanes de Bosnia. Existen continuos informes sobre repatriaciones forzosas desde Croacia a Bosnia-Herzegovina. Las autoridades croatas han restringido el acceso en su frontera a los refugiados que huyen de Bosnia-Herzegovina. No obstante, creemos que Croacia no se vería tan inclinada a violar las normas internacionales si otros Estados europeos no impusieran la necesidad de visados.


Sr. Moderador:


Amnistía Internacional cree que ante la crisis de refugiados se debe estudiar una respuesta común europea en el marco de la CSCE, o ─al menos─ que la CSCE debe desempeñar alguna función en la creación de un foro de debate. Las diversas consultas bilaterales y multilaterales que se han llevado a cabo sobre el tema en Europa no sustituyen a un debate en el ámbito de la CSCE.


La CSCE es casi el único organismo capaz de reunir a todos los Estados afectados. La importante responsabilidad de la CSCE respecto a la seguridad y a los derechos humanos, le convierte en el foro natural donde tratar la cuestión de la protección a los refugiados. [El propio Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha hecho un llamamiento para que Europa, en virtud de su profundo conocimiento de la cuestión de los refugiados, colabore en calidad de organismo regional.]


No obstante, conviene señalar que, cualquiera que sea el foro regional utilizado, éste debe contemplar que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados desempeñe un papel primordial y preeminente, así como una participación significativa de las organizaciones no gubernamentales pertinentes. [Uno de los errores en los que se incurre en las deliberaciones secretas que en la actualidad celebra la CE es no dar cabida al ACNUR en las reuniones y, ciertamente, tampoco se ha dado la oportunidad de contribuir activamente en las reuniones a ninguna ONG ni a ningún experto independiente. En todo caso, se permite al ACNUR realizar comentarios sobre los proyectos de resolución.]


Por último, Sr. Moderador:


Se ha debatido con bastante amplitud, en esta ocasión y en el transcurso del seminario sobre migración, refugiados y personas desplazadas, el concepto de protección temporal a grupos grandes de refugiados. Hemos escuchado con interés la intervención de la delegación sueca de la semana pasada; llegados a esta fase de la reunión, desearíamos realizar algunos comentarios sobre las propuestas planteadas.


Primeramente, es importante considerar a los refugiados y a los solicitantes de asilo, conceptualmente y en la práctica, a tenor de los dispuesto en la Convención sobre Refugiados de 1951, separadamente del tema de la migración, mucho más amplio.


En segundo lugar, al establecer los criterios regionales mediante los cuales determinar quiénes son las personas necesitadas de protección, la CSCE debe atenerse a las normas internacionales existentes; para ello podría valerse de la experiencia de otras regiones [como por ejemplo América, donde en 1985 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó la Declaración de Cartagena].


En tercer lugar, la aplicación de la protección temporal no debe ir en detrimento del sistema de protección eficaz y prolongada establecido en virtud de la Convención sobre Refugiados de 1951. Los individuos que formen parte de un grupo susceptible de ser seleccionado para disfrutar de protección temporal deben tener la posibilidad de elegir entre presentar una solicitud de refugio o aceptar la protección temporal. Quienes acepten esta última, deben tener la oportunidad de que se examine su caso antes de que se retire a su grupo la condición de protección temporal.


Por último, no se debe retirar la protección temporal hasta que esté verdaderamente garantizada la seguridad para el regreso al país de origen. Ello requiere el uso de criterios objetivos con los que verificar que las circunstancias en el país de origen han sufrido un cambio radical y perdurable.


Sr. Moderador:


Amnistía Internacional abriga la esperanza de que en esta reunión se llamará la atención al Comité de Altos Cargos (CAC) sobre la función de la CSCE como foro donde elaborar una respuesta europea común ante una crisis de refugiados común a Europa.







