Document - UN Commission on Human Rights fails once again to protect victims of human rights violations
AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Índice AI: IOR 41/014/2003/s (Público)
Servicio de Noticias: 102/03
25 de abril de 2003
NO PUBLICAR ANTES DEL 25 de abril de 200310:00 GMT
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU deja una vez más sin protección a las víctimas de violaciones de los derechos human
En su calidad de principal órgano de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión de Derechos Humanos (la Comisión) es responsable de la promoción y protección de esos derechos donde y cuando quiera que se vean amenazados. Sin embargo, sólo un reducido número de países figuran en el programa de la Comisión, pese a que en otros muchos países de todas las regiones del mundo existen abundantes pruebas de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha declarado: «Quienes en todo el mundo son víctimas de violaciones de derechos humanos esperan que este importantísimo órgano de la ONU aborde abiertamente las situaciones que afectan a esos derechos dondequiera que ocurran, y que sus 53 miembros presten atención al fortalecimiento de sus respectivos sistemas nacionales de protección».
El periodo de sesiones de este año ha coincidido con los dramáticos acontecimientos de Irak, y Amnistía Internacional ha instado a la Comisión a que apoye el despliegue de observadores de los derechos humanos en cuanto la situación de seguridad lo permita. Pese a que el proyecto de resolución sobre Irak ha sido objeto de continuados aplazamientos, en respuesta a los esfuerzos por tratar de que se llegase a algún acuerdo, aún sigue sin incluir entre sus párrafos mención alguna a los observadores. El último borrador de texto de resolución se reduce a unos pocos elementos en contraste con lo aprobado en años anteriores. En ese borrador, se condenan las violaciones cometidas en el pasado por el gobierno iraquí, se pide a todas las partes implicadas en el actual conflicto que respeten el derecho internacional y se prorroga un año más el mandato del relator especial de la ONU sobre Irak. Pese a la enorme presión ejercida para que el mandato del relator sólo se centre en violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, el último proyecto de texto solicita al relator especial que se centre «en la nueva información material disponible sobre violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional por parte del gobierno de Irak a lo largo de los años». Amnistía Internacional ha manifestado que el mandato del relator especial no debe estar sujeto a plazos.
Como en años anteriores, la Comisión ha prestado atención a la situación en Israel y los Territorios Ocupados. Aunque Amnistía Internacional ha acogido satisfactoriamente el tono más enérgico empleado en la resolución de la Unión Europea sobre los asentamientos israelíes, la petición de la organización para que se proceda al despliegue urgente de observadores de los derechos humanos no ha quedado reflejada en ninguna de las resoluciones adoptadas.
Se han emprendido medidas sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Myanmar, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Timor Oriental, además de nuevas iniciativas sobre Bielorrusia, Corea del Norte y Turkmenistán. Pese a ello, no se han creado nuevos mecanismos específicos de país en relación con estos países.
Las declaraciones de la presidenta de la Comisión sobre Colombia y Timor Oriental han sido especialmente desoladoras. La declaración sobre Colombia no expresa inquietud alguna por el Decreto 128 (de enero de 2003), en virtud del cual se autoriza al ministro del Interior a amnistiar a miembros de grupos armados ilegales que no hubieran sido formalmente investigados ni condenados en el pasado. Ello representa un notable riesgo de que prospere la impunidad por la comisión de violaciones graves de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra. Por otra parte, la extremadamente átona declaración de la presidenta sobre Timor Oriental podría suponer el principio del fin de la consideración por parte de la Comisión del legado de Indonesia en Timor. Precisamente ahora, justo cuando se acercan a su conclusión los simulacros de juicio que se están llevando a cabo en Yakarta, era el momento de que la Comisión condenase a Indonesia por no haber cumplido su compromiso de procesar debidamente a los responsables y de exigir que se adoptaran medidas alternativas, como la posibilidad de que se constituyese un tribunal penal internacional. La declaración de la presidenta expresa «decepción por el modo en que se están celebrando los juicios en Yakarta», pero no reconoce en absoluto que Indonesia tenga ni la capacidad ni la voluntad de realizar las reformas sustanciales en el terreno legislativo e institucional que se precisan para que haya juicios justos y dignos de crédito por los crímenes cometidos en Timor Oriental.
