Amnistía Internacional Declaración pública 16 de octubre de 2012 Índice AI: IOR 50/002/2012

La nueva propuesta de reglas relativas a las personas detenidas en operaciones militares internacionales no

cumple las normas de derechos humanos Declaración pública de Amnistía Internacional, a 16 de octubre de

2012, sobre la reunión del “proceso de Copenhague”

El 16 de octubre de 2012, Amnistía Internacional asistió en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca a una reunión sobre el denominado “proceso de Copenhague”, relativo al trato debido a las personas detenidas en operaciones militares internacionales. Dirigidos por Dinamarca, diversos Estados llevan unos cinco años celebrando a puerta cerrada debates y negociaciones, cuyo contenido concreto, así como la identidad de los países participantes, se mantiene en secreto. Tras tenerlas completamente al margen del proceso durante todo este tiempo, se han concedido por fin a las ONG unos 90 minutos para hacer aportaciones.

Esta reunión ha sido la primera (y parece que también la última) oportunidad ofrecida a estos agentes de la sociedad civil para que conozcan las propuestas concretas presentadas y respondan a ellas. Se ha celebrado apenas 48 horas antes de una reunión final que mantendrán los Estados a puerta cerrada en Copenhague el 18 y 19 de octubre y en la que Dinamarca espera que se apruebe su propuesta de “reglas y principios” para el trato debido a todas las personas detenidas en dichas operaciones.

El hecho de que se haya celebrado hacia el final del día y muy poco tiempo antes de la aprobación del texto final indica que incluso esta breve reunión podría ser una medida de relaciones públicas, más que un verdadero intento de solicitar y examinar las opiniones de las organizaciones de derechos humanos. Ahora que sabe ya qué es lo que se propone en concreto, Amnistía Internacional ve con honda preocupación la falta de ambición y compromiso de los Estados participantes en materia de derechos humanos, reflejada en la propuesta.

Dado que la propuesta de reglas y principios representa un intento de establecer un conjunto común de normas basadas en las leyes de la guerra, pero aplicables independientemente de que la situación sea de auténtico conflicto armado, de mantenimiento de la paz o de actuación para hacer cumplir la ley, es probable que se considere que aprueba conductas que distan mucho de cumplir las normas internacionales de derechos humanos aplicables.

Por sus decenios de experiencia en labores de investigación y promoción, Amnistía Internacional cree, además, que algunos Estados aprovecharán la propuesta de reglas y principios para eludir

las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos o reinterpretarlas, si no, de una manera que podría menoscabar fundamentalmente la protección efectiva de los derechos humanos en la práctica.

Información complementaria Anunciado por Dinamarca en 2007, el objetivo declarado del proceso de Copenhague es “establecer una plataforma común para el trato a los detenidos en operaciones militares internacionales fuera del ámbito de los conflictos armados internacionales.”

Parece que lo que se pretende con las reglas y principios ahora propuestos es aplicar un conjunto común de normas a una variedad muy amplia de situaciones que lo abarcan todo, desde intensas hostilidades en el campo de batalla en una situación de conflicto armado no internacional, como en el caso de Irak o Afganistán, hasta situaciones explícitamente al margen de todo conflicto armado, como las operaciones contra la piratería y, de hecho, prácticamente toda situación en que unos Estados ofrezcan asistencia militar a otros con fines de cumplimiento de la legislación nacional o el derecho internacional, pasando por misiones de mantenimiento de la paz de la ONU o de organizaciones regionales, como en el caso de la República Democrática del Congo.

A fin de dar cabida al mayor número posible de tales situaciones y de Estados (aunque algunos puedan no haber ratificado tantos tratados de derechos humanos o humanitarios como otros y con independencia de que tengan antecedentes de violación generalizada o sistemática de los derechos humanos o el derecho humanitario), la propuesta de reglas y principios no se atiene a las normas internacionales de derechos humanos establecidas.

Amnistía Internacional reconoce las dificultades operativas que se plantean cuando Estados con distintos conjuntos de obligaciones contraídas en virtud de tratados o distintas formas de entender las obligaciones que impone el derecho internacional participan en operaciones militares conjuntas. Sin embargo, la organización cree que se cometerán graves fallos si para resolver estas dificultades se aplica un enfoque basado en el mínimo común denominador o en un acuerdo de compromiso sobre un conjunto de normas confusas. Lo que han de hacer los Estados que deseen participar en operaciones militares conjuntas es armonizar sus reglas operativas aplicables a la misión con las más altas normas aplicables entre ellos a fin de garantizar la máxima eficiencia operativa y el cumplimiento pleno en la operación de las obligaciones de todos los Estados. Era de conocimiento público que Dinamarca había convocado conferencias interestatales en 2007 y 2009, pero el contenido de las conversaciones y la identidad de los Estados participantes se han mantenido en secreto, incluso para Amnistía Internacional, hasta octubre de 2012. No se proporcionó ninguna información pese a las reiteradas solicitudes dirigidas por Amnistía Internacional y otras entidades a Dinamarca para que siguiera un proceso más abierto y transparente. Amnistía Internacional tiene entendido que unos de los motivos de celebrar las conversaciones al margen de toda organización internacional establecida, como la ONU, era que Dinamarca quería guardar mayor discreción para excluir de ellas a la sociedad civil y a determinados Estados.

Dinamarca prometió iniciar un periodo de revisión y consulta con la sociedad civil una vez que se presentaran propuestas concretas. Sin embargo, Amnistía Internacional no cree que con permitir mantener un “diálogo” de 90 minutos tan poco tiempo antes de la celebración de una conferencia interestatal final se cumpla la promesa de ofrecer una oportunidad significativa de participar en el proceso a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Amnistía Internacional tiene entendido que la conferencia final del 18 y 19 de octubre estará de nuevo cerrada al público y a la sociedad civil.