MISIONES DE LARGA DURACIÓN Y MISIONES DE DIMENSIÓN HUMANA


Reunión de la CSCE sobre la Aplicación de la Dimensión Humana, Varsovia, octubre de 1993

Grupo Subsidiario de Trabajo Nº 2

Grupo 1

Declaración Oral: 1 de octubre de 1993

1. Derechos humanos y misiones de larga duración


Ya son varias las delegaciones que han reiterado que la dimensión humana configura el núcleo del concepto de seguridad de la CSCE. Las injusticias cometidas contra los derechos humanos constituyen una advertencia ante posibles conflictos futuros, y la resolución de un conflicto carece de sentido a menos que las personas se puedan sentir completamente seguras.


Amnistía Internacional cree que ha llegado el momento de reconocer que todas las misiones de la CSCE de larga duración deberían contar con un componente de derechos humanos. El alcance preciso de este componente será diferente en cada caso.


Por ejemplo, el Dr. Gyamarti, Representante Personal del Presidente en Funciones de la CSCE y que además encabeza la delegación húngara en esta reunión, ya ha sugerido que en el futuro se extienda el mandato de la misión en Georgia, así como la posibilidad de investigar las violaciones de derechos humanos y asesorar al gobierno en lo que respecta a la aplicación de sus compromisos. Las recientes misiones en Kosovo, Sandžak y Vojvodina pueden haber colaborado activamente para que no se cometan abusos.


Como mínimo, no se debe admitir que los diplomáticos, cuya misión es alentar el diálogo, ni los observadores militares que verifican el alto el fuego, se conviertan en testigos silenciosos ante los abusos de los derechos humanos. Se les debe pedir que informen de los incidentes que se produzcan, y el Comité de Altos Cargos (CAC) debe decidir qué acciones conviene emprender.


Cuando se esté tomando alguna decisión sobre una misión a largo plazo, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH) podría asumir alguna responsabilidad operacional para asesorar sobre el componente de derechos humanos más eficaz.


Todas las misiones de larga duración deben contar con al menos varios observadores con experiencia en el campo de los derechos humanos y el derecho humanitario, así como en la recopilación de información sobre violaciones de derechos humanos y su debida valoración. La OIDDH podría preparar a estos observadores para sus misiones específicas y, conjuntamente con el Centro para la Prevención de Conflictos, proporcionarles apoyo en el transcurso de su misión.

Los informes de la misión deben incluir siempre una valoración de la situación de los derechos humanos. Igualmente, las misiones deben presentar recomendaciones al Comité de Altos Cargos sobre la manera en la que la CSCE y el gobierno del país donde desempeñan su misión pueden hacer frente a los problemas que surjan.


En algunas ocasiones, la misión tendrá que desempeñar una función más activa. Es posible que deba usar su presencia y su capacidad para proteger activamente a quienes corran algún riesgo, llamar la atención de las autoridades sobre algún caso concreto o presentar recomendaciones firmes sobre la legislación adecuada o la aplicación de la misma. Cada misión es diferente. La CSCE podría aprovechar la experiencia de las Naciones Unidas, y a partir de ahí elaboraría su propia experiencia. Nosotros acogeríamos satisfactoriamente que en esta reunión se celebrara un debate sobre el papel que los derechos humanos deben desempeñar en las diferentes clases de misiones, ya consistan en diplomacia preventiva, militar o ambas a un tiempo.


En la actualidad, todos los informes de actividad de las misiones de larga duración tienen carácter confidencial. Con excepción de unos pocos entusiastas de la CSCE, muy poca gente ajena a este organismo tiene conocimiento, no ya de lo que hacen tales misiones, sino de su propia existencia. Creemos que el Comité de Altos Cargos debería emitir periódicamente ─quizá cada dos meses─ informes públicos de estas misiones. Con ello su labor alcanzaría un mayor impacto político, ayudaría a que el público comprendiera el trabajo de la CSCE y se lograría que su trabajo no se solapara con el que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones.


Creemos que esta reunión debería enviar un mensaje diáfano al Comité de Altos Cargos y a la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que se celebrará en diciembre en Roma. Si la dimensión humana constituye realmente una parte inseparable de la seguridad, los derechos humanos deben ser parte integrante de una de las herramientas más importantes con las que cuenta la CSCE para la prevención y actuación ante los conflictos, a saber, las misiones de larga duración.