Aunque la Comisión adoptó por consenso una resolución sobre la República Democrática del Congo, una vez más dejó sin garantizar que fueran a emprenderse investigaciones rigurosas sobre los informes en los que se denuncian violaciones graves de los derechos humanos, ni a establecerse una comisión de investigación general, tal y como ha recomendado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A pesar de las negociaciones llevadas a cabo en el seno del Consejo de Seguridad y de otros acuerdos políticos, las crisis de derechos humanos continúan igual. Hay que abordar esta situación si se quiere que prospere cualquier acuerdo de paz al que se pueda llegar.
Italia presentó una resolución sobre Afganistán conforme al punto del programa que trata de los servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos. En ella se dice que los países por lo general sólo puedan acceder a esa asistencia una vez que hayan demostrado un progreso y avances reales en la mejora de la situación interna de los derechos humanos. Y sin embargo se siguen cometiendo abusos contra esos derechos con toda impunidad por todo el país. La resolución que se votará hoy, 25 de abril, no aborda los abusos que se cometieron en el pasado contra esos derechos ni la necesidad de que se establezca una vigilancia sobre ellos. Es más, se sustituye el mandato del relator especial por el de un experto independiente.
Amnistía Internacional ha declarado: «Especialmente decepcionante ha sido el hecho de que la Comisión, en el periodo de sesiones de este año, no haya sido capaz de adoptar resolución alguna sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia, Sudán y Zimbabue».
En Chechenia se siguen cometiendo a diario abusos contra los derechos humanos, perpetrados tanto por las fuerzas de seguridad rusas como por los combatientes chechenos: siguen «desapareciendo» civiles chechenos en el transcurso de las operaciones que realizan las tropas rusas, y a muchos se los encuentra luego en fosas comunes. Se obliga a los desplazados internos a abandonar los campos en que se refugian en Ingushetia, previa clausura por parte de las autoridades rusas. Los combatientes chechenos, por su parte, siguen perpetrando gravísimos abusos contra los derechos humanos, especialmente contra los miembros del gobierno prorruso.
Si bien en Sudán se han registrado algunos cambios positivos, todavía sigue existiendo la necesidad urgente de que se realice en el país una actividad rigurosa de vigilancia de los derechos humanos por parte de la ONU, y en especial en la medida en que el protocolo de paz firmado hace ya más de ocho meses aún no se ha materializado en un acuerdo efectivo de paz. En cualquier caso, la Comisión acordó por votación dar por concluido el mandato del relator especial sobre la situación en Sudán.
Por segundo año consecutivo, el Grupo Africano presentó una moción de no acción para bloquear el debate en la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabue.
Varias resoluciones previas de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en diversas partes del sureste europeo quedaron en suspenso a pesar de la persistencia de bien documentados abusos contra esos derechos en los países de la zona (Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia y Montenegro, Croacia, y la ex República Yugoslava de Macedonia). La Comisión tampoco hizo nada sobre la grave situación de los derechos humanos en Nepal.
Amnistía Internacional ha declarado: «La Comisión ha dejado sin protección a las víctimas de esos países, aprobando de hecho la impunidad y socavando gravemente su propia credibilidad como entidad defensora de los derechos humanos».
Hoy, 25 de abril, se someterán también a la consideración de la Comisión resoluciones o declaraciones de la presidencia sobre Afganistán, Camboya, Haití y Somalia.
El 59 periodo de sesiones de la Comisión se ha celebrado al tiempo que se desarrollaba una revisión para fortalecer sus métodos de trabajo. Amnistía Internacional acoge satisfactoriamente los modestos pero importantes cambios de procedimiento adoptados, que permitirán a los Procedimientos Especiales de la Comisión, esto es, sus expertos independientes en derechos humanos, disponer de más tiempo para presentar sus conclusiones y recomendaciones a la Comisión y entablar diálogos interactivos con los gobiernos. Estas medidas representan un avance positivo, pero deben tener un alcance mucho más elevado si lo que de verdad se espera es fortalecer la función y operatividad de la Comisión. Amnistía Internacional, en cualquier caso, recuerda, no sin preocupación, los crecientes ataques de que están siendo objeto esos Procedimientos Especiales por parte de algunos Estados, como se ha evidenciado en algunos debates recientes. Especialmente preocupante ha sido una iniciativa patrocinada por Pakistán y Arabia Saudí que se votará hoy, 25 de abril, con la que se pretende impedir el trabajo de los Procedimientos Especiales con la excusa de un supuesto fortalecimiento del sistema (L.96).