2. Misiones de Dimensión Humana


Son muchas las sugerencias que se han ofrecido para convertir al mecanismo de dimensión humana en una herramienta más rápida, eficiente y experimentada. Me limitaré a decir que Amnistía Internacional está dispuesta a cooperar en la búsqueda del modo más adecuado para modificar el mecanismo, incluida la ampliación y consolidación de la lista de expertos. Más adelante, en otro punto del programa, nos referiremos a la función de las organizaciones no gubernamentales.


Me gustaría, sin embargo, aclarar un punto. El mecanismo de Moscú carece de complejidad; en otras palabras, o bien un Estado invita a una misión, o un mínimo de seis Estados se ocupan de enviarla. El mecanismo solamente se ha empleado cinco veces, no a causa de su complejidad, sino a causa de la inexistencia de voluntad política. Para demostrar el nuevo espíritu aperturista y de cooperación de la CSCE, los gobiernos tienen que invitar a misiones para que acudan a su territorio. Mencionaré, en particular, a los Estados de Europa Occidental. Nunca han sido objeto de una misión de dimensión humana, aunque persisten graves violaciones de los derechos humanos, incluidos problemas de tortura muy enraizados. En el Grupo Subsidiario de Trabajo 1 (GST1) nos referiremos a estos abusos con más concreción.


Como mínimo, cualquier país al que se cite repetidamente en el GST1 por adolecer de problemas específicos de derechos humanos debe mostrarse solícito y dispuesto a abrir sus puertas a una misión. Si, por el contrario, no emite ninguna invitación, el resto de los Estados de la CSCE no pueden permanecer al margen, dejando de invocar el mecanismo de Moscú. Este punto reviste especial importancia cuando se producen informes sobre violaciones de derechos humanos graves y prolongadas. De no ser así, la credibilidad de que pueda gozar la CSCE se verá arruinada, o simplemente se le considerará totalmente inocua.


Quizá resulte innecesario añadir que una misión de dimensión humana no constituye un fin en sí misma, sino que es un medio para que el Comité de Altos Cargos estudie una acción de seguimiento efectivo de la situación en cada uno de los casos. No obstante, consideramos necesario que en esta reunión se insista en lo importante que resulta que el Comité de Altos Cargos asuma seriamente las recomendaciones presentadas por estas misiones.







FUNCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

EN LA LABOR DE DIMENSIÓN HUMANA DE LA CSCE



Reunión de la CSCE sobre la Aplicación de la Dimensión Humana, Varsovia, octubre de 1993


Grupo Subsidiario de Trabajo Nº 2 Grupo 1 (Puntos 9 y 10)

Declaración Oral: 11 de octubre de 1993

Presentaré varias recomendaciones prácticas relativas a la manera en la que la CSCE puede mejorar la aplicación de sus compromisos con las organizaciones no gubernamentales para que éstas disfruten de un papel relevante en el proceso de derechos humanos de la CSCE.


Estas recomendaciones giran en torno a tres temas principales; primeramente, se trata de hallar la forma mediante la cual los organismos específicos de la CSCE puedan servirse con mayor eficacia de la experiencia acumulada por organizaciones no gubernamentales especializadas. En segundo lugar, conviene mejorar la transparencia en el funcionamiento de la CSCE, de manera que las organizaciones no gubernamentales puedan comprender mejor el proceso y así aportar contribuciones más importantes. En tercer lugar, se encuentra el papel que desempeña la CSCE en la protección a los defensores de los derechos humanos y en el fomento de las organizaciones no gubernamentales como parte del proceso de construcción de una sociedad civil en las nuevas democracias.



Los derechos humanos en el Comité de Altos Cargos (CAC) y en el Grupo de Viena


La integración de las preocupaciones por los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones de la CSCE constituye una evolución lógica y natural. No obstante, dicha integración puede comportar riesgos para la dimensión humana.


La integración puede ser la causa de que se apliquen experiencias de menor relevancia en los temas de dimensión humana. Los diplomáticos acreditados en el CAC y en el Grupo de Viena distan mucho de contar con la experiencia necesaria en derechos humanos, si bien esperamos que esta situación cambie gradualmente.


La integración puede motivar que la dimensión humana adolezca de menor transparencia en su funcionamiento. A diferencia de esta reunión para su aplicación y de los seminarios, el CAC, y especialmente el Grupo de Viena, son organismos carentes de una identidad conocida. ¿Cómo está estructurado el Grupo de Viena? ¿Quién acude a sus reuniones? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué temas constan en su programa? ¿Qué es lo que deciden? ¿Qué subgrupos especiales, abiertos o de otro tipo se han constituido? ¿De qué manera se reparten las tareas entre el Grupo de Viena y el CAC?. Es posible que los Estados participantes conozcan las respuestas a estas preguntas, pero no así el mundo exterior, y sin su conocimiento, las organizaciones no gubernamentales no podrán presentar sugerencias de utilidad a los gobiernos ni a los organismos de la CSCE.


La integración también puede ser motivo para que la contribución de las organizaciones no gubernamentales en las decisiones importantes sobre derechos humanos sea menor, ya que el CAC y el Grupo de Viena no recurren de forma directa a la experiencia de dichas organizaciones.


Creemos que, para contrarrestar estos riesgos, esta reunión debe presentar al menos cuatro recomendaciones al CAC:


Recomendación: La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH) debe distribuir con regularidad al CAC y al Grupo de Viena listas de los documentos que han recibido de las organizaciones no gubernamentales. Cualquier Estado participante puede solicitar copias de documentos específicos a la OIDDH.


Estas listas ayudarían al CAC y al Grupo de Viena a determinar qué organizaciones no gubernamentales cuentan con la experiencia pertinente.


Recomendación: El siguiente paso es alentar al CAC y al Grupo de Viena a que inviten a organizaciones no gubernamentales, y a agencias como el ACNUR, a que presenten colaboraciones escritas o verbales en sus reuniones. Ello se realizaría con carácter extraordinario y sobre cuestiones concretas que exijan la experiencia de organizaciones no gubernamentales especializadas.


Recomendación: El CAC y el Secretario General deben inspirarse en lo que ya se ha conseguido hasta el momento mediante la elaboración de una estrategia de información pública para incrementar la transparencia del CAC y del Grupo de Viena; en dicha estrategia debe incluirse la difusión pública de la composición y los métodos de trabajo del Grupo de Viena en especial, así como la publicación previa del programa de las reuniones del CAC y del Grupo de Viena, concediendo amplia difusión a los diarios de sesiones y a las decisiones, y mediante la publicación regular de notas de prensa tras la celebración de sus reuniones.


Recomendación: La OIDDH debe informar al CAC y al Grupo de Viena sobre los aspectos relacionados con los derechos humanos de los temas sometidos a consideración, así como determinar las organizaciones no gubernamentales y demás expertos que puedan aportar su colaboración.



Comunicaciones de las organizaciones no gubernamentales al Presidente en Funciones ante las situaciones graves


Hemos expuesto algunas sugerencias sobre la manera en la que el CAC y el Grupo de Viena podrían aprovechar la experiencia de las organizaciones no gubernamentales. No obstante, Amnistía Internacional cree que es necesario establecer una forma más sistemática mediante la cual las organizaciones no gubernamentales puedan llamar la atención de la CSCE sobre las situaciones que presenten gravedad.


Recientemente, la Universidad de Essex propuso acertadamente que las ONG deben tener la capacidad de remitir comunicaciones al Presidente en Funciones ─a través de la OIDDH─ sobre cualquier cuestión de dimensión humana. Amnistía Internacional considera que dicho sistema resultaría especialmente útil para llamar la atención de la CSCE sobre situaciones de derechos humanos que exijan una acción urgente, entre ellas situaciones en las que se produzcan violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos.