Amnistía Internacional ha vuelto a manifestar su satisfacción por la decisión de la Comisión de solicitar una suspensión mundial de todas las ejecuciones y que no se imponga la pena de muerte a nadie a quien se atribuya un delito siendo menor de dieciocho años, que sufra algún tipo de trastorno mental o a las madres con recién nacidos. En el texto de este año se condenan los casos de mujeres condenadas a la pena capital a causa de leyes discriminatorias en materia de género, y se pide a los Estados que todavía mantienen la pena de muerte, que se aseguren de que ese castigo se aplica con métodos que inflijan el menor grado posible de sufrimiento, que no se lleva a cabo en público ni de ninguna otra forma degradante, y que se aseguren además de que se pone fin de inmediato a toda aplicación de la pena capital o medio especialmente cruel de ejecución, como la lapidación. Este año, la Comisión también ha pedido a todos los Estados que siguen haciendo uso de la pena de muerte que no amplíen su ámbito de aplicación a delitos para los que en la actualidad no se aplica y que, por el contrario, sí se apliquen todas las garantías precisas de juicio con las garantías debidas en los procesos que se celebren «ante tribunales o jurisdicciones especiales en respuesta a situaciones de conflicto interno u otras circunstancias excepcionales». Este año han aumentado hasta 75 los copatrocinadores de esta resolución.
También ha acogido positivamente Amnistía Internacional la decisión de la Comisión de que el Grupo de Trabajo sobre el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) formule ya recomendaciones específicas relativas a la cuestión de un Protocolo Facultativo. No obstante, Amnistía Internacional habría preferido que la Comisión hubiera encargado al Grupo de Trabajo que empezara a redactar ya el protocolo facultativo.
La organización ha manifestado su agrado por la resolución de la Comisión sobre Éxodos Masivos y Personas Desplazadas, en la que este año se pide a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que prepare un informe analítico sobre la protección de los refugiados y de los solicitantes de asilo. Amnistía Internacional ha acogido satisfactoriamente también el hecho de que la Comisión haya instado a los Estados a que respeten el carácter civil y humanitario del asilo, que haya manifestado graves motivos de preocupación por la explotación sexual de los refugiados y desplazados internos, y que haya subrayado también la importancia de abordar situaciones y emergencias en materia de refugiados que, o están olvidadas, o se prolongan ya demasiado en el tiempo. Amnistía Internacional seguirá promoviendo en la Comisión las cuestiones que afectan a los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, así como en otros foros de derechos humanos y en el Comité Ejecutivo del ACNUR.
Amnistía Internacional ha instado a que el día 25 se adopte por consenso una resolución sobre derechos humanos y contraterrorismo. Se esperaba que ésta fuera muy semejante a la resolución de la Asamblea General del pasado año. Si bien se trataría de una buena noticia, la organización había confiado en que la Comisión hubiera fortalecido considerablemente los términos de la resolución de la Asamblea mediante el establecimiento de un nuevo mecanismo de derechos humanos y el fortalecimiento del mandato conferido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que pudiera formular recomendaciones específicas y proporcionar asesoramiento no solicitado por los Estados.
Con antelación a este periodo de sesiones de la Comisión, Amnistía Internacional remitió un escrito a los cinco miembros de la Mesa de la Comisión (Australia, Croacia, Libia, Perú y Sri Lanka) en la que les pedía que sirvieran de ejemplo adoptando medidas concretas para demostrar su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos en sus respectivos territorios. Entre esas medidas podían mencionarse la ratificación de tratados de derechos humanos, una mayor cooperación con los órganos de vigilancia de los tratados, plena aplicación de las recomendaciones de los órganos de vigilancia de los tratados y de los procedimientos especiales, así como la emisión de una invitación permanente a los mecanismos de derechos humanos de la ONU de la Comisión.
Amnistía Internacional ha expresado su agrado por el hecho de que, desde enero, siete países más hubieran emitido esas invitaciones a los mecanismos de derechos humanos de la Comisión: Ecuador (9 de enero 2003), Liechtenstein (21 de enero 2003), Croacia (13 de marzo 2003), Paraguay (17 de marzo de 2003), Colombia (17 de marzo de 2003), San Marino (3 de abril de 2003) y Sierra Leona (7 de abril de 2003).
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