Tras tomar en consideración esa información, el CAC y el Grupo de Viena deben decidir qué acciones conviene emprender. En el lapso de tiempo que media entre las reuniones, el Presidente en Funciones podría enviar comunicaciones pertinentes a otros organismos de la CSCE adecuados, tales como el Alto Comisionado para Minorías Nacionales, o iniciar acciones inmediatas, quizá mediante el nombramiento de un representante personal para visitar un país determinado.


No proponemos que las organizaciones no gubernamentales deban tener capacidad para poner en marcha los mecanismos de la CSCE. La decisión sobre la conveniencia de iniciar acciones, tales como el envío de una misión de dimensión humana, debe seguir siendo una responsabilidad intergubernamental. Tampoco se sugiere que estas organizaciones disfruten de derechos sobre las decisiones o soluciones provenientes de la CSCE, y por tanto no es necesario ningún sistema que tenga que filtrar las comunicaciones inaceptables. Por el contrario, esta propuesta proporcionaría un punto de referencia sobre la información facilitada por las organizaciones no gubernamentales sobre situaciones que revistan especial gravedad, por lo que consideramos que merece ser estudiada detenidamente.



Función de las organizaciones no gubernamentales en las misiones de la CSCE


Se ha propuesto que la relación de expertos en dimensión humana disponibles podría incluir expertos que pertenezcan a organizaciones no gubernamentales pertinentes, pero que actúen en calidad de expertos individuales. Naturalmente, cabe dentro de toda lógica disponer de ese sistema flexible, en el que la CSCE pueda aprovechar toda experiencia disponible.


Sin embargo, desearía mostrarme precavido al respecto. Una de las funciones de las organizaciones no gubernamentales es exponer sus ideas con franqueza, criticar abiertamente a los gobiernos y a organizaciones como la CSCE; para hacerlo con eficacia, debemos mantener una relación inestable con los gobiernos. Si las organizaciones no gubernamentales se involucran en exceso en las actividades de la CSCE, aun cuando sus expertos participen en ellas en calidad de expertos independientes, podríamos perder nuestra credibilidad al valorar exteriormente esas mismas actividades. Cada organización no gubernamental y cada experto tendrán que decidir por sí mismos, caso por caso. Pero no habrá por qué sorprenderse si los expertos de las organizaciones no gubernamentales declinan aceptar la oferta y conservan su función como vigilantes independientes.



Transparencia de la dimensión humana y misiones de largo plazo


En una intervención anterior, planteé la cuestión de la difusión pública de los informes de las misiones de larga duración. Las delegaciones de algunos gobiernos también han sacado a la palestra esta cuestión. [En resumen, las recomendaciones de Amnistía Internacional relativas a la difusión pública de información sobre las misiones de dimensión humana y de larga duración son las siguientes:


Recomendación: Como regla general, en cuanto se decida enviar una misión de dimensión humana, o una misión de larga duración, se debe informar a los medios de comunicación y a las organizaciones no gubernamentales sobre las fechas de la misión, su itinerario, los nombres de los delegados y su mandato. En particular, se debe enviar dicha información a las ONG y a las partes interesadas del país visitado por la misión.


Recomendación: Los informes sobre misiones de dimensión humana deben hacerse públicos tan pronto como hayan sido examinados por el Grupo de Viena, a no ser que por razones excepcionales se decida que el informe deba pasar por el CAC antes de su publicación.


Recomendación: El CAC o el Grupo de Viena deben emitir regularmente informes públicos sobre cada misión de larga duración, por ejemplo, con carácter mensual o bimensual.]



Protección a los defensores de los derechos humanos


La CSCE quizá sea la única de las organizaciones intergubernamentales que cuente con disposiciones detalladas en las que se reconozca la legítima función de las organizaciones no gubernamentales como observadores del cumplimiento de los compromisos de la CSCE, ya sean de carácter nacional o internacional.


En Moscú, los Estados de la CSCE se comprometieron a colaborar con las organizaciones no gubernamentales que se declararon como tal en esos países "para desarrollar libremente sus actividades". A pesar de ello, se sigue encarcelando arbitrariamente a los defensores de los derechos humanos, y en ocasiones son torturados u objeto de malos tratos. [En una intervención anterior ante el GST 1, mencioné un par de ejemplos de abusos cometidos contra defensores de los derechos humanos.]


Como quiera que las organizaciones no gubernamentales son uno de los pilares básicos del proceso de dimensión humana, un ataque contra los defensores individuales de los derechos humanos constituye un ataque contra el sistema de la CSCE; por ello, la CSCE es responsable de la protección de las personas individuales y, por tanto, del sistema. Este caso quizás constituya una excepción a la renuencia que muestran los organismos de la CSCE a ocuparse de casos individuales.


Recomendación: El CAC, el Grupo de Viena y el Presidente en Funciones deben asumir la protección de los defensores de los derechos humanos que arriesgan sus vidas o a los que los gobiernos impiden llevar a cabo sus actividades, tal como se garantiza en los compromisos de la CSCE. Por ejemplo, el Presidente en Funciones podría enviar con carácter urgente a un representante personal.



Expansión de la proyección nacional e internacional de las organizaciones no gubernamentales


Existen algunos compromisos concretos relacionados con las organizaciones no gubernamentales que algunos Estados participantes no han dejado de transgredir. En Moscú, los Estados acordaron facilitar las visitas de las ONG pertenecientes a cualquier Estado de la CSCE en calidad de observadores de los derechos humanos, y en Copenhague los Estados aceptaron la presencia de observadores de dichas organizaciones en los juicios. A pesar de ello, durante el pasado año se negó la entrada a misiones enviadas por Amnistía Internacional a Estados de la CSCE, y en un caso, una misión fue expulsada de uno de estos Estados.


[Más aún, ¿cuántos gobiernos han aplicado activamente los compromisos adquiridos en Helsinki II (Parte IV, párrafos 14, 15 y 17) con el objetivo de "promover los contactos y el intercambio de opiniones entre las organizaciones no gubernamentales y las autoridades nacionales e instituciones gubernamentales pertinentes" o de "procurar la mayor difusión posible de la CSCE, sus principios, compromisos y actividades en el seno de sus sociedades"?]


Tal como señaló en nombre de la CE la Comisión de las Comunidades Europeas, en algunos países apenas existen organizaciones no gubernamentales.


Recomendación: Dentro del proceso de desarrollo de la democracia y de la sociedad civil, Amnistía Internacional exhorta al Programa de Apoyo Coordinado para los Estados de Reciente Admisión para que se dirija de forma progresiva a los grupos, expertos e instituciones no gubernamentales.


[Para evitar la duplicación de las tareas y para que la CSCE pueda valorar las necesidades, las organizaciones no gubernamentales deben enviar información a la OIDDH sobre sus propios programas bilaterales de formación y asistencia que mantiene con las nuevas democracias.]


Muchas ONG de nuevo cuño de Europa Central y Oriental carecen de fondos no sólo para asistir a reuniones internacionales, sino incluso para necesidades básicas, y apenas tienen experiencia en la utilización del proceso de la CSCE.


Recomendación: Tal como se señaló aquí mismo la pasada semana en una reunión sobre ONG, la OIDDH podría desempeñar la función de centro distribuidor de información sobre la procedencia de los fondos para las organizaciones no gubernamentales incipientes.


Recomendación: Quisiéramos animar a los Estados individuales de la CSCE a que proveyeran de algunos fondos a los organizaciones no gubernamentales para que puedan incorporarse al proceso internacional de la CSCE. La OIDDH podría administrar dichas ayudas para que las ONG sin experiencia puedan acudir a las reuniones pertinentes de la CSCE.



Conferencia de Verificación de Budapest


Las organizaciones no gubernamentales han podido participar a lo largo de toda esta reunión, al igual que en los Seminarios de Dimensión Humana. Creo que no me equivoco al afirmar que tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales han estimado que esta interacción ha sido constructiva y que ya constituye una parte arraigada del proceso de dimensión humana posterior a Helsinki II. Si en efecto es así, esta reunión debería enviar un mensaje al CAC:


Recomendación: El CAC debe confirmar que el grado de participación de las organizaciones no gubernamentales en los aspectos de dimensión humana de la Conferencia de Verificación de Budapest, sea al menos el mismo que aquél del que en la práctica disponen en esta reunión. Ello debe incluir la participación en los debates sobre el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, así como los componentes de dimensión humana de las misiones de larga duración.

INTERNO (sólo para miembros de AI)Índice AI: IOR 52/03/93/s

Distr: SC

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido


A:Todas las Secciones

Secciones de Europa y América del Norte: Coordinadores de Organizaciones Intergubernamentales (OIG) y personas de contacto con la CSCE


De:Oficina Jurídica y de Relaciones con Organizaciones Intergubernamentales


Fecha:Noviembre de 1993



DECLARACIONES ANTE LA REUNIÓN DE LA CSCE

SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIMENSIÓN HUMANA

VARSOVIA, 27 DE SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE DE 1993



Acciones Recomendadas


Se ruega se aseguren de que todas las personas pertinentes de la Sección reciben copias a su atención, y de que el documento queda debidamente archivado para futuras consultas. Se ruega que además adopten la siguiente acción recomendada.


Esta circular se puede distribuir a cualquier persona interesada en el trabajo de AI con la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa o en las preocupaciones temáticas que cubren las declaraciones. Existen más copias disponibles en la Oficina Jurídica del Secretariado Internacional.



Información General


La primera Reunión de la CSCE sobre la Aplicación de la Dimensión Humana (RADH) tuvo lugar en Varsovia del 27 de septiembre al 15 de octubre de 1993, donde se dieron cita expertos procedentes de los 53 Estados miembros. La RADH constituye la principal reunión sobre derechos humanos de la CSCE y se reúne cada dos años. La RADH no puede negociar un documento concluyente o adoptar decisiones vinculantes para los gobiernos, pero las recomendaciones realizadas en la reunión pasan al Comité de Altos Cargos, principal órgano de decisión de la CSCE. Se animó a participar a las organizaciones no gubernamentales, lo que comportó un cambio extraordinario en la dinámica de la reunión. Para más información general, se ruega consulten The Challenges of Change, de agosto de 1993, Índice AI: IOR 52/01/93 y también CSCE and the human rights challenge: The first Human Dimension Implementation Meeting, Warsaw, 1993, de septiembre de 1993, IOR 52/02/93.


En el resumen se explican los diferentes temas de las declaraciones. AI obtuvo un éxito destacado al llamar la atención sobre las violaciones sistemáticas acaecidas en Turquía; las Secciones hallarán resúmenes útiles sobre las preocupaciones de AI en Turquía en los documentos adjuntos sobre La tortura en los Estados de la CSCE y Libertad de expresión y objeción de conciencia al servicio militar. La crisis de refugiados en Europa constituyó un tema importante en la reunión, y AI contribuyó en gran medida —en parte debido a su declaración oral adjunta— para que la reunión recomendara que la CSCE participe activamente en la elaboración de una respuesta regional común ante la crisis de refugiados en Europa.


A lo largo del próximo año, en su campaña de presiones sobre los gobiernos de la CSCE, AI adoptará como base su postura pública expuesta en sus declaraciones orales, especialmente por lo que a la protección de refugiados se refiere, para defender la participación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la CSCE, los derechos humanos en las misiones de la CSCE y la elaboración de nuevas normas sobre objeción de conciencia al servicio militar. La Oficina Jurídica está redactando un informe completo sobre la RADH que se enviará a las Secciones tan pronto como sea posible.



Distribución


Las Secciones deben distribuir la presente circular a los Coordinadores de Organizaciones Intergubernamentales (OIG). Las Secciones de Europa y América del Norte deben distribuirla a las personas de contacto con la CSCE y a los responsables del Consejo de Europa y la Unión Europea (UE) de la Sección para su información.

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